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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03213-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03213-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A., por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de agosto de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en la que se declaró improcedente la presente acción de amparo por no superar el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 16 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00 y sentencia del 03.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2023-02067-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Véase también: sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Marlen Idalid Lizarazo Gallón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03213-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de octubre de 2023

Demandante: Marlen Idalid Lizarazo Gallón
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03213-01
Demandante: MARLEN IDALID LIZARAZO GALLÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia –
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la señora Marlen Idalid
Lizarazo Gallón contra la sentencia del 9 de agosto de 2023, proferida en primera
instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En
ese fallo se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte
actora porque no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Marlen Idalid Lizarazo Gallón, por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá1.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a los principios de «situación más
favorable para el trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al
desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas
como resultado de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
el 28 de abril de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia dictada
por el Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja el 11 de enero
de 2023. Dicha sentencia negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora
debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías, equivalentes a un
día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado en el año 2020,

1
Escrito radicado el 15 de junio de 2023.

1
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que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021.

3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado

1.2. Pretensiones

4. La señora Lizarazo Gallón solicitó:

[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 28 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 15001-
33-33-008-2022-00040-00/01, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la
sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […] (Sic a toda la
cita)

1.3. Hechos

5. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las
demás piezas procesales aportadas al proceso.

6. La señora Marlen Idalid Lizarazo se vinculó como docente en el
departamento de Boyacá después de 1990.

7. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación
Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las
cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora
pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG).

8. Indicó que el 29 de julio de 2021, solicitó al FOMAG, el reconocimiento y
pago de la sanción por mora por la no consignación de las cesantías y sus
intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado. Además, también
pidió el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50

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de 1990.

9. El 25 de agosto de 2021 mediante oficio BOY2021EE26845, el FOMAG a
través de la Secretaría de Educación Distrital de Boyacá negó el reconocimiento
y pago de la sanción por mora.

10. Por los hechos expuestos, la señora Lizarazo Gallón instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
el departamento de Boyacá. En dicho medio de control solicitó la nulidad del oficio
reseñado en el numeral anterior y requirió, a título de restablecimiento que se
condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

11. En providencia del 11 de enero de 2023, el Juzgado 11 Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja negó las súplicas de la demanda, tras considerar que
el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el
contenido en la Ley 91 de 1981.

12. En contra de la anterior decisión, la señora Marlen Idalid Lizarazo presentó
recurso de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Boyacá
que, en sentencia del 28 de abril de 2023, decidió confirmar el fallo de primer
grado.

13. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que
las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago
de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, no es aplicables a la demandante. Esto se debe a que
el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación
específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus
intereses, considerando características particulares que hacen que el
cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen.

14. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU-098 de
2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe
a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso difieren de los que se
presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas
posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la
sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera
directa a esta situación.

15. Por otro lado, indicó que no existe precedente emitido por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50

2
Como fundamento del recurso, la accionante indicó que las pretensiones en su caso están
basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional de la aplicación del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG que tengan su régimen de cesantías
anualizado, sumado a que la indemnización contenida n la Ley 52 de 1975 hace parte integral del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3º del Decreto 1176
de 1991.

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de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes
vinculados al FOMAG. Así, señaló que, si bien existía un pronunciamiento del 19
de enero de 2023 emitido por el órgano de cierre de esta jurisdicción accediendo
a pretensiones similares a las allí analizadas, lo cierto es que, dicha decisión no
configuraba un precedente de obligatorio cumplimiento, en razón a que realizaba
un estudio respecto de las SU-573 y 041 de 2020.

16. Finalmente, indicó que la indemnización por el pago tardío de los intereses
a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo
reconocimiento pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez
que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no
goza la demandante, la cual es docente del orden territorial.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte accionante mencionó que, al no estar garantizados los recursos
de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación
lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto
que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

18. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando
estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste
relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó
de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección
inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto
eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no
pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

19. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la
situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha
reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista
de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se
desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

20. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un
defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al
primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, frente al
segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de
Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación
más favorable al trabajador.

21. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen
general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector

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oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-
486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

22. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del
precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre
la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado
a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

23. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en
el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
6.736.200 octubre de ORTIZ DELGADO 098/2018 DE LA CORTE
2018 CONSTITUCIONAL
2 Exp. T- 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
5904426 y 2019 ORTIZ DELGADO 332/2019 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
7.182.312 y de 2020 GUERRERO PÉREZ 041/2020 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA LISETH SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL
000-2013- de 2020 IBARRA CONSEJO DE ESTADO
00666-01
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de enero Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000- de 2019 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
200900867-
01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-03-15- 17 de junio Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- de 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
04617-01 LUQUE
4 11001-03-15- 28 de junio DR. ROBERTO DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA
000-2018- de 2019 AUGUSTO SERRATO GARZÓN – DR. HERNANDO
04679-01 VALDÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5 11001-03-15- 29 de julio de Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2019- 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
03499-01 LUQUE
6 08001-23-33- 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- diciembre de FRANCISCO SUÁREZ DR. GABRIEL VALBUENA
00173-01 2019 VARGAS HERNÁNDEZ
(1688-16)
7 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- de 2020 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01

5
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Demandante: Marlen Idalid Lizarazo Gallón
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01

8 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00254-01 2020 HERNÁNDEZ
(4960-2017)
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00132-01 de 2020 HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000 2014 de 2021 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00815 01 HERNÁNDEZ VARGAS
(4979–2017)
11 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET IBARRA
000-2015- de 2021 PALOMINO CORTÉS VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO
00331-01 CUÉTER
12 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00445- de 2021 HERNÁNDEZ
02(0483-20)
13 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- noviembre IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
01127-01 de 2021
(1002-2021)
14 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00134-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2208-2020)
15 080001-23-40- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
90008-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
16 080001-23-40- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- noviembre VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ VARGAS
(5154-2016)
17 080001-23-33- 20 de enero Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00931-01 HERNÁNDEZ VARGAS
(1001-2021)
18 080001-23-33- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.
00075-01 GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(2660-2020)
19 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2013- de 2022 PERDOMO CUÉTER Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01
(2224-2020)
20 080001-23-40- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00795-01 VARGAS HERNÁNDEZ
(2659-2020)
21 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- de 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00359-01
(4004-2021)
22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)

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Demandante: Marlen Idalid Lizarazo Gallón
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01

23 08001-23-33- 22 de agosto Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- de 2022 PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
00509-01 CUÉTER
(2140-2020)
24 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- septiembre PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
90124-01 de 2022 CUÉTER
(2394-2020)
25 76001-23-31- 19 de enero Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2012- de 2023 HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – DR. GABRIEL
00212-02 VALBUENA HERNÁNDEZ
(4470-2021)
26 47001-23-33- 26 de enero Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2018- de 2023 FRANCISCO GÓMEZ DR. GABRIEL VALBUENA
0231-01 HERNÁNDEZ

24. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente
apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990
y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

25. Por último, el apoderado de la señora Lizarazo Gallón, trajo a colación las
siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se
ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO
No. RADICADO F. JUZGADO JUEZ
EXPEDIENTE DECISIÓN
1 66001 3333 001 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CRISTINA ISABEL
2022 0002000 CTO DE PEREIRA SANCHEZ BRITO
2 27001 3333 002 21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL -
2022 0014700 DEL CTO DE
MEDELLÍN
3 76001 3333 002 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL JUAN MIGUEL
2022 0006600 CTO DE MARTINEZ LONDOÑO
GUADALAJARA DE
BUGA
4 76111 3333 003 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL LEIDY JOHANNA
2022 0006600 CTO DE URIBE MOLINA
GUADALAJARA DE
BUGA
5 68001 3333 002 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL ARLEY MENDEZ DE LA
2022 0006500 CTO DE ROSA
BUCARAMANGA
6 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL JAIRO GARCIA
2022 00010900 CTO DE SUAREZ
BUCARAMANGA
7 27001 3333 005 06/10/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL
2022 0007200 CTO DE QUIBDÓ
8 27001 3333 005 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL EMILSON
2022 0012200 CTO DE QUIBDÓ MARMOLEJO GARCIA
9 76147 3333 002 16/11/22 JUZ 2 ADTIVO DEL -
2022 00008 00 CTO DE BUGA0
10 11001 3342 051 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL NORBERTO
2022 0009800 CTO DE BOGOTÁ MENDIVELSO PINZON

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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01

1.5. Trámite de la acción

26. Mediante auto del 16 de junio de 2023 el magistrado ponente de primer
grado admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó
notificar como accionados a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Boyacá.

27. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del departamento de Boyacá.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.

28. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo
anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el
proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse
que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

29. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión
contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado
las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las
actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los
procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en
el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo
hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo
en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo.

30. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no
está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte
involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de
responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.

1.6.2. Departamento de Boyacá

31. La entidad territorial rindió informe en el que solicitó que se desestimaran
las pretensiones de la parte accionante, ante la inexistencia de la vulneración ius
fundamental deprecada.

32. Refirió que el Consejo de Estado no ha proferido sentencia de unificación
que dirima el fondo de lo solicitado en la acción de tutela, es decir si los docentes
oficiales tienen derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta
consignación extemporánea de las cesantías de conformidad con el artículo 99

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de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por el pago inoportuno de los
intereses sobre las cesantías de conformidad con la ley 52 de 1975.

33. Indicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en razón a
que estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de
reconocimiento y pago de cesantías que no contempla su sanción. Máxime
cuando el trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en
su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los
20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio
electrónico el 4 de febrero de 2021 y en medio físico el día 5 siguiente, y así
mismo, los recursos empezaron a aprovisionarse desde el mes de enero de 2021.

34. Por otro lado, señaló respecto a la sentencia SU-098 de 2018 proferida por
la Corte Constitucional, que en esta se resolvió una acción de tutela de un
docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al FOMAG, y que
solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme a
la Ley 50 de 1990. En sede judicial ordinaria, se accedió parcialmente a las
pretensiones, por lo que los juzgadores consideraron que dicha norma era
inaplicable al docente demandante. Así, teniendo en cuenta lo expuesto por la
Corte, manifestó que el caso de la señora Adriana Leticia Espitia González
carecía de fundamentos fácticos y de hecho que pueda asemejarse a lo expuesto
en aquella oportunidad.

1.6.3. Marlen Idalid Lizarazo Gallón

35. La parte tutelante se pronunció sobre las contestaciones efectuadas por la
Fiduprevisora S.A., y el Ministerio de Educación Nacional.

36. Precisó que, si bien es cierto que se debe respetar la autonomía judicial
en virtud del artículo 230 de la Constitución Política, esta no es absoluta. Aludió
que las decisiones de los jueces deben ser respetuosas de la ley y el precedente,
así como de las garantías a la igualdad y a la seguridad jurídica.

37. Pese a lo anterior, consideró imperioso que se analice su asunto «ante la
copiosa y excesiva jurisprudencia sobre el tratamiento igualitario a todos los
empleados públicos». Reiteró que, de conformidad con la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional el auxilio de las cesantías es una prestación
social irrenunciable que tiene como fin el cubrimiento de necesidades personales
que le surjan al trabajador y a su núcleo familiar.

38. Insistió en que el régimen de liquidación de las cesantías de todos los
servidores públicos debe ser el previsto en la Ley 50 de 1990. Asimismo, iteró
que se le desconoció el principio de favorabilidad en materia laboral, que no
existe un régimen especial de cesantías para los docentes y que la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad.

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1.6.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá pese a que fue notificado, guardó
silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

39. El 9 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A declaró improcedente la acción de tutela por no encontrarse
superado el requisito general de relevancia constitucional, por los siguientes
motivos:

40. El juez de tutela de primera instancia indicó que la parte accionante busca
un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, toda
vez que se acudió a la solicitud de amparo con el propósito de que se estudie
nuevamente si, como se estableció en primera y segunda instancia del trámite
procesal se configuró o no la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de
derechos fundamentales no comporta una instancia adicional al proceso
ordinario.

41. Advirtió que era evidente que la parte actora pretende un nuevo
pronunciamiento sobre las pretensiones elevadas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que en la presente acción se plantearon
los mismos argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de
apelación contra la providencia del 11 de enero de 2023 mediante la cual el
Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones
de la demanda.

1.8. Impugnación

42. La señora Lizarazo Gallón presentó escrito de impugnación argumentando
que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con
fundamento en lo siguiente:

43. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial. Sostuvo que el Consejo de
Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta
afirmación, mencionó las sentencias que fueron incluidas en el escrito de tutela.

44. Asimismo, hizo referencia a las sentencias del 23 de marzo de 2023 y del
17 de abril de 2023 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, para
argumentar que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional en este caso.

45. La parte actora señaló que le es aplicable el régimen anualizado de
cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996. Explicó que es
fundamental realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías mediante
consignación, ya que esto garantiza el acceso a dicha prestación. De esta

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manera, el sistema de cesantías solo puede ser equitativo si los trabajadores
pueden disponer de su pago en momentos como el desempleo, financiamiento
de educación superior y adquisición, construcción, mejora o liberación de
vivienda.

46. Además, argumentó que una interpretación restrictiva de la aplicación de
la sanción moratoria constituiría un trato desigual para los docentes en
comparación con otros servidores públicos que gozan de dicha sanción como
garantía del auxilio de cesantías. Esto, según la parte actora, violaría el derecho
a la igualdad, ya que los docentes del sector oficial estarían siendo limitados en
sus derechos debido a su categoría específica dentro de los trabajadores del
Estado.

47. En consecuencia, consideró que los docentes deben ser considerados
como empleados públicos y, por ende, no es admisible hacer una distinción en
cuanto al tiempo de pago de las prestaciones sociales, incluyendo el auxilio de
cesantías, en comparación con otros servidores públicos. Refirió que una
interpretación contraria implicaría una restricción en el goce de dicha garantía y
las protecciones derivadas de esta prestación, lo que constituiría una violación
del derecho a la igualdad de los docentes en relación con otros funcionarios
públicos.

48. El despacho ponente de segunda instancia mediante auto del 15 de
septiembre de 2023 dispuso la vinculación del Juzgado 11 Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja y del Ministerio de Educación Nacional.

49. El Ministerio de Educación Nacional rindió informe en el que solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela por cuanto no se encuentra
superado el requisito general de relevancia constitucional por cuanto involucra
una controversia de naturaleza estrictamente económico e intereses privados, lo
cual excede la competencia del juez del amparo.

50. A su vez, el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja rindió
informe en el que luego de realizar un recuento de todas las actuaciones
adelantadas dentro del trámite ordinario, indicó que lo pretendido por la
accionante es emplear este mecanismo como una tercera instancia judicial para
efectos de controvertir las decisiones adoptadas al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

51. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
señora Marlen Idalid Lizarazo Gallón contra la sentencia de primera instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, el 9 de
agosto de 2023. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como

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en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

52. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación de la presente acción de
tutela. Sin embargo, la Sala negará tal petición. Esto, dado que su vinculación en
este trámite se dio en calidad de tercero con interés sin que por ello tenga que
satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. Se aclara que, de conformidad
con el criterio mayoritario de la Sección Quinta, son terceros con interés en las
acciones de tutela contra providencias judiciales todos los sujetos que hayan
conformado las partes del proceso ordinario y los jueces de instancia.

2.3. Legitimación en la causa

53. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley
2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o
por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.

54. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

55. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la señora Marlen Idalid
Lizarazo Gallón está legitimada en la causa por activa. Esto, en la medida en que
es la parte demandante en el proceso ordinario en el que se profirió la providencia
cuestionada.

56. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Boyacá está legitimado en la
causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada
en esta oportunidad.

2.4. Problemas jurídicos

57. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma,
modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido el 9 de agosto de 2023
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

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58. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de
relevancia constitucional. En caso de que se cumplan dichos requisitos, se
procederá a dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos
fundamentales invocados por la señora Marlen Idalid Lizarazo Gallón, al
incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial con la sentencia proferida el 28
de abril de 2023 en la que se confirmó lo resuelto por el Juzgado 11
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en providencia del 11 de
enero de 2023 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho?

59. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

60. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.

61. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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se establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.

62. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

63. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

7
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
8
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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64. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

65. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

66. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 20059. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes10.
(Subrayado fuera de texto).

67. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202211 y SU-573 de

9
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
10
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
11
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

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201912 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.

68. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201413, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

69. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.

70. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202214
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

71. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

12
Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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72. Con tales precisiones, debe recordarse que la señora Marlen Idalid
Lizarazo atribuye al Tribunal Administrativo de Boyacá haber incurrido en un
defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial aplicable a la situación en particular.

73. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los
antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros:

• Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su sentir,
la autoridad judicial accionada realizó una interpretación completamente
desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo que respecta al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías y la respectiva indemnización, en consonancia con el artículo 53 de la
Carta Política.
• Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto la
autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir, alrededor
de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de aplicación del
artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990.

74. Revisadas las piezas procesales, la Sala anticipa que confirmará la
decisión de primer grado, comoquiera que la acción de tutela es improcedente,
toda vez que el presente asunto carece de relevancia constitucional. A
continuación, se exponen las razones que sustentan esta decisión.

75. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a
toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una
controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental,
como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las
cesantías siempre que se acreditan los demás requisitos. No obstante, en el caso
en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción
establecida por su pago extemporáneo.

76. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador»15.

77. Según el precedente establecido por la Alta Corte, es importante destacar
que el reconocimiento y pago de las cesantías representa un derecho
irrenunciable para los trabajadores. La falta de pago de estas prestaciones
implica una vulneración de garantías constitucionales fundamentales, como el

15
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Marlen Idalid Lizarazo Gallón
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01

derecho al mínimo vital y a la seguridad social. Sin embargo, es necesario aclarar
que lo mismo no aplica a la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna las cesantías a tiempo.

78. Dicha postura fue reiterada por dicha corporación en sentencia SU-215 del
16 de junio de 2022. En dicha providencia se unificaron los criterios del requisito
de relevancia constitucional, en el sentido de precisar que el asunto no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico.

79. Como la cuantía de que trata el presente asunto tiene un carácter
sancionatorio y está definida legal y económicamente, excluye la intervención del
juez constitucional. En otras palabras, el monto de la penalidad es de naturaleza
eminentemente legal y económica y, por ende, no está sujeto a la revisión por
parte del juez constitucional en el marco de la acción de tutela.

80. En consecuencia, la Sección reiterará la postura establecida por la Corte
Constitucional y confirmará la sentencia emitida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente la solicitud de amparo
debido a la falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional. Cabe destacar que esta posición ha sido previamente
adoptada por esta Sala en diversas ocasiones, cuando se han cuestionado
mediante acción de tutela las sentencias ordinarias que negaban solicitudes de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías16.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A., por
los motivos aquí expuestos.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de agosto de 2023 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en la que se declaró
improcedente la presente acción de amparo por no superar el requisito de
procedibilidad de la relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

16
Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00 y
sentencia del 03.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2023-02067-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Véase también: sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo

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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03213-01

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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