Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01320-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01320-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01320-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01320-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de abril de 2023
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
Demandante: POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la Policía
Nacional contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La directora de Sanidad de la Policía Nacional interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B1. La entidad
peticionaria consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia, así como desconoció el principio de seguridad jurídica.
2. Desde el punto de vista de la accionante la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la providencia proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B el 26 de enero de 2023 que
revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la
demanda de controversias contractuales2 promovida en su contra por la Unión
Temporal Alfares3.
1 De conformidad con la Resolución No. 5373 del 8 de septiembre de 2022.
2 Proceso identificado con el radicado 25000-23-26-000-2010-00764-01 (67.872)
3 La unión temporal se encuentra conformada por las siguientes sociedades: Laboratorios California
S.A., Memphis Products S.A. “en reorganización”, Compañía California “en reorganización”,
Inversiones Gebhush Ltda., Almacenamiento Farmacéuticos Especializados Alfares S.A, “en
reorganización” y Drogas América S.A. “en liquidación”.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
1.2. Pretensiones
3. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (en adelante DISAN) solicitó:
Con fundamento en los hechos y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito señor Juez:
PRIMERO: TUTELAR a nuestro favor los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa, ordenándole a la parte accionada, Sección Tercera –
Subsección B – Consejo de Estado – Sala de lo contencioso Administrativo el
cese de toda vulneración y la efectiva garantía a dichos derechos.
SEGUNDO: REVOCAR EL FALLO de segunda instancia proferido el día 26 de
enero de 2023 por la Sección Tercera – Subsección B – Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Doctor MARTÍN
BERMÚDEZ MUÑOZ y en consecuencia se nieguen las pretensiones de la
demanda, por las consideraciones aquí expuestas.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. El 12 de octubre de 2006, la Unión Temporal Alfares y la DISAN suscribieron
el contrato No. 07-8-20132, cuyo objeto era el suministro de medicamentos
ambulatorios y hospitalarios para los usuarios del sistema de salud de la Policía
Nacional. El plazo del contrato era de 13 meses y su valor fue por $71.500.000.000.
5. Posterior a ello, el 26 de marzo de 2007, la DISAN expidió la Resolución No.
0343 por medio de la cual declaró el siniestro de incumplimiento parcial e hizo
efectiva la póliza de cumplimiento del contrato. Esto, por «la falta de entrega
oportuna de medicamentos y la facturación tardía por parte de la Unión Temporal ».
Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 0619 del 8 de junio de
2008.
6. Finalmente, la DISAN profirió la Resolución No.0497 del 13 de mayo de 2008,
mediante la cual liquidó unilateralmente el contrato suscrito con la Unión Temporal
Alfares. Esta decisión fue confirmada en la Resolución No. 934 del 4 de agosto de
2008.
7. Por lo anterior, el 21 de octubre de 2010, las sociedades integrantes de la
Unión Temporal formularon demanda de controversias contractuales contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que:
i) se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
planteó el siniestro;
ii) se declarara que la entidad demandada incumplió el contrato estatal porque
incurrió en mora en el pago de unas facturas y no canceló lo correspondiente a
unas glosas levantadas por la Seccional de Sanidad de Antioquia; y
iii) se ordenara el pago de los perjuicios ocasionados en razón del incumplimiento
contractual.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
8. Del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C. Esa autoridad judicial a través de sentencia dictada el 26
de mayo de 2021, declaró la caducidad del medio de control de controversias
contractuales.
9. Como fundamento de su decisión, indicó que la oportunidad para impugnar
los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato se debía
contabilizar desde su ejecutoria y no desde la liquidación del contrato. Por ello, al
haber quedado ejecutoriados los actos demandados el 8 de junio de 2007, la
demanda debió presentarse a más tardar el 8 de junio de 2009. Sin embargo, la
conciliación como requisito de procedibilidad se presentó el 8 de agosto de 2010,
esto es, cuando ya habían transcurrido más de 2 años.
10. En cuanto a las pretensiones de incumplimiento, señaló que en el proceso no
se demostró que la entidad hubiese pagado tardíamente las facturas presentadas
por el contratista; y que, en cualquier caso, la demora se debió a que estas fueron
radicadas de forma inoportuna, lo que llevó a estructurar la excepción de contrato
no cumplido. Con relación a las glosas levantadas, indicó que la Unión Temporal no
señaló concretamente cuáles fueron y a cuánto ascendieron, por lo que tal hecho
no estaba probado.
11. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación.
12. La alzada fue resuelta por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B. Este operador en sentencia del 26 de enero de 2023, revocó el fallo
de primer grado y en su lugar:
i) declaró el incumplimiento del contrato No. 07-8-20132 y la nulidad de las
resoluciones mediante las cuales se liquidó unilateralmente el negocio jurídico
en mención; y
ii) condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional –
División de Sanidad a pagar a favor de las sociedades integrantes de la Unión
Temporal Alfares, la suma de $8.632.864.747 por concepto de intereses
moratorios por el pago tardío de unas facturas y las glosas levantadas que no
fueron canceladas por la entidad.
13. Declaró el incumplimiento contractual y condenó a la entidad al pago de los
perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas y la no cancelación de
los valores reconocidos en las actas que levantaron glosas efectuadas a los cobros
del contratista, porque la omisión en el pago de dichos valores no tuvo sustento
contractual.
14. En concreto, el ad quem señaló que el contrato no estipuló ni una fecha de
entrega fija de facturas ni una para el pago; lo que se acordó fue que la suma
contenida en la factura debía pagarse dentro de los 30 días siguientes a su
presentación. Por lo anterior, así las facturas hubiesen sido presentadas
tardíamente, la entidad debía –a partir de su radicación– hacer el pago en el plazo
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
estipulado contractual, so pena de tener que pagar los intereses de mora
correspondientes.
15. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que no era
procedente que el tribunal se abstuviera de reconocer el incumplimiento en la fecha
del pago de las facturas y los correspondientes intereses por el hecho de que estas
supuestamente se hubieran radicado tardíamente.
16. Por otro lado, se encontró que se levantaron unas glosas del contrato y que,
una vez agotado el procedimiento contractual, la entidad aceptó los valores
inicialmente glosados, por lo cual debía proceder a su reconocimiento y pago. Al no
haberse cancelado los valores contenidos en las glosas, la entidad incurrió en
incumplimiento.
17. Finalmente, anuló las resoluciones de liquidación unilateral porque en ellas
se dejaron de incluir valores que debieron ser reconocidos a la Unión Temporal
Alfares. Por esto, consideró que adolecía de falsa motivación, por no contener el
cruce real de cuentas entre las partes.
1.4. Fundamentos de la vulneración
18. La DISAN alegó que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia.
19. Al punto, la peticionaria consideró que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B incurrió en un defecto fáctico bajo los siguientes
argumentos:
i) El juez de primera instancia fue riguroso en decretar, practicar y valorar las
pruebas que permitieron adoptar la decisión de negar las pretensiones a la
demanda. Sin embargo, en el fallo de segunda instancia «ni siquiera se
relacionan las pruebas obrantes en el expediente y menos aún su valoración».
Así, el juez de segundo grado sin ninguna argumentación revocó la sentencia
del a quo e incongruentemente mantiene la legalidad de las resoluciones que
declararon el incumplimiento de la Unión Temporal Alfares.
ii) Lo indicado en la sentencia de segunda instancia es abiertamente contrario a la
realidad probatoria de la litis, por cuanto el juez de segundo grado
inexplicablemente solo tiene en cuenta parcialmente la cláusula cuadragésima
primera del contrato que señala la forma de pago pero omite el parágrafo primero
de la misma, donde expresamente se estableció que la Unión Temporal Alfares,
tenía la obligación de presentar la factura dentro de los 5 días hábiles siguientes
a la última entrega y de realizar todos los cortes semanales a fin de permitir su
revisión, lo cual incumplió el contratista tal como quedó «evidenciado en la
prueba documental allegada, esto es, las resoluciones que declararon el
incumplimiento parcial del contrato y la caducidad, así como las numerosas
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
actas suscritas entre las partes y los cerca de los cinco (05) testimonios
recogidos, incluyendo el de la Supervisora del contrato (…) y el dictamen pericial
donde se reconoce la mora del contratista, todo lo cual fue acogido en sentencia
de primera instancia pero ignorado en la sentencia del ad quem».
20. De otro lado, la accionante mencionó que desde la presentación de la
demanda contractual se induce al juez en error al ocultar la existencia de las
resoluciones por medio de las cuales se declara la caducidad del contrato y se hace
efectiva la cláusula penal pecuniaria. Estos actos administrativos en su sentir,
describen fáctica y jurídicamente el «suplicio» que sufrió la DISAN en la ejecución
del contrato de suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios suscrito
con la Unión Temporal Alfares; y señalar que esta última encubrió el reconocimiento
que hace de la mora en la presentación de las facturas.
21. También, la DISAN afirmó que el juez de segundo grado incurrió en el defecto
de decisión sin motivación. Esto, bajo el entendido que el análisis efectuado en la
sentencia reprochada no fue «riguroso respecto de la valoración de la tesis de la
demanda, así como de los medios exceptivos o de defensa planteados por la
entidad demandada aquí accionante, desconoció las pruebas recaudadas dentro de
la litis y lo más grave profiere un fallo ultra petita e incongruente».
22. Finalmente, la peticionaria mencionó que el juez de segundo grado incurrió
en violación directa de la Constitución. Esto, porque desconoció el artículo 29 de la
Carta Política al incurrir en los defectos antes señalados y no valorar
congruentemente lo pretendido con lo fallado.
23. Así las cosas, pese a que la DISAN enlistó expresamente los yerros de los
que adolece la providencia objeto de cuestionamiento, la Sala en uso de las
facultades interpretativas enmarca los reproches alegados por ella, en los defectos
fáctico por indebida valoración probatoria, violación directa de la Constitución y
decisión sin motivación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
24. En auto del 16 de marzo de 2023, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B.
25. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación –
Ministerio de Defensa4; ii) de las sociedades Laboratorios California S.A., Memphis
Products S.A. “en reorganización”, Compañía California S.A. “en reorganización”,
Inversiones Gebhush Ltda., Almacenamientos Farmacéuticos Especializados
Alfares S.A. “en reorganización” integrantes de la Unión Temporal Alfares y Drogas
América S.A., “en liquidación”; iii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
4 Parte demandada dentro del proceso ordinario.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
Sección Tercera – Subsección C5; y iv) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
26. Posterior a ello, mediante auto del 29 de marzo de 2023, el despacho ponente
concedió el término de 3 días a partir del día siguiente a la notificación de esa
decisión para que el apoderado judicial de las sociedades integrantes de la Unión
Temporal Alfares aportara las direcciones físicas y electrónicas en la que podrían
ser notificadas las compañías Gebusch Ltda., Almacenamientos Farmacéuticos
Especializados Alfares S.A. en reorganización y Drogas América S.A.
27. En aquella oportunidad, el ponente de esta decisión dispuso que, una vez
cumplida la orden anterior, se notificara por conducto de Secretaría General de esta
corporación, a las compañías integrantes de la Unión Temporal Alfares para que
aquellos, si así lo consideraran intervinieran dentro del presente trámite
constitucional.
28. En cumplimiento de lo anterior, el apoderado judicial de las sociedades
Laboratorios California S.A., Memphis Products S.A., “en reorganización” y la
compañía California S.A. “en reorganización” allegó las direcciones de correo
electrónico de las sociedades Gebhush Ltda., Almacenamientos Farmacéuticos
Especializados Alfares S.A. en reorganización y Drogas América S.A.
1.6. Informes
29. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
30. El magistrado ponente de la decisión de segundo grado rindió informe en el
que manifestó que no participara de la acción de tutela como parte ni como tercero
y que acataría estrictamente las disposiciones que se adopten al interior de este
mecanismo constitucional.
31. Adicionalmente, señaló que mediante auto del 21 de marzo de 2023 ordenó
poner el expediente físico del proceso de controversias contractuales a disposición
de la Secretaría de la Sección Quinta para los fines pertinentes6.
1.6.2. Sociedades Laboratorios California S.A., Memphis Products S.A., “en
reorganización” y Compañía California S.A. “en reorganización”
32. Las sociedades en cita a través de apoderado judicial rindieron informe en el
que solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela o en su defecto que
5 Autoridad que profirió la sentencia de primera instancia en el proceso que se controvierte mediante
esta acción constitucional.
6 Obra auto del 21 de marzo de 2023 en el índice 14 de SAMAI.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
se niegue el amparo constitucional solicitado por la entidad accionante por los
siguientes motivos:
33. En primer lugar, el apoderado de las sociedades indicó que el asunto no tiene
relevancia constitucional, pues se trata de un tema netamente económico y la
entidad accionante no justifica de ninguna manera la relación entre el debate
planteado y la afectación del derecho fundamental al debido proceso.
34. En este punto, el representante de las sociedades indicó que la entidad
accionante no pone de manifiesto un verdadero reproche sobre el juicio de
valoración efectuado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado o las pruebas recaudadas en el proceso, sino que nuevamente trata de
reabrir un debate sobre la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial
accionada.
35. En segundo lugar, refirió que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
Esto, porque contra la providencia reprochada se presentó solicitud de aclaración y
adición, la cual se encuentra pendiente que se resuelva.
36. En tercer lugar, consideró que la autoridad judicial accionada no desconoció
los derechos fundamentales de la parte actora. Esto, porque dentro del proceso de
controversias contractuales se le garantizó a la Policía Nacional la oportunidad para
presentar pruebas y controvertir las que fueron presentadas en su contra.
1.6.3. Sociedades Drogas América S.A. “en liquidación” e inversiones
Gebusch S.A.S.
37. Las sociedades vinculadas a través de apoderado judicial rindieron informe
en el que solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela. Esto, porque
carece de relevancia constitucional, pues la DISAN en su escrito inicial se limitó a
discutir asuntos puramente económicos asociados a un dictamen pericial que no fue
objetado por la entidad demandante dentro del proceso ordinario.
38. El Ministerio de Defensa Nacional, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, los demás miembros integrantes
de la Unión Temporal Alfares y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
pese a que fueron notificadas, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
39. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la DISAN contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
40. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
41. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
DISAN se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque figura como
demandada en el proceso de controversias contractuales en el que se profirió la
providencia aquí cuestionada.
42. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B está legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problemas jurídicos
43. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.
44. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
45. ¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia?. Lo anterior, porque incurrió en los defectos fáctico,
violación directa de la Constitución y decisión sin motivación con la sentencia
proferida el 26 de enero de 2023 que revocó lo resuelto por el a quo y en su lugar
accedió a las pretensiones de la demanda de controversias contractuales
presentada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.
47. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.
48. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
49. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
50. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
51. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlo superado, se resolverá si la sentencia
censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto
52. Sobre esta exigencia, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
2022 modificó la postura que venía aplicando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que
se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional12.
53. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
54. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
55. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.
56. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
57. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso los reproches planteados por la accionante revisten o no de
relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.5.1. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto
58. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los
antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros:
i) Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del contrato suscrito
entre la DISAN y la Unión Temporal Alfares, en particular de la causal
cuadragésima primera de dicho negocio jurídico, así como el dictamen
pericial donde se reconoce una presunta mora del contratista en la
presentación de la facturación, para efectos del pago; y porque en el fallo
de segunda instancia «ni siquiera se relacionan las pruebas obrantes en el
expediente y menos aún su valoración».
ii) Violación directa de la constitución, debido a que desconoció el artículo 29
de la Carta Política al incurrir en el defecto antes señalado.
iii) Decisión sin motivación porque el análisis efectuado en la sentencia
reprochada no fue riguroso en la valoración de la tesis de la demanda y se
desconocieron las pruebas recaudadas dentro de la litis.
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
59. En primer lugar, con relación al defecto de decisión sin motivación aludido por
la accionante, se evidencia que la DISAN no indicó de qué manera la autoridad
judicial accionada incurrió en tal yerro, pues de manera genérica indicó que aquella
no fue rigurosa en el examen de la demanda y los medios de defensa planteados por
la entidad demandada; sin mencionar en que hace consistir la incongruencia del fallo
reprochado y mucho menos porque se considera que aquel es ultra petita.
60. Entonces, se evidencia que la DISAN accionante no presentó argumentos
tendientes a demostrar las razones por la cuales este asunto debe trascender las
instancias ya agotadas para llegar a la órbita del juez constitucional, pues no explicó
de manera suficiente cómo la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, pues ni siquiera indicó en que consiste el defecto de decisión sin
motivación aludido.
61. Así las cosas, al no existir una argumentación mínima en la que se pueda
apreciar que este caso tiene una trascendencia en el plano constitucional, se advierte
que no se cumple con el requisito general bajo estudio.
62. En segundo lugar, se advierte que el propósito de la entidad accionante, más
allá de demostrar la configuración de los yerros que, a su juicio, vulneraron los
derechos fundamentales, es que en esta instancia constitucional, el juez de tutela
analice nuevamente las pruebas y el sustento jurídico base de la decisión, con el fin
de que dicte un nuevo pronunciamiento en el que se nieguen las pretensiones de la
demanda de controversias contractuales presentada por la Unión Temporal Alfares
contra la DISAN. Por este motivo, resalta que los fundamentos bajo análisis carecen
de relevancia constitucional, como explicará a continuación.
63. En consecuencia se observa que, en la segunda instancia del proceso
ordinario, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, para adoptar
la decisión reprochada, pese a que no enlistó las pruebas que obraban en el
plenario, para efectos de determinar si la DISAN incumplió con sus obligaciones
contractuales, en razón de la presunta mora en la que incurrió en el pago de las
facturas presentadas por la contratista, valoró en primer lugar las cláusulas
estipuladas en el negocio jurídico suscrito con la Unión Temporal Alfares, así:
15.- La cláusula cuadragésima primera del contrato establecía que el pago por
parte de la entidad se realizaría dentro de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de la factura comercial en la ventanilla única central de cuentas del
contratante; adicionalmente, el parágrafo primero de la misma cláusula preveía los
anexos que debía contener la factura para proceder a su pago. A su vez, los
parágrafos cuarto y quinto contenían el procedimiento de glosas y las causales de
no pago al contratista.
16.- En las referidas estipulaciones contractuales no se previó que la entrega tardía
de las facturas o la acumulación de las mismas exoneraran a la entidad de su
obligación de pago, ni tampoco que, cuando se presentaran los anteriores
supuestos, ella estuviera legitimada a pagar por fuera del término previsto o que
su pago tardío no generara intereses de mora. No hay ninguna estipulación
contractual en la que se acuerde la regla según la cual «la mora purga la mora» y
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
que legitime a la contratante a pagar por fuera del término previsto desde la
presentación de las facturas cuando ellas fueran presentadas tardíamente. La
obligación de pagar dentro de los 30 días siguientes a su presentación no se
modificaba por el hecho de que las facturas hubieran sido presentadas
tardíamente.
16.1.- El contrato no estipuló ni una fecha fija de entrega de facturas, ni una para
el pago; lo que se acordó fue que la suma contenida en la factura debía pagarse
dentro de los 30 días siguientes a su presentación. Por lo anterior, así las facturas
hubiesen sido presentadas tardíamente, la entidad debía –a partir de su
radicación– hacer el pago en el plazo estipulado contractualmente, so pena de
tener que pagar los intereses de mora correspondientes. (Subrayado fuera de
texto)
64. Luego de haber valorado el negocio jurídico suscrito con la Unión Temporal
Alfares, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, encontró que
la DISAN había incurrido en mora en el pago de las facturas presentadas por la
contratista. Esto, a partir de la valoración de un dictamen pericial que obraba en el
plenario en el que el perito estableció la fecha de su presentación, la fecha máxima
de pago de aquellas y cuando fueron canceladas. Con estos datos, concluyó los
días de mora y los intereses moratorios a reconocer.
65. Por lo anterior, el operador judicial declaró el incumplimiento del contrato y
condenó a la entidad al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de
las facturas. Esto, en el entendido que incluso en el evento en que se aceptara que
aquellas fueron presentadas tardíamente por el contratista, lo cierto es que la
entidad debía a partir de su radicación realizar el pago de correspondiente.
66. Luego de ello, el juez de las controversias contractuales encontró que en el
dictamen pericial se estableció que después de vencimiento del plazo contractual,
el contratista entregó un total de 22 facturas de las cuales solo 1 fue cancelada por
parte de la DISAN; y que el contrato suscrito con la Unión Temporal Alfares no
preveía que la presentación de las facturas por fuera de su vigencia fuera causal de
no pago.
67. Así, la autoridad judicial accionada consideró que teniendo en cuenta que las
facturas fueron presentadas con anterioridad a la liquidación del contrato (la cual
tiene como finalidad definir si existen o no obligaciones pendientes), era procedente
reconocer el valor no cancelado de aquellas, en tanto que se insiste, habían sido
radicadas antes de que el acto de liquidación unilateral quedara en firme.
68. Finalmente, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
encontró que la DISAN levantó unas glosas a las facturas presentadas para el cobro
por parte de la Unión Temporal Alfares. Sin embargo, no encontró que aquellas
hayan sido formuladas de manera injustificadas. Por esto, no encontró acreditado
el incumplimiento alegado por el demandante por este concepto.
69. En ese orden de ideas, es evidente que los yerros planteados por la entidad
accionante tratan de una mera inconformidad con un aspecto que ya fue resuelto
13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
por la autoridad judicial accionada en su labor de determinar si existió o no un
incumplimiento contractual por parte de la DISAN.
70. En otras palabras, se evidencia que se trata de una diferencia de criterio entre
la postura de la parte actora y el examen realizado por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, frente a la valoración del negocio jurídico y a las
demás pruebas que obraban en el plenario que lo llevaron a la conclusión de
declarar el incumplimiento del contrato No. 07-8-20132 por parte de la DISAN, hace
que sean fundamentos que no trasciendan de esa mera inconformidad y del asunto
litigioso, y que por tanto carezca de relevancia constitucional.
71. En esa medida, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio
o defecto a dicha situación es evidente que pretende de manera exclusiva que se
valore el contrato suscrito con la Unión Temporal Alfares, así como los demás
medios probatorios que obraban en el plenario, con lo que pretende demostrar que
no incumplió con sus obligaciones contractuales.
72. Así, en cuanto al defecto fáctico planteado por la parte actora, la Sala
advierte que lo pretendido a través de este mecanismo constitucional es reabrir el
análisis jurídico y probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada de los
hechos que dieron lugar al proceso de controversias contractuales que culminó con
la providencia aquí reprochada.
73. En consecuencia, esta Sala insiste en que los argumentos esbozados bajo el
defecto fáctico sometidos a estudio carecen de relevancia constitucional. Esto, en
tanto que la entidad accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera
instancia en la que se valore nuevamente el contrato No. 07-8-20132, con el fin de
que no se declare el incumplimiento contractual de su parte. No obstante, tal
calificación excede la órbita del juez constitucional, pues ello solo le corresponde
realizar al operador judicial que conoció del proceso de controversias contractuales,
tal como en efecto ocurrió en el caso concreto.
74. Misma suerte corre el defecto por violación directa de la Constitución
planteado por la accionante, pues lo cierto es que la entidad accionante plantea este
yerro en razón a que, en su sentir, se incurrió en un defecto fáctico, respecto del
cual como ya se dijo esta Sala considera que en el fondo lo perseguido por la
tutelante es el agotamiento de una instancia adicional. En efecto, la DISAN propone
una discusión sobre el incumplimiento contractual que fue declarado por parte de la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, como si estuviera
agenciando sus intereses ante el juez ordinario.
75. Sobre el punto, esta Sección reitera que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre Constitucional esgrimidos
por la accionante dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
argumentos de los peticionarios frente a la apreciación de las pruebas del proceso
de controversias contractuales expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido
contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial;
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia13.
76. Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo presentada por la DISAN, porque no está probado el requisito general
de procedibilidad de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente presentada por la DISAN porque no está
probado el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Policía Nacional – Dirección de Sanidad
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01320-00
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.