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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00825-00

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00825-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00825-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00825-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: YULI PAOLA CAMACHO LOZANO

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL. NO SE INCURRIÓ EN EL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE INVOCADO, SE PROHIJA EL CRITERIO
ADOPTADO POR LA SALA EN UN ASUNTO CON LOS MISMOS SUPUESTOS
FÁCTICOS Y JURÍDICOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
MÍNIMO VITAL Y AL ACCESO A LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO1 y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA2.

1
En adelante la Sección Segunda
2
En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00825-00
ACTORA: YULI PAOLA CAMACHO LOZANO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora YULI PAOLA CAMACHO LOZANO, actuando en nombre

propio y en representación de su hija menor de edad ISCC3, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, al mínimo vital y a la igualdad, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA al haber proferido las

providencias de 7 de septiembre de 2016 y 25 de agosto de 2022,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 66001-23-33-002-2014-00542-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que el 13 de enero de 1997, su esposo, el mayor CARLOS

TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ ingresó a la POLICÍA NACIONAL

3
La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad.

3

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ACTORA: YULI PAOLA CAMACHO LOZANO

prestando sus servicios hasta el 9 de marzo de 2009, es decir,

durante 12 años, 2 meses y 28 días.

Señaló que el señor CONTRERAS RAMÍREZ fue retirado del servicio

activo de la Policía Nacional a través del Decreto 414 de 11 de febrero

de 2009, proferido por el Presidente de la República, con fundamento

en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 5 de febrero de

20024, por supuestamente encontrarse inmerso en causal de

inhabilidad sobreviniente al haber sido sancionado tres veces durante

los últimos cinco años.

Sostuvo que, con ocasión del retiro, el citado señor presentó petición

de revocatoria directa de una de las sanciones disciplinarias ante la

Procuraduría General de la Nación que, mediante auto de 10 de

agosto de 2012, revocó la sanción disciplinaria de amonestación

escrita que le había sido impuesta por parte del Inspector General de

la Policía Nacional dentro del proceso disciplinario núm. POLCA-2004-

8.

4 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

4

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Manifestó que el 30 de agosto de 2012, su cónyuge presentó derecho

de petición mediante el cual solicitó que se realizaran los trámites

pertinentes para el reintegro al servicio activo, junto con el

reconocimiento y pago de los salarios y demás emolumentos dejados

de percibir desde el momento del retiro hasta cuando fuera

reintegrado, además de ser ascendido al grado de Teniente Coronel,

con la antigüedad de sus compañeros de curso.

Indicó que, en respuesta a la petición, el Ministro de Defensa

Nacional Delegatario de las Funciones Presidenciales expidió el

Decreto 1209 de 7 de junio de 2013, a través del cual se ordenó el

reintegro del señor CONTRERAS RAMÍREZ al servicio activo,

reconociendo el tiempo que permaneció retirado como tiempo de

servicio y su antigüedad en el grado, ubicándolo en el escalafón entre

dos mayores que cumplían ocho años en el grado de mayor.

Refirió que a su esposo le fue expedida certificación de constancia de

tiempo de servicio, en la que se le reconoció al momento de su

reintegro el tiempo que permaneció retirado del servicio activo, toda

vez que cuando fue retirado contaba con 12 años, 2 meses y 28 días

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y permaneció retirado 4 años, 1 mes y 15 días, para un total de

tiempo de servicio de 16 años, 4 meses y 15 días.

Adujo que mediante derecho de petición de 2 de julio de 2013,

dirigido al Director General de la Policía Nacional, su cónyuge solicitó

el reconocimiento del tiempo de antigüedad en la institución, que se

le llamara a realizar curso de ascenso y se le ascendiera a Teniente

Coronel con la antigüedad de sus compañeros de curso, teniendo en

cuenta que en los últimos 4 años había permanecido retirado y no se

le podía evaluar la trayectoria. Asimismo, pidió el reconocimiento y

pago de la totalidad de los salarios, primas, vacaciones,

bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el 9

de marzo de 2009 hasta el 25 de junio de 2013.

Expuso que a través de Oficio 210654 de 24 de julio de 2013, la jefe

del área de desarrollo humano en respuesta a la solicitud, le negó a

su esposo la posibilidad de que ascendiera a Teniente Coronel con la

antigüedad de sus compañeros de curso.

Expresó que mediante el Oficio 239130 de 19 de agosto de 2013, la

jefe del área de administración salarial, denegó la solicitud de

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reconocimiento del tiempo, salarios y demás emolumentos

solicitados en el derecho de petición, por lo que el 29 de agosto de

2013, su esposo presentó recurso de reposición y en subsidio

apelación en contra de dichas decisiones.

Señaló que mediante la Resolución 03228 de 14 de agosto de 2014

expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, se resolvió

el recurso de apelación, confirmando la decisión de no reconocer los

derechos laborales deprecados por su esposo, por haber

permanecido retirado del servicio activo de la institución.

Mencionó que inconformes con lo anterior, junto con su esposo

promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra

la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, la

cual fue identificada con el núm. único de radicación 66001-23-33-

002-2014-00542-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL

que, mediante sentencia de 7 de septiembre de 2016, denegó las

súplicas de la demanda, bajo el argumento de que no resultaba

jurídicamente viable que la entidad demandada le otorgara efectos

indemnizatorios retroactivos al acto que declaró la pérdida de

ejecutoriedad del Decreto 414 de 2009 y ordenó su reintegro.

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Precisó que dicha decisión fue objeto del recurso de alzada, el cual

fue desatado por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia

de 25 de agosto de 2022, confirmó lo dispuesto por el a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, pues

debieron aplicar la tesis dispuesta por la Sección Segunda del

Consejo de Estado en otros casos con supuestos fácticos y jurídicos

idénticos en los que se ha ordenado el reconocimiento y pago de los

salarios, primas y demás emolumentos dejados de percibir por

uniformados de la Policía Nacional durante el tiempo que

permanecieron retirados del servicio hasta el momento en que fueron

reintegrados, como consecuencia de una decisión de revocatoria

dictada por la Procuraduría General de la Nación.

Adujo que la providencia cuestionada desconoció el precedente

jurisprudencial que se encuentra contenido en las providencias de 9

8

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de marzo de 20205, 10 de junio de 20216 y 7 de abril de 20227,

dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales

resultaban aplicables al caso, toda vez que se refieren a otros

uniformados que fueron retirados del cargo por inhabilidad

sobreviniente y les fue revocada la sanción disciplinaria, razón por la

que fueron reintegrados al servicio y mediante sentencia judicial se

ordenó el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales.

Señaló que al haber sido revocada la sanción disciplinaria que le fue

impuesta a su cónyuge ésta desapareció de la vida jurídica y las

cosas volvieron a su estado anterior, como si nunca hubiese sido

sancionado, sin embargo, “[…] las autoridades judiciales

desconocieron las implicaciones del no restablecimiento de derechos

durante el lapso en que el Decreto No. 414 de fecha 11 de febrero

de 2009 tuvo efectos […]”.

Sostuvo que el retiro del servicio del señor CONTRERAS RAMÍREZ

por la causal señalada en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso identificado con

el núm. único de radicación: 11001-03-25-000-2011-00655-00. M.P. Rafael Francisco Suárez Vega.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso identificado con

el núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2015-01143-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso identificado con

el núm. único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00437-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

9

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de 20028, comenzó a ser utilizada por la Policía Nacional de manera

improvisada a partir del año 2008, sin analizar o estudiar las

sanciones impuestas a los uniformados, las cuales fueron impuestas

en su mayoría de manera caprichosa y arbitraria y, como

consecuencia de la aplicación de dicha inhabilidad, se retiraron por lo

menos 400 uniformados, lo cual generó que en muchos casos se

solicitara la revocatoria directa de dichas sanciones, en las cuales se

evidenció que varias fueron impuestas sin observancia de los

parámetros constitucionales y legales que rigen el procedimiento

disciplinario.

I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia, pide que se dejen sin

efectos las providencias de 7 de septiembre de 2016 y 25 de agosto

de 2022, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Que se ampare al Accionante Mayor Carlos
Tobías Contreras Ramírez los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIAL, IGUALDAD, MINIMO VITAL y demás derechos que el
Honorable Juez de tutela considere vulnerados por las
Accionadas en la sentencias de primera instancia de fecha

8 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”

10

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07/09/2016, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, y
sentencia de segunda instancia No. 0117-2017 de fecha
25/08/2022, proferida por la Subsección B - Sección Segunda -
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
el expediente No. 66001-23-33-002-2014-00542-00.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior se ordene
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia No. 0117-
2017 de fecha 25 de agosto de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda – Subsección “B”.

TERCERO: Que se ordene a la Subsección “B” - Sección Segunda
– Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
que en un término no superior a treinta (30) días dicte una nueva
sentencia en el proceso No. 66001-23-33-002-2014-00542-01,
en la que se revoque el fallo de primera instancia de fecha
07/09/2016, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, y en
consecuencia se acceda a las súplicas de la demanda, ordenando
el reconocimiento del tiempo en la hoja de vida, así como el pago
de la totalidad de los haberes dejados de percibir por el
Demandante Carlos Tobías Contreras Ramírez, durante el
tiempo que permaneció retirado del servicio hasta el momento
de su reintegro […]”.

I.4.- Intervinientes

I.4.1.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las pretensiones de

la solicitud de amparo constitucional de la referencia, toda vez que

no se vislumbraba la vulneración de derecho fundamental alguno.

Manifestó que el cónyuge de la actora, el señor CARLOS TOBÍAS

CONTRERAS RAMÍREZ, ya había promovido ante el Consejo de

Estado una acción de tutela previamente, identificada con el núm.

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único de radicación 11001-03-15-000-2023-00579-00, por lo cual

conforme lo establece el artículo 1° del Decreto 1834 de 16 de

septiembre de 20159, dicha acción constitucional debía ser

acumulada a la de la referencia.

Afirmó que la actora efectuó una interpretación errónea del

precedente jurisprudencial, invocando los principios de igualdad y de

aplicación de sentencias judiciales y pretendiendo hacer extensivos

a la situación particular de su cónyuge los efectos de las providencias

invocadas, en las cuales no tuvo participación directa, ni de ninguna

otra índole, por lo cual, a su juicio, resultaba inviable jurídicamente

que se le hicieran extensivos los efectos inter partes de las sentencias

derivadas de diferentes litis en las cuales aquel nunca fue vinculado

procesalmente.

Sostuvo que tampoco existía en el presente caso un perjuicio

irremediable que se encontrara probado, toda vez que actualmente

el esposo de la actora percibe una mesada por encontrarse

devengando asignación de retiro pagada por la caja de sueldos de

retiro de la Policía Nacional.

9
“Por el cual se adiciona el Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de
Justicia y del Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991,
en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas”.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efectos las providencias de 7 de septiembre de 2016 y

25 de agosto de 2022, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

SEGUNDA, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2014-00542-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo

vital y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a

juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de

Estado, pues debieron reconocer y ordenar el pago de los salarios y

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las prestaciones sociales dejadas de percibir, teniendo en cuenta que

el 10 de agosto de 2012, la Procuraduría General de la Nación revocó

el Decreto 414 de 11 de febrero de 2009, mediante el cual su esposo,

el mayor CARLOS TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ, había sido

desvinculado por supuestamente encontrarse inmerso en causal de

inhabilidad sobreviniente al haber sido sancionado tres veces durante

los últimos cinco años.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos, tanto la providencia de 7 de septiembre de 2016,

proferida por el TRIBUNAL como la dictada el 25 de agosto de

2022 por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el

análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados a la sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue

esta la que puso fin al proceso.

De acuerdo con los parámetros planteados en líneas anteriores, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

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La Sala observa que, en el presente caso, se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada presuntamente desconoció el

precedente judicial invocado y vulneró sus derechos fundamentales

invocados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y

tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable10 y, por último, la solicitud identifica

los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde a esta Sala determinar si la

autoridad judicial accionada incurrió en el desconocimiento del

precedente judicial endilgado a la providencia de 25 de agosto de

2022, proferida dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2014-00542-01.

10 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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.- Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente11”.

11 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.

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De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial12.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)13.

Caso concreto

12 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
13 Ver sentencia T-292 de 2006.

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En el asunto sub examine la parte actora plantea que la autoridad

judicial accionada, al conocer dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2014-00542-01, desconoció el precedente judicial fijado

por la misma Corporación, en las providencias de 9 de marzo de

202014, 10 de junio de 202115 y 7 de abril de 202216, las cuales

resultaban aplicables al caso, en tanto que se refieren a otros

uniformados que fueron retirados del cargo por inhabilidad

sobreviniente, a los cuales les fue revocada la sanción disciplinaria,

fueron reintegrados al servicio y mediante sentencia judicial se

ordenó el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales, distinto

al caso de su esposo a quien se le negaron sus pretensiones, lo que,

a su juicio, vulnera también sus derechos fundamentales.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que esta Sala ya tuvo

oportunidad de pronunciarse en un asunto con la misma situación

fáctica y jurídica aquí planteada, sobre el defecto por

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso
identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-25-000-2011-00655-00. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vega.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso

identificado con el núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2015-01143-01. M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Proceso

identificado con el núm. único de radicación: 19001-23-33-000-2015-00437-01. M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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desconocimiento del precedente judicial al que ahora se alude, en

sentencia de 2 de marzo de 2023, dentro del proceso identificado con

número único de radicación 11001-03-15-000-2023-00579-00, con

ponencia de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, con ocasión

de la acción de tutela promovida contra la misma providencia objeto

de la solicitud de la referencia, por las mismas razones aquí

expuestas, fungiendo como parte demandante el señor CARLOS

TOBÍAS CONTRERAS RAMÍREZ, motivo por el cual, mediante auto

de 16 de marzo de 2023 el Consejero NICOLÁS YEPES CORRALES

ordenó remitir el presente asunto al despacho sustanciador.

En dicha providencia se argumentó lo siguiente:

“[…] De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se
infiere que la SECCIÓN SEGUNDA consideró que el hoy tutelante
cuestionó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho los actos administrativos mediante los cuales se denegó
su solicitud de reconocimiento y pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir,
más no el acto administrativo mediante el cual fue retirado del
servicio.

En efecto, la autoridad judicial accionada arguyó que el
demandante debió acudir a la jurisdicción contenciosa a solicitar
que se declarara la nulidad del acto que lo desvinculó del servicio
activo de la Policía Nacional, se restaurara el derecho vulnerado
y se repararan los daños causados, para lo cual, resulta
indispensable que se pruebe que efectivamente estos se
causaron por el acto que se pretendía invalidar.

Para arribar a la anterior conclusión, la SECCIÓN SEGUNDA
sostuvo que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo se dio por la desaparición de los fundamentos de

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hecho o de derecho que originaron la sanción disciplinaria
impuesta al actor y, que era a partir del momento en que la
Procuraduría había resuelto revocar la sanción que procedía el
reintegro del tutelante, tal y como había ocurrido en el presente
caso, sin embargo, no podía pretender el reconocimiento y pago
de los emolumentos salariales, con ocasión del retiro de la
institución, habida cuenta que, debió acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa a controvertir el acto que ordenó su
desvinculación del servicio activo de la Policía Nacional, con los
respectivos reconocimientos económicos a los que haya lugar.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada, fundamentó su
decisión en la jurisprudencia dispuesta para el asunto, según la
cual, la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos
administrativos opera en forma automática y hacia el futuro, por
lo que no vicia la nulidad del acto, ni impide que sea demandado
ante la jurisdicción, por lo cual, no era posible que con ocasión
del reintegro ordenado se revocara el acto de retiro y de forma
automática se le reconociera al actor el derecho a recibir los
salarios y demás emolumentos que dejó de devengar durante el
tiempo que permaneció desvinculado de la institución, pues se
itera, ello requería que acudiera a la jurisdicción contenciosa a
solicitar la nulidad del acto que ordenó su desvinculación.

En este punto la Sala advierte que, en cuanto al alegado
desconocimiento del precedente judicial puesto de presente por
la parte actora no tiene vocación de prosperidad, en la medida
que la SECCIÓN SEGUNDA fundamentó su decisión en la
jurisprudencia y en la normativa vigente y aplicable al caso.

Sumado a lo anterior, es del caso destacar que las sentencias de
9 de marzo de 2020 , 10 de junio de 2021 y 7 de abril de 2022
, presuntamente desconocidas, no eran aplicables al caso
concreto, comoquiera que en las mismas se demandó la nulidad
de los actos administrativos mediante los cuales los uniformados
fueron desvinculados del servicio, mientras que, en el presente
caso, el tutelante únicamente demandó los actos a través de los
cuales se denegó el reconocimiento y pago de salarios y demás
emolumentos que dejó de devengar durante el tiempo que
permaneció desvinculado de la institución.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que las sentencias
supuestamente desatendidas por la autoridad judicial aquí
accionada no pueden ser catalogadas como precedente judicial
obligatorio, por cuanto: i) difiere y no comparte los mismos
supuestos fácticos y jurídicos con el asunto que aquí se discute

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y, además; i) no fueron proferidas por la Sala Plena del Consejo
de Estado o por la Sala Plena de la Sección Segunda de la
Corporación, que se enmarque dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 270 del CPACA; circunstancias estas
que impiden aseverar que, el caso sub examine, se configuró el
desconocimiento del precedente.

De lo expuesto en precedencia, se infiere que la autoridad
judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente
judicial endilgado, pues como se explicó, aplicó la tesis dispuesta
para el asunto por esta misma Corporación, por lo que para la
Sala ni el análisis ni la decisión contenida en la providencia
controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino que fueron
adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica de la
demanda respectiva y a la jurisprudencia aplicable al caso, de
tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte
actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así
la configuración de las falencias que se alegan. […]”.

De lo expuesto en precedencia se advierte que se trata de una

situación fáctica y jurídica idéntica, por lo cual la Sala prohíja en esta

oportunidad las consideraciones transcritas, por resultar

enteramente aplicables al caso concreto y, en ese orden de ideas,

denegará el amparo solicitado, toda vez que no se vislumbra

vulneración de los derechos deprecados, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de abril de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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