RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06703-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06703-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06703-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Hilda Ena López Julio, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06703-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

16 de febrero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: HILDA ENA LÓPEZ JULIO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y JUZGADO
DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda ejecutiva.
Requisito objetivo de la inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Hilda Ena López Julio contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, en la que pide
el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, mínimo vital, seguridad social, de acceso a la administración de justicia,
vida digna y el principio in dubio pro operario, supuestamente vulnerados con las
providencias de 29 de noviembre y 21 de marzo de 2019, respectivamente, que
negaron el mandamiento de pago contra el departamento de Bolívar para que se
diera cumplimiento integral de la sentencia de 24 de febrero de 2012, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad del Decreto No. 1244
de 22 de diciembre de 1998 y ordenó el reintegro al cargo de secretaria 540-09 en
la Gobernación de Bolívar, sin solución de continuidad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó al departamento de Bolívar con el fin de
que se declarara la nulidad del Decreto 1244 de 22 de diciembre de 1998, por
medio del cual el ente territorial suprimió cargos de la planta de personal, entro
otros, el de secretaria 540-09 que ella ocupaba.

Afirmó que por sentencia de 28 de marzo de 2011, el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Cartagena negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue
apelada. Agregó que por medio de la providencia de 24 de febrero de 2012, el
Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión recurrida y, en su lugar,
declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, ordenó
que se reintegrara al cargo que ocupaba, sin solución de continuidad.

Señaló que mediante Decreto No. 490 de 4 de septiembre de 2012, la
Gobernación de Bolívar ordenó el pago los dineros ordenados en la citada
sentencia, sin embargo, omitió cumplir con lo relativo al reintegro laboral y el pago
de los intereses moratorios, bajo el argumento de que la demandante había
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

exonerado al ente territorial demandado del pago de intereses corrientes y
moratorios.

Manifestó que, frente a esa circunstancia, presentó demanda ejecutiva para
reclamar el cumplimiento integral de la sentencia de 24 de febrero de 2012
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Adujo que, en primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cartagena por auto de 21 de marzo de 2021 negó el mandamiento de pago por
cuanto transcurrieron más de cinco años entre la ejecutoria de la sentencia -15 de
marzo de 2012- y la presentación de la demanda -18 de enero de 2019-

Indicó que contra esa decisión presentó recurso de apelación en el que manifestó
que no se está analizando de manera correcta la caducidad, pues debía tenerse
en cuenta la fecha en que se hace exigible la obligación, esto es, después de
transcurridos los 18 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia, conforme lo
establecía el 177 del Código Contencioso Administrativo, que era la norma
aplicable, y que inició el 18 de julio de 2012 cuando finalizó el proceso de
restructuración de pasivos al cual estaba sometido el ente territorial demandado
(Ley 550 de 1990). En ese marco, aseveró que el término de caducidad es de 6
años y 6 meses, por lo que en su caso el análisis correcto es el siguiente:
“De lo que viene dicho se extrae que los términos en mención tienen como extremos
temporales el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, lo que es día
16 de marzo de 2012 y el día lunes 17 de septiembre de 2018 oportunidad en la cual se
cumplieron los 18 meses para la exigibilidad de la obligación y seguidamente los cinco
años de la prescripción. Pero como quiera que la entidad demandada, Departamento
de Bolívar, se había acogido desde el mes de diciembre del año 2.000 a la ley 550 de
1.990 de reestructuración de pasivos y que solo había salido de dicho acuerdo el 18 de
julio de 2012, el tiempo transcurrido desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la
sentencia 16 de marzo de 2012 y el 18 de julio de 2012 - 4 meses y 2 días - Interrumpió
el término de la caducidad, circunstancia esta que nos lleva a tener como extremo
temporal final de tiempo el día 19 de enero de 2019 y como quiera que la demanda fue
presentada el día 18 de enero de 2019, queda demostrado, de manera prístina, que la
demanda sí se interpuso oportunamente”.

Relató que por auto de 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Bolívar confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no
operó la suspensión del término de caducidad por el proceso de restructuración de
pasivos, en tanto el mismo finalizó el 18 de julio de 2012, esto es, antes de que
venciera el término de 18 meses para el pago de la condena por lo que no tuvo
incidencia en la caducidad.

Informó que formuló recurso extraordinario de revisión para que se revocara el
auto de 29 de noviembre de 2019, el cual fue rechazado por improcedente a
través del auto de 24 de junio de 2021 proferido por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado. Agregó que frente a esa decisión interpuso
recurso de súplica que confirmó el rechazo del recurso por auto de 24 de marzo
de 2022 notificado por estado del 17 de junio de 2022.

Finalmente, indicó que tiene 65 años de edad y carece de una fuente de ingresos
que le permita la consecución de los recursos necesarios para garantizar su
subsistencia por lo que depende económicamente de sus familiares.

2. Fundamentos de la acción

La accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, seguridad
social, de acceso a la administración de justicia, vida digna y del principio in dubio
pro operario supuestamente vulnerados con los autos de 29 de noviembre y 21 de
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

marzo de 2019, que negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
contra el departamento de Bolívar promovido para que se diera cumplimiento
integral de la sentencia de 24 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad del Decreto No. 1244 de 22 de
diciembre de 1998 y ordenó el reintegro, sin solución de continuidad, al cargo de
secretaria 540-09 que ocupaba en la Gobernación de Bolívar.

Indicó que los requisitos generales de procedencia están satisfechos teniendo en
cuenta que (i) el presente asunto tiene relevancia constitucional dado que lo que
se discute se relaciona con la vulneración de derechos fundamentales; (ii) no
cuenta con otro medios de defensa judicial porque la providencia demandada fue
expedida en el marco del recurso de apelación, a lo que agregó que “la sentencia
de segundo nivel por igual, no sería en línea de principio atendible en sede de
revisión, por no tener ocurrencia real ninguna de las causales de revisión”; (iii) se
interpuso de forma oportuna teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de
revisión fue resuelto de manera definitiva mediante providencia de 24 de marzo de
2022, que fue notificada el 17 de junio de 2022, y la acción de tutela se radicó el
14 de diciembre de 2022, (iv) se identificaron de forma razonable los hechos que
generaron la vulneración de los derechos fundamentales y, por último, (v) no se
cuestiona una sentencia de tutela.

Enseguida, sostuvo que la providencia demandada incurrió en los siguientes
defectos:

• Desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, alegó el
desconocimiento de la sentencia de 10 de noviembre de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado1 y el fallo
dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del expediente
130013333012201400099012, que establecen que la caducidad no
puede convertirse en una barrera para el ejercicio del derecho de
acceso a la administración de justicia, por lo que en cada caso
concreto debe analizarse este fenómeno sin que pueda rechazarse la
demanda en una etapa temprana del proceso judicial, en virtud de los
principios pro damato y pro actione.

• Defecto sustantivo. En este punto, se refirió al incumplimiento de lo
establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo,
norma que correspondía aplicarse para resolver el caso concreto, en
virtud de la cual la sentencia que establece una condena contra el
Estado es ejecutable ante la jurisdicción 18 meses después de su
ejecutoria.

De acuerdo con ello, consideró que teniendo en cuenta que la
sentencia título base de la ejecución quedó ejecutoriada el 15 de
marzo de 2012, los 18 meses se vencieron el 16 de septiembre de
2013 y desde ese día comenzó a correr el término de la caducidad, a
lo que agregó que éste se suspendió entre el 16 de marzo de 2012
(ejecutoria de la sentencia que constituye el título ejecutivo) y el 24 de
julio de 2012 cuando finalizó el acuerdo de restructuración del pasivo
al que se había sometido el departamento de Bolívar (Ley 550 de
1990). Así, adujo que el plazo para presentar la demanda ejecutiva
vencía el 24 de enero de 2019, por lo que la presentada el 18 de ese
mes y año fue oportuna.

1 Radicación No 18805. Demandante: Viviana Patricia Salcedo Álvarez.
2 Demandante: Soledad Donado Rueda.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Que previos los trámites legales pertinentes, se ordene emitir un fallo que acoja
nuestras pretensiones, y en consecuencia se conceda el amparo constitucional a mis
derechos fundamentales al debido proceso, defensa en juicio, acceso a la
administración de justicia, derecho al trabajo, derecho a la tutela judicial efectiva y al
principio in dubio pro operario, derechos estos que se menoscabaron por parte de la
autoridad judicial accionada. En tal virtud, solicitamos a la Sala, que al conceder el
amparo de los derechos fundamentales que vienen dichos, se dejen sin efectos tanto el
fallo de primer nivel como el fallo de segundo nivel y en su lugar se le ordene a los
accionados emitir una providencia en donde se accedan a las súplicas de la demanda,
conforme a las directrices que se plasmen en el fallo de la presente acción de tutela,
aislando del nuevo fallo que se ordene emitir los hechos y sustento jurídico que lo
tornan incongruente y violatorio de los derechos fundamentales que vienen narrados.
Que, en subsidio, la Sala determine las órdenes y consecuencias del acogimiento de la
solicitud de amparo constitucional”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente las siguientes:

• Copia del auto de 21 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cartagena.

• Copia del auto de 29 de noviembre de 2019, dictado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

• Copia de las providencias de 24 de junio de 2021 y 24 de marzo de 2022
emanadas de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado
que resolvieron el recurso extraordinario de revisión y el de súplica.

Mediante correo electrónico de 12 de enero de 2023, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cartagena informó el link habilitado para la consulta
del expediente contentivo del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 13001-33-33-
012-1999-00533-01.

5. Trámite procesal

Por auto de 16 de diciembre de 2022, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales
demandadas, así como al departamento de Bolívar, como tercero interesado en el
resultado del proceso.

De igual modo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, en el evento de que el expediente
hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 13001-
33-33-012-1999-00533-01, demandante: Hilda Ena López Julio.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica Nos. 477 a 481 de 11 de enero de 2023, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión3.

3 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las

siguientes direcciones de correo electrónico: himrhenals@hotmail.com,
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificaciones@bolivar.gov.co,
admin12cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, jadmin12ctg@notificacionesrj.gov.co.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada pidió que se declare
improcedente la acción de tutela por no cumplirse el presupuesto de la inmediatez,
en tanto el auto de 29 de noviembre de 2019 que resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la actora contra la providencia de 21 de marzo de 2019 proferida
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena que negó el
mandamiento de pago, fue notificado por correo electrónico el 16 de enero de
2020 y la acción de tutela fue radicada el 14 de diciembre de 2022, es decir,
transcurridos veintidós meses, lo que, a su juicio, desconoce el plazo razonable
que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional para promover la
acción de tutela contra providencias judiciales.

En todo caso, explicó que la decisión de negar el mandamiento de pago por haber
operado la caducidad se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, porque la
providencia cuyo cobro se pretende quedó debidamente ejecutoriada el 15 de
marzo de 2012, por lo que el ente territorial demandado disponía hasta el 16 de
septiembre de 2013 para el pago de la suma a la que fue condenada. En ese
orden, de acuerdo con el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, dicha sentencia solo era ejecutable dieciocho meses después de
su ejecutoria, es decir, a partir del 17 de septiembre de 2013, de acuerdo con ello,
el plazo de cinco años para ejercer la demanda ejecutiva inició el 17 de
septiembre de 2013 y venció el 17 de septiembre de 2018, sin embargo, la
demanda fue radicada el día 18 de enero del 2019, por fuera de la oportunidad
legal.

6.2. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena informó el link
habilitado para la consulta del expediente que contiene las actuaciones judiciales
dentro del proceso ejecutivo promovido por la señora Hilda Ena López Julio,
radicado No. 13001-33-33-012-1999-00533-01. Sin embargo, no efectuó algún
pronunciamiento frente a los hechos y las pretensiones de la demanda.

Del mismo modo, el departamento de Bolívar guardó silencio pese a que fue
notificado del auto admisorio de la acción de tutela en debida forma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta que la autoridad judicial accionada alegó el incumplimiento del
presupuesto de la inmediatez, le corresponde a la Sala determinar si la acción de
tutela fue presentada oportunamente con el fin de cuestionar las providencias de
29 de noviembre y 21 de marzo de 2019, proferidas por el Tribunal Administrativo
de Bolívar y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena, en su
orden, que negaron el mandamiento de pago en el trámite del proceso ejecutivo
iniciado contra el departamento de Bolívar para que se diera cumplimiento integral
a la sentencia de 24 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar que declaró la nulidad del Decreto No. 1244 de 22 de diciembre de 1998 y
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

ordenó el reintegro al cargo de secretaria 540-09 en la Gobernación de Bolívar, sin
solución de continuidad.

En caso de que la respuesta a ese interrogante sea afirmativa, y de encontrarse
cumplidos los restantes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, corresponde determinar si las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital, seguridad social, de acceso a la administración de justicia, vida digna
y el principio in dubio pro operario de la accionante con las decisiones que
negaron librar mandamiento de pago, y si incurrieron en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial alegados.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional4 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 5

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar6, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20167, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace

4 Corte Constitucional, sentencia T-123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
5 Ibídem.
6 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo,

sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P.
Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-
1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
7 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término
breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos
de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación
de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó;
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si
la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación
contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se
identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela.
Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la
demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos
que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”8.

Así mismo, en la sentencia SU-349 de 2019 la Corte Constitucional reiteró que
aun cuando el artículo 86 superior señala que la acción de tutela puede ser
interpuesta “en cualquier tiempo”, para la salvaguarda “inmediata” de los derechos
fundamentales, esos presupuestos normativos se han armonizado “de modo que
ha sido clara en señalar que el mecanismo constitucional exige un ejercicio
oportuno en relación con el momento en el cual ha tenido lugar la trasgresión o
amenaza”. Agregó que “la razonabilidad constituye el criterio orientador de la
valoración del presupuesto de inmediatez en cada asunto concreto”9.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional11.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, mínimo vital, seguridad social, de acceso a la administración de
justicia, vida digna y del principio in dubio pro operario con los autos de 29 de
noviembre y 21 de marzo de 2019, que negaron el mandamiento de pago en el
proceso ejecutivo contra el departamento de Bolívar promovido para que se diera
cumplimiento integral a la sentencia de 24 de febrero de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad del Decreto No. 1244 de
22 de diciembre de 1998 y ordenó el reintegro, sin solución de continuidad, al
cargo de secretaria 540-09 que ocupaba en la Gobernación de Bolívar.

Concretamente, alegó la configuración del defecto sustantivo por omitir la
aplicación de lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, disposición que era aplicable en su caso, y el desconocimiento del

8 Ibídem.
9 M.P. Diana Fajardo Rivera.
10 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
11 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

precedente judicial sobre la forma en que se analiza la caducidad en el proceso
ejecutivo.

4.2. La Sala evidencia que, aunque la accionante cuestiona las dos providencias
dictadas en el trámite del proceso ejecutivo, el análisis del caso concreto se
efectuará sobre el auto de 29 de noviembre de 2019 proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que resolvió el recurso de apelación contra la
providencia de 21 de marzo de 2019, dictada por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Cartagena que negó el mandamiento de pago.

4.3. En ese orden, la Sala observa que de conformidad con la información
suministrada por el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial12, la decisión de segunda instancia proferida el 29 de noviembre de
2019, se notificó por estado electrónico de 16 de enero de 2020, como se observa
a continuación:

Así mismo, reposa en el expediente digital copia del oficio de notificación en donde
se evidencia que la citada providencia de 29 de noviembre de 2019 fue remitida al
correo electrónico suministrado por las partes para tal efecto en el proceso
ejecutivo cuyo contenido es el siguiente:

Lo anterior, permite concluir que la decisión objeto de reproche constitucional se
notificó el 16 de enero de 2020, mientras que la solicitud de amparo fue
promovida el 14 de diciembre de 2022, es decir, transcurrieron dos (2) años,

12https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

diez (10) meses y veintiocho (28) días entre el momento de la notificación y el
de la interposición de la acción constitucional, término que desborda el plazo
razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional en decisiones recientes ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del
accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”13, respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
perentorio”14.

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto”15.

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales que permitan
excepcionar este presupuesto objetivo de procedencia, pues la actora no acreditó
encontrarse en alguna situación que le hubiese impedido acudir a la acción de
tutela con prontitud. Sobre ese particular la Corte Constitucional en sentencia T-
265 de 200916 recordó que cuando se trata de tutela de contra providencias
judiciales el presupuesto de la inmediatez es necesario analizar dos aspectos: “(i)
si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario
en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se
está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se
encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un
plazo razonable”.

Ahora bien, en el caso bajo análisis la accionante manifestó que se cumple el
presupuesto de la inmediatez teniendo como referente la notificación del auto de
24 de marzo de 2022, dictado por la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado que resolvió el recurso de súplica contra la providencia de 24
de junio de 2021 que rechazó por improcedente el recurso extraordinario de
revisión que promovió contra la decisión del 24 de noviembre de 2019, dictada por
el Tribunal Administrativo de Bolívar. Sobre ese particular indicó:

“La presente acción ha sido interpuesta dentro de un término oportuno, justo y
razonable, dado que la acción constitucional enfrenta principalmente la sentencia de
segunda instancia de fecha 29 de noviembre de 2019, que fue notificada el día 16 de
enero de 2020, quedando ejecutoriada el día 21 del mismo mes y año, contra la cual se

13 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

interpuso el recurso extraordinario de revisión que fue resuelto de manera definitiva
mediante providencia de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
notificada el día 17 de junio de 2022 y ejecutoriada en fecha 23 de junio de 2022; por lo
que los seis (6) meses que se han establecido como término para cumplir con el
requisito de inmediatez se vence el día 23 de diciembre de 2022. En consecuencia, el
día 14 de diciembre de 2022, fecha en la que se incoa la presente acción
constitucional, se está dentro del término que viene señalado”.

Sin embargo, para la Sala ese argumento no resulta válido teniendo en cuenta que
la acción de tutela se dirige contra los autos de 29 de noviembre y 21 de marzo de
2019, que negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo contra el
departamento de Bolívar y no contra las providencias dictadas en el trámite del
recurso extraordinario de revisión. Dicho de otra manera, la accionante estaba
habilitada para promover la acción de tutela desde que se notificó del auto 29 de
noviembre de 2019, que considera es la causa de la vulneración de sus derechos
fundamentales invocados, lo cual ocurrió el 16 de enero de 2020.

De esta manera, que la demandante hubiera hecho uso del recurso extraordinario
de revisión contra las referidas providencias, no permite hacer el conteo de esta
condición de procedencia a partir de la notificación de las decisiones que lo
declararon improcedente, en tanto desde un primer momento debió cuestionar a
través de este mecanismo constitucional las decisiones que negaron el
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo.

Por las razones expuestas, la acción de tutela fue presentada con
desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar
su improcedencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Hilda Ena López Julio, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06703-00
Demandante: Hilda Ena López Julio

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.