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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06528-01

Fecha
14 de marzo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06528-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 2 de febrero de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, DECLÁRASE IMPROCEDENTE un cargo por no acreditarse el requisito de subsidiariedad y NIÉGASE otro por no encontrarse la vulneración de derecho fundamental alguno. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-06528-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06528-01
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Se modifica la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06528-01
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira

Temas: Tutela contra providencia judicial / Controversias contractuales / Recusación / Se
modifica la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia por falta de
relevancia constitucional y, en su lugar, se declara la improcedencia por no acreditarse el
requisito de subsidiariedad con respecto a un cargo y se niega con respecto a otro.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 2 de febrero de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró improcedente por falta de relevancia constitucional la acción de
tutela presentada por Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira. El accionante consideró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al proferir el fallo del 9 de noviembre
de 2022, que confirmó la sentencia del 7 de marzo de 2022 del Juzgado Cuarto
Administrativo de Riohacha, mediante la cual negó las pretensiones de
controversias contractuales con radicado No. 44001-33-40-002-2017-00305-01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 6 de diciembre de 2022 Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina presentó,
en nombre propio, acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira
porque estimó vulnerado su derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06528-01
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Se modifica la sentencia de primera instancia

<<PRIMERO: Que tome una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque
íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución
efectiva y adecuada, de tal manera que se proteja de manera inmediata mi derecho
fundamental para acceder a la administración de justicia, cuyo amparo solicito, y de
cualquier otro que considere vulnerado.

SEGUNDA: Que la protección tenga el alcance de ordenar la actualización y firma
por el Alcalde del Distrito de Riohacha o quien haga sus veces, de las escrituras que
protocolizan el justo título del terreno rural denominado línea de conducción de la
tubería del acueducto de Riohacha y de la actualización de área y coordenadas del
perímetro urbano de camarones y segregación de predio para proyectos
institucionales y servicios públicos domiciliarios, evitando, de contera, un perjuicio
irremediable>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 31 de mayo de 2012 celebró con el Distrito de Riohacha el contrato de
prestación de servicios No. 096 de 2012, cuyo objeto consistía en la <<prestación
de servicios para georreferenciar y medir el predio de línea de conducción río tapias
– Riohacha […] para su legalizacióń y registro; predio donde se construirá la
alberca […] y para la incorporación legal del espacio público>> (negrilla fuera de
texto). El alcance del contrato consistía en implementar acciones de protocolización
de dos inmuebles. El contratista debía georreferenciar los inmuebles, determinar su
valor comercial e inscribirlos ante la oficina de registro de instrumentos públicos para
que pasaran al patrimonio del municipio.

3.2.- Entre el 21 y el 31 de diciembre de 2015 el contratista proyectó y entregó para
la firma del alcalde de Riohacha, entre otros documentos, (i) una minuta de derecho
de petición para solicitar ante la Presidencia de la República la cesión a título
gratuito de un terreno. Lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley 1551
de 2012, según el cual las entidades públicas del orden nacional deben ceder a
título gratuito a las entidades del orden municipal los bienes o los terrenos de su
propiedad que estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de
cesión. La misma norma señala que si la entidad nacional no responde dentro de
los tres meses siguientes a la solicitud, opera el silencio administrativo positivo y la
declaración del silencio hace las veces del título de propiedad del inmueble.
También entregó (ii) la minuta de actualización de área y coordenadas del perímetro
urbano del corregimiento de Camarones y segregación de un predio.

3.3.- Presentó demanda de controversias contractuales contra el Distrito de
Riohacha para que se liquidara el contrato con base en <<los logros obtenidos
durante la realización del mismo>> y se declarara el incumplimiento del distrito con

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Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
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respecto a las obligaciones previstas en la cláusula séptima del contrato, <<entre
ellas, en desarrollo y ejecución del contrato, firmar las escrituras en Notaría>>1.

3.3.1.- Adujo que llevó dos minutas a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha y que pagó el valor de la protocolización de las escrituras en
la Notaría Segunda de esa ciudad. Consideró que cumplió con sus obligaciones y
<<si no se logró el alcance del objeto del contrato pactado, fue por falta de voluntad
del contratante para cumplir su obligación de firmar las escrituras en
notaría>> (negrilla fuera de texto).

3.3.2.- Explicó que las minutas debían llevarse al <<reparto de la oficina de registro
de instrumentos públicos>>, pero como la entidad contratante no lo hizo, el
contratista realizó esa gestión, pagó el valor correspondiente para que fueran
elevadas a escritura pública y quedaran listas para la firma del alcalde. Aseguró que
los alcaldes de turno se negaron a firmar las minutas de escrituras en la Notaría
Segunda de Riohacha, <<a pesar de ser esto primordial para que se hiciera el
saneamiento fiscal de los inmuebles caracterizándolos y legalizándolos como
activos fijos distritales>>.

3.4.- Mediante sentencia del 7 de marzo de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Riohacha ordenó liquidar judicialmente el contrato y declaró que el contratista
adeudaba y debía reintegrar al distrito la suma de $ 12´500.000, que recibió por
concepto de anticipo. Agregó que una vez pagado este monto, las partes del
convenio estarían a paz y salvo y quedaría extinguido el contrato celebrado. Lo
anterior, porque el demandante no acreditó el cumplimiento de sus obligaciones ni
haber estado presto a cumplirlas.

3.4.1.- El juzgado resaltó que el contratista se obligó a <<adquirir, compilar y
estudiar copias de planos y títulos de todos y cada uno de los predios contiguos y
colindantes con la línea de conducción>>, lo cual no se probó, pues en los
documentos aportados no aparece referencia alguna que evidencie la existencia de
ese estudio.

3.4.2.- Indicó que las minutas referidas por el demandante tampoco probaban el
cumplimiento de sus obligaciones, especialmente aquellas previstas en su oferta de
servicios, <<documento integrado al contrato y en el que el actor se comprometió a
reunir información en las entidades estatales, georreferenciar y medir los terrenos
objeto del contrato>>. Concluyó que la entidad territorial contrató la ejecución de
labores técnicas y profesionales que demandaban la aplicación de conocimientos
especializados que no tenían los funcionarios que hacían parte de la planta de

1 El accionante planteó como pretensión principal cuarta la siguiente: <<Que a fin de poder declararse a paz y

salvo los Contratantes, se realice en sede judicial la liquidación del Contrato de Prestación de Servicios número
096 de 2012 suscrito entre el Municipio de Riohacha y Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina, y que, como
resultado de ello, cumpla el Contratante con las obligaciones pactadas […]>> (negrilla fuera de texto).

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personal del contratista, y no simplemente la elaboración de las minutas tendientes
a la protocolización de los inmuebles ante notaría.

3.5.- El demandante apeló y controvirtió la orden de reembolsar directamente la
suma de dinero, en lugar de hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.
También cuestionó que el juez no hubiera advertido el rompimiento de la ecuación
contractual por parte del distrito porque sobrevinieron hechos imprevistos
imputables al contratante.

3.6.- Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
La Guajira confirmó el fallo apelado porque no resultaba procedente hacer efectivas
las garantías del contrato, pues no se declaró el incumplimiento ni la caducidad y
no se impusieron multas al contratista. Por esto, de acuerdo con el artículo
2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, no era posible hacer exigibles las
garantías. Agregó que la compañía aseguradora no hizo parte del proceso y,
además, transcurrieron más de cinco años desde la finalización del contrato, de
manera que cualquier acción contra la aseguradora se encontraba prescrita.

3.7.- En cuanto al cargo por desequilibrio económico del contrato, el tribunal sostuvo
que en la demanda de controversias contractuales el demandante no solicitó el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y ni en la exposición de los
hechos ni en el fundamento de las pretensiones alegó que dicho equilibrio se
hubiera roto. Al no haberse discutido en primera instancia lo concerniente al
equilibrio económico del contrato, el tribunal no podía pronunciarse al respecto,
pues ello implicaría la afectación de principios constitucionales como el de
transparencia e imparcialidad y de derechos fundamentales como el debido
proceso, defensa y contradicción.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante indica que el tribunal accionado incurrió en <<vías de hecho>> en
la sentencia atacada. Sostiene que la autoridad accionada le dio apariencia de
<<justa y razonable>> a la omisión de los alcaldes de Riohacha de cumplir con la
obligación constitucional de garantizar la legalización de dos predios de propiedad
de la entidad2. Esto, pues no han firmado la escritura pública <<de protocolización
de los títulos de propiedad de los dos terrenos>>, documentos producto del trabajo
del contratista en ejecución del contrato No. 096 de 2012.

4.1.- Considera que sus derechos fundamentales deben ser protegidos ante la
vulneración por <<la acción y la omisión>> del tribunal accionado <<hasta lograr
conseguir que el pueblo de Riohacha, en cabeza del Distrito de Riohacha, obtenga
los dos títulos de propiedad ya protocolizados legítimamente ante la Notaría

2 <<1) Terreno rural denominado línea de conducción de la tubería del acueducto de Riohacha o vía por donde

viene a la ciudad el agua potable […] 2) la actualización de área y coordenadas del perímetro urbano de
Camarones y segregación de predio para proyectos institucionales y servicios públicos domiciliarios […]>>.

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Segunda de Riohacha; documentos que después de ser actualizados, sean
firmados por el alcalde de turno o quien haga sus veces, a fin de evitar el perjuicio
irremediable de que a las dos propiedades les falte justo título, y ante la falta sigan
siendo “tierra de nadie”>>. Aduce que los particulares abusan del acceso al agua
en ese predio y obstaculizan los proyectos institucionales <<aguardados para la
cabecera corregimental de Camarones>>.

4.2.- Afirma que la magistrada María del Pilar Veloza Parra tomó represalias
respecto de la empresa que representa, sobre su hijo y sobre él en tres procesos
de controversias contractuales, dos de acción popular y uno de tutela 3. Añade que
interpuso una denuncia en contra de la magistrada bajo el radicado No.
20200080026002 y, adicionalmente, la recusó en el proceso de controversias
contractuales con base en las causales 6 y 7 del artículo 141 del CGP. Sin embargo,
el 7 de diciembre 2021 la magistrada manifestó que <<no es suficiente para
encontrarme impedida, pues hasta la fecha no he sido vinculada a la investigación,
siendo esto requisito necesario para que se acredite la causal aludida>>.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de La Guajira (accionado) considera que la acción de
tutela es improcedente porque se limita a manifestar que el actor no está conforme
con la argumentación de la autoridad accionada, como si se tratara de un recurso
de apelación. Indica que los argumentos expuestos en la acción de tutela debieron
ser planteados en el recurso de apelación presentado ante el tribunal accionado.
Señala que el simple disenso interpretativo no hace viable la acción de tutela.

6.- El Juzgado Cuarto Administrativo de Riohacha (tercero con interés) envió copia
digital del expediente del proceso de controversias contractuales con radicado No.
44001-33-40-002-2017-00305-00/01. Aduce que la acción de tutela pretende
modificar el problema jurídico planteado en el proceso ordinario 4, pues los nuevos
cargos plantean una pretensión de ejecución forzosa, lo cual contraría la pretensión
de liquidación presentada en la demanda ordinaria. Considera que la acción es
improcedente porque no se acreditó el requisito de subsidiariedad, pues el actor no
agotó los recursos ordinarios idóneos con los que contaba para debatir su asunto.
Añade que tampoco acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

7.- El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha (tercero con interés) y la

3 (i) 11001031500020220425301, impugnación de acción de tutela; (ii) 11001031500020220504200, acción de

tutela contra fallo de acción popular; (iii) 44001334000020140010501, apelación fallo de controversias
contractuales; (iv) 44001234000020140012001, apelación fallo de controversias contractuales; (v)
44001234000020140012701, apelación fallo de controversias contractuales y, (vi) 44001233300020140001301,
apelación fallo de acción popular, que ejerció su hijo Andros Lorenzo Rois Brito.
4 <<[…] los problemas jurídicos que deberá resolver el juzgado al momento de dictar sentencia anticipada se

concretarán principalmente en determinar si hubo o no incumplimiento del contrato celebrado entre las
partes y sí como consecuencia de ello, hay lugar a que el demandado restituya al demandante suma de
dinero, y con qué alcance. Asimismo, deberá determinar si hay lugar a la liquidación judicial de contrato, y
de serlo, cuál sería el balance final de ejecución y quién le debe a quién y cuánto>> (negrilla fuera de texto).

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Se modifica la sentencia de primera instancia

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente), pese a estar
debidamente notificados, guardaron silencio.

E. Fallo impugnado

8.- En sentencia del 2 de febrero de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional por
tres razones:

8.1.- Primero, el actor no sustentó la vulneración del derecho alegado ni su
inconformidad con el fallo atacado o con el trámite de la recusación que adujo haber
ejercido contra una de las magistradas del tribunal accionado.

8.2.- Segundo, pese a que el fallo atacado tuvo como fundamento la imposibilidad
de hacer efectivas las garantías del contrato de prestación de servicios No. 096 de
2012 y de pronunciarse en relación con el cargo del recurso de apelación por
desequilibrio económico del contrato, en el escrito de tutela el actor no cuestiona la
ratio de la decisión.

8.3.- Tercero, las afirmaciones del actor5 no están relacionadas con el fallo que se
cuestiona, o por lo menos así no se explica. Por el contrario, son alegatos nuevos
que no se propusieron en el proceso ordinario, y la acción de tutela de la referencia
no es procedente ejercer para adicionar, mejorar o agregar argumentos que pudo
proponer ante los jueces naturales de conocimiento.

F. Impugnación

9.- El actor impugna la sentencia del 2 de febrero de 2023 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Aduce que el tribunal accionado no administró
justicia e incluye dos imágenes de Google Earth (imágenes satelitales) para <<que
ustedes vean claramente la vulneración de mi derecho a la administración de
justicia>>.

9.1.- Solicita que se obligue al alcalde de Riohacha a firmar la escritura pública,
elaborada por el actor en desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 096
de 2012. Reitera que él realizó, entre otras gestiones, un <<levantamiento
topográfico>> de la línea de conducción del acueducto de Riohacha, entregó
coordenadas georreferencias y consiguió que la <<Nación, por silencio

5 (i) La presunta < omisión de los alcaldes […] de Riohacha de cumplir con la obligación constitucional de

garantizar la legalización de dos (2) predios de propiedad de la entidad>> y, (ii) <<“la acción y la omisión” del
Tribunal […] hasta lograr conseguir que el pueblo de Riohacha, en cabeza del Distrito de Riohacha, obtenga los
dos títulos de propiedad ya protocolizados legítimamente ante la Notaría Segunda de Riohacha; documentos
que después de ser actualizados, sean firmados por el alcalde de turno o quien haga sus veces, a fin de evitar
el perjuicio irremediable de que a las dos propiedades les falte justo título, y ante la falta sigan siendo “tierra de
nadie”, donde los particulares abusan del acceso al agua, por un lado; y por el otro, sigan obstaculizando los
proyectos institucionales aguardados para la cabecera corregimental de Camarones>>.

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administrativo positivo, le hiciera cesión a título gratuito a la entidad territorial
(artículo 48 de la Ley 1551 de 2011); todo este anterior trabajo hizo posible la
elaboración escrita del título, que se elevó a minuta>>.

9.2.- Recuerda que la escritura no fue firmada por el entonces alcalde Rafael
Ricardo Ceballos Sierra, por lo que solicitó por medio de su demanda de
controversias contractuales que, en su reemplazo, se obligara al alcalde de turno a
cumplir con la obligación de firmar la escritura correspondiente <<que da el justo
título, para llevar esa información a registro>>. Considera que ello otorgaría
seguridad jurídica al Distrito de Riohacha con respecto al predio, <<para que le
respeten el ancho de vía original de veinte metros (20m), que viene siendo
cercenado por dueños de fincas colindantes>>.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, declarará la
improcedencia por no acreditarse el requisito de subsidiariedad con respecto al
cargo relacionado con la ejecución forzosa de una obligación del Distrito de
Riohacha; por otra parte, negará el cargo relacionado con la recusación promovida
contra una magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira.

11.- Se observa que en su recurso de apelación el actor presentó dos cargos
durante el trámite del proceso de controversias contractuales: (i) el juez de primera
instancia debió ordenar al Distrito de Riohacha que hiciera efectivas las garantías
establecidas en el contrato de prestación de servicios No. 096 de 2012, en lugar de
condenar al contratista a la devolución de los dineros pagados por concepto de
anticipo, y (ii) el juez debió declarar el desequilibrio económico del contrato.

12.- Sin embargo, en el escrito de tutela el actor plantea dos debates distintos: (i) el
tribunal accionado avaló que los alcaldes de Riohacha no firmaran dos escrituras
públicas que el actor estimó relevantes para que el derecho real de dominio sobre
dos predios estuviera en el patrimonio del distrito y (ii) una de las magistradas del
tribunal accionado fue recusada y denunciada.

12.1.- Sobre el primero, se observa que el cargo se relaciona con una pretensión de
ejecución forzosa de una obligación del Distrito de Riohacha derivada del contrato
de prestación de servicios No. 096 de 2012. En efecto, la pretensión del actor
consiste en <<ordenar la actualización y firma por el Alcalde del Distrito de Riohacha
[…] de las escrituras que protocolizan el justo título del terreno rural […]>>. Es decir,
se trata de un cargo que el actor pudo haber planteado en el recurso de apelación
del proceso de controversias contractuales; sin embargo, no lo hizo. En
consecuencia, se declara improcedente este cargo por no acreditar el requisito de
subsidiariedad.

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Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
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12.2.- Sobre el segundo cargo de la acción de tutela, relacionado con la recusación
presentada contra una magistrada del tribunal accionado, se observa que ese cargo
supera los requisitos generales de procedibilidad y se procede a su análisis de
fondo.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales con respecto
al cargo relacionado con la solicitud de recusación presentada por el actor
contra una magistrada del tribunal accionado

13.- Los requisitos se cumplen pues: i) el actor indicó de manera clara los hechos y
las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
constitucional porque se afirma la vulneración al derecho fundamental al acceso a
la administración de justicia, y es posible identificar el defecto en el que habría
incurrido la providencia acusada (defecto procedimental); iii) se encuentra cumplido
el requisito de subsidiariedad porque el actor utilizó todos los mecanismos judiciales
a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se
presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la providencia
cuestionada se profirió el 9 de noviembre de 2022 y la tutela se presentó el 6 de
diciembre de 2022, es decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto
por esta Corporación6 como por la Corte Constitucional7; y v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.

H. La autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto procedimental al
proferir la sentencia del 9 de noviembre de 2022, pues la solicitud de
recusación presentada por el actor no está acreditada en el proceso de tutela

14.- En cuanto a la solicitud de recusación presentada por el actor contra la
magistrada María del Pilar Veloza Parra, esta no se encuentra en el expediente del
presente proceso de tutela, pues no fue allegada por la parte actora y no se
encuentra en el expediente de controversias contractuales con radicado No. 44001-
33-40-002-2017-00305-01, que fue aportado a este proceso por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Riohacha. En consecuencia, no es posible apreciar vulneración
de derechos fundamentales en este sentido.

15.- Se aclara que obtener decisiones judiciales contrarias a los intereses de los
accionantes no configura per se que los magistrados que profieren esas
providencias estén tomando represalias en contra de los particulares, como sugiere
el actor.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06528-01
Accionante: Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina
Se modifica la sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 2 de febrero
de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia
por falta de relevancia constitucional y, en su lugar, DECLÁRASE
IMPROCEDENTE un cargo por no acreditarse el requisito de subsidiariedad y
NIÉGASE otro por no encontrarse la vulneración de derecho fundamental alguno.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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