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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00085-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00085-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección del representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca, José Alberto Tejada, para el periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM, proferido por la comisión escrutadora departamental el 1º de abril de 2022. SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00085-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de marzo de 2023

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00085-00
Demandante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Demandado: JOSÉ ALBERTO TEJADA - REPRESENTANTE A LA
CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL
CAUCA

Tema: Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en
coalición. Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana. Alcance del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral de la referencia, promovido contra la elección del representante
a la Cámara José Alberto Tejada.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

El ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar, en nombre propio y en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del
CPACA, pretende:

PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
VALLE contenido en el documento E-26 CAM de fecha 01 de abril de 2022.

SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que
se excluya la lista del PACTO HISTORICO del cómputo general de votos

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

contenidos en el E-26, de acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer en
el presente escrito.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un
nuevo escrutinio de los votos depositados en el Departamento de VALLE en
las elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE VALLE,
periodo 2022 - 2026, escrutinio que deberá practicarse con base únicamente
en los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del proceso
a que dé lugar esta demanda.

CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva
declaración de elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE VALLE, periodo 2022 - 2026, se
ordene expedir y efectivamente se expidan las nuevas credenciales de
Representantes a la Cámara por esa circunscripción territorial para el periodo
citado a quienes correspondan, y que se comunique la anterior novedad al
Consejo Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor
Registrador Nacional del Estado Civil y a sus delegados para el Departamento
del VALLE, al señor Ministro del Interior, al señor Gobernador del
Departamento del VALLE, y al señor Presidente del Tribunal Administrativo
del mismo Departamento.

1.2 Hechos

El demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos:

Para las elecciones a llevarse a cabo el 27 de mayo de 2018 en las que se elegiría
al presidente de la República, el señor Gustavo Petro Urrego y Ángela María
Robledo Gómez se inscribieron como fórmula presidencial y vicepresidencial por
el grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, en coalición con el
Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS – bajo la denominación “Petro
presidente”.

Culminados los comicios – 27 de mayo de 2018 –, las fórmulas inscritas que
obtuvieron las dos votaciones más altas fueron la del partido Centro Democrático
y la de la coalición “Petro presidente”. Sin embargo, ninguna de estas contó con
los sufragios requeridos para ser elegidos en la alta dignidad, razón por la cual se
produjo una segunda vuelta – 17 de junio de 2018 – en la que resultó electo el
candidato Iván Duque Márquez de la primera colectividad, quien obtuvo
10.398.689 votos; mientras que las organizaciones coaligadas fueron depositarios
de un total 8.040.449 sufragios.

El Consejo Nacional Electoral – en adelante CNE – a través de Resolución No.
2640 del 30 de agosto de 2018, negó el reconocimiento de personería jurídica del
grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, por cuanto dicho

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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movimiento no participó en elecciones en que se elige al Congreso de la
República y no obtuvo el 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional para esa misma corporación. Dicho acto administrativo fue revocado
mediante Resolución 3081 de 6 de diciembre de 2018, toda vez que esa actuación
administrativa solo podía iniciarse a petición de parte – la misma fue oficiosa – y,
además, nunca se notificó a los directamente afectados.

El 5 de octubre de 2018, el senador Gustavo Petro Urrego, en calidad de
representante legal provisional de Colombia Humana, solicitó el reconocimiento
de personería jurídica ante el CNE, la cual fue negada por Resolución 3231 de 31
de diciembre de 2018, conforme a similares argumentos a aquellos esbozados en
la Resolución 2640 del 30 de agosto de 2018. Lo anterior, propició la interposición
de una acción de tutela por parte del senador Petro Urrego, que fue resuelta en
forma adversa, mediante fallos del 29 de enero de 2019 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y 14 de marzo de 2019, , emanado de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

El expediente de tutela en el que fueron expedidos los anteriores
pronunciamientos fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional,
corporación que mediante sentencia SU-231 de 16 de septiembre de 2021, MP
Alejandro Linares Cantillo, revocó los fallos de primera y segunda instancia y
dispuso: “ORDENAR a dicha autoridad [refiriéndose al Consejo Nacional
Electoral] reconocer la personería jurídica al movimiento político Colombia
Humana”, para lo cual debía tener en cuente el 3% de los votos obtenidos por esa
colectividad para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República.

En acatamiento a esta orden, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución
7417 de 15 de octubre de 2021 “Por medio de la cual se da cumplimiento a lo
ordenado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-
316 de 2021 y se le reconoce personería jurídica al Movimiento Político Colombia
Humana”, en cuyo artículo segundo reconoció el citado atributo al movimiento
político Colombia Humana.

Para las elecciones del 13 de marzo de 2022, los ciudadanos José Alberto Tejada,
Gloria Elena Arizabaleta Correal, Cristobal Caicedo Angulo, Jorge Alejandro
Ocampo Giraldo y Alfredo Mondragón Garzón, fueron inscritos por la coalición de
partidos denominada “Pacto Histórico”1 como candidatos a la Cámara de
Representantes por el departamento de Valle del Cauca, período constitucional
2022-2026.

1 Polo Democrático Alternativo (PDA), Alianza Democrática Amplia (ADA), Movimiento Político

Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS9, Unión Patriótica (UP) y el
Partido Comunista Colombiano (PCC).

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En uno de los apartes del formulario E-6CT emanado de la Registraduría Nacional
del Estado Civil se trascribe el inciso final del artículo 262 Superior que prescribe
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de
la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición
para corporaciones públicas”. Y para efectos de dar fe de la verificación de la
anterior exigencia, en el recuadro pertinente del citado formulario, los delegados
de la autoridad electoral destacan que el partido Colombia Humana integra la
coalición con cero (0) votos.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora alega que el acto acusado se encuentra incurso en la causal de
nulidad específica contemplada en el artículo 275, numeral 3º de la Ley 1437 de
2011, así como en las causales generales de infracción a norma superior y
expedición irregular previstas en el artículo 137 del mencionado estatuto procesal
por las siguientes razones:

El demandante sostiene que se desconoció lo preceptuado en el inciso final del
artículo 262 de la Constitución Política2, en razón a que se permitió la inscripción
de la lista presentada por la coalición denominada “Pacto Histórico” sin que esta
reuniera los requisitos legales y constitucionales para tal efecto, pues, al momento
en que en el formulario E-6CT se precisa la votación que obtuvo cada uno de los
partidos políticos que conforman dicho colectivo coaligado, se consignó una
cantidad de cero (0) votos para el partido Colombia Humana. Dice el accionante
que tal afirmación es producto de un engaño, impidiéndose así que candidatos
que sí cumplan con los requisitos de ley puedan ser elegidos.

Explica que si un partido tiene personería jurídica para participar en las elecciones
del 2022 es porque obtuvo su reconocimiento o la mantuvo en las elecciones del
congreso del 2018 al obtener una votación no inferior al 3% de los votos emitidos
válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes
o Senado. En el caso particular de Colombia Humana, fue la Corte Constitucional
la que ordenó reconocerle el referido atributo teniendo en cuenta el 3% de los
sufragios válidos depositados para las elecciones de presidente y vicepresidente
de la República.

Conforme a lo anterior, sostiene que el movimiento Colombia Humana sí tiene un
número de votos nacionales y territoriales que pueden servir para verificar si la
coalición supera o no el 15% que trata el artículo 262 Superior. En este orden,

2 Transcribe en lo pertinente el siguiente aparte: “(…) Los partidos y movimientos políticos con

personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%)
de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas”.

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resalta que la votación obtenida por el citado colectivo en el departamento de
Valle del Cauca – para las elecciones presidenciales de 2018 – fue de 888.023
de un total de 1.635.756, superando así de manera amplia el referido porcentaje,
razón suficiente para que ese partido no pudiera conformar una coalición de
minorías.

Afirma que por las mismas razones que se acaban de explicar es que se configura
la causal de nulidad de expedición irregular, por cuanto, finalmente el acto de
aceptación de las listas inscritas por la coalición denominado “Pacto Histórico”
hizo parte de los actos preparatorios de la elección enjuiciada, es decir, que dicha
decisión previa contribuyó a su formación en cuanto por disposición del legislador
resulta necesaria para el nacimiento a la vida jurídica de la designación aquí
demandada.

2. Contestaciones de la demanda

Mediante auto de 30 de junio de 2022, el Despacho admitió la demanda contra el
representante a la Cámara José Alberto Tejada. En consecuencia, se ordenaron
las notificaciones y los traslados contemplados en el artículo 277 de la Ley 1437
de 2011, por lo que en la oportunidad concedida se pronunciaron los sujetos
procesales así:

2.1 Registraduría Nacional del Estado Civil

La apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil – en adelante RNEC
– María Hilda Castellanos Ardila, hizo las siguientes acotaciones:

Precisa que la RNEC, como mero organizador de los comicios no puede hacer
manifestación alguna respecto de las pretensiones o solicitudes de nulidad de los
actos citados en la demanda, máxime cuando no fue dicha entidad la que los
expidió y, por lo mismo, no es la llamada a responder por las acusaciones que se
formulan en el libelo.

Pese a lo anterior, frente a la aducida inobservancia del artículo 262
constitucional, resalta que el demandante desconoce el concepto emitido por el
Consejo Nacional Electoral el 9 de diciembre de 2021, radicado CNE-E-2021-
022788 y CNE-E-2021-0023514, en el que se aclara que “Frente al candidato que
ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y acceda a la curul del
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, teniendo en cuenta que la votación
fue obtenida para las elecciones presidenciales y no para las circunscripciones de
Senado y/o Cámara de Representantes, mal puede tenerse en cuenta dicha
votación, por tanto, no se contabilizará voto alguno para los efectos consagrados
en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política, modificado por el Acto
Legislativo 02 de 2015”.

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Aclara que el actuar de la RNEC tiene como fundamento normas constitucionales
y legales que reglamentan lo concerniente a las jornadas electorales, por lo cual
dicha entidad lleva a cabo su función dentro del marco de las competencias
otorgadas por la ley. De este modo la registraduría sólo tiene la capacidad para
organizar las elecciones, por lo que, en materia de escrutinios, simplemente
cumple funciones secretariales, razón por la cual, no es el sujeto procesal llamado
a responder por la acción de nulidad al no tener incidencia alguna en los hechos
que censura el demandante.

4.2 Demandado

Dentro del término de traslado de la demanda, el apoderado del señor José
Alberto Tejada Echeverry, se opuso a las pretensiones de la demanda teniendo
como fundamento los siguientes argumentos3:

Precisa que el demandante parte de una indebida interpretación del inciso quinto
del artículo 262 de la Constitución Política, pues, si el porcentaje del 15% de los
respectivos votos válidos que trata la norma en comento se relacionara con las
votaciones de segunda vuelta presidencial, el espíritu de su esencia normativa
dejaría de ser el de limitar la figura de la coalición para partidos con menor
representatividad en las corporaciones públicas, para pasar a ser una afrenta a
los derechos políticos y, a su turno, una restricción para que aquellos partidos o
movimientos políticos que participen en elecciones de segunda vuelta
presidencial, puedan acudir a dicho mecanismo de conjunción de fuerzas.

Afirma que en el caso que los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que surgen a posteriori por circunstancias como la escisión o por mandato
de una sentencia judicial, al no haber participado en las elecciones
inmediatamente anteriores, no se les contabiliza ningún voto. Concebir lo
contrario, sería desconocer los datos contenidos en los actos administrativos por
medio de los cuales se declararon las elecciones, que como bien lo ha reiterado
la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, gozan de presunción de legalidad.

Frente a aquel candidato que ocupe el segundo lugar en las elecciones
presidenciales y acceda a la curul de que trata el artículo 24 de la Ley Estatutaria
1909 de 2018, resalta que no puede pasarse por alto que la votación fue obtenida
para las comicios en los que se elige al presidente de la Republica y no para las
circunscripciones de Senado y Cámara de Representantes, por lo que mal puede
tenerse en cuenta dicha votación, por tanto, no se contabiliza voto alguno para
los efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución Política,
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.

3 Actuación No. 33 de SAMAI.

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Acorde con lo anterior, concluye que la lista presentada por la coalición Pacto
Histórico, se encuentra ajustada a la legalidad, como quiera, que todos los
documentos fueron emitidos revisados y legalizados por autoridad competente,
dentro del marco legal y no puede presumirse un vicio sobre los mismos como lo
pretende hacer ver el demandante.

3. Trámite procesal posterior

En el curso del proceso se profirieron las siguientes providencias: i) auto de 21 de
noviembre de 2022, mediante el cual se declaró no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa alegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil;
ii) auto del 19 de diciembre de 2022, que dio aplicación a la figura de sentencia
anticipada, se pronunció sobre las pruebas solicitadas, fijó el litigio en los términos
que se precisarán más adelante y corrió traslado para alegar por escrito.

4. Alegatos de conclusión

4.1 Demandante

El señor José Manuel Abuchaibe Escolar inició sus alegatos señalando que los
magistrados de la Sección Quinta han asumido posiciones contradictorias frente
a la naturaleza de las causales que motivaron sus demandas por hechos
similares. En ese orden, solicita “que se tome una decisión que subsane lo
anterior y se falle en una sola sentencia lo correspondiente a los
REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA”.

Con esa advertencia, manifestó que la Sala ha generado “un desconcierto
jurídico” frente a la interpretación del artículo 262 de la Constitución Política, para
lo cual transcribió apartes de algunas sentencias que han decidido estos casos.
Prosiguió reiterando su argumento, según el cual la sentencia SU-316 de 2021 de
la Corte Constitucional estableció una nueva regla de adquisición de personería
jurídica para los partidos políticos, respecto del artículo 108 ibídem.

Por consiguiente, insiste en que al movimiento político Colombia Humana debió
computársele la votación que le permitió obtener dicho atributo, para efectos de
participar en la coalición Pacto Histórico para las elecciones de Congreso de
2022, en particular, para la Cámara del Valle del Cauca. Al respecto, considera
que esta Sección ha omitido analizar que las curules obtenidas en virtud del
derecho a ejercer la oposición son elecciones indirectas al Congreso de la
República.

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En tal sentido, destaca que “COLOMBIA HUMANA nace con una personería
jurídica producto de un fallo de la Corte Constitucional que coloca a esa
agrupación política con una votación nacional CONTABILIZABLE y en forma
absurda se pretende que hoy para efectos de una coalición para el congreso (sic),
su agrupación aparezca con CERO votos”.

4.2 Demandado

El representante a la Cámara José Alberto Tejada Echeverry, a través de
apoderado judicial, recalcó que la Corte Constitucional estableció el
reconocimiento y acceso a derechos y beneficios a la Colombia Humana de
manera progresiva, de manera que la personería jurídica de esa colectividad debe
ser considerada como una expresión del derecho de asociación bajo el argumento
de la creación de umbrales progresivos. En este sentido, se debe desligar el
reconocimiento de ese atributo de los umbrales que se fijan para las elecciones.

Concluye que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que
surgen a posteriori por circunstancias como la escisión o una sentencia judicial,
al no haber participado en las elecciones inmediatamente anteriores, no se les
contabiliza ningún voto. Concebir lo contrario, sería desconocer los datos
contenidos en los actos administrativos por medio de los cuales se declararon las
elecciones, que como bien lo ha reiterado el Consejo Nacional Electoral, aquellos
gozan de presunción de legalidad.

4.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

La apoderada de la RNEC recogió las ideas expuestas en la contestación de la
demanda sobre el alcance de sus funciones en la organización de las elecciones
y las condiciones constitucionales para la inscripción de listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas. Por otra parte, incluyó algunas
consideraciones sobre la conformación del censo electoral y la trashumancia de
sufragantes, que no guardan relación con el debate del caso concreto.

5. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en
el que solicitó negar la nulidad del acto acusado. Esta postura se perfiló desde la
óptica de los antecedentes y la finalidad del Acto Legislativo 2 de 2015, en lo que
toca con la inscripción de listas a corporaciones públicas en coalición, introducida
en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política.

Trazado este norte argumentativo, señaló que la norma constitucional tuvo como
propósito promover la participación política de los partidos pequeños, atendiendo
a la votación de Senado y Cámara, pues es esta la que permite obtener

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personería jurídica. Por lo mismo, anotó que los resultados en las elecciones para
presidente de la República pueden determinar la adquisición de ese atributo, pero
no en los términos del artículo 108 de la Constitución Política, sino sobre
consideraciones diferentes, como el ejercicio de la oposición, según lo explicó la
Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021.

Dicho lo anterior, advirtió que en este caso se desconoce el total de votos válidos
de las elecciones para la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca en
2018, razón por la cual no es posible determinar si los votos que figuran en el
formulario E-6 para cada partido de la coalición Pacto Histórico en esta
circunscripción sobrepasaron el 15% exigido en la norma superior.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se expide el
reglamento interno de la corporación.

2. Problema jurídico

Mediante auto del 19 de diciembre de 2022, entre otras decisiones, se fijó el litio
en los siguientes términos:

“[D]eterminar si debe anularse la elección del representante a la Cámara,
José Alberto Tejada, para el periodo 2022-2026, declarada por el Consejo
Nacional Electoral mediante el formulario E-26 CAM de 1º de abril de 2022,
por cuanto se alega haberse configurado las causales generales de infracción
a norma superior y expedición irregular, previstas en el artículo 137 del
mencionado estatuto procesal.

Lo anterior, implica resolver los siguientes cuestionamientos: ¿La inscripción
de la lista de candidatos efectuada por la coalición Pacto Histórico se llevó a
cabo en estricto acatamiento al requisito constitucional establecido en el
inciso quinto del artículo 262 Superior en lo atinente a que los partidos una
vez coaligados no pueden superar el 15% de los votos válidos de la
respectiva circunscripción? En aras de verificar ese requisito ¿resultaba
admisible tener en cuenta los votos obtenidos por el partido político Colombia
Humana en las elecciones presidenciales del año 2018?”.

De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) Marco jurídico de la inscripción de listas de

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candidatos en coalición; ii) Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana; para finalmente analizar iii) el caso concreto4.

3. Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en coalición

La autonomía que la Constitución reconoce a los partidos políticos admite la
asociación entre ellos por afinidades ideológicas o intereses comunes y para
alcanzar diversos propósitos legítimos5, principalmente en el ámbito electoral.
Según el grado de compromiso que adquieran, estas alianzas pueden tomar la
forma de coaliciones, adhesiones o apoyos públicos a determinada campaña.
Tratándose de las coaliciones, el derecho de postulación que la Carta atribuye a
dichas organizaciones refuerza la posibilidad de conformarlas, con el fin obtener
el triunfo en las urnas.

De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge “una
forma asociativa de segundo nivel”, que refleja los intereses de las agrupaciones
que la integran y materializa una candidatura transversal a todas ellas 6. En línea
con esta lectura, esta Sección las define como “alianzas propias del proceso
democrático”7, que concretan “la decisión libremente adoptada por las
organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo
de lo político, especialmente con fines electorales”8.

4 Frente a los tópicos anunciados se tendrán en cuenta las consideraciones expuestas por esta

Sección al decidir demandas idénticas del ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar, instauradas
contra congresistas elegidos por la coalición Pacto Histórico en diferentes circunscripciones de la
Cámara de Representantes. Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate: sentencias de
17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00; 24 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00089-00; 24 de noviembre de 2022, 11001-03-28-000-2022-00090-00;
19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00094-00. Con ponencia del magistrado Carlos
Enrique Moreno Rubio: sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-
00088-00. Con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil: sentencias de 17 de noviembre
de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00; 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00093-00; 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00098-00; 2 de
febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00148-00 y 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00149-00.
5 Los partidos políticos también conforman coaliciones, por ejemplo, para elegir a los miembros

del Consejo Nacional Electoral, como lo autorizar el artículo 264 de la Constitución Política, y para
participar en los gobiernos nacional y subnacionales, o en determinados proyectos políticos, según
lo ha advertido la Sección, entre otras, en sentencias de 4 de agosto de 2011, Rad. 11001-03-28-
000-2010-00033-00, MP. Susana Buitrago Valencia; 21 de julio de 2016, Rad. 05001-23-33-000-
2015-02451-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de diciembre de 2020, Rad. 68001-
23-33-000-2019-00867-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de

2018, Rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, citada
en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2020-00046-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-

000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, Rad. 76001-23-33-

000-2019-01223-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Concepto reiterado en sentencia de 12 de
noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

Así concebida, esta figura representa una valiosa alternativa de participación para
quienes compiten por la elección popular, sobre todo para los partidos
minoritarios en la escena política. Como lo ha dicho esta Sala, en el contexto de
las campañas, una coalición permite que las colectividades “se presenten como
una asociación que busca convencer al electorado para ocupar los respectivos
cargos de elección popular”9 y de esta manera, contribuye a “obtener mayores
ventajas electorales”10.

El ordenamiento jurídico colombiano regula las coaliciones para inscribir
candidatos desde diferentes ámbitos y con variados alcances. En tal sentido, el
artículo 107 de la Carta, con las modificaciones introducidas por el Acto
Legislativo 1 de 2009, hace mención a los candidatos por coalición para
establecer la posibilidad de que estos sean escogidos por los partidos y
movimientos políticos a través de consultas populares, internas o interpartidistas.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, en el contexto de la financiación
de campañas, dispone en su inciso final que “[l]os partidos y movimientos que
concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán previamente la
forma de distribución de los aportes estatales a la campaña”, so pena de perder
el derecho a la reposición estatal de gastos11.

A su turno, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 se ocupa de la inscripción de
candidatos a cargos uninominales en coalición, por parte de “Los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos
significativos de ciudadanos”. Así mismo, la norma provee reglas instrumentales
para realizar dicha actuación, referidas a la identificación de la filiación política del
candidato en el formulario de inscripción, el contenido mínimo del acuerdo de
coalición, al que, de paso, otorga carácter vinculante, la forma de remplazar al
elegido en caso de falas absolutas, entre otros aspectos.

Adicionalmente, el artículo 262 de la Carta, modificado por el Acto Legislativo 2
de 2015, se ocupa de la inscripción de listas de candidatos para corporaciones
públicas en coalición, con arreglo a lo dispuesto en su inciso quinto:

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-

000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2000, Rad. 2406, MP.

Reinaldo Chavarro Buriticá.
11 Adicionalmente, esta Sección ha inferido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 un fundamento

normativo para conformar coaliciones, cuando la norma reconoce a “Las asociaciones de todo
orden” el derecho a postular candidatos. Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo
Oñate. Ver, además, sentencia de 21 de julio de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01,
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. También se recoge esta idea en la sentencia de 4 de
septiembre de 2000, Rad. 2406, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas,
los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de
candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a
corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los
derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta
el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas (se destaca).

Con base en estos parámetros normativos, la Sala ha tenido amplia ocasión de
identificar los requisitos y perfilar las reglas para inscribir candidatos en coalición,
tanto a cargos uninominales, como a curules en corporaciones públicas. Para
estas últimas, se ha advertido que la norma constitucional fue concebida para
promover la participación de organizaciones políticas minoritarias, que no tienen
en ellas una representación significativa12.

Así mismo, se ha destacado que el derecho que consagra el artículo 262 de la
Constitución Política es de aplicación directa, pues “[d]e manera autónoma e
independiente consagra y regula el derecho a presentar lista de candidatos en
coalición en corporaciones públicas bajo condiciones específicas”13.Cabe anotar
que esta precisión se suscitó debido a que las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales sí cuentan con desarrollo legal, según se
observó previamente.

En armonía con lo anterior, a propósito de la demanda contra la elección de un
representante a la Cámara por el departamento de Santander, inscrito y elegido
por una coalición para el periodo 2018-2022, se calificó la disposición superior
como una “norma completa” que no requiere de la promulgación de una ley para
su aplicación14. De modo que “el derecho a coaligarse emana de la voluntad libre
de las agrupaciones políticas reconociendo su existencia sin necesidad de
desarrollo legislativo específico”15.

Desde luego, deben cumplirse las condiciones específicas que ha compendiado
la Sala, con base en las provisiones expresas de la norma constitucional para
llevar a cabo estas inscripciones:

12 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad.

11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-

2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2018, Rad. 11001-03-28-

000-2018-00019-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 2 de mayo de 2019, Rad.
11001-03-28-000-2018-00129-00 (Acum.), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia
de 22 de abril de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-00596-01 (Acum.), MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-

000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%)
de los votos válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción16.

En particular, en relación con el requisito referido a la circunscripción en la que se
debieron obtener los votos para calcular el referido porcentaje, esta Sección ha
advertido que el precepto superior omite precisar a qué resultados electorales
debe acudirse, pese a que en una misma circunscripción se eligen diferentes tipos
de cargos y curules17.

Por ello, considerando que la finalidad de la norma es auspiciar la participación
de partidos políticos minoritarios en las corporaciones públicas, la Sala Electoral
mayoritaria ha interpretado que se trata de la votación alcanzada por los partidos
coaligados en las elecciones anteriores que equivalgan a aquellas para las que
se inscribe la lista y que, en todo caso, no procede computar los votos de cargos
uninominales, aunque se trate de la misma circunscripción18.

De otra parte, en el ámbito de la administración electoral las autoridades
competentes han establecido algunas pautas para facilitar en la práctica la
inscripción por parte de estas coaliciones. Así, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 2151 de 2019, “Por medio de la cual se dictan algunas
medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas”19. A través de este acto, proveyó sobre el
contenido mínimo del acuerdo de coalición que debe registrarse al momento de
la inscripción de la lista, al tiempo que afirmó el carácter vinculante de dicho
acuerdo y el cumplimiento de la cuota de género del artículo 28 de la Ley 1475 de
2011.

16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-

000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad.
11001-03-28-000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
17 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad.

11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
18 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad.

11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00084-00, MP. Rocío Araújo Oñate; 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00088-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Se advierte que la
magistrada Araújo Oñate ha señalado en salvamentos parciales de voto que el artículo 262 de la
Constitución Política utiliza el concepto de circunscripción para evocar la representatividad de los
partidos en un territorio determinado, razón por la cual no puede limitarse la interpretación de la
norma a la votación obtenida en la misma corporación pública en elecciones anteriores, sino que
admite acudir a los resultados de otras corporaciones que pertenezcan a la circunscripción.
19 Aportada con la contestación de la demanda del partido MAIS.

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La misma entidad, en el preámbulo de las elecciones de Congreso de la República
del 13 de marzo de 2022, emitió el concepto de 9 de diciembre de 2021, Rad.
CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en cuanto al tope del 15% de
votación en la respectiva circunscripción para los partidos coaligados. En tal
sentido, el CNE señaló que a los partidos que obtuvieron personería jurídica
después de las elecciones del Congreso de 2018 y que, por lo tanto, no
participaron en estas, no se les computaría ningún voto al momento de la
inscripción de la lista en coalición20.

A las medidas anteriores se suma el diseño del formulario E-6 que implementó la
Registraduría Nacional del Estado Civil para dar trámite a la “[s]olicitud para la
inscripción de lista de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas
presentada por coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería
jurídica”21.

Este formulario contiene, entre otras secciones, una destinada a relacionar a los
partidos y movimientos políticos que conforman la coalición, con los respectivos
datos sobre la votación individual y total que obtuvieron en las elecciones de 11
de marzo de 2018, es decir, las del periodo anterior de Senado o Cámara de
Representantes. El formato también transcribe el inciso quinto del artículo 262 de
la Constitución Política e incluye una casilla para calcular “Hasta el 15% de los
Votos Válidos” y verificar si se cumple o no este requisito.

Se concluye de lo expuesto que la inscripción de listas a corporaciones públicas
por coaliciones es un derecho constitucional de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica. Su ejercicio está condicionado por factores
objetivos referidos a un tope de votación, un acuerdo previo entre los coaligados,
la participación mínima de mujeres en la lista y la suscripción del formulario oficial
para adelantar esta actuación de la etapa preelectoral. Este esquema aspira a
contribuir al fortalecimiento de la participación de las colectividades minoritarias,
en especial desde las corporaciones públicas de elección popular a nivel nacional
y territorial.

4. Surgimiento del movimiento político Colombia Humana

Atendiendo a la realidad política reciente del país, es legítimo asegurar que el
partido “Colombia Humana” tiene antecedente en el grupo significativo de
ciudadanos “Progresistas”, que logró, entre otros, el triunfo en las elecciones del
30 de octubre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el actual presidente
de la República, señor Gustavo Petro Urrego. Durante esta administración del

20 Aportado por el demandado en la contestación de la demanda.
21 Se tomó como referente el documento aportado en este proceso.

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periodo 2012-2015, el plan distrital de desarrollo fue titulado “Bogotá Humana”22.
A partir de este concepto, se perfila un proyecto político de alcance nacional y con
apuestas electorales por fuera de la capital de la República.

Para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 27 de mayo
y 17 de junio de 2018, se constituyó el grupo significativo de ciudadanos Colombia
Humana23, para inscribir al señor Petro Urrego como candidato presidencial. Esta
inscripción se concretó a través de la coalición “Petro Presidente”, conformada
con el Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS y el entonces grupo
significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana24.

Al haber obtenido la segunda votación en dichos comicios y la aceptación de las
curules de la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes para el
periodo 2018-2022 por parte de los señores Petro Urrego y Ángela María
Robledo, el partido Unión Patriótica y el grupo significativo de ciudadanos
Colombia Humana resolvieron hacer una alianza política que permitiera a este
último aprovechar la personería jurídica del primero.

Fue así como, mediante Resolución 3287 de 201925, el Consejo Nacional
Electoral, a solicitud de las mencionadas organizaciones, registró el nombre del
partido político Colombia Humana – Unión Patriótica, sobre el siguiente
razonamiento:

“[L]a agrupación política Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica,
como aliados naturales en el espectro político nacional, llegaron al acuerdo
de garantizar la participación política de Colombia Humana, a través de la
Personería Jurídica del Partido Unión Patriótica, con lo cual se puede concluir
que con el cambio de nombre y logo símbolo en el caso concreto, se
materializa un espacio para garantizar que los ciudadanos que se identifican
como parte de la Colombia Humana, puedan participar políticamente y ejercer
sus derechos”.

Posteriormente, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ordenó a través de la
sentencia SU-316 de 2021 al Consejo Nacional Electoral reconocer personería
jurídica al movimiento político Colombia Humana. En esta decisión, la Corte

22 Recuperado de: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-

fortalecimiento-local/planes-de-desarrollo-local/bogot%C3%A1-
humana#:~:text=El%20Plan%20de%20Desarrollo%20Bogot%C3%A1,diferencial%20en%20toda
s%20sus%20pol%C3%ADticas.
23 Ver: Consejo Nacional Electoral, Resolución 2170 de 29 de agosto de 2017, “Por la cual se

registra el Logosímbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA”, para la
inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para las elecciones
que se llevarán a cabo el día 27 de mayo de 2018”. Recuperado de:
https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/
24 Así puede constatarse en las tarjetas electorales de esos comicios, publicadas por la

Registraduría Nacional del Estado Civil, en: https://www.registraduria.gov.co/Elecciones-de-
Presidente-y-Vicepresidente-de-la-Republica.html
25 Ponente: Luis Guillermo Pérez Casas. Recuperado de: https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/

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ponderó la necesidad de contar con dicho atributo para el ejercicio pleno del
derecho a la oposición al Gobierno Nacional, connatural a la labor de los
congresistas de dicha colectividad que ocuparon las respectivas curules en el
Congreso de la República, en virtud de lo reglado en el artículo 112 de la
Constitución Política y la Ley 1909 de 2018.

Así mismo, la sentencia en comento armonizó estos preceptos con el principio
democrático y el porcentaje de votación previsto en el artículo 108 ibidem para
adquirir por regla general la personería jurídica como partido o movimiento
político. Sobre el punto, valoró el “respaldo ciudadano significativo que superó los
8 millones de votos”, que corroboraban para Colombia Humana el umbral del 3%
de la votación válida que contempla la citada norma constitucional, solo que
respecto de los depositados para elegir presidente de la República, en lugar de
los resultados de Senado o Cámara de Representantes que utiliza como referente
el precepto superior en cita.

Estos razonamientos derivaron en las siguientes reglas para el reconocimiento de
la personería jurídica en estas especiales condiciones:

“[E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909
de 2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin
personería jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar para efectos
de obtener el reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el
Constituyente Derivado consideró como significativo, es decir, el 3 % de los
votos emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente
de la República; (ii) al menos uno de los candidatos de la formula deberá
aceptar su curul en el Congreso; y declararse en oposición”26.

Finalmente, en cumplimiento de la orden judicial, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 7471 de 15 de octubre de 2021, por la cual reconoció
personería jurídica movimiento político Colombia Humana. Merced a este atributo,
esta organización integró la coalición Pacto Histórico para las elecciones
legislativas y presidenciales que se llevaron a cabo en marzo, mayo y junio de
2022, en las que obtuvo curules en Senado y Cámara y logró el triunfo del primer
mandatario de la Nación.

5. Caso concreto

El ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar pretende la nulidad de la elección
del representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Valle del
Cauca, José Alberto Tejada, para el periodo 2022-2026, declarada por la comisión
escrutadora departamental mediante el formulario E-26 CAM del 1º de abril de
2022.

26 Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021, MP. Alejandro Linares Cantillo.

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Las censuras del demandante en contra del acto acusado se concretan en la
etapa de inscripción de la lista de candidatos de la que hizo parte el demandado,
en razón a la participación del movimiento político Colombia Humana en la
coalición Pacto Histórico, con el cual superaba el tope del 15% de los votos válidos
de la respectiva circunscripción que señala el artículo 262 de la Constitución
Política para efectos de ejercer este derecho.

En este sentido, aduce que a dicha colectividad le fueron registrados de manera
errada cero (0) votos en las elecciones de Congreso de la República del 11 de
marzo de 2018, para efectos de calcular el aludido porcentaje. En lugar de este
dato, la parte actora considera que se le debieron computar los 888.023 votos que
obtuvo en las elecciones presidenciales de 2018 en el departamento del Valle del
Cauca27, pues fueron estos comicios nacionales los que le permitieron obtener
personería jurídica e integrar la coalición.

Planteada en estos términos la controversia, la Sala destaca que en la fijación del
litigio se anunció su estudio desde la perspectiva de la infracción de norma
superior –para el caso, el artículo 262 constitucional– y expedición irregular, que
corresponden a causales genéricas de nulidad de los actos administrativos,
aplicables a los que declaran elecciones populares por la remisión expresa que
hace el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a este punto, el demandante dedica buena parte de los alegatos de
conclusión a reprochar a la Sala que algunas demandas similares que él ha
instaurado se enfocaran como juicios de causales objetivas, mientras que otras,
como la que se decide en esta oportunidad, se perfilaron como causales
subjetivas. Ante lo que califica como “inseguridad en el trámite”, solicita “que se
tome una decisión que subsane lo anterior y se falle en una sola sentencia lo
correspondiente a los REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.

Al respecto, se impone advertir que los alegatos no son la oportunidad para
formular este tipo de peticiones, que tienen que ver con decisiones adoptadas en
fases procesales anteriores. Se recuerda que, atendiendo al artículo 207 de la
Ley 1437 de 2011, las situaciones que puedan constituir irregularidades en el
trámite deben exponerse en la correspondiente etapa del proceso.

Adicionalmente, se observa que este aspecto ha sido ventilado por la parte actora
en otros procesos y al momento de la decisión se ha advertido, como cuestión
previa, que disponer por el ponente que se adelanten actuaciones separadas

27 Esta cifra se puede verificar en el formulario E-26 PRE de las elecciones de 17 de junio de 2018,

aportado al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contiene los resultados
parciales para presidente y vicepresidente de la República en el departamento del Valle del Cauca.

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frente a una misma demanda no configura una nulidad. Antes bien, esta
determinación resulta de la interpretación del artículo 282 ibidem, considerando
los términos en que fueron presentadas las censuras contra el acto acusado28.

También sea esta la ocasión para precisar que las causales de nulidad
corresponden a los vicios que comprometen la legalidad de los actos
administrativos. Sin embargo, no son un requisito formal autónomo de la
demanda, sino que hacen parte del concepto de violación y, como tales,
contribuyen a la ubicación conceptual de las pretensiones29.

Consecuente con este carácter, los diferentes motivos de anulación que admite
el proceso electoral (objetivas, subjetivas y genéricas), pueden encauzar el
debate en cuanto a la circunstancia concreta que afecta la elección –v.g.
falsedades en documentos electorales, inhabilidad del elegido, infracción de la
norma en que debió fundarse, expedición irregular–, pero lo que define las
temáticas de fondo es el marco jurídico que ofrece el propio demandante.

Tratándose de los procesos promovidos por el señor Abuchaibe Escolar, ha
habido acuerdo en la Sección en cuanto a estudiar la causal de nulidad por
infracción de norma superior, específicamente el artículo 262 de la Constitución
Política. Así lo consignan las providencias que menciona el propio demandante
en los alegatos de conclusión30.

Dilucidado este aspecto de orden formal, se abordará el estudio de fondo, a través
de la revisión de cada uno de los requisitos que establece la aludida norma
constitucional para la inscripción de listas de candidatos a corporaciones públicas
en coalición, en el caso de aquella que integró el representante José Alberto
Tejada.

a) Partidos o movimientos políticos con personería jurídica

Una de las pocas diferencias que existe entre las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales y listas a corporaciones públicas es que en las
primeras pueden participar grupos significativos de ciudadanos, mientras que las
segundas están reservadas a los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica.

28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-

000-2022-00149-00 y 11001-03-28-000-2022-00149-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
29 Sobre el requisito de la demanda relativo a los fundamentos de derecho de las pretensiones,

ver: Santofimio, J. (2004). Tratado de derecho administrativo, tomo III, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, pág. 471.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de (admisorio), Rad. 11001032800020220008400,

MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 23 de mayo de 2022, Rad. 110010320220008800, MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

Esta restricción puede explicarse en la necesidad de promover un esfuerzo
electoral individual a los grupos significativos para obtener este atributo a través
de las votaciones al Congreso de la República, que son las que lo otorgan, en
condiciones normales, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución
Política.

La coalición Pacto Histórico se conformó, en lo que atañe al caso concreto, para
inscribir lista de candidatos a la Cámara de Representantes de la circunscripción
departamental del Valle del Cauca. Se extrae del formulario E-6 que estuvo
integrada por las siguientes agrupaciones políticas 31:

009 Partido Polo Democrático Alternativo
010 Partido Colombia Humana – Unión Patriótica “UP”
012 Movimiento Alternativo, Indígena y Social “MAIS”
016 Movimiento Alianza Democrática Amplia
301 Movimiento Político Colombia Humana
303 Partido Comunista Colombiano

El demandante no pone en duda que el movimiento político Colombia Humana
cumpla el requisito de personería jurídica para hacer parte de la coalición Pacto
Histórico. Por el contrario, subraya que esta le fue reconocida por el Consejo
Nacional Electoral, a órdenes de la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional. Sin embargo, interpreta que la forma en que adquirió ese atributo
pone en evidencia que no es un partido pequeño que pueda hacer parte de una
“coalición de minorías”, sino una fuerza política que obtuvo más de 8 millones de
votos en las elecciones presidenciales que antecedieron a las del Congreso del
año 2022.

Además, en los alegatos de conclusión apela al dicho de la Corte en aquel fallo,
en cuanto a que “las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones
indirectas, ontológicamente de mandato representativo” (subrayado adicional).
De ahí el enlace temático que hace la parte actora entre los artículos 262 y 108
de la Carta.

La Sala no comparte este planteamiento del demandante para aplicar el artículo
262 de la Constitución Política, en razón a que, cuando este precepto superior
exige la personería jurídica para participar en estas coaliciones, no introduce
ningún elemento adicional ni necesariamente remite a las reglas de adquisición
de esa cualidad, las cuales, ciertamente, exceden lo dispuesto en el artículo 108
superior.

31 Conforme al ejemplar aportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, visible en la
anotación 14 de SAMAI.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

En efecto, esta Sección ha hecho un recuento de las diferentes formas en las que
es posible adquirir personería jurídica como organización política:

“De esta forma, se mantienen vigentes hasta el momento dos mecanismos
definitorios de la personería jurídica, uno ordinario, representado en un
mínimo de respaldo popular en las urnas (umbral) y otro excepcional,
determinado por el triunfo de algún candidato (curul) en las circunscripciones
especiales, sobre el cual se ocupará esta providencia en el acápite siguiente.
Además, conforme a los recientes desarrollos constitucionales y legales, se
ha abierto el camino para el reconocimiento de la personería jurídica a través
de otros mecanismos institucionales, como el Acuerdo de Paz de 2016, la
posibilidad de escisión y otras situaciones especiales que de conformidad con
la jurisprudencia han ameritado una interpretación de las reglas generales de
cara a los derechos fundamentales y principios constitucionales”32.

La situación del movimiento político Colombia Humana encuadra en la última de
las hipótesis descritas, en la medida en que su personería jurídica resultó de una
orden judicial que, en palabras de la Corte, fue dictada “en aplicación de una
interpretación expansiva del principio democrático”33.

Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con las “elecciones indirectas” al
Congreso de la República, si bien la Corte Constitucional hace este símil en la
aludida sentencia de unificación, lo cierto es que los votos que otorgan el derecho
a ocupar las curules de la oposición en Senado y Cámara se reciben en las
elecciones para presidente de la República, en circunscripción nacional. Sobre
este punto, explicó esta Sala:

(…) Si bien es claro que la referida corporación judicial [se alude a la Corte
Constitucional] hizo referencia a la necesidad de contar con un factor objetivo
que permitiera establecer el apoyo ciudadano, para lo cual, acudió al valor
del 3% de los votos válidos de una elección conforme lo señala el artículo 108
de la Constitución, lo cierto es que dicha circunstancia no implica, en sí
misma, que la elección presidencial y el ejercicio del derecho personal
adquieran la connotación de elecciones parlamentarias o a otro tipo de
corporaciones públicas34.

Adicionalmente, se ha reparado en que la Corte Constitucional no estableció en
dicha providencia parámetro alguno para la aplicación del artículo 262
constitucional:

(…) [N]o existe en dicho pronunciamiento ninguna regla o consideración
relacionada con la manera en que ha de aplicarse lo dispuesto en el inciso

32 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-

24-000-2011-00221-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021. Alejandro Linares Cantillo.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-

2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

quinto del artículo 262 de la Constitución, ni puede entenderse que la
necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral
exigido para el reconocimiento de personería jurídica en casos como el
estudiado en esa oportunidad tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se
estudia, pues se trata de reglas constitucionales diferentes35.

De esta forma, se concluye sobre el primer requisito que, para efectos de inscribir
listas en coalición a corporaciones públicas, no es admisible la relación que
plantea el demandante entre los artículos 262 y 108 de la Constitución Política
para adelantar la inscripción de candidatos en coalición, habida cuenta que lo
relevante para efectos de la conformación de la coalición Pacto Histórico y la
inscripción de su lista a la Cámara de Representantes en la circunscripción
departamental del Valle del Cauca es que Colombia Humana contaba con
personería jurídica en ese momento. Cumplido este requisito, no atañe al juez de
la legalidad de la elección examinar la manera en que fue adquirido.

b) Tope del quince por ciento (15%) de los votos válidos obtenidos por
los partidos que integran la coalición en la respectiva circunscripción

Verificada la personería jurídica, los partidos que se coaliguen para inscribir listas
de candidatos a corporaciones públicas deben acreditar un requisito cuantitativo
y objetivo, referido a que “sumados hayan obtenido una votación de hasta el
quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción”.

Acerca de este presupuesto, no ha pasado inadvertido por la Sala que la norma
constitucional omite señalar expresamente a qué elecciones debe acudirse para
determinar la votación que ha de sumarse con el fin de calcular el porcentaje
máximo que exige la norma constitucional. Este ingrediente es de la mayor
importancia, habida cuenta que en una misma circunscripción se eligen diferentes
tipos de cargos, tanto uninominales, como para corporaciones públicas.

Ante tal imprevisión, y atendiendo a la finalidad del precepto, la posición
mayoritaria de la Sala sostiene que se trata de los votos obtenidos en elecciones
de idéntica naturaleza que se hayan realizado para el periodo inmediatamente
anterior en la misma circunscripción electoral, excluyendo en todo caso la
posibilidad de que se acuda a votaciones para elegir cargos uninominales. Sobre
el punto, se ha dicho:

(…) Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la sala es claro
que la restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262 superior,
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a evitar que las
fuerzas políticas que cuentan con amplia participación en una determinada

35
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

corporación pública puedan unirse para la siguiente elección de la misma
naturaleza, con el fin de aumentar su representación en ella, en desmedro de
las organizaciones que cuentan con un menor número de integrantes o que
carecen de representantes en tales cuerpos colegiados. Lo anterior, con el
objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen las colectividades con
baja o ninguna representación de conservar o alcanzar dichos escenarios
democráticos.

Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se tomen en
consideración los resultados obtenidos por un determinado partido o
movimiento en una elección diferente a aquella para la cual se busca
presentar una lista en coalición, incluso si se ha presentado en la misma
circunscripción36.

También se ha abordado el concepto desde esta arista:

[S]i la lista de candidatos por coalición a una corporación pública busca
participar en las elecciones para elegir representantes en un departamento o
a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual antes referido se mira
respecto del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y movimientos
coaligados en el espacio geográfico que se corresponda con aquel en el cual
se lleva a cabo la elección.

Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de circunscripción, que
como se expuso en forma precedente, refiere al marco territorial en el cual
los ciudadanos pueden depositar sus votos que soportarán la declaratoria de
elección que posteriormente realiza la autoridad electoral. Bajo esta
consideración, es claro que la figura referida deviene en un elemento objetivo
y verificable que permite establecer la fuerza electoral de los partidos
coaligados que pretenden acceder a un espacio de representación en una
corporación pública.

Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo a nivel nacional, mientras que los
representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los departamentos
que conforman el territorio colombiano (negrillas del original)37.

De modo que al interior de la Sección hay consenso en cuanto a que los votos
obtenidos por Colombia Humana, cuando era grupo significativo de ciudadanos,
en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República de 2018,
corresponden a una circunscripción nacional, que no equivale a la respectiva
circunscripción departamental de Valle del Cauca para la Cámara de
Representantes, donde se eligieron los congresistas en ese mismo año, razón por
la cual no podían tenerse en cuenta para conformar la coalición e inscribir lista de
candidatos a dicha corporación.

36 Id.
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-

2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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Demandado: José Alberto Tejada - representante a la Cámara por el
Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

Contrario a esta postura y profundamente ligado con su interpretación sobre el
requisito de la personería jurídica, que se estudió previamente, el demandante
resalta que Colombia Humana llegó al Pacto Histórico con unos votos que, si bien
no fueron en estricto sentido depositados para elegir al Congreso de la República
en el año 2018, representaron la segunda votación para presidente y
vicepresidente de la República y se tradujeron en una “elección indirecta” al
Senado y la Cámara, según lo señaló la Corte Constitucional.

Además, repara en que estos comicios aportaban unos resultados constatables
para dicho movimiento político, que debieron computarse a la mencionada
coalición y que podían determinarse sin dificultades para la circunscripción
departamental del Valle del Cauca, a efectos de inscribir la lista que interesa a
este asunto, en lugar de registrársele cero (0) votos, como ocurrió.

La Sala no puede admitir esta lectura, mucho menos con los antecedentes que
han madurado la tesis que mejor contribuye al efecto útil del inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política y sobre la base de que esta norma
consagra un derecho fundamental de las organizaciones políticas, íntimamente
relacionado con el principio democrático que defiende la Carta, que impone la
interpretación que maximice su realización. Esta Sección expuso las siguientes
reflexiones al respecto:

(…) [E]s claro que los resultados obtenidos por el movimiento político
Colombia Humana en los comicios del 2018 para la elección del presidente y
vicepresidente de Colombia no pueden ni deben tenerse en cuenta para
efectos de determinar el 15% que prevé el artículo 262 de la Constitución
Política. Lo anterior, por cuanto carecería de sentido pretender que se tomen
en consideración los votos obtenidos por un determinado partido o
movimiento en una elección diferente a aquella para la cual se busca
presentar una lista en coalición, en tanto que la norma prevé dicha posibilidad,
precisamente para alcanzar la representación política y democrática en
aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos minoritarios
no tienen una participación significativa38.

Aunado a lo anterior, se ha observado la imposibilidad de establecer la votación
que habría sido depositada a favor de Colombia Humana en esos comicios
nacionales, es decir, cuántos votos le pertenecen dentro de la coalición “Petro
Presidente”, que conformó con el partido MAIS, para inscribir al actual mandatario
nacional y quien en esa oportunidad obtuvo la segunda votación y la curul de la
oposición en el Senado.

Sobre el punto, se ha señalado que, “[e]n atención a la forma de participación, se
tiene entonces que los votos depositados a favor de dicha opción política se

38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-

28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Departamento de Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00085-00

contabilizan al candidato presentado por la coalición, sin que sea posible
identificar si los mismos pertenecen a una u otra de las organizaciones que hacen
parte del acuerdo”39.

Así las cosas, eran los resultados de la elección a la Cámara de Representantes
del Valle del Cauca, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2018, los que debían
registrarse al momento de la inscripción de la lista de candidatos que integró el
demandado, como se exigió desde el mismo formulario E-6 CT:

Para el caso de Colombia Humana, se destaca que este dato figuró en ceros (0),
habida cuenta que no participó en las elecciones del Congreso de la República
del año 2018.

Sobre esta actuación, debe igualmente destacarse que para la época preelectoral
en la que se enmarca este litigio, el Consejo Nacional Electoral emitió el concepto
al que se hizo referencia en esta providencia, en el que esa autoridad electoral
analizó los efectos prácticos del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución
Política y sentó un parámetro de conducta a la hora de llevar a cabo el acto de
inscripción de listas en coalición a corporaciones públicas. En tal sentido, a los
partidos que no hubiesen participado en las elecciones del Congreso de la
República del 11 de marzo de 2018, no se les sumaría ningún voto al momento
de la inscripción para la misma corporación en el año 2022 y así se hizo para el
caso del acto previo a la elección cuya legalidad se impugna.

39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-

2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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A esta altura, cabe anotar que, según lo advierte el Ministerio Público, no se
conoce en el proceso el dato exacto de los votos válidos de las elecciones a la
Cámara de Representantes del Valle del Cauca del 11 de marzo de 2018, lo que
impide precisar si los 53.813 votos de la coalición Pacto Histórico superaron o no
el 15% de ese referente. Sin embargo, la censura no se centra en esta cifra, sino
en los 888.023 votos que aportaba Colombia Humana, de habérsele computado
la votación que obtuvo su candidato en las elecciones presidenciales del 2018.

Con este derrotero, se reitera la conclusión a la que ha llegado esta Sala en
asuntos parecidos al presente, en cuanto a que la votación consignada en el
formulario E-6 CT, por el cual se realizó la inscripción de la lista de candidatos de
la coalición Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca
para el periodo 2022-2026, integrada por el demandado, es la de los comicios
equivalentes para el periodo 2018-2022. En esa medida, cumple con el requisito
del artículo 262 de la Constitución Política.

Las consideraciones anteriores también conducen a desestimar, al igual que lo
ha hecho la Sala en casos similares, el cargo de expedición irregular del acto de
elección acusado, que la parte actora ubica en la fase de inscripción de la lista de
candidatos, debido a la cifra de la votación reconocida al partido Colombia
Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.

No sobra recordar que esta causal se verifica cuandoquiera que se desconocen
etapas o exigencias de orden procedimental para que el acto pueda surgir
válidamente a la vida jurídica, que apuntan a garantizar los derechos de audiencia
y defensa, la igualdad entre los interesados, la publicidad y el debido proceso40.
Así mismo, se ha precisado que no se trata de cualquier inconsistencia en el
trámite, sino de aquellas de tal entidad que afecten el sentido de la decisión41.

Siendo así, en materia electoral es posible estructurar este vicio en los eventos
en que “se omiten formalidades que afectan de manera determinante la
trasparencia de un proceso electoral y su correspondiente resultado”42.

Contrario a estas hipótesis, en el caso concreto se ha verificado que el formulario
de inscripción E-6 CT contiene la votación que obtuvieron los partidos que
conformaron la coalición Pacto Histórico en las elecciones del 11 de marzo de
2018 para la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca,
que coincide con la “respectiva circunscripción” de los comicios del 13 de marzo

40 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad.

76001-23-33-000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 9 de septiembre de
2021, Rad. 23001-23-33-000-2020-00004-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2021, Rad. 73001-23-33-000-

2020-00327-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
42 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-

2014-00112-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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de 2022, según se expuso previamente. Por lo tanto, no se advierte que en esta
actuación de la etapa preelectoral se pretermitiera algún requisito constitucional o
legal para adelantarla.

En suma, el acto de elección del señor Alfredo Mondragón Garzón, como
representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca, no infringió
el artículo 262 de la Constitución Política ni fue expedido de forma irregular, por
cuenta de la aplicación del porcentaje de votación que se tuvo en cuenta para el
partido Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico que inscribió la
lista de candidatos en la etapa preelectoral. Por consiguiente, se negará la
pretensión de nulidad formulada en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección del representante
a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca, José Alberto Tejada, para
el periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM, proferido por la
comisión escrutadora departamental el 1º de abril de 2022.

SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento parcial de voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

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“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081 ”

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