Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01998-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de mayo de 2023
Demandante: Daimir Antonio Chávez Donado
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01998-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01998-00
Demandante: DAIMIR ANTONIO CHÁVEZ DONADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia
constitucional – defecto fáctico – desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor
Daimir Antonio Chávez Donado contra el Tribunal Administrativo de La Guajira.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 21 de abril de 2023, el señor Daimir Antonio Chávez Donado, actuando
por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira. El peticionario consideró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. Desde el punto de vista del accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en la providencia proferida por la autoridad
judicial accionada el 9 de noviembre de 2022, que revocó la decisión de primera
instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
presentada por el señor Daimir Antonio Chávez Donado contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional1.
1.2. Pretensiones
3. El accionante solicitó:
1
Rad. 44001-33-40-001-2014-00225-00/01.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Daimir Antonio Chávez Donado
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01998-00
1. Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de mi
poderdante Daimir Antonio Chávez Donado al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, conculcados por el Tribunal Contencioso
Administrativo de La Guajira con la expedición de la sentencia de segunda
instancia dictada el 9 de noviembre de 2022 dentro del proceso de reparación
directa No. 44-001-33-33-001-2014-00225-00 que aquel promovió junto con su
núcleo familiar en el ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional mediante las cuales se
denegaron las pretensiones de la demanda.
2. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira dejar sin
efectos la SENTENCIA No. 19 del día 9 de noviembre de 2022 dentro del
proceso 44-001-33-33-001-2014-00225-01 el cual revocó la sentencia del 17 de
marzo de 2022 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. El 14 de marzo de 2012, el señor Daimir Antonio Chávez Donado ingresó a
prestar su servicio militar obligatorio a la Policía Nacional como auxiliar, siendo
asignado al departamento de policía de La Guajira, exactamente en el municipio de
Manaure.
5. El 15 de octubre de 2012 mientras el señor Chávez Donado se desplazaba
en un vehículo, luego del relevo del tercer turno de vigilancia, se le disparó
accidentalmente el fusil de dotación al realizar maniobras con éste, propinándose
un impacto en la pierna izquierda. De acuerdo con el informe administrativo por
lesiones de la Policía Nacional, se determinó que la causa de aquel suceso fue
«actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior».
6. Posterior a ello, el accionante fue valorado por la Junta Médico Laboral de la
Policía Nacional, la cual le determinó una disminución de la capacidad laboral del
41.17%.
7. Por los hechos antes mencionados, el accionante y su grupo familiar2,
presentaron demanda de reparación directa, con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional de los perjuicios causados por las lesiones que sufrió el
señor Daimir Antonio Chávez Donado mientras prestaba su servicio militar
obligatorio.
8. Del proceso conoció el Juzgado 1.º Administrativo del Circuito Judicial de
Riohacha. Esa autoridad judicial, a través de sentencia dictada el 17 de marzo de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
9. Como fundamento de su decisión, expresó que de acuerdo con las pruebas
que obraban en el expediente ordinario, se encontró acreditado que el accionante
2
Integrado por Juan Manuel Chávez Rodríguez (padre), Olga Lucia Donado Vega (madre), Juan
José Chávez Donado, Oslán David Chávez Donado y Carlos Mauricio Chávez Donado (hermanos)
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Demandante: Daimir Antonio Chávez Donado
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no contaba con cartucho de seguridad al momento en que se produjo la lesión, lo
cual se podía constatar con el comprobante de dotación de material de guerra
suministrado al entonces auxiliar de policía, en el que no consta la entrega del
referido elemento.
10. Por esto, afirmó que el accionante durante la prestación de su servicio militar
obligatorio fue sometido por parte de la Policía Nacional a una situación de riesgo
que no estaba en el deber de soportar, toda vez que no se le suministró el cartucho
de vida para el desempeño de sus actividades, las cuales conllevan el uso de la
fuerza y de armas de fuego, y por tanto inobservó de manera palmaria su
responsabilidad como protector y garante de su integridad física.
11. Por lo anterior, el juez de primer grado consideró que en principio la Policía
Nacional debía ser condenada al el reconocimiento y pago de los perjuicios
ocasionados por el señor Daimir Antonio Chávez Donado y su núcleo familiar, como
consecuencia de las lesiones que sufrió el hoy peticionario.
12. No obstante, el juez de primera instancia, indicó que se demostró la injerencia
eficaz de la conducta del afectado en la producción del daño, pues éste manipuló
de manera imprudente su arma de dotación oficinal, al no desmontar el fusil y sacar
la bala de la recámara. Sin embargo, consideró que esta no fue la causa exclusiva,
pues también incidió la omisión en el suministro del cartucho de seguridad, por lo
cual no era posible tener por configurada la causal de exclusión de responsabilidad
denominada culpa exclusiva de la víctima.
13. Por lo anterior, el operador judicial de primer grado concluyó que tanto la
conducta asumida por la víctima como por la Policía Nacional contribuyeron a la
materialización del evento dañoso, existiendo así una concurrencia de causas en la
producción de este. Por esto, indicó que la entidad demandada solo estaba obligada
a soportar el 50% de la condena.
14. Contra la anterior decisión, la Policía Nacional presentó recurso de apelación.
La alzada fue decidida por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Este operador,
en sentencia del 9 de noviembre de 2022, revocó el fallo de primer grado y en su
lugar, negó las súplicas de la demanda. Lo anterior por los siguientes motivos:
15. La autoridad judicial estimó que, de conformidad con el material probatorio
que obraba en el expediente, el conscripto conservaba su arma de dotación cargada
luego del momento en el cual se produjo el cambio de turno, a pesar de tener
conocimiento e instrucción sobre el decálogo de seguridad con armas de fuego, el
cual exige mantener las armas siempre descargadas, actuar que puso en peligro la
vida de sus compañeros y su propia integridad.
16. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que la causa del
daño no fue la ausencia del cartucho de seguridad, sino la falta de acatamiento de
las reglas para el uso de armas, pues, de portar esta descargada no se habría
generado el hecho dañoso, por lo que es claro que este se produjo debido a la
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manipulación imprudente del arma de dotación. Por esto, concluyó que se
encontraba acreditada la causal de exclusión de responsabilidad denominada culpa
exclusiva de la víctima, razón por la que el daño reclamado no le era atribuible a las
demandadas en virtud de los títulos objetivos de imputación.
1.4. Fundamentos de la vulneración
17. El accionante alegó que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
18. En este sentido, el peticionario consideró que el Tribunal accionado
desconoció que se encontraba acreditado (sin mencionar los medios probatorios)
que el daño que él sufrió fue ocasionado en cumplimiento del servicio militar; y le
dio valor probatorio solamente a la investigación del órgano de control disciplinario
interno de la Policía Nacional, a partir de la cual concluyó que el accidente se debió
al actuar de la víctima por «estar jugando con el fusil».
19. También, el accionante mencionó que la autoridad judicial accionada
desconoció la jurisprudencia de esta Corporación3 de acuerdo con la cual en los
eventos en que se invoca por parte de la entidad demandada la existencia de una
causa extraña como generadora del daño, será necesario analizar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éste se produjo, pues es posible que
el Estado haya contribuido co-causalmente a su generación.
20. Así las cosas, pese a que el accionante no enlistó expresamente los yerros
de los que adolecen las providencias objeto de cuestionamiento, la Sala en uso de
las facultades interpretativas enmarca los reproches alegados por ella, en el defecto
fáctico por ausencia e indebida valoración probatoria y en desconocimiento del
precedente judicial.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. En auto del 25 de abril de 2022, el magistrado ponente de la decisión admitió
la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo de La Guajira.
22. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional4; ii) del Juzgado 1.º Administrativo
del Circuito Judicial de Riohacha5; iii) los señores y señoras Juan Manuel Chávez
Rodríguez, Olga Lucía Donado Vega, Juan José Chávez Donado, Oslan David
Chávez Donado, Carlos Mauricio Chávez Donado, Juan Manuel Chávez Mercado,
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Rad. 41001-23-31-000-2000-00121-01 (46.168).
4
Parte demandada dentro del proceso ordinario.
5
Autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso de reparación directa.
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Cándida Rosa Rodríguez Urieta y Bienvenida Crespo Mejía6; y iv) la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Informes
23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de La Guajira
24. La magistrada ponente de la decisión de segundo grado rindió informe en el
que realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario y
solicitó que se declare improcedente el amparo.
25. Lo anterior, porque consideró que los argumentos planteados por el
accionante carecen de sustento. Además, evidenció que lo pretendido por el
peticionario es que, por la vía excepcional de la acción de tutela, se realice un nuevo
debate probatorio, a pesar de que en la providencia cuestionada se efectuó un
estudio de los elementos de juicio recaudados –en aplicación de las reglas de la
sana crítica probatoria y del precedente judicial sobre el asunto específico
analizado–.
1.6.2. Policía Nacional
26. La entidad vinculada a este trámite constitucional rindió informe en el que
solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela. Lo anterior porque el
Tribunal Administrativo de La Guajira no ha vulnerado los derechos fundamentales
del accionante. Esto, bajo el argumento que la autoridad judicial accionada en uso
de sus facultades realizó una adecuada apreciación de los hechos y pruebas objeto
del medio de control de reparación directa.
27. El Ministerio de Defensa Nacional, las personas que integraron la parte
demandante dentro del proceso ordinario y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, pese a que fueron notificadas7, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Daimir Antonio Chávez Donado contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
6
Quienes junto al accionante integraron la parte demandante del proceso ordinario.
7
Índice 7, 8 y 15 de SAMAI.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Daimir Antonio Chávez Donado se encuentra legitimado en la causa por
activa. Esto porque figura como demandante en el proceso de reparación directa en
el que se profirió la providencia aquí cuestionada.
31. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de La
Guajira, está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió
la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problemas jurídicos
32. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.
33. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
34. ¿El Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia? Esto,
por incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente con la
sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022 que revocó lo resuelto por el a quo,
y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
presentada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
35. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; y (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial
el de relevancia constitucional, el cual, de encontrarse superado junto con las demás
exigencias, se procederá al análisis de los defectos alegados por el accionante.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01998-00
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales10.
37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.
38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
42. Sobre esta exigencia, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
2022 modificó la postura que venía aplicando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que
se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional13.
43. Así, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que el estudio de
la relevancia constitucional debía estar acompañado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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44. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
45. Asimismo, enfatizó en que, cuando se discute una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.
46. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
47. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso los reproches planteados por el accionante respecto de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, revisten o no de
relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto
48. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar, como se señaló en los
antecedentes de este proveído, que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes defectos:
• Desconocimiento del precedente de esta corporación14 de acuerdo con el cual en
los eventos en los que se invoca por parte de la entidad demandada la existencia
de una causa extraña como generadora del daño, sería necesario analizar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éste se produjo, pues es posible que
el Estado haya contribuido a su generación.
• Defecto fáctico por la omisión del juez de segundo grado de tener por acreditado
que el daño que él sufrió fue ocasionado en cumplimiento de la prestación del
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 10 de diciembre de 2018. Rad. 41001-23-31-000-2000-00121-01 (46.168).
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
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servicio militar; y por la indebida valoración probatoria de la investigación del órgano
de control disciplinario interno de la Policía Nacional adelantada en su contra, a
partir de la cual, la autoridad judicial accionada concluyó que el accidente se debió
al actuar de la víctima por «estar jugando con el fusil».
49. En primer lugar, esta Sección evidencia con relación al defecto de
desconocimiento del precedente aludido por el accionante, que aquel no cumple
con la primera exigencia necesaria para superar el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, la carga argumentativa mínima.
50. Frente a este aspecto, esta Sala de Decisión considera que, aunque el
accionante señaló los motivos de manera general por los que considera que la
jurisprudencia de esta Corporación ha sido desconocida e identificó la providencia
posiblemente inobservada en la sentencia objeto de análisis; lo cierto es que, de la
argumentación aludida, no se evidencia que aquel haga referencia a una regla de
derecho determinante para resolver el caso concreto, tampoco mencionó la ratio
decidendi que justifica la decisión adoptada y ni siquiera, el obiter dicta.
51. En este punto, debe recordarse que esta Sala ha considerado que la parte
que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga
mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera
desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete
a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior; y (iii) la incidencia de esta en
la decisión final que adopte el fallador de instancia.
52. Igual suerte corre el defecto fáctico por la omisión del juez de segundo grado
de tener por acreditado que el daño que él sufrió fue ocasionado en cumplimiento
de la prestación del servicio militar.
53. Lo anterior, porque el peticionario no mencionó cuáles fueron en concreto los
elementos probatorios que no fueron valorados por parte de la autoridad judicial
accionada, pues de manera genérica indicó que no se tuvieron en cuenta las
pruebas aportadas al proceso que acreditaban que las lesiones que él padeció
ocurrieron mientras se encontraba prestando el servicio militar.
54. En ese orden de ideas, al no existir una argumentación mínima en la que se
pueda apreciar que este caso tiene una trascendencia en el plano constitucional, se
advierte que no se cumple con el requisito general bajo estudio.
55. En segundo lugar, se advierte que el debate planteado por la parte
accionante bajo el defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la
investigación del órgano de control disciplinario interno de la Policía adelantado en
su contra, se dirige a que este juez constitucional realice un nuevo análisis jurídico
sobre dicha prueba en conjunto con el restante material probatorio, el cual ya se
surtió por el juez de segundo grado en el fallo del 9 de noviembre de 2022.
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Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01998-00
56. En este punto, la Sala considera pertinente resaltar el análisis realizado por
la autoridad judicial accionada en la decisión reprochada así:
57. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en la sentencia del 9 de noviembre
de 2022, decidió revocar el fallo de primer grado, y en su lugar negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por el accionante y
su grupo familiar con el fin de obtener el reconocimiento de los perjuicios causados
por las lesiones que el peticionario sufrió mientras se encontraba prestando su
servicio militar, bajo los siguientes argumentos:
58. Señaló que el caso concreto sería estudiado bajo el régimen subjetivo de
responsabilidad, comoquiera que la ocurrencia del daño se atribuía al
desconocimiento de las normas de seguridad en el manejo de armas por parte de
la entidad demandada15.
59. En ese sentido, la autoridad judicial accionada encontró probado que la
entidad accionada no le suministró al señor Daimir Antonio Chávez Donado el
cartucho de seguridad. No obstante, concluyó que no se logró acreditar que con
dicho accionar se hubiere infringido alguna disposición en cuanto al manejo o
manipulación de armas, y que esta fue la generadora de la lesión sufrida por el
accionante.
60. Adicionalmente, expuso que tampoco resultaba factible atribuir
responsabilidad al ente estatal en virtud de los títulos de riesgo excepcional o daño
especial, en cuanto se encontraba configurado el eximente de responsabilidad
denominado culpa exclusiva de la víctima.
61. En relación con la culpa exclusiva de la víctima, la autoridad judicial
accionada encontró acreditado que el accionante contaba con instrucción en el
manejo de armas de fuego, pues así lo manifestó en su declaración y además se
pudo constatar con la historia laboral allegada al plenario. De esta manera, el
peticionario tenía pleno conocimiento de las reglas señaladas en el decálogo de
seguridad con armas de fuego, el cual exige mantener el arma siempre descargada.
No obstante, para el momento en que ocurrieron los hechos, aquel la mantuvo
cargada, actuar que en su sentir, resultó imprudente y puso en peligro la vida de
sus compañeros y su propia integridad.
62. Por lo anterior, el tribunal accionado consideró que la causa exclusiva y
determinante del daño fue la manipulación y uso imprudente del arma de dotación
por parte del demandante, sin que ello incidiera que el vehículo que lo transportaba
15
Esto, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación que ha señalado que en lo que
atañe a los daños ocasionados con armas de fuego, la imputación de los daños derivados del uso
de armas de dotación oficial, puede realizarse a través de un régimen subjetivo de falla del servicio
o por medio de un régimen objetivo de riesgo excepcional. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de noviembre de
2020. Rad. 05001-23-31-000-2007-00392-01 (50.662).
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no era oficial, o que el fusil no tuviera cartucho de seguridad (elemento accesorio al
arma).
63. Finalmente, la autoridad judicial de segunda instancia destacó que a la misma
conclusión también se arribó en el proceso disciplinario adelantado contra el señor
Chávez Donado en el que fue sancionado con destitución e inhabilidad por 10 años
al hallarlo responsable de la comisión a título de culpa gravísima de la falta prevista
en el artículo 34 de la Ley 1015 de 2005, esto es, manipular imprudentemente armas
de fuego.
64. Ahora bien, como se dijo al inicio del análisis del caso concreto, el accionante
para sustentar la vulneración de los derechos invocados en este mecanismo
constitucional, si bien plantea un defecto fáctico, es evidente que pretende de
manera exclusiva que se valore en sede de tutela nuevamente la investigación
disciplinaria adelantada en su contra junto con los demás medios de convicción que
obran en el expediente ordinario. Esto, con el fin de que se llegue a la conclusión
de que la Policía Nacional es administrativa y patrimonialmente responsable de los
perjuicios causados al señor Daimir Antonio Chávez Donado y a su grupo familiar,
por las lesiones sufridas por él mientras se encontraba prestando el servicio militar.
65. No obstante, tal calificación excede la órbita del juez constitucional, pues ello
es de la competencia del operador judicial que conoció del proceso de reparación
directa, tal como en efecto ocurrió en el caso concreto y se señaló en los párrafos
anteriores.
66. Así, en cuanto al defecto fáctico planteado por la parte actora, la Sala
advierte que lo pretendido a través de este mecanismo constitucional es reabrir el
análisis jurídico y probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada, de los
hechos que dieron lugar al proceso de reparación directa que culminó con la
providencia aquí reprochada.
67. En otras palabras, el accionante intenta fundar su solicitud de amparo en la
posible ocurrencia de un defecto fáctico; sin embargo, echa de menos que la
autoridad judicial accionada en la providencia enjuiciada sustentara cada una de
sus afirmaciones en el material probatorio, por lo que se insiste, lo que se pretende
es reabrir el debate jurídico y probatorio surtido ante el juez natural de la causa,
buscando obtener una decisión favorable a sus intereses.
68. Sobre el punto, esta Sección reitera que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos
por el accionante dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
motivos planteados por el señor Daimir Antonio Chávez Donado frente a la
apreciación de las pruebas del proceso de reparación directa expuestos en la
solicitud de amparo, sin el debido contraste de un irracional estudio por parte de la
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autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas
se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia16.
69. Por esto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo al no
encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
2.7. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por el señor Daimir Antonio Chávez Donado por no superar el
requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Daimir Antonio Chávez Donado por no superar el requisito general de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
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