Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02496-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02496-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-02496-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
31 de agosto de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02496 01
Accionante: Andrea López Domínguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02496 01
Accionante: ANDREA LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora es de naturaleza legal y
económica.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 15 de junio de 2023 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Andrea López Domínguez, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida
el 20 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Segunda de Decisión, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
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Accionante: Andrea López Domínguez
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el
día 20 de abril de 2023, en el expediente rad. nro. 63001-33-
33-001-2022-00055-02, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos
la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada
en la demanda […]”.
[Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento
del Quindío desde el 2 de junio de 2011, razón por la que considera tiene
derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen
anualizado, con pago de interés cada año.
Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las
cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece
por los servicios prestados en el año 2020.
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Accionante: Andrea López Domínguez
Manifestó que el 13 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental del Quindío y al FOMAG el pago de las cesantías y el
reconocimiento de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
Señaló que “(…) la entidad pública demandada, como patrono, en vez de
efectuar una respuesta de fondo, o proceder a la consignación de las
cesantías, remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que
otorgara respuesta a la solicitud, siendo esta última entidad la encargada
de los recursos del FOMAG, no sobre quien recae la obligación de la
consignación como patrono, pero hasta la fecha de presentación de esta
acción de tutela, nunca se obtuvo respuesta (…)”2.
La accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG - y el departamento del Quindío, con el fin que se
declarara la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 13 de
octubre de 2021, que le negó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecidas en la
Ley 50 de 1990.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
de Armenia que, en sentencia del 22 de agosto de 2022, negó las
pretensiones.
En contra de la precitada decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación, y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de
Decisión, en sentencia del 20 de abril de 2023 la confirmó con fundamento
en que “(…) para la Sala no es posible hacer extensiva la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en favor de la
señora Andrea, quien ha ocupado el cargo de docente oficial al servicio
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del departamento del Quindío y se encuentra cubierta por el sistema
anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe
norma jurídica que así lo contemple según su situación específica, además
no existe un precedente consolidado de obligatoria aplicación, y acceder
a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el
funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la administración
de los recursos – PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE UNIDAD DE CAJA -,
aspectos todos que de desconocerse exceden el propósito del legislador
(…)”3.
La parte actora indicó que “(…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de
2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de
conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a
modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el
pago oportuno de la prestación social (…)”4.
Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera
caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión
no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el
derecho a la seguridad social.
Expuso que no se debate un asunto de mera legalidad, comoquiera que
involucra múltiples aspectos de relevancia constitucional, tales como: i)
la ausencia de garantía de igualdad en el trato jurídico, ii) los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de la existencia de
varias posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo
atinente a la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías a los docentes, iii) la transgresión al derecho a la seguridad
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Ibidem.
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social de los miembros del magisterio, y iv) el principio de favorabilidad
en la aplicación de normas y precedentes en materia de prestaciones
sociales de servidores públicos y docentes.
Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la
normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el
tribunal accionado no tuvo en cuenta “(…) las últimas 21 sentencias del
Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa
administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de
1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al
unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han
expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido
siempre positiva (…)”5.
Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20206, el 24 de enero de
20197, el 29 de julio de 20198, el 2 de diciembre de 20199, el 10 de junio
de 202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de 202012, 17 de
junio de 202113, 4 de noviembre de 202114, 25 de noviembre de 202115,
11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218,
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Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01.
7
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01.
8
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01.
9
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01.
10
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01.
11
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01.
12
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01.
13
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro.
08001 23 33 000 2015 00331 01.
14
Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02.
15
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001
23 40 000 2017 00134 01.
16
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y
080001 23 40 000 2015 90008 01.
17
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01.
18
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01.
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Accionante: Andrea López Domínguez
28 de abril de 202219, 9 de mayo de 202220, 19 de mayo de 202221, 1 de
julio de 202222, 22 de agosto de 202223 y 22 de septiembre de 202224.
Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional
en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio
2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.
Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 202325
“(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,
encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de
manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió
en desconocimiento del precedente (…)”26, por lo tanto, solicitó que en el
presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 12 de mayo de 2023 a través de la ventanilla
virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la Sección Cuarta
que, por auto del 16 de mayo de 202327 la admitió y dispuso notificar28 a
los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío como parte
accionada, así como vincular29 al titular del Juzgado Primero
Administrativo de Armenia, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional
19
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01.
20
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01.
21
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01.
22
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01.
23
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01.
24
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01.
25
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
26
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02496 00.
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Esta orden se cumplió el 23 de mayo de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
02496 00.
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Ibídem.
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• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
departamento del Quindío como terceros interesados en el resultado del
proceso.
3.2. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. presentó escrito
vía correo electrónico30, en el que solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar
por no estar legitimados en la causa por pasiva.
Expuso que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, en virtud de un
contrato de fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación
Nacional.
Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso
actuaron conforme con las normas aplicables, sin que se pueda aducir que
el tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los precedentes
judiciales relacionados con el tema objeto de debate.
3.3. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación
Nacional rindió informe vía correo electrónico31 en el que señaló que la
solicitud de amparo no tiene una clara y marcada importancia
constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutela en
un asunto de la jurisdicción contencioso administrativa. Agregó que, por
el contrario, la accionante utiliza la acción de tutela para reabrir un debate
meramente legal, que puede ser discutido y decidido por los jueces
competentes en las oportunidades y con las figuras legales dispuestas
para ello.
Solicitó la desvinculación del trámite tutelar por falta de legitimación en
la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el tema motivo de la presente
litis no se encuentra dentro de las competencias funcionales del Ministerio
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de Educación Nacional y, por lo tanto, no se ha desconocido derecho
fundamental alguno.
3.4. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia remitió copia digital
del expediente contencioso32, sin embargo, no se pronunció sobre los
hechos de la acción de tutela.
3.5. Por escrito radicado el 31 de mayo de 202333, el apoderado de la
accionante manifestó que se pronunciaba sobre “las contestaciones
formuladas dentro de la acción de tutela”. Insistió en que el régimen de
liquidación y pago del auxilio de cesantías aplicable para la totalidad de
los servidores públicos del orden territorial es el dispuesto por el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, para lo cual sostuvo que los docentes oficiales
pueden ser catalogados como empleados públicos.
Agregó que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el
pago de la sanción moratoria por no consignación de las cesantías en
tiempo, aplicando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 a servidores públicos docentes sin distinción, siempre y
cuando estuviesen vinculados después del 1 de enero de 1990”.
3.6. El Tribunal Administrativo del Quindío y el departamento del Quindío
guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de junio de
202334, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional, bajo la consideración que
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la accionante pretende que se reabra el debate surtido en el proceso
ordinario.
Inició por explicar que en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la aquí accionante pretendía que se ordenara al
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de
1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías.
Agregó que, “en esa oportunidad pidió que se aplicaran las sentencias SU-
098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 de la Corte
Constitucional y del 6 de agosto de 2020, 24 de enero de 2019, 21 de
febrero de 2019, 10 de junio de 2020, 12 de noviembre de 2020 y 17 de
junio de 2021”.
Bajo ese contexto, aseguró que “(…) la señora Andrea López Domínguez
propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho donde es demandante. Si bien la
demandante alega que las providencias objeto de tutela incurrieron en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en
últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre si la
Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efecto de reconocer
la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma (…)”.
Luego, transcribió los argumentos del recurso de apelación que la ahora
accionante formuló contra la sentencia de primera instancia, aclarando
que correspondían a lo resumido en la providencia de segunda instancia,
para compararlos con lo alegado en la acción de tutela.
A partir de allí, señaló que la accionante en el escrito de tutela afirmó que
“incurrió en desconocimiento del precedente porque desconoció, además
de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
invocadas en la demanda y el recurso de apelación, las sentencias del 29
de julio de 2019, 2 de diciembre de 2019, 22 de octubre de 2020, 17 de
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junio de 2021, 27 de junio de 2021, 4 de noviembre de 2021, 25 de
noviembre de 2021, 11 de noviembre de 2021, 20 de enero de 2022, 3
de marzo de 2022, 28 de abril de 2022, 9 de mayo de 2022, 19 de mayo
de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022 y 22 de septiembre
de 2022, dictadas por la Sección Segunda de Esta Corporación”.
Para luego sostener que “como se ve, al margen de que la demandante
esté alegando el desconocimiento de nuevas sentencias, lo cierto es que
las invoca con el mismo propósito con el que las citó en la demanda y en
el recurso de apelación que formuló inconformidades contra la sentencia
dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia, que denegó
las pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar que sí debió
hacerse extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990
al personal docente para reconocer la sanción moratoria de que trata el
artículo 99 de esa norma”; no obstante, esta discusión ya fue resuelta por
el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia del 20 de abril de
2023.
Concluyó que “aunque la demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente y citó además de las sentencias a las que
recurrió en la demanda y el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, sentencias nuevas de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra
el debate respecto de si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes
públicos a efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo
99 de esa norma, por lo que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional”.
Anotó que, tal como lo mencionó la autoridad judicial accionada, en un
caso con idéntica situación fáctica y jurídica la Corte Constitucional en
sentencia SU-573 de 2019 concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional porque (i) el asunto propuesto versaba sobre
una cuestión meramente legal, que no impactaba la garantía de derechos
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fundamentales, sino patrimoniales; (ii) la discusión propuesta no
implicaba la afectación de un derecho fundamental y (iii) los accionantes
pretendían reabrir la controversia legal resuelta al obtener una respuesta
desfavorable a sus intereses.
Arguyó que el fallo de tutela del 23 de marzo de 2023, proferido por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso
identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00 citado
en el escrito de tutela, no tiene carácter vinculante para este asunto en
aplicación del principio de autonomía e independencia judicial, más aún
cuando “la decisión que aquí se adopta es concordante con la sentencia
SU – 573 de 2019 de la Corte Constitucional”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó 35
manifestando lo siguiente:
Aseveró que no es cierto que no exista una posición respecto de la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial y para
ello enlistó nuevamente las veintiséis sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación.
Para sostener que la acción de tutela sí cumple con el requisito general
de relevancia constitucional, hizo referencia a la sentencia del 23 de
marzo de 2023 proferida por la Subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación, para acotar que allí se analizó un caso con idéntica
naturaleza en el que se consideró que sí se superaban los requisitos
generales de procedibilidad y, de manera específica, que la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente, razón por
la que solicitó que en este caso se profiera sentencia en igual sentido.
35
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02496 00.
11
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02496 01
Accionante: Andrea López Domínguez
Por auto del 5 de julio de 2023 se concedió la impugnación36 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 19 de julio de 202337.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199138, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201539, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 40, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201941 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente42:
36
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02496 00.
37
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02496 01.
38
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
39
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
40
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
41
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
42
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 63001 33 33 001 2022 00055 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
02496 00.
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Accionante: Andrea López Domínguez
6.2.1. La señora Andrea López Domínguez, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG y el departamento del Quindío, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo ficto configurado el 13 de octubre de 2021,
mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora
por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de
los intereses a las cesantías prevista en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de
1990 y el Decreto 1176 de 1991.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las
demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por
cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así
como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Armenia que, en sentencia proferida el 22 de agosto de
2022 negó las pretensiones.
6.2.3. En contra de la precitada decisión la hoy accionante interpuso
recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Segunda de Decisión, en sentencia del 20 de abril de 2023 la confirmó.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta que el a quo declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional, la Sala
resolverá si en este evento se cumple o no, y para ello, se detendrá en
(i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
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Accionante: Andrea López Domínguez
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional43
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”44.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional45.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
43
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
44
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
45
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
14
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Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades46:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia47. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del segundo criterio que la compone, el cual busca
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
Frente al segundo elemento la Corte Constitucional ha dicho que48 “(…) la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
46
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
47
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
48
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
15
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las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” (…)”.
En ese sentido, anotó que49 “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general”.
La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU – 573 de 2019
revocó los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que confirmaron la decisión de primera instancia en la que fueron
negados los amparos y, en su lugar, declaró improcedentes las tutelas
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
En dicha oportunidad, las accionantes promovieron las solicitudes de
amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el marco
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados
por las allí tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista por
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía
relevancia constitucional con fundamento, entre otras razones, porque la
49
Ibidem.
16
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“sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía
de naturaleza constitucional”, a lo que agregó que cualquier pago
adicional que no corresponda con la finalidad de las cesantías, sino una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la
compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica, no está superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora es de
naturaleza legal y económica porque involucra determinar si se debe
condenar a la parte demandada del proceso ordinario al reconocimiento y
pago de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 por el no pago oportuno de las cesantías del año 2020, bajo la
consideración que “(…) no se debe excluir al sector oficial docente de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de
servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en
dichas disposiciones (…)”50.
En esa medida, se trata de un debate meramente legal porque conlleva
la discusión sobre el alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y es de
naturaleza económica, dado que el objeto del litigio en el proceso
ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora
por el no pago oportuno de las cesantías, discusión que no compromete
derecho fundamental alguno.
50
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02496 00.
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En este punto, se destaca que la inconformidad de la parte actora radica
en que las autoridades judiciales resolvieron el caso sin atender la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; sin
embargo, en el escrito de tutela se limitó a enlistar las providencias que
estima eran aplicables, pero no identificó frente a cada una de ellas la
regla que estima fue desatendida, lo que implicaba señalar el problema
jurídico que fue resuelto en uno y otro caso, así como la identidad de los
hechos y fundamentos de derecho, comparados con el asunto que es
objeto de tutela, tal y como lo ha considerado esta Sala, en asuntos
similares51.
Por último, en cuanto al fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 202352
por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, que la
accionante citó en el escrito de tutela y en la impugnación, es preciso
indicar que dicho pronunciamiento no es vinculante para esta Sala
comoquiera que no lo profirió y, adicionalmente, los fallos de tutela tienen
efectos inter partes.
En consecuencia, la petición de amparo es improcedente por cuanto no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 15 de junio de 2023 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 7 de julio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2023 021776 00.
52
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
18
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02496 01
Accionante: Andrea López Domínguez
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 15 de junio de
2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente la solicitud de amparo instaurada por la señora Andrea
López Domínguez, por las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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