Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01648-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
8 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y
prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del 16
de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera
de Decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
63001-3333-006-2022-00030-02. Ese proceso fue adelantado por la accionante
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y contra el Municipio de Armenia para que se
declarara la nulidad del acto ficto que negó el pago de las cesantías y sus intereses
correspondientes al año 2020, así como el pago de la respectiva sanción moratoria.
En la providencia objeto de reproche se confirmó la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Se declara la improcedencia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 31 de marzo de 2023, mediante apoderada judicial, Edelmira Vanegas
Monteagudo interpuso acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la
administración de justicia, y a los principios de favorabilidad laboral, perpetuatio
jurisdictionis y aplicación del precedente vulnerados, en su concepto, por el tribunal
accionado al negar el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO en la sentencia proferida el día 16 de marzo de 2023, en el expediente
rad. No. 63001-3333-006-2022-00030-02, transgredió los derechos fundamentales:
AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
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Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
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3.1.- Desde el 20 de febrero de 1997 trabaja como docente oficial en el municipio
de Armenia. Dada la fecha de vinculación, le es aplicable el régimen anualizado de
cesantías.
3.2.- El Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador, omitió consignar
en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG las
cesantías e intereses correspondientes al año 2020.
3.3.- El 14 de julio de 2021 la accionante presentó reclamación administrativa para
que se reconociera el pago de las cesantías e intereses debidos, así como la
respectiva sanción moratoria, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
3.4.- Ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación, la accionante presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto.
3.5.- El 29 de junio de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia profirió
sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.
Concluyó que la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la
indemnización por el no reconocimiento de sus intereses no son procedentes para
los docentes afiliados al FOMAG, pues estos tienen un régimen especial de
cesantías.
3.6.- La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión.
Sostuvo que la ley, la jurisprudencia constitucional (en particular, la sentencia SU-
098 de 2018) y el precedente de esta Corporación (se refiere a la sentencia del 20
de enero de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2017-00931-01) permiten que a
los docentes oficiales se les aplique lo previsto en la Ley 50 de 1990 en materia de
cesantías y la sanción moratoria, en igualdad de condiciones con los otros
servidores públicos.
3.7.- Mediante sentencia del 16 de marzo del 2023 el Tribunal Administrativo del
Quindío confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal consideró que no existe
una posición pacífica en la jurisprudencia frente al reconocimiento de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías a favor de los docentes, en los términos
de la Ley 50 de 1990. Precisó que, dada la indeterminación del precedente y en
virtud de la autonomía judicial, era viable concluir que el régimen de los docentes
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Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
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es especial y se encuentra regulado en las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, pero
no en la Ley 50 de 1992.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Aunque la accionante no encuadra sus reparos en los defectos desarrollados por
la jurisprudencia constitucional, a partir de los argumentos esgrimidos se infiere que
reprocha la configuración de (i) un defecto sustantivo, (ii) un desconocimiento de
las reglas jurisprudenciales y (iii) una violación directa de la Constitución.
4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las
Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en
que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional
de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de
empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos
correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.
4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese Fondo
y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la
disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías
parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad
financiera del Fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción
moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995
y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el
trabajador al fondo en el cual está afiliado).
4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los
docentes oficiales, no es del todo excluyente con las reglas generales previstas para
los demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa Ley indica que las
prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero
de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.
4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 les sería aplicables a la
accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La
primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
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mismas a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado1. Es
esta sanción moratoria la que exige la accionante. Así, la Ley 344 de 1996 extendió
la aplicación de la Ley 50 de 1990 a ciertos empleados públicos.
4.1.4.- También se exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio de la
accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de
1996) le son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.
4.1.5.- Por otro lado, se reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se
rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio
no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el
régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de
consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras,
en virtud de la Ley 50 de 1990 el Ministerio de Educación Nacional debe consignar
oportunamente las cesantías al FOMAG y una vez pagadas, el Fondo las
administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son
excluyentes y se refieren a asuntos distintos.
4.2.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, la accionante
afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional
como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.
4.2.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041
de 2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad,
la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales, en lo que atañe a la
sanción moratoria, como quiera que esta no fue prevista en el régimen especial. Así
se garantiza el principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los
empleados públicos. Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.
1 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella
regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no
afilia al trabajador a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada
año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le
paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.
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Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
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4.2.2.- Igualmente invoca veintidós (22)2 sentencias proferidas por esta
Corporación, y once (11)3 providencias proferidas por distintos juzgados
administrativos.
2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero
de 2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera
Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001-23-33-
000-2014-00173-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10
de junio de 2019, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra
Liseth Ibarra; sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01,
Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A,
C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-
01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021,
radicado No. 08001-23-31-000-2014-00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda
Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33-
000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de
noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P.
Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-40-000-2017-00134-01,
Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2015-
90008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de
2021, radicado No. 080001-23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William
Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado
No. 080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez;
sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001-23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001-23-40-
000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19
de mayo de 2022, radicado No. 47001-23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P.
Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección
Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08001-
23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22
de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P.
César Palomino Cortés.
3 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-2022-
00115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de
2022, radicado No. 05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de
Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-33-
33-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de
septiembre de 2022, radicado No. 680013333002202200065-00 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 680013333009-2022-
00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022,
radicado No. 27001-33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó;
sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-2022-
00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023
radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de
Bogotá.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Se declara la improcedencia
4.3.- Por último, alega una violación directa de la Constitución. Ello, por cuanto se
desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por
no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un
régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos
favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato
discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello
conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.
4.4.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de
unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica
en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima
en las providencias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que
desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la
seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero
reitera que para ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo
cual no sucedió en este caso.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado Sexto Administrativo de Armenia (tercero con interés) solicita que se
declare la improcedencia por falta de relevancia constitucional. Señala que en la
sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional declaró la improcedencia de una
acción de tutela similar a esta, pues lo que se pretende es la salvaguarda de
intereses económicos de orden legal. Indica que esa postura ha sido aplicada por
esta Corporación4. Además, la sentencia cuestionada se fundamentó en derecho y
las pruebas allegadas, sin que la jurisprudencia invocada resultara aplicable porque
no comparte los mismos fundamentos fácticos: esas sentencias se refieren a casos
en los que los docentes ni siquiera estuvieron vinculados al FOMAG.
6.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG
(tercero con interés) también solicita que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo, pues considera que no se argumentaron suficientemente los requisitos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
4 Se citan los fallos de tutela de la Sección Quinta, C.P. Luís Alberto Álvarez Parra, 9 de julio de 2020, radicado:
11001-03-15-000-2019-05205-01 y C.P. Rocío Araújo Oñate, 28 de mayo de 2020, radicado: 11001-03-15-000-
2020-01384-00, en las que precisamente se aplicó la SU-573 de 2019.
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6.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual
amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la
Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cada
uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de
consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.
6.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuestados en cada vigencia y
son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -
FONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías.
Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen los
reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en
cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el
Fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja
y no por cuentas individuales.
6.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de
1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13;
Decreto 3752 de 2003, y Ley 1955 de 2019, artículo 57.
6.4.- Finalmente sostiene que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante porque las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de
conformidad con las pruebas y procedimientos legales.
7.- El Tribunal Administrativo del Quindío (accionado), y el Municipio de Armenia
(tercero con interés) guardaron silencio, pese a haber sido debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
8.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo, por cuanto no se encuentra acreditado el requisito de
relevancia constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida
en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en
la apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso
ordinario5.
5 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido
proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición
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E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad
9.- En todo caso, se advierte que la providencia objeto de reproche no incurrió en
los defectos alegados por la accionante. Los defectos invocados se analizarán en
conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la
Constitución se resuelven al estudiar las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.
10.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que
(i) identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii)
sustenten suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además,
también ha señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y
pacífico, pues de lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según
las exigencias y particularidades del caso6.
11.- En este caso se considera que el tribunal accionado cumplió con las dos cargas
señaladas y que, además, no es cierto que exista una postura unificada en la
materia. Frente a lo primero, se advierte que en la providencia accionada se
identificó la sentencia SU-098 de 2018 (que fundamenta las otras sentencias
invocadas por la parte actora, tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo
de Estado) y se citaron en extenso sus consideraciones. De igual manera se citaron
varias sentencias de esta Corporación que han adoptado la postura señalada en
esa sentencia de la Corte Constitucional. Esto es, se referenciaron expresamente
las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó el tribunal.
11.1.- A continuación, el tribunal desarrollo las razones para apartarse de ese
precedente, que se resumen así:
<<A pesar de lo anterior (…) se fundamentan varias razones para no estar de acuerdo con
lo señalado en dicha providencia indicando lo siguiente:
a. Expone que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
tiene como finalidad regular la situación prestacional de los empleados del sector
mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito.
6 Entre otras, la sentencia SU-354 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Se declara la improcedencia
privado, condicionada a la escogencia libre del fondo para la administración de las
cesantías.
b. Indica que de la interpretación de la Ley 344 de 1996 y los Decretos Nos. 1582 de
1998 y 1252 de 2000 no se estableció de manera univoca la aplicación de la Ley 50
de 1990 a los docentes regulados por la Ley 91 de 1989, por lo que no existe norma
que haya extendido la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a los
docentes regulados por el régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989.
c. Es equivoco invocar el principio de favorabilidad para aplicar la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990 a los docentes, toda vez que no hay conflictos de disposiciones
aplicables o una dualidad de interpretaciones de una misma disposición, toda vez
que el legislador creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
con la finalidad de unificar el sistema de prestaciones a los docentes del sector
público y la Ley 50 de 1990 tuvo como finalidad establecer un sistema de cesantías
anualizado y eliminar la retroactividad de las mismas en el sector privado, por lo
tanto los dos sistemas son disímiles, con características distintas y fondos de
administración de esas prestaciones diferentes, uno público y otros privado.
d. Aplicar la Ley 50 de 1990 al sector docente conforme lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 344 de 1996 y el Decreto No. 1252 de 2000, conlleva al desconocimiento
de la naturaleza especial del régimen prestacional docente, creando una nueva
regla para aquellos maestros vinculados a partir del año 1996 o 2000, vulnerándose
el principio de inescindibilidad normativa.
e. De lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de 1990 existen las siguientes
diferencias:
(i) Se puede extraer que para los docentes se estableció una regulación
especial administrada por el fondo público obligatorio y conforme con lo
establecido en la Ley 50 de 1990 se puede escoger libremente el fondo de
cesantías que mejor rentabilidad pueda generar.
(ii) La liquidación y manejo de las cesantías tratándose de la Ley 50 de 1990 se
previó una liquidación definitiva al 31 de diciembre, debiéndose consignar
las cesantías antes del 15 de febrero en una cuenta individual a su nombre,
en cambio en el sector docente el FOMAG se financia de manera distinta,
por cuanto sus recursos provienen del Sistema General de Participaciones
para educación y las cesantías de conformidad con el Acuerdo No. 39 se
deben remitir a la Oficina Regional del Fondo las liquidaciones anuales de
las cesantías de los docentes a su cargo, reportados en los formatos
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional.
(iii) Los valores que se giran por el Ministerio de Hacienda para financiar el
FOMAG son manejados bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda
la consignación individual propia de la Ley 50, ya que los recursos que
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Se declara la improcedencia
financian el FOMAG son destinados para cubrir las prestaciones cuando
estas sean exigibles, en el caso de las cesantías docentes cuando reclame
la cesantía parcial o tenga derecho a la cesantía definitiva. (…)
(iv) El legislador no consagró la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías anualizadas a favor de los docentes afiliados al FOMAG, ya que
estableció otros beneficios que no gozan la población del régimen
establecido en la Ley 50 de 1990, como es el caso del reconocimiento de
intereses a las cesantías sobre el monto de la cesantía consolidada.
f. Para los docentes se establecieron las sanciones moratorias por el pago tardío de
las cesantías parciales o definitivas, de conformidad con lo señalado en las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, tal como se dijo en la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-012-2018>>.
11.2.- Además, el tribunal accionado identificó otras sentencias, tanto de la Corte
Constitucional como de esta Corporación7, que sustentan la posición adoptada.
Entre ellas se destaca la sentencia SU-573 de 2019, en la que se conocieron varias
acciones de tutela contra providencias fundadas en los mismos supuestos que
originaron este caso y en la que se concluyó que la sentencia SU-098 de 2018 no
era un precedente aplicable porque partió de un supuesto distinto, en el que los
docentes ni siquiera estaban vinculados al FOMAG.
11.3.- A partir de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existe una
postura jurisprudencial unificada y, en todo caso, existen motivos para apartarse del
precedente invocado por la parte actora. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido
en otras ocasiones la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se
identifiquen las sentencias y reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los
motivos para ello8.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
7 El tribunal referenció las siguientes sentencias de esta Corporación que sustentan su postura: sentencia del
24 de enero de 2019 Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez, radicado No. 76001-
23-31-000-2009-00867-01; sentencia del 27 de noviembre de 2020, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación
08001-23-33-000-2015-00407-01; y la sentencia del 11 de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez,
radicación 08001-23-33-000-2015-00583-01.
8 Sentencia del 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-04837-00, con ponencia de este
despacho.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01648-00
Accionante: Edelmira Vanegas Monteagudo
Se declara la improcedencia
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional frente a los cargos elevados.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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