Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07680-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07680-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: YEIMI JOHANA AREIZA DUQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO - La
autoridad judicial demandada omitió valorar una prueba documental y otra testimonial,
que resultaban trascendentales para la resolución de la controversia.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yeimi Johana Areiza
Duque contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 19 de diciembre de 20231, la señora Yeimi Johana Areiza Duque ejerció acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se
amparara sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al «precedente judicial», supuestamente
vulnerados con la expedición de la sentencia del 13 de junio de 2023, dictada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-
008-2016-00709-01. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Conforme a los hechos que más adelante se narran,
respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado que de manera
inmediata se proceda al amparo de los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
IGUALDAD Y PRECEDENTE JUDICIAL, vulnerados, declarando y ordenando
lo siguiente:
1
Se advierte que, el 25 de enero de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
SEGUNDO: Que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA QUINTA DE ORALIDAD incurrió en vías de hecho y, por
tanto, debe declararse la nulidad de su actuacion contenida en la sentencia
del día trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023), mediante la cual se
dispuso revocar la sentencia de primera instancia. Por lo anterior, solicito se
deje sin efectos la providencia y, en su lugar, se profiera una nueva decisión.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Yeimi Johana Areiza Duque demandó a la E.S.E. Hospital General de
Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio HGM
01200000000002016001466 del 07 de abril de 2016, y la existencia de un vínculo
laboral entre el 1º de agosto de 2011 y el 30 de junio de 2014.
En sentencia del 22 de junio de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Inconformes con
la anterior decisión, la partes, demandante y demandada, interpusieron recurso de
apelación, el cual fue resuelto mediante fallo del 13 de junio de 2023, notificado el
14 de junio siguiente, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
que revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
1.3. Argumentos de la tutela
Para Yeimi Johana Areiza Duque, la autoridad judicial demandada incurrió en
defecto fáctico, por cuanto en el expediente obraba la declaración de la señora
Alba Rocío Montoya, quien desde hace 30 años desempeña el cargo de auxiliar
de enfermería en el Hospital General de Medellín y «extrañamente el testimonio
no fue valorado, pues el tribunal indicó que la parte demandante no cumplió con la
carga de presentar sus testigos», lo cual da cuenta del error del tribunal, dado que
dicho testimonio fue decretado y practicado el 9 de agosto de 2018, tal como
quedó establecido en el acta 255.
Indicó que dicho testimonio era relevante para demostrar los elementos de la
relación laboral, en especial, el de la subordinación, pues demuestra que la actora
cumplía horario, recibía órdenes del hospital demandado, le impartían
capacitaciones, tenía jefes, debía pedir permiso para ausentarse, y el hospital le
entregaba las herramientas para laborar, así como tenía compañeras de trabajo
que desempeñaban el mismo cargo y que hacían parte de la planta de personal.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Adicionalmente, consideró que el tribunal no hizo un análisis del contenido de los
contratos de prestación de servicios, pues de haberlo hecho, hubiera encontrado
que el hospital era quien precisaba el lugar de prestación del servicio, los horarios
de forma presencial, permanente e ininterrumpida, y los asuntos de tiempo, modo,
lugar, cantidad y calidad del servicio. Aunado al hecho de que indicó que no se
allegaron todos los contratos, al referir que no «se tiene referencia de la relación
contractual que el Hospital General de Medellín sostuvo con CORFENIX, antes del
mes de marzo de 2013», pues dicha prueba se encuentra en las páginas 1 al 422
del cuaderno #2.
Manifestó que la subordinación debe presumirse, conforme la sentencia T-366 de
2023, pues la prueba indiciaria ha sido considerada como eficaz para llevar al juez
al convencimiento de la existencia de la subordinación y como indicios
importantes, sostuvo que si cumplía con un horario impuesto por el empleador, o
si la función ejercida tiene naturaleza de permanencia por ser propia del giro
ordinario de los negocios o si se le aplica el reglamento interno de trabajo, así
como la temporalidad del contrato.
Expuso que los testimonios trasladados no lograron desvirtuar la presunción de
subordinación, pues los mismos hacen referencia a otro trabajador y no se logró
explicar que la demandante hubiera ejercido su función con plena autonomía.
Señaló que tanto la Subsección A como la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado aplican la presunción de subordinación en la ejecución de
las funciones de enfermería, en los siguientes expedientes 25000-23-42-000-
2017-00635-01, 52001-23-31-000-2011-00207-01, 25000-23-25-000-2002-04144-
01, 13001-23-31-000-2012-00233-01, 23001-23-33-000-2015-00048-01, 05001-
23-33-000-2017-02520-01, 05001-23-33-000-2017-02041-01.
Adujo que se le vulneró el debido proceso, por cuanto quedó probado el hecho de
que la entidad accionada no respetó el principio de la temporalidad, ya que de los
contratos de prestación de servicios y las certificaciones laborales se desprende
que las actividades fueron ejecutadas por un lapso aproximado a los 4 años, y que
los mismos se suscribieron para desempeñar funciones de carácter permanente
de la administración.
Indicó que el tribunal no aplicó correctamente la normatividad aplicable al caso,
pues es claro que el exceso en el carácter excepcional y temporal de un contrato
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Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de prestación de servicios genera que, en realidad, se convierta en un contrato
ordinario y permanente.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 15 de enero de 2024, se admitió la solicitud de amparo y
ordenó que aquel se notificara a la autoridad judicial demandada y, en calidad de
tercero con interés, al gerente del Hospital General de Medellín. Asimismo, se
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Hospital General de Medellín indicó que la autoridad judicial demandada no
vulneró los derechos fundamentales de la accionante, por las siguientes razones:
El Tribunal Administrativo de Antioquia, al apreciar en conjunto los medios de
prueba que obran en el expediente, determinó que la demandada logró desvirtuar
la presunción de subordinación, sumado al hecho que la inactividad de la parte
actora quien «no realizó ningún esfuerzo probatorio consistente en demostrar los
elementos propios de una relación laboral».
En relación con la exclusión de la prueba testimonial, expuso que la parte
demandante no presentó sus testigos para que declararan en el proceso, tal y
como quedó expuesto en la sentencia de primera instancia «folio 8 de la sentencia
de primera instancia, acápite AUDIENCIA DE PRUEBAS».
Añadió que, para demostrar el defecto fáctico resulta necesario acreditar de
manera razonada la equivocación en la que incurrió el tribunal en el análisis y
valoración de los medios de convicción, situación que, a su juicio, no ocurrió.
En relación con el derecho a la igualdad, por cuanto en el proceso ordinario no
existen situaciones idénticas que se hubieran fallado en sentido distinto ya que en
en los casos de contrato realidad se debe demostrar los elementos de un contrato
de trabajo, en especial, el de subordinación, elemento que, insistió, no pudo
demostrar la parte demandante.
Por último, en cuanto al desconocimiento del precedente, expuso que la
demandante debió acudir al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, como en reiteradas ocasiones lo ha hecho el abogado de la aquí
demandante en casos similares, ejemplo de ello, son los procesos con radicado
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Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
05001-33-33-018-20147-00109-01, 05001-33-33-033-2016-00796-01, 05001-33-
33-019-2016-00960-01, 05001-33-33-005-2017-00115-01. Adicionalmente, precisó
que el mismo abogado «tiene la reiterada costumbre de interponer acciones de
tutela contra las sentencias que niegan sus pretensiones como si fuera una tercera
instancia» y para tal efecto, citó los procesos con radicado 11001-03-15-000-2023-
02353-00 y 11001-03-15-000-2023-02406-00.
Manifestó que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
puesto que lo pretendido es reabrir el proceso que culminó con la negativa de las
pretensiones de la parte actora, y precisó que no existe prueba alguna que
demuestre esa dependencia que alegó en la demanda «al punto que no trajo al
proceso testimonios a su favor que al menos así lo acreditaran».
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De acreditarse, se abordará el
estudio de fondo, con el fin de establecer si la sentencia dictada el 13 de junio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales de la accionante.
2. Análisis de la Sala
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 13 de junio de 2023 y, se remitió el mensaje de
datos con la sentencia el 14 de junio siguiente, por lo que la misma se entiende
notificada transcurridos dos días hábiles siguientes, esto es, el 16 de junio del
mismo mes y año, por lo que, a partir del día hábil siguiente la parte actora podía
instaurar la demanda de tutela, esto es, el 20 de junio de 2023 2, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 19 de diciembre de 2023, es decir, dentro de
los seis meses siguientes a la notificación. Este término resulta razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2
Por cuanto el 19 de junio de 2023 fue día festivo.
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2.1.3. Subsidiariedad: la Sala estima que este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes.
2.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
dado que los cargos se encuentran suficientemente argumentados, y la accionante
explicó, con suficiente claridad, las razones por las cuales considera que el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, derechos
tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela.
Adicionalmente, se advierte que también se cumplió con la carga argumentativa
mínima en relación con los defectos alegados, así:
• Defecto fáctico: expuso con claridad cuáles fueron las pruebas que no tuvo en
cuenta el Tribunal demandado, esto es, la prueba testimonial de la señora Alba
Rocío Montoya y los contratos de prestación de servicios suscritos entre el
Hospital General de Medellín y el sindicato CORFÉNIX.
• Desconocimiento del precedente: identificó las sentencias desconocidas por la
autoridad judicial demandada y explicó las razones por las cuales considera
que las conclusiones a las que arribó vulneran sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el problema jurídico planteado, como se cumplen los requisitos
generales de procedencia, pasa la Sala a examinar si la providencia atacada
vulneró los derechos fundamentales cuya protección reclama la parte actora.
La señora Yeimi Johana Areiza Duque considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al proferir la sentencia del 13 de junio de 2023, vulneró sus derechos
fundamentales, al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente,
por cuanto, a su juicio, del material probatorio que obraba en el expediente sí se
demostró el elemento de la subordinación.
Puntualmente, la actora reprochó de la sentencia del tribunal la ausencia en la
valoración de la prueba testimonial de la señora Alba Rocío Montoya, practicada
el 9 de agosto de 2018 en la audiencia de pruebas celebrada por el Juzgado
Octavo Administrativo de Medellín.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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Sobre el particular, en la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo de
Antioquia luego de referenciar las pruebas documentales que obraban en el
expediente, hizo referencia a los testimonios trasladados 3 de los señores Jorge
Uriel Urrego Herrera (director de Gestión Humana del Hospital General de
Medellín) y Liliana Bermúdez Carvajal (enfermera especialista del Hospital
General de Medellín y supervisora de los contratos con las cooperativas y
corporaciones).
Luego se citaron los referentes jurisprudenciales sobre la presunción de la
subordinación que fue aplicada por el juez de primer grado, y sostuvo que no ha
sido un tema sobre el cual el Consejo de Estado haya fijado un precedente de
unificación en los términos del artículo 270 y 271 del CPACA.
En relación con la subordinación, el tribunal demandado consideró que la entidad
demandada asumió una actitud activa con el fin de desvirtuar la presunción de
subordinación, «tanto así que la prueba testimonial fue recopilada a petición suya,
y con ella, sí se logró ese cometido».
Sostuvo que el Hospital General de Medellín logró demostrar que el lugar donde
la señora Areiza Duque cumplió sus funciones fue en sus instalaciones «ello se
dio por la naturaleza del servicio que fue contratado con las corporaciones que
requirieron de sus servicios», pero que las mismas pagaban una especie de
arrendamiento por espacios, tales como la oficina donde estaban ubicadas sus
coordinadores, y que la prestación personal del servicio se hacía en pisos de la
entidad, pero de forma separada del personal vinculado, lo anterior, de
conformidad con lo declarado por el señor Jorge Uriel Urrego Herrera, como
director de Gestión Humana del Hospital. Sostuvo que lo anterior fue corroborado
por la señora Bermúdez Carvajal, al afirmar que ese personal cumplía sus
obligaciones en pisos específicos de la entidad, pero de forma separada.
En relación con los horarios de labores, precisó que los dos testigos afirmaron
que el personal contratado estaba sujeto a unos cuadros de turnos de 12 u 8
horas, pero los mismos eran elaborados por la coordinadora administrativa de
esas entidades, pero no por personal del hospital, pues lo único que debía
garantizar era el cubrimiento de los servicios contratados por espacios de 24
3
En audiencia de pruebas celebrada el 2 de agosto de 2018, proceso con radicado 05001-33-33-
008-2016-00618-00 y la celebrada el 3 de agosto de 2018, proceso con radicado 05001-33-33-008-
2016-00708-00.
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horas, pero los mismos tenían total libertad de establecer la forma como su
personal habría de laborar, y también afirmaron que, inclusive, podían desarrollar
actividades en otras entidades de salud con las que esas corporaciones tenían
suscritos los contratos.
Asimismo, agregó que la señora Bermúdez Carvajal afirmó que lo único que «le
estaba dado realizar en relación con los cuadros de turno, era revisar aquellos
que le eran entregados por la coordinadora administrativa de esas corporaciones,
a efectos de verificar que las horas reportadas si fueran efectivas» con el fin de
proceder con el pago pactado dentro de los contratos.
En cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar a través de
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, expuso que la
señora Bermúdez Carvajal indicó que como supervisora de los contratos nunca
tuvo injerencia en el personal de la corporación, pues ellos debían cumplir con las
obligaciones contractuales, pero «todo les era indicado por sus coordinadoras»
De otra parte, en cuanto a la sujeción a reglamentos o protocolos, expuso que,
según la testigo, todo el personal de salud tiene que adherirse a protocolos y
directrices del Ministerio de Salud, pero la asignación de las funciones al personal
de las corporaciones lo hacía «el área de personal de ellas mismas a través de
manuales de funciones, en especial para el de enfermería».
En ese mismo sentido, el tribunal accionado consideró que el testigo Jorge Uriel
Urrego Herrera fue consistente en afirmar que por la exigencia que planteaba el
Hospital General de Medellín, las corporaciones contaban con coordinadoras que
cumplían funciones enfocadas en el manejo administrativo y asistencial.
Luego, el Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo lo siguiente:
Adicional a todo lo anterior, considera oportuno la Sala traer a colación
aspectos que fueron mencionados por los testigos citados a instancias de la
entidad demandada, tales como, la separación del personal del Hospital
General de Medellín y el que era contratado a través de las
corporaciones, ya que ambos deponentes identificados ya en varias
oportunidades en el proveído, al unísono afirmaron que el hospital
asignaba pisos específicos donde sólo el personal contratado era el que
prestaba el servicio, no se mezclaban; además que la coordinación de los
cuadros de turnos de los terceros y del personal vinculado, se hacía así, para
el caso de los primeros, por parte de sus coordinadoras y, de los segundos,
por la señora Liliana Bermúdez Carvajal, pero no laboraran todos en los
mismos servicios, en punto a que se había efectuado una asignación de áreas
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
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físicas y unos servicios específicos para ser atendido por el personal de
enfermería de las cooperativas o corporaciones; el trámite de quejas y
reclamos por la prestación del servicio del personal contratado que estaba a
cargo de la coordinadora designada por las corporaciones.
Incluso, el señor Urrego Herrera en forma clara dijo que las quejas, faltas o
irregularidades en que pudiera incurrir el personal contratado, eran manejadas
a través de las supervisoras o coordinadoras que estaban encargadas de la
parte administrativa y asistencial, ellas atendían las quejas presentadas por
los usuarios.
Otro aspecto importante relacionado en la prueba testimonial fue el
correspondiente a la dotación de uniformes y elementos, ya que, quedó
establecido con los dichos de los declarantes, que la dotación era
entregada al personal contratado por las corporaciones y que incluso
tenía distintivos o logos de ellas, que los diferenciaba del personal
vinculado con el Hospital General de Medellín.
Conforme a lo anterior, es dable concluir en que la parte demandada
logró desvirtuar la presunción de subordinación aplicada por el juez de
primer grado en cuanto al elemento de la subordinación, contrario a lo
que se consideró en la sentencia, en tanto, con la prueba testimonial acopiada
en la actuación se pudo establecer que las funciones cumplidas por el
personal contratado correspondían a los contratos de prestación de
servicios que el Hospital General de Medellín suscribió con la
Corporación CORFENIX, para atender actividades, intervenciones y
procedimientos electivos y urgentes en varios subprocesos que exigían
la prestación del servicio de auxiliar de enfermería, lo cual hizo bajo el
sistema de cuadros de turnos y la dirección de las coordinadoras de la
Corporación y en el espacio separado que le fue asignado a su personal.
En síntesis, la información hasta ahora recaudada conforme a la prueba
documental y a la prueba testimonial que reposa en el expediente, a lo sumo
permite inferir que se trató de la ejecución de labores propias del cuidado de
paciente ejercidas en los pisos que fueron asignados a CORFENIX, mediante
el esquema de cuadros de turnos, pero bajo la vigilancia, direccionamiento y
tutela del personal de coordinación de la misma corporación, sin injerencia de
empleados del Hospital General de Medellín, incluso porque estaban
ubicados en forma separada, es decir, habían pisos en los que laboraban los
auxiliares de enfermería de CORFENIX en forma exclusiva y otros en los que
lo hacía el personal del ente hospitalario y simplemente debían ajustarse a los
protocolos que, por motivos de gestión de calidad, existían en la entidad, lo
cual hubiere sido igual de laborar en cualquier centro asistencial, ello desde el
01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2013.
Ahora, respecto del sindicato DARSER, a lo sumo se puede dar por
comprobada la prestación del servicio en forma personal de la actora con
fundamento en los cuadros de turnos correspondientes al período
comprendido entre el 15 de octubre y el 30 de junio de 2014, no así la forma
como ejerció sus funciones, sin que pueda apelarse a la presunción de
subordinación, porque como viene de indicarse, la entidad demandada logró
desvirtuarla en el período inmediatamente anterior, lo que hace pensar que no
tendría por qué ser diferente al efectuarse el cambio de CORFENIX por el
sindicato, cuando la necesidad y el objeto contractual era el mismo.
En lo relativo a la remuneración, fueron aportados los pagos efectuados por el
sindicato DARSER a la actora desde el mes de octubre de 2013 y 30 de junio
de 2014, así como la terminación del convenio de ejecución, y respecto de
CORFENIX, simplemente existe una certificación del valor que a noviembre
de 2011 se le cancelaba como salario básico cual era de $1.250.00038 y del
valor del Otro Sí al contrato de duración de trabajo por obra o labor
determinada pactado de fecha 01 de agosto de 2013, por concepto del valor
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hora laborada, pero del período del que se predica la relación contractual, no
existe referente de pagos efectuados por el Hospital General de Medellín.
Recopilando todo lo dicho con antelación, se tiene que si bien la demandante
prestó de manera personal los servicios requeridos por la entidad
demandada, lo hizo en estricto sentido en cumplimiento de las obligaciones
contractuales que se habían pactado entre el Hospital General de Medellín y
la Corporación CORFENIX y el sindicato DARSER, lográndose desvirtuar la
presunción de subordinación en torno al tiempo de prestación de servicios
mediante la corporación indicada y solo corroborándose correspondencia de
funciones del cargo de auxiliar de enfermería, pero por la formación del
personal y con independencia de la entidad que se trate.
Por consiguiente, la Sala puede concluir que en este caso no logró
desnaturalizarse el vínculo contractual y, por ende, estructurar la existencia de
una relación laboral, pues la demandante pudo satisfacer las obligaciones
contractuales bajo la subordinación del personal de la Corporación
CORFENIX, puntualmente de las coordinadoras, quienes ejercían la vigilancia
y dirección del personal con autonomía e independencia, debiendo solo
ajustarse a los protocolos de atención del paciente fijados por estándares de
calidad en el Hospital General de Medellín, recibiendo el pago en la forma y
en los valores que quedaron indicados.
En este punto es conveniente precisar que la actora invocó la práctica
de prueba testimonial y una vez decretada y fijada fecha para su
recepción, no presentó a los declarantes ante el juez y, habiéndose
otorgado término para justificar asistencia, no hizo efectiva su
comparecencia.
Como se pudo observar, el Tribunal demandado consideró que, de conformidad
con la prueba testimonial y los documentos que obraban en el expediente,
resultaba procedente revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, por cuanto el Hospital General de Medellín desvirtuó
la presunción de subordinación en relación a los servicios que prestó la señora
Yeimi Johana Areiza Duque.
La Sala considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia sí incurrió en el
defecto fáctico alegado, razón por la cual se concederá el amparo solicitado. Esta
conclusión encuentra sustento en las siguientes razones:
Lo primero que conviene precisar es que en la sentencia cuestionada no se hizo
referencia alguna a la prueba testimonial de la señora Alba Rocío Montoya, que
fue practicada en la audiencia del 9 de agosto de 2018. En efecto, el Tribunal
demandado únicamente se refirió a los testimonios trasladados de los señores
Jorge Uriel Urrego Herrera y Liliana Bermúdez Carvajal, y con fundamento en la
valoración de esas declaraciones adoptó su decisión.
En efecto, luego de revisar el expediente y, en especial, el acta de la audiencia de
pruebas que obra en el folio 541 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que
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fue remitido por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, se observa lo
siguiente:
2.2. Testimonial
Se procede a la práctica de la PRUEBA TESTIMONIAL SOLICITADA POR
LA PARTE DEMANDANTE frente a las señoras, ALBA ROCÍO MONTOYA,
quien declarará sobre los aspectos detallados en la solicitud de la prueba (Fl.
20).
-Comparece la señora ALBA ROCÍO MONTOYA (…) a quien se le toma el
juramento de rigor y se le realizan las preguntas sobre sus generales de Ley.
Pregunta el Despacho. Se concede el uso de la palabra al apoderado de la
parte demandante solicitante de la prueba. Se concede el uso de la palabra al
apoderado de la parte demandada. Se concede el uso de la palabra a la
representante del Ministerio Público. Se autoriza el retiro de la testigo siendo
las 9:44 a.m.
El apoderado de la parte demandante solicita se le de un término de 3 días
para presentar excusa sobre la no comparecencia de los demás testigos.
Asimismo, del registro en audio y video que obra en el expediente 4 se extrae que,
en efecto, la señora Alba Rocío Montoya rindió su declaración en la referida
audiencia de pruebas.
Allí, la señora Montoya manifestó que trabaja desde hace 23 años como auxiliar
de enfermería del Hospital General de Medellín, que conoce a la señora Yeimi
Johana Areiza Duque, por cuanto empezó a trabajar en esa institución en el año
2011, a través de una empresa tercerizada, pues por esa época había mucho
personal que trabajaba de esa manera. Indicó, además, que laboraba para esa
fecha en el Hospital General de Medellín, a través de una vinculación en
provisionalidad.
Manifestó que tanto ella como la señora Areiza Duque desempeñaban funciones
integrales con los pacientes, les suministraban medicamentos, canalizaban venas,
los llevaban a rayos x o cirugía y los asistían para comer, vestirse y bañarse.
También expuso que para el momento que la señora Areiza Duque ingresó, el
Hospital General de Medellín contaba con auxiliares de enfermería.
Le preguntaron sobre el control que se ejercía al personal de planta y a los
tercerizados, y respondió que llegó a tener jefes de tercerización, porque por
áreas casi siempre había un solo jefe y «nos mandaba igual a ella que a mí».
4
Minuto 08:17 al 41:40 de la audiencia de pruebas.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En relación con la distribución de las horas de trabajo, explicó que era por
cuadros de turno, y señaló que tenía algunos en los que figuraban tanto
empleados vinculados al Hospital General de Medellín, como los tercerizados.
En cuanto a la dotación de uniformes y los utensilios, manifestó «que ellas decían
que compraban el uniforme y tenían el logo del hospital y los insumos eran igual
para ellas o para mí, los pedíamos en el mismo sitio, las mismas herramientas de
trabajo, todos los insumos se pedían en el mismo sitio».
Sostuvo que la señora Areiza Duque y ella prestaban el servicio en áreas
comunes y no independientes. Expuso que los protocolos eran los mismos tanto
para ella como para las auxiliares tercerizadas.
Precisó que el hospital tiene diferentes unidades, hay funciones generales para
todos los servicios, pero hay unas específicas como en urgencias, reanimación,
UCI, las cuales eran exclusivas y, por ende, prestaba sus servicios todo el
personal, incluyendo al personal tercerizado.
Indicó que siempre han existido esas áreas especializadas, pero cuando ella
trabajó en cuidados especiales «éramos tercerizados y otros de carrera
administrativa». En cuanto a las reuniones del personal vinculado y el tercerizado,
precisó que, si eran reuniones obligatorias, como las capacitaciones, asistían
absolutamente todos. De igual modo, informó que el cuadro de turnos lo
elaboraba el departamento de enfermería y tiene la firma de la coordinadora del
Hospital General de Medellín.
En cuanto a la autonomía, explicó que no era posible modificar el cuadro de
turnos, porque quedarían pacientes desprotegidos, salvo que cambiara turno con
otra compañera, de lo contrario no sería posible. Y agregó: «nosotros hasta
cambiamos de turno con esas niñas».
En estas condiciones, contrario a lo afirmado en su intervención por el Hospital
General de Medellín, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia
omitió valorar el testimonio de la señora Alba Rocío Montoya, por cuanto en el
folio 8 de la sentencia de primera instancia se indicó que se «recibieron los
testimonios solicitados a instancia de la entidad demandada y ante la inasistencia
de algunos de los testigos decretados se concedió el término de 3 días a las
partes para que allegaran las excusas pertinentes, sin embargo, guardaron
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
silencio»; sin embargo, ninguna valoración se efectuó respecto del testimonio de
la señora Alba Rocío Montoya, que, de hecho, fue el único solicitado por la parte
demandante, por cuanto los demás testigos no asistieron y tampoco presentaron
excusa. Cabe agregar que el mismo Hospital General de Medellín, en los alegatos
de conclusión, hizo referencia a la declaración de la señora Montoya5, lo que
indica que sí obraba en el expediente ordinario.
La Sala advierte que la declaración de la señora Alba Rocío Montoya resulta
relevante y no podía omitirse su valoración en la sentencia respectiva, por cuanto
el tribunal demandado consideró que se había desvirtuado la presunción de
subordinación en relación con los servicios de auxiliar de enfermería de la señora
Areiza Duque, con fundamento en la prueba testimonial trasladada de dos
testigos de la parte demandada, pero, como se pudo observar en los apartes de la
sentencia que fueron citados, la autoridad judicial demandada le reprochó a la
demandante el hecho de que a pesar de habérsele decretado varios testimonios
«no presentó a los declarantes ante el juez», aunado al hecho de que afirmó que
«la prueba testimonial fue recopilada a petición suya» y, como quedó demostrado,
dichas afirmaciones no corresponden a la realidad probatoria del expediente.
Adicionalmente, la Sala observa que el tribunal demandado omitió valorar la
totalidad de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el Hospital
General de Medellín y CORFÉNIX, pues en la sentencia cuestionada afirmó que
«no se tiene referencia probatoria de la relación contractual que el Hospital
General de Medellín sostuvo con CORFENIX, antes del mes de marzo de 2013»;
sin embargo, revisado el caudal probatorio del proceso ordinario, se observa que
sí obra copia del contrato 23 de 2012 6, celebrado el 26 de enero de 2012, que
empezó a ejecutarse el 1º de marzo de 2012, y cuya duración se pactó por el
término de 1 año, lo que quiere decir que sí se tenía referencia probatoria en el
expediente de esa relación contractual, pero el tribunal omitió valorarla.
En atención a lo expuesto, se observa que en la providencia cuestionada, esta es,
la dictada el 13 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se
incurrió en defecto fáctico, por cuanto omitió valorar (i) la prueba testimonial de la
señora Alba Rocío Montoya, que fue debidamente decretada y practicada en la
audiencia de pruebas del 9 de agosto de 2018, con el fin de demostrar los
5
Folio 585 del cuaderno 1 del expediente digitalizado, remitido por el Juzgado 8 Administrativo de
Medellín.
6
Folio 176 del cuaderno «respuesta al exhorto No. 045» del expediente digitalizado remitido por el
Juzgado Octavo Administrativo de Medellín.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
elementos de la supuesta relación laboral existente entre la señora Yeimi Johana
Areiza Duque y el Hospital General de Medellín, y (ii) el contrato 23 de 2012,
suscrito el 26 de enero de 2012, elementos de prueba que obran en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-008-2016-
00709-00.
En ese contexto, dado que está acreditado el defecto fáctico, la Sala se relevará
de estudiar los demás defectos alegados en la solicitud de amparo.
Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
señora Yeimi Johana Areiza Duque. Como consecuencia, dejará sin efectos la
sentencia del 13 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, y le ordenará a dicha Corporación que, en un lapso no mayor a treinta
(30) días, contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera una
decisión de reemplazo en la que valore el testimonio rendido por la señora Alba
Rocío Montoya en la audiencia de pruebas del 9 de agosto de 2018, y el contrato
23 de 2012, celebrado el 26 de enero de 2012 entre el Hospital General de
Medellín y CORFÉNIX.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Yeimi
Johana Areiza Duque, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la sentencia del 13 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-008-2016-00709-00, y (ii)
se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días,
contado a partir de la notificación de la presente providencia, profiera la
correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07680-00
Demandante: Yeimi Johana Areiza Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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