Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06177-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06177-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06177-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
7 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06177-00
Accionante: Lina María Ramírez Vergara
Se declara la improcedencia por falta de relevancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06177-00
Accionante: Lina María Ramírez Vergara
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Cuarta de Decisión y
otros
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y
prestacional de los docentes oficiales / Desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales / Se declara la improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 28 de junio de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Cuarta de Decisión,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 70-001-33-33-002-
2021-00196-01. Ese proceso fue adelantado por la accionante contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG) y el Departamento de Sucre, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la
sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y sus intereses
correspondientes al año 2020. En la providencia objeto de reproche se revocó la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones y, en su lugar, se
negaron estas.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Lina María Ramírez Vergara
Se declara la improcedencia por falta de relevancia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 7 de septiembre de 2023 la señora Ramírez Vergara presentó, en nombre
propio, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia. A juicio de la actora, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas
con ocasión de la sentencia del 28 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Cuarta de Decisión, en la que se revocó la sentencia
de primera instancia que accedió a las pretensiones y, en su lugar, negó estas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 70-001-33-33-002-
2021-00196-01.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):
<<1. Teniendo en cuenta el precedente del tribunal administrativo Del Valle del
Cauca bajo el radicado 76111-33-33-003-2022-00235-01. Donde accede a las
pretensiones de la demandante con base a la Sentencia CE- SUJ-SII-022-2020, SU
018 de la Corte Constitucional, ley 344 de 1996 y demás concordante , solicito,
muy respetuosamente dar aplicabilidad el derecho a la igualdad.
2. Concederme el amparo al derecho a la igualdad, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, en conexidad con el principio de seguridad jurídica,
favorabilidad y desconcentración de la rama judicial.
3. Ordenar el amparo de mi derecho a la igualdad ante la ley por conservar los
mismos supuestos de hecho y de derecho dela docente beneficiada dentro del
radicado 76111-33-33-003-2022-00235-01.
4. En consecuencia, ordenar a quien corresponda FOMAG -FIDUPREVISORA S.A,
reconocerme la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías de
que trata la ley 50 del 90 y ley 344 de 1996 de los años 2019, 2020,2021,2022.
5. En consecuencia, ordenar a quien corresponda FOMAG – FIDUPREVISORA S.A
reconocerme la indemnización moratoria por la no consignación de los intereses a
las cesantías de que trata la ley 52 de 1975 de los años 2019, 2020,2021,2022.
6. De ser posible Declarar el efecto Inter comunis para docentes con las mismas
características a fin de evitar más desgaste judicial y que por vía administrativa se
reconozca esta indemnización moratoria.
Por todo lo anterior, ordenar el reconocimiento, liquidación y pago de la
indemnización moratoria consagrada en la ley 50 de 1990, ley 344 de 1996>>.
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Accionante: Lina María Ramírez Vergara
Se declara la improcedencia por falta de relevancia
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Se vinculó al servicio educativo estatal en vigencia de la Ley 91 de 1989. En
consecuencia, le es aplicable el régimen anualizado de cesantías. Labora con una
entidad territorial certificada en educación por el Departamento de Sucre.
3.2.- El Ministerio de Educación Nacional omitió consignar en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG las cesantías e intereses
correspondientes al año 2020.
3.3.- El 12 de julio de 2021 la accionante presentó reclamación administrativa para
que se reconociera el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y la indemnización
por el pago extemporáneo de sus intereses. Dicha petición le fue remitida por
competencia a La Fiduprevisora S.A.
3.4.- Mediante Oficio No. 20210172224951 del 02 de septiembre de 2021 se le negó
el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y de
la indemnización por el pago tardío de los intereses.
3.5.- La accionante promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
para que se declarara la nulidad del mencionado acto administrativo y se condenara
a la entidad demandada al pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50
de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de
febrero de 2021, fecha en que se debió consignar el valor de las cesantías del año
2020 en el respectivo fondo. De igual manera, pidió el reconocimiento de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, de conformidad
con el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de
1991.
3.6.- El 9 de septiembre de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda: declaró la nulidad parcial del acto administrativo
demandado y condenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG al
reconocimiento y pago de sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, desde
el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se acreditara el pago.
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3.7.- Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión.
La accionante sostuvo que se debió reconocer la indemnización por el pago tardío
de los intereses a las cesantías, en aplicación integral de la Ley 50 de 1990. Por su
parte, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG indicó que a los
docentes afiliados al FOMAG no les es aplicable el régimen de sanción moratoria
previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que ellos cuentan con un
régimen especial prestacional contemplado en la Ley 91 de 1989.
3.8.- Mediante sentencia del 28 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Sucre
– Sala Cuarta de Decisión revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda. El tribunal consideró que la sanción moratoria e
indemnización que pretendía la actora eran incompatibles con el régimen especial
de los docentes, pues en la ley especial no existe un plazo para la consignación de
las cesantías e intereses y, además, estas no son consignadas en cuentas
individuales. También explicó que la sentencia SU-098 de 2018 no era aplicable al
caso concreto porque partía de supuestos distintos.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega un desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, en la
medida que el tribunal accionado no tuvo en cuenta la sentencia SU-018 de 20181
proferida por la Corte Constitucional, en la que se reconoció la sanción moratoria
por consignación extemporánea de las cesantías a favor de los docentes. Agrega
que esa omisión viola el principio de la seguridad jurídica.
5.- Indica que en un caso idéntico al suyo2, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca le reconoció a la demandante el pago de la sanción moratoria por la falta de
pago de las cesantías y la indemnización por el pago extemporáneo de sus
intereses. En ese sentido, insiste en que debe dársele el mismo trato so pena de
vulnerar su derecho fundamental a la igualdad.
D. Oposiciones e intervenciones
6.- El Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Cuarta de Decisión3 (accionado)
solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo. Señaló que la acción
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La actora, a su vez, referenció la sentencia <<CE-SUJ-SII022-2020>> en la que se reiteran las pautas
fijadas en la sentencia SU-018 de 2018.
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En el proceso con radicado No. 76111-33-33-003-2022-00235-01.
3
Si bien en el auto admisorio se señaló que la autoridad accionada era la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó a la Secretaría General del
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Accionante: Lina María Ramírez Vergara
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no satisface el requisito de relevancia constitucional porque la accionante pretende
hacer de la tutela una tercera instancia del proceso ordinario. Sostuvo que, en todo
caso, la decisión que dictó se fundamentó en un análisis completo de las pruebas
obrantes en el expediente ordinario y en la jurisprudencia aplicable. Agregó que los
supuestos fácticos de la actora eran disimiles a los analizados en la sentencia SU-
098 de 2018 y a las demás sentencias del Consejo de Estado que han aplicado la
sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cuanto, en
esos casos, los docentes ni siquiera se encontraban afiliados al FOMAG.
7.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG
(accionada) solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, así como
su desvinculación del proceso. Adujo que la parte actora no argumentó
suficientemente los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
7.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual
amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la
Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cada
uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de
consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.
7.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuestados en cada vigencia y
son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -
FONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías.
Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen los
reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en
cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el
fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja
y no por cuentas individuales.
7.3.- Afirmó que las sentencias invocadas por la accionante no constituyen un
precedente vinculante, pues resolvieron casos particulares y distintos al presente.
Agregó que, en todo caso, no se vulneraron sus derechos fundamentales porque
las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de conformidad con las
pruebas y procedimientos legales.
Tribunal Administrativo del Sucre, y esta, a su vez, le remitió la providencia a la Sala Cuarta de Decisión, por
ser la que había proferido la sentencia objeto de reproche.
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Accionante: Lina María Ramírez Vergara
Se declara la improcedencia por falta de relevancia
8.- La Nación - Ministerio de Educación (accionado) solicitó declarar la
improcedencia de la acción. Alegó que la tutela no satisface el presupuesto de la
relevancia constitucional porque no se advierte una vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora, toda vez que la sentencia acusada se fundamentó
en la normativa y jurisprudencia aplicable. Agregó que la sentencia SU-098 de 2018
contenía presupuestos distintos al de la accionante, por lo que no constituía un
verdadero precedente vinculante para el caso concreto.
9.- El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo (tercero con interés) allegó
copia del expediente ordinario, pero no rindió informe.
10.- El Departamento de Sucre (tercero con interés) guardó silencio, pese a estar
debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
11.- En primera medida, vale precisar que si bien la accionante formuló pretensiones
contra el FOMAG y La Fiduprevisora S.A., se advierte que estas coinciden con lo
que se discute en la sentencia objeto de reproche, razón por la cual la Sala analizará
la acción de tutela únicamente contra la providencia judicial.
12.- Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional, en la medida que se reiteran argumentos que fueron
abordados y resueltos dentro del proceso ordinario4. También se negará la solicitud
de desvinculación elevada por La Fiduprevisora S.A., en tanto dicha autoridad obra
en calidad de vocera y administradora del FOMAG, por lo que se considera que su
comparecencia es indispensable para resolver el litigio.
E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad
4
El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido
proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito.
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Se declara la improcedencia por falta de relevancia
13.- En todo caso, la providencia objeto de reproche no incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente, por lo que ese cargo no tenía vocación de
prosperidad.
13.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que
(i) identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii)
sustenten suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además,
también ha señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y
pacífico, pues de lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según
las exigencias y particularidades del caso5.
13.2.- En este caso el tribunal accionado cumplió con las dos cargas señaladas y,
además, al momento de proferir la sentencia cuestionada no existía una postura
unificada en la materia. Frente a lo primero, se advierte que en la providencia
accionada se identificó la sentencia SU-098 de 2018 (que fundamenta las otras
sentencias invocadas por la accionante, tanto de la Corte Constitucional, como del
Consejo de Estado). De igual manera se aceptó que existen varias sentencias de
esta Corporación que han adoptado la postura señalada en esa sentencia de la
Corte Constitucional. Así las cosas, el tribunal accionado señaló expresamente las
reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó.
12.3.- A continuación, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese
precedente, así:
<<En esta ocasión pretende la actora que se reconozca la sanción moratoria del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de sus cesantías
a 15 de febrero de 2021 en su cuenta particular en el Fomag; sin embargo, es claro
para esta Corporación que ello no es posible, entre otros, porque el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene una naturaleza jurídica especial, como
una cuenta única en la que reposan los recursos destinados al pago de las
prestaciones económicas de los docentes, que se van repartiendo en la medida en
que van llegando las solicitudes de sus beneficiarios, de modo que su único requisito
es que siempre cuente con dineros para atender las peticiones, sin que sea viable
mantener estático el capital de cada empleado.
Al respecto, no existe en el ordenamiento jurídico algún instrumento que permita
identificar o igualar la forma en que opera el fondo de los docentes que es
administrado por una Fiduciaria a un fondo de carácter privado, en el que existen
subcuentas para cada uno de sus afiliados, lo que es indicativo de que el legislador
no quiso darle el mismo tratamiento o equipararlos (…)
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Entre otras, la sentencia SU-354 de 2017.
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Se declara la improcedencia por falta de relevancia
De otro lado, las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado citadas, tenían en común que se trataba de docentes que no estaban
afiliados al Fomag, y el ente territorial mantenía la responsabilidad de consignación
de las cesantías en tiempo en la subcuenta del fondo al que estuviera afiliado, por
lo cual les resultaba aplicable la norma en cuestión, en virtud del principio de
favorabilidad; no obstante, en esta oportunidad se trata de un docente que estando
afiliado al Fomag demanda la sanción moratoria.
El precedente judicial es válido en aquellos eventos en que concurren los mismos
supuestos facticos y jurídicos o escenario decisional, que permiten subsumir cada
caso en la regla jurídica. Así́ las cosas, en esos asuntos en los que no se estructuren
elementos coincidentes no se puede hablar de precedente obligatorio, pues cada
decisión tiene efectos inter partes y sus consideraciones o ratio decidendi suponen
identidad de hipótesis fácticas. El campo o radio de atracción del precedente va
ligado al contexto decisional, de manera que si el mismo difiere, se justifica de
manera objetiva y razonable su apartamiento e inaplicación como sub regla aplicable
a un caso en particular, como en el evento que centra la atención del Tribunal.
En ese orden, considerando que son presupuestos de facto disimiles los
expuestos en la demanda analizada y los esbozados en la Corte Constitucional
en Sentencia SU-098 de 2018, en los que el demandante fue afiliado al Fomag
en el año 2004, es imposible su tratamiento igualitario. Así́ lo expuso la misma
organización en sentencia SU-573 de 2019 (…)
Por lo tanto, el demandante no es beneficiario de la sanción moratoria contenida en
la Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está́ instituida en el régimen especial que
regula el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no es otro que el
previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, en el cual, se administran
los recursos conforme al principio de unidad de caja, además, por no existir un
precedente consolidado de obligatoria aplicación en este asunto, que se itera
es disímil a aquellos procesos en que la Honorable Corte Constitucional, el
Honorable Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por favorabilidad
la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante>> (se destaca).
13.4.- Además, el tribunal accionado identificó otras sentencias, tanto de la Corte
Constitucional como de esta Corporación, que sustentan la posición adoptada.
Entre ellas se destaca la sentencia SU-573 de 2019, en la que se conocieron varias
acciones de tutela contra providencias fundadas en los mismos supuestos que
originaron este caso y en la que se concluyó que la sentencia SU-098 de 2018 no
era un precedente aplicable porque partió de un supuesto distinto, en el que los
docentes ni siquiera estaban vinculados al FOMAG.
13.5.- A partir de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existía una
postura jurisprudencial unificada y, en todo caso, había motivos para apartarse del
precedente invocado por la accionante. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido
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en otras ocasiones la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se
identifiquen las sentencias y reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los
motivos para ello6.
13.6.- En todo caso, vale precisar que, en la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, se
estableció:
<<Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal>>.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por La Fiduprevisora
S.A.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión
6
Entre otras, sentencia del 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01648-00 y sentencia del
21 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02214-00, ambas con ponencia de este despacho y
que abordaron casos idénticos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06177-00
Accionante: Lina María Ramírez Vergara
Se declara la improcedencia por falta de relevancia
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
10
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