Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06528-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06528-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06528-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
2 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06528-00
Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06528-00
Demandante: LEODEGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra proceso de
controversias contractuales.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor
Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de La Guajira y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral
de Riohacha, por estimar vulnerado el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que tome una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque
íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva
y adecuada, de tal manera que se proteja de manera inmediata mi derecho
fundamental para acceder a la administración de justicia, cuyo amparo solicito, y de
cualquier otro que considere vulnerado.
SEGUNDA: Que la protección tenga el alcance de ordenar la actualización y firma por
el Alcalde del Distrito de Riohacha o quien haga sus veces, de las escrituras que
protocolizan el justo título del terreno rural denominado línea de conducción de la
tubería del acueducto de Riohacha y de la actualización de área y coordenadas del
perímetro urbano de camarones y segregación de predio para proyectos
institucionales y servicios públicos domiciliarios, evitando, de contera, un perjuicio
irremediable”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:
El 31 de mayo de 2012, el señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina celebró
con el Distrito de Riohacha el contrato de prestación de servicios núm. 096 de
2012, cuyo objeto consistía en: “prestación de servicios para georreferenciar y medir el
predio de línea de conducción río tapias – Riohacha entre la calle 76 con carrera 17 y la carretera
arroyo arena – matitas, para su legalizacióń y registro; predio donde se construirá la alberca de
gran volumen en camarones y para la incorporación legal del espacio público en la carrera 17
entre las calles 38 y 76 de Riohacha ”, las partes pactaron que el término de ejecución
del precitado contrato sería de siete meses.
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Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
El señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina, por intermedio de apoderado
judicial, ejerció medio de control de controversias contractuales contra el distrito
de Riohacha, con el fin de que se declarara la existencia del contrato de
prestación de servicios núm. 096 de 2012, celebrado entre el municipio de
Riohacha y Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina y que se liquidara
definitivamente el contrato en sede judicial, al tiempo que se declarara el
incumplimiento del distrito de Riohacha de las obligaciones instruidas en la
cláusula séptima del contrato.
El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Riohacha, en sentencia del 7 de marzo
de 2022, ordenó liquidar judicialmente “el contrato de prestación de servicios
número 096 de 2012”, suscrito entre el distrito de Riohacha y Leodegar Lorenzo
Segundo Rois Reina, en el sentido de declarar que el contratista adeuda y debe
reintegrar al distrito la suma de $ 12´500.000, que recibió por concepto de
anticipo, dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, suma que sería rembolsada sin reconocimiento de indexación
monetaria e intereses. Al tiempo, determinó que, una vez pagado el aludido monto
por parte de Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina al distrito de Riohacha, las
partes del convenio estarían a paz y salvo y quedarían extinguidas de manera
definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del
contrato estatal celebrado.
La decisión fue objeto de recurso de apelación, en el que el demandante
cuestionó la orden de reembolsar directamente la suma de $ 12´500.000, en lugar
de hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tiempo que, cuestionó que
el juez de primera instancia no advirtió el rompimiento de la ecuación contractual
por parte del distrito de Riohacha, porque sobrevinieron hechos imprevistos
imputables a la parte contratante.
El Tribunal Administrativo de La Guajira, en fallo del 9 de noviembre de 2022,
confirmó la sentencia del 7 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Riohacha, porque no resultaba procedente hacer efectivas
las garantías del contrato de prestación de servicios núm. 096 de 2012, porque no
se declaró el incumplimiento ni la caducidad y no se impusieron multas al
contratista, por lo que de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082
de 2015 no resultaría posible hacer exigible las garantías, además, porque la
compañía aseguradora no hizo parte del proceso, sumado a que transcurrieron
más de cinco años desde que finalizó el contrato de prestación de servicios,
luego, cualquier acción contra la aseguradora se encontraba prescrita.
En cuanto al cargo por desequilibrio económico del contrato, el tribunal determinó
que en la demanda de controversias contractuales el accionante en ningún
momento solicitó el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, tanto
es así, que ni siquiera advirtió que se hubiere roto el equilibrio del contrato al
momento de exponer los hechos ni de fundamentar sus pretensiones, de manera
que, al no haberse discutido -en primera instancia- lo concerniente al equilibrio
económico del contrato, el tribunal no podía pronunciarse sobre el particular,
como quiera que, ello implicaba la afectación de principios constitucionales como
el de transparencia e imparcialidad y derechos fundamentales como el debido
proceso y el derecho de defensa y contradicción.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, con fundamento
en los argumentos que se pasan a resumir.
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Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Sostuvo que el tribunal consideró razonable “la omisión de los alcaldes del Distrito de
Riohacha de cumplir con la obligación constitucional de garantizar la legalización de dos (2)
predios de propiedad de la entidad – parte entera, parte nuda –, escriturándolos legítimamente;
prefiriendo así la opción de dejar al garete estas dos (2) propiedades de principal importancia para
el Distrito de Riohacha”.
Señaló que reclama la protección inmediata del derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia, por considerar que resultó vulnerado por “la acción y la
omisión” del Tribunal Administrativo de La Guajira “hasta lograr conseguir que el pueblo
de Riohacha, en cabeza del Distrito de Riohacha, obtenga los dos títulos de propiedad ya
protocolizados legítimamente ante la Notaría Segunda de Riohacha; documentos que después de
ser actualizados, sean firmados por el alcalde de turno o quien haga sus veces, a fin de evitar el
perjuicio irremediable de que a las dos propiedades les falte justo título, y ante la falta sigan siendo
“tierra de nadie”, donde los particulares abusan del acceso al agua, por un lado; y por el otro, sigan
obstaculizando los proyectos institucionales aguardados para la cabecera corregimental de
Camarones”.
Indicó que recusó a la magistrada María Del Pilar Veloza Parra al amparo de las
causales número 6 y 7 del artículo 141 del CGP y que el 7 de diciembre 2021 la
magistrada manifestó que «no es suficiente para encontrarme impedida, pues hasta la
fecha no he sido vinculada a la investigación, siendo esto requisito necesario para que se
acredite la causal aludida» en el marco del medio de control de controversias
contractuales, identificado con el radicado número 44001234000020140010500.
Afirmó que la magistrada María Del Pilar Veloza Parra tomó represalias respecto
de la empresa que representa, sobre el hijo del actor y sobre él, en los siguientes
procesos: (i) 11001031500020220425301, impugnación de acción de tutela; (ii)
11001031500020220504200, acción de tutela contra fallo de acción popular; (iii)
44001334000020140010501, apelación fallo de controversias contractuales; (iv)
44001234000020140012001, apelación fallo de controversias contractuales; (v)
44001234000020140012701, apelación fallo de controversias contractuales y, (vi)
44001233300020140001301, apelación fallo de acción popular, que ejerció su hijo
Andros Lorenzo Roys Brito.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 12 de diciembre de 2022, admitió la acción
de tutela, ordenó notificar al señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina, al
Tribunal Administrativo de la Guajira y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Riohacha y al Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de La Guajira afirmó que resulta improcedente la
presente acción porque los fundamentos que expone el actor evidencian que no
está conforme con la argumentación que realizó el juez de primera instancia y el
tribunal al resolver la sentencia, como si se tratara de un recurso de apelación, a
pesar de que en esa causa ya se agotaron todas las instancias, donde se le
respetaron todas las garantías constitucionales a las partes procesales.
Indicó que la acción de tutela está instituida para la protección de derechos
fundamentales, no para estructurarla como una nueva instancia procesal, por lo
que no puede tenerse como una tercera instancia, que el accionante pretende por
esta vía plantear asuntos que fueron objeto del resorte del juez natural en la
sentencia que fue proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral y que
debieron ser planteados en el recurso de apelación presentado ante este Tribunal.
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Argumentó que el simple disenso interpretativo respecto a una o varias
disposiciones, no hace viable la acción de tutela contra providencia judicial, pues
se exige que se desarrolle la carga argumentativa dirigida a señalar las razones
por las cuales se configura uno de los eventos excepciones de procedencia que
han sido decantados por la jurisprudencia constitucional.
Dijo que se adoptaron decisiones debidamente motivadas en sus aspectos de
hecho y derecho, con valoración probatoria adecuada y previo agotamiento del
procedimiento legalmente prescrito, por lo que el hecho que la accionante de la
tutela no resultare favorecido en sus intereses con el fallo condenatorio dictado,
no lo habilita para pretender que se abra una tercera instancia mediante la
solicitud de amparo que propone.
6. Intervención de los terceros interesados
El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Riohacha sostuvo que las
afirmaciones del escrito de tutela resultan arbitrarias, teniendo en cuenta que el
actor tramitó un proceso de controversias contractuales en que se ventiló el objeto
contractual y las obligaciones conjuntamente pactadas entre los intervinientes, por
lo cual afirmó que no es posible afirmar que se contrarió el interés general,
cuando la pretensión principal era dar por finalizado un contrato el cual, lejos de
socavar el interés general, atañe única y exclusivamente a las partes del proceso.
Indicó que en las actuaciones controvertidas por el accionante no existió discusión
alguna acerca de la fijación del litigio realizada en el auto que dispuso dictar
sentencia anticipada y, en ese orden de ideas, quedó aceptado por las partes el
problema jurídico propuesto: “(...) Así las cosas, en orden a establecer la fijación del litigio,
se advierte que los problemas jurídicos que deberá resolver el juzgado al momento de dictar
sentencia anticipada se concretarán principalmente en determinar si hubo o no incumplimiento del
contrato celebrado entre las partes y sí como consecuencia de ello, hay lugar a que el demandado
restituya al demandante suma de dinero, y con qué alcance. Asimismo, deberá determinar si hay
lugar a la liquidación judicial de contrato, y de serlo, cuál sería el balance final de ejecución y quién
le debe a quién y cuánto.”
De acuerdo con lo anterior, explicó que la argumentación del escrito de tutela y
las pretensiones del actor significan la modificación del problema jurídico
planteado en el proceso ordinario, pues no se estaría en una liquidación y
finalización de un contrato, sino ante la orden obligatoria de ejecución del mismo y
con esto se estaría en total contradicción con la pretensión de “Que se liquide
judicialmente contrato de prestación de servicios número 096 celebrando entre éstos” pues la
ejecución implica vigencia de la relación contractual.
Que, en ese sentido, el actor demuestra una disparidad con el ejercicio de
hermenéutica jurídica que se hizo en el litigio, el cual pudo corregirse desde el
planteamiento del problema jurídico o incluso antes con la subsanación de la
demanda y la consignación de pretensiones que pudieran ser acumulables.
Señaló que el actor tenía a su alcance los recursos contra las providencias que
eran dictadas, sin embargo, solo realizó reproche contra la sentencia proferida,
por ende, considera que se configura la improcedencia por falta de agotamiento
de los recursos ordinarios eficaces e idóneos con lo que contaba el actor para
debatir su asunto y, en esa medida, afirmó que acción de amparo incumple de
manera palmaria el requisito de subsidiariedad.
Igualmente, adujo que la parte actora incumplió el deber de demostrar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable como requisito de procedencia de la
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Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
acción, pues lo que se demuestra con los medios de convicción estudiados y las
afirmaciones de la tutela es un interés particular en la ejecución del contrato.
Solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.
El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas
de procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio
de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatori as de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv)
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la
Constitución.
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Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Problema jurídico
Del escrito de tutela la Sala evidencia que mediante el ejercicio de la presente
acción el señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina cuestiona el fallo del 9 de
noviembre de 2022, del Tribunal Administrativo de La Guajira, que, confirmó la
sentencia del 7 de marzo de 2022 del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Riohacha, mediante la que negó las pretensiones del medio de control de
controversias contractuales, pues, si bien, señala que recusó a una de las
integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira en el
caso objeto de cuestionamiento y en otros asuntos del conocimiento de esa
Corporación, no sustentó inconformidad alguna sobre el trámite de recusación.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para
invocar la vulneración de los derechos fundamentales alegados con ocasión a las
providencias del 7 de marzo de 2022 y del 9 de noviembre de 2022, en especial el
de relevancia constitucional y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio
de los argumentos invocados por la parte actora.
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y,
por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
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decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer
la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia
adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
Como se anticipó, mediante el ejercicio de la presente acción el señor Leodegar
Lorenzo Segundo Rois Reina estima vulnerado el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira y
el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Riohacha.
La Sala anota que en el presente caso no se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, porque concurren tres circunstancias específicas, como
se pasa a ver.
Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales.
En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
De la lectura de los argumentos del escrito de tutela, no es posible evidenciar los
argumentos en que la parte actora sustenta la vulneración de derechos de
carácter fundamental, como tampoco explica las razones concretas de
inconformidad con los fallos objeto de censura proferidos en el marco del proceso
de controversias contractuales o con el trámite de recusación que adujo haber
ejercido contra una magistrada que conforma la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de La Guajira.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela.
La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
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Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
De igual modo, del escrito de tutela no es posible evidenciar los cuestionamientos
concretos respecto de las razones en que se sustentó la decisión del Tribunal
Administrativo de La Guajira, que, es la providencia que puso fin al proceso acá
cuestionado.
Pues, pese a que el referido fallo tuvo como fundamento la imposibilidad de hacer
efectivas las garantías del contrato de prestación de servicios No. 096 de 2012 y
de emitir pronunciamiento alguno en relación con el cargo del recurso de
apelación por desequilibrio económico del contrato, lo cierto es que, en el escrito
de tutela la parte actora no cuestiona de modo alguno la ratio de la decisión, lo
cual, conduce a señalar que por esta razón tampoco se cumple el requisito de
relevancia constitucional.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos
en el proceso ordinario:
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
En coherencia con lo anterior, la acción de tutela tampoco resulta procedente por
no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional, si se tiene en
cuenta que las afirmaciones de la parte actora en el escrito de tutela plantean
inconformidad con el Tribunal Administrativo de La Guajira frente a: (i) la presunta
“la omisión de los alcaldes del Distrito de Riohacha de cumplir con la obligación constitucional de
garantizar la legalización de dos (2) predios de propiedad de la entidad (…)” y, (ii) “la acción y la
omisión” del Tribunal Administrativo de La Guajira (…) hasta lograr conseguir que el pueblo de
Riohacha, en cabeza del Distrito de Riohacha, obtenga los dos títulos de propiedad ya
protocolizados legítimamente ante la Notaría Segunda de Riohacha; documentos que después de
ser actualizados, sean firmados por el alcalde de turno o quien haga sus veces, a fin de evitar el
perjuicio irremediable de que a las dos propiedades les falte justo título, y ante la falta sigan siendo
“tierra de nadie”, donde los particulares abusan del acceso al agua, por un lado; y por el otro, sigan
obstaculizando los proyectos institucionales aguardados para la cabecera corregimental de
Camarones”.
Afirmaciones estas que no se encuentran relacionadas con el fallo que se
cuestiona, o por lo menos así no se explica ni evidencia y, que, por el contrario,
vienen a constituir alegatos nuevos que no se propusieron en el proceso ordinario,
sin que sea posible a la parte actora ejercer la acción de tutela de la referencia
para adicionar, mejorar o agregar argumentos que pudo proponer ante los jueces
naturales de conocimiento en las oportunidades procesales correspondientes.
En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional y, en esa medida, se impone declarar
improcedente el amparo solicitado por el señor Leodegar Lorenzo Segundo Rois
Reina contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Riohacha.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Leodegar
Lorenzo Segundo Rois Reina contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Riohacha.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06528-00
Demandante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS G.
9
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