Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00579-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00579-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00579-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL DEFECTO DE
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, NO TIENE VOCACIÓN DE
PROSPERIDAD, EN LA MEDIDA QUE LA SECCIÓN TERCERA FUNDAMENTÓ SU
DECISIÓN PRECISAMENTE EN LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR ESTA
CORPORACIÓN SOBRE EL ASUNTO, ADEMÁS, LAS SENTENCIAS
PRESUNTAMENTE DESCONOCIDAS NO COMPARTEN IDENTIDAD FÁCTICA
CON EL ASUNTO BAJO EXAMEN. EL ACTOR NO ARGUMENTÓ CON DETALLE
CUÁLES FUERON LAS PRUEBAS DEJADAS DE VALORAR EN CUANTO AL
DEFECTO FÁCTICO ALEGADO, ADEMÁS, LO PRETENDIDO ES REABRIR EL
DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL Y AL ACCESO A LA ADMNISTRACIÓN
DE JUSTICIA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA1 y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.
1 En adelante el Tribunal
2 En adelante la Sección Segunda
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ, actuando por
intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia,
los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA al haber proferido, respectivamente, las providencias de 7
de septiembre de 2016 y 25 de agosto de 2022, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2014-00542-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que el 13 de enero de 1997, ingresó a la POLICÍA
NACIONAL prestando sus servicios hasta el 9 de marzo de 2009, es
decir, durante 12 años, 2 meses y 28 días.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
Señaló que fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional a
través del Decreto 414 de 11 de febrero de 2009, proferido por el
Presidente de la República, con fundamento en el numeral 2 del
artículo 38 de la Ley 734 de 5 de febrero de 20023, por
supuestamente encontrarse inmerso en causal de inhabilidad
sobreviniente al haber sido sancionado tres veces durante los últimos
cinco años.
Sostuvo que, con ocasión del retiro, presentó petición de revocatoria
directa de una de las sanciones disciplinarias, ante la Procuraduría
General de la Nación que, mediante auto de 10 de agosto de 2012,
revocó la sanción disciplinaria de amonestación escrita que le había
sido impuesta por parte del Inspector General de la Policía Nacional
dentro del proceso disciplinario núm. POLCA-2004-8.
Manifestó que el 30 de agosto de 2012, presentó derecho de petición
mediante el cual solicitó que se realizaran los trámites pertinentes
para el reintegro al servicio activo, junto con el reconocimiento y
pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde
el momento del retiro hasta cuando fuera reintegrado, además de
3 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
ser ascendido al grado de Teniente Coronel, con la antigüedad de sus
compañeros de curso.
Indicó que, en respuesta a la petición, el Ministro de Defensa
Nacional Delegatario de las Funciones Presidenciales, expidió el
Decreto 1209 de 7 de junio de 2013, a través del cual se ordenó su
reintegro al servicio activo, reconociendo el tiempo que permaneció
retirado como tiempo de servicio y su antigüedad en el grado,
ubicándolo en el escalafón entre dos mayores que cumplían ocho
años en el grado de mayor.
Refirió que le fue expedida certificación de constancia de tiempo de
servicio, en la que se le reconoció al momento de su reintegro, el
tiempo que permaneció retirado del servicio activo, toda vez que
cuando fue retirado contaba con 12 años, 2 meses y 28 días y
permaneció retirado 4 años, 1 mes y 15 días, para un total de tiempo
de servicio de 16 años, 4 meses y 15 días.
Adujo que, mediante derecho de petición de 2 de julio de 2013,
dirigido al Director General de la Policía Nacional, solicitó el
reconocimiento del tiempo de antigüedad en la institución, que se le
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llamara a realizar curso de ascenso, se le ascendiera a Teniente
Coronel con la antigüedad de sus compañeros de curso, teniendo en
cuenta que, en los últimos 4 años, había permanecido retirado y no
se le podía evaluar la trayectoria. Asimismo, pidió el reconocimiento
y pago de la totalidad de los salarios, primas, vacaciones,
bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el 9
de marzo de 2009, hasta el 25 de junio de 2013.
Expuso que a través de Oficio 210654 de 24 de julio de 2013, la jefe
del área de desarrollo humano dio respuesta a su solicitud, en el
sentido de negar la posibilidad de que ascendiera a Teniente Coronel
con la antigüedad de sus compañeros de curso.
Expresó que mediante el Oficio 239130 de 19 de agosto de 2013, la
jefe del área de administración salarial, denegó la solicitud de
reconocimiento del tiempo, salarios y demás emolumentos
solicitados en el derecho de petición, por lo cual el 29 de agosto de
2013, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación en
contra de dichas decisiones.
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Señaló que mediante la Resolución 03228 de 14 de agosto de 2014
expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, se resolvió
el recurso de apelación, confirmando la decisión de no reconocer los
derechos laborales deprecados por haber permanecido retirado del
servicio activo de la institución.
Mencionó que inconforme con lo anterior, promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, la cual fue
identificada con el núm. único de radicación 66001-23-33-002-2014-
00542-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 7 de septiembre de 2016, denegó las súplicas de la
demanda, bajo el argumento de que no resultaba jurídicamente
viable que la entidad demandada le otorgara efectos indemnizatorios
retroactivos al acto que declaró la pérdida de ejecutoriedad del
Decreto 414 de 2009 y ordenó su reintegro.
Precisó que dicha decisión fue objeto del recurso de alzada, el cual
fue desatado por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia
de 25 de agosto de 2022, confirmó lo dispuesto por el a quo.
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I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, pues
debieron aplicar la tesis dispuesta por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en otros casos con supuestos fácticos y jurídicos
idénticos en los que se ha ordenado el reconocimiento y pago de los
salarios, primas y demás emolumentos dejados de percibir por
uniformados de la Policía Nacional durante el tiempo que
permanecieron retirados del servicio hasta el momento en que fueron
reintegrados, como consecuencia de una decisión de revocatoria
dictada por la Procuraduría General de la Nación.
Adujo que la providencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial que se encuentra contenido en las providencias de 9
de marzo de 20204, 10 de junio de 20215 y 7 de abril de 20226,
dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-25-000-2011-00655-00. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vega.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2015-01143-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00437-01. M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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resultaban aplicables al caso, en tanto que se refieren a otros
uniformados que fueron retirados del cargo por inhabilidad
sobreviniente, a los cuales les fue revocada la sanción disciplinaria,
fueron reintegrados al servicio y mediante sentencia judicial se
ordenó el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales.
Señaló que al haber sido revocada la sanción disciplinaria que le fue
impuesta, ésta desapareció de la vida jurídica y las cosas volvieron a
su estado anterior, como si nunca hubiese sido sancionado, sin
embargo, “[…] las autoridades judiciales desconocieron las
implicaciones del no restablecimiento de derechos durante el lapso
en que el Decreto No. 414 de fecha 11 de febrero de 2009 tuvo
efectos […]”.
Afirmó que las providencias controvertidas incurrieron en defecto
fáctico por indebida valoración del material probatorio, el cual daba
cuenta que al accionante se le debieron reconocer y pagar los
emolumentos solicitados.
Sostuvo que el retiro del servicio por la causal señalada en el numeral
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2 del artículo 38 de la Ley 734 de 20027, comenzó a ser utilizada por
la Policía Nacional de manera improvisada a partir del año 2008, sin
analizar o estudiar las sanciones impuestas a los uniformados, la
cuales fueron impuestas en su mayoría de manera caprichosa y
arbitraria y, como consecuencia de la aplicación de dicha inhabilidad,
se retiraron del servicio a por lo menos 400 uniformados, lo cual
generó que en muchos casos se solicitara la revocatoria directa de
dichas sanciones, en las cuales se evidenció que varias fueron
impuestas sin observancia de los parámetros constitucionales y
legales que rigen el procedimiento disciplinario.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia, pide que se dejen sin efecto las
providencias de 7 de septiembre de 2016 y 25 de agosto de 2022, en
los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: Que se ampare al Accionante Mayor Carlos
Tobías Contreras Ramírez los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL y demás derechos que el
Honorable Juez de tutela considere vulnerados por las
Accionadas en la sentencias de primera instancia de fecha
7 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”
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07/09/2016, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, y
sentencia de segunda instancia No. 0117-2017 de fecha
25/08/2022, proferida por la Subsección B - Sección Segunda -
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
el expediente No. 66001-23-33-002-2014-00542-00.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior se ordene
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia No. 0117-
2017 de fecha 25 de agosto de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda – Subsección “B”.
TERCERO: Que se ordene a la Subsección “B” - Sección Segunda
– Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
que en un término no superior a treinta (30) días dicte una nueva
sentencia en el proceso No. 66001-23-33-002-2014-00542-01,
en la que se revoque el fallo de primera instancia de fecha
07/09/2016, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, y en
consecuencia se acceda a las súplicas de la demanda, ordenando
el reconocimiento del tiempo en la hoja de vida, así como el pago
de la totalidad de los haberes dejados de percibir por el
Demandante Carlos Tobías Contreras Ramírez, durante el
tiempo que permaneció retirado del servicio hasta el momento
de su reintegro […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La SECCIÓN SEGUNDA rindió informe a través del
Magistrado Ponente de la decisión cuestionada, en el cual se opuso a
las pretensiones de la tutela, aduciendo que los reparos del tutelante
buscan revivir en sede de tutela los motivos de inconformidad que
fueron discutidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
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Manifestó que el 7 de septiembre de 2016 el TRIBUNAL profirió
sentencia negando las pretensiones de la demanda y, que en dicho
proceso, se debatió si el hoy tutelante tenía derecho a que se le
reconocieran y pagaran los salarios y las prestaciones sociales
dejadas de percibir, teniendo en cuenta que fue reintegrado al
servicio mediante el Decreto 1209 de 2013, toda vez que la
Procuraduría General de la Nación, a través de la decisión de 10 de
agosto 2012, revocó la sanción disciplinaria que le había sido
impuesta y dio lugar a su desvinculación del servicio activo de la
Policía Nacional.
Señaló que el juez de primer grado encontró probado que al
desaparecer los fundamentos de hecho que motivaron el retiro del
actor, no se podía seguir exigiendo su cumplimiento y, en
consecuencia, la orden debía dirigirse al reintegro de aquel a sus
funciones, pues los efectos jurídicos del decaimiento del acto
administrativo de retiro, en virtud de la expedición del Decreto 1209
de 7 de junio de 2013, que ordenó el reintegro a la Policía Nacional,
únicamente eran hacia el futuro, pues al desaparecer los
fundamentos jurídicos del acto, ello no afectaría su validez.
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Precisó que confirmó la decisión de denegar las pretensiones de la
demanda al encontrar que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo se dio por la desaparición de sus fundamentos de
hecho o de derecho que originaron la sanción disciplinaria impuesta
al actor y, que era a partir del momento en que la Procuraduría había
resuelto revocar la sanción, que procedía el reintegro del tutelante,
tal y como había ocurrido en el presente caso.
Afirmó que el demandante no podía pretender el reconocimiento y
pago de los emolumentos salariales, con ocasión del retiro de la
institución, habida cuenta que debió acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa a controvertir el acto que ordenó su
desvinculación del servicio activo de la Policía Nacional, con los
respectivos reconocimientos económicos a los que haya lugar.
I.5.- Intervinientes
I.5.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las pretensiones de
la solicitud de amparo constitucional de la referencia, toda vez que
no se vislumbraba la vulneración de derecho fundamental alguno.
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Afirmó que el actor efectuó una interpretación errónea del
precedente jurisprudencial frente a los principios de igualdad y de
aplicación de sentencias judiciales, pretendiendo que se le extienda
a su situación particular los efectos de las providencias invocadas, en
las cuales no tuvo participación directa, ni de ninguna otra índole,
por lo cual resultaba inviable jurídicamente la aplicabilidad de los
efectos inter partes de las sentencias derivadas de diferentes litis en
las cuales nunca fue vinculado procesalmente.
Sostuvo que tampoco existía en el presente caso un perjuicio
irremediable que se encontrara probado, toda vez que actualmente
el actor percibe una mesada por encontrarse devengando asignación
de retiro pagada por la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
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derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
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i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 7 de septiembre de 2016 y
25 de agosto de 2022, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN
SEGUNDA, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2014-00542-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a
juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado, pues debieron reconocer y ordenar el pago de los salarios y
las prestaciones sociales dejadas de percibir, teniendo en cuenta que
el 10 de agosto de 2012 la Procuraduría General de la Nación revocó
el Decreto 414 de 11 de febrero de 2009, mediante el cual había sido
desvinculado por supuestamente encontrarse inmerso en la causal
de inhabilidad sobreviniente al haber sido sancionado tres veces
durante los últimos cinco años.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
Igualmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada había
incurrido en defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio, que daba cuenta de que se debían reconocer y pagar los
emolumentos solicitados.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos, tanto la providencia de 7 de septiembre de 2016,
proferida por el TRIBUNAL como la dictada el 25 de agosto de
2022 por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el
análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados a la sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue
esta la que puso fin al debate procesal.
De acuerdo con los parámetros planteados en líneas anteriores, la
Sala examinará respecto del alegado desconocimiento del
precedente en la sentencia de 25 de agosto de 2022, el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
Corporación.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
La Sala observa que, en el presente caso, frente al desconocimiento
del precedente alegado, se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad
judicial accionada desconoció el precedente judicial y vulneró sus
derechos fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable8 y, por último, la solicitud
identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en el desconocimiento del precedente judicial
endilgado a la providencia de 25 de agosto de 2022, proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2014-00542-01.
8 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
.- Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente9”.
9 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial10.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)11.
Caso concreto
10 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Ver sentencia T-292 de 2006.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
En el asunto sub examine la parte actora plantea que la autoridad
judicial accionada, al conocer dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2014-00542-01, desconoció el precedente judicial fijado
por la misma Corporación, en las providencias de 9 de marzo de
202012, 10 de junio de 202113 y 7 de abril de 202214, las cuales
resultaban aplicables al caso, en tanto que se refieren a otros
uniformados que fueron retirados del cargo por inhabilidad
sobreviniente, a los cuales les fue revocada la sanción disciplinaria,
fueron reintegrados al servicio y mediante sentencia judicial se
ordenó el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales.
Para resolver el cargo planteado, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar los fundamentos de la
decisión expuestos por la autoridad judicial accionada.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-25-000-2011-00655-00. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vega.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2015-01143-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00437-01. M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] Conforme con lo anterior, en el presente caso, se estableció
que a través del Decreto 414 del 11 de febrero de 2009, el
Presidente de la República, retiró del servicio activo de la Policía
Nacional al demandante, por encontrarse incurso en causal de
inhabilidad sobreviniente, establecida en el numeral 2 del artículo
38 de la Ley 734 de 2002, toda vez que se estableció que el
demandante registró tres (3) sanciones disciplinarias (ff. 5 – 6).
El demandante elevó solicitud de revocatoria directa ante el
Procurador General de la Nación contra los fallos sancionatorios de
primera y segunda instancia de fechas 29 de agosto y 28 de
septiembre de 2006, proferidas por el Inspector Delegado Especial
Dirección General y por el Inspector General de la Policía Nacional,
respectivamente, dentro del proceso disciplinario No. POLCA –
2004 – 8, en la que se le impuso la sanción de amonestación
escrita.
El Procurador General de la Nación, mediante decisión del 10 de
agosto de 2012 (ff. 9 – 15), revocó los fallos sancionatorios, en los
cuales se declaró responsable disciplinariamente al demandante, y
en su lugar, desvirtuó la aplicación del numeral 2 del artículo 38 de
la Ley 734 de 2002, supuesto que sirvió para motivar el Decreto
414 de 2009; absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor
Carlos Tobías Contreras Ramírez, por los hechos que fueron
materia de decisión.
El Ministro de Defensa Nacional, mediante el Decreto 1209 del 7 de
junio de 2013 (ff. 18 – 19), ordenó el reintegro al servicio activo
del demandante a la Policía Nacional, teniendo en cuenta que “(…)
habría operado ipso jure, la pérdida de fuerza ejecutoria del
Decreto 414 del 11 de febrero de 2009, por haber operado la causal
“2” del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, con ocasión de la providencia
proferida por el Despacho del señor Procurador General de la
Nación de fecha 10 de agosto de 2012, con radicado No. UIS
269469, siendo necesario en consecuencia proceder a disponer el
reintegro al servicio activo de la Policía Nacional del señor Mayor
CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ.” Y con relación a la
ubicación en el escalafón de Oficiales de la Policía Nacional, dispuso
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
que el demandante “se ubicará después del señor Mayor ADOLFO
TAMAYO JOSE, C.C. 6.358.295 y antes del señor MAYOR JORGE
HUMBERTO BLANCO NIÑO, C.C. 79.649.097.”.
Con fundamento en lo anterior, el demandante pretende que, con
ocasión al reintegro ordenado, se revocó el acto de retiro, lo que le
da derecho a recibir los salarios y demás emolumentos que dejó de
devengar durante el tiempo que permaneció desvinculado de la
institución.
Revisado el material probatorio allegado al expediente, y
analizados los argumentos expuestos en la sentencia censurada,
se observa, tal y como lo encontró probado el a quo, que no es
procedente la reclamación realizada por el demandante, con
relación al reconocimiento y pago de los emolumentos salariales,
en cuanto realiza una interpretación errónea con relación al
decaimiento del acto administrativo y los efectos que produjo al
momento en que se ordenó el reintegro al servicio activo de la
Policía Nacional.
Encuentra la Sala, que conforme a los supuestos fácticos antes
referidos, al desaparecer los fundamentos de hecho y derecho que
originaron la sanción disciplinaria impuesta al demandante
(amonestación por escrito), conforme a lo decidido por la
Procuraduría General de la Nación, a través de la decisión del 10
de agosto de 2012, y que ello, fuera el sustento para ordenar el
retiro del servicio activo de la Policía Nacional del Mayor Carlos
Tobías Contreras Ramírez, se advierte que el mismo quedó sin
fundamento fáctico y jurídico, y como consecuencia de ello, se
produce la pérdida de los efectos jurídicos, en este caso, el retiro
del servicio, y es a partir de este momento, que procede el
reintegro al servicio activo de la institución, tal y como así lo realizó
la entidad a través del Decreto 1209 del 7 de junio de 2013.
Así las cosas, el demandante pretende el reconocimiento de una
prestación económica que, en su sentir, proviene de la nulidad del
acto que lo retiró de la Policía Nacional. Al respecto, se advierte
que si el interesado pretendía el reconocimiento y pago de los
emolumentos salariales, con ocasión del retiro de la institución,
debió acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a
efectos de enervar los fundamentos en que fue proferido el acto
que lo desvinculó del servicio activo de la Policía Nacional, teniendo
en cuenta el término de caducidad, para que a través del medio de
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control de nulidad y restablecimiento del derecho, la jurisdicción
revise la legalidad del acto, y en caso de que se desvirtúe, se le
restituya la situación jurídica de la persona afectada, con los
respectivos reconocimientos económicos a los que haya lugar,
presupuestos que no suceden en este caso.
La Sala advierte que, el acto que desvinculó del servicio al
demandante, se presume legal, en cuanto no ha sido declarado
nulo por el juez natural del proceso, motivo por el cual, ante la
pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo a través del
cual se retiró del servicio al demandante, no es procedente exigir
el pago de los salarios y prestaciones sociales, tal y como se
pretende en la demanda, objeto de este proceso.
Lo anterior, es válido si se tiene en cuenta que en el proceso
ordinario de nulidad se ataca los elementos del acto administrativo,
y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar y el
procedimiento que siguió para su expedición, mientras que, el
fenómeno producido por la desaparición del fundamento de
derecho de un acto, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la
validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica, tal y
como en reiterada jurisprudencia esta Corporación lo ha sostenido.
Corolario con lo expuesto, ante la declaratoria de pérdida de
ejecutoriedad del acto a través del cual se retiró del servicio activo
de la Policía Nacional, al Mayor Contreras Ramírez, ello no conlleva
los efectos retroactivos pretendidos con la demanda, en relación
con el restablecimiento de los derechos laborales y prestacionales,
durante el lapso en que estuvo desvinculado del servicio el
demandante, motivo por el cual, sin más disquisiciones sobre el
particular, se impone confirmar la decisión de primera instancia,
que negó las pretensiones de la demanda […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se infiere
que la SECCIÓN SEGUNDA consideró que el hoy tutelante cuestionó
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho los actos
administrativos mediante los cuales se denegó su solicitud de
reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
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emolumentos dejados de percibir, más no el acto administrativo
mediante el cual fue retirado del servicio.
En efecto, la autoridad judicial accionada arguyó que el demandante
debió acudir a la jurisdicción contenciosa a solicitar que se declarara
la nulidad del acto que lo desvinculó del servicio activo de la Policía
Nacional, se restaurara el derecho vulnerado y se repararan los
daños causados, para lo cual resulta indispensable que se pruebe que
efectivamente estos se causaron por el acto que se pretendía
invalidar.
Para arribar a la anterior conclusión, la SECCIÓN SEGUNDA sostuvo
que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo se dio por
la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho que
originaron la sanción disciplinaria impuesta al actor y, que era a partir
del momento en que la Procuraduría había resuelto revocar la sanción
que procedía el reintegro del tutelante, tal y como había ocurrido en
el presente caso; sin embargo, no podía pretender el reconocimiento
y pago de los emolumentos salariales, con ocasión del retiro de la
institución, habida cuenta que debió acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa a controvertir el acto que ordenó su
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desvinculación del servicio activo de la Policía Nacional, con los
respectivos reconocimientos económicos a los que hubiera lugar.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada, fundamentó su decisión
en la jurisprudencia dispuesta para el asunto, según la cual la pérdida
de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos opera en forma
automática y hacia el futuro, por lo que no vicia la nulidad del acto,
ni impide que sea demandado ante la jurisdicción, por lo que no era
posible que con ocasión del reintegro ordenado se revocara el acto
de retiro y de forma automática se le reconociera al actor el derecho
a recibir los salarios y demás emolumentos que dejó de devengar
durante el tiempo que permaneció desvinculado de la institución,
pues, se itera, ello requería que acudiera a la jurisdicción contenciosa
a solicitar la nulidad del acto que ordenó su desvinculación.
En este punto la Sala advierte que, en cuanto al alegado
desconocimiento del precedente judicial puesto de presente por la
parte actora no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que
la SECCIÓN SEGUNDA fundamentó su decisión en la jurisprudencia
y en la normativa vigente y aplicable al caso.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
Sumado a lo anterior, es del caso destacar que las sentencias de 9
de marzo de 202015, 10 de junio de 202116 y 7 de abril de 202217,
presuntamente desconocidas, no eran aplicables al caso concreto,
comoquiera que en las mismas se demandó la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales los uniformados fueron
desvinculados del servicio, mientras que, en el presente caso, el
tutelante únicamente demandó los actos a través de los cuales se
denegó el reconocimiento y pago de salarios y demás emolumentos
que dejó de devengar durante el tiempo que permaneció
desvinculado de la institución.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que las sentencias
supuestamente desatendidas por la autoridad judicial aquí accionada
no pueden ser catalogadas como precedente judicial obligatorio, por
cuanto: i) difiere y no comparte los mismos supuestos fácticos y
jurídicos con el asunto que aquí se discute y, además; i) no fueron
proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado o por la Sala Plena
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-25-000-2011-00655-00. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vega.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2015-01143-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00437-01. M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
de la Sección Segunda de la Corporación, que se enmarque dentro
de los supuestos establecidos en el artículo 270 del CPACA;
circunstancias estas que impiden aseverar que, en el caso sub
examine, se configuró el desconocimiento del precedente.
De lo expuesto en precedencia, se infiere que la autoridad judicial
accionada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial
endilgado, pues como se explicó, aplicó la tesis dispuesta para el
asunto por esta misma Corporación, por lo que para la Sala ni el
análisis ni la decisión contenida en la providencia controvertida,
resultan caprichosos o excedidos, sino que fueron adoptados a partir
del alcance dado a la situación fáctica de la demanda respectiva y a
la jurisprudencia aplicable al caso, de tal suerte que lo que se
advierte es la inconformidad de la parte actora con las razones de la
providencia judicial acusada, no así la configuración de las falencias
que se alegan.
De otra parte, en cuanto a la inconformidad relacionada con que la
Sección Segunda incurrió en defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio, la Sala concluye que no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, en la medida
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00579-00
ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
que el señor CONTRERAS RAMÍREZ no explicó en forma clara y
concreta cuales fueron las pruebas que las autoridades judiciales
accionadas dejaron de analizar o analizaron indebidamente; además,
se evidencia que lo pretendido es crear una instancia adicional
retrotrayendo argumentos de instancia a este mecanismo
constitucional.
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación18, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de
radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
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En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En el caso bajo examen, el actor se limitó a mencionar que se
encontraba configurado el defecto fáctico alegado, en tanto que el
material probatorio, daba cuenta que se le debieron reconocer y
pagar los emolumentos solicitados.
La Sala ha discurrido respecto de la ausencia de carga argumentativa
que cuando se alegue defecto alguno, no basta con que el actor haga
una narración de los hechos ocurridos con anterioridad a que fueran
proferidas las providencias cuestionadas, sino que debe identificar de
forma clara y expresa en que consistió la presunta vulneración.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de “evidente relevancia constitucional”.
Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada
como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar
los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo
no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es
necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional19, de manera
tal que “sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela”.20
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, en el escrito
introductorio la parte actora se limitó a afirmar que la providencia
cuestionada adolece del defecto fáctico sin especificar concretamente
cuales fueron las pruebas dejadas de analizar y que configuraron
dicho yerro.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
20 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
Además, la Sala advierte que la inconformidad descrita por la parte
actora pretende retrotraer asuntos que fueron objeto de análisis por
el Juez de lo Contencioso Administrativo, sin que se evidencie
relevancia constitucional que permita estudiar el fondo del asunto,
toda vez que la fundamentación de tal defecto está encaminada a
controvertir las conclusiones a las que arribaron el Tribunal y la
Sección Segunda para determinar que no había lugar al
reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir con ocasión de su desvinculación
de la Policía Nacional.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 201921, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los accionantes
les corresponde argumentar, al menos, de forma sucinta, en qué
forma la autoridad judicial incurrió en algún defecto al proferir la
providencia con la cual estiman vulnerados sus derechos
fundamentales.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de
radicación 11001-03-15-000-2018-03615-01.
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales
fundamentó el presunto defecto fáctico la parte actora no permiten
abordar un estudio constitucional del mismo, máxime si se tiene en
cuenta que lo pretendido con esta acción constitucional, es reabrir
un debate que ya se surtió por el juez natural del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, no solo porque la parte actora
no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para explicar la
configuración del defecto endilgado, sino en particular, porque
pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio lugar a la providencia cuestionada, lo que torna la
acción de tutela improcedente frente a este defecto, pues este
mecanismo no está instituido para ser ejercido como una instancia
adicional a las establecidas por el legislador en los procesos
ordinarios.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que el
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ACTOR: CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ
único fin del interesado ha sido reabrir un debate judicial ya
clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de
201822, en la que se sostuvo:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en el
argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual indicó
de manera clara, que se trataba de un punto nuevo que no
había sido presentado en su momento en el escrito de
apelación, por lo que el recurso extraordinario no estaba
diseñado para convertirse en una tercera instancia. Y se
tiene que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que sea
de verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la
reiteración de planteamientos que, por lo menos en sede de
revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que no pueden
volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues esta acción
constitucional tiene por objeto la protección inmediata de
derechos de rango fundamental que se encuentren
vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]” (Destacado
fuera del texto).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201723, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no se
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual genera
que la solicitud de amparo tutelar se torne improcedente,
toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir
nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre cuestiones
estrictamente legales que ya fueron discutidas y falladas en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado No. 11001-33-31-015-2011-00427-00, por parte
de los jueces de dicha causa, con pleno desconocimiento de
que el objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Destacado fuera del texto)
Significa lo precedente que la parte actora tenía el deber de sustentar
desde la órbita constitucional los motivos por los cuales estimó que
sus derechos fundamentales fueron transgredidos con ocasión de la
providencia cuestionada, pues no resulta admisible que haga uso de
esta acción por el simple hecho de que las decisiones judiciales
fueron adversas a sus intereses, pretendiendo que en sede de tutela
se estudien las razones y fundamentos conforme a los cuales
sustentó el recurso de apelación que interpuso en el trámite del
proceso ordinario, por lo cual, la presente acción de tutela resultaría
improcedente por carencia del requisito de relevancia constitucional.
Así las cosas y comoquiera que, la Sala advierte que el defecto fáctico
alegado carece de la argumentación que permita al juez
constitucional estudiar en concreto la inconformidad de la parte
actora, es menester precisar que dicha falencia argumentativa no
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puede ser suplida por el juez de tutela, habida cuenta que si bien es
cierto que, la acción de tutela se caracteriza por la flexibilización de
formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales,
en tratándose de cuestionamientos dirigidos contra providencias
judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un
examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia
en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales, máxime si no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.
Así las cosas, la Sala no vislumbra vulneración de los derechos
deprecados, razón por la cual se impone denegar el amparo solicitado
frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado y
declarar la improcedencia de la acción respecto al defecto fáctico
alegado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado en cuanto al
desconocimiento del precedente alegado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela
respecto de la inconformidad relacionada con el defecto fáctico
invocado, pues frente a este no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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