Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02880-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02880-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02880-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de septiembre de 2023
Demandante: Edilsa Olaya Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02880-01
Demandante: EDILSA OLAYA VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA DE
DECISIÓN N°5.
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia –
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la Edilsa Olaya Vargas
contra la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida en primera instancia por el
Consejo de Estado, Sección Primera. En ese fallo se declaró improcedente la
solicitud de amparo presentada por la parte actora porque no cumplió con el
requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Edilsa Olaya Vargas, por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila1. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a los principios de «situación más favorable para el trabajador,
perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente
judicial vertical».
2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas
como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila el
14 de febrero de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva el
31 de agosto de 2022. Dicha decisión negó el reconocimiento y pago de la
1 Escrito radicado el 30 de mayo de 2023 a la dirección electrónica
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co. .
1
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Demandante: Edilsa Olaya Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5
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sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías,
equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado
en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.
3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 41001-33-
33-002-2022-00086-01.
1.2. Pretensiones
4. La señora Olaya Vargas solicitó:
[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA en la sentencia proferida el día 14 DE FEBRERO DE 2023, en el
expediente rad. Nro. 41001-33-33-002-2022-00086-01, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL,
de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la
sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […] (Sic a toda la
cita)
1.3. Hechos
4. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las
demás piezas procesales aportadas al proceso.
5. La señora Edilsa Olaya Vargas se vinculó como docente de la entidad
territorial Neiva (Huila) con posterioridad al 1 de enero de 1990.
6. Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera
oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de
estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
7. Indicó que el 9 de septiembre de 2021, solicitó ante la Secretaría de
Educación del municipio de Neiva, el reconocimiento y pago de la sanción
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moratoria relacionada por la no consignación de las cesantías y sus intereses al
fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además, también pidió el pago de
la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
8. El 14 de septiembre de 2021 mediante oficio 3289, el FOMAG a través de
la Secretaría de Educación Distrital de Neiva negó el reconocimiento y pago de
la sanción por mora.
9. Por los hechos expuestos, la señora Olaya Vargas instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del municipio de
Neiva. En dicho medio de control solicitó la nulidad del oficio reseñado en el
numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se condenara a los
demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.
10. En providencia del 31 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el
régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el
contenido en la Ley 91 de 1981.
11. En contra de la anterior decisión, la señora Olaya Vargas presentó recurso
de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo del Huila que, en
sentencia del 14 de febrero de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado.
12. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que
las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago
de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en los artículos
99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, no son aplicables a la
demandante. Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y
cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan
las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que
hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con
dicho régimen.
13. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU-098 de
2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe
a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso difieren de los que se
presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas
posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la
sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera
directa a esta situación.
2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los
intereses de las cesantías, el régimen docente no es más favorable que el general, por lo que los
docentes tienen derecho al pago oportuno de las cesantías so pena de la sanción moratoria y los
intereses del régimen general.
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1.4. Sustento de la vulneración
14. La parte accionante mencionó que, al no estar garantizados los recursos
de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación
lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto
que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.
15. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando
estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste
relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó
de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección
inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto
eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no
pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.
16. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la
situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha
reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista
de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se
desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
17. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un
defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al
primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al
segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de
Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación
más favorable al trabajador.
18. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen
general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector
oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-
486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.
19. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del
precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre
la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado
a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal
Administrativo del Huila.
20. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en
el numeral anterior por la parte actora:
Corte Constitucional
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No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
6.736.200 octubre de ORTIZ DELGADO 098/2018 DE LA CORTE
2018 CONSTITUCIONAL
2 Exp. T- 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
5904426 y 2019 ORTIZ DELGADO 332/2019 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
7.182.312 y de 2020 GUERRERO PÉREZ 041/2020 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
Consejo de Estado
No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA LISETH SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL
000-2013- de 2020 IBARRA CONSEJO DE ESTADO
00666-01
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de enero Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000- de 2019 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
200900867-
01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-0315- 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
03499-01 LUQUE
4 08001 23 33 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000 2014 diciembre de FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00173-01 2019 VARGAS HERNÁNDEZ
(1688-16)
5 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- de 2020 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
6 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00254-01 2020 HERNÁNDEZ
(4960-2017)
7 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00132-01 de 2020 HERNÁNDEZ
8 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000 2014 de 2021 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00815 01 HERNÁNDEZ VARGAS
(4979–2017)
9 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET IBARRA
000-2015- de 2021 PALOMINO CORTÉS VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO
00331-01 CUÉTER
10 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00445- de 2021 HERNÁNDEZ
02(0483-20)
11 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- noviembre IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
01127-01 de 2021
(1002-2021)
5
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Demandante: Edilsa Olaya Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02880-01
12 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00134-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2208-2020)
13 080001-23-40- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
90008-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
14 080001-23-40- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- noviembre VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ VARGAS
(5154-2016)
15 080001-23-33- 20 de enero Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00931-01 HERNÁNDEZ VARGAS
(1001-2021)
16 080001-23-33- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.
00075-01 GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(2660-2020)
17 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2013- de 2022 PERDOMO CUÉTER Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01
(2224-2020)
18 080001-23-40- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00795-01 VARGAS HERNÁNDEZ
(2659-2020)
19 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- de 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00359-01
(4004-2021)
20 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
21 08001-23-33- 22 de Agosto Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- de 2022 PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
00509-01 CUÉTER
(2140-2020)
22 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- Septiembre PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
90124-01 de 2022 CUÉTER
(2394-2020)
21. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente
apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990
y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.
22. Por último, el apoderado de la señora Olaya Vargas, trajo a colación las
siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se
ha decidido en el sentido:
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO
No. RADICADO F. JUZGADO JUEZ
EXPEDIENTE DECISIÓN
1 66001 3333 001 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CRISTINA ISABEL
2022 0002000 CTO DE PEREIRA SANCHEZ BRITO
6
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3 70001 3333 002 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL LISSETE MAIRELY
2022 0007200 DEL CTO DE NOVA SANTOS
SINCELEJO
4 27001 3333 002 21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL -
2022 0014700 DEL CTO DE
MEDELLÍN
5 76001 3333 002 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL JUAN MIGUEL
2022 0006600 CTO DE MARTINEZ LONDOÑO
GUADALAJARA DE
BUGA
6 76111 3333 003 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL LEIDY JOHANNA
2022 0006600 CTO DE URIBE MOLINA
GUADALAJARA DE
BUGA
7 68001 3333 002 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL ARLEY MENDEZ DE LA
2022 0006500 CTO DE ROSA
BUCARAMANGA
8 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL JAIRO GARCIA
2022 00010900 CTO DE SUAREZ
BUCARAMANGA
9 27001 3333 005 06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL
2022 0007200 CTO DE QUIBDÓ
10 27001 3333 005 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL EMILSON
2022 0012200 CTO DE QUIBDÓ MARMOLEJO GARCIA
11 76147 3333 002 16/11/22 JUZ 2 ADTIVO DEL -
2022 00008 00 CTO DE BUGA0
13 11001 3342 051 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL NORBERTO
2022 0009800 CTO DE BOGOTÁ MENDIVELSO PINZON
1.5. Trámite de la acción
23. Mediante auto del 2 de junio de 20233 el Consejo de Estado, Sección
Primera admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó
notificar como accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila.
24. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva, la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A.
y al municipio de Neiva.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.
25. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo
anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el
proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse
que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.
26. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión
3
Notificado el 4 de mayo de 2023.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión N.°5
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contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado
las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las
actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los
procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en
el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo
hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo
en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.
27. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no
está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte
involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de
responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.
1.6.2. Ministerio de Educación Nacional
28. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha
cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Edilsa Olaya Vargas.
En ese sentido solicitó su desvinculación y pidió que se negaran las súplicas de
la demanda.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila
29. Por intermedio de la magistrada ponente de la decisión, se solicitó la
improcedencia de la acción de tutela comoquiera que el actor está reiterando los
argumentos presentados en sede de apelación del proceso ordinario. Adujo que
la decisión fue expedida de conformidad con el caudal probatorio y la legislación
aplicable a la controversia.
1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo de Neiva
30. La titular del despacho judicial solicitó declarar improcedente las súplicas
de la demanda. Para el efecto, precisó que el presente asunto no cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional, en el entendido que versa sobre un
debate de mera legalidad relacionado con la aplicación del régimen de las
cesantías establecido en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975.
1.6.5. Municipio de Neiva
31. La jefe de la oficina asesora jurídica solicitó que no se concedan las
pretensiones de la tutela, so pena de conculcar los derechos fundamentales al
debido proceso y seguridad jurídica de la accionada y demás intervinientes que
actuaron bajo las normas legales vigentes.
1.7. Sentencia de primera instancia
32. El 13 julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera negó las
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solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación y la
Fiduprevisora S.A. En seguida, determinó que la acción de tutela presentada no
era procedente porque no superaba el requisito general de falta de relevancia
constitucional. Esta decisión se basó en los siguientes argumentos:
33. Trajo a colación la sentencia SU-573 de 2019 en la cual, el máximo tribunal
constitucional en un caso con identidad fáctica y jurídica como el que ahora se
examina, concluyó que la solicitud de amparo carecía de relevancia
constitucional en el entendido que versa sobre una cuestión meramente legal que
no implica la garantía de derechos fundamentales, sino, patrimoniales y se
pretendía reabrir controversia legal.
34. Luego de constatar los hechos del caso, consideró que el asunto no
cumple con el mencionado requisito comoquiera se trata un asunto de mera
legalidad o naturaleza económica, según la línea establecida por el alto tribunal
constitucional.
1.8. Impugnación
35. La señora Olaya Vargas presentó escrito de impugnación argumentando
que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con
fundamento en lo siguiente:
36. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Sostuvo que el Consejo de
Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta
afirmación, mencionó las sentencias que fueron incluidas en el escrito de tutela.
37. Asimismo, hizo referencia a las sentencias del 23 de marzo de 2023 y del
17 de abril de 20023 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, para
argumentar que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional en este caso.
38. La parte actora señaló que le es aplicable el régimen anualizado de
cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996. Explicó que es
fundamental realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías mediante
consignación, ya que esto garantiza el acceso a dicha prestación. De esta
manera, el sistema de cesantías solo puede ser equitativo si los trabajadores
pueden disponer de su pago en momentos como el desempleo, financiamiento
de educación superior y adquisición, construcción, mejora o liberación de
vivienda.
39. Además, argumentó que una interpretación restrictiva de la aplicación de
la sanción moratoria constituiría un trato desigual para los docentes en
comparación con otros servidores públicos que gozan de dicha sanción como
garantía del auxilio de cesantías. Esto, según la parte actora, violaría el derecho
a la igualdad, ya que los docentes del sector oficial estarían siendo limitados en
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sus derechos debido a su categoría específica dentro de los trabajadores del
Estado.
40. En consecuencia, consideró que los docentes deben ser considerados
como empleados públicos y, por ende, no es admisible hacer una distinción en
cuanto al tiempo de pago de las prestaciones sociales, incluyendo el auxilio de
cesantías, en comparación con otros servidores públicos. Refirió que una
interpretación contraria implicaría una restricción en el goce de dicha garantía y
las protecciones derivadas de esta prestación, lo que constituiría una violación
del derecho a la igualdad de los docentes en relación con otros funcionarios
públicos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
señora Edilsa Olaya Vargas contra la sentencia de primera instancia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera el 13 de julio de 2023. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
42. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley
2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o
por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.
43. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
44. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la señora Edilsa Olaya
Vargas está legitimada en la causa por activa. Esto, en la medida en que es la
parte demandante en el proceso ordinario en el que se profirió la providencia
cuestionada.
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45. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Huila está legitimado en la
causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada
en esta oportunidad.
2.4. Problemas jurídicos
46. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido el 13 de julio de 2023 por
el Consejo de Estado, Sección Primera.
47. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de
relevancia constitucional. En caso de que se cumplan dichos requisitos, se
procederá a dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales
invocados por la señora Edilsa Olaya Vargas, al incurrir en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial con la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 en
la que se confirmó lo resuelto por el Juzgado Segundo Administrativo del
Neiva, en providencia del 31 de agosto de 2022 que negó las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?
48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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50. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.
51. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
52. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
53. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
54. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Relevancia constitucional
55. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200510. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes11.
(Subrayado fuera de texto).
56. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202212 y SU-573 de
10
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
12 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
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201913 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.
57. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201414, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
58. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.
59. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 15
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
60. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
13
Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
14
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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.
61. Con tales precisiones, debe recordarse que la señora Edilsa Olaya Vargas
atribuye al Tribunal Administrativo del Huila haber incurrido en un defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial aplicable a la situación en particular.
62. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los
antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros:
• Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su
sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo
que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías y la respectiva indemnización, en
consonancia con el artículo 53 de la Carta Política.
• Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir,
alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de
aplicación del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990.
63. Revisadas las piezas procesales, la Sala anticipa que confirmará la
decisión de primer grado, comoquiera que la acción de tutela es improcedente,
toda vez que el presente asunto carece de relevancia constitucional. A
continuación, se exponen las razones que sustentan esta decisión.
64. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una
controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental,
como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las
cesantías siempre que se acreditan los demás requisitos. No obstante, en el caso
en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción
establecida por su pago extemporáneo.
65. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
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y a la seguridad social del trabajador»16.
66. Según el precedente establecido por la Alta Corte, es importante destacar
que el reconocimiento y pago de las cesantías representa un derecho
irrenunciable para los trabajadores. La falta de pago de estas prestaciones
implica una vulneración de garantías constitucionales fundamentales, como el
derecho al mínimo vital y a la seguridad social. Sin embargo, es necesario aclarar
que lo mismo no aplica a la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna las cesantías a tiempo.
67. Dicha postura fue reiterada por dicha corporación en sentencia SU-215 del
16 de junio de 2022. En dicha providencia se unificaron los criterios del requisito
de relevancia constitucional, en el sentido de precisar que el asunto no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico.
68. Como la cuantía de que trata el presente asunto tiene un carácter
sancionatorio y está definida legal y económicamente, excluye la intervención del
juez constitucional. En otras palabras, el monto de la penalidad es de naturaleza
eminentemente legal y económica y, por ende, no está sujeto a la revisión por
parte del juez constitucional en el marco de la acción de tutela.
69. En consecuencia, la Sección reiterará la postura establecida por la Corte
Constitucional y confirmará la sentencia emitida por el Consejo de Estado,
Sección Primera que declaró improcedente la solicitud de amparo debido a la
falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Cabe destacar que esta posición ha sido previamente adoptada
por esta Sala en diversas ocasiones, cuando se han cuestionado mediante
acción de tutela las sentencias ordinarias que negaban solicitudes de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías17.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2023 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en la que se declaró improcedente la
16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
17 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00 y
sentencia del 03.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2023-02067-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Véase también: sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo
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presente acción de amparo por no superar el requisito de procedibilidad de la
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
17
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