Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00006-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00006-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00006-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de febrero de 2023
Demandante: Lady Yecenia Sánchez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00006-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00006-00
Demandante: LADY YECENIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia
constitucional – defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Lady
Yecenia Sánchez Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 19 de diciembre de 20221, la señora Lady Yecenia
Sánchez Rodríguez, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E. La peticionaria consideró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica y a la igualdad.
2. Desde el punto de vista de la accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la sentencia de segundo grado
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E el 30 de septiembre de 2022. En esta decisión, la autoridad judicial
accionada modificó la adoptada en primera instancia por el Juzgado 7.º
1
La acción de tutela fue presentada el 19 de diciembre de 2022 al correo electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co. Posterior a ello, fue remitido al buzón
secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Demandante: Lady Yecenia Sánchez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00006-00
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en la que accedió a las pretensiones
de la demanda. Lo anterior, con ocasión al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la peticionaria contra la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.2
1.2. Pretensiones
3. La accionante solicitó:
“PRIMERO: Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales
alegados al: debido proceso, principio de seguridad jurídica, el derecho a la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, el principio que prohíbe
menoscabar los derechos de los trabajadores; violación al principio de
seguridad jurídica; derecho adquiridos en materia laboral y expectativas
legitimas; y demás derechos que se verifiquen en el estudio de esta acción
constitucional a favor de LADY YECENIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
SEGUNDO: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E que a partir de la notificación de la decisión
que ampara los derechos alegados, se dicte de nuevo la sentencia que desate
el recurso de apelación presentado por la parte actora conforme al principio de
consonancia teniendo en cuenta la certificación emitida por la entidad accionada
emitida por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de fecha 30
de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
CUARTA: Conforme a todo lo anterior, TUTELAR los derechos fundamentales
alegados en la presente acción excepcional a favor del accionante señor LADY
YECENIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ”. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez se vinculó a la hoy Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., antes Hospital de Meissen II Nivel
E.S.E. desde el 20 de agosto de 2012 hasta el 27 de diciembre de 2019 como jefe
de enfermería a través de contratos de prestación de servicios.
5. La accionante consideró que se encontraban configurados todos los
elementos del contrato realidad. Por esto, el 24 de diciembre de 2019, le solicitó a
la entidad prestadora de salud el pago de las acreencias laborales, como
consecuencia de la relación laboral por el periodo antes mencionado. Sin embargo,
esta petición fue negada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,
mediante oficio No. 20200351000981 del 7 de enero de 2020.
6. Inconforme con lo anterior, la accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud
2 Rad. 11001333500720200016700/01.
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Demandante: Lady Yecenia Sánchez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E
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Sur E.S.E. Esto, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio del 7 de enero de 2020. En consecuencia, que se le
reconociera y pagara las prestaciones sociales y demás emolumentos adeudados
con ocasión de la ejecución de labores profesionales, en razón de diferentes
contratos de prestación de servicios.
7. Del proceso conoció el Juzgado 7.º Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá. Esa autoridad judicial, a través de sentencia dictada el 28 de febrero de
2022, accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión,
consideró que se encontraban acreditados los elementos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.
8. Por lo anterior, el juez de primer grado resolvió que la accionante tenía
derecho al reconocimiento de prestaciones sociales de origen legal, percibidas por
un empleado de planta en el cargo de jefe de enfermería desde el 20 de agosto de
2012 hasta el 27 de diciembre de 2019.
9. Ahora, respecto de la prescripción de las prestaciones sociales, indicó que
como la parte actora estuvo vinculada hasta el 27 de diciembre de 2019, sin que
existieran interrupciones mayores a 30 días hábiles y la reclamación ante la entidad
prestadora de salud fue radicada el 24 de diciembre de ese mismo año, no operó
dicho fenómeno jurídico.
10. Contra la anterior decisión, la hoy accionante y la parte demandada apelaron
la decisión de primer grado. Las alzadas fueron decididas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E. Este operador
en sentencia del 30 de septiembre de 2022, modificó el fallo de primer grado en el
sentido de declarar probada la prescripción extintiva de los derechos laborales y
prestacionales causados entre el 20 de agosto de 2012 y el 30 de septiembre de
2015.
11. El juez de segundo grado encontró acreditados los elementos constitutivos
de un contrato realidad durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto de
2012 y el 31 de enero de 2019. Así, consideró que la administración utilizó la
modalidad contractual de prestación de servicios para la ejecución de labores de
carácter permanente y ligadas al objeto social de la entidad.
12. Sin embargo, la autoridad judicial accionada resolvió declarar probada la
prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales causados durante
el término antes mencionado. Esto, porque encontró acreditado que la demandante
prestó sus servicios de manera interrumpida durante ese periodo de tiempo.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
13. La accionante alegó que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad. Esto, por
los siguientes motivos:
14. Al punto, la peticionaria consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E no tuvo en cuenta la certificación
expedida por la Directora de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur ESE en la cual consta que la accionante suscribió, con la entidad
hospitalaria, sendos contratos de prestación de servicios de manera ininterrumpida
entre el 20 de agosto de 2012 hasta el 27 de diciembre de 2019, de ahí que no
operó la prescripción de los derechos.
15. Manifestó que con lo anterior se desconocieron los periodos laborales que se
encontraban acreditados en la certificación expedida con la excusa de que no podía
tenerse como prueba, y con ello se configuró una valoración indebida de la prueba,
pues dicho documento reposaba en el expediente del proceso ordinario y acreditaba
la vinculación de la demandante de forma interrumpida, sin que haya sido tachado
de falso por la parte contraria en ninguna instancia.
16. Por esto, la peticionaria mencionó que la autoridad judicial accionada
desconoció las siguientes providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y esta Corporación que indican que es suficiente la certificación en
la que se relacionan los contratos de prestación de servicios, para demostrar una
relación laboral que se ha presentado de manera continua e ininterrumpida:
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F.
Sentencia del 3 de noviembre de 2021. Rad. 11001333501420180048201.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 18 de julio de 2019. Rad. 11001031500020180433101.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 20 de noviembre de 2019. Rad.
11001031500020190463600.
17. Así las cosas, como quiera que la accionante no enlistó expresamente los
defectos de los que adolece la providencia objeto de cuestionamiento, la Sala en
uso de las facultades interpretativas enmarca los reproches alegados por ella, en
los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente judicial.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
18. En auto del 23 de enero de 20233, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E.
19. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.4; ii) del Juzgado 7.º Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá5; y iii) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
1.6. informes
20. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado 7.º Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
21. La Juez que conoció del asunto ordinario en primera instancia rindió informe.
En aquel realizó un recuento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Luego, consideró que no efectuó algún tipo de conducta que afecte o vulnere los
derechos fundamentales deprecados por la accionante, máxime cuando se
agotaron todas las instancias respectivas.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E
22. La magistrada ponente de la decisión reprochada rindió informe en el que
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. Esto, porque
consideró que la accionante pretende reabrir el debate resuelto en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues idéntica argumentación fue
abordada en la sentencia de instancia.
23. También señaló que adoptó su decisión conforme a distintos
pronunciamientos de esta Corporación de acuerdo con los cuales los tiempos deben
considerarse al momento de definir la existencia de un contrato realidad son
aquellos contenidos en cada uno de los contratos de prestación de servicios y no
en las certificaciones, máxime cuando éstas carecen de toda la información
necesaria para constatar la concurrencia de los elementos de la relación laboral.
3 Previamente, el magistrado ponente en auto del 11 de enero de 2023 decidió inadmitir la acción de
tutela y se otorgó el término de 3 días para que allegue el poder que facultara al abogado Jorge
Enrique Garzón Rivera para actuar en nombre de Lady Yecenia Sánchez Rodríguez. En la
oportunidad concedida, se remitió con destino a este despacho el documento en mención.
4 Parte demandada dentro del proceso ordinario.
5 Autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso ordinario.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E
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24. Por otro lado, resaltó que esa Sala de Decisión, mediante auto de mejor
proveer, requirió a la entidad prestadora de salud demandada con la finalidad de
que remitiera copia de unos contratos y sus prórrogas. Sin embargo, los
documentos solicitados fueron aportados de manera parcial.
25. Sobre este último punto, en el informe rendido por el Tribunal se resaltó que
la entidad demandada aseveró que no tenía la documentación requerida.
Igualmente, manifestó que la parte demandante –hoy actora– tampoco aportó
prueba de los referidos contratos. Así las cosas, puso de presente que realizó las
gestiones pertinentes para tratar de incorporar al expediente ordinario las pruebas
que consideró necesarias.
26. Finalmente, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron notificadas6,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez se encuentra legitimada en la causa por
activa. Esto porque figura como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.
30. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E está legitimado en la causa por
pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta
oportunidad.
6 Documento 15 cargado a SAMAI.
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2.3. Problemas jurídicos
31. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.
32. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
33. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
jurídica y a la igualdad?. Lo anterior, porque incurrió en los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente judicial con la sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2022 en la que se modificó lo resuelto por el a quo que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para en su
lugar declarar la prescripción extintiva del derecho para el pago de prestaciones
sociales legales por el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2012 y el 30
de agosto de 2015.
34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; y (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial
el de relevancia constitucional, el cual de encontrarse superado junto con las demás
exigencias, se procederá al análisis de los defectos alegados por la accionante.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.
36. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.
37. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
38. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
40. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
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2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
41. Sobre esta exigencia, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
2022 modificó la postura que venía aplicando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que
se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional12.
42. Así, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que el estudio de
la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
43. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
44. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Sección Segunda – Subsección E
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de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.
45. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
46. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso los reproches planteados por la accionante respecto de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E revisten o no de relevancia constitucional, de conformidad
con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.
2.5.1.1. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el
caso concreto
47. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los
antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros: i) defecto fáctico
por indebida valoración probatoria del certificado emitido por la parte demandada
del que se puede inferir el número y fecha de cada contrato y su duración; y ii) el
desconocimiento del precedente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de
esta Corporación que indica que es suficiente la certificación en la que se relacionan
los contratos de prestación de servicios, para demostrar una relación laboral que se
ha presentado de manera continua e ininterrumpida:
48. En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sección nota
que, pese a que contiene una carga argumentativa suficiente se percibe como un
medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la autoridad judicial
accionada a los hechos y a las pruebas allegadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y de las prestaciones sociales requeridas en razón
a la labor desempeñada en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,
como se procede a explicar.
49. En efecto, esta Corporación observa que los argumentos relacionados con la
falta de valoración de la certificación laboral expedida por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sir E.S.E. fueron debidamente abordados en el fallo del 30 de
septiembre de 2022 que modificó la sentencia de primera instancia, para declarar la
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prescripción extintiva del derecho para el pago de prestaciones sociales legales de
la relación laboral existente entre la accionante y la demandada por el periodo
comprendido entre el 20 de agosto de 2012 y el 30 de septiembre de 2015.
50. Para adoptar la decisión aquí reprochada, el juez de segundo grado mediante
auto del 5 de agosto de 2022 requirió a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E. y/o a quien corresponda, para que aportara copia de los siguientes
contratos de prestación de servicios suscritos entre la accionante y la entidad
demandada, a saber: (i) O1256 de 2015; (ii) O3022 de 2015; (iii) 0-424 de 2016; y
(iv) y 2257 de 2019.
51. Los documentales solicitados fueron aportados de manera parcial con copia
de la carpeta contractual no fueron enviados los contratos números O1-1256 de
2015 y 2557 de 2019, como tampoco la copia del contrato principal No. O -3022 DE
201513.
52. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E adoptó la decisión con fundamento en los demás contratos
de prestación de servicios suscritos entre la accionante y el Hospital Meissen II Nivel
E.S.E. hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la señora Lady
Yecenia Rodríguez Sánchez que obraban en el plenario. Esto, para efectos de
establecer los elementos constitutivos del contrato realidad y determinar los
periodos reclamados para efectos de determinar si se encontraba configurada o no
la prescripción extintiva.
53. En este punto, es importante resaltar que la autoridad judicial accionada
explicó en el fallo de segunda instancia de manera amplia los motivos por los que
consideraba que requería la copia de los correspondientes contratos de prestación
de servicios y también mencionó las razones por las que consideraba que las
certificaciones no podían ser valoradas como pruebas dado que no cumplían con el
carácter de medios de convicción conducentes, pertinentes e idóneos puesto que
no daban certeza de los elementos del contrato, como lo indicó la providencia en
los siguientes términos:
“(i) El Consejo de Estado ha indicado que en los asuntos en los que se pretende
el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente reconocimiento de
prestaciones sociales, se requiere obre copia de los correspondientes contratos
de prestación de servicios, pues es con aquellos que se determina el objeto,
funciones y el periodo de inicio y terminación de la relación entre las partes, es
13 Al respecto, la entidad demandada en el oficio en el que remitió la carpeta contractual señaló: “Por
medio de la presente me permito informar que una vez se tuvo conocimiento del requerimiento
específico por el Despacho frente a los contratos de prestación de servicios suscritos entre la
accionante y la entidad se realizaron los trámites administrativos correspondientes a efectos de poder
ubicar la prueba solicitada, no obstante una vez se comunicó con el archivo de la Entidad, se
corroboró que los documentos allegados al plenario eran únicamente con los que contaba la Entidad.
Para ello, me permito remitir respuesta emitida por el área de contratación para los fines pertinentes,
no obstante, se remite nuevamente expediente contractual remitido por el área de contratación para
su conocimiento, tal como se indicó en el oficio de respuesta”.
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decir, el correspondiente análisis de los tres (3) elementos para declarar la
existencia de un contrato realidad.
(…)
En el caso bajo examen, la demandante solicita se declare la existencia de una
relación laboral durante el periodo comprendido entre el 1.º de agosto de 2012 y
el 27 de diciembre de 2019. De conformidad con la jurisprudencia expuesta líneas
atrás, el estudio de los tres (3) elementos constitutivos de un contrato realidad se
limitará a los periodos probados con copia de los respectivos contratos (…).
En ese sentido, se advierte que la parte actora estuvo vinculada con la entidad
demandada entre el 20 de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2019, pero no de
manera continua ya que entre la suscripción de los contratos se presentaron
interrupciones, de tal suerte que los tiempos a considerar son los soportados en
la respectiva copia de los contratos de prestación de servicios y sus prórrogas. Así
las cosas, se encuentra acreditado que la demandante prestó sus servicios de
forma personal así: i) 20 de agosto de 2012 a 31 de enero de 2015; ii) 1 de marzo
de 2015 a 30 de septiembre de 2015; iii) 4 de enero de 2016 a 30 de septiembre
de 2018; y iv) 1 de noviembre de 2018 a 31 de enero de 2019.
Ahora respecto a la certificación simple de fecha 26 de mayo de 2020, expedida
por la Directora de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E., la cual contiene únicamente los extremos temporales de la relación,
el objeto general y el valor de cada contrato, se advierte que conforme la
jurisprudencia citada atrás no puede ser tenida en cuenta ya que carece de toda
la información necesaria, esto es, las funciones específicas y/o obligaciones de
cada una de las partes, etc., lo anterior de cara a constatar la concurrencia de los
elementos propios de la relación laboral”.
54. Así las cosas, la Subsección E de la Sección Segunda Tribunal Administrativo
de Cundinamarca luego de valorar las pruebas que obraban en el plenario, encontró
acreditado14 que la accionante prestó sus servicios en la entidad demandada entre
el 20 de agosto de 2012 y el 31 de enero de 2019, de manera interrumpida. Esto,
comoquiera que entre la finalización entre unos y la suscripción de otros contratos
transcurrieron más de 30 días hábiles. Por esto, en atención a las reglas de
unificación contenidas en la sentencia proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación el 9 de septiembre de 2021, el término de prescripción correría de
manera separada así:
PERIODO DE PRESTACIÓN FECHA LÍMITE PARA FECHA DE LA
DE SERVICIOS LA RECLAMACIÓN RECLAMACIÓN
ADMINISTRATIVA
(i) 20 de agosto de 2012 a 30 de 30 de septiembre de 2018 24 de diciembre de 2019
septiembre de 2015
Interrupción 61 días hábiles
(ii) 4 de enero de 2016 a 31 de 31 de enero de 2022 24 de diciembre de 2019
enero de 2019
55. Del anterior cuadro, el fallador de segundo grado evidenció que prescribieron
los derechos salariales y prestacionales causados en el primer periodo comprendido
14 Esto, de conformidad con los contratos de prestación de servicios personales celebrados entre la
entidad demandada y la señora Lady Yecenia Rodríguez Sánchez que obraban en el plenario.
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entre el 20 de agosto de 2012 a 30 de septiembre de 2015, salvo los aportes
pensionales que por su naturaleza son imprescriptibles.
56. Ahora bien, la accionante para sustentar la vulneración de los derechos
invocados en el mecanismo constitucional, expuso similares planteamientos a los
que fueron analizados en la segunda instancia del proceso ordinario dirigidos de
manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a determinar si se había incurrido
en error al no valorarse la certificación expedida por la entidad demandada15, asunto
que fue resuelto de manera puntual en el proceso ordinario como quedó
mencionado en los párrafos anteriores.
57. En esa medida, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio
o defecto a dicha situación es evidente que pretende de manera exclusiva que se
valore en sede de tutela, la certificación laboral emitida por la parte demandada del
que se puede inferir el número y fecha de cada contrato y su duración, con el fin de
que no opere la prescripción por el periodo comprendido entre el 20 de agosto de
2012 a 30 de septiembre de 2015. No obstante, tal calificación excede la órbita del
juez constitucional, pues ello solo le corresponde realizar al operador judicial que
conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como en efecto
ocurrió en el caso concreto y se señaló en los párrafos anteriores.
58. Así, en cuanto al defecto fáctico planteado por la parte actora, la Sala
advierte que lo pretendido a través de este mecanismo constitucional es reabrir el
análisis jurídico y probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada de los
hechos que dieron lugar al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
culminó con la providencia aquí reprochada.
59. Misma suerte corre el defecto por desconocimiento del precedente planteado
por la accionante, pues pese a que cumple con la carga argumentativa, lo cierto es
que la señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez valiéndose de los fallos proferidos
por esta Corporación en sede de tutela16 y una sentencia emitida dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca17, pretende que el
juez constitucional valore el certificado emitido por la parte demandada, lo cual como
viene de decirse no le corresponde a este operador judicial realizar.
60. Sobre el punto, esta Sección reitera que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos
15 Obran argumentos a folio 3-4 y 8, 11 y 14 del escrito de tutela. Documento 4 cargado a SAMAI.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B.
Sentencia del 18 de julio de 2019. Rad. 11001031500020180433101. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de noviembre de
2019. Rad. 11001031500020190463600.
17 Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F. Sentencia del 3 de
noviembre de 2021. Rad. 11001333501420180048201.
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por la accionante dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos planteados por la señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez frente a la
apreciación de las pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia18.
61. Por esto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo al no
encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
2.6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por la señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez por no superar
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Lady Yecenia Sánchez Rodríguez por no superar el requisito general de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
.
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