Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00150-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00150-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00150-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de marzo de 2023
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00150-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00150-00
Demandante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Demandado: ALFREDO MONDRAGÓN GARZÓN – REPRESENTANTE
A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en
coalición. Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana. Alcance del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral de la referencia, promovido contra la elección del representante
a la Cámara Alfredo Mondragón Garzón.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor José Manuel Abuchaibe Escolar instauró demanda en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener
la nulidad del acto que declaró la elección del representante a la Cámara por la
circunscripción territorial del Valle del Cauca, Alfredo Mondragón Garzón,
contenido en el formulario E-26 CAM, proferido por la comisión escrutadora
departamental el 1º de abril de 2022.
1.1 Pretensiones
Fueron formuladas en los siguientes términos:
“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
VALLE contenido en el documento E-26 CAM de fecha 01 de abril de 2022.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
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SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que
se excluya la lista del PACTO HISTORICO (sic) del cómputo general de votos
contenidos en el E-26, de acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer
en el presente escrito.
TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un
nuevo escrutinio de los votos depositados en el Departamento de VALLE en
las elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE VALLE,
periodo 2022-2026, escrutinio que deberá practicarse con base únicamente
en los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del proceso
a que dé lugar esta demanda.
CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva
declaración de elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE VALLE, periodo 2022-2026, se
ordene expedir y efectivamente se expidan las nuevas credenciales de
Representantes a la Cámara por esa circunscripción territorial para el periodo
citado a quienes correspondan, y que se comunique la anterior novedad al
Consejo Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor
Registrador Nacional del Estado Civil y a sus delegados para el Departamento
del VALLE, al señor Ministro del Interior, al señor Gobernador del
Departamento del VALLE, y al señor Presidente del Tribunal Administrativo
del mismo Departamento” (Destacados del original).
1.2 Hechos
El demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos:
Narra que el 13 de marzo de 2022 se celebraron las elecciones populares de los
representantes a la Cámara para el periodo 2022-2026, entre ellos, los de la
circunscripción territorial del Valle del Cauca, cuya elección fue declarada por la
comisión escrutadora departamental el 1º de abril del mismo año.
Relaciona a Alfredo Mondragón Garzón entre los elegidos en dicho departamento
por la lista de la coalición denominada Pacto Histórico. Precisa que este acuerdo
fue suscrito entre los partidos y movimientos políticos Polo Democrático
Alternativo, Alianza Democrática Amplia (ADA), Colombia Humana, Movimiento
Alternativo, Indígena y Social (MAIS), Unión Patriótica (UP) y Partido Comunista
Colombiano.
Resalta que el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política estableció
como requisitos para la inscripción de listas en coalición para corporaciones
públicas que se realice por partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y que estos sumados hayan obtenido hasta el 15% de los votos válidos
en la respectiva circunscripción.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
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Reseña que en el formulario E-6 CT, donde consta la inscripción de la lista de la
coalición Pacto Histórico a la Cámara del Valle del Cauca, se consignaron para
los partidos coaligados los resultados de las elecciones del Congreso del 11 de
marzo de 2018. En el caso de Colombia Humana, destaca que aparece con cero
(0) votos, teniendo en cuenta que no participó en los comicios mencionados.
Detalla que en aquel certamen Colombia Humana logró en el Valle del Cauca
888.023 votos, de un total de 1.635.756 en el departamento, “lo que supera
ampliamente el 15%”. En tales condiciones, concluye que este resultado no le
permitía hacer parte de Pacto Histórico, pues con ellos la coalición excedía el tope
fijado en la norma superior.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora alega que el acto acusado se encuentra incurso en la causal de
nulidad específica, contemplada en el artículo 275, numeral 3º de la Ley 1437 de
2011, así como en las causales generales de infracción a norma superior y
expedición irregular, previstas en el artículo 137 del mencionado estatuto
procesal, por las siguientes razones:
Sostiene que se desconoció lo preceptuado en el inciso final del artículo 262 de la
Constitución Política1, en razón a que se permitió la inscripción de la lista
presentada por la coalición “Pacto Histórico”, sin que esta reuniera los requisitos
legales y constitucionales para tal efecto. En tal sentido, aduce que en el
formulario E-6 CT se precisa la votación que obtuvo cada uno de los partidos
políticos que conforman dicho colectivo coaligado y, en particular, se consignó una
cantidad de cero (0) votos para el partido Colombia Humana. Dice el accionante
que tal afirmación es producto de un engaño, impidiéndose así que candidatos
que sí cumplan con los requisitos de ley puedan ser elegidos.
Explica que, si un partido tiene personería jurídica para participar en las elecciones
del 2022, es porque obtuvo su reconocimiento o la mantuvo en las elecciones del
congreso del 2018, al alcanzar una votación no inferior al 3% de los votos emitidos
válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes
o Senado. En el caso de Colombia Humana, fue la Corte Constitucional la que
ordenó reconocerle el referido atributo, teniendo en cuenta el 3% de los sufragios
válidos depositados para las elecciones de presidente y vicepresidente de la
República.
1 Transcribe en lo pertinente el siguiente aparte: “(…) Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%)
de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas”.
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Conforme a lo anterior, sostiene que el movimiento Colombia Humana sí tiene un
número de votos nacionales y territoriales que pueden servir para verificar si la
coalición supera o no el 15% que trata el artículo 262 Superior. En este orden,
resalta que la votación obtenida por el citado colectivo en el departamento de Valle
del Cauca –para las elecciones presidenciales de 2018– fue de 888.023, de un
total de 1.635.756, superando así de manera amplia el referido porcentaje, razón
suficiente para que ese partido no pudiera conformar una coalición de minorías.
Afirma que, por las mismas razones que se acaban de explicar, se configura la
causal de nulidad de expedición irregular, por cuanto el acto de aceptación de la
inscripción de las listas de la coalición denominada “Pacto Histórico” hizo parte de
los actos preparatorios de la elección enjuiciada, es decir, que dicha decisión
previa contribuyó a su formación, en cuanto por disposición del legislador resulta
necesaria para el nacimiento a la vida jurídica de la designación aquí demandada.
2. Contestaciones de la demanda
Mediante auto de 18 de julio de 2022, el Despacho admitió la demanda contra el
representante a la Cámara Alfredo Mondragón Garzón. En consecuencia, se
ordenaron las notificaciones y los traslados contemplados en el artículo 277 de la
Ley 1437 de 2011, por lo que dentro del término concedido se pronunciaron los
sujetos procesales, así:
2.1. El demandado
Aseguró haber cumplido los requisitos para obtener el aval del partido Polo
Democrático Alternativo y ser inscrito como candidato dentro de la coalición Pacto
Histórico. Luego se refirió al derecho de los partidos y movimientos políticos a
conformar coaliciones para inscribir candidatos a corporaciones públicas, en
aplicación directa del artículo 262 de la Constitución Política, sin necesidad de
esperar al desarrollo legislativo.
Aunado a lo anterior, señaló que el Consejo Nacional Electoral, en concepto de 9
de diciembre de 2021, Rad. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514,
interpretó que a los partidos que no hubiesen participado en las elecciones del
Congreso de 2018 no se les consignarían votos dentro de las coaliciones que
inscribieran listas de candidatos para los mismos comicios en 2022. Igualmente,
observó que esa entidad expidió la Resolución E-3305 del 13 de julio de 2022, en
la que despachó desfavorablemente la petición del ahora demandante para la
exclusión de los votos de Pacto Histórico y el saneamiento de nulidad electoral,
con base en las mismas razones que motivan la demanda.
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Argumentó sobre la imposibilidad de homologar la votación obtenida por Colombia
Humana en las elecciones presidenciales de 2018, cuando era un grupo
significativo de ciudadanos, para efectos de participar en la lista a la Cámara del
Valle del Cauca en 2022. Precisó sobre este aspecto que la sentencia SU-316 de
2021 de la Corte Constitucional, por la cual se ordenó al CNE reconocerle
personería jurídica a dicho movimiento, no constituía un precedente para la
interpretación que propone el actor del artículo 262 superior.
Adicionalmente, aclaró que en la coalición Pacto Histórico únicamente el partido
Polo Democrático Alternativo participó en las elecciones del 11 de marzo de 2018
para la Cámara en la circunscripción departamental del Valle del Cauca. Informó
que los 53.813 votos que obtuvo en estos comicios solo alcanzaron el 4,19% de
la votación válida, la cual ascendió a 1.311.492.
Con este derrotero, llegó a la conclusión de que “el presunto problema jurídico
planteado por el demandante, en nada se asemeja al derecho a conformar
partidos o movimientos políticos, y mucho menos se relaciona con el
reconocimiento o negación de la personería jurídica a partido o movimiento
político alguno, o grupo significativo de ciudadanos”.
Por último, calificó como temeraria la conducta del señor Abuchaibe Escolar, quien
insinúa valoraciones sobre la tendencia política de la coalición Pacto Histórico,
cuando las califica como “una convergencia de partidos y movimientos de
izquierda”, sumado a que planteó previamente la misma controversia ante el
Consejo Nacional Electoral.
2.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil
La apoderada de la RNEC adujo que el carácter técnico e imparcial de la entidad
impedía un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda.
Consecuente con ello, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues actuó como un “mero organizador de los comicios”.
En esa línea, subrayó que no tenía injerencia en la verificación de las calidades
personales de los candidatos ni en la expedición del acto elección censurado.
Sostuvo, entonces, que no le asiste interés en los resultados del proceso, toda
vez que la controversia no afecta sus derechos.
Sin embargo, se adentró en el contenido del artículo 262 de la Constitución
Política, con la reforma del Acto Legislativo 2 de 2015, del cual concluyó la
incuestionable posibilidad que tienen los partidos y movimientos políticos para
presentar listas a cargos de corporaciones públicas, cuandoquiera que cumplan
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con el supuesto de hecho estipulado por la norma constitucional, sin importar la
causal bajo la que hayan obtenido personería jurídica.
También mencionó el concepto del Consejo Nacional Electoral de 9 de diciembre
de 2021, Rad. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en respuesta a una
consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Señala que el asunto
consistió, precisamente, en la aplicación del porcentaje previsto en dicho precepto
superior para partidos que no tuvieron votación en las elecciones del Congreso de
2018 y la posibilidad de no computarles ningún voto para efectos de inscribir listas
en los comicios de 2022.
2.3. Movimiento Alternativo, Indígena y Social (MAIS)
El apoderado y jurídico nacional del MAIS se opuso a las pretensiones de la
demanda, que, en su sentir, resultan de una mala interpretación del inciso quinto
del artículo 262 de la Constitución Política.
Señaló que no se pueden sumar los votos obtenidos para un cargo uninominal
con el fin de inscribir lista de candidatos a la Cámara, como lo propone la parte
actora, porque se trata de dos procesos electorales y circunscripciones diferentes.
También dedujo del espíritu de la norma el fortalecimiento de la representación de
las minorías, según la votación para corporaciones públicas, y no resultados para
cargos diferentes a los que en estas se eligen. Así mismo, reparó en que el partido
Colombia Humana no contaba con personería jurídica en el año 2018.
2.4. Consejo Nacional Electoral (CNE)
La apoderada del CNE considera que la causal de nulidad alegada por el
demandante no se configura, por el contrario, asegura que el acto de inscripción
de candidatos que se cuestiona en este caso se realizó en ejercicio del derecho
de los partidos políticos con personería jurídica a conformar coaliciones para tales
efectos.
Indica que el CNE se pronunció sobre la aplicación del inciso quinto del artículo
262 de la Constitución Política en concepto de 9 de diciembre de 2021, Rad. CNE-
E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en el cual precisó que “los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica que surgen con posterioridad por
circunstancias como la escisión o sentencia judicial, al no haber participado en las
elecciones inmediatamente anteriores, no se les contabiliza ningún voto”.
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3. Trámite procesal posterior
En el curso del proceso, después de las contestaciones de la demanda, se
profirieron las siguientes providencias: (i) auto de 18 de noviembre de 2022,
mediante el cual se declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, alegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y (ii) auto
del 19 de diciembre de 2022, que dio aplicación a la figura de sentencia anticipada,
se pronunció sobre las pruebas solicitadas, fijó el litigio en los términos que se
precisarán más adelante y corrió traslado para alegar por escrito.
4. Alegatos de conclusión
4.1. Demandante
El señor José Manuel Abuchaibe Escolar inició sus alegatos señalando que los
magistrados de la Sección Quinta han asumido posiciones contradictorias frente
a la naturaleza de las causales que motivaron sus demandas por hechos similares.
En ese orden, solicita “que se tome una decisión que subsane lo anterior y se falle
en una sola sentencia lo correspondiente a los REPRESENTANTES A LA
CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.
Con esa advertencia, manifestó que la Sala ha generado “un desconcierto jurídico”
frente a la interpretación del artículo 262 de la Constitución Política, para lo cual
transcribió apartes de algunas sentencias que han decidido estos casos al interior
de la Sección. Prosiguió reiterando su argumento, según el cual la sentencia SU-
316 de 2021 de la Corte Constitucional estableció una nueva regla de adquisición
de personería jurídica para los partidos políticos, respecto del artículo 108 ibidem.
Por consiguiente, insiste en que al movimiento político Colombia Humana debió
computársele la votación que le permitió obtener dicho atributo, para efectos de
participar en la coalición Pacto Histórico para las elecciones de Congreso de 2022,
en particular, a la Cámara del Valle del Cauca. Al respecto, considera que esta
Sección ha omitido analizar que las curules obtenidas en virtud del derecho a
ejercer la oposición son elecciones indirectas al Congreso de la República.
En tal sentido, destaca que “COLOMBIA HUMANA nace con una personería
jurídica producto de un fallo de la Corte Constitucional que coloca a esa
agrupación política con una votación nacional CONTABILIZABLE y en forma
absurda se pretende que hoy para efectos de una coalición para el congreso (sic),
su agrupación aparezca con CERO votos”.
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4.2. Demandado
El representante a la Cámara Alfredo Mondragón Garzón aprovechó esta etapa
para solicitar una vez más que se nieguen las pretensiones de la demanda. Con
este propósito, se ratificó en la imposibilidad material y jurídica de computar los
resultados de las elecciones presidenciales del año 2018 del movimiento político
Colombia Humana, con el fin de materializar la inscripción de candidatos al
Congreso en el año 2022, como integrante de la coalición Pacto Histórico.
Acerca de lo anterior, trajo a colación algunos antecedentes de la Sala, proferidos
en otros casos promovidos por el mismo demandante. Así, destacó que no es
posible equiparar la votación de elecciones uninominales, con aquella lograda
para corporaciones públicas2.
Además, señaló que Colombia Humana no participó en las elecciones para la
Cámara del Valle del Cauca en 2018, de modo que no era factible que la autoridad
electoral consignara una cifra distinta a cero votos al inscribir la lista de candidatos
de la coalición. Del mismo modo, reiteró que el problema jurídico planteado por la
parte actora no tiene nada que ver con el reconocimiento de personería jurídica
para los partidos y movimientos políticos ni este tópico fue tratado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, a la que acude repetidamente la
demanda.
En cuanto a la falsedad en el formato E-6 que sugiere el demandante, explica que
la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado admite la causal del
numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 únicamente por alteración de
los documentos que se expiden en las etapas electoral y poselectoral.
4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
La apoderada de la RNEC recogió las ideas expuestas en la contestación de la
demanda sobre el alcance de sus funciones en la organización de las elecciones
y las condiciones constitucionales para la inscripción de listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas. Por otra parte, incluyó algunas
consideraciones sobre la conformación del censo electoral y la trashumancia de
sufragantes, que no guardan relación con el debate del caso concreto.
2 Mencionó las sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091- 00,
MP. Pedro Pablo Vanegas Gil y otra de la misma fecha (sin indicar el expediente), MP. Rocío
Araújo Oñate.
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5. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto en
el que solicitó negar la nulidad del acto acusado. Esta postura se perfiló desde la
óptica de los antecedentes y la finalidad del Acto Legislativo 2 de 2015, en lo que
toca con la inscripción de listas a corporaciones públicas en coalición, introducida
en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política.
Trazado este norte argumentativo, señaló que la norma constitucional tuvo como
propósito promover la participación política de los partidos pequeños, atendiendo
a la votación de Senado y Cámara, pues es esta la que permite obtener personería
jurídica. Por lo mismo, anotó que los resultados en las elecciones para presidente
de la República pueden determinar la adquisición de ese atributo, pero no en los
términos del artículo 108 de la Constitución Política, sino sobre consideraciones
diferentes, como el ejercicio de la oposición, según lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021.
Dicho lo anterior, advirtió que en este caso se desconoce el total de votos válidos
de las elecciones para la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca en
2018, razón por la cual no es posible determinar si los votos que figuran en el
formulario E-6 para cada partido de la coalición Pacto Histórico en esta
circunscripción sobrepasaron el 15% exigido en la norma superior.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se expide el
reglamento interno de la corporación.
2. Problema jurídico
Mediante auto del 19 de diciembre de 2022, entre otras decisiones, se fijó el litio
en los siguientes términos:
“[D]eterminar si debe anularse la elección del representante a la Cámara,
Alfredo Mondragón Garzón, para el periodo 2022-2026, declarada por el
Consejo Nacional Electoral mediante el formulario E-26 CAM de 1º de abril de
2022, por cuanto se alega haberse configurado las causales generales de
infracción a norma superior y expedición irregular, previstas en el artículo 137
del mencionado estatuto procesal.
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Lo anterior, implica resolver los siguientes cuestionamientos: ¿La inscripción
de la lista de candidatos efectuada por la coalición Pacto Histórico se llevó a
cabo en estricto acatamiento al requisito constitucional establecido en el
inciso quinto del artículo 262 Superior en lo atinente a que los partidos una
vez coaligados no pueden superar el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción? En aras de verificar ese requisito ¿resultaba admisible tener
en cuenta los votos obtenidos por el partido político Colombia Humana en las
elecciones presidenciales del año 2018?”.
De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos
en coalición; ii) surgimiento del movimiento político Colombia Humana; para
finalmente analizar iii) el caso concreto3.
3. Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en coalición
La autonomía que la Constitución reconoce a los partidos políticos admite la
asociación entre ellos por afinidades ideológicas o intereses comunes y para
alcanzar diversos propósitos legítimos4, principalmente en el ámbito electoral.
Según el grado de compromiso que adquieran, estas alianzas pueden tomar la
forma de coaliciones, adhesiones o apoyos públicos a determinada campaña.
Tratándose de las coaliciones, el derecho de postulación que la Carta atribuye a
dichas organizaciones refuerza la posibilidad de conformarlas, con el fin obtener
el triunfo en las urnas.
3 Frente a los tópicos anunciados se tendrán en cuenta las consideraciones expuestas por esta
Sección al decidir demandas idénticas del ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar, instauradas
contra congresistas elegidos por la coalición Pacto Histórico en diferentes circunscripciones de la
Cámara de Representantes. Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate: sentencias de
17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00; 24 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00089-00; 24 de noviembre de 2022, 11001-03-28-000-2022-00090-00; 19
de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00094-00. Con ponencia del magistrado Carlos
Enrique Moreno Rubio: sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-20 22 -
00088-00. Con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil: sentencias de 17 de noviembre
de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00; 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-0 00 -
2022-00093-00; 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00098-00; 2 de febrero
de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00148-00 y 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-0 00 -
2022-00149-00.
4 Además del contexto electoral, los partidos políticos también conforman coaliciones, por ejemplo,
para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, como lo autoriza el artículo 264 de la
Constitución Política, y para participar en los gobiernos nacional y subnacionales, o en
determinados proyectos políticos, según lo ha advertido la Sección, entre otras, en sentencias de
4 de agosto de 2011, Rad. 11001-03-28-000-2010-00033-00, MP. Susana Buitrago Valencia; 21
de julio de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; 3 de diciembre de 2020, Rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00150-00
De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge “una
forma asociativa de segundo nivel”, que refleja los intereses de las agrupaciones
que la integran y materializa una candidatura transversal a todas ellas 5. En línea
con esta lectura, esta Sección las define como “alianzas propias del proceso
democrático”6, que concretan “la decisión libremente adoptada por las
organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo
de lo político, especialmente con fines electorales”7.
Así concebida, esta figura representa una valiosa alternativa de participación para
quienes compiten por la elección popular, sobre todo para los partidos minoritarios
en la escena política. Como lo ha dicho esta Sala, en el contexto de las campañas,
una coalición permite que las colectividades “se presenten como una asociación
que busca convencer al electorado para ocupar los respectivos cargos de
elección popular”8 y de esta manera, contribuye a “obtener mayores ventajas
electorales”9.
El ordenamiento jurídico colombiano regula las coaliciones para inscribir
candidatos desde diferentes ámbitos y con variados alcances. En tal sentido, el
artículo 107 de la Carta, con las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo
1 de 2009, hace mención a los candidatos por coalición para establecer la
posibilidad de que estos sean escogidos por los partidos y movimientos políticos
a través de consultas populares, internas o interpartidistas.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, en el contexto de la financiación
de campañas, dispone en su inciso final que “[l]os partidos y movimientos que
concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán previamente la
forma de distribución de los aportes estatales a la campaña”, so pena de perder
el derecho a la reposición estatal de gastos 10.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018,
Rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, citada en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-20 20 -
00046-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000 -
2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, Rad. 76001-23-33-
000-2019-01223-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Concepto reiterado en sentencia de 12 de
noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-000 -
2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2000, Rad. 2406, MP.
Reinaldo Chavarro Buriticá.
10 Adicionalmente, esta Sección ha inferido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 un fundament o
normativo para conformar coaliciones, cuando la norma reconoce a “Las asociaciones de todo
orden” el derecho a postular candidatos. Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo
Oñate. Ver, además, sentencia de 21 de julio de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2015-02451- 01,
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A su turno, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 se ocupa de la inscripción de
candidatos a cargos uninominales en coalición, por parte de “Los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos
significativos de ciudadanos”. Así mismo, la norma provee reglas instrumentales
para realizar dicha actuación, referidas a la identificación de la filiación política del
candidato en el formulario de inscripción, el contenido mínimo del acuerdo de
coalición, al que, de paso, otorga carácter vinculante, la forma de remplazar al
elegido en caso de falas absolutas, entre otros aspectos.
Adicionalmente, el artículo 262 de la Carta, modificado por el Acto Legislativo 2
de 2015, regula la inscripción de listas de candidatos para corporaciones públicas
en coalición, con arreglo a lo dispuesto en su inciso quinto:
“La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas,
los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de
candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a
corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los
derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta
el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para
corporaciones públicas” (se destaca).
Con base en estos parámetros normativos, la Sala ha tenido amplia ocasión de
identificar los requisitos y perfilar las reglas para inscribir candidatos en coalición,
tanto a cargos uninominales, como a curules en corporaciones públicas. Para
estas últimas, se ha advertido que la norma constitucional fue concebida con el fin
de promover la participación de organizaciones políticas minoritarias, que no
tienen en ellas una representación significativa 11.
Así mismo, se ha destacado que el derecho que consagra el artículo 262 de la
Constitución Política es de aplicación directa, pues “[d]e manera autónoma e
independiente consagra y regula el derecho a presentar lista de candidatos en
coalición en corporaciones públicas bajo condiciones específicas”12.Cabe anotar
que esta precisión se suscitó debido a que las coaliciones para inscribir candidatos
a cargos uninominales sí cuentan con desarrollo legal, según se observó
previamente.
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. También se recoge esta idea en la sentencia de 4 de
septiembre de 2000, Rad. 2406, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
11 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-00 0-
2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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En armonía con lo anterior, a propósito de la demanda contra la elección de un
representante a la Cámara por el departamento de Santander, inscrito y elegido
por una coalición para el periodo 2018-2022, se calificó la disposición superior
como una “norma completa” que no requiere de la promulgación de una ley para
su aplicación13. De modo que “el derecho a coaligarse emana de la voluntad libre
de las agrupaciones políticas reconociendo su existencia sin necesidad de
desarrollo legislativo específico”14.
Desde luego, deben cumplirse las condiciones específicas que ha compendiado
la Sala, con base en las provisiones expresas de la norma constitucional para
llevar a cabo estas inscripciones:
“1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de
los votos válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción”15.
En relación con el requisito referido a la circunscripción en la que se debieron
obtener los votos para calcular el referido porcentaje, esta Sección ha advertido
que el precepto superior omite precisar a qué resultados electorales debe
acudirse, pese a que en una misma circunscripción se eligen diferentes tipos de
cargos y curules16.
Por ello, considerando que la finalidad de la norma es auspiciar la participación de
partidos políticos minoritarios en las corporaciones públicas, la Sala Electoral
mayoritaria ha interpretado que se trata de la votación alcanzada por los partidos
coaligados en las elecciones anteriores que equivalgan a aquellas para las que se
inscribe la lista y que, en todo caso, no procede computar los votos de cargos
uninominales, aunque se trate de la misma circunscripción17.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2018, Rad. 11001-03-28-
000-2018-00019-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 2 de mayo de 2019, Rad.
11001-03-28-000-2018-00129-00 (Acum.), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia
de 22 de abril de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-00596-01 (Acum.), MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-
000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad.
11001-03-28-000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
16 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
17 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00084-00, MP. Rocío Araújo Oñate; 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00088-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Se advierte que la
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De otra parte, en el ámbito de la administración electoral las autoridades
competentes han establecido algunas pautas para facilitar en la práctica la
inscripción por estas coaliciones. Así, el Consejo Nacional Electoral expidió la
Resolución 2151 de 2019, “Por medio de la cual se dictan algunas medidas
operativas para la implementación de las listas de candidatos en coalición para
corporaciones públicas”18. A través de este acto, proveyó sobre el contenido
mínimo del acuerdo de coalición que debe registrarse al momento de la inscripción
de la lista, al tiempo que afirmó el carácter vinculante de dicho acuerdo y el
cumplimiento de la cuota de género del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
La misma entidad, en el preámbulo de las elecciones de Congreso de la República
del 13 de marzo de 2022, emitió el concepto de 9 de diciembre de 2021, Rad.
CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en cuanto al tope del 15% de
votación en la respectiva circunscripción para los partidos coaligados. En tal
sentido, el CNE señaló que a los partidos que obtuvieron personería jurídica
después de las elecciones del Congreso de 2018 y que, por lo tanto, no
participaron en estas, no se les computaría ningún voto al momento de la
inscripción de la lista en coalición19.
A las medidas anteriores se suma el diseño del formulario E-6 que implementó la
Registraduría Nacional del Estado Civil para dar trámite a la “[s]olicitud para la
inscripción de lista de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas
presentada por coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería
jurídica”20.
Este formulario, en la versión utilizada para el año 2022, contiene, entre otras
secciones, una destinada a relacionar a los partidos y movimientos políticos que
conforman la coalición, con los respectivos datos sobre la votación individual y
total que obtuvieron en las elecciones de 11 de marzo de 2018, es decir, las del
periodo anterior de Senado o Cámara de Representantes. El formato también
transcribe el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política e incluye una
casilla para calcular “Hasta el 15% de los Votos Válidos” y verificar si se cumple o
no este requisito.
magistrada Araújo Oñate ha señalado en salvamentos parciales de voto que el artículo 262 de la
Constitución Política utiliza el concepto de circunscripción para evocar la representatividad de los
partidos en un territorio determinado, razón por la cual no puede limitarse la interpretación de la
norma a la votación obtenida en la misma corporación pública en elecciones anteriores, sino que
admite acudir a los resultados de otras corporaciones que pertenezcan a la circunscripción.
18 Aportada con la contestación de la demanda del partido MAIS.
19 Aportado por el demandado en la contestación de la demanda.
20 Se tomó como referente el documento aportado en este proceso.
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Se concluye de lo expuesto que la inscripción de listas a corporaciones públicas
por coaliciones es un derecho constitucional de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica. Su ejercicio está condicionado por factores
objetivos referidos a un tope de votación, un acuerdo previo entre los coaligados,
la participación mínima de mujeres en la lista y la suscripción del formulario oficial
para adelantar esta actuación de la etapa preelectoral. Este esquema aspira a
contribuir al fortalecimiento de la participación de las colectividades minoritarias,
en especial desde las corporaciones públicas de elección popular a nivel nacional
y territorial.
4. Surgimiento del movimiento político Colombia Humana
Atendiendo a la realidad política reciente del país, es legítimo asegurar que el
partido “Colombia Humana” tiene su antecedente en el grupo significativo de
ciudadanos “Progresistas”, que logró, entre otros, el triunfo en las elecciones del
30 de octubre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el actual presidente
de la República, señor Gustavo Petro Urrego. Durante esta administración del
periodo 2012-2015, el plan distrital de desarrollo fue titulado “Bogotá Humana”21.
A partir de este concepto, se perfila un proyecto político de alcance nacional y con
apuestas electorales por fuera de la capital de la República.
Para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 27 de mayo
y 17 de junio de 2018, se constituyó el grupo significativo de ciudadanos Colombia
Humana22, para inscribir al señor Petro Urrego como candidato presidencial. Esta
inscripción se concretó a través de la coalición “Petro Presidente”, conformada
con el Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS y con la adhesión en
segunda vuelta del entonces grupo significativo de ciudadanos Fuerza
Ciudadana23.
Al haber obtenido la segunda votación en dichos comicios y considerando la
aceptación de las curules de la oposición en el Senado y la Cámara de
Representantes para el periodo 2018-2022 por parte de los señores Petro Urrego
y Ángela María Robledo, el partido Unión Patriótica y el grupo significativo de
21 Recuperado de: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y -
fortalecimiento-local/planes-de-desarrollo-local/bogot%C3%A1-
humana#:~:text=El%20Plan%20de%20Desarrollo% 20Bogot%C3%A1,diferencial%20en%20toda
s%20sus%20pol%C3%ADticas.
22 Ver: Consejo Nacional Electoral, Resolución 2170 de 29 de agosto de 2017, “Por la cual se
registra el Logosímbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA”, para la
inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para las elecciones
que se llevarán a cabo el día 27 de mayo de 2018”. Recuperado de:
https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/
23 Así puede constatarse en las tarjetas electorales de esos comicios, publicadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en: https://www.registraduria.gov.co/Elecciones- de -
Presidente-y-Vicepresidente-de-la-Republica. html
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ciudadanos Colombia Humana resolvieron hacer una alianza política que
permitiera a este último aprovechar la personería jurídica del primero.
Fue así como, mediante Resolución 3287 de 2019 24, el Consejo Nacional
Electoral, a solicitud de las mencionadas organizaciones, registró el nombre del
partido político Colombia Humana – Unión Patriótica, sobre el siguiente
razonamiento:
“[L]a agrupación política Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica,
como aliados naturales en el espectro político nacional, llegaron al acuerdo
de garantizar la participación política de Colombia Humana, a través de la
Personería Jurídica del Partido Unión Patriótica, con lo cual se puede concluir
que con el cambio de nombre y logo símbolo en el caso concreto, se
materializa un espacio para garantizar que los ciudadanos que se identifican
como parte de la Colombia Humana, puedan participar políticamente y ejercer
sus derechos”.
Posteriormente, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ordenó a través de la
sentencia SU-316 de 2021 al Consejo Nacional Electoral reconocer personería
jurídica al movimiento político Colombia Humana. En esta decisión, la Corte
ponderó la necesidad de contar con dicho atributo para el ejercicio pleno del
derecho a la oposición al Gobierno Nacional, connatural a la labor de los
congresistas de dicha colectividad que ocuparon las respectivas curules en el
Congreso de la República, en virtud de lo reglado en el artículo 112 de la
Constitución Política y la Ley 1909 de 2018.
Así mismo, la sentencia en comento armonizó estos preceptos con el principio
democrático y el porcentaje de votación previsto en el artículo 108 ibidem para
adquirir por regla general la personería jurídica como partido o movimiento
político. Sobre el punto, valoró el “respaldo ciudadano significativo que superó los
8 millones de votos”, que corroboraban para Colombia Humana el umbral del 3%
de la votación válida que contempla la citada norma constitucional, solo que
respecto de los depositados para elegir presidente de la República, en lugar de
los resultados de Senado o Cámara de Representantes, que utiliza como referente
el precepto superior en cita.
Estas consideraciones derivaron en las siguientes reglas para el reconocimiento
de la personería jurídica, en estas especiales condiciones:
“[E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909
de 2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos políticos sin
personería jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar para efectos
de obtener el reconocimiento de la personería jurídica será aquel que el
24 Ponente: Luis Guillermo Pérez Casas. Recuperado de: https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/
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Constituyente Derivado consideró como significativo, es decir, el 3 % de los
votos emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente
de la República; (ii) al menos uno de los candidatos de la formula deberá
aceptar su curul en el Congreso; y declararse en oposición”25.
Finalmente, en cumplimiento de la orden judicial, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 7471 de 15 de octubre de 2021, por la cual reconoció
personería jurídica movimiento político Colombia Humana. Merced a este atributo,
esta organización integró la coalición Pacto Histórico para las elecciones
legislativas y presidenciales que se llevaron a cabo en marzo, mayo y junio de
2022, en las que obtuvo curules en Senado y Cámara y logró el triunfo del primer
mandatario de la Nación.
5. Caso concreto
El ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar pretende la nulidad de la elección
del representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Valle del
Cauca, Alfredo Mondragón Garzón, para el periodo 2022-2026, declarada por la
comisión escrutadora departamental mediante el formulario E-26 CAM del 1º de
abril de 2022.
Las censuras del demandante en contra del acto acusado se concretan en la etapa
de inscripción de la lista de candidatos de la que hizo parte el demandado, en
razón a la participación del movimiento político Colombia Humana en la coalición
Pacto Histórico, con el cual superaba el tope del 15% de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, que establece el artículo 262 de la Constitución Política
para efectos de ejercer este derecho.
En este sentido, aduce que a dicha colectividad le fueron registrados de manera
errada cero (0) votos en las elecciones de Congreso de la República del 11 de
marzo de 2018, para efectos de calcular el aludido porcentaje. En lugar de este
dato, la parte actora considera que se le debieron computar los 888.023 votos que
obtuvo en las elecciones presidenciales de 2018 en el departamento del Valle del
Cauca26, pues fueron estos comicios nacionales los que le permitieron obtener
personería jurídica e integrar la coalición.
Planteada en estos términos la controversia, la Sala destaca que en la fijación del
litigio se anunció su estudio desde la perspectiva de la infracción de norma
superior –para el caso, el artículo 262 constitucional– y expedición irregular, que
corresponden a causales genéricas de nulidad de los actos administrativos,
25 Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021, MP. Alejandro Linares Cantillo.
26 Esta cifra se puede verificar
en el formulario E-26 PRE de las elecciones de 17 de junio de 2018,
aportado al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contiene los resultados
parciales para presidente y vicepresidente de la República en el departamento del Valle del Cauca.
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aplicables a los que declaran elecciones populares por la remisión expresa que
hace el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Frente a este punto, el demandante dedica buena parte de los alegatos de
conclusión a reprochar a la Sala que algunas demandas similares que él ha
instaurado se enfocaran como juicios de causales objetivas, mientras que otras,
como la que se decide en esta oportunidad, se perfilaron como causales
subjetivas. Ante lo que califica como “inseguridad en el trámite”, solicita “que se
tome una decisión que subsane lo anterior y se falle en una sola sentencia lo
correspondiente a los REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”.
Al respecto, se impone advertir que los alegatos no son la oportunidad para
formular este tipo de peticiones, que tienen que ver con decisiones adoptadas en
fases procesales anteriores. Se recuerda que, atendiendo al artículo 207 de la Ley
1437 de 2011, las situaciones que puedan constituir irregularidades en el trámite
deben exponerse en la correspondiente etapa del proceso.
Adicionalmente, se observa que este aspecto ha sido ventilado por la parte actora
en otros procesos y al momento de la decisión se ha advertido, como cuestión
previa, que disponer por el ponente que se adelanten actuaciones separadas
frente a una misma demanda no configura una nulidad. Antes bien, esta
determinación resulta de la interpretación del artículo 282 ibidem, considerando
los términos en que fueron presentadas las censuras contra el acto acusado27.
También sea esta la ocasión para precisar que las causales de nulidad
corresponden a los vicios que comprometen la legalidad de los actos
administrativos. Sin embargo, no son un requisito formal autónomo de la
demanda, sino que hacen parte del concepto de violación y, como tales,
contribuyen a la ubicación conceptual de las pretensiones 28.
Consecuente con este carácter, los diferentes motivos de anulación que admite el
proceso electoral (objetivas, subjetivas y genéricas) pueden encauzar el debate
en cuanto a la circunstancia concreta que afecta la elección –v.g. falsedades en
documentos electorales, inhabilidad del elegido, infracción de la norma en que
debió fundarse, expedición irregular–, pero lo que define las temáticas de fondo
es el marco jurídico que ofrece el propio demandante.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00148-00 y 11001-03-28-000-2022-00149-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
28 Sobre el requisito de la demanda relativo a los fundamentos de derecho de las pretensiones,
ver: Santofimio, J. (2004). Tratado de derecho administrativo, tomo III, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, pág. 471.
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Tratándose de los procesos promovidos por el señor Abuchaibe Escolar, ha
habido acuerdo en la Sección en cuanto a estudiar la causal de nulidad por
infracción de norma superior, específicamente el artículo 262 de la Constitución
Política. Así lo consignan las providencias que menciona el propio demandante
en los alegatos de conclusión29.
Dilucidado este aspecto de orden formal, se abordará el estudio de fondo, a través
de la revisión de cada uno de los requisitos que establece la aludida norma
constitucional para la inscripción de listas de candidatos a corporaciones públicas
en coalición, en el caso de aquella que integró el representante Alfredo Mondragón
Garzón.
a) Partidos o movimientos políticos con personería jurídica
Una de las pocas diferencias que existe entre las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales y listas a corporaciones públicas es que en las
primeras pueden participar grupos significativos de ciudadanos, mientras que las
segundas están reservadas a los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica.
Esta restricción puede explicarse en la necesidad de promover un esfuerzo
electoral individual a los grupos significativos para obtener este atributo a través
de las votaciones al Congreso de la República, que son las que lo otorgan, en
condiciones normales, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución
Política.
La coalición Pacto Histórico se conformó, en lo que atañe al caso concreto, para
inscribir lista de candidatos a la Cámara de Representantes de la circunscripción
departamental del Valle del Cauca. Se extrae del formulario E-6 que estuvo
integrada por las siguientes agrupaciones políticas 30:
009 Partido Polo Democrático Alternativo
010 Partido Colombia Humana – Unión Patriótica “UP”
012 Movimiento Alternativo, Indígena y Social “MAIS”
016 Movimiento Alianza Democrática Amplia
301 Movimiento Político Colombia Humana
303 Partido Comunista Colombiano
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de (admisorio), Rad. 11001032800020220008400,
MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 23 de mayo de 2022, Rad. 110010320220008800, MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
30 Conforme al ejemplar aportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, visible en la
anotación 14 de SAMAI.
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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00150-00
El demandante no pone en duda que el movimiento político Colombia Humana
cumpla el requisito de personería jurídica para hacer parte de la coalición Pacto
Histórico. Por el contrario, subraya que esta le fue reconocida por el Consejo
Nacional Electoral, a órdenes de la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional. Sin embargo, interpreta que la forma en que adquirió ese atributo
pone en evidencia que no es un partido pequeño que pueda hacer parte de una
“coalición de minorías”, sino una fuerza política que obtuvo más de 8 millones de
votos en las elecciones presidenciales que antecedieron a las del Congreso del
año 2022.
Además, en los alegatos de conclusión apela al dicho de la Corte en aquel fallo,
en cuanto a que “las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones
indirectas, ontológicamente de mandato representativo” (subrayado adicional). De
ahí el enlace temático que hace la parte actora entre los artículos 262 y 108 de la
Carta.
La Sala no comparte este planteamiento del demandante para aplicar el artículo
262 de la Constitución Política, en razón a que, cuando este precepto superior
exige la personería jurídica para participar en estas coaliciones, no introduce
ningún elemento adicional ni necesariamente remite a las reglas de adquisición
de esa cualidad, las cuales, ciertamente, exceden lo dispuesto en el artículo 108
superior.
En efecto, esta Sección ha hecho un recuento de las diferentes formas en las que
es posible adquirir personería jurídica como organización política:
“De esta forma, se mantienen vigentes hasta el momento dos mecanismos
definitorios de la personería jurídica, uno ordinario, representado en un
mínimo de respaldo popular en las urnas (umbral) y otro excepcional,
determinado por el triunfo de algún candidato (curul) en las circunscripciones
especiales, sobre el cual se ocupará esta providencia en el acápite siguiente.
Además, conforme a los recientes desarrollos constitucionales y legales, se
ha abierto el camino para el reconocimiento de la personería jurídica a través
de otros mecanismos institucionales, como el Acuerdo de Paz de 2016, la
posibilidad de escisión y otras situaciones especiales que de conformidad con
la jurisprudencia han ameritado una interpretación de las reglas generales de
cara a los derechos fundamentales y principios constitucionales”31.
31 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-
24-000-2011-00221-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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La situación del movimiento político Colombia Humana encuadra en la última de
las hipótesis descritas, en la medida en que su personería jurídica resultó de una
orden judicial que, en palabras de la Corte, fue dictada “en aplicación de una
interpretación expansiva del principio democrático”32.
Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con las “elecciones indirectas” al
Congreso de la República, si bien la Corte Constitucional hace este símil en la
aludida sentencia de unificación, lo cierto es que los votos que otorgan el derecho
a ocupar las curules de la oposición en Senado y Cámara se reciben en las
elecciones para presidente de la República, en circunscripción nacional. Sobre
este punto, explicó esta Sala:
“(…) Si bien es claro que la referida corporación judicial [se alude a la Corte
Constitucional] hizo referencia a la necesidad de contar con un factor objetivo
que permitiera establecer el apoyo ciudadano, para lo cual, acudió al valor del
3% de los votos válidos de una elección conforme lo señala el artículo 108 de
la Constitución, lo cierto es que dicha circunstancia no implica, en sí misma,
que la elección presidencial y el ejercicio del derecho personal adquieran la
connotación de elecciones parlamentarias o a otro tipo de corporaciones
públicas”33.
Adicionalmente, se ha reparado en que la Corte Constitucional no estableció en
dicha providencia parámetro alguno para la aplicación del artículo 262
constitucional:
“(…) [N]o existe en dicho pronunciamiento ninguna regla o consideración
relacionada con la manera en que ha de aplicarse lo dispuesto en el inciso
quinto del artículo 262 de la Constitución, ni puede entenderse que la
necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral
exigido para el reconocimiento de personería jurídica en casos como el
estudiado en esa oportunidad tenga un impacto sobre el aspecto que aquí se
estudia, pues se trata de reglas constitucionales diferentes”34.
De esta forma, se concluye sobre el primer requisito que, para efectos de inscribir
listas en coalición a corporaciones públicas, no es admisible la relación que
plantea el demandante entre los artículos 262 y 108 de la Constitución Política
para adelantar la inscripción de candidatos en coalición, habida cuenta que lo
relevante para efectos de la conformación de la coalición Pacto Histórico y la
inscripción de su lista a la Cámara de Representantes en la circunscripción
departamental del Valle del Cauca es que Colombia Humana contaba con
32 Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021. Alejandro Linares Cantillo.
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-00 0-
2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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personería jurídica en ese momento. Cumplido este requisito, no atañe al juez de
la legalidad de la elección examinar la manera en que fue adquirido.
b) Tope del quince por ciento (15% ) de los votos válidos obtenidos por
los partidos que integran la coalición en la respectiva circunscripción
Verificada la personería jurídica, los partidos que se coaliguen para inscribir listas
de candidatos a corporaciones públicas deben acreditar un requisito cuantitativo
y objetivo, referido a que “sumados hayan obtenido una votación de hasta el
quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción”.
Acerca de este presupuesto, no ha pasado inadvertido por la Sala que la norma
constitucional omite señalar expresamente a qué elecciones debe acudirse para
determinar la votación que ha de sumarse con el fin de calcular el porcentaje
máximo que exige la norma constitucional. Este ingrediente es de la mayor
importancia, habida cuenta que en una misma circunscripción se eligen diferentes
tipos de cargos, tanto uninominales, como para corporaciones públicas.
Ante tal imprevisión, y atendiendo a la finalidad del precepto, la posición
mayoritaria de la Sala sostiene que se trata de los votos obtenidos en elecciones
de idéntica naturaleza que se hayan realizado para el periodo inmediatamente
anterior en la misma circunscripción electoral, excluyendo en todo caso la
posibilidad de que se acuda a votaciones para elegir cargos uninominales. Sobre
el punto, se ha dicho:
“(…) Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la sala es claro
que la restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262 superior,
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a evitar que las
fuerzas políticas que cuentan con amplia participación en una determinada
corporación pública puedan unirse para la siguiente elección de la misma
naturaleza, con el fin de aumentar su representación en ella, en desmedro de
las organizaciones que cuentan con un menor número de integrantes o que
carecen de representantes en tales cuerpos colegiados. Lo anterior, con el
objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen las colectividades con baja
o ninguna representación de conservar o alcanzar dichos escenarios
democráticos.
Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se tomen en
consideración los resultados obtenidos por un determinado partido o
movimiento en una elección diferente a aquella para la cual se busca
presentar una lista en coalición, incluso si se ha presentado en la misma
circunscripción”35.
35 Id.
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También se ha abordado el concepto desde esta arista:
“[S]i la lista de candidatos por coalición a una corporación pública busca
participar en las elecciones para elegir representantes en un departamento o
a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual antes referido se mira
respecto del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y movimientos
coaligados en el espacio geográfico que se corresponda con aquel en el cual
se lleva a cabo la elección.
Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de circunscripción, que
como se expuso en forma precedente, refiere al marco territorial en el cual los
ciudadanos pueden depositar sus votos que soportarán la declaratoria de
elección que posteriormente realiza la autoridad electoral. Bajo esta
consideración, es claro que la figura referida deviene en un elemento objetivo
y verificable que permite establecer la fuerza electoral de los partidos
coaligados que pretenden acceder a un espacio de representación en una
corporación pública.
Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo a nivel nacional, mientras que los
representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los departamentos
que conforman el territorio colombiano” (negrillas del original)36.
De modo que al interior de la Sección hay consenso en cuanto a que los votos
obtenidos por Colombia Humana, cuando era grupo significativo de ciudadanos,
en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República de 2018,
corresponden a una circunscripción nacional, que no equivale a la respectiva
circunscripción departamental de Valle del Cauca para la Cámara de
Representantes, donde se eligieron los congresistas en ese mismo año. Por tal
razón, cual no podían tenerse en cuenta para conformar la coalición e inscribir
lista de candidatos a dicha corporación.
Contrario a esta postura y profundamente ligado con su interpretación sobre el
requisito de la personería jurídica, que se estudió previamente, el demandante
resalta que Colombia Humana llegó al Pacto Histórico con unos votos que, si bien
no fueron en estricto sentido depositados para elegir al Congreso de la República
en el año 2018, representaron la segunda votación para presidente y
vicepresidente de la República y se tradujeron en una “elección indirecta” al
Senado y la Cámara, según lo señaló la Corte Constitucional.
Además, repara en que estos comicios aportaban unos resultados constatables
para dicho movimiento político, que debieron computarse a la mencionada
coalición y que podían determinarse sin dificultades para la circunscripción
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-00 0-
2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
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departamental del Valle del Cauca, a efectos de inscribir la lista que interesa a
este asunto, en lugar de registrársele cero (0) votos, como ocurrió.
La Sala no puede admitir esta lectura, mucho menos con los antecedentes que
han madurado la tesis que mejor contribuye al efecto útil del inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política y sobre la base de que esta norma
consagra un derecho fundamental de las organizaciones políticas, íntimamente
relacionado con el principio democrático que defiende la Carta, que impone la
interpretación que maximice su realización. Esta Sección expuso las siguientes
reflexiones al respecto:
“(…) [E]s claro que los resultados obtenidos por el movimiento político
Colombia Humana en los comicios del 2018 para la elección del presidente y
vicepresidente de Colombia no pueden ni deben tenerse en cuenta para
efectos de determinar el 15% que prevé el artículo 262 de la Constitución
Política. Lo anterior, por cuanto carecería de sentido pretender que se tomen
en consideración los votos obtenidos por un determinado partido o
movimiento en una elección diferente a aquella para la cual se busca
presentar una lista en coalición, en tanto que la norma prevé dicha posibilidad,
precisamente para alcanzar la representación política y democrática en
aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos minoritarios
no tienen una participación significativa”37.
Aunado a lo anterior, se ha observado la imposibilidad de establecer la votación
que habría sido depositada a favor de Colombia Humana en esos comicios
nacionales, es decir, cuántos votos le pertenecen dentro de la coalición “Petro
Presidente”, que conformó con el partido MAIS, para inscribir al actual mandatario
nacional y quien en esa oportunidad obtuvo la segunda votación y la curul de la
oposición en el Senado.
Sobre el punto, se ha señalado que, “[e]n atención a la forma de participación, se
tiene entonces que los votos depositados a favor de dicha opción política se
contabilizan al candidato presentado por la coalición, sin que sea posible
identificar si los mismos pertenecen a una u otra de las organizaciones que hacen
parte del acuerdo”38.
Así las cosas, eran los resultados de la elección a la Cámara de Representantes
del Valle del Cauca, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2018, los que debían
registrarse al momento de la inscripción de la lista de candidatos que integró el
demandado, como se exigió desde el mismo formulario E-6 CT:
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-00 0-
2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
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Para el caso de Colombia Humana, se destaca que este dato figuró en ceros (0),
habida cuenta que no participó en las elecciones del Congreso de la República
del año 2018.
Sobre esta actuación, debe igualmente destacarse que para la época preelectoral
en la que se enmarca este litigio, el Consejo Nacional Electoral emitió el concepto
al que se hizo referencia en esta providencia, en el que esa autoridad electoral
analizó los efectos prácticos del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución
Política y sentó un parámetro de conducta a la hora de llevar a cabo el acto de
inscripción de listas en coalición a corporaciones públicas. En tal sentido, a los
partidos que no hubiesen participado en las elecciones del Congreso de la
República del 11 de marzo de 2018, no se les sumaría ningún voto al momento
de la inscripción para la misma corporación en el año 2022 y así se hizo para el
caso del acto previo a la elección cuya legalidad se impugna.
A esta altura, cabe anotar que, según lo advierte el Ministerio Público, no se
conoce en el proceso el dato exacto de los votos válidos de las elecciones a la
Cámara de Representantes del Valle del Cauca del 11 de marzo de 2018, lo que
impide precisar si los 53.813 votos de la coalición Pacto Histórico superaron o no
el 15% de ese referente. Sin embargo, la censura no se centra en esta cifra, sino
en los 888.023 votos que aportaba Colombia Humana, de habérsele computado
la votación que obtuvo su candidato en las elecciones presidenciales del 2018.
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Con este derrotero, se reitera la conclusión a la que ha llegado esta Sala en
asuntos parecidos al presente, en cuanto a que la votación consignada en el
formulario E-6 CT, por el cual se realizó la inscripción de la lista de candidatos de
la coalición Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca
para el periodo 2022-2026, integrada por el demandado, es la de los comicios
equivalentes para el periodo 2018-2022. En esa medida, cumple con el requisito
del artículo 262 de la Constitución Política.
Las consideraciones anteriores también conducen a desestimar, al igual que lo ha
hecho la Sala en casos similares, el cargo de expedición irregular del acto de
elección acusado, que la parte actora ubica en la fase de inscripción de la lista de
candidatos, debido a la cifra de la votación reconocida al partido Colombia
Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.
No sobra recordar que esta causal se verifica cuandoquiera que se desconocen
etapas o exigencias de orden procedimental para que el acto pueda surgir
válidamente a la vida jurídica, que apuntan a garantizar los derechos de audiencia
y defensa, la igualdad entre los interesados, la publicidad y el debido proceso 39.
Así mismo, se ha precisado que no se trata de cualquier inconsistencia en el
trámite, sino de aquellas de tal entidad que afecten el sentido de la decisión40.
Siendo así, en materia electoral es posible estructurar este vicio en los eventos en
que “se omiten formalidades que afectan de manera determinante la trasparencia
de un proceso electoral y su correspondiente resultado”41.
Contrario a estas hipótesis, en el caso concreto se ha verificado que el formulario
de inscripción E-6 CT contiene la votación que obtuvieron los partidos que
conformaron la coalición Pacto Histórico en las elecciones del 11 de marzo de
2018 para la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca,
que coincide con la “respectiva circunscripción” de los comicios del 13 de marzo
de 2022, según se expuso previamente. Por lo tanto, no se advierte que en esta
actuación de la etapa preelectoral se pretermitiera algún requisito constitucional o
legal para adelantarla.
En suma, el acto de elección del señor Alfredo Mondragón Garzón, como
representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca, no infringió
el artículo 262 de la Constitución Política ni fue expedido de forma irregular, por
39 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad.
76001-23-33-000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 9 de septiembre de
2021, Rad. 23001-23-33-000-2020-00004-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
40 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2021, Rad. 73001-23-33-00 0-
2020-00327-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-00 0-
2014-00112-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandado: Alfredo Mondragón Garzón
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00150-00
cuenta de la aplicación del porcentaje de votación que se tuvo en cuenta para el
partido Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico que inscribió la
lista de candidatos en la etapa preelectoral. Por consiguiente, se negará la
pretensión de nulidad formulada en la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección del representante
a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca, Alfredo Mondragón
Garzón, para el periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM,
proferido por la comisión escrutadora departamental el 1º de abril de 2022.
SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento parcial de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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