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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00825-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no se configuran la cosa

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00825-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de abril de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00825-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: YULI PAOLA CAMACHO LOZANO Y OTRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No se configuran la cosa
juzgada y la temeridad porque no existe identidad de partes / CONFIRMA FALLO
IMPUGNADO – Los fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo presentada
por la demandante son idénticos a los que planteó su cónyuge en otra acción de tutela que
decidió esta Corporación.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 14 de abril de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por
medio de la cual se negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 14 de febrero de la presente anualidad, la señora Yuli Paola Camacho Lozano,
en nombre propio y en representación de su hija menor Isabel Sofía Contreras
Camacho, interpuso acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital. Formuló las siguientes
pretensiones:

Primero: Que se nos amparen a mi hija y a mí los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y

1 La Sala advierte que, el 29 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
demás derechos que el Honorable Juez de tutela considere vulnerados por las
Accionadas en la sentencias de primera instancia de fecha 07/09/2016,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda, y sentencia de segunda instancia No. 0117-2017 de
fecha 25/08/2022, proferida por la Subsección B - Sección Segunda - Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el expediente No. 66001-
23-33-002-2014-00542-00.

Segundo: Que, como consecuencia de lo anterior se ordene dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia No. 0117-2017 de fecha 25 de agosto de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda – Subsección “B”.

Tercero: Que se ordene a la Subsección “B” - Sección Segunda – Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en un término no
superior a treinta (30) días dicte una nueva sentencia en el proceso No. 66001-
23-33-002-2014-00542-01, en la que se revoque el fallo de primera instancia de
fecha 07/09/2016, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Risaralda, y en consecuencia se acceda a las
súplicas de la demanda hechas por nosotras como Demandante,
reconociéndole a mi Esposo y padre de mi hija Mayor Carlos Tobías Contreras
Ramírez, el tiempo en la hoja de vida, así como el pago de la totalidad de sus
haberes dejados de percibir, durante el tiempo que permaneció retirado del
servicio hasta el momento de su reintegro.

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

Manifiesta la parte actora que, por medio del Decreto 414 del 11 de febrero de 2009,
su esposo, el señor Carlos Tobías Contreras Ramírez, fue retirado del servicio
activo de la Policía Nacional, al encontrarse inmerso en causal de inhabilidad
sobreviniente por haber sido sancionado tres veces durante los últimos cinco años,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002.

En auto del 10 de agosto de 2012, la Procuraduría General de la Nación revocó la
sanción disciplinaria de amonestación escrita que le había sido impuesta al señor
Contreras Ramírez por parte del Inspector General de la Policía Nacional, en el
proceso disciplinario POLCA-2004-8.

Refiere que, en virtud de lo anterior, el ministro de Defensa Nacional, delegatario de
las funciones presidenciales, expidió el Decreto 1209 del 7 de junio de 2013, a
través del cual se ordenó el reintegro del señor Contreras Ramírez al servicio activo,
reconociendo el tiempo que permaneció retirado como tiempo de servicio y su
antigüedad en el grado, ubicándolo en el escalafón entre dos mayores que cumplían

2

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
ocho años en ese grado policial.

Adujo que, el 2 de julio de 2013, su cónyuge solicitó el reconocimiento del tiempo de
antigüedad en la institución, que se le llamara a realizar curso de ascenso y se le
ascendiera al grado de teniente coronel con la antigüedad de sus compañeros de
curso, así como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir durante el tiempo que permaneció desvinculado de la institución, esto es,
entre el 9 de marzo de 2009 y el 25 de junio de 2013.

Dicha petición fue negada mediante Oficio 239130 del 19 de agosto de 2013, acto
administrativo que fue confirmado por Oficio 268257 del 13 de septiembre de la
misma anualidad y, finalmente, por la Resolución número 3228 del 14 de agosto de
2014.

Inconformes con lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, los señores Carlos Tobías Contreras Ramírez y Yuli
Paola Camacho Lozano, actuando en nombre propio y en representación de su hija,
la menor Isabel Sofía Contreras Camacho, demandaron a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mencionados.

Mediante providencia del 7 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en fallo del 25 de agosto
de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

A juicio de la señora Yuli Paola Camacho Lozano, las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la que, en casos similares, accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo hizo
a través de las sentencias del 9 de marzo de 2020 (radicado 11001-03-25-000-
2011-00655-00), del 10 de junio de 2021 (radicado 68001-23-33-000-2015-01143-
01) y del 7 de abril de 2022 (radicado 19001-23-33-000-2015-00437-01).

De otra parte, alegó la configuración de un defecto sustantivo, por cuanto, en su
criterio, se desatendieron:
3

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Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

[L]as implicaciones jurídicas del Decreto 1209 del 07 de junio de 2013,
acto administrativo que ordena el reintegro de mi pareja tras revocar los
fallos que imponían la sanción disciplinaria y que desvirtúa la aplicación
de aplicabilidad del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002,
supuesto que sirvió para motivar el Decreto No. 414 del 11 de febrero de
2009, afecta el desarrollo del presupuesto de un procedimiento justo,
omitiendo su deber de situar a las partes en condición de igualdad,
procurando el reconocimiento de situaciones preexistentes que
condicionan el trasegar procesal hasta la toma de una decisión en
derecho.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 20 de febrero de 2023, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las
autoridades judiciales demandadas, y, como terceros con interés, al señor Carlos
Tobías Contreras Ramírez y a la Policía Nacional.

2.2. La Policía Nacional, por conducto del Grupo de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría General, manifestó que la acción de la referencia era improcedente al
configurarse la temeridad, teniendo en cuenta que la tutela interpuesta por el señor
Carlos Tobías Contreras Ramírez, cónyuge de la hoy accionante, esta es, la
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-00579-00, es idéntica a la
presentada por la señora Yuli Paola Camacho Lozano.

Señaló que la accionante y el señor Carlos Tobías Contreras Ramírez, de manera
indiscriminada y de mala fe, están haciendo uso de este mecanismo constitucional
sin probar efectivamente la vulneración de sus derechos fundamentales.

De otra parte, manifestó que no se evidencia transgresión alguna de sus derechos
fundamentales frente al análisis desarrollado por la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado. Tampoco se demostró el perjuicio irremediable invocado.

2.3. Los demás vinculados al proceso guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia del 14 de abril de 2023,
negó el amparo solicitado en la acción de tutela, por considerar que el asunto
planteado ya había sido objeto de pronunciamiento por esa misma sala, mediante

4

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Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
sentencia del 2 de marzo de esta misma anualidad, en el proceso con radicado
11001-03-15-000-2023-00579-00, promovido por el señor Carlos Tobías Contreras
Ramírez, cónyuge de la aquí accionante.

En virtud de lo anterior, denegó las pretensiones de la tutela, por considerar que,
ante la identidad fáctica y jurídica, lo procedente era remitirse a las consideraciones
expuestas en el fallo que decidió la solicitud de amparo presentada por el señor
Contreras Ramírez.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos de
la demanda y manifestó que el fallo de tutela de primera instancia se limitó a copiar
los argumentos expuestos en otra tutela similar, sin estudiar de fondo la vulneración
alegada por la parte actora, desconociendo su realidad como «víctima» del mal
proceso de retiro que sufrió su esposo.

Asimismo, adujo que, en un caso similar y reciente, en el que también fungió como
apoderado el mismo abogado que los asesoró a ella y a su cónyuge, se accedió a
las pretensiones de la demanda, por lo que solicita que se proteja su derecho
fundamental a la igualdad y se dejen sin efectos las providencias judiciales
cuestionadas, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que el señor Carlos
Tobías Contreras Ramírez estuvo desvinculado del servicio activo.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 14 de abril de 2023, por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que negó las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Yuli Paola
Camacho, por considerar que existía identidad fáctica y jurídica con la solicitud de
amparo presentada por su esposo, el señor Carlos Alberto Contreras Ramírez, la
cual fue estudiada y decidida en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-
00579-00.

2. Análisis de la Sala
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Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2.1. De la cosa juzgada y la temeridad en materia de acción de tutela

El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 determina que «el que interponga la acción
de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado
otra respecto de los mismos hechos y derechos». A su vez, el artículo 38 ejusdem
señala que se incurrirá en una conducta temeraria «cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes»2.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017, precisó que la
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de
partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y
de mala fe por parte del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos
enunciados, manifestó:

El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del
actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del
interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende
a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra
justicia.

9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se
funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento errado de
profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no
se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción
en contra del demandante3.

La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela,
«debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de
la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la
existencia previa de un recurso de amparo»4. Desprovisto de la mala fe propia de la
temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los
2 Ver sentencia del esta misma Sala del 24 de abril de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-04067-

01 (AC) M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
3 Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la sentencia

T-280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes;
(ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas
pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó
el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela
anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional5.

2.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

De entrada, la Sala advierte que la señora Yuli Paola Camacho Lozano interpuso
una nueva tutela con idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los expuestos por su
cónyuge en otra acción de la misma naturaleza, identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2023-00579-00, proceso en el cual la hoy accionante fue vinculada y tuvo
la oportunidad de intervenir para respaldar los argumentos expuestos por su esposo.

El siguiente cuadro da cuenta de que las acciones de tutela instauradas
separadamente por la aquí demandante, Yuli Paola Camacho Lozano, y su esposo
Carlos Tobías Contreras Ramírez son idénticas:

Tutela 11001-03-15-000-2023-00579-00 Tutela 11001-03-15-000-2023-00825-00
Accionante: Carlos Tobías Contreras Accionante: Yuli Paola Camacho Lozano
Ramírez
En el caso concreto, en ejercicio de la En el caso concreto, en ejercicio de la
revocatoria directa presentada ante la revocatoria directa presentada ante la
Procuraduría General de la Nación, en Procuraduría General de la Nación, en
contra del acto administrativo que sancionó contra del acto administrativo que sancionó
al señor Mayor Carlos Tobías Contreras a mi esposo, el señor Procurador, tras un
Ramírez, el señor Procurador tras un estudio concienzudo de la plataforma
estudio concienzudo de la plataforma fáctica que dio origen a esta decisión,
fáctica que dio origen a esta decisión, determinó que mi pareja no fue
determinó que éste no fue responsable de responsable de los supuestos hechos
los supuestos hechos irregulares por los irregulares por los cuales había sido
cuales había sido sancionado; desenlace sancionado; desenlace éste que muestra
éste que muestra como el Mayor había como había sido sancionado por la Policía
sido sancionado por la Policía Nacional Nacional bajo parámetros que no
bajo parámetros que no respondían a las respondían a las normas constitucionales y
normas constitucionales y legales que legales que amparan el derecho al debido
amparan el derecho al debido proceso, proceso, dejando en evidencia la ausencia
dejando en evidencia la ausencia de un de un estudio previo de autocontrol del
estudio previo de autocontrol del proceso proceso disciplinario y la carencia de
disciplinario y la carencia de motivación del motivación del acto administrativo, en el
acto administrativo, en el que se vulneró que se le vulneraron derechos
derechos fundamentales del Mayor […]. fundamentales […].

En el caso particular, la decisión que En el caso particular, la decisión que
emana del Decreto No. 414 del 11 de emana del Decreto No. 414 del 11 de
febrero de 2009 y por la cual se procedió al febrero de 2009 y por la cual se procedió al
retiro del Mayor Carlos Tobías Contreras retiro de mi esposo, afectó injustamente
Ramírez, afectó injustamente sus derechos sus derechos e intereses legítimos.

5 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
e intereses legítimos.

La ausencia de un proceso disciplinario La ausencia de un proceso disciplinario
respetuoso de las garantías respetuoso de las garantías
constitucionales desembocó en una constitucionales desembocó en una
decisión perjudicial al orden constitucional, decisión perjudicial al orden constitucional,
así como a los derechos fundamentales del así como a sus derechos fundamentales.
señor Contreras.

A través del Decreto 1209 del 07 de junio A través del Decreto 1209 del 07 de junio
de 2013 se ordenó el reintegro al servicio de 2013 se ordenó el reintegro de mi
activo del Mayor Carlos Tobías Contreras esposo al servicio activo. Dicho acto
Ramírez. Dicho acto administrativo administrativo establece dentro de sus
establece dentro de sus fundamentos que fundamentos que “al revocarse los fallos
“al revocarse los fallos del Inspector del Inspector Delegado Especial de la
Delegado Especial de la Dirección General Dirección General y del Inspector General
y del Inspector General de la Policía de la Policía Nacional respectivamente,
Nacional respectivamente, dentro del dentro del proceso disciplinario No.
proceso disciplinario No. POLCA-2004-8, a POLCA-2004-8, a través de las cuales se
través de las cuales se le impuso la le impuso la sanción disciplinaria de
sanción disciplinaria de Amonestación Amonestación Escrita, se desvirtuó la
Escrita, se desvirtuó la aplicabilidad del aplicabilidad del numeral 2º del artículo 38
numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de de la Ley 734 de 2002, supuesto que sirvió
2002, supuesto que sirvió para motivar el para motivar el Decreto No. 414 del 11 de
Decreto No. 414 del 11 de febrero de febrero de 2009.” (Negrilla y subrayado
2009.” (Negrilla y subrayado fuera del fuera del texto).
texto).

El contenido del Decreto en mención El contenido del Decreto en mención
desvirtúa la aplicabilidad de la norma desvirtúa la aplicabilidad de la norma
fundamento de la sanción y, a su vez, fundamento de la sanción y, a su vez,
corrige el agravio injustificado que causó la corrige el agravio injustificado que causó la
ausencia de un debido proceso que ausencia de un debido proceso que
conllevó a la expedición de un acto conllevó a la expedición de un acto
administrativo contrario a la Constitución y administrativo contrario a la Constitución y
a los derechos e intereses legítimos del a derechos e intereses legítimos. Así pues,
Mayor Carlos Tobías Contreras Ramirez. el Decreto No. 414 del 11 de febrero de
Así pues, el Decreto No. 414 del 11 de 2009 vulneró los derechos fundamentales
febrero de 2009 vulneró los derechos de mi pareja, desconociendo la importancia
fundamentales del Mayor, desconociendo de avalar un debido proceso que favorezca
la importancia de avalar un debido proceso la seguridad jurídica y la plena realización
que favorezca la seguridad jurídica y la de la justicia material […].
plena realización de la justicia material […].

Tal situación de vulnerabilidad del derecho Tal situación de vulnerabilidad del derecho
al debido proceso del Mayor Carlos al debido proceso de mi esposo fue
Contreras fue desconocida por el Tribunal desconocida por el Tribunal de lo
de lo Contencioso Administrativo de Contencioso Administrativo de Risaralda,
Risaralda, sala Tercera de Decisión, y el sala Tercera de Decisión, y el Consejo de
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Estado, sala de lo Contencioso
Administrativo, sección Segunda – Administrativo, sección Segunda –
Subsección B, en los fallos de primera y Subsección B, en los fallos de primera y
segunda instancia, respectivamente. En segunda instancia, respectivamente. En
efecto, las autoridades judiciales, al efecto, las autoridades judiciales, al
desatender las implicaciones jurídicas del desatender las implicaciones jurídicas del
Decreto 1209 del 07 de junio de 2013, acto Decreto 1209 del 07 de junio de 2013, acto
administrativo que ordena el reintegro del administrativo que ordena el reintegro de
Mayor Contreras tras revocar los fallos que mi pareja tras revocar los fallos que
imponían la sanción disciplinaria y que imponían la sanción disciplinaria y que
desvirtúa la aplicación de aplicabilidad del desvirtúa la aplicación de aplicabilidad del
numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de

8

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2002, supuesto que sirvió para motivar el 2002, supuesto que sirvió para motivar el
Decreto No. 414 del 11 de febrero de 2009, Decreto No. 414 del 11 de febrero de 2009,
afecta el desarrollo del presupuesto de un afecta el desarrollo del presupuesto de un
procedimiento justo, omitiendo su deber de procedimiento justo, omitiendo su deber de
situar a las partes en condición de situar a las partes en condición de
igualdad, procurando el reconocimiento de igualdad, procurando el reconocimiento de
situaciones preexistentes que condicionan situaciones preexistentes que condicionan
el trasegar procesal hasta la toma de una el trasegar procesal hasta la toma de una
decisión en derecho. decisión en derecho.

De esta forma, se observan irregularidades De esta forma, se observan irregularidades
de las autoridades judiciales respecto al de las autoridades judiciales respecto al
derecho al debido proceso del señor Mayor derecho al debido proceso de mi esposo.
Contreras. Es así que la omisión de Es así que la omisión de decisiones
decisiones administrativas y judiciales que administrativas y judiciales que reconocen
reconocen el pago de los emolumentos el pago de los emolumentos salariales y
salariales y prestacionales en situaciones prestacionales en situaciones similares y
similares y análogas, la incertidumbre análogas, la incertidumbre jurídica que crea
jurídica que crea una toma de decisión sin una toma de decisión sin contrastar el
contrastar el ordenamiento jurídico en su ordenamiento jurídico en su conjunto y la
conjunto y la peligrosa apertura a la peligrosa apertura a la creación de reglas
creación de reglas de interpretación de interpretación arbitrarias e
arbitrarias e incongruentes, son motivos incongruentes, son motivos suficientes
suficientes para cuestionar las providencias para cuestionar las providencias objeto de
objeto de la presente acción de tutela y la presente acción de tutela y para
para preocuparse ante la vulneración de preocuparse ante la vulneración de los
los derechos fundamentales que le asisten derechos fundamentales que me asisten.
al señor Mayor Contreras.

Con lo anterior se observa que las Con lo anterior se observa que las
actuaciones de la Policía Nacional y las actuaciones de la Policía Nacional y las
autoridades judiciales, desprovistas de autoridades judiciales, desprovistas de
motivación fáctica y jurídica rigurosa, motivación fáctica y jurídica rigurosa,
desconocen la plena efectividad del desconocen la plena efectividad del
derecho al debido proceso del Mayor derecho al debido proceso de mi esposo,
Carlos Contreras, vulnerando sus derechos vulnerando sus derechos laborales,
laborales, haciéndolo víctima de conductas haciéndonos víctimas de conductas
irregulares que afectaron directamente su irregulares que afectaron directamente
proyecto de vida, su proyecto profesional nuestro proyecto de vida, el proyecto
Institucional, su estabilidad laboral, su profesional Institucional de mi esposo, mi
mínimo vital, entre otros derechos. proyecto académico, la estabilidad laboral
de mi pareja, nuestro mínimo vital, entre
otros derechos […].

VII. PRETENSIONES V. PRETENSIONES

PRIMERO: Que se ampare al Accionante PRIMERO: Que se nos amparen a mi hija y
Mayor Carlos Tobías Contreras Ramírez a mí los derechos fundamentales al
los derechos fundamentales al DEBIDO DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAL,
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL y demás
IGUALDAD, MINIMO VITAL y demás derechos que el Honorable Juez de tutela
derechos que el Honorable Juez de tutela considere vulnerados por las Accionadas
considere vulnerados por las Accionadas en la sentencias de primera instancia de
en la sentencias de primera instancia de fecha 07/09/2016, proferida por la Sala
fecha 07/09/2016, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de lo
Tercera de Decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, y
Contencioso Administrativo de Risaralda, y sentencia de segunda instancia No. 0117-
sentencia de segunda instancia No. 0117- 2017 de fecha 25/08/2022, proferida por la
2017 de fecha 25/08/2022, proferida por la Subsección B - Sección Segunda - Sala de
Subsección B - Sección Segunda - Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

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Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el expediente No. 66001-23-
de Estado, en el expediente No. 66001-23- 33-002-2014-00542-00.
33-002-2014-00542-00.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo
anterior se ordene dejar sin efectos la anterior se ordene dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia No. 0117- sentencia de segunda instancia No. 0117-
2017 de fecha 25 de agosto de 2022, 2017 de fecha 25 de agosto de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de proferida por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda – Subsección “B”. Segunda – Subsección “B”.

TERCERO: Que se ordene a la Subsección TERCERO: Que se ordene a la Subsección
“B” - Sección Segunda – Sala de lo “B” - Sección Segunda – Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que en un término no superior a Estado, que en un término no superior a
treinta (30) días dicte una nueva sentencia treinta (30) días dicte una nueva sentencia
en el proceso No. 66001-23-33-002-2014- en el proceso No. 66001-23-33-002-2014-
00542-01, en la que se revoque el fallo de 00542-01, en la que se revoque el fallo de
primera instancia de fecha 07/09/2016, primera instancia de fecha 07/09/2016,
proferida por la Sala Tercera de Decisión proferida por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal de lo Contencioso del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda, y en Administrativo de Risaralda, y en
consecuencia se acceda a las súplicas de consecuencia se acceda a las súplicas de
la demanda, ordenando el reconocimiento la demanda hechas por nosotras como
del tiempo en la hoja de vida, así como el Demandante, reconociéndole a mi Esposo
pago de la totalidad de los haberes dejados y padre de mi hija Mayor Carlos Tobías
de percibir por el Demandante Carlos Contreras Ramírez, el tiempo en la hoja de
Tobías Contreras Ramírez, durante el vida, así como el pago de la totalidad de
tiempo que permaneció retirado del servicio sus haberes dejados de percibir, durante el
hasta el momento de su reintegro tiempo que permaneció retirado del servicio
hasta el momento de su reintegro.

A la claridad sobre la identidad de los supuestos de hechos y de derecho de las
acciones de tutela comparadas, se suma el hecho de que en el acápite de juramento
la propia demandante señaló que su «esposo Mayor Carlos Tobías Contreras
Ramírez, a través de abogado presentó acción de tutela por éstos mismos hechos».
Sin embargo, en el presente asunto no se configuran la temeridad o la cosa juzgada,
como se pasa a explicar:

En el proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-00579-00, en el que
fungió como demandante el señor Carlos Tobías Contreras Ramírez, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en providencia del 1° de junio de la presente
anualidad, confirmó la decisión de primera instancia y, el 16 de junio siguiente,
remitió el expediente a la Corte Constitucional, para la selección o exclusión de
revisión de la sentencia.

Teniendo en cuenta que «una sentencia proferida en un proceso de tutela hace
tránsito a cosa juzgada: (i) cuando es seleccionada para revisión por parte de la
Corte Constitucional y fallada en la respectiva Sala, o (ii) cuando, surtido el trámite

10

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
de selección, sin que ésta haya sido escogida para revisión, concluye el término
establecido para que se insista en su selección»6, al no haberse surtido aún dicho
trámite, en el presente asunto no resulta procedente declarar la cosa juzgada o la
temeridad.

Adicionalmente, si bien existe identidad fáctica y jurídica, pues ambas tutelas son
exactas y conciernen exclusivamente a la negativa del pago de salarios y
prestaciones del señor Carlos Tobías Contreras Ramírez, durante el tiempo que
estuvo retirado del servicio, lo cierto es que no se configura la identidad de partes,
toda vez que la presente solicitud de amparo fue interpuesta por su cónyuge, la
señora Yuli Paola Camacho Lozano.

Ahora, si bien no hay lugar a declarar la temeridad o la cosa juzgada, resulta claro
que, tal como lo advirtió el a quo, ya existe un pronunciamiento sobre el mismo
asunto, en tanto que, se reitera, lo pretendido es que se dejen sin efectos las
providencias del 7 de septiembre de 2016 y del 25 de agosto de 2022, dictadas,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Risaralda y la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado, lo cual ya fue analizado y resuelto en el
proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-00579-00.

En efecto, en esa oportunidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
providencia del 1° de junio de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, con
fundamento en lo siguiente:

Ahora bien, en el presente caso se tiene que, en el escrito inicial, la parte actora
realizó una exposición sobre las presuntas falencias en que incurrió la
administración cuando dispuso su retiro del servicio con base en una sanción
disciplinaria que era vulneradora del debido proceso16 y ahondó en la situación
a la que fue sometido a partir de esa decisión, y enfatizó en su afectación
emocional y económica.

Son estas circunstancias, las que, según se extrae del escrito inicial, fueron
omitidas por las autoridades judiciales accionadas al momento de proferir sus
fallos y con ello, conculcaron los derechos fundamentales invocados.

Tales afirmaciones fueron plasmadas de una forma general y abstracta sin que
el accionante las enmarcara en alguna causal específica de procedibilidad,
motivo por el cual, el a quo, a fin de priorizar lo sustancial sobre lo formal, las
adecuó como un defecto fáctico, toda vez que eran argumentos relativos al
presunto desconocimiento de hechos probados y que supuestamente debieron
ser considerados para resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

6 Corte Constitucional, Sentencia SU-349 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

11

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En la impugnación, el libelista afirmó que lo estudiado en el fallo de primera
instancia es incongruente con lo planteado en la demanda, puesto que lo
pretendido era evidenciar que, en casos análogos, la Policía Nacional, a través
de actuaciones administrativas, sí había reconocido no solo el reintegro de las
personas desvinculadas sino el pago de los salarios dejados de percibir, por lo
tanto, el defecto fáctico se presentó porque la accionada no tuvo en cuenta
dichas decisiones para resolver su proceso.

Conforme con lo expuesto, desde este momento son evidentes las falencias
argumentativas de la parte actora, teniendo en cuenta que, en el escrito de
tutela, se presentó como un posible defecto fáctico que la autoridad accionada
desconoció la vulneración al debido proceso durante el proceso disciplinario que
condujo al retiro del servicio del señor Contreras Ramírez y su afectación
económica y, en cambio, en la impugnación se aseguró que dicha falencia se
soportaba en la omisión de estudiar las decisiones administrativas en los casos
de otros miembros de la fuerza pública.

En este punto, es importante resaltar que, si bien el mecanismo de amparo tiene
una naturaleza informal, la figura de la tutela contra providencia judicial ha
tenido una evolución jurisprudencial que la convierte en una modalidad que
exige un mayor desarrollo por parte de los accionantes, esto tiene sentido si se
considera que por esta vía se pueden controvertir decisiones ejecutoriadas de
jueces especializados, e incluso lo resuelto por los órganos de cierre de cada
jurisdicción, como ocurre en este caso.

Nótese que, en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional resalto
que, tratándose de tutelas contra sentencias de las altas cortes, el filtro de la
relevancia constitucional debe ser aun más estricto, de ahí que se considere
como tiempo razonable para acudir a esta modalidad un lapso tan extenso como
son 6 meses21 , esto a raíz de la dificultad que representa construir una
argumentación con la capacidad de oponerse a lo que fue resuelto en dos
instancias por funcionarios judiciales expertos en cada una de sus áreas.

Sin embargo, lo traído por el actor en este caso impide que, frente al defecto
fáctico, se tenga por superado el requisito de la relevancia constitucional,
porque, como lo explicó el a quo, lo expuesto en la tutela no pasa de ser el
inconformismo de quien fue el demandante en el proceso ordinario, sin que se
expliquen con suficiencia los motivos para que los hechos y pruebas
presuntamente desconocidos tengan la capacidad de desvirtuar los argumentos
de los jueces de instancia.

[…]

En el escrito inicial se afirmó que se habían desconocido los siguientes
antecedentes:

Proferidos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
• Expediente 11001- 03-25-000-2011-00655-00(2546-11) M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, decisión de 9 de marzo de 2020.
• Expediente 68001-23-33- 000-2015-01143-01 (3551-2018) M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, decisión de 10 de junio de 2021. Proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
• Expediente 19001-23-33-000-2015-00437-01 (1098-2020) M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter, decisión de 7 de abril de 202226

En lo que respecta al expediente 2011-00655 […], como es evidente, en aquella
oportunidad se atacó la legalidad del acto administrativo sancionatorio que
causó la desvinculación de unos servidores públicos, lo que no ocurrió en este
caso, por lo tanto, la Sala comparte la conclusión de la Sección Primera en el
sentido de que esta providencia no puede operar como precedente toda vez que
corresponde a circunstancias fácticas distintas que afectan sustancialmente la
decisión.
12

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Lo anterior, teniendo en cuenta que, en las providencias atacadas en esta tutela,
se negaron las pretensiones justamente porque nunca se sometió a juicio la
validez de la desvinculación del accionante, por lo tanto, la pérdida de fuerza de
ejecutoria no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo y, en
consecuencia, se estimó que los efectos del decaimiento debían operar hacia el
futuro.

A su vez, en el proceso 2015-00437, conocido por la misma Subsección que
resolvió el caso del actor, se accedió al pago de los salarios dejados de percibir,
pero se resalta que las pretensiones de la demanda en aquella oportunidad eran
las siguientes:

1.2 Pretensiones. Se declaren nulas: (i) la decisión de primera instancia de
29 de septiembre de 2014, proferida por el jefe de la oficina de control
disciplinario interno de la policía metropolitana de Popayán, dentro del
expediente disciplinario MEPOY-2014-39, por la cual se sancionó al
accionante con destitución e inhabilidad general por el término de doce
(12) años para ejercer cargos públicos; (ii) acto administrativo de segunda
instancia de 11 de febrero de 2015, con el que el inspector delegado
regional de policía cuatro confirmó aquella determinación; y (iii) la
Resolución 1340 de 10 de abril de 2015, por cuyo conducto el director
general de la Policía Nacional ejecutó la sanción. [Resaltado de la Sala]

Nótese que, una vez más, las circunstancias fácticas eran sustancialmente
distintas en tanto que en ese proceso sí se demandó la legalidad de las
sanciones disciplinarias, de hecho, este antecedente contrario a respaldar el
argumento del actor, refuerza las sentencias atacadas, puesto que implica que
la postura expuesta en el fallo de 25 de agosto de 2022 es concordante con el
criterio de esa Subsección.

Finalmente, en la providencia con radicado 2015-01143, sí se evidencia una
situación que resulta equiparable a la del accionante, esto es, el de un miembro
de la Policía Nacional que fue desvinculado a raíz de una decisión disciplinaria y
luego reintegrado cuando se declaró, por la vía administrativa, la pérdida de
fuerza ejecutoria de la sanción. En ese proceso no se demandó el acto
administrativo que impuso la medida disciplinaria.

Allí la Subsección A de la Sección Segunda, manifestó que, a pesar de que el
fenómeno del decaimiento solo opera hacia futuro, la revocatoria directa debía
generar el restablecimiento de derechos que hubieran sido afectados mientras
estuvo vigente.

No obstante, en el criterio de esta Sala, aquella sentencia no tiene la calidad de
precedente, esto por cuanto se profirió para resolver una situación particular y
concreta sin que se instituyera alguna regla de decisión vinculante. En especial,
teniendo en cuenta que fue proferida por una de las subsecciones de la Sección
Segunda y no por su Sala plena. Debe resaltarse que, sobre los efectos en el
tiempo de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos de
desvinculación cuando estos se ven afectados por el fenómeno del decaimiento,
no hay un criterio unificado entre las subsecciones de la Sección Segunda.

En ese sentido, no es posible por esta vía de tutela imponer el criterio jurídico
esbozado por la Subsección A de la Sección Segunda en el proceso 2015-01143
sobre el de la Sala que resolvió el caso del actor, máxime porque se trata de
autoridades de la misma jerarquía.

Se tiene que, la exigencia realizada por la Subsección B de la Sección Segunda
de esta corporación, relativa a que se debe desvirtuar la legalidad del acto
administrativo disciplinario, hace parte del ejercicio de su autonomía judicial y,
en la sentencia atacada, se explicaron los motivos por los cuales se llegó a tal

13

Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
conclusión, principalmente, por el efecto a futuro que tiene la declaratoria de
revocatoria directa.

En ese sentido, ante la disparidad de criterios existente al momento que se
resolvió el caso del señor Contreras Ramírez, no puede esta Sala, como juez de
tutela, tener por probado un cargo por desconocimiento del precedente, en tanto
que no le corresponde unificar criterios de temas de la Sección Segunda.

Así las cosas, se confirmará lo resuelto por la Sección Primera en la sentencia
de 3 de marzo de 2023, puesto que se pudo evidenciar que, respecto de los
antecedentes invocados en la demanda, aquellos o no comparten la misma
situación fáctica que la del accionante o no pueden ser calificados como
precedentes obligatorios.

Lo anterior evidencia que los fundamentos de la acción de tutela instaurada por la
señora Yuli Paola Camacho Lozano contra la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por ser idénticos a los
de la solicitud de amparo presentada por su esposo, Carlos Tobías Contreras
Ramírez, ya fueron estudiados y decididos por esta Corporación.

En ese orden, aun cuando se trata de expedientes y demandantes diferentes, al
igual que el a quo, la Sala considera que lo decidido en el proceso de tutela
promovido por el señor Carlos Tobías Contreras Ramírez debe extenderse al
presente caso, máxime cuando del escrito de tutela presentado por la señora Yuli
Paola Camacho Lozano no se desprende una circunstancia excepcional o nueva
que amerite un análisis diferente del caso.

Entonces, aunque en este caso no se configuren la cosa juzgada y la temeridad,
porque no se cumple un requisito transversal, como el de la identidad de partes, por
cuanto es claro que en el caso bajo estudio el señor Contreras Ramírez no es
demandante7, conviene llamar la atención de la demandante, en lo que atañe al
ejercicio inadecuado de la acción de tutela, dado que es reprochable que quien ya
intervino e incluso respaldó en sus pretensiones a la parte actora de otro proceso de
tutela, ejerza posteriormente este valioso mecanismo de protección de derechos
fundamentales, con el ánimo de que un juez diferente se pronuncie sobre los
mismos supuestos fácticos y jurídicos, y de esa manera obtener finalmente el
resultado favorable que busca. Eso, sin lugar a dudas, representa un desgaste para
la Administración de Justicia y termina por afectar a todos los demás usuarios que
utilizan debidamente la acción de tutela y que están a la espera de que se adopte
una decisión en sus casos particulares.

7 Sumado a que, como se advirtió, (i) la acción de tutela no ha sido excluida ni seleccionada para
revisión y (ii) la accionante no está ocultando información, sino que, de hecho, da cuenta de que su
esposo instauró otra tutela con similares supuestos fácticos y jurídicos.
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Radicación11001-03-15-000-2023-00825-01
Demandante: Yuli Paola Camacho Lozano y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En suma, la Sala confirmará el fallo impugnado, que negó las pretensiones de la
tutela, por considerar que los supuestos de hecho y de derecho de la acción de
tutela instaurada por la señora Yuli Paola Camacho Lozano ya habían sido
analizados por esta Corporación, en el proceso de tutela (rad. 2023-00579-00/01)
que promovió su esposo, Carlos Alberto Contreras Ramírez, en el cual la Sección
Quinta dictó sentencia de segunda instancia el pasado 1° de junio de 2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 14 de abril de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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px.

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