Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04954-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04954-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04954-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Tercera instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial del
señor Pedro Elías Vera Bohórquez en contra de la sentencia proferida el 18 de
octubre de 2022, por la Sección Primera1 del Consejo de Estado, mediante la cual
se resolvió:
<< PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Fiduciaria La Previsora S.A, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.>> (negrilla propia del texto)
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El señor Pedro Elías Vera Bohórquez, mediante apoderado judicial, instauró
demanda de tutela contra la Subsección B2 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia, debido proceso, igualdad, seguridad social y
1 Conformada por los Consejeros Roberto Augusto Serrato Valdés, Nubia Margoth Peña Garzón, Oswaldo
Giraldo López y Hernando Sánchez Sánchez.
2
Integrada por los Magistrados César Palomino Cortés, Carmelo Perdomo Cuéter y Sandra Lisset Ibarra Vélez.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
“derechos adquiridos con justo título”. Considera que tales prerrogativas fueron
vulneradas por la autoridad accionada al proferir la sentencia del 3 de marzo de
20223, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4, que
promovió el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:
<< PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, Expediente No. 81001-23-33-000-2013-00108-01 LA SUBSECCIÓN “B”
DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés al confirmar la sentencia del 12 de
septiembre de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo de Arauca, vulneraron al
señor PEDRO ELIAS VERA BOHORQUEZ los derechos fundamentales a: la igualdad
frente a la aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión
de jubilación que debía incluir los tiempos OPS, los derechos adquiridos con arreglo a
la ley, al trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso judicial, el
derecho a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás derechos constitucionales
que resulten del estudio y análisis de los hechos que fundamentan la acción.
SEGUNDA. - En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de
segunda instancia emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO fechada el 03 de marzo de 2022 y
notificada el 20 de abril del mismo año.
TERCERA. - En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud las pruebas
aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras, en la sentencia C-
555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo unificado de agosto 25
de agosto de 2016 proferido por la Sección Segunda suscrita entre otros, por los
Consejeros tutelados.>>5 (negrilla propia del texto)
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El señor Pedro Elías Vera Bohórquez nació el 9 de septiembre de 1954. Fue
vinculado como docente al Departamento de Arauca, a través de una serie de
contratos de prestación de servicios, suscritos entre el 2 de mayo de 1989 y el 24 de
noviembre de 1994. Posteriormente, mediante Decreto 674 del 5 de diciembre
siguiente, fue nombrado, en propiedad, como docente oficial.
5.- En ese contexto, el 11 de febrero de 2013, el actor le solicitó a la Secretaría de
Educación del Departamento de Arauca el reconocimiento y pago de la pensión de
3 Decisión que fue notificada el 20 de abril de 2022, a través de correo electrónico.
4
Identificado con número de radicado: 81001-23-33-000-2013-00108-01.
5 Expediente digital, folio 5 del escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
jubilación, bajo el argumento de haber cumplido con los requisitos consagrados en
la Ley 33 de 19856, a saber, tener 55 años de edad y haber laborado como docente
por más de 20 años, incluyendo el tiempo de vinculación como contratista.
6.- Dicha solicitud fue negada por la Secretaría de Educación del Departamento de
Arauca, a través de la Resolución 1424 del 22 de abril de 2013, por considerar que
el demandante no acreditó el tiempo de servicios requerido para tal fin por la Ley 33
de 1985, pues durante el periodo laborado como contratista, no realizó el pago de
los aportes sociales respectivos.
7.- En desacuerdo con lo anterior, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se
declarara la nulidad del referido acto administrativo y, en consecuencia, se declarara
que el periodo laborado, a través de la modalidad de prestación de servicios, debía
ser contabilizado para efectos de acreditar el requisito de tiempo de servicio, exigido
por la Ley 33 de 1985.
8.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Arauca, que mediante sentencia del 12 de septiembre de 2014,
negó las pretensiones de la demanda. Si bien estimó que los contratos de prestación
de servicios suscritos por el accionante encubrían una verdadera relación laboral, y
en esa medida debía considerarse ese periodo para contar el tiempo de servicio,
también consideró que el actor no era beneficiario del régimen de transición, y en
esa media no le era aplicable la Ley 33 de 1985 sino la Ley 100 de 19937, según la
cual el demandante debe contar con 62 años de edad, como uno de los requisitos
para acceder al reconocimiento de la pensión. No obstante, para ese momento, solo
tenía 59 años.
9.- Contra esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. El asunto fue
asignado por reparto a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
10.- Dicha autoridad judicial, por auto del 24 de noviembre de 2020, ofició al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Secretaría de Educación del
Departamento de Arauca para que certificaran, entre otras cosas, si el señor Pedro
Elías Vera Bohórquez contaba con una pensión de jubilación reconocida y, en caso
afirmativo, allegaran el respectivo acto administrativo.
11.- En respuesta a dicho requerimiento, la Secretaría de Educación Departamental
de Arauca informó que, mediante Resolución 472 del 12 de febrero de 2015,
6 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público.”
7 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
reconoció a favor del accionante una pensión de jubilación en cuantía de $2.553.478,
por el tiempo de servicio laborado al departamento de Arauca, esto es, desde el 24
de noviembre de 1994 hasta el 23 de noviembre de 2014.
12.- Mediante fallo del 3 de marzo de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Para tal efecto,
estimó que, contrario a lo expuesto por el A quo, al demandante lo cobija el régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional,
previsto en la Ley 33 de 1985, de conformidad con lo establecido en la Ley 91 de
19898.
13.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos, señaló que a la fecha de
presentación de la demanda, el actor no contaba con 20 años de servicio laborados,
por lo que pretendía que se contabilizaran los periodos en los que trabajó como
contratista, pero ello no es posible porque no se probó que durante ese tiempo
realizara las respectivas cotizaciones al sistema. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que
durante el trámite contencioso administrativo, superó dicho tiempo y, por lo tanto, la
Secretaría de Educación del Departamento de Arauca le reconoció la aludida
prestación.
14.- De esta manera, concluyó que el proceso carecía de objeto, comoquiera que el
demandante ya contaba con su derecho pensional, por lo que no había lugar a
considerar el tiempo que no cotizó prestaciones sociales, es decir, cuando estuvo
vinculado a la entidad demandada como contratista, para efectos del reconocimiento
de la pensión.
15.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial
demandada incurrió en los siguientes defectos:
(i). Defecto sustantivo: Manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció
el artículo 3 de la Ley 797 de 20039, según el cual, afirma, “los contratistas no
están obligados a cotizar prestaciones sociales”. Por esa razón, asegura que
adquirió su estatus pensional desde el 9 de septiembre de 2009, fecha en la
cual ya había cumplido con los requisitos para tal fin, por lo que, a su juicio, el
proceso no perdió su objeto.
Además, indicó que se desconoció el principio de la realidad sobre las formas,
al pretender imponerle una carga al demandante de cotizar prestaciones
sociales, pese a que la misma debería ser asumida por la entidad territorial o el
Estado, cuando los contratos de prestación de servicios, en realidad, ocultan
8 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
9
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
una verdadera relación laboral.
(ii). Decisión sin motivación: Indicó que la providencia enjuiciada solo hizo alusión
a una sentencia de unificación y “no respecto de las demás que componen
precedente jurisprudencial en el caso en concreto”. Además, señala que no se
realizó un estudio de fondo sobre: (i) los principios de solidaridad y
sostenibilidad financiera, pese a que fue el fundamento de la decisión; y (ii) el
artículo 48 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2005,
que elevó a rango constitucional el régimen pensional docente, así como de los
convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia en lo referente a
la seguridad social.
(iii). Desconocimiento del precedente judicial: Manifestó que la autoridad
enjuiciada se apartó de las sentencias que constituyen precedente judicial en
el caso objeto de estudio, en la medida que versan sobre el cómputo del tiempo
laborado a través de la modalidad de contrato por prestación de servicios para
efectos del reconocimiento pensional10.
(iv). Violación directa de la Constitución: Indica que se desconoció el tiempo que
laboró el accionante como contratista, para dar por satisfecho el requisito de
tiempo previsto en la Ley 33 de 1985, vulnerando con ello sus derechos
fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido
proceso, “derechos adquiridos con justo título, seguridad social integral y
seguridad jurídica”.
B. Sentencia de primera instancia
16.- Mediante sentencia del 18 de octubre de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo al carecer de relevancia
constitucional, en la medida en que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
como una tercera instancia, al buscar reabrir un debate que ya fue resuelto por el
juez natural de la causa y que, además, tiene su origen en un asunto netamente legal
y económico.
17.- Por su parte, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Fiduprevisora S.A., por estimar que le asiste un
interés en el proceso, toda vez que obró como parte demandada en el asunto que
se cuestiona en sede de tutela.
C. La impugnación
10 En concreto, citó 22 sentencias que alega como desconocidas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
18.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación. En la
misma, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio y, además,
manifestó que el juez de tutela de primera instancia “no profundizó ninguno de los
defectos alegados (…) los cuales fueron debidamente argumentados en la acción
constitucional y despachados de manera desfavorable sin ningún análisis ni
valoración fáctica o jurídica”.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
19.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199111.
20.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo solicitado en la demanda por no encontrarse acreditado el
requisito de relevancia constitucional.
E. La acción de tutela contra providencias judiciales
21.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
entrar a examinar dos elementos12:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
11 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
12
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
F. Análisis del caso concreto
22.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el recurso de
apelación presentado por el accionante en ese trámite judicial, no encuentra esta
Sala que los argumentos presentados por el demandante se proyecten como
transgresión de los derechos fundamentales que invoca. Ciertamente, una revisión
de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela permite advertir que su
propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia
adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y
concluido, al pretender reabrir un debate probatorio ya zanjado por el juez natural
de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de confirmar el fallo de primera
instancia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
23.- Como se indicó previamente, la parte actora alegó que la autoridad accionada
incurrió en un defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, decisión
sin motivación y violación directa de la Constitución, toda vez que no tuvo en cuenta
el tiempo laborado por el actor, a través de contratos de prestación de servicios, para
dar por satisfecho el requisito de tiempo previsto en la Ley 33 de 1985, a efectos del
reconocimiento pensional.
24.- La Sala advierte que el debate planteado por el accionante en el proceso
ordinario se centró en establecer el régimen pensional que le aplicaba, y la
contabilización de los periodos en que estuvo vinculado como contratista como
tiempo de servicio. Así, se evidencia que los argumentos esgrimidos en el escrito de
tutela para sustentar la configuración de los yerros endilgados, fueron expuestos
tanto en la demanda como en el recurso de apelación presentado por la parte actora
en contra del fallo de primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de
Arauca.
25.- En la demanda del proceso ordinario se indicó:
<<1. El señor VERA BOHORQUEZ, quien en la actualidad se desempeña como
docente oficial al servicio del Departamento de Arauca debidamente afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día 9 de septiembre de
2009 cumplió 55 años de edad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2. El señor VERA BOHORQUEZ, se ha desempeñado como docente oficial por
espacio de 20 años, de acuerdo a la siguiente historia laboral:
ACTO DE VINCULACIÓN DESDE HASTA DIAS
Contratos de Soluciones Educativas Mayo 2/89 Noviembre 2001
Departamento de Arauca 23/94
Decreto de Noviembre 24 de 1994 Noviembre Mayo 3/08 5199
mediante 24/94
vinculación legal y reglamentaria.
TOTAL………….……7200
3. Teniendo en cuenta que el artículo 1° de la ley 33 de 1985 determina que la
pensión de jubilación de los empleados públicos se adquiere al cumplir 55 años de
edad y 20 de servicio, el señor VERA BOHORQUEZ adquirió el estatus de
pensionado el 9 de septiembre de 2009, fecha en la cual cumple la edad requerida
en tanto que ya se había completado el tiempo de servicios como docente.
4. La pensión de jubilación regulada por las leyes 91 de 1989, 33 de 1985, 71 de
1988, 115 de 1994 y demás normas que conforman el régimen excepcional de
prestaciones sociales de los maestros oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la luz del artículo 48 constitucional forma
parte de las especies de seguridad social considerada como una retribución diferida
del salario que otorga el Estado a los docentes que hayan superado 20 años de
servicio y 55 de edad, y para el caso que nos ocupa, siempre y cuando se demuestre
el ejercicio de la profesión sin discriminar las modalidades de trabajo, afirmación que
se deduce de la definición contenida en el artículo 2° del Decreto-ley 2277 de 1979,
en consecuencia, quienes laboraron en una época bajo la modalidad contractual -
figura expulsada por el ordenamiento jurídico según sentencia C-555 de diciembre
de 1994 - deben ser compensados con mayor rigor con la prestación solicitada. Si
se parte de la situación del actor, quien en esa época, no disfrutó de ninguna especie
de seguridad social regulada por la ley 100 de 1993 ni por el régimen excepcional
contenido en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y demás normas
vinculantes.
5. En el presente caso, la entidad demandada ha dado respuesta a la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación mediante acto administrativo
motivado, de negación, desestimando el tiempo laborado en el programa de
soluciones educativas vinculado mediante contrato de prestación de servicios.
(…)
Las (SIC) simples formalidades establecidas en los contratos y Órdenes de
Prestación de Servicios, NO puede imponerse sobre la realidad histórica de los
derechos de los trabajadores. No pueden desconocerse los mínimos derechos que
conforman la seguridad social. Basta con cumplir el tiempo de servicio con las notas
propias de la relación laboral para que se pueda generar el derecho pensional. El
cambio de nominación, las condiciones establecidas en las cláusulas contractuales,
los pactos impuestos y la literatura propia de esta clase de documentos vinculantes,
son artificios engañosos encaminados a evadir obligaciones prestacionales; figuras
sin valor probatorio para negarlas, ya que en las decisiones judiciales debe
prevalecer el derecho sustancial y el imperio de la ley.>>
26.- Por otro lado, en el escrito de apelación del proceso ordinario se indicó lo
siguiente:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
<< Bajo este contexto histórico y jurídico. El Consejo de Estado - Sala de Consulta y
del Servicio Civil, absolviendo a una petición elevada-por el Ministerio de Educación
Nacional, expidió el. concepto aclaratorio de septiembre 10 de 2009, Rad. 1.857,
11001-03 -06 -000 - 2007 -00084 -00, sostiene que el régimen excepcional continua
más allá del 27 de junio de 2003, concluyendo que los docentes vinculados bajo el
marco legal del Decreto 2277 de 1979 continúan pensionándose bajo el régimen
excepcional consagrado en la ley 91 de 1989 según lo ordenado por él artículo 279
de la ley 100 de 1993 , en consecuencia, el derecho pensional se configura con 20
años de servicio y 55 .años de edad, en un valor equivalente al 75% del promedio
mensual de la asignación básica y factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la constitución del estatus, según los requisitos legales
indicados en la ley 33 de 1985.
El anterior análisis permite afirmar que el a quo se equivocó, no solamente con
relación a las semanas de cotización, sino con respecto a la edad, ya que los docentes
nuevos vinculados en vigencia de la ley 812 de 2003, la pensión de vejez se
configuraría con el régimen del sistema general de pensiones contenidas en la ley 100
de 1993 y 797 de 2003, pero fijando la edad para pensionarse en 57 años, tanto para
hombres como mujeres.
4.- Con los anteriores argumentos, queda plenamente demostrado que la sentencia
apelada es producto de vías de hecho, figura que la define la línea jurisprudencial
sobre el tema, especialmente la sentencia T-231 de 1994, este comportamiento -
abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la
utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto
en la disposición (defecto sustantivo), por causa de haber aplicado equivocadamente
las condiciones del régimen de
transición establecidas en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, correspondiendo en el
recurso de alzada debatir el litigio, si el actor tiene derecho a no a pensionarse con 20
años de servicio y 55 años de edad.
5. A pesar que no es materia de debate la controversia de la validez de los tiempos
de modalidad contractual porque en las consideraciones de la sentencia la acepta de
manera irrefutable, e incontrovertible, es importante considerar que el sólido bloque
de jurisprudencia que interpreta, sistematiza y aplica como tesis que, en los contratos
de prestación de servicios docentes subyacen los elementos propios de la relación
laboral porque son de la esencia o naturaleza del ejercicio de la profesión docente,
dando plena vigencia al artículo 53 de la Carta Superior que prescribe que la ley, los
contratos, acuerdos o convenciones no pueden alterar los derechos o la dignidad de
los trabajadores; así mismo, ordena hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las
simples formalidades, el principio de favorabilidad y que para el caso específico, los
tiempos contractuales deben ser incluidos dentro de los 20 años de servicio para
efecto de configurar la pensión de jubilación.>>
27.- Estos reproches fueron resueltos por la autoridad judicial accionada, en la
sentencia del 3 de marzo de 2022. Para tal efecto, comenzó por señalar el marco
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
normativo y jurisprudencial en relación con el régimen de pensión de jubilación de
los docentes del servicio público oficial, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
28.- Luego, trajo a colación la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 13,
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que analizó el
reconocimiento del contrato realidad derivado de la vinculación de los docentes a
través de contratos de prestación de servicios.
29.- Esbozado lo anterior, la autoridad judicial enjuiciada efectuó un estudio del caso,
con fundamento en las pruebas recaudadas en el trámite contencioso administrativo,
en los siguientes términos:
<< En cuanto al tiempo de servicio, se tiene que, si bien al presentarse la demanda el
demandante no contaba con 20 años de servicios, y por este hecho estaba pidiendo
que se tuviera en cuenta para efectos pensionales el tiempo laborado mediante
contratos de prestación de servicios, lo cierto es que durante el proceso alcanzó los
20 años de servicios y como resultado la Secretaría de Educación del departamento
de Arauca, en la Resolución núm. 472 del 12 de febrero de 2015 le reconoció una
pensión de jubilación docente por el tiempo de servicio laborado al departamento de
Arauca desde el 24 de noviembre de 1994 hasta el 23 de noviembre de 2014, a partir
del 24 de noviembre de 2014.
Ahora bien, corresponde entonces a la Sala pronunciarse sobre si los tiempos
laborados por la docente mediante contratos de prestación de servicios se pueden
tener en cuenta para efectos pensionales. Al respecto, se observa que el demandante
se desempeñó como docente para la entidad territorial por medio de contratos de
prestación de servicios, situación de cual, se infiere, en principio, que debió realizar los
respectivos aportes a pensión por cuenta propia; sin embargo, en el plenario no obra
prueba de ello.
En este punto, es menester precisar que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de
realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad de previsión obligada
pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones que por ley debe reconocer,
entre ellas, las pensiones, en consonancia con el principio de sostenibilidad financiera
del sistema y solidaridad, en razón de los aportes a los que aquellos están obligados14
La Corte Constitucional, en la sentencia C-110 de 2019, señaló que el contenido de la
sostenibilidad financiera a la que se refiere el artículo 48 de la Constitución se
materializa “con la aplicación de las reglas que establece la misma disposición, en
particular las relativas a la obligación de realizar aportes, la correspondencia entre la
contribución al sistema y la liquidación de la mesada, el establecimiento de topes
pensionales, y la prohibición de establecer regímenes especiales. (...) Además, la
sostenibilidad exige que “para el conjunto de población protegida por el mismo, se
hayan definido las fuentes de financiación de tales prestaciones y se cumplan los
requisitos de acceso establecidos por el legislador”.
13 Exp 23001-23-33-000-2013-00260-01.
14
Cita original: “Sobre el particular, ver la sentencia del 18 de febrero de 2021 con Radicado núm. 81001-23-33-
000-2013-00012-02 (4163-2014).”
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Por su parte, en un caso análogo al presente, esta Subsección manifestó lo siguiente15:
“(...) es improcedente el computo del tiempo en que la actora prestó sus labores a
través de órdenes de prestación u/o contratos al Departamento de Norte de Santander
y al Municipio de Villa del Rosario (años 1988, 1990, 1991 y 1992), pues durante dicho
periodo no se evidencia aportes efectivamente cotizados a la seguridad social, los
cuales, como ya se dijo, tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios, aún antes
de la expedición de la misma Ley 100 de 1993, tanto para el empleador como para el
empleado y para quienes han suscrito un contrato con el Estado, sin que su pago quede
al arbitrio de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni llegar a ser objeto de
negociación, acuerdo o conciliación. Una vez decretados por la ley, estos aportes
deben ser realizados en la forma y tiempo establecidos (...)”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el señor Pedro Elías Vera Bohórquez,
para la fecha en que solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, no contaba
con los 20 años de servicios requeridos, habida cuenta de que no logró acreditar haber
realizado cotizaciones durante el tiempo en que laboró bajo la modalidad de contrato
de prestación de servicios; y, en ese sentido, se reitera que los contratistas están
obligados a realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en virtud
de lo dispuesto en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas complementarias.
Así las cosas, como quiera que el actor no realizó cotizaciones durante la ejecución de
los contratos de prestación de servicios, los tiempos laborados bajo dicha modalidad
no pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales.
En síntesis, debe resaltarse que el accionante en la actualidad supera los 20 años de
servicios docentes y le fue reconocida una pensión de jubilación docente mediante
Resolución núm. 472 del 12 de febrero de 2015. En tal virtud, y como quiera que ya
tiene derecho a la pensión, mal puede considerarse el tiempo no cotizado para efecto
del reconocimiento, pues lo cierto es que las cotizaciones efectivamente realizadas ya
dieron lugar al reconocimiento pensional, por lo cual pierde objeto el proceso.>>
30.- Bajo ese contexto, no hay duda de que el accionante propone en sede de tutela
los mismos argumentos que sirvieron de sustento a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y que, además, también fueron expuestos en el escrito
de apelación interpuesto en contra del fallo del 12 de septiembre de 2014, los que,
a su vez, fueron abordados por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado.
31.- Así, resulta evidente que la parte accionante busca crear una instancia adicional
al proceso contencioso administrativo y reabrir el debate jurídico, en torno al
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión, enfocado en el cómputo
de tiempo laborado a través de contratos de prestación de servicios, para efectos
del reconocimiento pensional, asunto que, como ya se vio, fue objeto de estudio ante
la instancia judicial respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho
y de derecho que las partes sometieron a su consideración. Por lo tanto, no cabe
ahora prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela no es
mecanismo complementario al del medio de control ordinario, y no tiene por fin
15
Cita original: “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Expediente 54001-23-33-000-2012-00182-
02 (4134-2016), con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.”
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
revisar las bases del debate judicial para definir, como instancia final, las razones de
derecho objeto de la controversia.
32.- De esta manera, la Sala considera que la acción que se propone pretende
prolongar un debate ya definido por el juez de instancia, sin que lo que se alega ante
el juez de tutela revele la presencia de un real defecto que trascienda la esfera de lo
constitucional, pues más allá de su simple enunciado, lo que muestra es la
discrepancia de criterios de la parte que no resultó favorecida con la decisión del
juez natural, quien, en todo caso, en el curso del proceso, adquirió su derecho
pensional.
33.- Con todo, se advierte que la decisión cuestionada encuentra claro sustento en
el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva
o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material
probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales y
jurisprudenciales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso, sin que pueda
decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora.
34.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden,
en realidad, a una discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del
proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.
35.- Cabe resaltar que los derechos, expectativas e intereses que se llevan al
conocimiento de la judicatura, de cara a la preexistencia de un conflicto, la mayoría
de las veces están desprovistos de una connotación iusfundamental, por lo que sólo
resulta admisible que se abra paso la acción de tutela cuando la labor del juez se
proyecta como afrenta al derecho de acceso a la administración de justicia, que se
presenta como emanación directa del derecho al debido proceso, lo cual no se
reduce a la discrepancia de criterios entre la decisión judicial y la de la parte que no
resulta favorecida con ella, pues en esta materia asiste al operador judicial la
importante tarea de aplicar y definir el derecho, justamente en aplicación y desarrollo
de la anterior premisa.
36.- Por último, en relación con la inconformidad presentada por el accionante en su
escrito de impugnación, mediante la cual manifestó que el juez constitucional en
primera instancia no realizó un estudio de fondo sobre los defectos atribuidos a la
providencia enjuiciada, cabe precisar que no había lugar a efectuar dicho análisis,
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04954-01
Demandante: Pedro Elías Vera Bohórquez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
comoquiera que no se acreditó uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial.
37.- En efecto, el análisis sobre los requisitos de procedencia de la acción de tutela
tiene como propósito establecer si el caso sometido a consideración del juez
constitucional contiene los elementos suficientes que ameriten un pronunciamiento
de fondo relacionados con los cargos endilgados; así pues, una vez superado dicho
estudio, el juez de tutela determinará si se quebrantaron o no las prerrogativas
iusfundamentales invocadas en la solicitud de amparo.
38.- Por todo lo expuesto, la acción de tutela que se examina es improcedente al no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto su objeto es
reabrir un debate ya tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que
desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos
fundamentales. De suerte que, esta Sala habrá de confirmar la sentencia del 18 de
octubre de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
39.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de octubre de 2022, por
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
16 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
13
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