Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01712-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01712-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01712-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-01712-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR NO CUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN
DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR
EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL
LA ACTORA FUE EXCLUIDA POR NO ACREDITAR EL REQUISITO
MÍNIMO DE EXPERIENCIA. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por la
actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.
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En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.
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Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00
Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de
8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con
ocasión a la Convocatoria núm. 27., para proveer cargos de carrera
en la Rama Judicial.
I.2.- Hechos
Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PENAL
MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES, dentro de la Convocatoria
núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
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Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN
Precisó que, entre otros requisitos, dicho cargo exige contar como
mínimo con 2 años de experiencia profesional, para lo cual al
momento de la inscripción al concurso presentó 3 certificaciones
laborales que acreditaban los siguientes períodos:
Empleador Fecha de inicio Fecha final Días de
experiencia
VIDRIO PLAC 13/08/2016 14/10/2016 63
Silva y Valenzuela 19/10/2016 17/08/2017 303
Legal and
Business
Consulting
Bela Venko 5/09/2017 5/09/2018 366
Abogados S.A.S
Total días 732
Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución
núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, en las que obtuvo un puntaje
aprobatorio de 802.59.
Expresó que mediante la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 expedida por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL,
fue rechazada del concurso, bajo el argumento de que no había
acreditado la experiencia mínima para el cargo al cual se postuló.
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Refirió que el 20 de febrero de 2023 solicitó a la UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL la verificación de la documentación que
presentó con su inscripción, no obstante, a través de Oficio núm.
CJO23-1091 de 9 de marzo de 2023, dicha dependencia confirmó su
rechazo del concurso, al no tener en cuenta la experiencia que
adquirió en la empresa VIDRIO PLAC dado que la certificación
respectiva no contaba con los datos de contacto del emisor, conforme
con el numeral 2.5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, regulatorio de la convocatoria.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Precisó que si bien, en efecto, la certificación laboral de la empresa
VIDRIO PLAC no contiene los datos de contacto del emisor, dicha
información sí la aportó con la solicitud de verificación que presentó
el 20 de febrero de 2023, con lo que la entidad podía corroborar su
contenido.
Mencionó que “[…] las entidades públicas y privadas cuentan con
autonomía administrativa para definir sus procedimientos internos y
la forma como ejercen sus actividades y gestiones, y entre estos, el
de emitir certificaciones a sus trabajadores […]”, por lo que no puede
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invalidarse la información que estos hagan constar, por que falten
sus datos de contacto.
Resaltó que, en ese orden de ideas, debe tenerse por válida la
constancia emitida por VIDRIO PLAC “[…] subordinando de esta
manera los requisitos formales de las certificaciones determinados
en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto 2018, al principio
constitucional del mérito […]” y a la primacía del derecho sustancial
sobre las formas.
Agregó que conforme con las sentencias T 052 de 2009, T 507 de
2012, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional, la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos
fundamentales en concursos de méritos, por la ineficacia de los
medios ordinarios.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 2. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA/ UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL validar la certificación emitida por
VIDRIO PLAC, y contabilizar el tiempo de experiencia
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profesional allí certificado, para corroborar el cumplimiento del
requisito de experiencia requerido para el cargo al cual aspiré.
3. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
que si como consecuencia de validar la experiencia en VIDRIO
PLAC, cumplo con el requisito de acreditar la experiencia
profesional por un lapso no inferior a dos (2) años es decir, 720
días, modifique la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023 para efectos de incluirme como aspirante admitida […]”
I.5.- Defensa
I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el
amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde
reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al
que alude la actora.
Señaló que con las inscripciones al concurso, los aspirantes “[…]
manifestaban que se encontraban conforme con las normas
establecidas en el Acuerdo de Convocatoria expedido el 16 de agosto
de 2018 y contra el cual, a 2023, no se tiene conocimiento de que
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curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido […]”.
Añadió que, en efecto, conforme con los numerales 2.5.3 y 2.5.7 del
artículo 3 del acuerdo aludido las certificaciones laborales deben
indicar con precisión, la dirección y número telefónico de quien la
suscribe, norma que además prevé que las constancias que no
reúnan las condiciones allí señaladas “[…] no serán tenidas en cuenta
dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior
complementación […]”.
Precisó que, en ese orden de ideas, tampoco es viable valorar la
información complementaria de la certificación de experiencia de la
empresa VIDRIO PLAC relacionada con los datos de contacto del
emisor, indicada por la accionante con posterioridad al término de
inscripción en la solicitud de verificación de la documentación, por
haber sido presentada de manera extemporánea, “[…] toda vez que
la recepción de documentos para acreditar los requisitos del cargo en
debida forma transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas
(0:00) hasta el 7 de septiembre de 2018 a las veinticuatro horas
(24:00)[…]”.
Sostuvo que no es procedente que la actora cuestione la exigencia
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aludida bajo el argumento de que se trata de una simple formalidad,
porque ese requisito esta previsto “[…] de manera expresa y taxativa
en el Acuerdo de Convocatoria y en ese sentido, la no inclusión de
dicha información en la certificación hace que el documento carezca
de validez a efectos de demostrar la experiencia allí contenida, según
los parámetros de la convocatoria […]”.
Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados
gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los
mecanismos ordinarios para cuestionarlos, por lo que la acción de
tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el
estudio del fondo del asunto.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
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Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, al expedir la
Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del
concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm.
27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.
A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
rechazó del referido concurso a la actora, bajo el argumento de que
no había acreditado la experiencia mínima para el cargo de JUEZ
PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES.
La controversia deviene del hecho de que una de las certificaciones
laborales presentadas por la actora, no cumple con los requisitos
específicos que prevé el acuerdo que regula la convocatoria, misma
regulación que excluye la posibilidad de que se allegue
documentación complementaria para sanear falencias en los
soportes de inscripción.
La actora pretende que a través de la presente acción de tutela se
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resuelva sobre la legalidad de la resolución aludida, a partir de la
inaplicación del acuerdo reglamentario de la convocatoria que prevé
los requisitos de las certificaciones laborales, para que se dé validez
a la constancia que acredita el tiempo de experiencia necesario para
aspirar al cargo mencionado.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si
las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por
la actora, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero
de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado
con ocasión a la Convocatoria núm. 27.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
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que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
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fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción
de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia
SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
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95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
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que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].
100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
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contra actos de trámite.
[…]
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
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consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.
Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela
es improcedente para reclamar la protección de derechos
fundamentales, cuando la vulneración se atribuye a un acto
administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que
permita demandar la protección de la garantía fundamental
infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable
o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el
marco de competencias del juez administrativo.
Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción
de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos
fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que
el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza
real de las garantías deprecadas.
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En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa
oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que
la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de
un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,
pero que en todo caso sí definía una situación especial y sustancial
que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-
0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL
resolvió corregir varias de las actuaciones que había desarrollado
hasta ese momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde
la citación a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar
todo el trámite a derecho y continuarlo en debida forma.
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio
de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas
en este trámite constitucional recaen en la Resolución núm. CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto en esta se dispuso el
rechazo de la actora de la convocatoria aludida, acto administrativo
cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa
idóneo para tal efecto y en el cual puede solicitar las medidas
cautelares dispuestas en el CPACA, las cuales “permitirán prevenir la
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consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa
judicial”, tal como lo previó la Corte Constitucional en la sentencia
SU-067 de 2022.
Cabe anotar que incluso si la actora estima que existe alguna
irregularidad en el marco regulatorio de la referida convocatoria,
puede cuestionar su legalidad a través del medio de control de
nulidad, atendiendo en todo caso a la finalidad de sus eventuales
pretensiones.
Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes
en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para
discutir decisiones administrativas particulares emitidas en
concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que excluye
del proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de
20214, señaló:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre
de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-06518-00(AC).
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“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad
20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.
21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.
22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.
23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».
24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
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jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)
25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.
26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.
27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.
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Cabe precisar que en sentencias de 27 de abril de 20235, esta Sala
también se pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela
para cuestionar decisiones emitidas en el desarrollo de concursos de
méritos en casos similares al presente, en el que los actores discutían
la legalidad de los requisitos de admisión a la Convocatoria 27, así
como los actos administrativos particulares a través de los cuales se
dispuso sobre su rechazo de dicho proceso.
Por otro lado, la Sala destaca que si bien, entre otras, en sentencias
de 246 y 317 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a
solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria
27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la
presunta falta de resolución de los recursos de reposición
interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y
conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,
garantía susceptible de protección directa a través de la acción de
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril
de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 110010315000 2023 01476
00 (AC).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de
2023, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2023 01571 00
(AC).
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00
(AC)
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023 01122
00 (AC)
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tutela8.
Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta
Sala precisó:
“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».
Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).
De igual forma, la Sala pone de presente que si bien la actora citó
algunas decisiones de la Corte Constitucional con las cuales pretendía
sustentar la procedencia de su solicitud de amparo, lo cierto es que
el análisis sobre ese asunto en la presente providencia tiene como
fundamento la sentencia de unificación antes mencionada, así como
8
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.
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Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN
la reiterada jurisprudencia de esta Sala.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el
asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito
general de subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la
solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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