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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02214-00

Fecha
21 de junio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
32 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02214-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional frente a los cargos elevados. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02214-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

21 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00
Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02214-00
Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Sanción moratoria por falta de pago de las cesantías / Régimen laboral y
prestacional de los docentes oficiales / Defecto sustantivo / Violación directa de la
Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Se declara la
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 12 de abril de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 15001-33-33-003-2022-
00024-00/01. Ese proceso fue adelantado por el accionante contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante <<FOMAG>>) y contra el Departamento de Boyacá para
que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de
la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y sus intereses
correspondientes al año 2020. En la providencia objeto de reproche se confirmó la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 2 de mayo de 2023, mediante apoderado judicial, Jorge Javier Dotor Delgado
presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de
justicia, y a los principios de favorabilidad laboral, perpetuatio jurisdictionis,
seguridad jurídica y aplicación del precedente vulnerados, en su concepto, por el
tribunal accionado al negar el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de
las cesantías.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 12/04/2023, en el expediente rad. No.15001333300320220002401,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de
la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes: (…)>>

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

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3.1.- Se vinculó al servicio educativo estatal como docente nacional en vigencia de
la Ley 91 de 1989. En consecuencia, le es aplicable el régimen anualizado de
cesantías.

3.2.- El Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Boyacá (donde
desempeñaba sus labores) omitieron consignar en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG las cesantías e intereses
correspondientes al año 2020.

3.3.- El 28 de julio de 2021 el accionante presentó reclamación administrativa para
que se reconociera el pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la
indemnización por el pago extemporáneo de sus intereses.

3.4.- Mediante oficio 1.2.5.1.1-38 del 26 de agosto de 2021 la Secretaría de
Educación de Boyacá negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de
pago de las cesantías y de la indemnización por el pago tardío de los intereses.

3.5.- El 7 de octubre de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja profirió
sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.
Concluyó que la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías y la
indemnización por la falta de reconocimiento de sus intereses no son procedentes
para los docentes afiliados al FOMAG, pues estos tienen un régimen especial.

3.6.- El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En
síntesis, sostuvo que la ley, la jurisprudencia constitucional (en particular, la
sentencia SU-098 de 2018) y el precedente de esta Corporación permiten que a los
docentes oficiales se les aplique lo previsto en la Ley 50 de 1990 en materia de
cesantías y la sanción moratoria, en igualdad de condiciones con los otros
servidores públicos.

3.7.- Mediante sentencia del 12 de abril de 2023 el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 4 confirmó el fallo de primera instancia. El tribunal
consideró que la sanción moratoria e indemnización que pretende eran
incompatibles con el régimen especial de los docentes: en la ley especial no existe
un plazo para la consignación de las cesantías e intereses, estas no son

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consignadas en cuentas individuales y la sentencia SU-098 de 2018 no era aplicable
porque partía de supuestos distintos.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que la sentencia objeto de reproche vulneró sus derechos
fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) una violación directa
de la Constitución. Además, se infiere que el accionante también reprocha un (iii)
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales ya que invoca varias providencias
de esta Corporación, de la Corte Constitucional, y tribunales y juzgados
administrativos del país que habrían sido inaplicadas por la autoridad judicial
accionada.

4.1.- En cuanto al defecto sustantivo, alega que no se aplicaron en debida forma las
Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en
que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional
de los docentes oficiales) el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de
empleador de los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos
correspondientes a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de las mismas.

4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese Fondo
y deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la
disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías
parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad
financiera del Fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción
moratoria en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995
y consagra una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el
trabajador al fondo en el cual está afiliado).

4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los
docentes oficiales, no es excluyente con las reglas generales previstas para los
demás trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa Ley indica que las
prestaciones sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero
de 1990 se regirán por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978 <<o que se expidan en el futuro>>.

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4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables al
accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La
primera consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías a cargo del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 1.
Es esta sanción moratoria la que exige el accionante. Así, la Ley 344 de 1996
extendió la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos, incluyendo a
los docentes oficiales.

4.1.4.- También se exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio del
accionante, las Leyes 52 de 1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de
1996) les son aplicables a los docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.

4.1.5.- Por otro lado, se reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se
rige el FOMAG. Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio
no es contradictorio con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el
régimen de unidad de caja y otro la procedencia de los recursos y la obligación de
consignarlos en determinados términos, so pena de una sanción. En otras palabras,
en virtud de la Ley 50 de 1990, el Ministerio de Educación Nacional debe consignar
oportunamente las cesantías al FOMAG y una vez pagadas, el Fondo las
administrará bajo el principio de unidad de caja: luego ambas normas no son
excluyentes y se refieren a asuntos distintos.

4.2.- Alega una violación directa de la Constitución. Ello, por cuanto se
desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por
no aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un
régimen especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos
favorable que el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato
discriminatorio. Así, es posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello
conlleve una vulneración al principio de inescindibilidad de la ley laboral.

1 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella

regulada por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no
afilia al trabajador a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada
año; mientras que las segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le
paga a este las cesantías parciales o definitivas en los términos de ley.

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4.2.1.- Precisa también que no es necesario que se profiera una sentencia de
unificación en la materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica
en la Sección Segunda de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima
en las providencias judiciales que deben proferir los jueces. Es decir, que
desconocer la postura actual de la jurisprudencia configura una violación a la
seguridad jurídica. No desconoce la posibilidad de apartarse del precedente, pero
reitera que para ello es necesario argumentar las razones de forma suficiente, lo
cual no sucedió en este caso.

4.2.2.- Agrega que este mecanismo constitucional no constituye un recurso
adicional para instaurar una tercera instancia, sino que se trata de la única forma de
salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados.

4.3.- En cuanto al desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, el accionante
afirma que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional
como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.

4.3.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018 (que fundamenta las demás
providencias proferidas por el Consejo de Estado), SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la
Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción
moratoria, porque esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el
principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos.
Las dos últimas sentencias reiteran esa postura.

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4.3.2.- Igualmente invoca veintisiete (27)2 sentencias proferidas por esta
Corporación, tres (3)3 sentencias proferidas por tribunales administrativos y once
(11)4 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.

2 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero

de 2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 17 de junio de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2018-04617-01, Sección Tercera,
Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 28 de junio de 2019, radicado No. 411001-03-15-000-
2018-04679-01, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 29 de julio de 2019,
radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P. Nicolás Yepes Corrales;
sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00173-01, Sección Segunda
Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado No. 08001-
23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de unificación
del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth Ibarra;
sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez;
sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección
A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-
00815-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021,
radicado No. 08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés;
sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda
Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-
23-33-000-2014-01127-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de
noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia
del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección
A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-
2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de
2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 28 de abril de 2022, radicado No. 76001-
23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de
mayo de 2022, radicado No. 080001-23-40-000-2017-00795-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No. 47001-23-33-000-2019-00359-01,
Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de julio de 2022, radicado No. 47-
001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 22
de agosto de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P.
César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-90124-
01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado
No. 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández
Gómez; sentencia del 26 de enero de 2023, radicado No. 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Gómez; y sentencia del 23 de marzo de 2023, radicado No.
11001-03-15-000-2023-01063-00, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar,
3 Sentencia del 31 de mayo de 2019, radicado No. 76-001-23-33-000-2013-00734-00 proferida por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca; sentencia del 21 de julio de 2022, radicado No. 70001-23-33-000-02018-
00097-00 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre; y sentencia del 24 de enero de 2023, radicado No.
15001-33-33-007-2019-00046-01 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
4 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado

Primero Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-2022-
00115-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de
2022, radicado No. 05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de
Medellín; sentencia del 27 de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-33-
33-003-2022-00066-00 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de
septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-002-2022-00065-00 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30 de septiembre de 2022, radicado No. 68001-33-33-009-2022-
00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022,

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D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 (accionado) indica que
la acción de tutela es improcedente, pues carece de relevancia constitucional.
Señala que en la sentencia SU-573 de 2019 la Corte Constitucional varió la tesis de
la sentencia SU-098 de 2018, que es la base del principal argumento del accionante.
La sentencia SU-573 de 2019 aclaró que las acciones de tutela contra providencias
que negaron el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes
oficiales carecen de relevancia constitucional, pues (i) plantean una discusión
eminentemente legal y de carácter económico particular, (ii) sin relación directa con
un derecho fundamental, (iii) no está en entredicho el mínimo vital del accionante,
(iv) en la tutela se reiteran los argumentos planteados en el proceso ordinario ya
resueltos en el proceso ordinario, y (v) la sentencia cuestionada se encuentra
debidamente motivada según la normativa y jurisprudencia aplicable. Agrega que la
nueva postura ha sido acogida por la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia del 23 de marzo de 2023, radicado No. 2023-00786, C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

6.- El Juzgado Tercero Administrativo de Tunja (tercero con interés) se opone a las
pretensiones de la acción de tutela. Señala que los argumentos de la solicitud de
amparo se dirigen contra la providencia de segunda instancia y no contra la
sentencia que profirió el juzgado. Precisa que, en todo caso, en la Sección Segunda
del Consejo de Estado no existía una postura unificada en la materia: aunque
existen varias providencias que admiten la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales, también existen otras sentencias que descartan esa tesis5.

7.- El Departamento de Boyacá (tercero con interés) solicita que se desestimen las
pretensiones de la acción de tutela, pues no se vulneraron los derechos del
accionante. Sostiene que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad de la

radicado No. 27001-33-33-002-2022-00072-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó;
sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-005-2022-00122-00 proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022 radicado No. 76147-33-33-002-2022-
00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la sentencia del 19 de enero de 2023
radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de
Bogotá.
5 Hace referencia a las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, proferidas el 24

de enero de 2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01(4854-14), y el 27 de mayo de 2022, radicado
No. 11001-03-25-000-2016-00992-00, ambas con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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acción de tutela contra providencia judicial y que en el proceso ordinario se
garantizaron los derechos de las partes, de forma que la sentencia cuestionada se
fundamentó en los supuestos fácticos acreditados y la normativa aplicable.

7.1.- Aclara que, según el régimen especial aplicable a los docentes oficiales, el
procedimiento para la transferencia de recursos de la Nación al FOMAG y el pago
de las cesantías a favor de los docentes no implica la consignación de recursos en
cuentas individuales, sino que opera por un giro global bajo el principio de unidad
de caja. Así, la entidad territorial debe allegar una constancia de liquidación de las
cesantías causadas cada año (más no los recursos), la cual se remite a la
administradora del FOMAG para que esta genere el reporte de las cesantías y se
incluyan como insumos.

7.2.- En todo caso, a las entidades territoriales no les corresponde resolver las
reclamaciones de los docentes, ya que el pago de las cesantías es competencia del
FOMAG, a petición del interesado: los recursos son aprovisionados, pero solo son
efectivamente girados cuando el docente los solicita.

7.3.- Por otro lado, afirma que la sentencia SU-098 de 2018 no es aplicable al
presente asunto, pues esa sentencia se profirió bajo un supuesto fáctico distinto: el
docente accionante nunca fue afiliado al FOMAG, lo cual no sucedió en este caso.
En cambio, la SU-573 de 2019 señaló que las tutelas contra providencias judiciales
bajo el supuesto de la presente acción carecen de relevancia constitucional.

7.4.- Por último, indica que no existe una postura unificada en la materia, pero de
conceder lo solicitado por el accionante se generaría una afectación nacional de
trascendencia económica.

8.- La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del FOMAG
(tercero con interés) también solicita que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo, pues considera que no se argumentaron suficientemente los requisitos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

8.1.- Enfatizó que al FOMAG le es aplicable el principio de unidad de caja, lo cual
amerita un trato diferenciado al de los fondos de cesantías privados y regidos por la
Ley 50 de 1990. En efecto, en el FOMAG no existen cuentas individuales para cada

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Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
Se declara la improcedencia

uno de los docentes, de lo cual se desprende que no existe una obligación legal de
consignar en esas cuentas el valor de las cesantías que corresponda a cada afiliado.

8.2.- En cambio, los valores del FOMAG son presupuestados en cada vigencia y
son remitidos por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -
FONPET, diferenciado entre lo que corresponde a pensiones y a cesantías.
Posteriormente el FOMAG solicita a las entidades territoriales que alleguen los
reportes de cesantías para proceder a reconocer los intereses que se causen en
cada vigencia, y cuando se solicita el retiro definitivo o parcial de las cesantías el
Fondo acude al rubro asignado, se reitera, regido por el principio de unidad de caja
y no por cuentas individuales.

8.3.- Lo anterior encuentra fundamento en un marco normativo especial: Ley 91 de
1989, artículo 8; Ley 715 de 2001, artículo 8 y 36; Decreto 196, artículos 12 y 13;
Decreto 3752 de 2003, y Ley 1955 de 2019, artículo 57.

8.4.- Finalmente, sostiene que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante porque las actuaciones judiciales se adelantaron en debida forma y de
conformidad con las pruebas y procedimientos legales.

9.- El Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) alega que la solicitud
de amparo es improcedente porque: (i) primero deben agotarse los mecanismos
ordinarios de defensa judicial, en virtud de la subsidiariedad de la tutela; (ii) las
acciones de tutela contra providencias judiciales no pueden desconocer la
independencia y autonomía de las autoridades judiciales; y (iii) no se violaron los
derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia
de la acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia
constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la
acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la

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Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
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apelación y resueltos en el fallo de segunda instancia proferido en el proceso
ordinario6.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

11.- La providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos sustantivo,
violación directa de la Constitución y por desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales alegados por el accionante. Los defectos invocados se analizarán
en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la
Constitución se resuelven al estudiar las reglas jurisprudenciales aplicables al caso.

11.1.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que
(i) identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii)
sustenten suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además,
también ha señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y
pacífico, pues de lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según
las exigencias y particularidades del caso7.

11.2.- En este caso el tribunal accionado cumplió con las dos cargas señaladas y,
además, no es cierto que exista una postura unificada en la materia. Frente a lo
primero, se advierte que en la providencia accionada se identificó la sentencia SU-
098 de 2018 (que fundamenta las otras sentencias invocadas por el accionante,
tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado). De igual manera se
aceptó que existen varias sentencias de esta Corporación que han adoptado la
postura señalada en esa sentencia de la Corte Constitucional. Esto es, la sentencia
expresamente las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó el tribunal.

11.3.- A continuación, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese
precedente, así:

6 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia

constitucional porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido
proceso, y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito.
7 Entre otras, la sentencia SU-354 de 2017.

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<<101. Teniendo en cuenta lo anterior, la referida sentencia SU-098 de 2018
efectivamente extendió la sanción moratoria que prevé la Ley 50 de 1990 a favor de
una docente oficial (…), pero sus condiciones particulares no son similares a las que
presenta este caso, en concordancia con el análisis que efectuó la sentencia SU-
573 de 2019.

102. En el proceso que conoció la alta corporación, la demandante se retiró del
servicio y en ese momento descubrió que la entidad territorial respectiva no la afilió
al Fomag ni a ningún fondo de cesantías por un error administrativo, lo que significó
que nunca consignó a su favor sus cesantías anualizadas. Por esa razón, demandó
al municipio respectivo para que reconociera y pagara la sanción moratoria
correspondiente, ya que no trasladó al Fomag la obligación de depositar los dineros.

103. En este asunto, la parte demandante sigue vinculada al servicio, la entidad
territorial realizó su afiliación al Fomag oportunamente y en debida forma, no se
reprocha la falta de consignación de las cesantías, y las entidades señaladas como
responsables de las penalidades son tanto el Departamento de Boyacá como el
Ministerio de Educación, sin precisar sus competencias específicas respecto de la
supuesta aplicabilidad de la sanción (cuestión que sí era clara en el otro caso).104.

Estas diferencias tienen la suficiente relevancia como para descartar el carácter de
precedente para este asunto, pues los hechos de los casos no son equiparables.

105. Adicionalmente, la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia SU-
098 de 2018 con la sentencia SU-573 de 2019, que ya se mencionó. Esta última
decisión, para lo que interesa a este análisis, sostuvo que la discusión relativa a la
aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 (i) versa sobre una
cuestión meramente legal, con una connotación de contenido patrimonial, y (ii) no
involucra la protección de derechos fundamentales.

106. Ambos aspectos hacen que no sea procedente analizar la regulación de los
docentes bajo los principios de favorabilidad e igualdad, pues el carácter meramente
económico de la discusión impide que el asunto trascienda al plano constitucional.
El Consejo de Estado ha acogido esta posición en sede de tutela, como, por ejemplo,
en el siguiente pronunciamiento: (…)

107. Adicionalmente, este Tribunal considera que la alusión al principio de
favorabilidad es improcedente en estos escenarios. La Corte Constitucional describe
los elementos de este mandato de optimización, así: (…)

108. Como se vio, para el caso de los docentes no existen varias fuentes de derecho
que prevean consecuencias jurídicas disímiles respecto de las consecuencias del
desembolso extemporáneo de las cesantías anualizadas o de sus intereses a favor
de los docentes oficiales, porque, de hecho, este régimen no contemplaba las
penalidades que reclama la demanda, de acuerdo con la fecha de vinculación de la
parte actora (…). Y, por eso mismo, no puede hablarse de dudas interpretativas

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Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
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serias y objetivas, pues para disiparla cualquier inquietud basta verificar las normas
que regulan el auxilio de cesantía a favor de este grupo específico de servidores.
(…)

110. Todas las anteriores razones llevan al Tribunal a concluir que los cargos de la
apelación no tienen prosperidad y, por ende, la sentencia de primera instancia, que
desestimó las pretensiones de la demanda, debe confirmarse. Cabe destacar que
el criterio que acoge esta providencia atiende la posición que asumió la Sala Plena
de esta Corporación en sesión del 15 de marzo de 2023.

111. Finalmente, no se desconoce que desde el año 2020 la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de
docentes oficiales la sanción moratoria por la consignación extemporánea de
cesantías anualizadas (…), con fundamento en la sentencia SU-098 de 2018. Sin
embargo, con los argumentos que acaban de exponerse, la Sala se aparta
respetuosamente de esa posición, con el cumplimiento de los criterios de
transparencia y suficiencia. Esto, sin perjuicio de resaltar que la alta corporación
no ha expedido una sentencia de unificación que zanje definitivamente la discusión
y cuyos efectos sean vinculantes y obligatorios para todas las autoridades
administrativas y jurisdiccionales>> (subraya la Sala).

11.4.- Además, el tribunal accionado identificó otras sentencias, tanto de la Corte
Constitucional como de esta Corporación, que sustentan la posición adoptada.
Entre ellas se destaca la sentencia SU-573 de 2019, en la que se conocieron varias
acciones de tutela contra providencias fundadas en los mismos supuestos que
originaron este caso y en la que se concluyó que la sentencia SU-098 de 2018 no
era un precedente aplicable porque partió de un supuesto distinto, en el que los
docentes ni siquiera estaban vinculados al FOMAG.

11.5.- A partir de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existe una
postura jurisprudencial unificada y, en todo caso, existen motivos para apartarse del
precedente invocado por el accionante. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido
en otras ocasiones la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se
identifiquen las sentencias y reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los
motivos para ello8.

8 Entre otras, sentencia del 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-04837-00; y sentencia

del 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01648-00 (que abordó un caso idéntico), ambas
con ponencia de este despacho.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02214-00
Accionante: Jorge Javier Dotor Delgado
Se declara la improcedencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional frente a los cargos elevados.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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