Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00361-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00361-00
Demandante: IC Constructora S.A.S y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00361-00
Demandante IC CONSTRUCTORA S.A.S. E INDUSTRIAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.S.
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Auto que decide la excepción
previa de indebida acumulación de pretensiones. Defecto
procedimental absoluto. Defecto sustantivo. Violación directa a la
Constitución.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por las sociedades IC Constructora S.A.S e
Industrial de Construcciones S.A.S, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de enero de 2023 1, las sociedades IC Constructora S.A.S e Industrial de
Construcciones S.A.S., actuando por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, despacho de la
magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 680012333000-2021-
00139-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones 2:
“1. Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER lesionó el
derecho al debido proceso de mis mandantes con la expedición de las providencias del
dieciséis (16) de mayo de 2022 y veintisiete (27) de julio de 2022, mediante los cuales
declaró probada de oficio la excepción de indebida acumulación de pretensiones por
frustrar el derecho de mis mandantes a acceder a la administración de justicia para
reclamar perjuicios materiales ocasionados por un acto administrativo y por violar las
formalidades propias del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
vulnerando.
2. Que se reconozca la existencia del defecto material, defecto procedimental y violación
directa de la constitución en providencias del dieciséis (16) de mayo de 2022 y veintisiete
(27) de julio de 2022 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.
3. Que se declare la cesación de los efectos de las providencias del dieciséis (16) de mayo
de 2022 y veintisiete (27) de julio de 2022 expedidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SANTANDER dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
identificado con el Radicado No. 68001233300020210013900.
1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).
2 Página 6 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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4. Como consecuencia de lo anterior, que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER emitir auto de reemplazo dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho identificado con el Radicado No. 68001233300020210013900, en el que
revoque lo decidido en los autos del 16 de mayo y 27 de julio de 2022, y en consecuencia
declare no probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 23 de febrero de 2021, las sociedades IC Constructora S.A.S e Industrial de
Construcciones S.A.S. interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Municipio de Floridablanca. Buscaban que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la precisión
cartográfica3,4 en el nuevo POT, a saber: (i) la comunicación del 5 de
noviembre de 2019; (ii) la Resolución 8826 del 31 de diciembre de 2019, que
no repuso la decisión inicial y concedió el recurso de apelación; y (iii) el acto
administrativo ficto derivado de la omisión de respuesta del recurso de
apelación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene la
expedición de acto administrativo en el que consigne la precisión cartográfica
en el entendido de eliminar la anotación “zona verde” del predio identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria nro. 300-371781.
Además, pidió el resarcimiento de perjuicios por la suma de $1.457.625.906
por concepto de daño emergente y lucro cesante, dada la imposibilidad de
desarrollar urbanísticamente el inmueble. Esta suma, fue posteriormente
modificada en reforma a la demanda y se solicitó el decreto de dictamen
pericial para acreditarla.
2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Santander, despacho de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, bajo el
radicado Nro. 68001-23-33-000-2021-00139-00.
2.3. El despacho sustanciador emitió auto del 16 de mayo de 2022, en el que
adoptó las siguientes determinaciones: (i) declaró probada la excepción de
indebida acumulación de pretensiones y excluyó de la litis las pretensiones
relativas al reconocimiento de perjuicios materiales; y (ii) desestimó las
excepciones de indebida integración del contradictorio y falta de competencia.
2.4. Las demandantes presentaron recurso de reposición contra el auto del 16 de
mayo de 2022. Argumentaron que los actos administrativos demandados
tienen una relación determinante en la causación de los perjuicios materiales
reclamados, pues el daño causado deviene de la falta de revisión cartográfica
y no del hecho de que se haya modificado el predio a zona verde.
2.5. En auto del 27 de julio de 2022, la autoridad judicial demandada resolvió el
recurso de reposición en el sentido de confirmar el auto recurrido. Insistió en
que la fuente que sustenta la petición del perjuicio material no es el acto
administrativo que negó la revisión cartográfica, sino el cambio de naturaleza
del predio como consecuencia de la emisión del nuevo POT.
3 La sociedad pidió la precisión cartográfica, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 3° de la Ley 388
de 1997.
4 La revisión cartográfica se solicitó respecto de los planos FN-5 Sector 5 “Molinos”, FU3 “Sistema de espacio
público y equipamientos”, FU4 “Áreas de actividad en suelo urbano” y FU6 “Tratamientos urbanísticos en
suelo”, porque con el Plan de Ordenamiento Territorial que se expidió a través del Acuerdo 35 del 24 de
septiembre de 2018, quedaron comprendidos como zonas verdes.
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3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte demandante inició refiriéndose al cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. Dijo que los autos del 16 de mayo y 27 de julio de
2022, desconocieron el derecho de las sociedades demandantes al acceso a
la administración de justicia y al debido proceso en sus facetas de derecho de
defensa y respecto a las formalidades propias de cada juicio.
Lo anterior porque el Tribunal accionado impidió que los demandantes soliciten
la indemnización a la que tienen derecho con ocasión a las afectaciones
derivadas de los actos administrativos emitidos por la entidad demandada.
Asimismo, estiman que la decisión sobre la existencia de los perjuicios sólo
podía tomarse al momento de emitir sentencia, cuando ya se hubiere surtido
la práctica, contradictorio y valoración de las pruebas del proceso.
Agregó que, el requisito de subsidiariedad se superó dado que se agotó el
recurso de reposición contra el auto que decidió las excepciones previas, sin
que los demandantes cuenten con otro mecanismo de defensa para procurar
la protección de sus derechos fundamentales diferente a la acción de tutela.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, los accionantes estiman que la autoridad judicial
accionada incurrió en: (i) defecto procedimental absoluto por inobservar los
artículos 138, 187, 180, 181 y 182 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); (ii) defecto sustantivo por
indebida aplicación e interpretación del artículo 165 del CPACA; y (iii) violación
directa a la Constitución comoquiera que las providencias acusadas afectaron
los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y acceso a
la administración de justicia.
Como fundamento de lo antes enunciado, indicó que los autos que decidieron
las excepciones previas desconocieron la esencia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues este permite que además de la
declaración de nulidad de un acto administrativo, se procure el
restablecimiento del derecho y la reparación de los daños que del acto derivan.
Así pues, la decisión sobre el medio de control exige que solo se decida sobre
estas pretensiones en sentencia, cuando se surtan todas las etapas del
proceso (art. 187 CPACA), siendo de especial relevancia la de pruebas.
Luego, “cualquier decisión que se tome respecto de alguno de esos tres elementos
constituye un asunto propio del resorte del medio de control que no puede zanjarse sino luego
de haber surtido todas las etapas procesales dispuestas por el legislador para este.”
Relativo al defecto sustantivo explicó que no existe la indebida acumulación
de pretensiones declarada por la accionada. Esto, porque todas las
pretensiones de la demanda y su reforma corresponden al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y refieren a los perjuicios derivados
de los mismos actos administrativos, esto es: los que negaron la precisión
cartográfica solicitada por los demandantes.
Precisó que lo pedido en la demanda no se acompasa con los presupuestos
del medio de control de reparación directa, sino que es acorde con la
reclamación de perjuicios que permite el artículo 138 del CPACA. “A su vez, la
referida reparación de perjuicios se deriva específicamente de la expedición de los actos
administrativos demandados, y NO de la clasificación de zona verde hecha por el POT.”
Sobre este defecto, concluyó:
“Así, es evidente que el Tribunal Administrativo de Santander aplicó indebidamente el artículo
165 del CPACA, por estar frente a un caso en el que NO se evidencia una acumulación de
pretensiones. Este acto que tuvo como resultado la negativa del derecho a acceder a la justicia
a mis mandantes consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, en lo ateniente a
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la obtención del reconocimiento de perjuicios producto del acto administrativo demandado,
pues se eliminó por completo la posibilidad de solicitar ante la administración de justicia la
reparación de un daño causado por un acto administrativo.
(…)
Por lo tanto, es claro que los actos administrativos demandados que negaron la solicitud de
precisión cartográfica, efectivamente generaron un perjuicio claro y ostensible para los
demandantes, susceptible de ser reclamado mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, toda vez que de haberse realizado la precisión cartográfica
oportunamente, el predio de mis poderdantes no estaría aún catalogado como zona verde y
se habría podido desarrollar desde esa fecha, evitando que se realizaran erogaciones
irrecuperables en el mantenimiento y administración del inmueble, o que se hubieren dejado
de percibir utilidades que se estimaban recibir hasta la fecha.”
Finalmente, expusieron que las providencias acusadas incurrieron en violación
directa a la Constitución, porque desconocieron el derecho al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las sociedades demandantes
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sub examine.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 6 de febrero de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por las sociedades IC Constructora S.A.S e Industrial de
Construcciones S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Santander.
Asimismo, vinculó, en calidad de tercero, al Municipio de Floridablanca,
Oficina de Planeación, dada su calidad de demandada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 68001-23-33-000-2021-
00139- 00.
4.2. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto de la magistrada
Claudia Patricia Peñuela Arce, aclaró que con la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho las accionadas no solo pretendieron que se
declare la nulidad de la respuesta del 5 de noviembre de 2019 y que se borre
la anotación del predio como zona verde, sino, además persigue el
reconocimiento de perjuicios materiales derivados de la imposibilidad de
ejecutar proyectos inmobiliarios en el predio en cuestión.
Enfatizó que la fuente de los perjuicios materiales reclamados no es el acto
administrativo que negó la revisión cartográfica, sino el cambio de naturaleza
del predio que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial, pues esa
decisión administrativa es la que ha impedido la realización de actividades
urbanísticas.
Esclarecido lo anterior, reiteró que la pretensión en cuestión no puede ser
acumulada a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en
los términos del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 no están dados los
supuestos de conexidad ni fueron presentadas las pretensiones como
principales y subsidiarias. En esa línea, enfatizó que “la fuente del daño reclamado
por la accionante no deviene de la negativa por parte del Municipio de Floridablanca de realizar
la revisión cartográfica del bien inmueble, sino del cambio de destinación del predio.”
Agregó que las decisiones cuestionadas no incurrieron en defecto
procedimental absoluto, por el contrario, la autoridad judicial, en la oportunidad
procesal pertinente escindió los perjuicios reclamados que derivan de la
legalidad de los actos acusados de aquellos que no lo son.
En sus palabras:
“Se considera que los perjuicios reclamados por concepto de daño emergente y lucro cesante,
no tiene relación con los actos demandados, por el contrario, se estima que su fuente del daño
seria por la afectación jurídica del bien inmueble a raíz de la expedición del acto administrativo
general por medio del cual se modificó el plan de ordenamiento territorial del municipio.”
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Finalmente, manifestó que la decisión cuestionada no vulnera el derecho al
acceso a la administración de justicia del accionante comoquiera que cuenta
con el medio de control de la reparación directa para solicitar el reconocimiento
y pago de los perjuicios que considere causados como consecuencia del
cambio de destinación del bien inmueble.
4.3. EL Municipio de Floridablanca no dio respuesta a la acción de tutela a pesar
de haber sido debidamente notificada del auto admisorio 5.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 7
y especiales 8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
5 La notificación del auto admisorio de la acción de tutela se surtió al correo electrónico
notificaciones@floridablanca.gov.co, tal como consta en el índice 7 de Samai.
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3. Determinación y planteamiento del problema jurídico
3.1. Las sociedades IC Constructora S.A.S. e Industrial de Construcciones S.A.S
estiman que el Tribunal Administrativo de Santander, despacho de la
magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, incurrió en vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia al declarar probada la excepción previa de indebida acumulación de
pretensiones y, como consecuencia de ello, extraer del litigio la pretensión
quinta de la demanda, relativa al reconocimiento de perjuicios materiales por
el monto de $1.289.176.078.
En concreto, acusan que la autoridad accionada inobservó los artículos 138,
187, 180, 181 y 182 del CPACA y aplicó e interpretó indebidamente del artículo
165 del CPACA.
3.2. Por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a
la Sala, de manera preliminar, determinar si en el presente caso se cumplen a
cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo
constitucional, específicamente el de subsidiariedad.
De superar dicho estudio, se determinará si los autos del 16 de mayo y del 27
de julio de 2022, en los que la accionada declaró probada de oficio la
excepción previa de indebida acumulación de pretensiones dentro del proceso
nro. 68001233300-2021-00139-00, adolecen de defecto sustantivo, defecto
procedimental absoluto y violación directa a la Constitución.
4. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad cuando la acción de tutela
se interpone contra un auto interlocutorio- proceso en curso
4.1. Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela solo procede cuando no
existan otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales
invocados. O en su defecto, siempre que sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de
subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden,
sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 201510 precisó que eso puede
10 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
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ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun
cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela."11
Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede
llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe
otro medio de defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se
pretende evitar un perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto
de especial protección constitucional. Lo anterior, en consideración a que la
finalidad de la acción de amparo es la protección de derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro
medio de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable.
Circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal
del amparo constitucional en el caso concreto.
4.2. Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela
contra providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso
judicial haya concluido o que se encuentre en curso, como ocurre en este
caso. En principio, si el proceso se encuentra en curso, la intervención del juez
de tutela es aún más restrictiva, por virtud del principio de subsidiariedad, que
señala que la tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo a los
legalmente establecidos 12.
La Corte Constitucional 13 ha manifestado que las razones que explican esta
procedencia excepcionalísima, en el caso de los actos interlocutorios cuando
el proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias
judiciales definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de
controvertir las decisiones a través de los mecanismos que disponga la Ley
para tal fin; además (iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.
De lo anterior deriva que, procederá de manera excepcionalísima la acción de
tutela, aunque el proceso judicial esté en curso, cuando: la protección de los
derechos presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros
medios de defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes
contra la decisión que se ataca; cuando a pesar de existir otros mecanismos
de defensa judicial estos no son idóneos; y/o cuando la protección
constitucional es urgente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
Adicionalmente, cuando se alega una irregularidad procesal, es necesario que
la decisión cuestionada sea determinante en el proceso y con potencialidad
de trasgredir los derechos fundamentales de las partes e intervinientes.
En conclusión, el Tribunal Constitucional estima que: “(…) uno de los escenarios
en los cuales podría resultar procedente la acción de tutela interpuesta contra autos
interlocutorios de procesos en curso, se da cuando la decisión cuestionada es de una
manifiesta importancia de cara al trámite judicial en curso y, por tanto, tiene una
11 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales.
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naturaleza determinante dentro del mismo, con la potencialidad de trasgredir derechos
fundamentales de las personas involucradas.”14
4.3. En ese contexto, la Sección estima que la acción de tutela de la referencia
supera el requisito de subsidiariedad, a pesar de que el proceso judicial aún
está en trámite de la primera instancia, porque la decisión que se adoptó en
los autos acusados resuelve de manera definitiva la prosperidad de la
excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, de manera que la
acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para procurar la garantía de
los derechos invocados.
En esta línea, conviene considerar que la finalidad de las excepciones previas
es resolver en etapa inicial del proceso las cuestiones o irregularidades
procedimentales que pueden conllevar futuras nulidades. Por ello, estas
excepciones tienen aptitud, incluso, de terminar el proceso cuando sean
insuperables las falencias acusadas por la parte demandada.
De lo anterior deriva que, estas medidas de saneamiento son anteriores a la
fijación del litigio (etapa en la que se determina los hechos objeto de discusión
y las pruebas), de manera que, decididos los recursos contra el auto que las
declara probadas, fenece en esa etapa la discusión. Luego, el asunto queda
resuelto de manera definitiva y, en principio, no puede ser retomado en etapa
posterior del proceso (carácter determinante).
Así las cosas, aunque esta Sala defiende una tesis de improcedencia frente a
la acción de tutela cuando el proceso judicial ordinario está en curso, es claro
que tal postura no es absoluta, pues, por ejemplo, encuentra excepción en
casos, como el presente, en los que las providencias acusadas deciden
definitivamente asuntos relevantes del proceso en sus etapas iniciales. En el
caso particular, el auto que declaró acreditada la excepción previa de indebida
acumulación de pretensión y sacó de la discusión la petición de
reconocimiento del perjuicio material, tiene efectos perentorios.
En los anteriores términos se tiene por superado el requisito de subsidiariedad
en el caso sub examine, ya que la parte demandante no cuenta con otro
mecanismo para procurar la protección de los derechos que estima vulnerados
y esta no es una discusión que se pueda retomar en la etapa de fallo.
4.4. Cabe resaltar que esta Sala de decisión, en otras oportunidades (ver
sentencias del 16 de julio de 2020 15, del 9 de diciembre de 2021 16 y del 2 de
marzo de 2023 17) en las que se cuestionaron providencias de procesos se
encontraban en curso, también excepcionó el requisito de subsidiariedad.
4.5. Dicho lo anterior, a fin de resolver el problema jurídico, se hará referencia en
primera medida a los antecedentes administrativos y procesales relevantes en
el medio de control sub examine y, posteriormente, se analizará la prosperidad
de los defectos alegados por los accionantes.
5. Antecedentes administrativos y procesales relevantes en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 2021-00139-00
5.1. Sea lo primero indicar que el predio con matrícula inmobiliaria No. 300- 371781
es propiedad de la sociedad Industrial de Construcciones S.A.S., respecto del
cual se pretendía el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU388 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
15 Proceso No. 11001-03-15-000-2020-00558-01. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-00319-01. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
17 Proceso No. 11001-03-15-000-2023-00138-00 M.P. Wilson Ramos Girón
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5.2. El Municipio de Floridablanca expidió el Acuerdo 35 del 24 de septiembre de
2018, sancionado 4 de octubre de ese año. En el artículo 468 numeral 109
adoptó la definición de “zona verde” 18.
En la cartografía del POT, el predio mencionado fue catalogado como zona
verde.
5.3. El 7 de octubre de 2019, la sociedad Industrial Constructoras S.A.S. solicitó
ante la Oficina de Planeación Municipal la precisión cartográfica sobre los
planos FN-5 Sector 5 “Molinos”, FU3 “Sistema de espacio público y
equipamientos”, FU4 “Áreas de actividad en suelo urbano” y FU6
“Tratamientos urbanísticos en suelo”. Requirió que se eliminara la anotación
de “zona verde” del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No.
300-371781
La precisión cartográfica fue solicitada con fundamento en lo dispuesto en el
parágrafo 3° de la Ley 388 de 1997, disposición adicionada por el artículo 190
del Decreto 019 de 2012, que es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 190. Modo de resolver las inconsistencias entre lo señalado en el
acuerdo que adopta el plan de ordenamiento territorial y su cartografía
oficial. Adiciónese el siguiente parágrafo tercero al artículo 12 de la Ley 388 de 1997:
"PARÁGRAFO 3. Cuando existan inconsistencias entre lo señalado en el acuerdo que
adopta el plan de ordenamiento territorial y su cartografía oficial, prevalecerá lo
establecido en el texto del acuerdo y corresponderá al alcalde municipal o distrital, o la
entidad delegada para el efecto, corregir las inconsistencias cartográficas, siempre que
no impliquen modificación al articulado del Plan de Ordenamiento Territorial.
En el acto administrativo que realice la precisión cartográfica se definirán, con
fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus
reglamentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área objeto de la precisión. Una
vez expedido el acto administrativo, el mismo deberá ser registrado en todos los planos
de la cartografía oficial del correspondiente plan y sus instrumentos reglamentarios y
complementarios. Esta disposición también será aplicable para precisar la cartografía
oficial cuando los estudios de detalle permitan determinar con mayor exactitud las
condiciones jurídicas, físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos."
5.4. El 5 de noviembre de 2019, la administración negó la solicitud de corrección
cartográfica. La decisión fue recurrida, en Resolución 8826 de diciembre 31 de
2019, se decidió no reponer la decisión del 5 de noviembre y se concedió la
apelación.
En relación con la respuesta al recurso de apelación operó el silencio
administrativo negativo.
Vale la pena indicar, de manera breve, que la negativa de la administración
obedeció a que:
“El Acuerdo Municipal 035 de 2018, dentro de la Cartografía que hace parte integral
del Plan de Ordenamiento Territorial, conforme a las características ambientales,
paisajísticas y topográficas, así como a las determinantes de ordenamiento
establecidas con las autoridades ambientales y metropolitanas, clasificó el predio
como Suelo Urbano y ZONA VERDE, atributo que fue concertado con el área
Metropolitana de Bucaramanga según consta en la Resolución No. 840 del 11 de
octubre de 2017 (…)
(…) De la lectura en contexto de la definición zona verde se puede inferir que (…)
las zonas verdes pueden ser en predios de dominio privado y público, teniendo en
cuenta que la Constitución política y la ley reconocen dos clases de dominios sobre
los bienes (Sentencia C-183-03).
18 “Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso público, que hace parte del
espacio público efectivo y destinado al uso recreativo.”
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Que las zonas verdes hacen parte del espacio público efectivo, lo cual en términos
del artículo 2.2.3.2.5. del Decreto 1077 de 2015, deben tenerse en cuenta para la
estimación de la disponibilidad del espacio público en relación al número de
habitantes de un territorio.”
5.5. El 22 de febrero de 2021, las sociedades IC Constructora S.A.S. e Industrial
de Construcciones S.A.S. presentaron demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que propusieron las siguientes pretensiones:
“PRIMERA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido
en la comunicación del 5 de noviembre de 2019, a través del cual se da respuesta a la
solicitud de precisión cartográfica del Predio No. 01-04-0073-0003-000 suscrito por
Emma Lucía Banco Amaya, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
SEGUNDA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido
en la Resolución 8826 de diciembre 31 de 2019, por la cual se decide la reposición y se
concede el recurso de apelación del recurso interpuesto en contra de la comunicación
del 5 de noviembre de 2019.
TERCERA PRETENSIÓN: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido
en el acto administrativo ficto, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en
contra de la comunicación del 5 de noviembre de 2019.
CUARTA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos demandados y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Alcalde
Municipal de Floridablanca expedir el acto administrativo a través del cual se realice la
precisión cartográfica sobre los planos FN-5 Sector 5 “Molinos”, FU3 “Sistema de
espacio público y equipamientos”, FU4 “Áreas de actividad en suelo urbano” y FU6
“Tratamientos urbanísticos en suelo”, en el sentido de eliminar la anotación de “zona
verde” respecto del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-
371781.3
QUINTA PRETENSIÓN: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos demandados y a título de resarcimiento de perjuicios se condene al municipio de
Floridablanca pagar a los demandantes la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS
($1.289.176.078), representados en el daño emergente y lucro cesante producto de las
erogaciones y rendimientos no recuperables que afectaron de manera negativa y
definitiva su patrimonio.
SEXTA PRETENSIÓN: Condénese al municipio de Floridablanca-Oficina Asesora de
Planeación al pago de costas y agencias en derecho.”19 (Subraya de la Sala)
En el acápite de estimación razonada de la cuantía, las demandantes
explicaron que “(…) la negativa de la precisión cartográfica y la consecuente
“ratificación” de la inclusión del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.
300-371781 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bucaramanga como “Zona Verde”
les está impidiendo (…) continuar con el desarrollo urbanístico del mismo. ”. Luego, la
cuantía se estimó en $1.289.176.078 derivados de las erogaciones y
rendimientos no recuperables que afectaron de manera negativa y definitiva
su patrimonio
5.6. En auto del 16 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander, con
ponencia de la magistrada Peñuela Arce, declaró probada de oficio la
excepción previa de indebida acumulación de pretensiones y, como
consecuencia de ello excluyó de la litis el estudio las pretensiones relativas al
reconocimiento de los perjuicios materiales por daño emergente y lucro
cesante.
Como fundamento de su decisión manifestó que la petición de resarcimiento
del daño material por la no explotación del bien inmueble dada la limitación por
la categoría de “zona verde”, es propia del medio de control de reparación
directa. Además de lo anterior, destacó que la demandante no cumplió con la
19 Página 20 del escrito de reforma a la demanda, denominado 35SolicitudReformaDemanda”. Samai, índice
16.
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carga del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 que exige que se propongan las
diferentes pretensiones como principales y subsidiarias.
Precisó que de la eventual nulidad de los actos administrativos que negaron la
precisión cartográfica no se sigue el reconocimiento del perjuicio material en
los términos planteados por la parte demandante, lo procedente sería la
precisión cartográfica en el sentido de eliminar la nota de “zona verde”, pero
no el reconocimiento del daño emergente y lucro cesante.
Se extracta el siguiente aparte de la providencia:
“A juicio de esta Sala Unitaria la fuente que permitiría el reconocimiento de estos
perjuicios materiales no es propiamente la falta de precisión cartográfica, sino la
limitación que recayó sobre el bien, una vez se expidió el POT por medio del Acuerdo
035 de 2018, al establecerse una limitante, toda vez que fue denominado predio urbano
y zona verde. Por lo tanto, el medio procesal idóneo para reclamar el reconocimiento y
pago de estos perjuicios sería la reparación directa y la nulidad y restablecimiento del
derecho.”
5.7. En el recurso de reposición contra el auto del 16 de mayo de 2022, los
demandantes insistieron en que la negativa a realizar la precisión cartográfica
alteró los tiempos de ejecución del proyecto urbanístico y generó gastos no
recuperables para el mantenimiento y administración del inmueble, así como
la imposibilidad de recibir los rendimientos proyectados.
Destacó que, si la administración hubiere procedido con la precisión
cartográfica a finales del año 2019, el predio se hubiere podido desarrollar
desde esa fecha y “no se habrían realizado erogaciones irrecuperables en el
mantenimiento y administración del inmueble, ni se estarían dejando de percibir las utilidades
que se tenían estimadas recibir hasta la fecha.”
Finalmente, aclaró que en el caso particular todas las pretensiones son propias
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el artículo
138 del CPACA permite que por esta vía se requiera la reparación de daños y
perjuicios ocasionados con el acto administrativo demandado.
5.8. En auto del 27 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión de declarar probada la excepción previa de indebida
acumulación de pretensiones.
Como fundamento de su determinación, la magistrada manifestó que la fuente
que sustenta la solicitud del perjuicio material (pretensión quinta de la
demanda) no es el acto administrativo que negó la revisión cartográfica, sino
el cambio de naturaleza del bien en el POT.
Advirtió que, si bien puede reclamarse el resarcimiento del daño a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, “no debe obviarse
que, en el caso bajo estudio, dicha pretensión no se deriva del acto administrativo
demandado, sino de otro hecho administrativo, que incluso como se expuso en anterior
oportunidad fue el referente para solicitar la revisión cartográfica.”
Finalmente, indicó que la demanda no cumple los requisitos para que se
acumulen las pretensiones de reparación directa con las de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque no se da el presupuesto de conexidad,
dado que “el reclamo de los perjuicios materiales tiene identidad propia frente a la
procedencia o no de la revisión cartográfica.”
6. El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación y aplicación de los artículos 138 y 165 del
CPACA y en defecto procedimental absoluto por pretermitir etapas
relevantes del proceso
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6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión 20.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
6.2. Esta Sección estima que, en el caso particular, en efecto, se concretó el
defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 138 y 165 del
CPACA, ya que todas las pretensiones expuestas en la demanda guardaban
relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Según lo dispone el artículo 138 del CPACA, en ejercicio de este medio de
control pueden exponerse las siguientes pretensiones: (i) la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto; (ii) el restablecimiento del
derecho y; (iii) la reparación del daño.
El tenor literal del artículo en comento es el siguiente:
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.” (resaltos de
la Sala)
Así pues, se tiene que, en el caso particular la demandante solicitó la nulidad
de los actos administrativos expresos y fictos que negaron la precisión
cartográfica; a título de restablecimiento del derecho, pidió que se expidiera
acto administrativo en el que se elimine la anotación de “zona verde” del predio
de los demandantes; y, como de reparación, solicitó el reconocimiento y pago
de perjuicios de orden material (supra 4.5.). Luego, de la demanda se
desprende que la parte actora solicitó que se aplicara el artículo 138 del
CPACA y, en consecuencia, que los jueces ordinarios de la causa
determinaran si había lugar a declarar la nulidad, el restablecimiento y a
ordenar la reparación de daños relacionados con los actos demandados en los
términos ya explicados.
Como se ve, todas estas pretensiones están comprendidas dentro del medio
de control incoado, por lo que es dable concluir, en principio, que en el caso
particular no se concretaba un evento de acumulación de pretensiones de los
20 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
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regulados en el artículo 165 del CPACA, como equivocadamente lo entendió
la autoridad judicial accionada.
6.3. No obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada argumentó que la
pretensión quinta de la demanda (resarcimiento de perjuicios materiales) tenía
su fuente en el acto administrativo contentivo del POT y por lo tanto su
prosperidad debía ser procurada a través del medio de control de reparación
directa.
Identificada esta supuesta multiplicidad de pretensiones, manifestó que la
demanda no cumplía con el requisito de conexidad que exige el artículo 165
del CPACA para acumularse, pues, los perjuicios materiales no derivan de los
actos administrativos demandados, sino del Acuerdo 035 de 2018.
En este punto es oportuno relacionar el contenido del artículo 165 del CPACA,
veamos:
“Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular
pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a
contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes
requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se
acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para
conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha
sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será
competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.”
6.4. Visto lo anterior, se considera que la argumentación del Tribunal accionado en
los autos acusados no es propia de la etapa inicial del proceso en la que se
deciden las excepciones previas, sino que refiere al fondo del asunto y debe
resolverse en la sentencia. En efecto, el reconocimiento de los daños en este
medio de control es subsecuente a la declaración de nulidad del acto
administrativo demandado, por lo que su relación y efectiva causación es una
cuestión que debe ser decidida en la etapa de fallo.
En esta línea, la Sala advierte que, surtir en la etapa de excepciones previas
la discusión relativa a la conexidad de los actos demandados con los perjuicios
materiales reclamados, tiene efectos perjudiciales en el derecho al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia de la parte demandante.
En este punto conviene recordar que, el núcleo esencial del derecho al debido
proceso refiere a un conjunto de garantías que permiten a los usuarios de la
administración de justicia que los jueces de la causa ajusten su accionar a los
procedimientos contemplados para cada trámite 21.
21 En la sentencia SU041 de 2022, la Corte Constitucional indicó lo siguiente en relación con el de recho
fundamental al debido proceso: “La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática en establecer que en virtud
del derecho al debido proceso, "las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro
del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando
la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio
pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como
propósito específico "la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas.”
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En lo que respecta al derecho al acceso a la administración de justicia, éste
supone no sólo que el Estado brinde al administrado un andamiaje jurídico
idóneo para dar solución a sus controversias o conflictos sino, además, que “a
través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías
personales que se estiman violadas”22.
La Corte Constitucional ha indicado que este derecho comprende diferentes
facetas en, al menos, tres categorías: (i) aquellas relativas al acceso efectivo
al aparato judicial; (ii) las previstas para el desarrollo del proceso; y (iii)
finalmente, las atinentes a la decisión, cómo debe darse fin a la controversia y
su efectivo cumplimiento.
El acceso a la administración de justicia en esta segunda categoría supone por
parte del juez de la causa la plena y estricta sujeción a los procedimientos, así
como la observancia y acatamiento de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en la Ley 23.
6.5. Establecido lo anterior, la Sala evidencia que los autos acusados vedan a las
accionantes la posibilidad de adelantar el trámite probatorio con miras a
acreditar la causación de los perjuicios que estima se le causaron con los actos
demandados, es decir, le impide aportar y solicitar pruebas, participar en su
práctica, controvertir las aportadas por la contraparte, etc. en relación con la
mencionada pretensión.
Asimismo, le impide a los demandantes exponer, en las oportunidades
procesales pertinentes, las razones por las que considera que el daño
reclamado en efecto deriva de los actos administrativos demandados.
Entonces, se considera que lo procedente es que sea en la sentencia donde
el Tribunal Administrativo de Santander defina, de cara a las pruebas del
proceso, los alegatos de las partes y el marco jurídico pertinente, si los daños
materiales reclamados tienen como origen los actos administrativos
demandados y si están debidamente acreditados.
6.6. Dicho lo anterior, es importante precisar que la argumentación expuesta por
esta Sección no refiere en absoluto a la prosperidad o no de la reparación del
daño material en el caso particular, pues esa es una cuestión que deberá
decidir el juez de la causa, sino a la posibilidad de que sean reclamados en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y a la etapa
procesal en la que debe decidirse su causación y reconocimiento.
6.7. Así las cosas, esta Sección estima que los autos del 16 de mayo y del 22 de
julio de 2022, incurrieron en indebida aplicación del artículo 165 del CPACA
en tanto la demanda no proponía una acumulación de pretensiones, sino que
todas las allí plasmadas referían al medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho conforme lo permite el artículo 138 del CPACA.
Adicional a lo anterior, se observa que la decisión de declarar probada la
excepción previa de indebida acumulación de pretensiones en el caso sub
examine y de descartar del litigio la pretensión quinta de la demanda, implicó
adelantar la decisión de una cuestión de fondo a una etapa preliminar del
proceso que solo es susceptible del recurso de reposición, concluyendo en esa
fase con las expectativas de reparación del daño. Situación está que
materializa defecto procedimental.
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-355 de 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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6.8. Finalmente, se estima que, los autos acusados comportan una vulneración al
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las
demandantes en tanto se emitió una decisión sobre el fondo del asunto sin
haber decretado y practicado pruebas, y habiendo pretermitido la etapa de
alegatos y la fase para dictar sentencia.
Adicionalmente, esta actuación puede afectar el derecho a la segunda
instancia, dado que este asunto no podría ser retomado en la sentencia ni
podría ser objeto de apelación y, de otra parte, el auto que resuelve las
excepciones previas solo es susceptible del recurso de reposición.
7. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala considera que se debe amparar el derecho al debido
proceso de las sociedades accionantes, debido a que el Tribunal Administrativo de
Santander, despacho de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, incurrió en
defecto sustantivo y defecto procedimental absoluto, conforme los argumentos
expuestos en las consideraciones de esta providencia.
En salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sub examine, se dejarán
sin efectos todas las actuaciones surtidas en el proceso a partir del auto del 16 de
mayo de 2022, incluyendo el auto del 27 de julio de 2022 que resolvió no reponer la
decisión de declarar probada de oficio la excepción previa de “indebida acumulación
de pretensiones”, respecto de los perjuicios materiales reclamados.
En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que, en el término
de 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
decisión de reemplazo en la que decida sobre la excepción previa en comento, pero
atendiendo a los argumentos expuestos en este fallo de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho al debido proceso de las sociedades IC Constructora
S.A.S e Industrial de Construcciones S.A.S, de conformidad con los
argumentos expuestos en el numeral tercero de la parte considerativa de esta
providencia.
2. Dejar sin efectos todas las actuaciones surtidas en el proceso ordinario a
partir del auto del 16 de mayo de 2022 incluyendo el auto del 27 de julio de
2022, expedido por el Tribunal Administrativo de Santander, despacho de la
magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, que confirmó la decisión de declarar
probada de oficio la excepción previa de “indebida acumulación de
pretensiones, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander, despacho
de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, que, en el término de diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a emitir
una decisión de reemplazo en el que decida sobre la excepción previa de
indebida acumulación de pretensiones, atendiendo a los argumentos
expuestos en este fallo de tutela
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4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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