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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00747-01

Fecha
14 de junio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00747-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Garavito Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00747-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho para reliquidación de pensión de jubilación de las
fuerzas militares / Prescripción / Desconocimiento del
precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Jaime Garavito Martínez, en
contra de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Jaime Garavito Martínez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso el cual consideró vulnerado
con ocasión de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001333502720190046600/01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Jaime Garavito Martínez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares2, con el fin de cuestionar la legalidad del acto administrativo

1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230072700. Archivo denominado
«ED_ACCIONDETUTELAAC(.pdf) NroA ctua 2»
2 En adelante CREMIL

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

mediante el cual se le negó la reliquidación de la asignación de retiro con base en
el IPC «para los años 1.997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2.004, por ser más favorable que el
reajuste efectuado por el Gobierno Nacional, conforme al principio de oscilación
consagrado en el Decreto 1211 de 1990».

ii) El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia dictada en audiencia inicial celebrada el 26 de julio de 2021 resolvió:

«[…] PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción
cuatrienal y, por ende, tener por extinguidos los reajustes pensiónales reclamados por
el actor que se causaron entre el 16 de junio de 2012 y el 8 de agosto de 2012.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 211 certificado Cremil No. 67801
consecutivo 2018-58276 del 30 de agosto de 2016, suscrito por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares, en cuanto negó al actor
el reconocimiento y pago del reajuste de la asignación mensual de retiro con base en la
variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior, de que trata el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con la Ley 238 de 1995, durante el período comprendido entre el 1º de
enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004, y los reajustes de las mesadas
pensiónales causados desde el 16 de junio de 2012 en adelante.

TERCERO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Caja de Retiro
de la Fuerzas Militares a re-liquidar la asignación mensual de retiro del señor Jaime
Garavito Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.730.248 expedida en
Buga, a partir del 1º de enero del 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2004, con base
en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior, siempre y cuando fuere más favorable; a reajustar el monto
obtenido a esa fecha con el sistema de oscilación (incremento de la asignación
mensual efectuada al homólogo del actor en actividad), año tras año, desde el 1° de
enero de 2005 en adelante, por la recomposición de la base de liquidación; y a
reconocer y pagar las diferencias resultantes entre las mesadas re-liquidadas y las
canceladas desde el 9 de agosto de 2012 hasta la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, en razón a la prescripción cuatrienal, sumas que deberán ser indexadas
aplicando la siguiente fórmula […]»

iii) La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia del 14 de septiembre de
2022 con la que modificó la decisión del a quo, entre otras, para declarar probada
la excepción de prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad al
28 de noviembre de 2016.

iv) En relación con esa decisión, la parte actora consideró que la corporación
judicial tutelada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en
defecto sustantivo por decretar la prescripción trienal establecida en el artículo 43
del Decreto 4433 de 2004, cuando lo correcto es la cuatrienal contenida en el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990; y en desconocimiento del precedente al
desconocer decisiones del Consejo de Estado, Sección Segunda,3 en las que se

3 Sentencia del 23 de septiembre de 2010, expediente 0468-2010. Sentencia del 31 de mayo de

2012, expediente 1388-2011. Sentencia del 17 de mayo de 2012, expediente 1686-11. Sentencia

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

aplicó la prescripción cuatrienal en tema de reliquidaciones pensionales.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: Dejar sin efecto parcial la sentencia de fecha catorce (14) de
septiembre de dos mil veintidós (2022), toda vez que declaro la excepción de
Prescripción Trienal de las mesadas con anterioridad al 28 de noviembre de 2016, en
razón que no hace referencia al precedente establecido por el Honorable Consejo de
Estado en materia de términos prescriptivos para el personal de la Fuerza Pública
cobijado por el Decreto 1211 de 1990, tal es el caso del accionante; PRESCRIPCIÓN
CUATRIENAL.

SEGUNDO: Que en su lugar se amparen los derechos fundamentales solicitados por el
accionante […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C,4 solicitó que se niegue el amparo en tanto no se incurrió en
ninguna causal de procedibilidad que viabilice la solicitud de tutela. En cuanto al
punto de la prescripción, recordó que en la decisión acusada «se consideró que el
actor realizó la reclamación en vía administrativa, el 9 de agosto de 2016 (en vigencia del
Decreto 4433 de 2004) por lo tanto, en principio se configuraría la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 9 de agosto de 2013. No obstante, como quiera la
ejecutoria de la sentencia del segundo proceso, es del 26 de febrero de 2014 y la
demanda fue radicada hasta el 28 de noviembre de 2019, opera la prescripción en este
caso para las mesadas causadas con antelación al 28 de noviembre de 2016».

Adujo que tal consideración se fundamentó en la providencia proferida el 5 de
diciembre de 20225 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al
decidir una solicitud de extensión de jurisprudencia respecto de los efectos de la
sentencia de unificación del 17 de mayo de 20076, en la que «se dispuso el reajuste
de la prestación respecto de los años en los que el incremento con base en el IPC del año
anterior les resultara más favorable para los solicitantes (entre el 1° de enero 1997 y el 31
de diciembre de 2004), pero en cuanto a la prescripción, ordenó aplicar la trienal
establecida en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, tomando en cuenta la fecha en
que presentó la reclamación administrativa, […]»

del 4 de octubre de 2012, expediente 11001-03-15-000-2012-01301-00. Sentencia del 29 de
noviembre de 2012, expediente 25000232500020110071001 (1651-2012). Sentencia del 5 de
mayo de 2016, expediente 25000232500020110049401 (1640-12). Sentencia del 10 octubre de
2019. Expediente 1100103250002012 0058200 (2171-2012). Sentencia del 18 de agosto de 2022,
expediente 25000234200020180229201 (1001–2022).
4 Ver índice 8 de SAMAI en el expediente 11001031500020230072700. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RESPUESTATUTELACON(.pdf )
NroActua 8»
5 C.P Gabriel Valbuena Hernández, expediente 11001-03-25-000-2016-00833-00 (3877-2016)
6 Expediente 25000232500020030615201 (8464-2005)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

1.2.2. El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá7
puso de presente que «la sentencia de primera instancia aplicó la prescripción cuatrienal
y que la acción de tutela pretende que se deje sin efectos la decisión de segunda
instancia que modificó la de primer grado y, en su lugar, aplicó la prescripción trienal», por
lo que la queja del demandante es contra esta última.

1.2.3. CREMIL8 solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo
debido a que no se acreditó un perjuicio irremediable ni la existencia de una vía de
hecho por parte de la autoridad demandada, y que lo pretendido por la parte
actora es que se sustituya una decisión judicial ejecutoriada y dictada por el juez
natural de la causa.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 30 de marzo de
2023 negó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial demandada
explicó de «manera razonada y suficiente por qué aplicaba el término de prescripción
trienal previsto en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, y no el cuatrienal del artículo
174 del Decreto 1211 de 1990»; y respecto del desconocimiento del precedente judicial
alegado, concluyó que en el Consejo de Estado, Sección Segunda, no existe una posición
unificada en cuanto a la aplicación de la prescripción trienal o cuatrienal.

1.4. Escrito de impugnación10

Jaime Garavito Martínez impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
señaló que «si bien es cierto que mediante la sentencia proferida por el Consejo de
Estado de fecha 10 de octubre de 2019, esta se pronunció sobre la legalidad del artículo
43 del Decreto 4433 de 2004; el cual fija el término de prescripción trienal para las
prestaciones de los miembros de la Fuera Publica, NO puede dejarse de lado que para el
momento en que le fue reconocida la asignación de retiro del accionante y la reclamación
de los periodos por concepto de IPC,(1997 a 2004) la norma vigente en materia de
prescripción era el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, el cual estableció un periodo de
4 años contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el derecho».

Por otra parte, insistió en el desconocimiento de precedente judicial alegado, para
lo cual señaló varios pronunciamientos posteriores al 2019 del Consejo de Estado,

7 Ver índice 9 de SAMAI en el expediente 11001031500020230072700. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_INFORMEACCIONDETU(.pdf) NroActua
9»
8 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230072700. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV_CONTESTACIONACC(.zip )
NroActua 10»
9 Ver índice 17 de SAMAI en el expediente 11001031500020230072700. Archivo denominado

«SENTENCIA(.pdf) NroActua 17»
10 Ver índice 22 de SAMAI en el expediente 11001031500020230072700. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_IMPUGNACIOÌNFALLOD(.pdf ) NroActua
22»

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

Sección Segunda,11 los cuales dejan ver la aplicación de la prescripción cuatrienal
en casos similares al hoy objeto de litis.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a
consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200012 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201913, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.15 Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual

11 Sentencia del 21 de agosto de 2020, expediente 25000234200020150556001(0727-19),
Sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 11001032500020160083200 (3876-2016).
Sentencia del 18 de agosto de 2022, expediente No. 25000234200020180229201 (1001–2022).
12 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-

2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,16 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,18 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales.19

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de
Jaime Garavito Martínez con ocasión de la sentencia del 30 de marzo de 2023 que
modificó la decisión favorable de primera instancia que ordenó el reajuste de su
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

asignación de retiro con base al IPC, en el sentido de aplicar prescripción trienal y
no la cuatrienal, con la que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente por aplicación del artículo 43 del Decreto 4433 de
2004, y desatender el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto sustantivo

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha
señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del
marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto20. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra
su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta21, para
lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se
detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que
no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la
norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta
contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es
manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el
alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a
la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma y (vi) se
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se
funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser
considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la
irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la
autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de
los sujetos procesales22.

2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda

20 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
21 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
22 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover
la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad
de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas
jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de
estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales,
presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a
la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.4. Caso concreto

Jaime Garavito Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se amparara su
derecho fundamental al debido proceso ceso y, en consecuencia, se dejara sin
efecto la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en cuanto a la aplicación de
la prescripción trienal respecto del reajuste de las mesadas pensionales
reconocido.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

Lo anterior, según se alegó en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial por decretar la prescripción trienal establecida en el artículo 43
del Decreto 4433 de 2004, cuando lo correcto es la cuatrienal contenida en el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, como se ha considerado en diferentes
decisiones del Consejo de Estado, Sección Segunda.

Dada la controversia a decidir, se recuerda que el artículo 174 el Decreto 1211 de
199023, en cuanto a la prescripción reguló:

ARTICULO 174. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben
en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El
reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores
reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo
acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Por su parte, el artículo 43 del Decreto 4433 de 200424 señaló:

Artículo 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las pensiones
previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a partir de la
fecha en que se hicieron exigibles. […]

El Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, a través de sentencia
del 10 de octubre de 201925 negó la pretensión de nulidad formulada respecto del
artículo 43 del Decreto 4433 del 31 de 2004, en cuanto fijó el término de
prescripción trienal, al considerar:

«[…] 111. Ahora bien, al revisar el término de prescripción trienal señalado en el
artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 se observa que este cumple con los parámetros
de validez normativa en materia procesal, definidos anteriormente, dado que: i) No
vulnera los principios, los criterios, los objetivos o los mínimos previstos en la Ley 923
de 2004; ii) atiende los principios y fines esenciales del Estado; iii) permite la
realización material de los derechos sustanciales que el régimen pensional y de
asignación de retiro consagra68; iv) no vulnera derechos fundamentales de los
miembros de la Fuerza Pública; v) la medida tiene un fin legítimo y constitucionalmente
válido, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 1994, vi) no se
observa que la misma desborde los principios de razonabilidad y proporcionalidad69,
máxime si se tiene en cuenta que la prescripción trienal es la regla general en materia
laboral y ese término ha sido considerado válido por el máximo Tribunal
Constitucional70. […]»

En este punto, para mayor claridad del asunto, se recuerda que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, ordenó pagar
en favor de Jaime Garavito Martínez, «solo las diferencias resultantes que se utilizarán

23 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares
24 Por medio del cual se fija el régimen pensional de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública
25 CP William Hernández Gómez, expediente 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012)

acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

como base para liquidar las mesadas futuras, a partir del veintiocho (28) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016), por prescripción trienal», ello al considerar:

«[…] De [acuerdo con la sentencia proferida el 10 de octubre de 2019], el Consejo de
Estado concluyó que el término de prescripción trienal consagrado en el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004, no fue proferido infringiendo lo dispuesto en los numerales 11
del artículo 18921 y 19 del artículo 15022 Constitucional por haber incurrido en exceso
de la facultad reglamentaria al desarrollar la Ley 923 de 2004, por consiguiente, debe
aplicarse.

En consideración a lo anterior, se debe tener en cuenta que los derechos
prestacionales reclamados en la asignación de retiro en este caso, conforme a lo
dispuesto en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, prescriben en tres (3) años
contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles y se interrumpe por un lapso
igual.

El actor realizó la reclamación en vía administrativa, el 9 de agosto de 2016 (en
vigencia del Decreto 4433 de 2004) por lo tanto, en principio se configuraría la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 9 de agosto de 2013. No
obstante, como quiera la ejecutoria de la sentencia del segundo proceso, es del 26 de
febrero de 2014 y la demanda fue radicada hasta el 28 de noviembre de 2019, opera la
prescripción en este caso para las mesadas causadas con antelación al 28 de
noviembre de 2016. […]»

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, fundamentó su decisión de acuerdo con la considerado
por el Alto Tribunal de lo Contencioso-administrativo respecto a la legalidad del
artículo 43 del Decreto 4433 del 31 de 2004 y la fecha de radicación de la
reclamación administrativa, la cual aconteció durante su vigencia, sin perjuicio del
momento de reconocimiento de la prestación como tal, lo cual desvirtúa el defecto
sustantivo alegado.

Ahora, en cuanto a las decisiones judiciales invocadas como desconocidas en el
escrito de tutela, reiteradas y adicionadas en el de impugnación, llama la atención
que algunas de estas26 fueron proferidas previo a la pluricitada sentencia del 10 de
octubre de 2019, respecto de lo cual el tribunal demandado, en cuanto a su
cambio de criterio, explicó:

«[…] El H. Consejo de Estado en providencia del 4 de septiembre de 200815, señaló
que el Presidente de la República excedió la facultad reglamentaria consagrada en la
Ley 923 de 2004, por lo que era procedente inaplicar el artículo 43 de la citada norma y
seguir con la prescripción cuatrienal ya establecida en las disposiciones anteriores16,
lineamiento que se había adoptado en providencias anteriores por esta Sala. […]»

Es decir, si bien reconoció que el criterio de esa corporación era aplicar en casos
análogos la prescripción cuatrienal del artículo 174 el Decreto 1211 de 1990, lo

26Sentencia del 23 de septiembre de 2010, expediente 0468-2010. Sentencia del 31 de mayo de

2012, expediente 1388-2011. Sentencia del 17 de mayo de 2012, expediente 1686-11. Sentencia
del 4 de octubre de 2012, expediente 11001031500020120130100. Sentencia del 29 de noviembre
de 2012, expediente 25000232500020110071001 (1651-2012). Sentencia del 5 de mayo de 2016,
expediente 25000232500020110049401 (1640-12). Sentencia del 10 octubre de 2019. Expediente
1100103250002012 0058200 (2171-2012).

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

cierto es que a partir de la decisión que corroboró la legalidad del artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004, lo modificó para concluir que frente al reconocimiento y
reajustes de asignaciones de retiro resultaba aplicable la trienal, de acuerdo con la
fecha de la reclamación; lo cual resulta constitucionalmente aceptable de acuerdo
con el principio de autonomía e independencia judicial.

La parte demandante insistió en que, sin perjuicio de las decisiones proferidas
antes del 2019, también existen pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección
Segunda, en los que se aplica la prescripción cuatrienal, punto en el cual, por el
contrario, la autoridad judicial demandada en el informe rendido refirió decisiones
que aluden a la trienal.

Al respecto, de la información allegada por ambas partes, se observa que existe
diferencias en torno a la aplicación de la prescripción trienal o cuatrienal, pues, la
Sección Segunda, Subsección A de la corporación, en sentencias de extensión de
jurisprudencia del 22 de julio de 202127 y 5 de diciembre de 202228, en las que se
solicitó el reajuste de la pensión de invalidez con base en el IPC aplicó
prescripción trienal; y por el contrario, la Subsección B, en sentencias del 21 de
agosto de 202029 y 17 de marzo de 202230 optó por la cuatrienal.

Dicho lo anterior, es claro que existe disparidad de criterios en materia de
prescripción en torno a solicitudes de reajuste de asignaciones de retiro o de
invalidez de acuerdo con el IPC, lo cual tiene impacto en mesadas futuras como
bien se le reconoció a Jaime Garavito Martínez, diferencia que solo puede ser
definida en sede ordinaria y no de tutela. De esta manera, mal podría hablarse de
una presunta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de una
decisión judicial que cumplió con las cargas de transparencia y argumentación que
se ha exigido para apartarse de la ratio decidendi contenida en decisiones previas;
lo cual desvirtúa el desconocimiento del precedente alegado.

En vista de lo anterior, y dado que lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía
tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la
autoridad judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y
justificada, se impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

27 CP Rafael Francisco Suarez, expediente110010325000201700291-00 (1444-2017)
28 C.P Gabriel Valbuena Hernández, expediente. 11001032500020160083300 (3877-2016)
29 CP Cesar Palomino Cortes, expediente 25000234200020150556001 (0727-19)
30 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 11001032500020160083200 (3876-2016)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00747-01
Demandante: Jaime Garavito Martínez

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la
decisión del a quo que negó el amparo de los derechos fundamentales de Jaime
Garavito Martínez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual negó el amparo de los derechos
fundamentales de Jaime Garavito Martínez, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

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