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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04406-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04406-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: PRIMERO: Niégase la acción de tutela presentada por la señora Laura Valentina Muñoz Osorio, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04406-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

8 de septiembre de 2022

Demandante: Laura Valentina Muñoz Osorio
Demandado: Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04406-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04406-00
Demandante: LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO
Demandado: CORTE CONSTITUCIONAL

Tema: Tutela por falta de respuesta a solicitudes ante autoridades
judiciales – mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Laura Valentina Muñoz Osorio contra la Corte Constitucional, de conformidad con
lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Laura Valentina Muñoz Osorio, en nombre propio, ejerció acción de
tutela1 con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición,
que estimó vulnerado con ocasión de la omisión de la Corte Constitucional en
tramitar una solicitud radicada dentro del proceso de acción de tutela con radicado
número 11001220400020220041901 (T-8867428).

En consecuencia, la demandante solicitó:

“4.1. Tutelar el derecho fundamental de petición ejercido por la suscrita

1 La acción de tutela se presentó el 12 de agosto de 2022 ante la Secretaría General del Consejo de

Estado.

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Demandante: Laura Valentina Muñoz Osorio
Demandado: Corte Constitucional
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libelista, en el marco del expediente de tutela radicado bajo el número
11001220400020220041901 (T-8867428), en lo que hace referencia a las
peticiones ciudadanas de fecha 3 y 9 de agosto de 2022, elevadas para
efectos del cumplimiento de la labor de cambio y/o unificación de la
jurisprudencia por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional de
Colombia, en los términos instituidos por los Artículos 5, 25, 33, 34, 35 y 36
del Acuerdo 02 de 2015 (Por medio del cual se unifica y actualiza el
Reglamento de la Corte Constitucional).

4.2. Ordenar a la Secretaría y a la Sala Plena de la Honorable Corte
Constitucional de Colombia, restablecer inmediatamente el derecho
fundamental de petición de la suscrita accionante y peticionaria, como quiera
que, la respuesta frente a lo pedido en escritos de fecha 3 y 9 de agosto de
2022, sólo sea oportuna con antelación a las audiencias de la Sala de
Selección de Tutelas Número 8, a realizarse los días 19 y 30 de agosto de
2022, según lo dispuesto en su auto de fecha 26 de julio de 2022.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Afirmó que, el 28 de julio de 2022, en la Corte Constitucional se radicó el
expediente identificado con el número 1100120400020220041901 (T-8867428),
para efectos de surtir el trámite de selección para la revisión eventual en los
términos del Decreto 2591 de 1991.

Explicó que, el 3 de agosto de 2022, se presentó una petición ante la Sala de
Selección de Tutela Número 8 de la Corte Constitucional con el fin de solicitar la
selección del expediente con radicado número 1100120400020220041901 (T-
8867428) para efectos del “cambio y/o unificación de la jurisprudencia
constitucional” en relación con la conducencia del acto de postulación como
perjudicada en el proceso penal, la violencia de género, entre otras.

Sostuvo que el 9 de agosto de 2022 elevó una petición respetuosa a todos los
magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de reiterar la solicitud de que el
expediente número 1100120400020220041901 (T-8867428) fuera seleccionado
para su revisión.

Añadió que el 10 de agosto de 2022, la Secretaría de la Corte Constitucional
suscribió una respuesta frente a la petición allegada a la Sala Plena de esa
corporación, sin competencia para ello. En la comunicación enviada se precisó que
no era posible darle trámite a la solicitud porque el expediente de tutela número
1100120400020220041901 (T-8867428) le había sido repartido a la Sala de
Selección de Tutelas Número 8.

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Indicó que en relación con el asunto que actualmente está en la Corte
Constitucional, también está en trámite una solicitud de medidas cautelares y de
apertura formal del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. Sustento de la vulneración

Expuso que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho fundamental de
petición porque su solicitud del 3 de agosto de 2022 fue resuelta por la Secretaría
General de la Corte Constitucional, sin ser la entidad competente para proferir una
respuesta y la comunicación del 9 del mismo mes y año no ha sido contestada.

Advirtió que la Secretaría General no podía desplazar la competencia de la
totalidad de los magistrados que integran la Sala Plena para proferir una decisión
relacionada con la labor de cambio y/o unificación de jurisprudencia en un
expediente de tutela específico, esto con base en lo establecido en el Acuerdo 02
de 2015.

Aclaró que, si bien es posible que la Secretaría General suministre una respuesta a
peticiones respetuosas ante la Sala Plena, estas deben ser suscritas por la propia
secretaria general, previa autorización de la presidencia de la corporación y no por
los sustanciadores.

Concluyó que en este caso la Secretaría de la Corte Constitucional vulneró su
derecho fundamental de petición al no darle el trámite correspondiente a las
solicitudes elevadas los días 3 y 9 de agosto de 2022 ante todos los magistrados
que integran la Sala Plena, con el fin de que se estudiara y se decidiera acerca del
cambio y/o unificación de la jurisprudencia en el contexto específico del expediente
de tutela número 11001220400020220041901 (T-8867428).

Señaló que, también, se encuentra vulnerado el derecho fundamental alegado al
haberse omitido dar una respuesta clara, precisa, oportuna, congruente y
conducente frente a lo solicitado, pues se ignora si la respuesta proferida el 10 de
agosto de 20222 obedeció a una instrucción de la Sala Plena de la Corte
Constitucional.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 19 de agosto de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a la Secretaría de la Corte Constitucional y a los magistrados que
integran la Sala Plena de esa corporación.

Se ordenó comunicar esa decisión a las demás partes y terceros que intervinieron
en la acción de tutela con radicado número 11001220400020220041901 (T-
8867428), para lo cual se ordenó fijar un aviso en la página web del Consejo de
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Estado y librar un oficio a la Secretaría de la Corte Constitucional para que se
cumpliera con lo ordenado a través del medio más expedito y eficaz.

5. Argumentos de defensa

Corte Constitucional

La presidente de la Corte Constitucional remitió el informe solicitado en los
siguientes términos:

Indicó que la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar las sentencias de
tutela proferidas en todo el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en la
Constitución, el Decreto 2591 de 1991 y el Reglamento Interno de la corporación.

Explicó que las solicitudes que suscribió la demandante ante la Sala de Selección y
los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional tienen el carácter de
jurisdiccional toda vez que se refiere al procedimiento de selección y, por tanto, no
se tramitan como solicitudes interpuestas en ejercicio del derecho de petición, sino
como parte de la actuación judicial cuyo trámite se adelanta conforme a la
competencia y el procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Código
General del Proceso, el Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo 02 de 2015 y sus
modificaciones.

Precisó que la selección de los expedientes de tutela se adopta mediante una
providencia judicial que se notifica por estado publicado en la cartelera de la
Secretaría General y en la página web de la corporación.

Añadió que el 10 de agosto de 2022 la Secretaría General del Alto Tribunal
Constitucional, mediante Oficio PET-SGT-1899/22, dentro del término legal, le
informó a la accionante sobre el trámite de eventual revisión que se surte con los
procesos de acción de tutela ante esa corporación.

Sostuvo que se le indicó que el expediente de la referencia fue radicado el 28 de
junio de 2022 y, por tanto, el 26 de julio de 2022 la Sala de Selección de Tutela
Número 8 resolvió ordenar a la Secretaría General que se examinarían las
solicitudes de revisión de los expedientes comprendidos entre los números T-
8821215 y 8872514 que sean remitidos hasta las 5:00 p.m. del jueves 4 de agosto
de 2022. Señaló que la primera audiencia virtual se realizaría el día 19 de agosto
del presente año y la segunda el 30 del mismo mes y año.

Aclaró que la tutela promovida por la demandante contra el Juzgado 28 Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y otro, agotó las instancias
judiciales y el 28 de julio de 2022 la Corte Constitucional recibió y radicó el caso
con el número T-8867428 y adelantó el correspondiente procedimiento de revisión.
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Reiteró que la selección no es un derecho de las partes, ni es obligatoria para la
Corte Constitucional, por cuanto este trámite es eventual y no constituye una
instancia en el proceso de la acción de tutela.

Adujo que el trámite del proceso en el que la señora Muñoz Osorio es demandante
se adelantó de acuerdo con las normas que lo regulan.

Explicó que, en el desarrollo del procedimiento, los ciudadanos pueden pedir, a
través de un memorial dirigido a la Sala de Selección correspondiente, que se
seleccione su caso y, en el evento de haber sido excluido de la selección por no
satisfacer ningún criterio, podría pedirse a alguno de los magistrados insistir en la
selección.

Reiteró que, sin embargo, estas solicitudes no son presentadas en ejercicio del
derecho fundamental de petición, en razón a que se rigen por las reglas del proceso
judicial.

Expuso que el escrito suscrito por la demandante y remitido el 9 de agosto de 2022
fue presentado de manera extemporánea, pues en el auto de selección del 26 de
julio del mismo año se indicó con claridad que solo se tendrían en cuenta las
solicitudes de revisión radicadas hasta las 5:00 p.m. del 4 de agosto de 2022.

Resaltó que la decisión de la Sala de Selección es definitiva y no admite ningún
recurso.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 19912, esto es, en atención a la cláusula general de
competencia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento la Corte Constitucional
incurrió en violación del derecho fundamental de petición por la omisión de la
autoridad judicial demandada en resolver las solicitudes de revisión radicadas los
días 3 y 9 de agosto de 2022, relacionadas con el proceso de acción de tutela
11001220400020220041901 (T-8867428).

2“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra
actuaciones u omisiones judiciales; iii) generalidades de los derechos de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia y, finalmente, iv) el fondo
del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de
derechos fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991,
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.

2.4. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que existen dos
clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia, a
saber, i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2 de la Ley
1437 de 2011.

En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 20183, señaló:

“La Corte Constitucional4 y esta Corporación5 de manera reiterada han
señalado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones
judiciales tienen un alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha
especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los
jueces, las cuales pueden ser de dos clases:

(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25 de enero de

2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro.
4 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de julio de

2017. M.P: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-
03-15-000-2017-02891-00
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En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales,
ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal.
Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido
proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de
petición”.

2.5. Generalidades de los derechos fundamentales

2.5.1. Derecho de petición

Los artículos 13 y 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos mediante la Ley 1755 de
2015, establecieron que toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, y a obtener una respuesta pronta, completa y de
fondo sobre la misma.

En ejercicio de dicho derecho, se pueden solicitar, entre otras, el reconocimiento de
un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos.

En principio, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su
recepción, pero si se trata de peticiones de documentos o de información, deberá
proferirse decisión de fondo dentro de los 10 días siguientes a la radicación,
término que, si no se cumple, se entenderá que dicha solicitud es aceptada y ya no
podría negarse la entrega de los documentos solicitados y, como consecuencia, las
copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes.

2.5.2. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho “a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas” y el artículo 229 de la misma carta establece
que “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de
abogado.”

En desarrollo de dicha normatividad, la Corte Constitucional ha precisado que los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia garantizan el
cumplimiento de un plazo razonable en la resolución de los litigios y la eficiencia en
el sistema judicial.

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Además, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia establece
en su artículo 4° que “La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los
términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

En caso de que se presente el incumplimiento de estos elementos, estamos en
presencia de la mora judicial, circunstancia en la cual es necesario verificar la
complejidad del asunto, la conducta procesal de las partes, la valoración global del
procedimiento y los intereses que se debaten en el trámite judicial.

Esto, porque para la Corte Constitucional6 y para esta Sección7 no todos los
incumplimientos en los términos para el ejercicio de la administración de justicia son
violatorios de los derechos fundamentales, será así cuando se presenta mora
judicial, y al analizar el plazo se observe que este es razonable y la demora es
injustificada.

La Corte Constitucional, al referirse a los eventos en los que la mora judicial es
justificada o, por el contrario, no lo es, ha señalado8:

“(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere
de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución
para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la
tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia
en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma
providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.

6 Sentencias T-693 A de 2011 y T-1154 de 2004.
7 Expedientes 1100103150020140170701 y 11001031500020150308601, con ponencias de los
magistrados Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio, respectivamente.
8 Ibidem.

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(…)”. (Destacado por la Sala).

De acuerdo con lo anterior, para establecer si se justifica el incumplimiento de los
términos procesales, la Sala debe determinar si (i) tal circunstancia obedece a la
complejidad del asunto y se demuestra la diligencia razonable del juez; (ii) existen
problemas estructurales en la administración de justicia; o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley.

En sentido contrario, estaremos frente a un caso de mora judicial injustificada
cuando “se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.”

2.6. Fondo del asunto

La parte demandante alegó que la Corte Constitucional vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la omisión en proferir una decisión en relación con
las peticiones presentadas el 3 y 9 de agosto de 2022, relacionadas con un proceso
de acción de tutela radicado con el número 11001220400020220041901 (T-
8867428), solicitudes que se relacionaban con la revisión eventual del trámite
constitucional.

Además, señaló que la respuesta suministrada por una empleada de la Secretaría
General no podía tenerse como tal ya que no fue suscrita por un servidor público
facultado para ello, esto es, la presidente o la Sala Plena de la corporación.

De acuerdo con lo indicado en el acápite de las peticiones elevadas ante las
autoridades judiciales, la Sala considera que no es posible estudiar las solicitudes
elevadas por la demandante el 3 y 9 de agosto de 2022 a la luz del derecho
fundamental de petición porque este no procede para poner en marcha el aparato
judicial, puesto que las actuaciones judiciales están sometidas a las reglas
procesales.

Por lo tanto, en el caso en estudio no se considera que se haya vulnerado el
derecho fundamental de petición. Sin embargo, la Sala analizará de oficio si pudiera
existir una mora judicial injustificada dentro del trámite de revisión del proceso de
acción de tutela con radicado 11001220400020220041901 (T-8867428).

Al revisar el vínculo electrónico de la Corte Constitucional9, la Sala constató que el
proceso fue radicado el 28 de julio de 2022 y el 1.° de agosto del mismo año se

9 Se puede constatar esta información accediendo al siguiente vínculo electrónico:

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3=
2022-01-04&date4=2022-09-01&radi=Radicados&palabra=T8867428&radi=radicados&todos=%25
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envió el expediente a la Sala de Selección.

De acuerdo con lo decidido por la Sala de Selección de Tutelas Número 8 el 26 de
julio de 2022, la Corte Constitucional examinaría las solicitudes de revisión de tutela
para el rango de los expedientes comprendidos entre los números T-8.821.215 a T-
8.872.514 que fueran remitidas por la página web de la corporación o al correo
electrónico designado, hasta las 5:00 p.m. del jueves 4 de agosto de 2022.

Mediante el Oficio PET-SGT-1899/2 del 10 de agosto de 2022, el oficial mayor de la
Secretaría General respondió la petición elevada por la señora Muñoz Osorio el 9
de agosto de 2022 y se le indicó que el auto que resuelve la selección o exclusión
de los procesos de tutela se notifica por estado publicado en la cartelera de esa
dependencia y en la página web de la Corte Constitucional.

También le explicó que la providencia constituye una respuesta efectiva a cualquier
solicitud de revisión radicada.

Precisó que, específicamente, la Sala de Selección se realizaría los días 19 y 30 de
agosto de 2022.

Para la Sala, en el caso en estudio, es claro que actualmente no existe un retardo
en el trámite de revisión del expediente con radicado número
11001220400020220041901 (T-8867428) puesto que está demostrado que las
audiencias para decidir sobre la selección de este se realizaron los días 19 y 30 de
agosto de 2022, y si bien a la fecha no se ha notificado lo decidido en estas
diligencias, no ha transcurrido un término excesivo que permita afirmarse que nos
encontramos ante un retardo que constituya una demora en el servicio de la
administración de justicia.

Finalmente, es del caso precisar que como la decisión sobre la solicitud de revisión
no ha sido notificada, debe tenerse en cuenta que, si bien la petición del 9 de
agosto de 2022 es extemporánea, la radicada el 3 del mismo mes y año sí fue
presentada en término, esto es, antes del 4 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m.

En consecuencia, la Sala negará la acción de tutela interpuesta ya que no se
encontró probada la vulneración del derecho fundamental de petición ni de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, estudiados
de manera oficiosa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: PRIMERO: Niégase la acción de tutela presentada por la señora Laura
Valentina Muñoz Osorio, por las razones indicadas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si en el término de tres (3) días siguientes a su notificación no fuere
impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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