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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00127-01

Fecha
19 de abril de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00127-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia de 1° de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira; en su lugar se dispone: PRIMERO. Niéganse las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Costas a cargo de la demandante. Se fijan agencias en derecho en cuantía equivalente al 0.5% de las pretensiones de la demanda. 2°) Costas de la segunda instancia a cargo la demandante Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS), se fijan agencias en derecho en su contra y en favor del Municipio de Maicao en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de esta sentencia. Liquídense en forma concentrada en el tribunal de primera instancia. 3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las desanotaciones y constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-40-000-2014-00127-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de abril de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Demandante: OBSERVATORIO DE COYUNTURA ECONÓMICA,
POLÍTICA, AMBIENTAL Y SOCIAL LTDA
(OCEPAYS)
Demandado: MUNICIPIO DE MAICAO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO

Síntesis del caso: las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios con el
fin de que la sociedad OCEPAYS “agenciara” los recursos del impuesto predial en el
ente territorial; la contratista demanda a su contratante para que se liquide judicialmente
el contrato y se le reconozca el porcentaje del 8% pactado sobre el recaudo que gestionó.
El tribunal de primera instancia declaró, de oficio, la nulidad absoluta del contrato por
considerar que se suscribió contra expresa prohibición legal.

Decide la Sala el recurso de apelación promovido por la parte demandante en
contra de la sentencia de 1° de diciembre de 2021 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de La Guajira resolvió:

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad absoluta del contrato de prestación
de servicios No. 064 del 18 de enero de 2010 y del contrato adicional
No. 01 del 05 de julio de 2011 suscritos por el Municipio de Maicao (La
Guajira) y el Observatorio de Coyuntura Económica, Política,
Ambiental y Social Ltda (Ocepays), cuyo es objeto es la “Prestar los
servicios profesionales para agenciar recursos públicos provenientes
de la revisión ante la autoridad catastral del impuesto predial unificado
en la franja de terreno reservada al proyecto cerrejón para el transporte
de carbón, así como los provenientes de terrenos dedicados a
explotaciones mineroenergéticas y de los resguardos indígenas
existentes en su jurisdicción.”, por las razones anotadas en la presente
providencia.

SEGUNDO. – Sin lugar a restituciones mutuas.

TERCERO. - COMPULSAR COPIAS a la fiscalía general de la nación
y a la procuraduría general de la República para que en el marco de
sus competencias investiguen si a bien o tienen y si no lo hubieren
hecho, las presuntas irregularidades que pudieron existir en torno del

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

contrato de prestación de servicios No. 064 del 18 de enero de 2010 y
del contrato adicional No. 01 del 05 de julio de 2011, suscritos por el
municipio de Maicao (La Guajira) y el Observatorio de Coyuntura
Económica, Política, Ambiental y Social Ltda (Ocepays).

CUARTO. - CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor
de la parte demandada. Dichas costas comprenden la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el proceso, y las agencias en
derecho. Para lo cual una vez en firme esta sentencia, por Secretaría
liquídense las mismas siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 366 del Código General del Proceso y las tarifas establecidas
en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura. Asimismo, se condena a título de agencias en derecho a
la parte demandante a pagar la suma correspondiente al 0.5% del
valor de las pretensiones de la demanda.

QUINTO. - Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente,
previas las anotaciones pertinentes y la devolución de los remanentes
de gastos ordinarios a la parte demandante, si los hubiere.” (fls. 511 –
536, índice 2 expediente digital).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 4 de julio de 2014 (fl. 19 - índice 2 expediente digital), la sociedad Observatorio
de Coyuntura Política, Ambiental y Social Ltda (OCEPAYS) promovió demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del
Municipio de Maicao con el fin de obtener lo siguiente:

“Acudo ante esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de
Controversias Contractuales, consagrado en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
artículo 141, con el fin de que en sede judicial se realice la liquidación
del contrato de prestación de servicios No. 064 de 2.010, celebrado
entre el Municipio de Maicao y el Observatorio de Coyuntura
Económica, Política, Ambiental y Social Limitada, para lo cual presento
las siguientes:

Pretensiones Principales relativas al contrato. Pedimos en esta
liquidación en sede judicial:

1.1 Por servicios prestados y apoyo a la gestión en terrenos de
Resguardo Indígena. Que se reconozca la remuneración por los
servicios profesionales prestados por el Contratista en agenciar
recursos públicos provenientes de la revisión ante la autoridad catastral
del Impuesto Predio Unificado en los Resguardos Indígenas existentes
en su jurisdicción, equivalente al ocho por ciento (8 %) sobre el valor
efectivamente recaudado que esté por encima del valor estimado por el
Municipio de Maicao en el 2010 por Impuesto Predial Unificado en los
Resguardos Indígenas existentes en su jurisdicción (Cláusulas Primera
a Quinta del Contrato de Prestación de Servicios No. 064 de 2010); y

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

en consecuencia, condénese al Municipio de Maicao a pagar al
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social
Limitada la suma de $8.992.387,84 (Ocho Millones novecientos noventa
y dos mil trescientos ochenta y siete pesos con 84/100).

1.2. Por servicios prestados y apoyo a la gestión en la franja de terreno
reservada al proyecto Cerrejón para el transporte de carbón. Que de
conformidad con lo expuesto en esta demanda, reconózcase la
remuneración por los servicios profesionales prestados por el
Contratista en agenciar recursos públicos provenientes de la revisión
ante la autoridad catastral del Impuesto Predial Unificado en la franja de
terreno reservada al proyecto Cerrejón para el transporte del carbón,
equivalente al ocho por ciento (8%) sobre el valor efectivamente
recaudado que esté por encima del valor estimado por el Municipio de
Maicao en el 2.010 por Impuesto Predial Unificado en el Resguardo
Indígena (Cláusulas Primera a Quinta del Contrato de Prestación de
Servicios No 064 de 2.010); y en consecuencia, condénese al Municipio
de Maicao a pagar al Observatorio de Coyuntura Económica, Política,
Ambiental y Social Militada la suma de $8.100.010.375,52 (Ocho mil
cien millones diez mil trecientos setenta y cinco pesos con 52/100),
“como remuneración por sus servicios” que conllevaron al Municipio al
recaudo de tal impuesto cobrado por personas jurídicas denominadas
Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A., por el
terreno en posesión y por el área construida de línea férrea y carretera
de propiedad de estas empresas.

1.3. Igualmente, por el valor que resultare a futuro de la contingencia del
pago de lo trabajado, de lo que efectivamente recaude el Municipio de
Maicao sobre el Impuesto Predial Unificado de los siguientes ítems que
no se hubieren deducido en la remuneración antes señalada: a) por el
terreno donde está construida la línea férrea y la carretera de propiedad
de Cerrejón Zona Norte S.A. y Carbones del Cerrejón Limited, antes
Carbones de Colombia S.A., Carbocol, e Internacional Colombia
Resources Corporation, Intercor, desde el año 1.981 al 2009; y b) por
dichas construcciones entre las vigencias fiscales 1.984 a 1.992.

1.4. Que sobre los valores monetarios reconocidos, liquidados y
deducidos a favor del Observatorio de Coyuntura Económica, Política,
Ambiental y Social Limitada se reconozcan y cancelen los intereses de
mora causados desde la fecha en que el Municipio de Maicao debió de
pagar la remuneración pactada, hasta que se haga efectivo el pago de
la obligación.

1.5 Que el fallo que en derecho corresponda se le dé cumplimiento con
fundamento en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes sobre la materia.

1.6. Condénese en costas a la entidad demandada.

2. Pretensiones subsidiarias relativas al contrato. En subsidio de las
pretensiones anteriores, pedimos que en esta liquidación en sede
judicial, se disponga:

2.1 Que se le pague al contratista el equivalente al ocho por ciento (8%)
contratado, como perjuicio causado en su remuneración (daño
emergente), ante la Eventualidad de que el Contratante no haya

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

continuado con el cobro de su tributo por valor de $101.250.129.694
(Ciento un mil doscientos cincuenta millones ciento veintinueve mil
seiscientos noventa y cuatro pesos) a Carbones del Cerrejón Limited y
Cerrejón Zona Norte S.A.

2.2 Igualmente, que si la complejidad de la contabilidad para determinar
los diversos valores que forman parte del negocio, debido a capital,
sanciones, intereses moratorios, indexación, etc., requiere la
designación de un experto contable, el Despacho designe un auxiliar de
la justicia idóneo, de conducta intachable, excelente reputación e
incuestionable imparcialidad, versado y experimentado en la materia.”.
(fl. 68 – 69 índice 2 expediente digital).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante narró, en
síntesis, lo siguiente:

1) El 18 de enero de 2010, las partes suscribieron el contrato de prestación de
servicios número 064 cuyo objeto fue “agenciar recursos públicos provenientes
de la revisión ante la autoridad catastral del impuesto predial unificado en la franja
de terreno reservada al proyecto Cerrejón para el transporte de carbón, así como
los provenientes de terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas y de
los resguardos indígenas existentes en la jurisdicción del Municipio de Maicao”
(fl. 5 - índice 2 expediente digital), con una remuneración para el contratista por
valor del 8% de lo efectivamente recaudado por el municipio por concepto de
impuesto predial y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2011.

2) Respecto de los resguardos indígenas, el contratista logró un incremento en
el recaudo del impuesto predial de $112.404.848 porque el valor estimado por el
municipio para el año 2010 fue de $51.097.872, mientras que se recaudaron
efectivamente $163.502.720, pese a que el municipio no dispuso los recursos
para cubrir gastos para la formación de catastral de construcciones existentes en
resguardos de la comunidad Wayuú de la alta y media Guajira, por lo cual le
correspondía percibir la suma de $8.992.387 (8% del incremento en el recaudo).

3) Respecto de los terrenos utilizados por multinacionales para la construcción
de vías férreas y carreteras, el contratista logró facturar a Carbones el Cerrejón
Limited y Cerrejón Norte SA la suma de $101.250.129.694, actuación que le daba
derecho a una remuneración de $8.100.010.375 (8% del valor facturado).

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

4) Sin embargo, el municipio de Maicao (La Guajira) no concluyó oportunamente
el procedimiento de cobro coactivo de las referidas obligaciones tributarias y, en
consecuencia, no ha pagado el valor de lo contratado, no obstante que el
contratista “proyectó los distintos actos administrativos de las diligencias
encaminadas al logro de las debidas incorporaciones catastrales de la línea
férrea y la carretera que sirve al transporte del carbón en El Cerrejón” (fl. 8 -
índice 2 expediente digital).

3. Contestación de la demanda

En el término legal, el municipio de Maicao (fls. 107 – 116 índice 2 expediente
digital) se opuso a las pretensiones con sustento en lo siguiente:

1) El contrato está viciado de objeto ilícito por lo cual debe declararse su nulidad
absoluta; la Ley 1386 de 2010 prohíbe delegar la gestión tributaria en los
particulares.

2) El contrato no podía ejecutarse, porque nunca se contó con disponibilidad
presupuestal para tal efecto y el plazo de ejecución excedió el principio de
anualidad presupuestal, sin que se hubiera surtido el trámite legal para
comprometer vigencias futuras, por lo cual el alcalde municipal no tenía
facultades para tal efecto.

3) La actualización predial de los resguardos indígenas y los terrenos utilizados
para la vía férrea y carreteras de El Cerrejón quedó formalmente inscrita en
diciembre de 2013 y el impuesto predial se comenzó a pagar desde la vigencia
2014, es decir, no se registraron ingresos en las anualidades en las cuales estuvo
vigente el contrato.

4) Existe objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.

5) No hay prueba que acredite las supuestas actividades realizadas por el
contratista, no se firmó acta de inicio del contrato ni se registra ingreso alguno
para el municipio producto de la ejecución contractual.

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

4. Sentencia de primera instancia

El 1° de diciembre de 2021 (fls. 340 – 367 índice 2 expediente digital), el Tribunal
Administrativo de La Guajira declaró la nulidad absoluta del contrato y dispuso
que no hay lugar a restituciones mutuas, por las razones que a continuación se
sintetizan:

1) El artículo 1° de la Ley 1386 de 2010 prohíbe, de manera expresa, que se
delegue en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro e
imposición de sanciones tributarias mediante la suscripción de contratos o
convenios; de igual manera, ordenó terminar aquellos contratos ya suscritos.

2) De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de
1993, son nulos los contratos suscritos contra expresa prohibición legal y el
artículo 1523 del Código Civil preceptúa que hay objeto ilícito en todo contrato
prohibido por las leyes.

3) El artículo 45 de la Ley 80 de 1993 habilita al juez para decretar, de oficio, la
nulidad de los contratos que advierta.

4) En este caso concreto está probado que el municipio de Maicao delegó
funciones en materia tributaria al contratista debido a que le encargó la
proyección de las facturas de cobro del impuesto predial, la competencia para
dar inicio al procedimiento de jurisdicción coactiva y la competencia para resolver
el recurso de reconsideración presentado por El Cerrejón, así mismo, se encargó
al contratista la gestión de cobro ante el Ministerio de Hacienda de los dineros
recibidos por el ente territorial a título de compensación por los resguardos
indígenas que se encuentran en su circunscripción territorial.

5) Aunque la Ley 1386 de 2010 fue expedida y promulgada luego de la
suscripción del contrato, pero, esta ordenó revisar la legalidad los contratos
firmados con anterioridad a su vigencia.

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

6) El municipio de Maicao no tiene competencia para avaluar ni alinderar predios;
sin embargo, el contratista señala que realizó estas actividades en ejecución del
contrato número 064 de 2010.

7) No existe prueba en el expediente de que el contratista hubiera desplegado
actividades en beneficio de la entidad territorial, por lo cual no hay lugar a
reconocer ninguna suma por concepto de prestaciones ejecutadas.

8) En los términos del artículo 188 del CPACA la parte vencida debe asumir las
costas del proceso.

5. El recurso de apelación

En la oportunidad legal, la sociedad Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Ltda apeló la sentencia de primera instancia con el
fin de que sea revocada y, en su lugar, que se concedan las pretensiones con
respaldo en lo siguiente:

1) El municipio de Maicao no delegó a OCEPAYS funciones tributarias ni la
administración de los tributos; su función fue realizar las diligencias tendientes a
que se asigne un código a las líneas férreas privadas y dar impulso ante el IGAC,
en forma conjunta con el ente territorial, con el fin de que pudieran surtirse los
avalúos de predios y realizarse las liquidaciones oficiales del impuesto por la
autoridad competente.

2) No hubo delegación para la fiscalización, administración, liquidación o cobro
de los impuestos en favor del municipio, ni OCEPAYS participó en la discusión,
devolución o imposición de sanciones relativas al impuesto predial, que son las
funciones que la ley prohíbe entregar a los particulares, tal como se infiere de la
lectura del objeto contractual; según el diccionario de la Real Academia
Española, “agenciar”, que fue lo contratado, consiste en “hacer las diligencias
conducentes al logro de algo”, o “procurar o conseguir algo con diligencia o
maña”, de modo que le correspondía al contratista procurar obtener recursos
públicos en favor del municipio y fue esto lo que aquella hizo.

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

3) Los estudios previos y las cláusulas contractuales son inequívocas en
determinar que la labor del contratista no correspondía a la delegación de la
competencia tributaria del municipio; el contratista solo se encargó de programar
las acciones a adelantar, proyectar algunas decisiones y coadyuvar el cobro de
los tributos.

4) El artículo 184 de la Ley 223 de 1995 determina el procedimiento para las
compensaciones que recibe el municipio por parte de los resguardos indígenas
y precisa que la sumas objeto de giro deben ser certificadas por el
correspondiente municipio.

5) No es cierto que el contratista hubiera realizado estudios, avalúos y
alinderaciones en todo el municipio de Maicao, lo que realizó fue las diligencias
conducentes para el estudio correspondiente.

6) En todo caso, aunque se avale la nulidad del contrato, el artículo 48 de la Ley
80 de 1993 dispone que hay lugar para el contratista al reconocimiento de lo
ejecutado de buen fe hasta la declaratoria de nulidad y, en este caso particular,
el municipio de Maicao obtuvo beneficio por la labor de OCEPAYS porque los
ingresos en su favor nacieron con independencia del cobro efectivo, según lo
prevé el artículo 28 del Estatuto Tributario.

7) El tribunal debió decretar pruebas de oficio para determinar lo efectivamente
ocurrido y conocer que OCEPAYS también defendió judicialmente los derechos
del municipio de Maicao en litigio entre este y Carbones El Cerrejón Limited y
Cerrejón Zona Norte SA, en el cual promovió el recurso extraordinario de revisión
en contra de la sentencia del Consejo de Estado proferida en el expediente
número 22.092 en el cual se declararon nulas unas facturas y liquidaciones
oficiales del impuesto predial proferidas por el ente territorial en contra de dichas
sociedades.

8) Solicitó que se cumpla la orden del tribunal de remitir copias de la actuación a
las autoridades penales y disciplinarias para “demostrar la honestidad y pulcritud
con que fue estructurado y ejecutado el contrato” (fl. 404 índice 2 expediente
digital).

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

9) Como consecuencia de la revocatoria del fallo de primera instancia se debe
absolver a OCEPAYS de la condena en costas que le fue impuesta.

10) No resulta admisible que un contrato quede sin posibilidad de liquidarse y no
pueda conocerse la realidad económica de los extremos del contrato.

II. CONSIDERACIONES

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala 1
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
de primera instancia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira
declaró la nulidad absoluta del contrato número 064 de 2010 suscrito entre las
partes, para lo cual se seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia
y anuncio de la decisión, (ii) validez del contrato, (iii) ausencia de prueba de
elementos o circunstancias que permitan liquidar el contrato y disponer
reconocimientos en favor del contratista y, (iv) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirigió a obtener la liquidación judicial del contrato de prestación
de servicios número 064 de 2010 suscrito entre las partes; sin embargo, el
tribunal de primera instancia declaró la nulidad absoluta del contrato por
considerar que este se suscribió contra expresa prohibición legal y estar viciado
por objeto ilícito, aspecto que controvierte la parte apelante, quien, en todo caso,
reclama el reconocimiento de lo ejecutado.

1 En forma previa a analizar el asunto de fondo, se verifica que la demanda se promovió en tiempo

porque el plazo de ejecución del contrato venció el 31 de diciembre de 2011 según consta en el
contrato adicional número 01 de 2010 (fl. 31 expediente digital). En la cláusula décima quinta del
contrato se pactó que la liquidación se realizaría en los términos previstos en la Ley 1150 de
2007, por lo cual los cuatro meses para liquidar el contrato bilateralmente vencieron el 1 de mayo
de 2012; a partir del día siguiente se tenían dos meses más para la liquidación unilateral que
vencieron el 2 de julio de 2012; solo vencidos esos plazos inició a contabilizarse el término de
dos años para demandar la liquidación judicial; luego, este se suspendió entre el 11 de abril de
2014 (fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial – fl. 51 expediente digital)
y el 25 de junio de 2014 (cuando se declaró fallido el trámite – fl. 55 expediente digital), por lo
cual los demandantes podían accionar válidamente hasta el 17 de septiembre de 2014; por su
parte, la demanda se presentó el 4 de julio de 2014 (fl. 19 expediente digital), esto es, en forma
oportuna.

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

La Sala revocará la sentencia apelada porque, analizadas la particularidad del
contrato, no es posible concluir que este conllevó delegación a un particular de
las competencias tributarias del ente territorial; sin embargo, se negará la
pretensión de liquidación judicial del contrato toda vez que no se aportaron bases
probatorias suficientes que permitan realizar el cruce de cuentas definitivo entre
las partes y, particularmente, determinar que el municipio de Maicao le adeuda
al contratista las sumas reclamadas por este, razón por la cual las pretensiones
de la demanda están llamadas al fracaso.

2. Validez del contrato

1) Contrario a lo que estimó el tribunal de primera instancia, la Sala no encuentra
configurada una causal de nulidad absoluta del contrato que imponga anularlo,
razón por la cual el recurso de apelación interpuesto por OCEPAYS prospera
parcialmente.

2) Al margen de la posibilidad de aplicar o no al presente caso la prohibición legal
de suscribir determinados contratos establecida en la Ley 1386 de 20102 -
expedida y promulgada en forma posterior al negocio jurídico que dio origen a la

2 “Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá
celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades
descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro
coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos
administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás
pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades
autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de
medios de pago no bancarizados.

Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato
en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma
que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que
correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés
general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán poner en conocimiento de las
autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la
suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser
renovado.

Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán de oficio
revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán de oficio
revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.”.

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

controversia que se decide-, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado,
aún respecto de contratos suscritos con antelación al 21 de mayo de 2010, que
las facultades de administración3, fiscalización4 y cobro5 de impuestos
territoriales no puede trasladase válidamente a los particulares y que los
contratos suscritos para tal efecto están viciados de nulidad.

3) Esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que la asignación de
funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia
de las entidades del Estado, esto es, que a través de un contrato no es posible
delegar a un particular la gestión fiscal de los tributos, con independencia de la
aplicación de la Ley 1386 de 2010 que estatuyó una prohibición expresa para
celebrar contratos con ese preciso alcance6:

“Si bien las Leyes 383 de 1997, 788 de 2002 y 1386 de 2010 no se
hallaban vigentes para la fecha en que fue celebrado el contrato sin
formalidades plenas objeto de análisis, tal circunstancia no significa que,
antes de su expedición, estuviera permitido que los gobernadores y
alcaldes encomendaran a las personas naturales recaudar los tributos,
pues, se insiste, se trata del ejercicio de una función administrativa cuya
regulación es de exclusiva reserva legal y, para la época en que fue
celebrado el contrato, no existía ninguna disposición legal que
permitiera contratar o delegar en forma alguna en los particulares el
cumplimiento de dicha función en el orden territorial.”.

4) No obstante, en el presente caso no se encuentra acreditada, idónea y
fehacientemente, una causal de nulidad que aparezca de manifiesto en el
contrato suscrito por las partes; el objeto contractual se pactó en los siguientes
términos:

“CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO.- El objeto del presente contrato es:
Prestar los servicios profesionales para agenciar recursos públicos
provenientes de la revisión ante la autoridad catastral del impuesto
predial unificado en la franja de terreno reservada al proyecto cerrejón

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2016, exp. 34.322, MP
Carlos Alberto Zambrano Barrera.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de marzo de 2015, exp. 30.759, MP
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de julio de 2014, exp. 35.054, MP
Hernán Andrade Rincón (E).

6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2016, exp. 34.322, MP
Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

para el transporte de carbón, así como los provenientes de terrenos
dedicados a explotaciones mineroenergéticas y de los resguardos
indígenas existentes en su jurisdicción.” (fl. 26 índice 2 expediente
digital).

5) La sola lectura del objeto contractual no permite establecer el alcance
otorgado por las partes a la expresión “agenciar recursos públicos”; por su parte,
en las obligaciones específicas del contrato se precisa que el contratista debía
adelantar las actuaciones profesionales para “lograr el pago del impuesto predial
unificado” respecto de unas franjas de terrenos pero, se excluyó en forma
expresa la posibilidad de que el contratista reciba dineros a cualquier título:

“SEGUNDA; OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En
cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera
necesario el desarrollo de las siguientes obligaciones: - La
utilización de los medios profesionales interdisciplinarios para
lograr el pago del Impuesto Predial Unificado en la Franja de
terreno reservada a Carbocol (hoy a Ingeominas) que sirve al
propósito de construcción y funcionamiento del ferrocarril, la
carretera y demás obras de infraestructura requeridas para la
explotación, exportación y transporte del carbón de La Mina a
Puerto Bolívar, desde la fecha de su causación y de resguardos
indígenas y de los terrenos dedicados a explotaciones
mineroenergéticas en jurisdicción del Municipio de Maicao; - La
gestión por un avalúo justo, acorde con la importancia del territorio
sujeto del pago del Impuesto Predial Unificado. - Informar al
supervisor sobre el avance del contrato cuando este lo requiera.-
Entregar al supervisor del contrato, periódicamente o para cada pago,
los comprobantes de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensión y demás parafiscales en caso que estos apliquen. - Devolver,
al finalizar el plazo de ejecución del contrato los bienes que le hayan
sido entregados; - Las demás que exija el supervisor del contrato que
estén relacionadas con el objeto contractual, Parágrafo: En ningún
caso, EL CONTRATISTA está autorizado a recaudar dineros
provenientes del Impuesto predial Unificado o de cualquier otro
impuesto, derecho o renta cuya competencia corresponda al
municipio.” (fl. 158 índice 2 expediente digital - mayúsculas fijas
originales - negrillas adicionales

6) La oferta presentada por OCEPAYS permite determinar que la frase “lograr el
pago del impuesto” contenida en las obligaciones específicas no está
relacionada con alguna facultad o función de cobro coactivo o persuasivo, sino
que. Est+a referida a acciones o diligencias dirigidas a conseguir que se graven
determinados predios; para sustentar ese entendimiento se trascribe la carta de
presentación de la propuesta en la cual se precisó lo siguiente:

“Respetado Alcalde:

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

Como Puerto Terrestre, Zona de Frontera, Unidad Especial de
Desarrollo Fronterizo y zona de Régimen Aduanero Especial, el
Municipio de Maicao debe ser generador de altos recaudos por
impuesto predial, su segunda fuente de rentas tributarias después del
impuesto de industria y comercio; sin embargo, el recaudo es inferior a
su potencia, debido fundamentalmente al rezago en la formación
catastral, el debido cobrar de impuestos prediales retrasados y la
actualización de los avalúos catastrales, entre otros, sin soslayar la falta
de cultura tributaria o de compromiso del contribuyente al cumplir con
las obligaciones fiscales para con el Municipio.

En su área rural y urbana de cabeceras de corregimientos, el Municipio
de Maicao alberga tres resguardos indígenas, centros poblados,
terrenos de producción agropecuaria, forestal, comercial, industrial y
minera que están subvalorados catastralmente o aún no debidamente
formados, como el caso particular del resguardo Okochi y la Franja
Carbonífera para el transporte de carbón de La Mina a Puerto Bolívar,
por citar dos entre otros no debidamente formados, y el Resguardo
Indígena de la Comunidad Wayúu de la Alta y Media Guajira formado
sin construcción y un valor catastral muy por debajo de su realidad
económica, así como los terrenos que en su subsuelo contienen la
riqueza carbonífera o dedicados a explotaciones mineroenergéticas.

Es principalmente en estas zonas geográficas donde el Municipio de
Maicao requiere de una actualización predial que contribuya con el
Ejecutivo Municipal en recursos propios suficientes para satisfacer los
requerimientos de inversión de la ciudadanía y campesinado asentado
en el territorio municipal.

Estas razones fundamentales nos llevan a presentar ante su Despacho
la presente propuesta que contribuirá a la formación catastral y la
actualización de la formación en el área rural y urbana de cabeceras de
corregimientos del Municipio de Maicao, acorde con los lineamientos
vigentes. (fl. 144 índice 2 expediente digital).

7) De conformidad con lo expuesto, el contratista ofreció “un trabajo de alindación
(sic) cartográfica exacta de las áreas de resguardos indígenas y de los terrenos
dedicados a explotaciones mineroenergéticas en jurisdicción del Municipio de
Maicao” (fl. 147 índice 2 expediente digital), tendiente a lograr que se graven con
el impuesto predial y así aumentar el recaudo en el municipio por este concepto.
En efecto, el contratista reconoce que no le correspondía realizar gestión de
cobro del impuesto y responsabiliza al ente territorial por no haber ejercido
oportunamente sus prerrogativas para su cobro coactivo.

8) En los referidos términos, el análisis de las estipulaciones contractuales no
permite advertir que a través de estas se transfirió de manera ilegal alguna
competencia indelegable a cargo de la entidad territorial o que esta se
desprendió de sus competencias en materia de administración, fiscalización y

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

cobro del impuesto predial en favor de un tercero; así las cosas, no se encuentra
prueba de la ilicitud del objeto contractual ni de la transgresión de alguna
prohibición legal expresa que imponga declarar la nulidad del contrato según lo
excepcionado por el municipio ni alguna otra causal de nulidad que deba ser
declarada de oficio.

9) La Sala insiste en que la nulidad que puede y debe ser declarada por el juez,
en los términos del artículo 1742 del Código Civil, es aquella que “aparezca de
manifiesto en el acto o contrato”, lo cual no ocurre en el presente caso, según el
análisis que antecede, razón por la cual se revocará la sentencia apelada que
decretó la nulidad del contrato suscrito entre las partes y, en consecuencia, hay
lugar a analizar la pretensión de liquidación judicial promovida por OCEPAYS.

3. Ausencia de prueba de elementos o circunstancias que permitan liquidar
el contrato y disponer reconocimientos en favor del contratista

1) La contratista OCEPAYS pretende que se liquide el contrato y se reconozca
el 8% pactado en su favor por el incremento en el recaudo del impuesto predial;
contrario a ese entendimiento, el precio del contrato no se pactó en función de
ese indicador independiente considerado sino en proporción a aquel incremento
derivado directamente de la gestión del contratista; en el contrato se lee lo
siguiente:

“QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El CONTRATISTA recibirá
como remuneración por sus servicios una suma porcentual
equivalente al ocho por ciento (8%) sobre el valor efectivamente
recaudado que esté por encima del valor estimado por el MUNICIPIO
en el 2.010 por ingreso de impuesto predial que se deba a la gestión
realizada por este contrato, por una sola vez. (…) el valor definitivo
del contrato será definido una vez se haya ejecutado el objeto
contractual o en su defecto al finalizar el plazo de ejecución del mismo.”
(fl. 159 índice 2 expediente digital).

2) De conformidad con lo expuesto, le correspondía al contratista, para efectos
de la liquidación judicial que pretende, demostrar cuál fue el alcance de su
ejecución contractual y la forma en que esta repercutió positivamente en el
recaudo del impuesto predial en el municipio de Maicao, lo cual no hizo; la
cláusula de precio se pactó como un porcentaje de éxito derivado de los
resultados obtenidos en procura de la formación catastral y predial, de modo que

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

el incremento no detallado en el recaudo del gravamen no permite otorgar al
contratista el porcentaje pactado sin verificar que este fue el resultado de la
precisa y cumplida intervención del contratista.

3) El contratista no aportó al proceso los trabajos cartográficos detallados que
ofreció realizar, para de esta manera establecer cuál fue la intervención
específica realizada y cuáles predios resultaron gravados como consecuencia
de esta.

4) La sociedad contratista limitó su labor probatoria a la presentación de un
informe en el cual afirma haber cumplido el objeto contractual y se atribuye el
haber conseguido un avalúo catastral justo respecto del predio identificado con
la matrícula inmobiliaria número 210-8306 (fl. 97 - índice 2 expediente digital)
correspondiente a un resguardo indígena ubicado en la media y alta Guajira; sin
embargo, no se probó cuál fue la actuación específica sobre este inmueble, la
forma en que fue identificado o alguna intervención en el proceso de formación
catastral ni tampoco como resultado de alguna actividad del contratista se
hubiera logrado el pago de gravámenes. Contrario a ello, el secretario de
hacienda del municipio demandado (fl. 121 – índice 2 expediente digital – oficio
de 12 de febrero de 2015) y el director general del presupuesto público nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (fl. 124 – índice 2 expediente digital
– oficio de 1 de noviembre de 2012) informaron que el proceso de actualización
catastral de ese resguardo se adelantó en el año 2007 por parte del IGAC
(Resolución número 44-000-0039-2007), y no hay prueba de alguna actuación
surtida en forma posterior por virtud de la intervención del contratista.

5) Sobre este aspecto, es pertinente observar lo consignado en el documento
denominado “informe ejecutivo OCEPAYS 23-06-2011” suscrito por el
representante legal de la contratista, en el que puntualmente se refirió a lo
siguiente:

“En desarrollo del objeto contractual hemos hecho las diligencias
conducentes al estudio, alindación (sic), avalúos y revisión ante la
autoridad catastral para la programación de la liquidación y la gestión
de giro ante la Nación de la cantidad justa, equivalente a lo que el
municipio de Maicao ha dejado de recaudar por concepto del impuesto
predial unificado en el resguardo indígena existente en su jurisdicción,

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

hemos cubierto, en contribución con el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la labor de alindación cartográfica exacta del área del
Resguardo Indígena de la Comunidad Wayúu de la Alta y Media Guajira,
asegurando la extensión o superficie en jurisdicción del Municipio, y la
determinación de su valor catastral. (fl. 92 – índice 2 expediente digital).

6) Como sustento de lo anterior, se aportó una liquidación del impuesto predial
del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira para las vigencias 2008 –
2011 (fl. 33 expediente digital) y recibos del predio denominado Línea Férrea
para los años 1993 – 2010 (fls. 34 y 35 expediente digital), los cuales, contrario
a acreditar alguna gestión del contratista, demuestran que esos terrenos ya eran
gravados con el impuesto predial antes de la suscripción del contrato, por lo cual
no respaldan las pretensiones económicas de la demandante, en tanto no
demuestran alguna gestión o “agencia” de su parte que hubiera redundado en
beneficio del municipio de Maicao.

7) En ese contexto, la Sala no cuenta con elementos de juicio para liquidar
judicialmente el contrato y, más aún, para realizar algún reconocimiento en favor
del contratista, razón por la cual las pretensiones de la demanda serán
denegadas.

4. Costas

Se condenará en costas a la parte vencida en los términos del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
cuales se liquidarán en forma concentrada en el tribunal de primera instancia; se
fijan agencias en derecho en segunda instancia en cuantía equivalente a seis (6)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cargo de la demandante y en
favor de la demandada. Se mantiene la condena en costas y el monto de las
agencias en derecho fijadas en primera instancia porque el argumento para
cuestionar ese aspecto del fallo apelado fue la eventual prosperidad del recurso,
lo cual no ocurrió.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)
Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS)
Controversias contractuales

FALLA:

1º) Revócase la sentencia de 1° de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira; en su lugar se dispone:

PRIMERO. Niéganse las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Costas a cargo de la demandante. Se fijan agencias en
derecho en cuantía equivalente al 0.5% de las pretensiones de la demanda.

2°) Costas de la segunda instancia a cargo la demandante Observatorio de
Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS), se fijan agencias en
derecho en su contra y en favor del Municipio de Maicao en cuantía equivalente
a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria
de esta sentencia. Liquídense en forma concentrada en el tribunal de primera
instancia.

3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen
previas las desanotaciones y constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
(firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) Presidente de Subsección
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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