Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00727-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00727-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00727-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de marzo de 2023
Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad-
Radicado No.: 11001-03-15-000-2023-00727-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00727-00
Demandante: JUAN GUILLERMO SANÍN POSADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA QUINTA
DE ORALIDAD–
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito remitido el 13 de febrero de 2023 al buzón electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado1, el señor Juan Guillermo Sanín Posada,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad. Del escrito de tutela y del memorial de
subsanación, la Sala infiere que la parte actora pretende con la presente solicitud de
amparo la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
2. En sentir del accionante, la trasgresión de la citada garantía constitucional tiene
como causa el auto proferido el 6 de febrero de 2023, por parte de la autoridad judicial
accionada2. En esta providencia se confirmó la decisión dictada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín el 18 de mayo de 2022. En ambos autos se negó la solicitud
de medida provisional de suspensión de los efectos de las Resoluciones No. 4010 de
1
Índice 1 de Samai.
2
Las providencias fueron proferidas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con Rad. No. 05001-33-33-003-2021-00191-00/1.
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Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad-
Radicado No.: 11001-03-15-000-2023-00727-00
11 de diciembre 2020 y No. 628 del 31 de abril de 2021, por medio de las cuales el
municipio de Rionegro negó un beneficio tributario al accionante.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
Se le ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia atender el recurso de
apelación conforme las pruebas que obran el expediente, absteniéndose de
suponer situaciones no probadas.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. A continuación, se resumen los presupuestos relevantes que se extraen del
escrito de la tutela y de las demás piezas aportadas al proceso:
5. El 27 de mayo de 2021, Juan Guillermo Sanín Posada promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. 4010 de
11 de diciembre de 2020 y No. 628 del 31 de abril de 2021, expedidas por el municipio
de Rionegro.
6. Los actos administrativos controvertidos negaron la solicitud de la parte actora
de otorgarle un tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorización para
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-21904.
7. Al medio de control promovido por el señor Sanín Posada le fue asignado el
radicado número 05001-33-33-003-2021-00191-0 y le correspondió conocer en
primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo de Medellín.
8. La autoridad judicial mencionada, además de admitir la demanda, en auto
independiente del 18 de mayo de 2022, negó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos de las Resoluciones No. 4010 de 11 de diciembre de 2020 y
No. 628 del 31 de abril de 2021.
9. Para el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín la medida cautelar no era
procedente porque (i) de los argumentos y documentos presentados con la demanda
no se evidenció vicio que afecte la validez de los actos administrativos demandados,
ni violación de los derechos y garantías del demandante y (ii) porque no existe un
perjuicio irremediable. Lo anterior, ya que, si el actor paga la contribución y luego
resulta vencedor en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, puede
solicitar la devolución de las sumas pagadas, debidamente indexadas.
10. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación. La
alzada le correspondió conocer al Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de
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Demandante: Juan Guillermo Sanín Posada
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad-
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Oralidad-, autoridad que confirmó la decisión de primer grado mediante auto del 6 de
febrero de 2023.
11. Para el Tribunal Administrativo de Antioquia debía confirmarse porque, además
de los argumentos esgrimidos en primera instancia por el a quo, pudo advertir que el
demandante –hoy actor de esta tutela– no es el titular de los derechos de dominio del
bien sobre el cual solicitó un tratamiento especial para el pago de la contribución de
valorización. Igualmente, la corporación judicial puso de presente que, aunque el señor
Sanín Posada alegó ser poseedor del bien, lo cierto es que solo logró acreditar que es
uno de los herederos interesados en la sucesión del referido inmueble, por lo que no
existe prueba de la posesión efectiva y material sobre el predio.
1.4. Fundamentos de la vulneración
12. De los escritos que contienen la demanda de tutela y el memorial de
subsanación, se advierte que el actor considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia -Sala Quinta de Oralidad- ignoró que en el acervo probatorio del proceso de
nulidad y restablecimiento existen varias pruebas documentales en las que el
municipio de Rionegro certificó que él es el poseedor del inmueble sobre el cual solicitó
un trato especial en el pago de la contribución de la valorización.
13. Aunque la parte actora no señaló el o los defectos en que considera incurrió la
decisión censurada mediante esta tutela, la Sala adecuará los alegatos presentados
por el demandante a un defecto fáctico dado que el argumento principal para
interponer esta solicitud de amparo es que la autoridad judicial accionada no valoró
varias piezas procesales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
14. Mediante auto del 14 de febrero de 2023, el Despacho sustanciador en esta
instancia decidió inadmitir la presente acción de tutela para que la parte actora aclarara
los hechos y las razones por las que considera que el auto controvertido vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.
15. Luego de revisar el escrito de subsanación, mediante auto del 1 de marzo de
2023 se admitió esta acción constitucional. En consecuencia, se ordenó notificar como
autoridad accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad.
Asimismo, se dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado Tercero
Administrativo de Medellín y del Municipio de Rionegro. Igualmente, se ordenó vincular
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos que establece
el artículo 610 del CGP.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, las autoridades vinculadas manifestaron lo
siguiente:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad.
16. La magistrada ponente de la decisión censurada mediante este mecanismo
constitucional rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la presente acción
por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional. Para fundamentar su
petición sostuvo que bastaba con examinar el escrito de tutela para concluir que se
replican los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra del
auto que negó la medida provisional.
17. Resaltó que, aunque se agreguen comentarios adicionales, los reparos en
concreto referidos a la calidad de poseedor fueron estudiados en su momento por la
Sala de decisión cuando confirmó la providencia de primer grado. En consecuencia,
considera que el actor está utilizando esta tutela como una tercera instancia para
controvertir de nuevo lo decidido sobre su solicitud de medida cautelar.
1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo de Medellín
18. El titular de este despacho rindió informe en el que requirió declarar
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
19. En relación con la falta de cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, sostuvo que el actor ni siquiera indicó los defectos en los que considera
incurrió la decisión censurada. Por ende, no cumplió con la carga procesal mínima de
argumentar sobre los posibles yerros en que incurrió la providencia controvertida.
20. Por otra parte, respecto del no cumplimiento del requisito de la subsidiariedad
sostuvo que el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho está en
curso, por lo que el actor debe esperar a que concluya dicha causa.
1.6.3. Municipio de Rionegro
21. Luego de realizar un exhaustivo recuento de los hechos y actuaciones judiciales
que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela, el ente territorial
solicitó negar el amparo invocado por la parte actora. En su sentir, las autoridades
judiciales accionadas que negaron le medida cautelar pedida por el señor Sanín
Posada actuaron en derecho y, por ende, no vulneraron ninguna garantía fundamental.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Juan Guillermo Sanín Posada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
23. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o por representante, o
a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
24. Desde que fue dictada la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció que la
legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo,
en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés
sustancial que se discute en el proceso de tutela.
25. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que Juan
Guillermo Sanín Posada está legitimado en la causa por activa para interponer la
presente acción de tutela porque es la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó el auto que se controvierte mediante
el presente mecanismo constitucional.
26. De otro lado, el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad-
está legitimado en causa por pasiva por ser la autoridad que dictó la providencia contra
la que se interpone esta acción de amparo.
2.3. Problemas jurídicos
27. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los informes
rendidos, esta Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de admisibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial el requisito de la relevancia
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constitucional? De ser positivo el anterior interrogante, se deberá resolver lo
siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad- vulneró el
derecho fundamental al debido proceso del actor al confirmar el auto mediante
el cual se negó su solicitud de suspender provisionalmente los efectos de las
Resoluciones 4010 de 11 de diciembre 2020 y 628 del 31 de abril de 2021,
expedidas por el Municipio de Rionegro?
28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii) requisitos especiales
de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la providencia controvertida, y
finalmente, (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema4. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.
30. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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Radicado No.: 11001-03-15-000-2023-00727-00
establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial8.
31. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
32. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de
instancia.
7
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv);
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
8
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen
del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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33. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
34. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si, en el caso concreto,
concurren los requisitos de procedibilidad y, solo en el caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.
2.5. Requisito general de relevancia constitucional
35. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 20059. En esa oportunidad
se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando
se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se
encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes10. (Subrayado fuera de texto).
36. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha desarrollado los
criterios para determinar cuándo se cumple con este requisito. Así, en la sentencia SU-
215 de 202211, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. Estos criterios, la
Sala los expondrá en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:
9
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones
de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
10
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
11
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera
y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción
de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el
mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una
discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa
rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
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Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional
Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.
Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los
Constitucional 2022
jueces naturales”.
la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.
la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.
37. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201412, adoptó de manera expresa la
posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
38. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras
jurisdicciones.
39. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202213 modificó
la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.
40. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que
no basta que se aduzca la violación de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe
ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
41. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad
con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.
2.6. Estudio de la relevancia constitucional para el caso concreto
42. Una vez analizado el escrito que contiene la demanda de tutela y el memorial
de subsanación, la Sala advierte que la presente acción de tutela no supera el requisito
de la relevancia constitucional. En efecto, en ambas oportunidades el actor se limitó a
señalar que el Tribunal Administrativo de Antioquia no tuvo en cuenta que en el acervo
probatorio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho existen varios
documentos expedidos por el Municipio de Rionegro en el que se certifica que él es
poseedor del inmueble sobre el cual solicitó tratamiento especial en el cobro de la
contribución por valorización.
43. La Sala considera que no se supera el requisito general de la relevancia
constitucional porque el actor no cumplió con la carga mínima de señalar y explicar la
forma como se presentó el defecto específico en el que supuestamente incurrió la
decisión censurada. Es importante resaltar que en el presente asunto el accionante no
planteó la configuración de alguno de los defectos especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, sino que se limitó a realizar reproches
sobre la no valoración de unos certificados.
44. Pese a lo anterior, se podría sostener que, aunque el actor no invocó defecto
especial alguno, de sus argumentos se puede inferir que considera que la decisión
censurada incurrió en un yerro fáctico. No obstante, para la Sala el hecho de adecuar
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Oralidad-
Radicado No.: 11001-03-15-000-2023-00727-00
oficiosamente los argumentos del actor en el referido defecto especial no es suficiente
para superar el requisito general de la relevancia constitucional en este caso.
45. En este sentido, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional
en la Sentencia SU-215 de 2022 la parte actora en los casos de tutelas contra
providencias judiciales tiene el deber de explicar las razones y los motivos por las que
considera que se configura el defecto invocado. Así las cosas, pese a que la Sala
puede inferir que se alega un defecto fáctico, no se supera el requisito general de la
relevancia constitucional porque en el escrito de tutela no contiene la carga
argumentativa mínima que expliquen con suficiencia porque la autoridad accionada
incurrió en ese defecto.
46. Para finalizar, se recuerda que, para la procedencia del estudio del cargo por
defecto fáctico, se requiere que quien lo propone: i) precise cuál o cuáles de las
pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique la razón del por
qué en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera la incidencia de la prueba
en el fallo atacado. No obstante, la parte actora no cumplió con la carga de atender
estas exigencias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor
Juan Guillermo Sanín Posada por no superar el requisito general de la relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara voto
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Radicado No.: 11001-03-15-000-2023-00727-00
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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