Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01422-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01422-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01422-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de julio de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01422 01
Accionante: José Manuel Abuchaibe Escolar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01422 01
Accionante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Tesis: Es improcedente interponer una acción de tutela cuando
en el transcurso del proceso ordinario no se hizo uso de
los medios ordinarios de defensa judicial.
Es improcedente interponer una acción de tutela contra
una providencia judicial alegando la vulneración del
principio de congruencia cuando no se ha interpuesto el
Recurso Extraordinario de Revisión.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Manuel
Abuchaibe Escolar en contra del fallo de tutela proferido el 12 de mayo de
2023 por la Subsección C, Sección Tercera, del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Manuel Abucahibe Escolar promovió acción de tutela en
contra de las sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en los procesos de nulidad electoral identificados con los radicados
nro. 11001 03 28 000 2022 00085 001, nro. 11001 03 28 000 2022 00147
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Sentencia proferida el 2 de marzo de 2023.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01422 01
Accionante: José Manuel Abuchaibe Escolar
002, nro. 11001 03 28 000 2022 00148 003, nro. 11001 03 28 000 2022
00149 004 y nro. 11001 03 28 000 2022 00150 005, con el fin de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y
para ello formuló las siguientes pretensiones6:
“[…] 1. Se nos conceda la Tutela sobre nuestros derechos al debido
proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP),
igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los
hechos planteados que ustedes consideren resulten vulnerados o
infringidos por la entidad accionada, dentro de las actuaciones
judiciales que estamos exponiendo, en atención a las
consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.
2. DEJAR SIN EFECTO las sentencias que relacionamos en el
asunto de la referencia, por las cuales se negaron las pretensiones
de la demanda presentada contra la elección de los señores José
Alberto Tejada Echeverri, Gloria Elena Arizabaleta Correal,
Cristóbal Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y
Alfredo Mondragón Garzón inscritos por el Pacto Histórico,
coalición programática y política entre los partidos y movimientos de
izquierda como Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza
Democrática Amplia -ADA-, Movimiento Político Colombia
Humana, el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, la
Unión Patriótica -UP- y el Partido Comunista Colombiano -PCC- para
inscribir lista de candidatos/as a la cámara de representantes por la
circunscripción territorial del VALLE DEL CAUCA para las elecciones
del 13 de marzo de 2022.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que proceda a dictar una nueva providencia,
ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos
fundamentales del accionante.
4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se
consideren necesarias […]”. [Mayúsculas y negrillas del escrito de
tutela].
2
Sentencia proferida el 9 de marzo de 2023.
3
Sentencia proferida el 2 de febrero de 2023.
4
Sentencia proferida el 2 de febrero de 2023.
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Sentencia proferida el 2 de marzo de 2023.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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Accionante: José Manuel Abuchaibe Escolar
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora manifestó que promovió demanda de nulidad electoral en
contra del acto que declaró la elección de los señores José Alberto Tejada
Echeverri, Gloria Elena Arizabaleta Correal, Cristóbal Caicedo Angulo,
Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y Alfredo Mondragón Garzón como
representantes a la cámara por el departamento del Valle del Cauca para
el período 2022-2026, contenido en el documento E-26 CAM del 1 de abril
de 2022. Los citados representantes fueron inscritos por el Pacto
Histórico7.
La demanda correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de
Estado y le fue asignado el número de radicación 11001 03 28 000 2022
00085 00. Por auto proferido el 30 de junio de 2022, el consejero ponente
la admitió teniendo como demandado al señor José Alberto Tejada
Echeverri y, en cuanto a los demás representantes, ordenó a la Secretaría
de la Sección Quinta que asignara a cada uno de ellos un número de
radicación diferente, para posteriormente someterlos a nuevo reparto
aleatorio.
Los nuevos radicados asignados correspondieron a los números 11001 03
28 000 2022 00147 00, 11001 03 28 000 2022 00148 00, 11001 03 28
000 2022 00149 00 y 11001 03 28 000 2022 00150 00, teniendo como
demandados a los señores Gloria Elena Arizabaleta Correal, Cristóbal
Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y Alfredo Mondragón
Garzón, respectivamente.
El accionante señaló que también presentó demanda de nulidad electoral
en contra de representantes a la cámara por el Pacto Histórico de los
departamentos de Nariño, Cundinamarca, Cauca, Atlántico, Santander,
Caldas, Bolívar, entre otros, con idénticos argumentos y aspectos
7
Coalición programática y política integrada por los partidos y movimientos de izquierda
Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Movimiento Político Colombia
Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social, la Unión Patriótica y el Partido
Comunista Colombiano.
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jurídicos similares que fueron tramitados como causal objetiva, mientras
que la demanda contra los precitados representantes a la cámara por el
departamento del Valle del Cauca se tramitó como causal subjetiva.
Anotó que “(…) se decidió, en forma inexplicable que, en las demandas
de los señores José Alberto Tejada Echeverri, Gloria Elena Arizabaleta
Correal, Cristóbal Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y
Alfredo Mondragón Garzón inscritos por el Pacto Histórico fueran de
carácter subjetivo, las que debieron tramitarse en un solo proceso, ya que
fueron demandados como Representantes a la Cámara del Valle del Cauca
y no como lo expresó el Magistrado Álvarez cuando afirmó que “no es
posible tramitar por una misma cuerda procesal el estudio de esas
formalidades frente a todos los aspirantes del Pacto Histórico que
resultaron elegidos en el Valle del Cauca”, agregando que lo anterior tiene
asidero en el artículo 282 del CPACA (…)”8.
Indicó que la Sección Quinta de esta Corporación negó las pretensiones
de las demandas de nulidad electoral radicadas en contra de los señores
José Alberto Tejada Echeverri9, Gloria Elena Arizabaleta Correal10,
Cristóbal Caicedo Angulo11, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo12 y Alfredo
Mondragón Garzón13, como representantes a la cámara por el
departamento del Valle del Cauca para el período 2022-2026.
Alegó que las sentencias cuestionadas omitieron pronunciarse sobre el
énfasis que hizo la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021
cuando estudió “(…) el surgimiento de un caso de reconocimiento de
personería que no depende de las elecciones directas para Cámara y
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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Sentencia proferida el 2 de marzo de 2023 en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00085 00.
10
Sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00147 00.
11
Sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00148 00.
12
Sentencia proferida el 2 de febrero de 2023 en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00149 00.
13
Sentencia proferida el 2 de marzo de 2023 en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00150 00.
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Senado, ya que las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior
y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones
indirectas al congreso, las que se dan en la elección presidencial (…)”14.
Afirmó que “(…) lo anterior lo expusimos en la demanda y en nuestros
alegatos, y aun así la Sección Quinta omite pronunciarse eficaz y
coherentemente sobre las condiciones de elecciones indirectas al
congreso que expone la Corte [Constitucional] para otorgar la personería
jurídica a Colombia Humana (…)”.
Sostuvo que “(…) vemos una INCONGRUENCIA entre los hechos
expuestos para lograr nuestras peticiones y lo que analizó la Sección
Quinta para determinar negar lo solicitado en la demanda (…)”.
Aseveró que en las decisiones atacadas se incurrió en defecto fáctico “(…)
al interpretar ARBITRARIAMENTE lo expuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU316/21 en la que se DESTACÓ el
surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que no depende
de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules
obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que se dan en
la elección presidencial, y al fallar por separado lo correspondiente al acto
de elección de los Representantes a la Cámara por el Valle del Cauca
(…)”15.
Arguyó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en una vía
de hecho por violación directa de la Constitución por no hacer una
interpretación conforme con el artículo 108 constitucional, comoquiera
que la Corte Constitucional ordenó en la precitada sentencia al Consejo
Nacional Electoral otorgarle personería al movimiento Colombia Humana
verificando el 3% del umbral, por lo que, agregó, “(…) no entendemos de
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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donde se puede interpretar que no se contabilizará voto alguno a
Colombia Humana para los efectos consagrados en el inciso 5 del artículo
262 de la Constitución (…)”16.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada vía correo electrónico en la secretaría general
de esta Corporación el 21 de marzo de 202317 y correspondió por reparto
a la Subsección C, Sección Tercera, que, por auto del 23 de marzo de
202318, la admitió y dispuso notificar19 a la Sección Quinta del Consejo de
Estado como parte accionada; así como vincular20 a los señores José
Alberto Tejada Echeverri, Gloria Elena Arizabaleta Correal, Cristóbal
Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y Alfredo Mondragón
Garzón, como terceros interesados en el resultado del proceso.
Igualmente, requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que
allegara copia digital de los expedientes de nulidad electoral identificados
con los radicados números 11001 03 28 000 2022 00085 00; 11001 03
28 000 2022 00147 00; 11001 03 28 000 2022 00148 00; 11001 03 28
000 2022 00149 00 y 11001 03 28 000 2022 00150 00, los cuales fueron
remitidos21.
3.2. El consejero ponente de las sentencias proferidas el 2 de febrero de
2023 en los procesos identificados con los radicados nro. 11001 03 28
16
Ibídem.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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Esta orden se cumplió el 30 de marzo de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01422 00.
20
Esta orden se cumplió el 31 de marzo de 2023. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01422 00.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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000 2022 00148 00 y nro. 11001 03 28 000 2022 00149 00, rindió
informe22 en el que se opuso a las pretensiones del accionante.
Manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito general de
subsidiariedad debido a que el auto proferido el 30 de junio de 2022 en
el proceso radicado nro. 11001 03 28 000 2022 00085 00, mediante el
cual se dispuso tramitar por separado los procesos en contra de los
representantes del Valle del Cauca, no fue recurrido de forma oportuna
por el actor, por lo que no es de recibo que manifieste tal inconformidad
a través de la tutela cuando no lo hizo en el curso del proceso contencioso.
Señaló que el concepto de “elección indirecta” que aduce el accionante y
su relación con la sentencia SU-316 de 2021 no fue expuesto en la
demanda electoral.
Explicó que en las providencias cuestionadas no se configuró el defecto
procedimental absoluto, sustantivo, fáctico o por violación directa de la
Constitución alegados por la parte actora, ni existió una violación al
principio de congruencia.
3.3. Los señores José Alberto Tejada Echeverri, Gloria Elena Arizabaleta
Correal, Cristóbal Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y
Alfredo Mondragón Garzón, guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección C, Sección Tercera, del Consejo de Estado, en sentencia
del 12 de mayo de 202323, declaró improcedente la acción de tutela por
no superar el requisito general de relevancia constitucional, bajo la
consideración que la solicitud de amparo está siendo utilizada como un
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Accionante: José Manuel Abuchaibe Escolar
medio para revivir el análisis efectuado por el juez contencioso en los
procesos de nulidad electoral.
Para ello expuso que “(…) el accionante pretende que nuevamente se
estudie la posibilidad de conocer las demandas de radicados Nos. 11001-
03-28-000-2022-00085-00, 11001-03-28-000-2022-00147-00, 11001-
03-28-000-2022-00148-00, 11001-03-28-000-2022-00149-00 y 11001-
03-28-000-2022-00150-00 de manera conjunta y bajo una causal
objetiva, a pesar de que aquello ya fue solicitado en los diversos procesos
de nulidad electoral y que en las sentencias atacadas el juez ordinario
indicó que tal pedimento resultaba extemporáneo en tanto el actor omitió
interponer los recursos de ley en contra del auto que ordenó dar trámite
a las demandas de forma separada (…)”.
Anotó que en las sentencias proferidas en los procesos identificados con
los radicados nro. 2022 00085 00, nro. 2022 00150 00 y nro. 2022 00147
00, se hizo referencia clara al argumento de la elección indirecta del
Congreso de la República y su conformidad con los artículos 108 y 262 de
la Constitución, así como también se estudió el reproche referente al tope
del 15% de los votos válidos obtenidos por los partidos que integraron la
coalición en la respectiva circunscripción. Agregó que, si bien en los
procesos con radicado nro. 2022 00148 00 y nro. 2022 00149 00 no se
hizo referencia al mencionado argumento invocado por el actor, lo cierto
es que lo manifestado en la acción de tutela no es suficiente para hacer
el debate relevante desde el punto de vista constitucional.
Indicó que la parte accionante pretende utilizar la solicitud de amparo
como una instancia adicional, pues los reparos contenidos en el escrito de
la tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario y
revivir términos para oponerse a decisiones que cobraron ejecutoria, tales
como la providencia del 30 de junio de 2022, con el fin de que prevalezca
su interpretación sobre la adoptada por la autoridad judicial accionada.
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Arguyó que las inconformidades formuladas están destinadas a plantear
un desacuerdo frente a las conclusiones a las que arribó el juez natural
de la causa, lo que impide estudiar el fondo de los defectos alegados.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó24
manifestando lo siguiente:
Señaló que el a quo hizo un análisis sucinto de los aspectos jurídicos de
las sentencias proferidas por la Sección Quinta de esta Corporación en los
procesos de nulidad electoral.
Precisó que su pretensión es que “(…) el juez constitucional dirima una
controversia que se mantiene en el plano constitucional y no legal, esto
es: que señale que el juez contencioso administrativo debe privilegiar el
artículo 108 constitucional sobre requisitos para otorgar personerías
jurídicas y que en consecuencia se pueda contabilizar los votos de quien
tiene personería para aplicación del artículo 262 constitucional sobre el
15% aplicable a coaliciones para corporaciones públicas (…)”.
Reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en una vía de hecho
por defecto fáctico “(…) al interpretar ARBITRARIAMENTE lo expuesto
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU316/21 en la que se
DESTACÓ el surgimiento de un caso de reconocimiento de personería que
no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que
las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24
de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones indirectas, las que
se dan en la elección presidencial (…)”.
Adujo que “(…) la tutela resulta ser el mecanismo judicial que puede
subsanar el grave error que cometió la Sección Quinta, cuando ignoró la
realidad de lo expuesto por la Corte Constitucional, hasta el extremo que
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Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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en la misma Sección se han venido discutiendo posiciones y adoptando
decisiones que confunden. Observamos (…) un desconcierto jurídico
actualmente en la Sección Quinta del Consejo de Estado en la aplicación
del artículo 262 superior (…)”.
Por auto del 9 de junio de 2023 se concedió la impugnación25 y la misma
fue asignada por acta de reparto del 22 de junio de 202326.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199127, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201528, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 29, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201930 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
28
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
29
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
30
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
10
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01422 01
Accionante: José Manuel Abuchaibe Escolar
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente31:
6.2.1. El accionante promovió demanda en el medio de control de nulidad
electoral contra los señores José Alberto Tejada Echeverri, Gloria Elena
Arizabaleta Correal, Cristóbal Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo
Giraldo y Alfredo Mondragón Garzón, en su condición de representantes
a la cámara electos para el departamento del Valle del Cauca en el período
2022-2026 por el Pacto Histórico, pretendiendo lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria
de elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE VALLE contenido en el
documento E-26 CAM de fecha 01 de abril de 2022.
SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se
ordene que se excluya la lista del PACTO HISTORICO del cómputo
general de votos contenidos en el E-26, de acuerdo a las acusaciones
que vamos a exponer en el presente escrito.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene
practicar y efectivamente se practique por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, un nuevo escrutinio de los votos depositados en
el Departamento del Valle en las elecciones del 13 de marzo de 2022
para CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL DE VALLE, periodo 2022 - 2026, escrutinio que
deberá practicarse con base únicamente en los registros que no se
declaren afectados de nulidad en virtud del proceso a que dé lugar
esta demanda.
CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los
nuevos escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, una nueva declaración de elección de CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
VALLE, periodo 2022 - 2026, se ordene expedir y efectivamente se
expidan las nuevas credenciales de Representantes a la Cámara por
esa circunscripción territorial para el periodo citado a quienes
correspondan, y que se comunique la anterior novedad al Consejo
Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor
Registrador Nacional del Estado Civil y a sus delegados para el
Departamento del VALLE, al señor Ministro del Interior, al señor
Gobernador del Departamento del VALLE, y al señor Presidente del
31
Lo que se desprende de los procesos de nulidad electoral identificados con los
radicados nro. 11001 03 28 000 2022 00085 00, nro. 11001 03 28 000 2022 00147 00,
nro. 11001 03 28 000 2022 00148 00, nro. 11001 03 28 000 2022 00149 00 y nro.
11001 03 28 000 2022 00150 00. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01422 01
Accionante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Tribunal Administrativo del mismo Departamento […]”. [Mayúsculas
y negrillas del escrito de la demanda contenciosa].
6.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, le fue asignado el número de radicación 11001 03 28
000 2022 00085 00 y, por auto proferido el 30 de junio de 2022, el
consejero ponente la admitió teniendo como demandado al señor José
Alberto Tejada Echeverri, y en cuanto a los demás representantes
demandados ordenó a la Secretaría de la Sección Quinta que asignara a
cada uno de ellos un número de radicación diferente, conforme otorgara
el sistema, para posteriormente someterlos a nuevo reparto aleatorio.
Los nuevos radicados asignados correspondieron a los números 11001 03
28 000 2022 00147 00, 11001 03 28 000 2022 00148 00, 11001 03 28
000 2022 00149 00 y 11001 03 28 000 2022 00150 00, teniendo como
demandados a los señores Gloria Elena Arizabaleta Correal, Cristóbal
Caicedo Angulo, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y Alfredo Mondragón
Garzón, respectivamente.
6.2.3. La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencias proferidas en
los procesos de nulidad electoral identificados con los radicados nro.
11001 03 28 000 2022 00085 0032, nro. 11001 03 28 000 2022 00147
0033, nro. 11001 03 28 000 2022 00148 0034, nro. 11001 03 28 000 2022
00149 0035 y nro. 11001 03 28 000 2022 00150 0036, negó las
pretensiones de las demandas.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sala considera que hay lugar a confirmar la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero porque, en
este asunto, no está cumplido el requisito de subsidiariedad.
32
Sentencia proferida el 2 de marzo de 2023.
33
Sentencia proferida el 9 de marzo de 2023.
34
Sentencia proferida el 2 de febrero de 2023.
35
Sentencia proferida el 2 de febrero de 2023.
36
Sentencia proferida el 2 de marzo de 2023.
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Para ello, examinará, (i) el requisito de subsidiariedad; (ii) el reparo
relacionado con que las demandas de nulidad electoral no fueron
tramitadas en un mismo proceso, y (iii) el reparo relacionado con que las
sentencias atacadas vulneraron el principio de congruencia.
6.3.1. El requisito de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable37.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable38.
37
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
38
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
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La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial39: (i) cuando el asunto está
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido dos
excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: i) cuando
el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se
pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con la características de ser inminente y grave,
que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar
el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable40.
6.3.2. El reparo relacionado con que las demandas de nulidad
electoral no fueron tramitadas en un mismo proceso
En este evento, la parte actora alegó que, por auto proferido el 30 de
junio de 2022, el consejero ponente admitió la demanda de nulidad
electoral, pero teniendo como demandado al señor José Alberto Tejada
Echeverri; y, en cuanto a los demás representantes, ordenó a la
Secretaría de la Sección Quinta que asignara a cada uno de ellos un
número de radicación diferente, para posteriormente someterlos a nuevo
reparto aleatorio.
39
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
40
Sentencia T-150 de 2016.
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En relación con este reparo, la Sala advierte que si bien el artículo 276
del CPACA establece que el auto admisorio de la demanda de nulidad
electoral no es susceptible de recursos, lo cierto del caso es que la parte
actora no cuestiona en la acción de tutela el hecho de que haya sido
admitida la demanda, sino que se hayan ordenado desglosar las
promovidas contra los demás representantes, decisión que sí era pasible
del recurso de reposición, conforme con lo previsto por el artículo 242 del
CPACA, aplicable por la remisión del artículo 296 ibidem.
Por consiguiente, la acción de tutela deviene improcedente frente a este
reparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad, dado que, en el
transcurso del proceso ordinario, no se hizo uso de los medios de defensa
judicial ordinarios para controvertir la decisión que ahora ataca por vía de
tutela.
6.3.3. En cuanto al reparo relacionado con que las sentencias
atacadas vulneraron el principio de congruencia
En el asunto bajo examen, la parte actora alegó que en las sentencias
atacadas “(…) vemos una INCONGRUENCIA entre los hechos expuestos
para lograr nuestras peticiones y lo que analizó la Sección Quinta para
determinar negar lo solicitado en la demanda (…)”.
Lo anterior lo fundamentó en que las sentencias cuestionadas omitieron
pronunciarse sobre el énfasis que hizo la Corte Constitucional en la
sentencia SU-316 de 2021 cuando estudió “(…) el surgimiento de un caso
de reconocimiento de personería que no depende de las elecciones
directas para Cámara y Senado, ya que las curules obtenidas en virtud
del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018 son elecciones indirectas al congreso, las que se dan en la elección
presidencial (…)”41, y agregó que ello “(…) lo expusimos en la demanda y
41
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01422 00.
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en nuestros alegatos, y aun así la Sección Quinta omite pronunciarse
eficaz y coherentemente sobre las condiciones de elecciones indirectas al
congreso que expone la Corte [Constitucional] para otorgar la personería
jurídica a Colombia Humana (…)”.
En los términos en los que fue formulada la acción de tutela, la Sala
considera que deviene improcedente, comoquiera que, en contra de las
providencias censuradas, es posible interponer el Recurso Extraordinario
de Revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia, en la
medida que lo alegado es que las sentencias cuestionadas transgreden el
principio de congruencia.
Al respecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión
contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la nulidad originada en la sentencia, “[s]e puede configurar cuando
el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”42.
La Corporación ha explicado que la congruencia se entiende como el
deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la
congruencia, se puede calificar en congruencia externa, que implica que
el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada, y en congruencia interna,
que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia43.
42
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
43
Ibidem.
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En suma, esta Corporación ha señalado que la nulidad originada en la
sentencia se configura, entre otros eventos, cuando, “(…) viii) la
sentencia está afectada por falta de congruencia interna o externa (…)”44.
De contera, como la actora manifiesta que la Sección Quinta de esta
Corporación, al proferir las decisiones cuestionadas, transgredió el
principio de congruencia, tiene a su alcance el Recurso Extraordinario de
Revisión que constituye el mecanismo idóneo para ventilar este reproche
y, por lo tanto, la acción de tutela deviene improcedente por no cumplir
el requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, la Sala confirmará el fallo proferido en primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones aquí
expuestas, esto es, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 12 de mayo de
2023 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(Ausente con excusa)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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