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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05042-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05042-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo frente a los demás reparos según lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito de Riohacha y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05042-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

17 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05042-00
Accionantes: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Limitada
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05042-00
Accionante: Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y
Social Limitada
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Acción popular / Defecto fáctico
/ Defecto procedimental / Violación directa de la Constitución / Relevancia
constitucional / Subsidiariedad / Se declara la improcedencia de la acción de tutela
por incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad
frente a unos cargos, y se niega en relación con los reparos restantes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del 28
de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del
proceso de acción popular No. 44001-33-33-002-2008-00407-00/01. Ese proceso
fue adelantado por el accionante contra el Distrito de Riohacha, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del
Círculo de Riohacha, Jorge Eduardo Pérez Bernier, Lina Raquel Gómez Camargo
y Supertiendas Olímpica S.A. En la providencia tutelada se confirmó la sentencia
del 29 de septiembre de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Riohacha, que negó las pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Accionantes: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Limitada
Se declara la improcedencia

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 21 de septiembre de 2022 la sociedad Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Limitada interpuso acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al
negar las pretensiones de la acción popular.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<PRIMERO: REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal
Contencioso Administrativo de La Guajira con fecha “28 de mayo de 2020” en su
redacción, pero con notificación a nosotros en fecha “26 de abril 2022”, por VICIOS
O DEFECTOS FÁCTICO Y PROCEDIMENTAL, Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN. En su lugar, AMPARAR en los estrictos términos expuestos en la
parte motiva de esta providencia, los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, del
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada.

SEGUNDO: PROTEGER el derecho e interés colectivo de la defensa del patrimonio
público del Municipio de Riohacha, ordenando a SUPERTIENDAS OLÍMPICA S.A.,
que en el término de treinta (30) días calendario, al ser poseedor irregular y de mala
fe de propiedad del Municipio de Riohacha, cancele a esta entidad territorial los
frutos civiles pendientes durante los quince (15) años que ha venido ocupando el
predio de patrimonio municipal, y en lo sucesivo, perciba el canon mensual que se
tase a valor comercial.

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Riohacha, que en defensa del patrimonio
público municipal cobre ejecutivamente el valor dejado de pagar por LINA RAQUEL
GÓMEZ CAMARGO, al manifestar que los dos (2) lotes de terreno vendidos a ella
serían destinados para construir vivienda familiar de interés social de acuerdo con
las normas municipales vigentes sobre venta de predios, y que terminó vendiendo
para construir local comercial.

CUARTO: COMPULSAR copia del proceso a la Procuraduría Regional de La Guajira
para que realice investigación en la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE RIOHACHA sobre los funcionarios que en prestación del servicio
registral, permitieron que Omaira Ballesteros de Lubo vendiera trescientos noventa

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y ocho coma cincuenta y ocho metros cuadrados (398,58m²) más de lo que el título
traslaticio de dominio le permitía.

QUINTO: COMPULSAR asimismo copia del proceso a la Procuraduría Regional de
La Guajira para que realice la investigación pertinente en la Territorial Guajira del
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” sobre el Certificado número 000044 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi Territorial Guajira de fecha 29 de Enero de
2.008, que determinó que el área de propiedad del Municipio de Riohacha, de
Genaro Toro Ibarra y de Luís Carlos Guerrero Peñalver se anexaran a la propiedad
de Jorge Eduardo Pérez Bernier, y se incorporara así en la Carta Catastral de la
Manzana 50 del Sector 3 del área urbana de Riohacha>>.

B. Hechos

3.- La sociedad accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes
afirmaciones:

3.1.- El 18 de noviembre de 2008 la accionante interpuso acción popular contra el
Distrito de Riohacha, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Círculo de Riohacha, Jorge Eduardo Pérez Bernier,
Lina Raquel Gómez Camargo y Supertiendas Olímpica S.A. Según la accionante,
el señor Pérez Bernier acudió al IGAC para modificar ilegalmente los registros
catastrales de los predios e incorporar el terreno objeto de la acción popular a la
ficha catastral del terreno de su propiedad, modificando así los linderos de los
terrenos. El cambio ilegal de linderos por parte del IGAC habría sido protocolizado
ante la Notaría Primera de Riohacha para formalizar el negocio con Supertiendas y
Droguerías Olímpica S.A.

3.2.- Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo
Administrativo de Riohacha negó las pretensiones de la demanda. Consideró que
la parte actora no demostró la vulneración de los derechos colectivos invocados, y
que lo que estaba demostrado era una serie de transacciones entre particulares y
entre estos y el distrito, que permite concluir que el terreno controvertido
actualmente es propiedad privada.

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3.3.- La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión1.
Mediante sentencia del 28 de mayo de 2020 el Tribunal Administrativo de La Guajira
confirmó la sentencia de primera instancia. El tribunal consideró que no le
corresponde al IGAC determinar los linderos de los inmuebles, pues esa información
es suministrada por los propietarios o poseedores, según lo estipulado en los títulos
traslaticios de dominio. Adicionalmente, no se probó que los funcionarios de la
Oficina de Instrumentos Públicos hayan incurrido en actos contrarios a sus
funciones.

3.4.- Por último, el tribunal concluyó que no se afectó el patrimonio público, pues
según las pruebas allegadas, en especial, el dictamen pericial practicado, no se
demostró que el bien objeto de la controversia fuera de naturaleza pública.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que el tribunal accionado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque
incurrió en (i) un defecto fáctico; (ii) un defecto procedimental y (iii) una violación
directa de la Constitución en la providencia tutelada.

1 Reitera que el IGAC cometió una inmoralidad administrativa porque su Directoria Territorial Encargada incurrió

en una falsedad ideológica en documento público al expedir el Certificado No. 000044 del IGAC Territorial
Guajira del 29 de enero de 2008, pues ese certificado habría alterado los linderos de los terrenos y le habría
permitido al señor Jorge Eduardo Pérez Bernier, en ese entonces gobernador de La Guajira, obtener
<<legalmente>> la propiedad de los predios que posteriormente vendería a Supertiendas Olímpica S.A.

Por otro lado, sostiene que la Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha obró de formal inmoral al registrar
a favor de la señora Ballesteros de Lubo una compra por una extensión mayor a la existente. Insiste en que el
distrito faltó a su deber por cuanto no cobró el mayor valor de los predios que enajenó para que fueran
destinados a la construcción de vivienda de interés social, pero que finalmente fueron utilizados para fines
comerciales.

Por último, reprocha que el juzgado no impulsara oficiosamente el proceso de acción popular de conformidad
con los principios constitucionales, no velara por la protección de los derechos colectivos, no resolviera la
primera instancia en los términos perentorios de la Ley 472 de 1998, ni con la preferencia que le es propia. En
particular, señala que el juzgado inaplicó los artículos 28, 76 y 79 de la referida ley, pues no valoró los experticios
elaborados por el IGAC y el Distrito de Riohacha (folios 421 a 431 del expediente de la acción popular), que
demostraban el alcance de la propiedad del señor Pérez Bernier y demuestran la violación de los derechos
colectivos. Además, alega que el juez desconoció su oposición al dictamen pericial practicado por el señor Larry
Sierra Robles, quien sería primo hermano de la directora encargada del IGAC al momento de los hechos, y en
virtud del cual se fundamentó la sentencia apelada.

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4.1.- Frente al defecto fáctico, reprocha que el tribunal accionado no tuviera por
demostrados los hechos y omisiones de la demanda. En particular, echa de menos
la valoración de:

(i) La prueba denominada <<imágenes satelitales 1, 2 y 3>> (folios 52 – 54 del
expediente de acción popular), basada en tres fotografías satelitales
georreferenciadas del predio controvertido, tomadas a partir del servicio de
Google Maps;

(ii) La prueba denominada <<cartas catastrales>> (folios 55-59 del expediente de
acción popular), consistente en cinco planos aportados en los cuales se
evidencia que entre 2001 y 2008 funcionarios del IGAC fueron borrando
paulatinamente las anotaciones que demostraban la propiedad del distrito
sobre los terrenos;

(iii) Las pruebas denominadas <<Plano IGAC, CARTA CATASTRAL URBANA
Manzana 0050 Sector 03 de 2009>> y <<Plano Municipal de Riohacha
“LEVANTAMIENTO MANZANA 0050 SECTOR 3 SEDE – SAO- PERFILES
CORRESPONDIENTES A CADA VÍA”>> (folios 431 y 432, respectivamente),
que fueron allegadas por el señor José de Jesús Guerrero Zambrano,
aceptado en el proceso como coadyuvante de la parte actora. Según la
accionante, en esas pruebas estaría acreditada la propiedad de los terrenos,
así como sus linderos.

4.1.1.- Además, la parte actora sostiene que a las anteriores pruebas no se les dio
el carácter de peritaje con lo cual el tribunal omitió a su deber de valorarlas en
conjunto con las demás pruebas y, de existir contradicción, decretar un segundo
dictamen, según los artículos 32 y 76 de la Ley 472 de 1998.

4.1.2.- En cambio, reprocha que las instancias del proceso de acción popular se
basaran únicamente en el dictamen pericial practicado por el señor Larry Rafael
Sierra Robles que, a su vez, se fundó en escrituras públicas de falsas tradiciones.

4.1.3.- También reclama que el distrito no aportara la experticia solicitada por el juez
de primera instancia ante las dificultades para nombrar un perito que rindiera el
dictamen solicitado por el ente territorial en la demanda (dificultad que

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posteriormente fue superada mediante la posesión de un perito). Ello, por cuanto
tiempo atrás y por petición del IGAC, el distrito habría contratado un levantamiento
topográfico justamente del predio en discusión. Es decir, el distrito no habría
aportado una prueba solicitada por el juez, a pesar de que sí la tenía en su poder,
pues años atrás había contratado una experticia análoga a la solicitada por la
autoridad judicial y que finalmente fue allegada por el coadyuvante al proceso de
acción popular. La omisión del distrito en el transcurso del proceso fue denominada
como otra conducta constitutiva de una inmoralidad administrativa.

4.1.4.- Destaca como <<el problema más grave del proceso>> (i) el que se otorgara
una prórroga de diez días para que el perito rindiera su informe, a pesar de que la
Ley 472 de 1998 no consagra esa posibilidad; (ii) que a pesar de que la prórroga
fue por solo diez días, el perito tardó más de un año desde que se posesionó para
rendir el dictamen; (iii) que el dictamen se aportó en una sola copia y no en tres,
como dispone la ley especial; (iv) que en virtud del artículo 238 del CPC se corriera
traslado por solo tres días para objetar el dictamen, a pesar de que el artículo 32 de
la Ley 472 de 1998 señala que el término es de cinco días, esto es, se inaplicó la
ley especial al caso, desconociendo el artículo 5º de la Ley 57 de 1887; y (v) que el
despacho de primera instancia negara el traslado del dictamen a solicitud de la parte
actora y que, en cambio, tuviera por no presentada la oposición, a pesar de que esta
sí se allegó.

4.2.- En cuanto al defecto procedimental, alega que no es cierto que se estuviera
pidiendo la nulidad de actos administrativos. Afirma que la discusión del caso,
contrario a lo considerado por el tribunal, no se centra en debatir la propiedad
privada o pública o cuestionar los títulos de propiedad, sino, en cambio, a poner de
presente los errores aritméticos al registrar las propiedades.

4.3.- Señala que se incurrió en una violación directa de la Constitución por cuanto:
(i) las autoridades judiciales pretermitieron el trámite preferencial de las acciones
populares; (ii) no se adelantó un proceso disciplinario contra el despacho de primera
instancia que faltó a su deber de impulsar oficiosamente la acción; (iii) no se
impusieron sanciones a los peritos por desconocer el artículo 32 de la Ley 472 de
1998; (iv) no se tuvo en cuenta la coadyuvancia presentada antes de que se
profiriera fallo de primera instancia, que aportó la <<prueba reina>> para fallar el
caso; (v) el periodo probatorio se extendió por casi cuatro años, cuando la ley

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dispone que este será de veinte (20) días prorrogables por un término igual; (vi) no
se advirtió la contradicción entre el experticio rendido por el IGAC (la prueba reina)
y el dictamen pericial practicado por el señor Larry Rafael Sierra Robles; y (vii)
porque no se decretó un peritaje adicional al existir contradicción entre las dos
experticias.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de La Guajira (accionado) alega que la solicitud de
amparo es improcedente. Después de hacer un recuento de los argumentos
esgrimidos en la sentencia tutelada, señala que: (i) los cargos elevados en la acción
de tutela constituyen simples disensos frente a la decisión adoptada, propios de la
dinámica de los litigios y que, no obstante, no implican la vulneración de las
garantías constitucionales ni justifican la intervención del juez de tutela; (ii) no se
argumentó de forma suficiente el defecto fáctico; (iii) los argumentos que
sustentaron el defecto procedimental y la violación directa de la Constitución
realmente se dirigen a las actuaciones del juzgado de primera instancia, por lo que
debieron ser planteadas en el recurso de apelación para que el tribunal accionado
pudiera pronunciarse al respecto; (iv) lo que se pretende es instaurar una instancia
adicional para discutir las inconformidades de la parte actora frente a las decisiones
judiciales que le son adversas; y (v) la sentencia objeto de reproche se encuentra
debidamente motivada en los hechos probados y la normativa aplicable.

6.- El Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha (tercero con interés) solicita
que se declare la improcedencia de la acción de tutela. Advierte que los argumentos
de la acción se dirigen contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
tribunal, mas no contra la sentencia del a quo. En todo caso, la sentencia de primera
instancia se encuentra debidamente sustentada en los aspectos de hecho y
derecho, los criterios jurisprudenciales pertinentes y los argumentos de todas las
partes, por lo que no incurrió en ningún defecto.

7.- El Distrito de Riohacha (tercero con interés) alega que carece de legitimación en
la causa por pasiva, motivo por el cual requiere que sea desvinculado del proceso.
Ello, por cuanto carece de competencia para resolver las situaciones puestas de
presente en la acción de tutela.

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8.- La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha (tercero con
interés) solicita su desvinculación del proceso, por cuanto carece de legitimación en
la causa por pasiva. Sostiene que no tiene incidencia en la providencia judicial
tutelada, y que las órdenes de un eventual amparo no afectan la función registral
que le es propia. Precisa que la función registral es rogada y que los requisitos de
existencia y validez de los títulos a registrar son competencia exclusiva de los
jueces.

9.- Supertiendas Olímpica S.A. (tercero con interés) afirma que la solicitud de
amparo es improcedente. Argumenta que la parte actora no demostró los defectos
alegados.

9.1.- Frente al defecto procedimental, señala que la acción popular se adelantó en
ambas instancias con observancia de la ritualidad procesal y el agotamiento de las
etapas previstas en la Ley 472 de 1998. Es decir, no se pretermitió ninguna fase del
proceso y este siguió el curso que le es propio. Si el reparo recae en el
incumplimiento de los términos previstos en la normativa, esto es, si se alega una
mora judicial, lo cierto es que no se demostró que la misma fuera injustificada, por
lo que no se vulneraron los derechos de las partes.

9.2.- Por otro lado, aduce que tampoco se incurrió en un defecto fáctico, puesto que
el tribunal fundamentó su decisión en las pruebas aportadas, las cuales fueron
valoradas de manera razonable.

9.3.- Además, sostiene que la acción de tutela no puede incoarse para subsanar la
negligencia de la parte actora, consistente en no haber objetado el dictamen pericial
de forma oportuna. Señala que el CPC sí era aplicable al caso, pues la Ley 472 de
1998 no reguló la contradicción al dictamen pericial en el trámite de las acciones
populares. Por lo tanto, la discusión al respecto se encuentra cerrada e hizo tránsito
a cosa juzgada y la actora no puede valerse de este mecanismo constitucional para
abrir una instancia adicional.

10.- Jorge Eduardo Pérez Bernier (tercero con interés) señala que en el transcurso
del proceso de la acción popular se practicaron todas las pruebas solicitadas por las
partes, las cuales, a su vez, tuvieron las mismas oportunidades para concurrir y
controvertir el material probatorio. Por lo tanto, no se vulneraron los derechos

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fundamentales alegados. En ese sentido, no se advierte una irregularidad procesal
que fuera determinante para la decisión y se compromete el carácter subsidiario de
la acción de tutela.

11.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Lina Raquel Gómez Camargo
(terceros con interés), y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(interviniente) fueron debidamente notificados; no obstante, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

12.- La Sala (i) declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a los reparos
relacionados con la falta de valoración probatoria y violación directa de la
Constitución acogiendo la posición mayoritaria, por cuanto no se encuentra
acreditado el requisito de relevancia constitucional2. Frente (ii) a los cargos relativos
a las reglas aplicables al traslado para contradecir el dictamen pericial, se declarará
la falta de subsidiariedad; y (iii) se resolverá de fondo y se desestimarán los cargos
enmarcados en el defecto procedimental, la supuesta falsedad en la que habría
incurrido el tribunal frente al traslado del dictamen, la mora en la notificación de la
sentencia.

13.- Adicionalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación del Distrito de
Riohacha y la Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha, pues fueron
vinculadas en calidad de terceros con interés y no como accionadas. En otras
palabras, las pretensiones no se dirigen en su contra y no cabe pronunciarse frente
a su legitimación en la causa.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar

14.- Frente a los reparos relacionados con la falta de valoración probatoria, se
advierte que la discusión en el proceso estuvo dirigida a determinar los linderos y

2 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia

constitucional porque el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada.
Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron
resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.

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titularidad sobre unos inmuebles y, en consecuencia, a establecer si se estaba
ocupando ilegalmente un terreno de naturaleza pública.

14.1.- En ese sentido, tanto el juzgado como el tribunal consideraron que la prueba
más indicada para resolver la causa consistía en un estudio de los terrenos
involucrados, a efectos de esclarecer las tradiciones, los linderos y la actual
titularidad de los mismos. De las pruebas –certificado de tradición y escrituras
públicas- advirtieron que el bien no era público y que la tradición del inmueble se
encontraba ajustada. Estas pruebas fueron valoradas y se concluyó que aquellas
no desvirtuaban la titularidad de la propiedad ni los linderos del inmueble.

14.2.- Por otra parte, el tribunal valoró y adelantó el procedimiento que establece la
ley para la contradicción del dictamen pericial. El distrito de Riohacha solicitó que
se decretara un dictamen pericial documental y topográfico para demostrar la
titularidad y los linderos de los predios en cuestión, y el juzgado de primera instancia
decretó la prueba y dispuso el nombramiento.

14.3.- No obstante, la aceptación de la designación no fue posible, por lo que el
despacho le concedió al distrito un término de quince (15) días para que allegara
por su cuenta un experticio emitido por instituciones o profesionales especializados.
Este experticio no fue aportado, por lo que el juzgado decidió designar un nuevo
perito, pero esta vez de la lista de arquitectos y no de topógrafos.

14.4.- El perito nombrado elaboró el dictamen, que fue allegado al expediente y
sobre el cual se corrió el traslado a las partes para que ejercieran su derecho de
contradicción. Otra cosa es que la parte actora no presentara su oposición de forma
oportuna. Así las cosas, la Sala no advierte irregularidades en el trámite. En todo
caso, el accionante podía alegarlas en trámite del proceso.

15.- Tampoco se encuentra configurado el defecto por violación directa de la
Constitución, pues la coadyuvancia sí fue aceptada (fue admitida mediante auto del
8 de noviembre de 2011) y sus pruebas se incorporaron al expediente. De igual
manera, no se demostró que las autoridades judiciales no le dieran un trámite
preferencial a la acción popular.

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F. No se cumple con el requisito de subsidiariedad frente al cargo relacionado
con las reglas aplicables al traslado y la oposición del dictamen pericial, por
cuanto los reparos no fueron alegados en el transcurso del proceso de acción
popular

16.- La parte actora resalta como <<el problema más grave del proceso>> el que
no se acataran las reglas especiales para el trámite del traslado y contradicción de
la prueba pericial en las acciones populares.

16.1.- Para la Sala, esos argumentos pudieron ser presentados a través del recurso
de reposición contra el auto del 19 de junio de 2013, mediante el cual el juzgado de
primera instancia dio por terminada la etapa probatoria y ordenó correr traslado para
alegar de conclusión. En efecto, según el artículo 36 de la Ley 472 de 1998:
<<Artículo 36. Recurso de reposición. Contra los autos dictados durante el trámite
de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en
los términos del Código de Procedimiento Civil>>.

16.2.- De igual forma, frente a la afirmación de que el perito tenía parentesco con la
representante legal de una de las autoridades demandas (el IGAC), esto debió
advertirse en las oportunidades previstas en el proceso de acción popular para
formular recusaciones.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente al
defecto procedimental.

17.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) la accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración del derecho al debido
proceso y acceso a la administración de justicia por un defecto procedimental; (iii)
la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la
decisión de segunda instancia se notificó el 26 de abril de 2022, y la tutela se
presentó el 21 de septiembre de 2022, es decir, dentro del término de los 6 meses

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precisado tanto por esta Corporación3 como por la Corte Constitucional4; y (iv) no
se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

18.- La accionante sostiene que el tribunal incurrió en un defecto procedimental,
porque, por una parte, entendió que lo pretendido con la acción popular era declarar
la nulidad de unos actos administrativos y debatir la naturaleza jurídica de unos
inmuebles, cuando lo que realmente se perseguía era poner de presente unos
errores de cálculo en la determinación de linderos.

18.1.- Al respecto, la Sala advierte que si bien el tribunal aclaró que la acción popular
no es procedente para declarar la nulidad de actos administrativos, en todo caso
decidió estudiar el fondo de la causa, bajo el entendido de que podría tomar otro
tipo de medidas para conjurar la amenaza o violación de los derechos colectivos.
Así, resolvió los planteamientos de la accionante, sin que ello configure un defecto
procedimental.

18.2.- La Sala observa que la oposición al dictamen debió allegarse mientras no
estuviera vencida la etapa probatoria y durante el traslado otorgado para esos
efectos. Cerrada la etapa probatoria, el juzgado debía correr el traslado para alegar
de conclusión, como efectivamente sucedió. En ese sentido, se considera que es
irrelevante que el dictamen se presentara antes o después de que iniciara el término
para alegar, pues lo importante es que esa oposición se allegara durante el traslado
otorgado para ello. En el proceso está demostrado que la objeción por error grave
fue presentada fuera de término. En esa medida, aunque el tribunal la hubiese
considerado presentada en el término de los alegatos y no resolvió la objeción, lo
cierto es que la objeción fue presentada antes de que se corrieran los alegatos de
conclusión y por fuera del término para presentar la objeción.

18.3.- Finalmente, tampoco se advierte que la demora en notificar la providencia
tutelada configure un defecto procedimental, pues esta finalmente se notificó a la
accionante.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05042-00
Accionantes: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Limitada
Se declara la improcedencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte
motiva

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo frente a los demás reparos según lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Distrito de
Riohacha y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclaración parcial de voto

13

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