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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02353-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02353-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la desvinculación de E.S.E. Hospital General de Medellín “Luz Castro De Gutiérrez”. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Juan Guillermo López Arango Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad Rad: 11001-03-15-000-2023-02353-00 SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Juan Guillermo López Arango, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02353-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

8 de junio de 2023

Demandante: Juan Guillermo López Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2023-02353-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02353-00
Demandante: JUAN GUILLERMO LÓPEZ ARANGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
SALA PRIMERA DE ORALIDAD

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante correo remitido el 5 de mayo de 2023 al Sistema de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, ingresado a este
Despacho el 9 del mismo mes y año, el señor Juan Guillermo López Arango en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, con el fin de que le sean protegidos sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la igualdad y al trabajo.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas por la autoridad accionada,
al proferir el fallo del 31 de octubre de 2022 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el accionante contra la
E.S.E. Hospital General de Medellín, en el cual modificó la providencia de
primera instancia emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, para en su lugar declararse inhibido para resolver las
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Demandante: Juan Guillermo López Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2023-02353-00

pretensiones de existencia de relación laboral entre el demandante y la aludida
empresa social del estado.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“…

PRIMERO: Que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA PR[IMERA] DE ORALIDAD incurrió en vías de hecho y,
por tanto, debe declararse la nulidad de su actuación contenida en la
sentencia del día treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022),
mediante la cual se dispuso proferir una sentencia inhibitoria.

SEGUNDO: Por lo anterior, solicito se deje sin efectos la sentencia proferida
dentro del proceso con radicado No. 05-001-33-33-018-2016-00543-01,
mediante la cual se dispuso proferir una SENTENCIA INHIBITORIA, para que,
en su lugar, y teniendo en cuenta todas las pruebas allegadas al proceso, se
pronuncie una decisión de fondo..”1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte accionante sostuvo que ha laborado para el Hospital General de
Medellín de manera ininterrumpida, en el cargo de auxiliar de enfermería y que
sus funciones eran idénticas, ejecutadas en igual tiempo, modo, lugar, cantidad
y calidad de trabajo, a las que normalmente efectúa cualquier auxiliar de
enfermería vinculado; no obstante, existía una diferencia salarial entre lo que
devengaba y lo que correspondía al cargo de planta de auxiliar de enfermería.

Destacó que su vinculación directa con la demandada se dio a partir del 1 de
julio de 2014. Y antes, así:

“Por intermedio de la Corporación para la salud fenix “CORFENIX”, desde el
01 de febrero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013.

Por intermedio del Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud “DARSER”,
desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014.”

Agregó que, por lo anterior el “5 de octubre de 2015 (sic)” le solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales desde el
día en que ingresó a la entidad hasta el 30 de junio de 2014, en las mismas
condiciones que corresponde al cargo de planta del Hospital General de
Medellín. Además de la devolución de los aportes a la seguridad social; pero
que le fue negada con oficio HGM 012 00000000002016000378 del 21 de

1 Transcrito del original con posibles errores.

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enero de 2016, así: “Revisada nuestra base de datos a junio 30 de 2014, no se
observa que el señor Juan Guillermo, haya prestado sus servicios al Hospital
General de Medellín, calidad de servidora pública (sic), razón por la cual no
procede ninguna de las reclamaciones de carácter económico que peticiona”.

Manifestó que, por lo anterior, promovió una demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del mencionado
oficio y que, como consecuencia de su nulidad se ordenara lo siguiente:

i) Restablecer el derecho y efectuar el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral entre el señor Juan Guillermo López Arango y el Hospital
General de Medellín, a partir del 1 de febrero del año 2012 y hasta el 30 de
junio de 2014, con el reconocimiento de todas las consecuencias jurídicas y
económicas que ello conlleva, efectuando la nivelación salarial y prestacional de
mi poderdante al código y grado que en forma equivalente existe en la planta de
personal del Hospital General Medellín, especialmente de acuerdo con el
salario y prestaciones sociales devengadas por la auxiliar de enfermería
Alexandra Arango Jaramillo.

ii) Se ordenara la nivelación salarial y prestacional desde el 1 julio de julio de
2014, fecha en que el actor fue vinculado directamente con la institución, en las
mismas condiciones que son percibidas por la auxiliar de enfermería Alexandra
Arango Jaramillo.

iii) De manera derivada, se dispusiera el reconocimiento y pago de todos los
derechos laborales causados:

 Reajuste de salarios.
 Pago de dominicales y festivos.
 Pago de horas extras.
 Pago de prestaciones sociales legales y extralegales (prima de servicios,
prima de vida cara, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación
por recreación, vacaciones, cesantías e interés a las cesantías, entre
otras).
 Reajuste de los aportes al sistema de seguridad social.
 Devolución de los aportes económicos realizados a las cooperativas y
corporaciones.

iv) Se condenara a todo lo que resulte demostrado dentro del trámite del
proceso y se aplicaran los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad y
realidad sobre las formas.

Precisó que el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín mediante sentencia del 30 de mayo de 2018 accedió a las
pretensiones de la demanda ordinaria, al considerar que en la prestación del

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servicio por parte del demandante, se encontraban configurados los elementos
esenciales del contrato de trabajo definido en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, esto es, la actividad personal del demandante, la
continuada subordinación o dependencia de esta respecto a la ESE Hospital
General de Medellín, durante el período entre el 8 de febrero de 2013 y el 30 de
junio de 2014, inclusive2. En concreto, decidió así:

“PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad PARCIAL del acto administrativo
contenido en el Oficio No. HGM 012 00000000002016000378 del 21 de enero
de 2016, proferido por el Gerente General de la E.S.E. HOSPITAL GENERAL
DE MEDELLÍN “LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ”, mediante el cual se negó la
existencia de la relación laboral entre la ESE HOSPITAL GENERAL DE
MEDELLIN con el señor JUAN GUILLERMO LÓPEZ ARANGO durante el
periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2014
ambas fechas inclusive.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, SE CONDENA a la E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN
“LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ”, a reconocer y pagar … como
indemnización, todas las prestaciones comunes a cargo del empleador,
propias de los empleados públicos de la entidad demandada, y tomando como
referencia el cargo de Auxiliar Área Salud 2 (Farmacia), por los períodos en
que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios suscritos con la
CORPORACIÓN PARA LA SALUD -Corfenix y el SINDICATO DE
PROFESIONALES Y OFICIOS DE LA SALUD –Darser-, esto es, entre el 8 de
febrero de 2013 al 30 de junio de 2014 ambas fechas inclusive, y se ordena el
reintegro de aquellas sumas que el demandante canceló por concepto de
aportes a la Seguridad Social en pensión y salud, por los mismos períodos, y
en el porcentaje que por Ley correspondían al empleador.

TERCERO. Se condena a la entidad demandada a reajustar los valores de los
recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos reconocidos al señor
JUAN GUILLERMO LÓPEZ ARANGO desde el 1° de julio de 2014, teniendo
en cuenta los porcentajes indicados en los artículos 34 y 39 del Decreto 1042
de 1978 cuando las mismas corresponda a horas nocturnas, dominicales,
festivas o festivas nocturnas…
…
QUINTO. Se niegan las demás pretensiones de la demanda, con fundamento
en lo expuesto en la presente providencia.

2 Asimismo, agregó: “De otro lado, para resolver la solicitud de nivelación salarial deprecada en

la demanda a partir del 1 de julio de 2014, se advierte que la señora Alexandra Arango Jaramillo
con quien la demandante plantea la comparación a nivel salarial, según documento visible a
folio 38 del expediente, la señora Arango Jaramillo se vinculó al Hospital General de Medellín
en el mes de marzo de 1998 en el cargo de “Auxiliar Área de la Salud Enfermería”, cargo que
NO resulta equivalente al ocupado por el demandante cual es “Auxiliar Área Salud 2
(Farmacia)”, según se extracta de la certificación obrante a folios 125 del expediente, por lo que
no es posible concluir que en efecto existía un pago diferencial sobre la realización del mismo
trabajo, en tanto las funciones de uno y otro empleo no son iguales.”

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…”

Señaló que, la parte demandada apeló la decisión anterior, porque la junta
directiva del Hospital creó una planta temporal para ampliar la planta de cargos
de la institución, y este empleo temporal es diferente al de carrera y constituye
una categoría distinta de empleo público y al actor se le reconocieron todas las
prestaciones a que tiene derecho como categoría independiente del empleo
público.

Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad con fallo del 31 de octubre de 2022 modificó la sentencia de primera
instancia en el sentido de declararse inhibida para resolver las pretensiones de
existencia de relación laboral entre el demandante y el Hospital General de
Medellín por el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2008 al 30 de
junio de 2014 y los derechos laborales solicitados para este mismo período, así:

“PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín, el treinta (30) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), la cual quedará así:

‘PRIMERO: SE DECLARA INHIBIDA LA SALA para resolver las
pretensiones de existencia de relación laboral entre el demandante y el
Hospital General de Medellín por el periodo comprendido entre el 11 de
noviembre de 2008 al 30 de junio de 2014 y los derechos laborales
solicitados para este mismo periodo.’

SEGUNDO: Se confirma en lo demás la sentencia apelada.

…”

Agregó que, en dicha providencia se indicó que el litigio solo podría versar
sobre la nivelación salarial del demandante a partir de la vinculación directa con
la demandada, esto es, a partir del 1 de julio de 2014; pero que, como esta
pretensión fue negada en primera instancia y no fue objeto de apelación, no
había lugar a ningún tipo de análisis.

3. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que con la providencia demandada se incurrió en lo
siguiente:

3.1. Defecto fáctico:

Sostuvo que la autoridad judicial demandada realizó una valoración contraria o
deficiente de las pruebas determinantes para identificar el elemento de la
subordinación. Al momento de valorar dicha prueba desconoció
manifiestamente su sentido y alcance, razón por la cual, sin una razón valedera
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dio por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma surge clara y
objetivamente.

Agregó que, con las pruebas que fueron practicadas en el presente proceso se
acreditan fehacientemente los elementos de la relación laboral, especialmente
el de la subordinación.

Mencionó que, de una lectura integral de la reclamación administrativa es
posible advertir la solicitud de reconocimiento de una relación laboral en virtud
del contrato realidad, razón por la cual, se pidió el pago de salarios y
prestaciones sociales.

Indicó que tan cierto es que la propia entidad respondió que: “no se observa
que el señor Juan Guillermo, haya prestado sus servicios al Hospital General de
Medellín, en calidad de servidora pública (sic), razón por la cual no procede
ninguna de las reclamaciones de carácter económico que peticiona”.

Adujo que, con la contestación de la demanda nunca se hizo referencia a la
falta de agotamiento de la vía gubernativa en relación con la solicitud de
reconocimiento de una relación laboral, con lo cual, quedó más que demostrado
que la entidad hospitalaria entendió perfectamente el reclamo en dicho sentido.

Resaltó que, de un análisis objetivo y serio de la reclamación administrativa y
las pretensiones de la demanda, el operador jurídico va a encontrar plena
coherencia argumentativa tanto fáctica como jurídica. Lo que el “…Consejo de
Estado y Corte Constitucional han reprochado en sus providencias, es el hecho
de que en la demanda se incluyan argumentos y fundamentos nuevos, o variar
sustancialmente la reclamación inicial, lo cual no ha ocurrido en el presente
caso”.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto 12 de mayo de 2023 se admitió la solicitud de tutela y en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.

A su vez, se dispuso la vinculación del Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, así como al representante legal de la E.S.E.
Hospital General de Medellín “Luz Castro De Gutiérrez”.

5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

5.1. Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

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Este despacho judicial aportó el enlace virtual del proceso en cuestión.

5.2. E.S.E. Hospital General de Medellín “Luz Castro De Gutiérrez”

Esta entidad solicitó que se desvincule y a su vez, se opuso a la totalidad de lo
pretendido por el accionante pues la sentencia demandada se encuentra
soportada normativa y jurisprudencialmente, además de la improcedencia de la
acción de tutela, ya que no cumple con los presupuestos de la inmediatez ni
con la relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Cuestión previa

La E.S.E. Hospital General de Medellín “Luz Castro De Gutiérrez” solicitó su
desvinculación.

No obstante, la Sala denegará tal solicitud puesto que se integró a esta vía
constitucional en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si el tribunal demandado
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante, al incurrir en el
defecto fáctico alegado por cuanto modificó la providencia de primera instancia,
para en su lugar declararse inhibido para resolver las pretensiones de
existencia de relación laboral entre el demandante y la E.S.E. Hospital General
de Medellín “Luz Castro De Gutiérrez”.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.”4 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

4 Ibídem.
5 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

5. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20226, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad
en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…”.

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

6 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.

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A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal7” (Énfasis de la Sala).

El Alto Tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

6. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales se vulneraron con
ocasión del fallo del 31 de octubre de 2022 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentado contra la E.S.E. Hospital
General de Medellín, en el cual modificó la providencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, para
en su lugar declararse inhibido para resolver las pretensiones de existencia de
relación laboral entre el demandante y la aludida empresa social.

El mencionado hospital se opuso a lo pretendido, al considerar que la
providencia se sustentó normativa y jurisprudencialmente.

Para resolver, se precisa que, no se encuentra cumplido el requisito de la
relevancia constitucional por los siguientes motivos:

7 Sentencia SU 573 de 2019.

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Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel…”8. De igual manera, se precisa el aludido requisito
tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad10; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales11 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces12”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez de
esta vía tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su competencia y
podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de
amparo.

Así las cosas, se encuentra que la parte demandante para el defecto fáctico
alegado hizo referencia de manera genérica a las pruebas que fueron
practicadas en el presente proceso, con las cuales, a su juicio, se acreditan
fehacientemente los elementos de la relación laboral, especialmente el de la
subordinación. Esto, para denotar que el tribunal demandado realizó una
valoración contraria o deficiente de las pruebas determinantes para identificar el
elemento subordinación.

Asimismo, el actor sostuvo que, de una lectura integral de la reclamación
administrativa, así como de un análisis objetivo y serio de esta y las
pretensiones de la demanda, es posible advertir la solicitud de reconocimiento
de una relación laboral en virtud del contrato realidad, razón por la cual, se pidió
el pago de salarios y prestaciones sociales.

No obstante, se observa que, la solicitud de tutela carece de argumentos
suficientes para analizar de fondo la providencia demandada, en la cual, se
destaca se desvirtuó que la solicitud que presentó el accionante ante el
mencionado hospital guardara congruencia con lo demandado en sede judicial,
para tiempo transcurrido entre el 11 de noviembre de 2008 al 30 de junio de
2014 y los derechos laborales solicitados para dicho período.

8 Sentencia SU573 de 2019.
9 “Sentencia C-590 de 2005.”
10 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
11 “Sentencia C-590 de 2005.”
12 “Sentencia T-102 de 2006.”

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Demandante: Juan Guillermo López Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2023-02353-00

De modo que, ante tal evento, la autoridad acusada procedió a declararse
inhibida, en tanto que no podía ser llevada a juicio si previamente no se le ha
solicitado una decisión sobre la pretensión que se llevará ante el juez.

Así las cosas, se observa que el motivo por el cual el tribunal demandado
decidió en tal sentido no se corresponde con lo que alega el accionante a través
de esta acción de tutela, toda vez que, para establecer si en efecto acreditó los
requisitos que señala de una relación laboral, debía primero reclamarlo en esos
precisos términos ante la administración.

En la providencia cuestionada se hizo un comparativo entre lo solicitado en la
demanda y lo pedido ante la entidad hospitalaria conforme al escrito visible a
folios 28 y siguientes del expediente ordinario, para concluir que entre estas no
existía congruencia, y resaltar que la administración no puede ser llevada a
juicio si previamente no se le ha solicitado una decisión sobre la pretensión que
se presentará ante el juez.

Además, se observa que el tribunal demandado señaló que el demandante
nunca le solicitó a la entidad que se reconociera la existencia de una relación
laboral, lo cual se hacía indispensable para el análisis del llamado “contrato
realidad” y al no haberlo solicitado, la entidad no tuvo oportunidad de examinar
con anterioridad este derecho; por lo que no era posible que se pronunciara
sobre esta pretensión y que, tampoco fuera posible el estudio de ninguno de los
derechos laborales solicitados en la demanda, que se causaron con antes del
1° de julio de 2014.

De manera que, si se tiene en cuenta el análisis de los argumentos de la parte
demandante, así como de las motivaciones del fallo cuestionado, se encuentra
que busca un cambio en la forma en la que la autoridad judicial acusada
resolvió el asunto en segunda instancia, de manera desfavorable.

En ese sentido, para poder estudiar de fondo el objeto de la demanda con la
argumentación del escrito de tutela, esta Sala tendría que realizar una
valoración integral del material probatorio, así como retomar el análisis
efectuado en la providencia demandada.

De modo que, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.

Por consiguiente, para la Sala el accionante pretende convertir esta acción de
tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte interesada
refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos
constitucionales, sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i)
cumplir con la carga de argumentativa derivada de una providencia judicial en
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abierta contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la
intervención del juez constitucional.

De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.

Así, el asunto demandado a través de esta acción de tutela se circunscribe a
cuestionar el análisis valorativo alegado por la parte actora con la finalidad de
debatir lo que ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial acusada.

Para la Sala, lo demandado en esta solicitud de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente para justificar la relevancia del caso, lo cual implica un
ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede advertir
una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada y que, sea tal la
trascendencia que el juez constitucional deba intervenir.

De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la demandada, que amerite la
intervención del juez de tutela.

Por consiguiente, para la Sala se trata de un desacuerdo en relación con las
conclusiones a las que arribó el tribunal cuestionado y, ello, no puede ser razón
para que el juez de la acción de tutela intervenga en la protección de los
derechos fundamentales, puesto que, sería invadir la competencia del juez
natural.

En consecuencia, se declarará la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la desvinculación de E.S.E. Hospital General de
Medellín “Luz Castro De Gutiérrez”.

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SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Juan Guillermo López Arango, por lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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