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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00301-00

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00301-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Leonardo Fabio Bolívar Marín, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00301-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de marzo de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 00301 00
Accionante: Leonardo Fabio Bolívar Marín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00301-00
Accionante: LEONARDO FABIO BOLÍVAR MARÍN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por el actor pretende reabrir la controversia
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Leonardo Fabio
Bolívar Marín contra la sentencia del 28 de julio de 2022 1 proferida por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante la cual
resolvió los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia
de primera instancia dictada el 31 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con el radicado nro. 66001-23-33-000-
2014-00409-02.

1
En el escrito de tutela, el accionante indica que la sentencia fue proferida el 25 de
agosto de 2022; sin embargo, en el expediente remitido por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00, se tiene que la providencia
fue dictada el 28 de julio de 2022.
1

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00301 00
Accionante: Leonardo Fabio Bolívar Marín

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de la sentencia del
28 de julio de 2022 proferida por la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, y para ello formuló
las siguientes pretensiones 2:

“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas respetuosamente solicito al Señor Juez
con el fin de que se protegiera su derecho fundamental al debido
proceso, igualdad, al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las
formas; se dejé sin efectos la sentencia de proferida por el Consejo
de Estado en su Sección segunda – el 25 de agosto de 2022 (sic),
notificado por correo electrónico el 16 de noviembre de 2022. Y en
su lugar, dicten una nueva sentencia de acuerdo a derecho, en el
cual se reconozca la existencia del contrato realidad en el periodo
comprendido entre el 25 de noviembre de 2005 hasta el 10 de abril
de 2014, reconociendo las demás suplicas de la demanda […]”

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante manifestó que prestó sus servicios como instrumentador
quirúrgico en la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas desde el
1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de marzo de 2016.

Indicó que las labores fueron prestadas de manera personal, bajo la
subordinación y dependencia de la gerencia y la coordinación de consulta
externa, sujeto a un horario de trabajo, con turnos de 8 horas todos los
días de la semana y las labores se cumplían en las mismas condiciones
que los servidores de planta y por ello recibía una remuneración.

Señaló que “[la] relación laboral se pretendía encubrir por los contratos
en misión firmados por diferentes cooperativas de trabajo asociado como
lo son: Empacamos S.A., Consorcio Servi-Salud, Centro de Empleos

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
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Temporales de Colombia S.A.S., SERSALUD UT, MULTIFUNCIONAL DE
SERVICIOS PROFESIONALES, COOMULTISERPO CTA,
SERVITEMPORALES” 3. (mayúsculas en el escrito de tutela)

Informó que, a través de apoderado, presentó demanda en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el hospital, la
cual correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda que,
en sentencia del 31 de mayo de 2021, accedió parcialmente a sus
pretensiones.

Inconforme con la decisión, el aquí accionante presentó recurso de
apelación, así como la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver
el recurso de apelación, revocó la decisión de primera instancia y negó las
súplicas de la demanda.

El accionante argumentó que “el Consejo de Estado, Sección Segunda,
con su actuar me están vulnerando mis derechos fundamentales como lo
son: la existencia de una vía de hecho, y la consecuente vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
supremacía de la Constitución, al acceso material y no meramente formal
a la administración de justicia. Expuso que tal decisión judicial, trasgredió
el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo
2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Decreto 2591 de 1991
y Decreto 1382 de 2000”4.

Anotó que “(…) la supuesta vulneración se deriva de la decisión de ambos
jueces tanto el de primera instancia, como el juez de segunda instancia,

3
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al denegar las súplicas de la demanda, sin el análisis detallado de las
pruebas (…)”5.

Aseguró que “(…) con todo el material probatorio, y tal como lo manifiesta
el ad quem (sic), que quedó demostrado en el presente asunto que la ESE
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas desconoció el principio de la
primacía de la realidad sobre las formas así como el derecho fundamental
a la igualdad, fuerza concluir que ha quedado acreditada la tercerización
a través de las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de
servicios temporales por medio de la cual el demandante fue vinculado a
la entidad demandada, toda vez que se encuentra evidenciada la
subordinación o dependencia a través de los coordinadores de la entidad
estatal, ante la cual el demandante prestaba en forma personal los
servicios como médico general y recibía a cambio una remuneración,
elementos que permitían inferir que entre este y la accionada se cumplió
una relación de tipo laboral durante el tiempo de vigencia de la
tercerización laboral”6.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada en la Corporación el 24 de enero de 2023 y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 26 de
enero de 20237, la admitió y dispuso notificar a los consejeros que
integran la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, y
vincular a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda y a la
E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas 8.

5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
6
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
7
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
8
Esta orden se cumplió el 31 de enero de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
4

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Accionante: Leonardo Fabio Bolívar Marín

De igual forma, solicitó al Tribunal Administrativo de Risaralda que
allegara copia digital del proceso con radicado número 66001 23 33 000
2014 00409 00, el cual fue remitido 9.

3.2. La apoderada de la E.S.E. presentó en tiempo, vía mensaje de datos,
informe 10, en el que manifestó que “todos los supuestos fácticos narrados
(…) hacen parte de situaciones fácticas, probatorias y jurídicas que se
ventilaron en la existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el nro. 66001-23-33-000-2014-00409-00, por lo
que en los mismos no se hace alusión clara y precisa de algún derecho
vulnerado pues el actor se limita a realizar transcripciones de lo sucedido
a lo largo del proceso, evidenciándose que todos los actos procesales que
se realizaron al interior del proceso ordinario se agotaron conforme a las
disposiciones legales que regulan la estructura de esta clase de procesos,
y que además fueron otorgadas todas las garantías procesales (…) 11”

Adicionalmente, indicó que “no está dentro de las facultades del Juez de
Tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, adoptando
disposiciones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien
lo conduce, ya que se iría en contravía de lo dispuesto en los Art. 228 y
230 del (sic) Constitución Nacional respecto de su funcionamiento
desconcentrado y autónomo” 12. En ese sentido, solicitó que la acción de
tutela se declare improcedente.

3.3. El accionante presentó memorial mediante el cual aportó pruebas
documentales adicionales que considera deben ser tenidas en cuenta y

9
Visto en los índices 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
10
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
11
Ibidem.
12
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
5

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Accionante: Leonardo Fabio Bolívar Marín

que tienen que ver con la relación establecida entre el actor y el
mencionado hospital 13.

3.4. La Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, guardó
silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199114 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021 16, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 2019 17 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente 18:

4.2.1. El señor Leonardo Fabio Bolívar Marín, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

13
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
14
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
15
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
16 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto

1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
17
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado

con el nro. 66001-23-33-000-2014-00409-02, visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
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en contra de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda,
con el fin de que: (i) se declarara la nulidad de los oficios nro. 659 del 10
de abril de 2014 y nro. 1515 del 22 de julio de 2014, (ii) se declarara que
existió una relación laboral entre él y la demandada y (iii) se ordenara el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de tal
relación.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Risaralda que, en sentencia del 31 de mayo de 2021, accedió
parcialmente a las pretensiones.

4.2.3. Inconformes con la decisión, el hoy accionante y la entidad
demandada, presentaron recurso de apelación.

4.2.4. La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia del 28 de julio de 2022, resolvió el recurso de
apelación, revocando la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional.

Al efecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó
que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de

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Accionante: Leonardo Fabio Bolívar Marín

evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes” 19.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la citada sentencia C – 590 de 2005, la Corte
precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una
sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de la mencionada sentencia C – 590, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades 20:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

19
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
20
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia21. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento la Corte Constitucional ha dicho 22:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

21 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la

sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos

Bernal Pulido.
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Respecto de este tercer criterio de la relevancia, en la sentencia SU 215
de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra providencia
judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021,
este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

En el asunto bajo examen, se advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada por el actor para reabrir el debate que se surtió en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades
formuladas están encaminadas a controvertir la valoración que el juez
natural de la causa hizo sobre el acervo probatorio frente a la
demostración del contrato realidad.

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Al efecto, se observa que el debate del proceso ordinario giró en torno a
determinar si existió una relación laboral entre el actor y el hospital por
configurarse los elementos constitutivos del contrato realidad, a pesar de
que la vinculación no fue directa, sino a través de cooperativas de trabajo
y empresas de servicios temporales, aspectos que fueron debatidos en
primera y segunda instancia y sobre los cuales se pronunció la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de donde se desprende que lo perseguido
a través de la acción de tutela es reabrir la discusión frente a la
demostración de un contrato laboral subyacente entre las partes del
proceso ordinario, puesto que en sede constitucional el interesado insiste
en que con las pruebas obrantes en el expediente estaba acreditada una
relación laboral.

En ese sentido, se advierte que el juez natural ya se pronunció sobre la
inconformidad que el accionante formula en la acción de tutela y decidió
conforme con la convicción que le generaron las pruebas que obraban en
el proceso que, bajo el principio de autonomía e independencia judicial,
consideró la adecuada para determinar que no se configuraba el contrato
realidad.

A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandada, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones

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hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el

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Accionante: Leonardo Fabio Bolívar Marín

derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a insistir en que se
configuraron los elementos constitutivos de una relación laboral con el
hospital, y que no hubo una adecuada valoración de las pruebas
testimoniales practicadas.

Por último, la Sala destaca que el accionante controvierte la sentencia
proferida el 28 de julio de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, sin que pueda pasarse por alto que la Corte
Constitucional, al explicar el alcance del tercer requisito de la relevancia,
señaló en la sentencia SU 573 de 2019 que “la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto de los jueces
ordinarios”. Criterio que fue reiterado en la SU 215 de 2022 así: “la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria”.

Acorde con las razones expuestas en precedencia, el tercer elemento de
la relevancia constitucional no se cumple, porque el accionante busca
controvertir la valoración probatoria efectuada en la sentencia proferida
el 28 de julio de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, sin que se advierta prima facie que se trate de una decisión
“arbitraria o ilegítima”, en los términos de la Corte Constitucional.

Por lo anotado, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional, en relación con el tercer
elemento que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido

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para su examen, esto es, que el amparo no sea utilizado como una
instancia o recurso adicional para reabrir el debate surtido en el proceso
ordinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Leonardo Fabio Bolívar Marín, según lo explicado en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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