Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-33-000-2014-00013-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 44001-23-33-000-2014-00013-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 44001-23-33-000-2014-00013-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 440012333000201400013-01
Actor: Andros Lorenzo Roys Brito
Demandados: Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha; Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; Agencia Nacional de Infraestructura;
Sociedad Aeropuertos de Oriente S.A.S.; y Superintendencia de Notariado y
Registro
Coadyuvante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
Temas: La garantía y protección de los derechos e intereses colectivos a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes; al goce de un ambiente sano; a la moralidad
administrativa; a la defensa del patrimonio público; a la seguridad y salubridad
públicas; y a la libre competencia económica
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide, en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por el
actor popular contra la sentencia de 27 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Andros Lorenzo Roys Brito presentó demanda, en ejercicio del
respectivo medio de control, con el objeto de lograr la protección de los derechos e
intereses colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
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dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; al goce de un
ambiente sano; a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público; a
la seguridad y salubridad públicas y a la libre competencia económica.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] “1. Se declare que las accionadas: el MUNICIPIO DE RIOHACHA- la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL- la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO y sus representantes legales han vulnerado los derechos
e intereses colectivos de la comunidad del Municipio de Riohacha y de la ciudadanía
en general, previstos en el artículo 40, literales a); b; e); g); i); y m) de la Ley 472 de
1998.
2.Como consecuencia de la anterior declaración, y para proteger antes las
accionadas MUNICIPIO DE RIOHACHA- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AERONAUTICA CIVIL, AEROCIVIL- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO y sus representantes legales, los derechos intereses colectivos
señalados según la competencia de cada una:
2.1.Se ordene al MUNICIPIO DE RIOHACHA y su Representante Legal a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral Segundo de la Resolución No. 387 de
1.956 del Ministerio de Agricultura, División de Recursos Naturales - Sección de
Baldíos, en el sentido de sólo destinar el terreno adjudicado para el ensanchamiento
del área urbana y ornato de la población de Riohacha (Extensión de 1795 hectáreas
2.000 metros cuadrados destinada para el Municipio, por disposición del Decreto
Ejecutivo número 0018 de fecha 12 de enero de 1.955).
2.2.Se ordena al MUNICIPIO DE RIOHACHA y a la AEROCIVIL reubicar el
Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha en el lugar adecuado, según las
previsiones contempladas en el cuadro N° 1, del Capítulo: De las políticas de Uso y
Acción del Territorio No. 2.2.3.5 de la Columna Cinco (5), Título Aeropuerto Almirante
Padilla, de conformidad con la política de ocupación dispuesta dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial de Riohacha, en el que se prevé que deberá efectuarse la
correspondiente reubicación de la terminal Aeroportuaria, y cuyo término de
cumplimiento tiene un plazo perentorio dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 003
del 02 de Febrero de 2.002, que reza en su artículo 1°, Parágrafo Segundo, que el
largo plazo para el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial debía ser
contado desde el 01 de Enero de 2.007 hasta el 31 de Diciembre de 2.009.
2.3. Se ordene a las accionadas MUNICIPIO DE RIOHACHA y AEROCIVIL que el
lugar donde se proyecte construir y/o reubicar el Aeropuerto, debe cumplir con el
ordenamiento territorial, y ajustarse a las previsiones legales para terminales
aeroportuarias, establecidas en el ordenamiento nacional y en los convenios
internacionales.
2.4. Se advierta a las accionadas MUNICIPIO DE RIOHACHA y AEROCIVIL que la
construcción de la estación de servicio de combustible para aeronaves se debe
realizar en el lugar donde cause el menor impacto a los derechos de la colectividad
que se han invocado, y bajo los parámetros legales que rigen la ubicación y
construcción de estaciones de servicio de combustible para aeronavegación.
2.5.Se adopten urgentemente medidas efectivas por parte del MUNICIPIO DE
RIOHACHA, a fin que evite el daño contingente sobre la comunidad asentada en los
alrededores de las instalaciones aeroportuarias ubicadas en la carrera 15 con calle
28A a 33A de la zona urbana de la ciudad de Riohacha, y sobre la generalidad de
los ciudadanos habitantes y transeúntes, haciendo cesar el peligro inminente, para
ello, ordenando suspender las obras de construcción de la estación de servicio de
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abastecimiento de combustible para aviación que pretende construir la AEROCIVIL
en este sitio, a fin de amparar el derecho e interés colectivo relacionado con la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, que se hagan
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes, e igualmente a garantizar el derecho
e interés colectivo encaminado a proteger el derecho a la seguridad y previsión de
desastres previsibles.
2.6. Se ordene a la Administración Municipal (Alcaldía Mayor del MUNICIPIO DE
RIOHACHA) suscribir Acta de Compromiso, la cual deberá realizarse vencido el
término de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente asunto, y que
contendrá, al menos los siguientes compromisos:
2.7. De proteger ante la AEROCIVIL, entidades públicas, particulares y comunidad
en general los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Riohacha, y de
manera singular, tanto el Terreno donde funciona el Aeropuerto Almirante Padilla de
Riohacha como el terreno donde funciona la Radioayuda Aeroportuaria, en atención
a cumplir con el deber de proteger el derecho e interés colectivo relacionado con la
defensa del patrimonio público, y conexo el de la moralidad administrativa.
• A actuar administrativamente para que los bienes inmuebles de propiedad del
MUNICIPIO DE RIOHACHA gocen de las garantías dadas a las propiedades de los
particulares, singularmente en la aplicación del artículo 739 del Código Civil,
haciendo, de manera simultánea, cesar el peligro al derecho e interés colectivo
relacionado con la defensa del patrimonio público.
• A respetar su propio plan de ordenamiento territorial, a fin de garantizar el derecho
e interés colectivo relacionado con la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, e igualmente
a garantizar el derecho e interés colectivo encaminado a proteger el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, tal como lo exigen los
literales I) y m) del artículo 4o. de la ley 472 de 1.998.
2.7.Se emita la correspondiente compulsa de copias o se ordene al Alcalde Municipal
de Riohacha a denunciar por peculado por apropiación y demás faltas de carácter
disciplinarias, penales y fiscales en que se encuentren incursos los servidores
públicos o particulares que vienen apropiándose de los bienes municipales objeto de
este asunto, y/o incurriendo en falsedad de documento público o provocando actos
administrativos bajo falsas motivaciones, a favor de un tercero o para favorecer a un
tercero.
2.8. Se declare que la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIDO Y REGISTRO -
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOHACHA vulneró
el derecho colectivo a la moralidad administrativa al introducir modificaciones al
registro original de los libros, Antiguo Sistema de Registro, en la Anotación No. 1 de
cada una de las Matrículas Inmobiliarias 210-52802 y 210-5283 de la Oficina de
Registros de Instrumentos Públicos de Riohacha, Sistema Vigente de Registro.
3. Designar un comité de vigilancia para hacer el seguimiento a lo ordenado en la
sentencia que ponga fin al presente asunto conformado por autoridades competentes
para la vigilancia de dichos asuntos y por el suscrito accionante […]”.
Presupuestos fácticos y argumentos de vulneración
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
4. Manifestó que se realizó la correspondiente concertación con la comunidad del
Plan de Ordenamiento Territorial en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de
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Riohacha en la cual se estableció que las estaciones de suministro, bombeo o
almacenamiento de combustibles se categorizan como uso especial dentro del plan
de ocupación o usos del suelo y están incluidos en actividades en áreas de comercio
especial de escala industrial.
5. Señaló que se realizó el acondicionamiento del terreno con el objeto de instalar
una estación de servicios de combustible para aeronaves en la “[…] carrera 15 con
calles 28A y 33A […]”, lo que implicó por parte del Distrito Especial, Turístico y
Cultural de Riohacha el desconocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.
6. Adujo que contrariando las disposiciones legales del Plan de Ordenamiento
Territorial, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ha ordenado
ejecutar la construcción de una estación de servicio de combustible para
aeronavegación a una distancia menor de cien metros (100 m) de los linderos de
viviendas y de un hotel, a escasos cuarenta metros de viviendas aledañas y menos
de setenta metros de un hotel; y el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha,
no ha sancionado a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por su
actuación en contravención de las normas urbanísticas.
7. Expresó que la orden de ejecutar la construcción de la estación de servicios de
combustible por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ha
sido arbitraria.
8. Indicó que “[…] De manera concertada y por prevalencia del interés general y la
adecuación del uso del suelo al interés común, se estableció en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Riohacha: la "Reubicación del equipamiento y la
infraestructura urbana de potencial impacto negativo: Cárcel del Distrito Judicial,
Emisario Final del alcantarillado, Matadero Municipal y depósitos de cueros,"
(Articulo 106.3.2.), "a largo plazo, el aeropuerto" (Articulo 106.5.2.), y "las viviendas
del espacio próximo a la laguna" (Articulo 106.8.2.) […]”.
9. Afirmó que a la fecha la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
propietaria de la construcción y el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
propietario del terreno no han dado cumplimiento al deber de reubicar el respectivo
aeropuerto.
10. Manifestó que, mediante Decreto núm. 0018 del 12 de enero de 1955 se
destinó una extensión de 1.835 hectáreas con el fin de ensanchar el área urbana del
Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha; y mediante la Resolución núm.
387 del 11 de julio de 1956 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
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Rural, adjudicó definitivamente al Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
los terrenos baldíos de extensión aproximada de 1.795 hectáreas, 2.000 metros
cuadrados.
11. Indicó que el 11 de diciembre de 1965 se expidió el acuerdo municipal “[…]
[p]or el cual se ceden gratuitamente unos lotes de terrenos de propiedad municipal
[…]”, entre ellos a la empresa colombiana Aeródromos – ECA.
12. Adujo que, mediante el Acuerdo Municipal núm. 8 del 6 de diciembre de 1968,
se da autorización al personero municipal para ceder gratuitamente un lote de
terreno de propiedad municipal, por lo que, por un lado, la cesión a la empresa
Aeródromos tenía la obligación de ser elevada a escritura pública por parte del
personero; y, por el otro, indicó que es un procedimiento falso adoptado por la oficina
de registro de instrumentos públicos que registró tal cesión sin la firma.
13. Señaló que, la Aerocivil ha ignorado el legalizar el dominio y pagarle por ley
al Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha el justo precio del terreno con
los intereses legales por todo el tiempo que ha tenido en su poder los terrenos
utilizados en el servicio aeroportuario debido a que el aeropuerto Almirante Padilla
no es un bien nacional de uso público y tampoco ha sido retirado del comercio, por
lo que el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha no ha hecho valer su
condición de nudo propietario del terreno donde se pretende adelantar la
construcción de la Estación de servicio de combustible.
14. Afirmó que la Superintendencia de Notariado y Registro vulneró el derecho
colectivo a la moralidad administrativa al introducir modificaciones al registro original
de los libros, en la Anotación núm. 1 de cada una de las Matrículas Inmobiliarias
núm. 210-52802 y 210- 52803 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Riohacha.
Contestaciones de la demanda
Contestación de la Superintendencia de Notariado y Registro
15. El actor popular no indicó mediante qué acción u omisión la Superintendencia
de Notariado y Registro amenazó o vulneró los derechos e intereses colectivos
señalados supra.
16. Señaló que, al analizarse las situaciones fácticas, se evidencia que la posible
responsabilidad de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
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recae en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
17. Por todo lo anterior, solicitó que se declarara probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y se negaran las pretensiones de la demanda.
Contestación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
18. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil señaló que le
corresponde garantizar la seguridad de las operaciones aeronáuticas y
aeroportuarias y especialmente en lo que tiene que ver con la instalación de los
tanques de combustible en áreas aledañas al aeropuerto, por lo que “[…] ha atendido
los estándares internacionales señalados por la Organización de Aviación Civil
OACI, los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, el Reglamento de Operaciones
Aeroportuarias y demás normatividad sobre el particular, por lo que no se encuentra
incursa por acción u omisión en situaciones que puedan poner en riesgo la vida y
seguridad personal de quienes de una u otra forma circulan en cercanías del
Aeropuerto […]”.
Contestación del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
19. El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha señaló que no ha
vulnerado ninguna de las disposiciones señaladas por el actor popular y además,
agregó que, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, nunca se estableció un
límite para la reubicación del aeropuerto Almirante Padilla.
20. Adujo que no ha desconocido disposición jurídica alguna ni mucho menos ha
vulnerado los derechos colectivos de la comunidad, toda vez que, al interior del
proceso, no existen elementos de prueba que así lo demuestren, por lo que solicitó
que se negaran las pretensiones de la demanda.
Contestación de la Agencia Nacional de Infraestructura
21. La Agencia Nacional de Infraestructura afirmó que, en el caso concreto, no se
vulneró el derecho e interés colectivo al patrimonio público, teniendo en cuenta que
el actor popular no demostró que el hecho a partir del cual genera una controversia
relacionada con la titularidad del predio en el que funciona el aeropuerto implique
que los funcionarios de la administración municipal de Riohacha o de la Unidad
Administrativa Especial Aeronáutica Civil y menos aún los de la Agencia Nacional de
Infraestructura, con su actuar, hayan manejado de forma indebida los recursos del
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Estado; es decir, no se observa elemento probatorio a partir del cual se infiera un
manejo ineficiente, irresponsable y no transparente de los recursos del Estado.
22. La Agencia Nacional de Infraestructura respecto a la vulneración del derecho
e interés colectivo a la moralidad administrativa, señaló que el actor popular no
demostró que los funcionarios de las entidades demandadas de manera alguna
hayan desconocido normas de rango constitucional o legal; o que hayan omitido o
extralimitado el ejercicio de sus funciones.
23. Respecto a la vulneración del derecho e interés colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, manifestó que el actor popular no
acreditó la configuración del daño contingente, es decir, no demostró cómo, con la
existencia de la estación de servicio, se generó dicho perjuicio.
24. Finalmente planteó la improcedencia de la acción popular teniendo en cuenta
que, si lo que pretende el actor popular es el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de ley, lo que procede es la acción de cumplimiento y no la acción
popular.
Contestación de la sociedad Aeropuertos de Oriente S.A.S
25. La sociedad Aeropuertos de Oriente S.A.S solicitó que se declarara probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en el caso,
sub examine, a quien corresponde la obligación de llevar a cabo cualquier tipo de
saneamiento de los títulos de propiedad o definición del lugar de ubicación del
aeropuerto Almirante Padilla, es a la Aeronáutica Civil y a la Agencia Nacional de
Infraestructura; en ese orden de ideas, expresó que “[…] [d]e lo anteriormente
expuesto y del texto de la demanda, podemos concluir que el accionante no
considera que ADO sea el particular que con su actuación u omisión esté
amenazando, violando o haya violado derecho o interés colectivo alguno, por lo cual,
no consideramos procedente que la Agencia Nacional de Infraestructura pretenda
vincular al Concesionario únicamente basados en la existencia de un Contrato de
Concesión suscrito con el Estado para el cumplimiento de unas obligaciones
específicas que nada tienen que ver con las pretensiones y consideraciones de la
demanda y por lo tanto, no podrá ADO adelantar ninguna gestión, en caso de que
así lo decida ese Despacho, encaminada a dar cumplimiento a alguna medida
relacionada con las pretensiones del accionante […]”.
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Coadyuvancia
26. Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina solicitó que se accedieran a las
pretensiones de la demanda, al señalar que “[…] [m]anifiesto que estoy de acuerdo
con los argumentos del memorial de la Acción Popular, de las pruebas y
fundamentos de derecho que esgrime el Actor, en procura de la protección de los
derechos e intereses colectivos de que trata la Ley 472 de 1.998 Artículo 4°, Literales
a); b); e); g); I); y m); amenazados o vulnerados por las autoridades administrativas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL, MUNICIPIO DE
RIOHACHA Y SUPERINETENDENCIA (sic) DE NOTARIADO Y REGISTRO -
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOHACHA […]”.
La audiencia de pacto de cumplimiento
27. La audiencia de pacto de cumplimiento se realizó el 30 de septiembre de
2014, declarándose fallida, toda vez que no compareció la totalidad de las partes del
proceso.
Sentencia proferida, en primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la sentencia de 27 de
septiembre de 2021, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro, según las
motivaciones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: NIÉGUENSE LAS PRETENSIONES de la demanda adelantada por
ANDROS LORENZO ROYS BRITO contra el Distrito de Riohacha-Unidad
Administrativa Especial Aeronáutica Civil -Superintendencia de Notariado y
Registro, según las motivaciones expuestas en precedencia.
TERCERO: Sin costas en la instancia […]”.
Consideraciones del Tribunal
29. El Tribunal explicó que el problema jurídico consistía en determinar: “[…] ¿Si
de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda las entidades demandadas
incurrieron en vulneración de los derechos e intereses colectivos relacionados con
el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio
público; la seguridad y salubridad pública, la libre competencia económica y la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de
los habitantes ? […]”.
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30. El Tribunal consideró que respecto a la construcción de la estación de
servicios no existe dentro del proceso prueba alguna que demuestre el daño o riesgo
que dicha estación representa para las personas, como tampoco se encuentra
probado que con su construcción se hayan vulnerado las normas en materia de
ordenamiento territorial del Distrito.
31. Expresó que, con fundamento en lo manifestado por la Agencia Nacional de
Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Distrito
Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, la compañía Terpel S.A que es la
empresa encargada de llevar a cabo la construcción de la respectiva estación de
servicios, cumplió con sus obligaciones al presentar los permisos y conceptos
favorables expedidos por la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Minas y Energía y el
Distrito en el marco de la construcción de la estación.
32. En ese orden de ideas, el Tribunal consideró que:
“[…] Así las cosas, no es de recibo el argumento del actor popular según el cual la
construcción de la estación de combustible constituye un peligro que debe ser
catalogado como hecho notorio, pues la instalación y operación de una estación de
servicio, por si sola, no implica una amenaza a los derechos colectivos alegados,
toda vez que la actividad se encuentra regulada en la ley, y en este sentido, el Estado
previene los riesgos derivados de la misma, razón por la cual para desarrollar esta
actividad se requiere la concesión de diferentes permiso[s] emitidos por las entidades
estatales encargadas de evaluar los riesgos y la viabilidad tanto ambiental como legal
de la obra.
Aunado a lo anterior, se advierte que con base en la normativa vigente, a la
mencionada estación de gasolina no le es aplicable el plan de ordenamiento territorial
del distrito de Riohacha, toda vez que, a la luz del artículo 10 de la ley 388 de 1997
y los artículos 1 y 2 del decreto 2201 de 2003, cuando de obras ejecutadas por la
Nación directa o indirectamente se trate, a éstas no les será oponible el POT,
bastándole con expedir las licencias que para el efecto requiera […]”.
33. Ahora bien, el actor popular señaló que el aeropuerto se encuentra ubicado
en una zona urbana de la ciudad, por lo que representa un peligro para las familias
que viven en cercanías al mismo, en donde además, deben soportar los fuertes
ruidos provenientes de la operación aeroportuaria; sin embargo, el Tribunal
consideró que no se desconoció el Plan de Ordenamiento Territorial, toda vez que,
si bien es cierto, en los términos del artículo 2.2.3.5 del POT, se prevé que la
reubicación del aeropuerto debe realizarse a largo plazo, en ninguno de sus apartes
ordena que el aeropuerto sea reubicado en un lapso determinado de tiempo.
34. El Tribunal manifestó que, además de lo anterior, el artículo 3.3.5.3 del
respectivo POT, frente al aeropuerto, dispone que la reubicación del mismo no es
viable, ordenándose en consecuencia como medidas preventivas que no se
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construyan edificaciones con más de dos pisos y que se restrinjan las construcciones
en una franja no inferior a 500 metros.
35. En ese orden de ideas, el Tribunal consideró lo siguiente:
“[…] Bajo este entendido, lo dispuesto en el plan de ordenamiento territorial en cuanto
a la reubicación del aeropuerto Almirante Padilla, se circunscribía a una
recomendación, más no a una disposición imperativa, [por lo que] no puede
considerarse como violatoria de normas urbanísticas como tampoco del POT, el cual,
además, se encuentra desactualizado, es decir que las realidades demográficas
actuales son distintas a las tenidas en cuenta en ese momento.
Así las cosas, no puede predicarse falta alguna por acción y/u omisión de las
entidades demandadas que produzca una afectación a los derechos colectivos
indicados en los literales a, g, y m del artículo 4º de la ley 472 de 1998, y en
consecuencia, mal se haría en hacerles responsables de una reubicación cuando
esta no se ha concertado, ni planificado financieramente y cuando, además, no existe
una orden administrativa o judicial que así lo obligue […]”.
36. El Tribunal respecto a la posible vulneración del derecho e interés colectivo a
la libre competencia económica, señaló que el acto popular no “[…] ahondó en los
motivos según los cuales considera lesionado el mentado derecho […]”.
37. Por último, el Tribunal consideró en relación con los argumentos de
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a
la defensa del patrimonio público, por las presuntas irregularidades relacionadas con
los títulos de propiedad que ostenta la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil sobre el predio en el cual se encuentra ubicado el aeropuerto
Almirante Padilla y su presunta cesión gratuita al Distrito, que estos no estaban
llamados a prosperar toda vez que “[…] al juzgador que conoce de la acción popular
le encuentra vedado pronunciarse respecto de la legalidad de los actos
administrativos que, supuestamente, lesionan los derechos colectivos invocados por
el demandante, de ahí que, no le sea dable a este Tribunal en el caso que nos
convoca, pronunciarse acerca de la legalidad de los acuerdos, resoluciones y
decretos relacionados con la titularidad de los predios en los cuales se ubica el
aeropuerto Almirante Padilla […]”.
Recurso de apelación
38. El actor popular interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, y lo sustentó con base en los siguientes dos núcleos
argumentales:
39. En primer orden, señaló que, en el caso sub examine, no había lugar a
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta que, según señala,
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hubo irregularidades y conductas delictivas en la expedición de las Matrículas
Inmobiliarias núm. 210-52802 y 210-52803 por la respectiva oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, lo que implicó una vulneración a los derechos colectivos al
patrimonio público y a la moralidad administrativa. Manifestó que era una “falsedad”
catalogar que la cesión del predio se catalogaba con la especificación “0121” y que,
por ende, se trató de una cesión a título gratuito de bienes fiscales.
39.1 Asimismo, pone de presente algunas situaciones que, en su criterio,
constituyen irregularidades en el trámite de cesión, entre ellas, relacionadas con: i)
fundamentación en normas inaplicables; ii) errores de denominación de actos
administrativos, en cuanto confunde “resolución” con “acuerdos”; y iii)
diligenciamiento en el año 2010 de solicitudes de inscripción y registro inmobiliario
por una empresa que, según señala, es inexistente: “[…] EMPRESA COLOMBIANA
DE AERÓDROMOS -ECA […]”, que no es Aeronáutica Civil, no existe como
empresa y que no transfirió los terrenos que hoy ocupa Aerocivil y por tanto son
propiedad del Distrito de Riohacha.
39.2 Afirmó, por un lado, que si bien la autoridad judicial no podía anular los
respectivos actos administrativos, ante la probada situación de vulneración de los
derechos e intereses colectivos, podía adoptar medidas para su protección y “[…]
principalmente, cumplir con el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que le
exige el deber de denunciar, poniendo inmediatamente “el hecho en
conocimiento ante la autoridad competente” […]”. Agregó que el apelante sí
cumplió con la obligación prevista en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Penal, y denunció “[…] a la autoridad [por] los delitos de cuya comisión teng[o]
conocimiento y que [incluso, según señala] deb[í]an investigarse de oficio […]”.
40. En segundo orden, el actor popular indicó que no comparte la decisión del
Tribunal Administrativo de La Guajira, en cuanto negó la pretensión de protección de
los demás derechos e intereses colectivos invocados en la demanda y en relación
con la ubicación de la estación de servicios.
40.1 Argumentó que, si bien, conforme con los artículos 10 de la ley 388 y 1 y 2 del
Decreto núm. 2201 de 2003 se establece que los POT no son oponibles a la Nación
para la ejecución de algunas obras a su cargo relacionadas con infraestructuras
básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, explica que
“[…] la Combustibles Estación de ubicada en la Carrera con Calles 28A y 33 de
Riohacha, dista del Aeropuerto varias cuadras, no siendo una infraestructura básica
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relativa al aeropuerto […]” y que, por ende, debe cumplir con las normas territoriales
sobre la materia.
Actuaciones en segunda instancia
41. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 1° de agosto de 2022,
admitió el recurso de apelación interpuesto por el actor popular contra la sentencia
de 27 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
42. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial de la acción popular; iv) el marco constitucional, legal y
desarrollo jurisprudencial en materia de derecho ambiental; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un ambiente sano; vi) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo al patrimonio
público; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
moralidad administrativa; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
43. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 1 , sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20192, sobre la distribución de asuntos
entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 150 3 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20114, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia;
esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
3 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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44. Vistos los artículos 3205 y 3286 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20127, norma
aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472,
el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el
recurso interpuesto por el actor popular, en el caso concreto.
45. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
46. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por el actor popular, por un lado, si el Distrito Especial, Turístico y Cultural
de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil son
responsables o no de las vulneraciones o amenazas de los derechos e intereses
colectivos a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes; al goce de un ambiente sano; y a
la seguridad y salubridad públicas; como consecuencia de la construcción de la
estación de servicios para aprovisionar la operación del aeropuerto Almirante Padilla
ubicado en el Municipio de Riohacha.
47. Por el otro, se deberá determinar si la Superintendencia de Notariado y
Registro es responsable o no de la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa.
48. En este orden de ideas, la Sala determinará si se debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 27 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la acción popular
49. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
5 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
6 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
7 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
50. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
51. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
52. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
53. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y
principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin
embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 8.
54. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental
55. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre los
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
56. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; iii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
57. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 19739 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
1974 10 , cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
9 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
10 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
58. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
59. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional11 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por
el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le
conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre
como sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano
60. Visto el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
61. La Corte Constitucional12 ha resaltado la importancia del medio ambiente sano
como derecho colectivo, “[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo
11 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
12 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
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se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal,
y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera
generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer,
toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta
desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal
del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público
62. Visto el artículo 4.º de la Ley 472 de 199813, sobre el derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público.
63. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, por
patrimonio público debe entenderse: “[…] la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de
sus atribuciones conforme a la legislación positiva […]”, y agrega que “[…] su
protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La
regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista
que asegura la protección normativa de los intereses colectivos[;] en consecuencia[,]
toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio
público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio
de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca que los recursos
del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo
dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales. Para la
Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad
administrativa […]”14
64. De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia
de 8 de junio de 2011 15 , agregó que ese “conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente destinados a la finalidad que
se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
13 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de
2002, Rad. No. 25000 23 24 000 1999 9001 01. C.P.: Ligia López Díaz
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de ocho (8) de junio
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Radicación número: 41001-23-31-000-2004-
00540-01(AP)
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Número único de radicación: 440012333000201400013-01
65. Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 2019 16, indicó
que “[…] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado,
de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria
a derecho o cuando se evidencia su mengua[,] sin que ello obedezca a una causa
justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como consecuencia
de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los
recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el
ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y
obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del
cumplimiento de la función administrativa […]”.
66. Así pues, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos: i) la
existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado; y ii) el análisis
de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si esta se hace de forma
irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo 17.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la moralidad
administrativa
67. La moralidad administrativa fue establecida como un derecho colectivo en los
artículos 88 Constitución de la Política 18 y 4.º de la Ley 472 19 . Asimismo, de
conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, constituye un principio
orientador de la función administrativa.
68. La jurisprudencia de esta Corporación se ha encargado de desarrollar sus
características y alcance. La Sección Primera, en sentencia proferida el 21 de julio
de 2018, sobre el derecho colectivo a la moralidad administrativa, recordó lo
siguiente:
“[…] En Sentencia de Unificación de 13 de febrero de 2018, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Magistrado William Hernández
Gómez, tuvo la oportunidad de explicar los alcances del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, así:
[…] Respecto de la moralidad administrativa, se ha señalado que si bien es un
concepto jurídico indeterminado, en todo caso, la actuación de la administración debe
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de once (11) de abril
de dos mil diecinueve (2019), Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 25000-
23-41-000-2012-00077-02.
17 Ibídem, pie de página 27.
18 “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…)”. (Resaltado
fuera de texto original)
19 Literal b).
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estar direccionada a la satisfacción del interés general y realizarse dentro del marco
de los fines establecidos por la Constitución y la ley.
En ese sentido la Sección Tercera de esta Corporación señaló: «[…] en un Estado
pluralista como el que se identifica en la Constitución de 1991 (art. 1), la moralidad
tiene una textura abierta, en cuanto de ella pueden darse distintas definiciones. Sin
embargo, si dicho concepto se adopta como principio que debe regir la actividad
administrativa (art. 209 ibidem), la determinación de lo que debe entenderse por
moralidad no puede depender de la concepción subjetiva de quien califica la
actuación sino que debe referirse a la finalidad que inspira el acto de acuerdo con la
ley». […]”20.
69. El derecho colectivo a la moralidad administrativa exige que los servidores
públicos y los particulares que ejercen funciones públicas, por una parte, actúen de
conformidad con los deberes establecidos en las normas o que se deriven de los
principios generales del derecho y, por la otra, que se ciñan al cumplimiento del
interés general en sus actuaciones.
70. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante la sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, precisó que los
elementos del concepto de la moralidad administrativa son los siguientes:
“[…] 2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este
elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de
legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho.
(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la
acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en
ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular
que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función
pública.
[…]
2.2.2. Elemento subjetivo
No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin
hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si incurrió
en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta
función pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u
omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe
acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor
se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento
o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo opuestos a los
fines y principios de la administración, traducidos en comportamientos deshonestos,
corruptos, o cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas alejadas
del interés general y de los principios de una recta administración de la cosa pública,
en provecho particular […]”21.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López,
sentencia proferida el 21 de julio de 2018.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero,
sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, núm. único de radicación 11001-33-31-035-2007-00033-01.
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71. El derecho colectivo a la moralidad administrativa se relaciona con el ejercicio
de la función pública según los mandatos del Estado Social de Derecho y, en
especial, con el manejo correcto de los bienes y dineros públicos.
72. En conclusión, la moralidad administrativa incluye, desde su concepción como
principio de la función pública22, un precepto interpretativo de obligatoria referencia
para el operador jurídico; y como derecho colectivo 23 , alcanza una connotación
subjetiva que se traduce en la posibilidad de su control judicial por parte de la
comunidad, a través de la acción popular.
73. Para que se configure su trasgresión, desde el punto de vista del interés
colectivo susceptible de protección, debe concurrir un elemento objetivo que alude
al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y uno subjetivo relacionado con la
demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta
función pública.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la
calidad de vida de los habitantes
74. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”24.
75. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
2011 25 , determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
22 Constitución Política «Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley».
23 Constitución Política «Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio
de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por
el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008,
Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP)
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Número único de radicación: 440012333000201400013-01
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad26; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio27; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible28.
76. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos29.
77. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo;
alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones
técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener
licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios
públicos domiciliarios, entre otros30.
78. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística; es decir, la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o
rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
Análisis del caso concreto
79. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
26 Inciso segundo artículo 58 C.P.
27 Art. 95 numeral 1 C.P.
28 3 Art. 3º ley 388 de 1997.
29
Art. 5º ley 388 de 1997.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de
febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001-
23-31-000-2004-00243-01(AP).
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acervo probatorio para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
80. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución a los problemas jurídicos
81. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra, que,
se reitera, corresponden a determinar: si el Distrito Especial, Turístico y Cultural de
Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil son responsables
o no de las vulneraciones o amenazas de los derechos e intereses colectivos
anteriormente indicados, en especial, el relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, como consecuencia de la construcción de la estación de servicios
para aprovisionar la operación del aeropuerto Almirante Padilla ubicado en el
Municipio de Riohacha.
82. Por el otro, se deberá determinar si la Superintendencia de Notariado y
Registro es responsable o no de la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, en los
términos indicados supra.
83. Las pruebas relevantes para resolver el caso concreto y, en general, los
problemas jurídicos, son las siguientes31:
83.1 Copia de la Resolución Núm. 387 del 11 de julio de 1956 por medio del cual
se adjudica “[…] definitivamente al Municipio de Riohacha los terrenos baldíos, sin
nombre conocido, destinados a favor del mismo Municipio por medio del Decreto
Ejecutivo número 0018 de fecha 12 de enero de 1.955, terrenos ubicados en
jurisdicción del Municipio de Riohacha, Intendencia Nacional de la Guajira en
extensión aproximada de 1.795 hectáreas 2.000 metros cuadrados […]”.
31 Las presentes pruebas que obran en el expediente fueron debidamente valoradas y estudiadas por el Tribunal
Administrativo de La Guajira al momento de proferir la sentencia, en primera instancia, el 27 de septiembre de
2021.
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83.2 Copia del certificado de tradición y libertad de la matricula inmobiliaria núm.
210-30942.
83.3 Copia del Acuerdo Municipal núm. 11 del 11 de diciembre de 1965 por medio
del cual se ceden gratuitamente unos lotes de terreno de propiedad municipal a la
empresa colombiana de aeródromos – ECA y a la Nación - Policía Nacional.
83.4 Copia del certificado de tradición y libertad de la Matrícula inmobiliaria núm.
210-52802 donde intervienen el hoy distrito de Riohacha y la empresa colombiana
de aeródromos – ECA.
83.5 Copia del Acuerdo Municipal núm. 8 de diciembre 6 de 1968 por medio del
cual se cede a título gratuito un lote de terreno a la empresa colombiana de
aeródromos – ECA y se da un plazo de seis meses para que efectúe las instalaciones
de los equipos de transmisiones y antenas.
83.6 Copia del certificado de tradición y libertad de la Matrícula inmobiliaria núm.
210-52803 donde se cede a título gratuito bienes fiscales del Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha a la empresa colombiana de aeródromos – ECA.
83.7 Copia de las solicitudes presentadas por el actor popular en donde solicita
que se adopten medidas necesarias de protección de derechos e intereses
colectivos violados y amenazados dirigida al i) alcalde de Riohacha Rafael Ceballos
Sierra, a la ii) Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil; y a la iii)
Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Instrumentos Públicos de
Riohacha.
83.8 Copia de la contestación dada por la Superintendencia de Notariado y
Registro del 28 de mayo de 2013 al actor popular.
83.9 Copia de la respuesta por parte de la Registradora Principal de la
Superintendencia de Notariado y Registro al actor popular, el 18 de junio de 2013.
83.10 Copia del Decreto núm. 042 de 19 de julio de 1982, por medio del cual se “[…]
efectúa la adjudicación de un predio […]”.
83.11 Copia de la Resolución núm. 05801 de 21 de octubre de 2013 expedido por
el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil “[…]
Por medio de la cual se inicia la subrogación a la Agencia Nacional de Infraestructura
• ANI del Contrato de Concesión No. 10000078-OK del 06 de agosto de 2010 […]”
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83.12 Copia del Acta de “[…] Entrega y Recibo a favor de la AGENCIA Nacional de
Infraestructura ANI, del Contrato de Concesión de Aeropuertos de Nororiente
No.10000078 OK 2010, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil y la Sociedad AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S […]”.
83.13 Copia del Acuerdo Municipal núm. 003 de 2 de febrero de 2002 “[…] Por el
cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 2.001-2.009 del Municipio de
Riohacha contenido en el Documento Técnico de Soporte y los planos generales del
mismo […]”.
83.14 Copia de la Resolución núm. 01035 de 9 de marzo de 2009 “[…] Por la cual
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil declara la posesión que tiene
sobre dos bienes inmuebles donde funciona el Aeropuerto "Almirante Padilla" de
Riohacha Guajira y la radioayuda […]”.
83.15 Copia del Contrato de Concesión núm. 10000078-OK-2010.
83.16 Copia del certificado de tradición y libertad de la Matrícula Inmobiliaria núm.
210-60090.
83.17 Copia del certificado de tradición y libertad de la Matrícula Inmobiliaria núm.
210-60091.
La responsabilidad del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y de
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en el caso concreto
84. El actor popular en su respectivo recurso de apelación, señaló que:
“[…] Pues resulta, que las tales obras ejecutadas por la Nación directa o
indirectamente a las que no les será oponible el POT, bastándole con expedir
las licencias que para el efecto requiera, están definidas explícitamente por la
ley: infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y
aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de
energía, proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de
utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, entre
las cuales podemos contar una estación de combustible dentro del Aeropuerto,
como las tienen otros aeródromos en el país; pero la Estación de Combustibles
ubicada en la Carrera con Calles 28A y 33 de Riohacha, dista del Aeropuerto
varias cuadras, no siendo una infraestructura básica relativa al aeropuerto, sí
para prestar servicio a las aeronaves, requiriendo legalmente solicitar Licencia de
Construcción al Distrito de Riohacha; al no haberlo hecho, por atender un concepto
contrario a la ley, procede la obligación de hacer, consistente en solicitar la Licencia
de Reconocimiento de Construcción, a través de la cual el Distrito de Riohacha
dispondrá si cumple con todos los parámetros de ley o si debe adoptar algún
requerimiento que salvaguarde la población aledaña […]” (Destacado fuera de
texto).
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85. La Sala procederá a resolver el caso concreto teniendo en cuenta que,
conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…] [i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo 30 de la Ley 472, “[…] [l]a
carga de la prueba corresponderá al demandante […]”, sin perjuicio de la posibilidad
para el juez de impartir órdenes para suplir las deficiencias probatorias y, de ser el
caso, obtener los elementos probatorios indispensables para proferir sentencia de
mérito.
86. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado32, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por la Sección
Primera, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones
de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá
las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y
con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo
establecido en el inciso anterior […], el juez podrá ordenar su práctica con cargo al
fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […]”33 (Destacado fuera de texto).
87. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
exp. No. 15001-23-31-000-2005-01867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de
18 de marzo de 2010, exp. No. 25000-23-25-000-2005-01345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta;
Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, exp. No. 68001-23-15-000-2003-00521-01(AP), C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, exp. No. 68001-23-15- 000-2003-
01472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, exp. No. 25000-
23-26-000-2005-00240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
33 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de
2010, exp. núm. 41001-23-31-000-2004-01275-01(AP): C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202034.
88. En ese orden de ideas, la Sala considera que la prosperidad de la acción
popular depende de la verificación de tres supuestos, a saber: “[…] a) una acción u
omisión de la parte demandada [o de la vinculada]; b) un daño contingente, peligro,
amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, distinto de aquél
que proviene de todo riesgo normal generado por la actividad humana; y, por último,
c) una relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de
tales derechos e intereses. Estos supuestos deben ser debidamente acreditados en
el proceso como presupuesto para que la vulneración del derecho colectivo invocado
sea declarada […]”.
89. La Sala considera, teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso y las
consideraciones contenidas en los marcos normativos y desarrollos
jurisprudenciales indicados supra, que, en este caso, no se encuentra probada la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano; así como, la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
90. La Sala evidencia que, si bien, se encuentra acreditado que efectivamente se
construyó la respectiva estación de servicios para aprovisionar la operación del
aeropuerto “[…] Almirante Padilla […]” ubicado en el Distrito Especial, Turístico y
Cultural de Riohacha, no existen pruebas al interior del proceso, en donde se
acredite que, con la construcción de la estación de servicios, el Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil hayan vulnerado o amenazado los derechos e intereses colectivos indicados
supra.
91. La Sala al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente encuentra
acreditado lo siguiente:
92. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil suscribió el Contrato
de Concesión núm. 10000078-OK con la Sociedad Aeropuertos de Oriente S.A.S, el
6 de agosto de 2010, cuyo objeto es el “[…] otorgamiento al Concesionario de
una concesión para que de conformidad con lo previsto en el Artículo 32,
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020, expediente con radicado número: 15001-23-33-000-2015-00316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
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Numeral 4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 de 1993, realice por su cuenta
y riesgo, la Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento
y Modernización del Área Concesionada de los Aeropuertos Camilo Daza de
Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariqules de Barrancabermeja, Alfonso López
Pumarejo de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de
Riohacha, bajo el control y vigilancia de Aerocivil […]” (Destacado fuera de texto).
93. A través del Acta de entrega del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha de
16 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la entrega a título de concesión por parte
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil a Aeropuertos de Oriente
S.A.S del i) Área Concesionada del Aeropuerto, ii) los Bienes de la Concesión
correspondientes al Aeropuerto, iii) los contratos cedidos correspondientes al
Aeropuerto, iv) los Servicios Asociados a Ingresos Regulados correspondientes al
Aeropuerto, v) los Servicios no Asociados a Ingresos Regulados correspondientes
al Aeropuerto, vi) los Ingresos Regulados correspondientes al Aeropuerto, vii) los
Ingresos no Regulados correspondientes al Aeropuerto, viii) los litigios y pleitos
pendientes correspondientes al Aeropuerto; ix) los Planes de Manejo Ambiental
correspondientes al Aeropuerto, en aquellas obligaciones relacionadas directamente
con el Área Concesionada del mismo.
94. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil mediante Resolución
núm. 05801 de 21 de octubre de 2013, resolvió iniciar el proceso de subrogación a
la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI del Contrato de Concesión núm.
10000078-OK del 6 de agosto de 2010 suscrito entre la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil y Aeropuertos de Oriente S.A.S, en donde, además, el
23 de diciembre de 2013, se firmó el Acta de entrega y recibo a favor de la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI del “[…] contrato de Concesión de Aeropuertos de
Nororiente No. 10000078 OK 2010, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil y la sociedad AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S […]”.
95. Ahora bien, se debe indicar que la mencionada estación de gasolina se
encuentra construida y es operada por Terpel S.A., a la cual Aeropuertos de Oriente
S.A.S., en su condición de concesionario, le otorgó la explotación de esa área de
concesión; en ese orden de ideas, se debe señalar que la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil mediante Resolución núm. 05801 de 21 de octubre de
2013, al resolver iniciar el proceso de subrogación a la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI del Contrato de Concesión núm. 10000078-OK del 6 de agosto
de 2010, implicó que no existiera obligación alguna para dicha entidad, toda vez que
las obligaciones derivadas de dicho contrato de Concesión le incumbe es a la
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Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Aeropuertos de Oriente S.A.S, por lo
que cualquier irregularidad o situación respecto de la estación de gasolina le es
imputable a las partes del respectivo contrato.
96. En ese orden de ideas, para la Sala, el actor popular no aportó pruebas que
acreditara alguna responsabilidad de la entidad respecto a las consecuencias
jurídicas de dicho contrato, ni mucho menos argumentó mediante qué acción u
omisión la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil vulneró o amenazó
los derechos e intereses colectivos indicados supra, con la construcción y entrada
en funcionamiento de la estación de gasolina.
97. Por último, en lo que tiene que ver con el incumplimiento de las reglas fijadas
en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Turístico y Cultural de
Riohacha y la presunta responsabilidad del Distrito y de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil en la amenaza y vulneración de los derechos e
intereses colectivos indicados supra, la Sala considera que, a diferencia de lo
sostenido por el actor popular en su respectivo recurso de apelación, en este caso,
conforme con las pruebas decretadas, se considera que la construcción de la
estación de gasolina se efectuó respetando el Plan de Ordenamiento Territorial.
98. El artículo 212 del Decreto núm. 1056 de 20 de abril de 195335 dispone que
el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio
público, por lo que “[…] las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán
ejercitarla de conformidad con los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de
los intereses generales […]”.
99. Por su parte, el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto núm. 4299 de 25 de
noviembre de 200536 prevé lo siguiente:
“[…] La refinación, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los
combustibles líquidos derivados del petróleo son considerados servicios
públicos que se prestarán conforme a la ley, el presente decreto y demás
disposiciones que reglamenten la materia […]” (Destacado fuera de texto).
100. La Corte Constitucional, en sentencia C-796 de 30 de octubre de 201437 frente
al tema consideró que “[…] el abastecimiento normal de combustibles derivados del
petróleo es esencial para la prestación de servicios básicos tales como la salud y el
transporte de pasajeros, y por tanto, su suspensión podría poner en riesgo derechos
fundamentales tales como la vida y la salud […]”.
35 “Por el cual se expide el Código de Petróleos”.
36 “Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones”.
37 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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101. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la normativa referente al Plan del
Ordenamiento Territorial, encontramos las siguientes:
102. El artículo 10 de la Ley 388 de 18 de julio de 199738 prevé lo siguiente:
“[…] En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de
acuerdo con la Constitución y las leyes: […]”.
“[…] 3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas
a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las
directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia […]” (Destacado fuera
de texto).
103. Por su parte, el artículo 107 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de Riohacha, sobre tratamientos de las zonas urbanas de Riohacha, establece que,
“[…] Para efectos de determinar y regular la estructura general y orgánica del
territorio y maximizar su potencialidad, las Comunas Urbanas de Riohacha tendrán
los tratamientos, principal y complementario, tipología predominante de construcción
y usos que se detallan a continuación […]”:
104. A su turno, en el titulo 4, sobre Clasificación de usos: reglamentación
Específica para cada zona, capítulo I, sobre definición de usos e intensidad de
ocupación del suelo urbano, artículo 109, del POT, se dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 109º: USOS E INTENSIDAD DE UTILIZACIÓN DEL SUELO
URBANO. La ocupación y los usos (principal, compatibles, restringidos y especiales)
para cada una de las Comunas o sectores urbanos definidos y delimitados en el
Artículo 47º del presente Acuerdo, son las que se establecen a continuación:
[…]
106.5. COMUNA Nº. 5 - AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA"
106.5.1. Criterio Orientador: Organización de espacios verdes, mejoramiento vial,
dotación de alumbrado público; respeto de las áreas de seguridad del aeropuerto.
106.5.2. Política de Ocupación: Debe ocuparse el área libre y no densificar ni
permitir alturas mayores a dos pisos por la proximidad del aeropuerto. A largo plazo,
el aeropuerto deberá ser reubicado.
106.5.3. Uso Principal: Vivienda, comercio de barrio y servicios personales.
38 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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106.5.4. Uso Compatible: Institucionales y estaciones de servicio en los bordes.
Comercio mayorista o Industria “Jardín” no contaminante sobre la Troncal del Caribe.
Industria Jardín.
106.5.5. Uso Restringido: Industria contaminante o peligrosa.
106.5.6. Uso Especial: Industria no contaminante o Industria “Jardín” sobre la
Troncal del Caribe e Institucional múltiple sobre la Av. de los Estudiantes […]”
(Destacado fuera de texto).
105. De igual manera, en los artículos 455, 456 y 457 del Decreto núm. 078 de 29
de octubre de 201539, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Riohacha se prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 455. DEFINICIÓN. Para efectos del presente Acuerdo, adóptense las
siguientes definiciones incluidas en el Decreto 4299 de 2005.:
1. ESTACIÓN DE SERVICIO: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen
al consumidor final los combustibles líquidos derivados del petróleo.
2. ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ: Establecimiento en el cual se
almacenan y distribuyen combustibles básicos utilizados para vehículos
automotores, los cuales se entregan a partir de equipos fijos (surtidores) que
llenan directamente los tanques de combustible.
Dichos establecimientos pueden incluir facilidades para prestar uno o varios de los
siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación
de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de
mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y
accesorios y demás servicios afines.
En las estaciones de servicio automotriz también podrá operar venta de GLP en
cilindros portátiles, con destino al servicio público domiciliario, caso en el cual se
sujetarán a la reglamentación específica que establezca el Ministerio de Minas y
Energía. Asimismo podrán funcionar minimercados, tiendas de comidas rápidas,
cajeros automáticos, tiendas de vídeos y otros servicios afines a estos, siempre y
cuando se obtengan de las autoridades competentes las autorizaciones
correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para cada uno de los
servicios ofrecidos.
Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para
la distribución de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, caso
en el cual se sujetarán a la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y
Energía contemplada en el Decreto 4299 de 2005 y por las normas que lo desarrollen,
complementen ó sustituyan.
3. ESTACIÓN DE SERVICIO FLUVIAL: Establecimiento destinado al
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del
petróleo utilizados para embarcaciones autopropulsadas, los cuales se
distribuyen a partir de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los
tanques de combustible.
4. ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍTIMA: Establecimiento en donde se
almacenan y distribuyen combustibles líquidos derivados del petróleo
destinados exclusivamente para buques o naves.
39
“Por el cual se adopta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Riohacha
revisado y ajustado vigencia 2002-2015, contenidos en los documentos planos y anexos que lo soportan y se
dictan otras disposiciones”.
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5. DISTRIBUIDOR MINORISTA: Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer
la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a través
de una estación de servicio, o como comercializador industrial, en los términos del
Capítulo VII del Decreto 4299 de 2005.
Artículo 456. LOCALIZACIÓN. Las Estaciones de Servicio solo podrán ubicarse con
frente sobre vías regionales, arterias y/o semiarterias, determinadas según las
normas urbanísticas emanadas del presente Acuerdo.
Artículo 457. RESTRICCIONES DE LOCALIZACIÓN. Los linderos de los lotes
donde se pretenda ubicar las estaciones de servicio se refiere el presente Acuerdo
no podrán quedar a una distancia menor de cien metros (100 m) de los linderos de
edificios vivienda en cualquiera de sus tipos, instituciones de educación o de salud,
templos, teatros, escenarios deportivos cerrados, hoteles y demás sitios destinados
a reuniones públicas cuyo funcionamiento haya sido previamente autorizado por la
autoridad competente del Municipio de Riohacha […]”.
106. En ese orden de ideas, la Sala debe señalar que en los términos del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Riohacha y su revisión y ajuste, se permite
la construcción de estaciones de servicio en inmediaciones del aeropuerto o, en los
términos del POT, “bordes”, como “[…] uso compatible […]” en la “[…] COMUNA Nº.
5 - AEROPUERTO "ALMIRANTE PADILLA […]”. Se trata entonces de una norma especial,
aplicable a la “COMUNA Nº. 5 - AEROPUERTO “ALMIRANTE PADILLA”.
107. De igual manera, dicho Plan de Ordenamiento Territorial fue objeto de revisión
y ajustes por medio del Decreto núm. 078 de 2015, en donde como se indicó supra,
se efectuó una regulación expresa de las estaciones de servicio i) automotriz; ii)
fluvial; y iii) marítima; al señalarse que “[…] solo podrán ubicarse con frente sobre
vías regionales, arterias y/o semiarterias, determinadas según las normas
urbanísticas emanadas del presente Acuerdo […]”, y los linderos de los lotes donde
se pretenda ubicar las estaciones de servicio no “[…] podrán quedar a una distancia
menor de cien metros (100 m) de los linderos de edificios vivienda en cualquiera de
sus tipos, instituciones de educación o de salud, templos, teatros, escenarios
deportivos cerrados, hoteles y demás sitios destinados a reuniones públicas cuyo
funcionamiento haya sido previamente autorizado por la autoridad competente del
Municipio de Riohacha […]”.
108. En ese orden, la Sala debe indicar, por un lado, que en la modificación que se
le hizo al respectivo Plan de Ordenamiento Territorial no se incluyeron las estaciones
de servicio aeroportuario, lo cual permitiría concluir que a esa estación de servicio
no le son aplicables las restricciones de localización previstas en el artículo 457 del
Decreto núm. 078 de 29 de octubre de 2015.
109. Ahora bien, el actor popular afirma que la existencia de la estación de servicio
constituye una amenaza de los derechos e intereses colectivos indicados supra; sin
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embargo, este no aportó prueba que acreditara la responsabilidad del Distrito
Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil; ni mucho menos, argumentó como se desconocieron las reglas
fijadas en el respectivo POT con la construcción de dicha estación, por lo que para
la Sala, el señor Andros Lorenzo Roys Brito no argumentó mediante qué acción u
omisión la parte demandada amenazó o vulneró los derechos e intereses colectivos
al goce de un ambiente sano; así como la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
110. Por último, como se indicó supra el transporte y la distribución del petróleo y
sus derivados constituyen un servicio público, por lo que su prestación no es
incompatible con las reglas fijadas en el respectivo POT, en donde además, en los
términos del artículo 84 del Decreto núm. 078 de 2015, se previó como “[…] objetivos
de la intervención en el Sistema de Transporte, Abastecimiento y Distribución de
Combustibles, los siguientes: 1. Garantizar el abastecimiento actual y en el futuro de
los hidrocarburos que demanda el municipio. 2. Garantizar la construcción,
renovación y reubicación de las redes y equipos del sistema. 3. Articular el sistema
a la estrategia de ordenamiento para el municipio (Estructuras), a las clases de suelo
y a los demás sistemas del POT. 4. Realizar la Gestión Integral del Riesgo del
sistema […]”.
111. En ese orden de ideas, la Sala comparte las consideraciones jurídicas
expuestas por el Tribunal Administrativo de La Guajira en la sentencia de 27 de
septiembre de 2021, al concluir que “[…] no es de recibo el argumento del actor
popular según el cual la construcción de la estación de combustible constituye un
peligro que debe ser catalogado como hecho notorio, pues la instalación y operación
de una estación de servicio, por si sola, no implica una amenaza a los derechos
colectivos alegados […]”.
La responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el caso
concreto
112. El actor popular en su demanda presentó como pretensión que “[…] [s]e
declare que la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RIOHACHA vulneró el derecho
colectivo a la moralidad administrativa al introducir modificaciones al registro original
de los libros, Antiguo Sistema de Registro, en la Anotación No. 1 de cada una de las
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Matrículas Inmobiliarias 210-52802 y 210- 52803 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Riohacha, Sistema Vigente de Registro […]”.
113. Posteriormente en los presupuestos fácticos y argumentos indicó lo siguiente:
“[…] Una de las dos anteriores cesiones, la de la empresa Colombiana de
Aeródromos, ECA, sin escritura firmada por el Personero Municipal, se encuentra
registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha bajo las
siguientes características inmobiliarias falsas, porque a sabiendas de que "[p]ara que
pueda ser inscrito en el registro cualquier título se deberá indicar la procedencia
inmediata del dominio o del derecho respectivo, mediante la cita del título
antecedente", en este caso, el Acuerdo Municipal, según la Oficina, porque "[s]in este
requisito no procederá la inscripción," se registró de la siguiente forma:
✓ Documento: RESOLUCIÓN 11 del: 11-12-1965 CONSEJO <sic> MUNICIPAL de
RIOHACHA Falsedad que consiste en cambiar el nombre del Acto Administrativo
ACUERDO por RESOLUCIÓN.
✓ ESPECIFICACIÓN: 0121 CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
ACUERDO NO. 11 CONSEJO <sic> MUNICIPAL (MODO DE ADQUISICIÓN)
Falsedad que consiste en inscribir esta CESIÓN bajo la especificación 0121, que se
abrió en la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO para inscribir el
tipo de cesión dispuesto por la Ley 9 de 1.989, Articulo 58, - cesión a título gratuito
de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas que sean bienes fiscales y
que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social - y que en
concordancia con la Ley 388 de 1.997, Artículo 95, debía y debe hacerse mediante
Resolución.
✓ Debido a las disposiciones legales expuestas en las leyes 9 de 1.989 y 388 de
1.997 es que incurren en falsedad en documento público en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Riohacha; repito, cambiando ACUERDO por
RESOLUCIÓN y anotando la cesión mediante especificación 0121 que corresponde
al tipo de cesión gratuita a ocupantes ilegales de predios de propiedad de las
entidades públicas con vivienda de interés social, establecida por el Congreso de la
República en 1.989, veinticuatro (24) años después de que el Concejo Municipal de
Riohacha cediera el lote a la empresa Colombiana de Aeródromos, ECA […]”.
[…]
“[…] En esta CESIÓN a la empresa Colombiana de Aeródromos, ECA, es más
palmario el procedimiento falso adoptado por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha, entidad que sin tener una escritura firmada por el Personero
Municipal, registra la cesión bajo las siguientes características inmobiliarias falsas, a
saber:
✓ Documento: RESOLUCIÓN 8 del: 06-12-1968 CONSEJO <sic> MUNICIPAL de
RIOHACHA Incurre nuevamente en la falsedad de cambiar el nombre del Acto
Administrativo ACUERDO por RESOLUCIÓN.
✓ ESPECIFICACIÓN: 0121 CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
(MODO DE ADQUISICIÓN) 17 Falsedad que como hemos dicho, consiste en
inscribir esta CESIÓN bajo la especificación 0121, que se abrió en la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO para inscribir el tipo de
cesión dispuesto por la Ley 9 de 1.989, Artículo 58, - cesión a título gratuito de los
inmuebles de propiedad de las entidades públicas que sean bienes fiscales y que
hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social y que en
concordancia con la Ley 388 de 1.997, Artículo 9518, debía y debe hacerse mediante
Resolución […]”.
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114. Por último, señaló que los “[…] dos acuerdos anteriores se inscribieron el 25
de Octubre de 1971 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha
en el Libro 1, Tomo 2, Partidas 817 y 818, Folio 259 y vuelta, Antiguo Sistema de
Registro; e introduciendo los cambios anotados, en el Sistema Vigente de Registro,
anotaron los acuerdos como resoluciones y las cesiones gratuitas como si fueran las
que establece el Artículo 58 de la Ley 9 de 1.989, de predios de propiedad de
entidades públicas ocupados ilegalmente con viviendas de interés social, bajo folios
de Matricula Inmobiliaria 210-52802 y 210-52803 […]”.
115. El actor popular en su recurso de apelación expresó que no había lugar a
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en
relación con la Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta que
hubo irregularidades en la expedición de las Matrículas Inmobiliarias núm. 210-
52802 y 210-52803, lo que implicó, en su criterio, una vulneración a los derechos
colectivos anteriormente indicados.
116. El suma, el actor popular pone de presente en su recurso de apelación
algunas situaciones que, en su criterio, constituyen irregularidades en el trámite de
cesión a las que categorizó como conductas delictivas y fraudulentas, entre ellas,
relacionadas con: i) fundamentación de los registros en normas inaplicables, en
especial el artículo 58 de la Ley 9 de 11 de enero de 1989 40 ; ii) errores de
denominación de actos administrativos, en cuanto se utiliza la expresión “resolución”
para referirse a “acuerdos”; y iii) diligenciamiento en el año 2010 de solicitudes de
inscripción y registro inmobiliario por una empresa que, según señala, es inexistente:
“[…] EMPRESA COLOMBIANA DE AERÓDROMOS -ECA […]”, que no es
Aeronáutica Civil, y que no transfirió los terrenos que hoy ocupa Aerocivil y por tanto
son propiedad del Distrito de Riohacha.
117. Asimismo, afirmó que cumplió, en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Penal, con su deber legal de denunciar “[…] a la autoridad los delitos
de cuya comisión […] [tiene] conocimiento y que [en su criterio] deban investigarse
de oficio […]”.
118. Sea lo primero resaltar que el artículo 4 del Decreto núm. 2723 de 29 de
diciembre de 201441 prevé que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá
como función la de ejercer la “[…] orientación, inspección, vigilancia y control de los
servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos
40 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y
se dictan otras disposiciones”.
41 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”
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Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de
la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral
inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los
principios de eficiencia, eficacia y efectividad […]”.
119. De igual manera, respecto a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
los artículos 1°, 59 y 93 de la Ley 1579 de 1.° de octubre de 2012 42 prevén lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1°. El registro de la propiedad inmueble es un servicio público
prestado por el Estado por funcionarios denominados Registradores de Instrumentos
Públicos, en la forma aquí establecida y para los fines y con los efectos consagrados
en las leyes […]”.
“[…] ARTÍCULO 59. Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o
inscripción, se corregirán de la siguiente manera:
Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecanográficos que se
deduzcan de los antecedentes y que no afecten la naturaleza jurídica del acto, o el
contenido esencial del mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo la
información errada por la correcta, o enmendando o borrando lo escrito y anotando
lo correcto.
Los errores en que se haya incurrido al momento de la calificación y que se detecten
antes de ser notificado el acto registral correspondiente, se corregirán en la forma
indicada en el inciso anterior.
Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido
publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán
ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley.
Las constancias de inscripción que no hubieren sido suscritas, serán firmadas por
quien desempeñe en la actualidad el cargo de Registrador, previa atestación de que
se surtió correcta y completamente el proceso de trámite del documento o título que
dio origen a aquella inscripción y autorización mediante acto administrativo expedido
por la Superintendencia Delegada para el Registro. A la solicitud de autorización
deberá anexarse certificación expedida por el Registrador de Instrumentos Públicos,
en el sentido de que dicha inscripción cumplió con todos los requisitos.
De toda corrección que se efectúe en el folio de matrícula inmobiliaria, se debe dejar
la correspondiente salvedad haciendo referencia a la anotación corregida, el tipo de
corrección que se efectuó, el acto administrativo por el cual se ordenó, en el caso en
que esta haya sido producto de una actuación administrativa […]”.
[…]
CAPÍTULO XXII.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS.
ARTÍCULO 92. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADORES. Los
Registradores de Instrumentos Públicos son los responsables del funcionamiento
42 “Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”.
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técnico y administrativo de las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos.
ARTÍCULO 93. Los Registradores de Instrumentos Públicos serán
responsables del proceso de registro y de la no inscripción, sin justa causa, de
los instrumentos públicos sujetos a registro, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda atribuirse a los funcionarios que intervienen en el
proceso registral.
ARTÍCULO 94. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Los Registradores de
Instrumentos Públicos responderán, en ejercicio de sus funciones, en materia
patrimonial por los hechos, acciones y omisiones demandados ante la jurisdicción
contenciosa administrativa cuando esta profiera condena en contra de la Entidad,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada y haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa del referido Registrador […]” (Destacado
fuera de texto).
120. Ahora bien, teniendo en cuenta las funciones de la Superintendencia de
Notariado y Registro y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos,
específicamente de los registradores de Instrumentos Públicos, la Sala considera
que el actor popular no estableció las razones o fundamentos de que las posibles
irregularidades que se presentaron en las respectivas Matrículas Inmobiliarias núm.
210-52802 y 210-52803 le sea atribuible a la Superintendencia de Notariado y
Registro, tampoco indicó cuales funciones asignadas legalmente a dicha entidad
fueron incumplidas y que, con ocasión de ello, se haya amenazado o vulnerado los
derechos e intereses colectivos.
121. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202043.
122. En ese orden de ideas, la Sala considera que la prosperidad de la acción
popular depende de la verificación de tres supuestos, a saber: “[…] a) una acción u
omisión de la parte demandada; b) un daño contingente, peligro, amenaza,
vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, distinto de aquél que
proviene de todo riesgo normal generado por la actividad humana; y, por último, c)
una relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de
tales derechos e intereses. Estos supuestos deben ser debidamente acreditados en
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020, expediente con radicado número: 15001-23-33-000-2015-00316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
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el proceso como presupuesto para que la vulneración del derecho colectivo invocado
sea declarada […]”; supuestos que, como se señaló supra, no fueron acreditados
por el actor popular en el caso sub examine.
123. La Sala considera que los argumentos presentados por el apelante están
relacionados con materias propias del estudio de legalidad de actos administrativos,
como lo es: la existencia de una presunta desviación de poder y el desconocimiento
de las normas jurídicas en que debían fundarse los actos, lo cual no es procedente
a través de este medio de control.
124. En ese orden de ideas, se resalta que el juez de la acción popular no es un
juez de legalidad de los actos administrativos, pues esta competencia recae en el
juez de lo contencioso administrativo, ni tampoco es el juez competente para impartir
trámite a denuncias penales; ello sin perjuicio de que, en determinados eventos, la
constatación de que un acto administrativo o la comisión de conductas
presuntamente punibles, pueda ser fuente de vulneración de los derechos e
intereses colectivos, caso en el cual no es procedente; por ejemplo, el estudio de
legalidad, pero sí la adopción de otras medidas tendientes a la superación de la
amenaza o de la vulneración de los derechos. En todo caso, la vulneración de los
derechos e intereses colectivos en el marco de las conductas invocadas por el actor
popular en el recurso de apelación no están probadas en este caso concreto.
125. Para la Sala, el hecho de que se haya incurrido en un error mecanográfico en
la denominación del acto administrativo que fundamentó el registro no implica una
vulneración o amenaza del derecho colectivo a la moralidad administrativa y mucho
menos que dicha situación sea atribuible a los actos de la Superintendencia de
Notariado y Registro.
126. Además, verificado las anotaciones realizadas en las matrículas inmobiliarias
núm. 210-52802 y 210-52803, no se evidencia, como lo manifiesta el actor popular,
que estas se hayan fundamentado en el artículo 58 de la Ley 9 de 1989 ni se
argumenta por el solicitante sobre el por qué la especificación “[…] 0121 CESION A
TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES ACUERDO NO.11 CONSEJO
MUNICIPAL (MODO DE ADQUISICION […]”, se relaciona con dicha norma lo cual
implica una falta de carga argumentativa que no puede ser suplida por este juez
constitucional.
127. Para la Sala, el actor popular no fundamentó cómo, en el caso concreto, se
desconoció las reglas contenidas en el artículo 58 de la Ley 9 de 1989, que haya
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implicado por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro la amenaza y
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
128. En ese orden de ideas, el actor popular para efectos de acreditar la amenaza
o vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, tenía la carga de
argumentar que: i) la actuación de la administración no estuvo direccionada a la
satisfacción del interés general, y ii) que se desconocieron postulados
constitucionales y legales, es decir, la violación del contenido de una norma jurídica.
129. En ese orden de ideas, para la Sala, en el caso sub examine, no está probada
la amenaza o vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa en
cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro.
130. Ahora bien, el apelante argumenta que la Empresa Colombiana Aeródromos
– ECA- no existe y que dicha situación implicó una irregularidad en torno al acto de
registro.
131. Al respecto, sea lo primero resaltar que la existencia o inexistencia de ECA
no fue un argumento planteado en la demanda y, en todo caso, se evidencia que a
pesar de que dicha empresa no exista, sus funciones fueron asumidas por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, según se explica a continuación:
132. En efecto y en relación con la Empresa Colombiana Aeródromos y la Aerocivil,
se resalta que: i) por medio de la Ley 126 de 31 de diciembre de 191944 se autorizó
por primera vez al poder Ejecutivo para que reglamentara lo referente a la
aeronavegación; ii) A través de La Ley 89 de 26 de mayo de 193845 se centralizó el
control de la aviación en un organismo especial denominado Dirección General de
la Aeronáutica Civil, encargado especialmente de lo relacionado con los servicios de
Aeródromos, rutas aéreas, radiocomunicaciones aeronáuticas, meteorología,
vigilancia de personas, materiales e instalaciones destinados a la navegación aérea;
iii) La Dirección General de la Aeronáutica Civil funcionó como dependencia del
Ministerio de Guerra de la Dirección General de la Aviación Militar; iv) en ese orden
de ideas, mediante el Decreto núm. 3269 del 10 de noviembre de 1954, se creó el
Instituto descentralizado denominado Empresa Colombiana de Aeródromos - ECA,
encargado de la construcción, mejora y mantenimiento de los aeropuertos públicos,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; v)
44 “Por la cual se crea una Escuela Militar y se dictan medidas sobre aviación”.
45
“Sobre aeronáutica civil”.
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posteriormente, con el fin de dotar a la autoridad aeronáutica de una autonomía
administrativa y financiera se creó el Departamento Administrativo de Aeronáutica
Civil, mediante Decreto núm. 1721 del 18 de julio de 1960, con unas funciones
técnicas y administrativas específicas, para dirigir la política aeronáutica.
133. El Decreto 3140 de 1968 suprimió la E.C.A. y se creó el Fondo Aeronáutica
Nacional, establecimiento público adscrito al Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil “DAAC”.
134. Posteriormente y mediante el Decreto 3140 de 1968, reorganizó el
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, se ordenó la creación del Fondo
Aeronáutico Nacional -FAN- con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, encargado de la adquisición, construcción, administración
y mantenimiento de las obras de infraestructura aeronáutica y, en general de los
servicios que en materia de operación de aeropuertos y de ayudas a la navegación,
debe prestar el Estado.
135. Por último, el Decreto 2171 de 1992 dispuso que la Autoridad Aeronáutica,
conformada por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, se fusiona con
el Fondo Aeronáutico Nacional y se restructura como Unidad Administrativa Especial
De Aeronáutica Civil, organismo al cual se le asigna el conjunto de facultades y
funciones que ha venido desempeñando el mencionado Departamento
Administrativo, hasta la fecha.
136. Clarificado lo anterior, en este punto, se resalta la Sala ha considerado que:
i) mediante la acción popular se protegen derechos indivisibles que pertenecen a la
comunidad y no derechos individuales y divisibles que pertenecen a cada sujeto de
derecho en particular; ii) los derechos colectivos excluyen motivaciones subjetivas o
particulares en la medida en que salvaguardan derechos de solidaridad que
conciernen a todos los individuos y no pueden existir sin la intervención de la
comunidad y el Estado; y iii) que el presupuesto para su procedencia se relaciona
directamente con un interés general que excede la esfera privada.
137. La Sala considera en ese orden de ideas, que no está probado que la
Superintendencia de Notariado y Registro, en el caso sub examine, hayan incurrido
en alguna acción u omisión que vulnere o amenace los derechos e intereses
colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, en los términos
planteados por el actor popular.
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138. En consecuencia, la Sala considera que la sentencia proferida por el Tribunal,
en primera instancia, debe ser confirmada, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
139. Por las razones expuestas, los argumentos de la apelación estudiados no
prosperan.
140. Por último, la Sala al revisar los argumentos expuestos por el actor en su
recurso de apelación, infiere que está solicitando que se compulsen copias para que
se investigue la posible comisión de unos delitos; sin embargo, esta Sección se
abstendrá de acceder a dicha solicitud porque, al menos, en este proceso, no se
encontró elemento de prueba que permita evidenciar que se haya incurrido en
conductas delictivas en los precisos términos de la normativa correspondiente.
Conclusiones de la Sala
141. En suma, la Sala concluye que, en el caso sub examine, el Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, no son responsables de las vulneraciones o amenazas de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano; así como, la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, como consecuencia de la construcción de la estación de servicios
para aprovisionar la operación del aeropuerto Almirante Padilla ubicado en el Distrito
Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.
142. De igual manera, se concluye que la Superintendencia de Notariado y
Registro y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha no son
responsables de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos a
la moralidad administrativa y al patrimonio público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo de La Guajira, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala, en la sesión del día.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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