Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00120-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00120-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2014-00120-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
25 de mayo de 2023
Radicado: 440012340-000-2014-00120-01 (68942)
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política y Ambiental Social Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Controversias contractuales – Ley 1437 de 2011
Radicación: 440012340-000-2014-00120-01 (68942)
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Ambiental
Social Ltda. - Ocepays
Demandado: Municipio de Uribia
Tema: Controversias contractuales. Se revoca la sentencia de primera
instancia que declaró de oficio la nulidad del contrato. El contrato
no adolece de nulidad, pues ni su objeto ni sus obligaciones
constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en
particulares. Se liquida el contrato sin reconocimiento a favor del
contratista porque no demostró que hubiera cumplido con los
requisitos contractuales para el reconocimiento y pago por parte
de la entidad.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el Observatorio de
Coyuntura Económica, Política y Ambiental Social Ltda. - Ocepays contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 1° de diciembre
de 2021, que declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato No. 022 de 2008.
La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente tenor:
<< PRIMERO. - DECLARAR fundado el impedimento manifestado por la doctora
CARMEN CECILIA PLATA JIMÉNEZ, para conocer del presente proceso
conforme las motivaciones que anteceden.
SEGUNDO. - DECLARAR de oficio la nulidad absoluta del contrato No. 022 de
2008 (incluyendo sus adiciones), suscrito entre el Observatorio de Coyuntura
Económica, Política, Ambiental y Social LTDA. y el municipio de Uribia (La
Guajira), cuyo es objeto es la “Prestar los servicios profesionales para el estudio,
alinderación, avalúos y revisión ante la autoridad catastral para la programación
de la liquidación y la gestión de giro ante la Nación de la cantidad justa,
equivalente, a lo que el municipio de Uribia ha dejado de recaudar por concepto
del impuesto predial unificado”, por las razones anotadas en la presente
providencia.
TERCERO. – Sin lugar a restituciones mutuas.
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Radicado: 440012340-000-2014-00120-01 (68942)
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política y Ambiental Social Ltda.
CUARTO. - COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación para que en el marco de sus competencias
investiguen si a bien o tienen y si no lo hubieren hecho, las presuntas
irregularidades que pudieron existir en torno a la ejecución y modalidad de
selección del contrato 022 de 2008 suscrito entre el Municipio de Uribia (La
Guajira) y el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social
LTDA.
QUINTO. - CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la parte
demandada. Dichas costas comprenden la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el proceso, y las agencias en derecho. Para lo cual una vez
en firme esta sentencia, por Secretaría liquídense las mismas siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso y
las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura. Asimismo, se condena a título de agencias en derecho
a la parte demandante a pagar la suma correspondiente al 0.5% del valor de las
pretensiones de la demanda.
SEXTO. - Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones pertinentes y la devolución de los remanentes de gastos ordinarios
a la parte demandante, si los hubiere>>.
Esta Subsección es competente para conocer del recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. A su vez, el Tribunal
Administrativo de La Guajira era competente para conocer el proceso en primera
instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 152 del
mismo código.
El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 20 de octubre de
2022. En virtud de que a la fecha de presentación del recurso se encontraba
vigente el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021 y que no se decretaron pruebas de segunda instancia, las partes y el
Ministerio Público tenían hasta la ejecutoria del auto admisorio del recurso para
pronunciarse. La parte no apelante no se pronunció y el Ministerio Público guardó
silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Demanda
1.- El 20 de junio de 2014 el Observatorio de Coyuntura Económica, Política y
Ambiental Social Ltda. - Ocepays (en adelante, <<el Contratista>> o <<el
demandante>>) presentó demanda de controversias contractuales contra el
Municipio de Uribia (en adelante, <<el Municipio>> o <<la contratante>>), en la
que solicitó que se liquidara el contrato No. 022 de 2008, incluyendo las sumas
de dinero que considera le eran adeudadas por la contratante. Formuló las
siguientes pretensiones:
<<“II. Pretensiones Principales relativas al contrato. Pedimos en esta liquidación
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Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política y Ambiental Social Ltda.
en sede judicial: 1.1 Por servicios prestados y apoyo a la gestión en terrenos de Resguardo
Indígena. Que se reconozca la remuneración por los servicios prestados y el apoyo
a la gestión realizada por el Contratista en el estudio, alinderación, avalúos y
revisión ante la autoridad catastral para la programación de la liquidación y la
gestión de giro ante la Nación de la cantidad justa, equivalente a lo que el Municipio
de Uribía ha dejado de recaudar por concepto del Impuesto Predial Unificado en
el Resguardo Indígena de la Comunidad Wayuu de la Alta y Media Guajira
existente en su jurisdicción, equivalente al quince por ciento(15%) sobre el valor a
recaudar que esté por encima del valor estimado por el municipio de Uribia en el
año 2008 y en el 2009 por Impuesto Predial Unificado en el Resguardo Indígena
de la comunidad Wayuu de la Alta y Media Guajira existente en su jurisdicción,
equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor a recaudar que esté por
encima del valor estimado por el Municipio de Uribia en el año 2.008 y en el 2.009
por Impuesto Predial Unificado en el Resguardo Indígena (cláusulas Primera a
Sexta del Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión No 22 DE
2.008); y en consecuencia, condénese al municipio de Uribia a pagar al
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada la
suma de $448.812.164 (Cuatrocientos cuarenta y ocho millones ochocientos doce
mil ciento y cuatro pesos). II.1.2 Por servicios prestados y apoyo a la gestión en terrenos de explotación
minero energética. Que de conformidad con lo expuesto en esta demanda,
reconózcase la remuneración por los servicios profesionales prestados y el apoyo
a la gestión realizada por el contratista en el estudio, alinderación, avalúos y
revisión ante la autoridad catastral para la programación de la liquidación y la
gestión de giro, equivalente a lo que el municipio de Uribia ha dejado de recaudar
por concepto del Impuesto Predial Unificado en los terrenos dedicados a
explotación minero energéticas, equivalente al quince por ciento (15%) sobre el
valor a recaudar que esté por encima del valor estimado por el Municipio de Uribia
en el año 2008 y en el 2009 por Impuesto Predial Unificado en los terrenos
dedicados a explotaciones minero energéticas, por el área construida de línea
férrea y carretera de propiedad de las personas jurídicas denominadas Carbones
del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A cláusulas primera a Sexta del
Contrato de prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión No 22 de 2.00 y en
consecuencia, condénese al municipio de Uribía a pagar al Observatorio de
Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada la suma de
$24.270.778.718 (Veinticuatro mil doscientos setenta millones setecientos setenta
y ocho mil setecientos dieciocho pesos). II. 1.3 Igualmente por el valor que resultare a futuro de la contingencia del pago de
lo trabajado y a recaudar por parte del Municipio de Uribia, sobre el Impuesto
Predial Unificado de vigencias anteriores, en la eventual favorabilidad de justicia,
por el pago del Impuesto predial Unificado por el terreno donde está construida la
línea férrea y la carretera de propiedad de Cerrejón Zona Norte S.A y Carbones
del Cerrejón Limited, antes Carbones de Colombia S.A., Carbocol, e internacional
Colombia Resources Corporation - INTERCOR, desde el año 1981 al 2009; y el
pago del Impuesto Predial Unificado por las construcciones entre las vigencias
fiscales 1984 a 1992, que no se hubieren deducido en la remuneración antes
señalada. II.1.4 Que sobre los valores monetarios reconocidos, liquidados y deducidos a
favor del Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social
Limitada se reconozcan y cancelen los intereses de mora causados desde la fecha
en que el Municipio de Uribia debió de pagar la remuneración pactada, hasta que
se haga efectivo el pago de la obligación.
II.1.5 Que el fallo que en derecho corresponda se le dé cumplimiento con
fundamento en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes sobre la materia. II.1.6 Condénese en costas a la entidad demandada.
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Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
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2 Pretensiones subsidiarias relativas al contrato. En subsidio de las pretensiones
anteriores, pedimos que en esta liquidación en sede judicial, se disponga:
2.1 Reconocer los valores que se enuncian a continuación, relación cuentas estas,
presentadas al Despacho del Secretaría de Hacienda del municipio de Uribia, por
el contratista, las cuales desprenden igualmente de la ejecución de dicho contrato.
(…)
Son $25.504.549.503 (veinticinco mil quinientos cuatro millones quinientos
cuarenta y nueve mil quinientos tres pesos).
II.2.2 Igualmente, que si la complejidad de la contabilidad para determinar los
diversos valores que forman parte del negocio, debido a capital, sanciones,
intereses moratorios, indexación, etc., requiere la designación de un experto
contable, el Despacho designe un auxiliar de la justicia idóneo, de conducta
intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad, versado y
experimentado en la materia>>.
2.- La demanda se basó en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 3 de diciembre de 2008 el Municipio y la demandante celebraron el
contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión No. 22 de 2008, que tenía
por objeto <<Prestar los servicios profesionales para el Estudio, alineación,
avalúos y revisión ante la autoridad catastral para la programación de la
liquidación la gestión de giro ante la Nación de la cantidad justa, equivalente a lo
que el Municipio de Uribia ha dejado de recaudar por concepto de Impuesto
Predial Unificado en el resguardo indígena existente en su jurisdicción, así como
en los terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas>>. El plazo del
contrato se pactó en 18 meses y fue prorrogado por 17 meses más, para un total
de 35 meses.
2.2.- El acta de inicio se suscribió el 15 de enero de 2009, por lo que el plazo de
ejecución culminó el 15 de noviembre de 2011.
2.3.- De conformidad con la cláusula cuarta del contrato, la remuneración del
Contratista correspondía a un valor equivalente al quince por ciento (15%) sobre
los incrementos de facturación o recaudo que realizara el Municipio por concepto
de impuesto predial en los predios en los que se lograra el ajuste por cuenta de
las labores del Contratista.
2.4.- El demandante aduce que por cuenta de la labor efectuada, el valor catastral
por cada hectárea del resguardo indígena pasó de diecinueve mil pesos
($19.000) a veintiséis mil setecientos cuarenta pesos ($26.740), lo que implicó
que el Municipio pasara de facturar por concepto de impuesto predial un valor de
doscientos treinta y ocho millones setecientos dieciocho mil seiscientos
veinticuatro pesos ($238.718.624) en 2009, a facturar tres mil cuatrocientos
sesenta y dos millones novecientos noventa y cinco mil setecientos veintiocho
pesos ($3.462.995.728) en 2010.
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Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
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2.5.- Señala que, debido a la actualización del valor del avalúo catastral del
resguardo en el año 2013, el Municipio recibió por parte del Ministerio de
Hacienda la suma de dos mil doscientos cincuenta y tres millones trescientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos ($2.253.384.494) por
concepto de impuesto predial dejado de recibir por parte del resguardo indígena
en 2010.
2.6.- Indica que en virtud de la ejecución del contrato se logró el avalúo catastral
de líneas férreas y carretera del Caribe, propiedad del Cerrejón y del Cerrejón
zona norte, lo que permitió al Municipio cobrar los impuestos debidos por cada
predio entre los años 1993 y 2010, suma que ascendió a ciento treinta y ocho mil
novecientos ochenta y un millones novecientos quince mil doscientos veintisiete
pesos ($138.981.915.227), y cuarenta mil cuarenta y nueve millones sesenta
pesos ($40.049.000.060), respectivamente.
2.7.- El aumento en estos valores se debió a que, mediante la gestión del
Contratista, se logró que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- (en
adelante, <<IGAC>>) incluyera y ajustara el valor del avalúo catastral de los
predios previamente referidos.
2.8.- Señala que el contrato preveía que la remuneración del Contratista no
estaba condicionada al pago efectivo del impuesto, sino a la facturación del
mismo. Así las cosas, por el solo aumento del valor a facturar, el Municipio debía
reconocer a su favor el quince por ciento (15%) de los valores que superaran la
suma proyectada por concepto de impuesto para cada predio.
2.9.- El Contratista presentó cuenta de cobro sobre los mayores valores
facturados; sin embargo, el Municipio no los reconoció ni los pagó. Uno de los
argumentos para no cancelar los valores facturados fue que la facturación no
implicaba un reconocimiento de que el valor del impuesto fuera recaudable. El
Municipio alegó que en el caso del Cerrejón, si bien se reliquidaron los valores
con base en el ajuste catastral, posteriormente el IGAC revocó dicho ajuste y, por
ello, los recibos de liquidación del impuesto perdieron fuerza ejecutoria y el
impuesto no se pudo cobrar.
2.10.- Una vez culminado el contrato, el Contratista solicitó su liquidación con la
inclusión de los valores adeudados por mayor valor del impuesto que habían sido
debidamente facturados. Sin embargo, el Municipio no liquidó el contrato ni
reconoció las sumas adeudadas.
B.- Contestación de la demanda
3.- El Municipio contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Presentó los siguientes argumentos de defensa:
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3.1.- No existe prueba del resultado de la gestión del Contratista. En el caso del
reconocimiento de valores por concepto de impuesto predial no percibido por
resguardos indígenas efectuado por el Ministerio de Hacienda, no existe
evidencia que demuestre que dicho reconocimiento sea producto de la gestión
de la demandante; por el contrario, en el mismo acto de reconocimiento se señala
que se expide en cumplimiento de una obligación legal.
3.2.- En cuanto al valor que pretende cobrar por su gestión en los predios
propiedad del Cerrejón, indica que el monto liquidado en la demanda
corresponde a impuestos de los años 1993 a 2010, los cuales en virtud de la
irretroactividad de las normas tributarias no pueden ser objeto de cobro por parte
del Municipio.
3.3.- Si bien en el caso de la línea férrea y de la carretera de propiedad del
Cerrejón se emitió resolución en la que se aumentó el avalúo catastral, no obra
prueba que demuestre que la misma se debiera a la gestión del Contratista.
Además, el mismo IGAC revocó las resoluciones mediante las cuales se
determinó el avalúo, y los cobros que se pretendían hacer con base en las
mismas no fueron efectuados.
C. Sentencia recurrida
4.- En sentencia del 1° de diciembre de 2021 el Tribunal Administrativo de La
Guajira declaró de oficio la nulidad del contrato No. 022 de 2008 y negó la
restitución de prestaciones mutuas con base en las siguientes consideraciones:
4.1.- Señala que con fundamento en las normas de la Ley 489 de 1998, el
Consejo de Estado ha señalado que no es posible suscribir contratos con
particulares cuyo objeto corresponda a la delegación de funciones tributarias.
Dicha postura fue consignada normativamente en el artículo 1 de la Ley 1386 de
2010, que establece expresamente que no se podrán delegar la administración,
fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de
sanciones de los tributos.
4.2.- El contrato cuya liquidación se pretende incluye en su objeto gestiones
relacionadas con los tributos, concretamente con su liquidación, lo que constituye
un objeto prohibido que deriva en la nulidad absoluta del contrato. Lo mismo
sucede con la delegación de las gestiones para el cobro del impuesto ante el
Ministerio de Hacienda.
4.3.- Además, señala que en el contrato se delegaron al Contratista funciones de
gestión ante el Concejo Municipal, las cuales si bien no están prohibidas, debían
cumplir el procedimiento de artículo 111 de la Ley 489 de 1998, el cual no se llevó
a cabo.
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4.4.- Como otro motivo de ilegalidad indica que el contrato no incluyó las
cláusulas excepcionales previstas en los artículos 15 y siguientes de la Ley 80
de 1993, que eran de obligatoria inclusión. Adicionalmente, concluye que al
tratarse de un contrato de delegación de funciones, este debía someterse a
licitación pública, lo cual fue omitido.
4.5.- Finalmente, niega la aplicación de la restitución de prestaciones mutuas
porque ellas no eran posibles y, en todo caso, no se probó que las prestaciones
ejecutadas hubieran beneficiado al Municipio
D. Recurso de apelación
5.- La demandante presenta apelación para que se revoque la sentencia y se
acceda a las pretensiones. Para ello presenta los siguientes reparos concretos:
5.1.- El contrato no tenía por objeto la delegación de funciones en el Contratista
por cuanto en virtud del mismo no se le otorgó el gobierno o ejercicio de autoridad
en materia tributaria. Las obligaciones de gestión se referían exclusivamente a
realizar diligencias para lograr el código catastral para ciertos predios y el ajuste
del avalúo para otros.
5.2.- Tampoco se delegó la posibilidad de fiscalizar los tributos ni menos aún de
realizar su liquidación, pues lo que hacía el Contratista era proyectar la
liquidación, pero no la expedía, ni la firmaba, ni realizaba su cobro.
5.3.- En cuanto a que existiera gestión para la discusión de tributos, indica que el
contrato no establecía dicha obligación, pues no correspondía a la Contratista
reunirse con los destinatarios del tributo ni resolver sus reclamaciones sobre el
mismo.
5.4.- Indica que en caso de que no se revoque la declaratoria de nulidad, deben
reconocerse las prestaciones ejecutadas en beneficio del Municipio conforme al
artículo 48 de la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta que, en efecto, la entidad
territorial aumentó el valor a cobrar por concepto de impuesto predial por cuenta
de la ejecución de las obligaciones del Contratista.
5.5.- En caso de que se revoque la declaratoria de nulidad, solicita que se liquide
el contrato y se le reconozca la remuneración correspondiente reclamada en las
pretensiones.
II. CONSIDERACIONES
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E.- Asuntos procesales
6.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda se presentó dentro del
término de caducidad. El contrato terminó el 15 de noviembre de 2011y por su
naturaleza debía ser liquidado. Al no contener una estipulación que fijara el plazo
para liquidación, esta debía realizarse de forma bilateral dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su terminación; vencido este plazo, el Municipio contaba con
dos (2) meses para realizar la liquidación unilateral, término que venció el 17 de
mayo de 2012. En virtud de lo anterior, el plazo de dos (2) años para la
presentación de la acción de controversias contractuales corrió entre el 18 de
mayo de 2012 y el 18 de mayo de 2014. El 21 de marzo de 2014 la parte
demandante presentó solicitud de conciliación, la cual se declaró fallida el 4 de
junio de 2014; teniendo en cuenta que durante ese periodo el término de
caducidad estuvo suspendido, la demanda fue presentada, oportunamente, el 20
de junio de 2014.
F.- Decisión a adoptar y plan de exposición
7- La Sala revocará la sentencia de primera instancia porque el contrato no
adolece de nulidad, ya que ni su objeto ni sus obligaciones constituyen
delegación de funciones tributarias indelegables en particulares. Liquidará el
contrato No. 022 de 2008 y negará la inclusión de los valores reclamados por el
Contratista porque no probó en el proceso que tuviera derecho a las sumas
reclamadas como no pagadas; no demostró que hubiera cumplido con los
requisitos contractuales para su reconocimiento y pago por el Municipio.
G.- El contrato no adolece de nulidad
8.- La jurisprudencia de esta Corporación1 ha establecido que la Administración
no puede delegar, mediante contratos de prestación de servicios con particulares,
las funciones correspondientes a la fiscalización, liquidación, cobro coactivo,
discusión, devoluciones e imposición de sanciones de los tributos. Así, los
contratos que tengan dicho objeto se entienden celebrados contra expresa
prohibición y adolecen de nulidad absoluta.
9.- La cláusula primera del contrato No. 022 de 2008 establecía su objeto de la
siguiente manera:
<<PRIMERA. Objeto. Prestar los servicios profesionales para el Estudio,
alineación, avalúos y revisión ante la autoridad catastral para la programación de
la liquidación la gestión de giro ante la Nación de la cantidad justa, equivalente a
lo que el Municipio de Uribia ha dejado de recaudar por concepto de Impuesto
Predial Unificado en el resguardo indígena existente en su jurisdicción, así como
1 Entre otras puede verse: Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2007
expediente AP2004-00369 y Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, sentencia 29 de julio de
2015, radicado interno 37390.
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en los terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas; el cual comprende:
1. Un trabajo de alinderación cartográfica exacta del área de resguardo indígena
y de los terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas en jurisdicción del
Municipio de Uribia. 2. La gestión por un avalúo justo, acorde con la importancia
del territorio sujeto del pago del Impuesto Predial Unificado. 3. Simultáneamente,
la consecución ante el Concejo Municipal de una magnitud por mil superior a la
actual, el planteamiento de una nueva opción de forma de pago del Impuesto
Predial Unificado, consistente en que los contribuyentes, puedan amortiguar lo
declarado o gravado por mes, bimestre o trimestre dentro del correspondiente
año gravable, a partir del primer vencimiento, de acuerdo con las condiciones que
establezca la Secretaría Administrativa y Financiera del Municipio y mediante
Acuerdo Municipal, impulsar el logro de la implementación o establecimiento de
la declaración anual del Impuesto Predial Unificado o autoavalúo predial. 4.
Específicamente sobre el resguardo, la elaboración de la liquidación que se debe
presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la correspondiente
gestión de giro y la programación que a futuro determine el procedimiento
liquidatorio cada año, mediante la valoración de las variables económicas en la
formula definida>>.
10.- Contrario a lo concluido por el tribunal, del objeto del contrato no se
desprende que la Administración haya delegado el ejercicio de funciones
tributarias en el Contratista. La estipulación contractual no prevé que el
Contratista liquidara o cobrara tributos. Conforme a lo acordado, a este le
correspondía la elaboración de la liquidación, sin que se pueda considerar que
ello implicaba la gestión de la misma frente a los contribuyentes.
11.- En consonancia con lo anterior, la cláusula segunda del contrato preveía las
siguientes obligaciones a cargo del Contratista:
<<SEGUNDA. Derechos y Deberes del Contratista. De manera general y para
efectos de este contrato, constituyen derechos y deberes del CONTRATISTA los
contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993, más en cumplimiento del objeto
descrito, EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a realizar las
siguientes labores y acciones: 1. Operación de manera coordinada con otras
instituciones e instancias gubernamentales en procura del objetivo,
particularmente con otras autoridades catastrales del país diferentes al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. 2. Disposición de un grupo interdisciplinario de
profesionales y técnicos que concluyan sus investigaciones en la liquidación
elaborada, de tal manera que sirva de soporte a la certificación de la Tesorería
Municipal en el correspondiente requerimiento a la Nación. 3. Un trabajo de
alinderación exacta de las áreas de resguardo que asegure la extensión o
superficie en jurisdicción del Municipio y la que actualmente esté determinada
catastralmente a favor de otros: necesidad inaplazable de resolver, para orientar
los esfuerzos a su conservación y a los planes de desarrollo económico y social
en esas áreas de resguardo. 4. La gestión y concurso de gastos en el logro de
un avalúo acorde con la importancia del territorio sujeto del pago del Impuesto
Predial Unificado, mediante un proceso fundamentado en la determinación
exacta y detallada del valor de cada zona homogénea geoeconómica que reúne:
4.1. Condiciones agrogeológicas, fisiográficas, hidrológicas, socioculturales y de
cercanía a poblaciones, parques nacionales, puertos, vías de comunicación ya
zonas de reservas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales
renovables. 4.2. Aspectos de explotación socioeconómica. 4.3. Cumplimiento de
la función social y ecológica de la propiedad comunitaria del resguardo, indicando
las formas productivas que se utilicen. 4.4. La diferenciación y el valor de las
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áreas comunales, ambientales, culturales y de explotación productiva, mostrando
sus índices de producción y productividad. 4.5. La importancia del territorio para
la defensa de la identidad de la comunidad indígena que habita el resguardo, la
garantía de la preservación del grupo étnico y de la consolidación de los usos,
costumbre y cultura de la etnia, la satisfacción de las necesidades y
conveniencias colectivas y el desarrollo sostenible. 5. Simultáneamente, la
contribución a la consecución ante el Concejo Municipal de una magnitud por mil
superior a la actual, que grave con justicia esa propiedad inmueble en favor de
las arcas municipales. 6. La contribución a la elaboración de la liquidación que se
debe presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
correspondiente gestión de giro. 6. La programación que a futuro determine el
procedimiento liquidatorio cada año, mediante la valoración de las variables
económicas en la formula definida. 7. La presentación cada sesenta (60) días de
un informe de gestión y de alcance del objeto del contrato>>.
12.- Ninguna de las obligaciones a cargo del Contratista implicaban la delegación
de la gestión tributaria; al contrario, se encuentra que los documentos y gestiones
eran la base para los requerimientos que estaban a cargo de la tesorería del
Municipio, por lo cual es claro que no existió la delegación que llevó al tribunal a
anular el contrato. Se trataba de la preparación de documentos técnicos, de
asesoría y de trabajo coordinado para que la administración municipal pudiera
lograr los resultados esperados con el contrato.
13.- Adicionalmente, la cláusula tercera del contrato establecía que al Municipio
le correspondía <<Adelantar las diligencias de tipo jurídico o administrativo que
no puedan legalmente ser adelantadas por el CONTRATISTA>>, en virtud de lo
cual la entidad territorial debía realizar las gestiones tributarias indelegables.
14.- Teniendo en cuenta que el contrato no tenía por objeto la delegación de
funciones administrativas al Contratista, tampoco puede considerarse que el
mismo debiera cumplir los requisitos del artículo 111 de la Ley 489 de 1998 ni
que se debiera someter a selección mediante licitación.
15.- Por último, no es posible considerar que la no inclusión de las cláusulas
excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 constituya nulidad
de los contratos, especialmente cuando la norma prevé que las mismas <<se
entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente>>.
H. La liquidación del contrato
16.- El demandante pretende que se liquide el contrato incluyendo unas sumas
de dinero que considera se le adeudan por su gestión. Respecto de la liquidación,
la Sala encuentra que la misma es procedente, pues no fue realizada bilateral ni
unilateralmente; sin embargo, esta se declarará sin saldo a favor de las partes,
por cuanto las sumas reclamadas no cumplen los requisitos contractuales para
su pago.
17.- La cláusula cuarta del contrato establecía que el contratista tenía derecho a
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Radicado: 440012340-000-2014-00120-01 (68942)
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política y Ambiental Social Ltda.
una remuneración correspondiente al quince por ciento (15%) del valor a
recaudar o recaudado por concepto de impuesto predial que <<esté por encima
de lo estimado por el municipio en el 2008 por concepto de impuesto predial en
el resguardo indígena y terrenos dedicados a explotaciones minoenergéticas o
dejados de recaudar en vigencias anteriores>>. La anterior forma de
remuneración se pactó igualmente para el año 2009.
18.- De conformidad con la cláusula cuarta del contrato, para el reconocimiento
y pago de la remuneración al Contratista se requería probar, en primer lugar, el
mayor valor que por concepto del impuesto predial se fuera a recaudar o fuera
recaudado. Ello implica que, contrario a lo afirmado en la demanda, para que se
causara la remuneración no bastaba con la facturación del impuesto, porque una
vez expedido el cobro mediante la factura, el sujeto pasivo del tributo lo podía
debatir.
18.1.- En efecto, en el proceso se probó que esta situación se presentó respecto
de las facturas expedidas para los predios de propiedad de El Cerrejón, que
perdieron su fuerza porque los actos que incluyeron el avalúo catastral fueron
objeto de revocatoria directa por parte del IGAC.
18.2.- Lo anterior demuestra que para considerar que un impuesto era posible de
recaudar, la factura del mismo debía estar en firme o efectivamente pagada, de
lo cual no hay prueba en el proceso.
19.- Adicionalmente, para calcular la remuneración del contratista, la estipulación
contractual exigía demostrar cuál era el valor que el Municipio estimaba que iba
a recaudar por concepto de impuesto predial en cada año. Respecto de este
requisito, al expediente no se allegaron pruebas que lo acrediten; lo único
presentado fueron las cuentas del cobro del Contratista, las cuales no fueron
reconocidas ni pagadas por la demandada. En consecuencia, no pueden tenerse
en cuenta como fundamento de las sumas que se estiman se adeudaban al
Contratista.
20.- Finalmente, en relación con los valores que fueron pagados por el Ministerio
de Hacienda por concepto de impuesto predial no recaudado en el resguardo
indígena, no existe prueba de que dichas sumas fueran canceladas en virtud de
las gestiones realizadas por el Contratista.
I.- Condena en costas
21.- Como el recurso de apelación prosperó parcialmente, pero no se accedió a
las pretensiones económicas de la demanda, el apelante debe ser condenado en
costas, en la medida de su comprobación, de conformidad con lo ordenado en
los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP, y en el artículo 2 del Acuerdo
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Radicado: 440012340-000-2014-00120-01 (68942)
Demandante: Observatorio de Coyuntura Económica,
Política y Ambiental Social Ltda.
No. PSSAA16-10554 de 2016 del C.S. de la J. <<Por el cual se establecen las
tarifas de agencias en derecho>>.
22.- La Sala condenará al apelante vencido, por concepto de agencias en
derecho, a la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de la presente providencia a favor del Municipio de Uribia, de
conformidad con los criterios y tarifas establecidos por el numeral 1 del artículo 5
del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
La Guajira el 1° de diciembre de 2021 por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia
SEGUNDO: DECLÁRASE liquidado el contrato No. 022 de 2008 celebrado entre
el Municipio de Uribia y el Observatorio de Coyuntura Económica, Política y
Ambiental Social Ltda. - Ocepays sin saldo a favor de las partes.
TERCERO: CONDÉNASE en costas al apelante Observatorio de Coyuntura
Económica, Política y Ambiental Social Ltda. - Ocepays. Por Secretaría,
liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
la presente providencia a favor del Municipio de Uribia.
CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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