Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03815-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-03815-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
TESIS: AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LAS AUTORIDADES
JUDICIALES ACCIONADAS INCURRIERON EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO
POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, FÁCTICO Y VIOLACIÓN DIRECTA
DE LA CONSTITUCIÓN AL IMPONER LA SANCIÓN Y NO ACCEDER A LA
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN POR DESACATO EN EL CASO
PARTICULAR. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR
DESPLAZAMIENTO FORZADO. SE DEJAN SIN EFECTO LAS PROVIDENCIAS
ACUSADAS. SE INSTA A LA UARIV PARA QUE CONTINUE APLICANDO CADA
AÑO EL MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN CON EL FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TUTELA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPIEDAD PRIVADA Y
AL BUEN NOMBRE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL E INTERPOL – SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-03815-00
ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
CRIMINAL DE BOGOTÁ, el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA1 y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la propiedad privada y al buen nombre,
los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL –
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL –
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE BOGOTÁ, el
JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las providencias 24 de mayo
y 5 de junio de 2023; y 25 de mayo de la presente anualidad,
respectivamente, dentro del incidente de desacato identificado con el
1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-03815-00
ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
número único de radicación 630013333001-2023-00038-02.
I.2. Hechos
Indicó que el señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ promovió
acción de tutela contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -en adelante UARIV-
, con el fin de que se amparara su derecho fundamental de petición,
habida cuenta que no se le había informado sobre una fecha, plazo o
turno para el pago de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, reconocida mediante la
Resolución núm. 04102019-727740 de 31 de julio de 2020.
Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2023-00038-00, cuyo conocimiento le correspondió, en
primera instancia, al JUZGADO que mediante sentencia de 9 de
marzo de 2023 denegó el amparo deprecado.
Sostuvo que el anterior fallo fue revocado por el TRIBUNAL en
sentencia de 30 de marzo de 2023, a través de la cual tuteló el
derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, ordenó
a la UARIV que, dentro del término de 48 horas siguientes a la
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notificación de dicha sentencia, informara al señor EVER MARINO
RENGIFO ORDOÑEZ la fecha en la que se efectuaría el pago de la
indemnización reconocida por vía administrativa.
Relató que el señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ promovió
incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden
emitida dentro de la acción de tutela, ante lo cual la UARIV informó
que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Método Técnico
de Priorización, no se obtuvo concepto favorable por lo que no era
posible indicar una fecha cierta para el pago de la indemnización
administrativa.
Comentó que el JUZGADO mediante proveído de 11 de mayo de
2023 dio apertura al trámite incidental; y a través de auto de 24 de
mayo del presente año, la sancionó con arresto de un (1) día y multa
de un (1) SMLMV, en calidad de Directora Técnica de Reparaciones
de la UARIV, al considerar que la entidad no había dado
cumplimiento material a la orden impartida en la acción de tutela.
Expuso que el TRIBUNAL al resolver el grado jurisdiccional de
consulta confirmó la sanción impuesta, en providencia de 25 de mayo
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de 2023, por estimar que no se había dado una fecha concreta o
plazo definido para efectuar el correspondiente pago de la
indemnización.
Adujo que luego de presentar múltiples informes de cumplimiento del
fallo, mediante memorial de 30 de mayo de 2023 la UARIV solicitó
la reconsideración de la sanción, teniendo en cuenta que ya no era
la Directora Técnica de Reparaciones de la entidad, además de que
estaba en imposibilidad de brindar una fecha exacta debido a que el
señor EVER MARINO no acreditó ninguna situación de urgencia, de
conformidad con lo establecido en la Resolución núm. 1049 de 15 de
marzo de 2019.
Aseveró que el JUZGADO, mediante proveído de 5 de junio de 2023,
negó la solicitud de levantamiento de la sanción, por lo que ordenó
continuar con los trámites tendientes a materializar la sanción
impuesta y requerir a la nueva Directora Técnica de Reparaciones de
la UARIV, señora ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA, para
que procediera a dar cumplimiento al fallo de tutela.
Resaltó que la SIJIN realizó labores tendientes a dar cumplimiento
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a la medida de arresto en su contra, lo cual no fue posible llevar a
cabo por cuanto no se encontraba en las instalaciones de la UARIV
debido a que había renunciado a su cargo desde el 12 de mayo de la
presente anualidad; y que el 17 de junio de 2023 la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Armenia dio inicio al proceso
de cobro coactivo.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, las providencias acusadas incurrieron en los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente,
fáctico y violación directa de la Constitución.
Adujo que las autoridades judiciales accionadas desconocieron lo
establecido en la sentencia SU-034 de 2018, proferida por la Corte
Constitucional, que señala expresamente las reglas jurisprudenciales
para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo, en especial, los que se relacionan con el pago
de indemnización administrativa.
También puso de presente que tanto el JUZGADO como el
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TRIBUNAL al valorar las pruebas aportadas al plenario, realizaron
un estudio arbitrario, irracional y caprichoso, por lo que sin razón
valedera se dio por no cumplida la sentencia, sin tener en cuenta las
manifestaciones hechas en distintas oportunidades respecto del
procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a
las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad
entre las demás víctimas establecido en la Resolución núm. 01049
de 15 de marzo de 2019.
Indicó que con las decisiones adoptadas por el JUZGADO y el
TRIBUNAL se ven abiertamente afectados los principios
constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe,
pues se desconoce que la UARIV está en imposibilidad de dar
cumplimiento a la orden emitida en sede de tutela.
Aseveró que la UARIV otorgó respuesta a la solicitud del señor EVER
MARINO RENGIFO ORDOÑEZ mediante la Resolución núm.
04102019-727740 de 31 de julio de 2020, en la que le reconoció la
medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado y aplicar el Método Técnico de Priorización,
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con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización.
Comentó que para el caso del señor EVER MARINO RENGIFO
ORDOÑEZ en la vigencia del año 2022, la UARIV aplicó el Método
Técnico de Priorización, arrojando como resultado que no era
procedente materializar la entrega de la medida de indemnización,
ya reconocida, puesto que no alcanzó el puntaje requerido para ello.
Así las cosas, adujo que de acuerdo con el procedimiento
administrativo establecido en la Resolución núm. 1049 de 2019, a la
UARIV le era imposible indicar una fecha de pago, por lo que se
procedería a aplicar nuevamente el método para la vigencia del año
2023.
Sostuvo que en cumplimiento de la orden séptima del auto 206 de
2017, proferido por la Corte Constitucional, la UARIV expidió la
Resolución núm. 1049 de 2019, por medio de la cual se adoptó el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa y se creó el Método Técnico de Priorización.
A su juicio, si bien los derechos de las víctimas deben ser
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garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a
la tarea de indemnizar a millones de personas, es factible plantear
estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a los
criterios de priorización previamente establecidos, lo cual no
desconoce los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario,
asegura que, en cierto período de tiempo, todas serán indemnizadas.
Añadió que la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de la
regla general de priorización para el acceso de la indemnización
administrativa por el conflicto armado, por lo que en esa medida
induce a una encrucijada de cumplir con la orden de tutela saltando
los turnos establecidos con los criterios objetivos ya señalados,
desconociendo los derechos de otros con igual o mayor prioridad.
Afirmó que tanto la Corte Suprema de Justicia3 como el Consejo de
Estado4 en múltiples pronunciamientos, ampararon los derechos
3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 31 de mayo de 2023, radicación
número: 11001-02-05- 000-2023-00737-00.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de diciembre de 2022, radicación
número: 11001-02-03- 000-2022-04143-00.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de febrero de 2022, radicación núm:
o 11001-02-03-000-2022- 00256-00.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 12 de mayo de 2022, radicación núm.
11001-02-04-000-2022-00841-00.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación
núm. 11001-03-15-000-2023-00973-00.
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fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al patrimonio en
atención a la sanción impuesta por el no pago de la indemnización
administrativa.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE ARMENIA y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDIO – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, modular los efectos del
fallo de segunda instancia del 30 de marzo de 2022, en
cumplimiento de la SENTENCIA SU-034 de 2018 y el Auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con
la orden al expedir la Resolución núm. 04102019-727740 del 31 de
julio de 2020, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019,
que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización al señor
EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ y dispuso la aplicación del
método técnico de priorización, en atención a que no acreditó un
criterio de priorización.
En consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las
sanciones impuestas en el auto de fecha del 24 de mayo de 2023,
impuesta en mi contra, consistente en arresto de un (01) día y
multa equivalente a un (01) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente,
decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO, en sede consulta, mediante providencia del 25 de mayo
de 2023.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, que comunique a la autoridad
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación núm. 11001-03-
15-000-2020-04776-00.
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encargada de la ejecución de la sanción de arresto y multa, que las
mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la
imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.
CUARTO: CONMINAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, a que acate y aplique los
preceptos jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento
de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su
cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E
INTERPOL adujo que no se observa que la actora haya radicado
petición alguna ante esa dirección; y que, además, tampoco ha sido
remitida sentencia o decisión judicial que permita actualizar la
información actualmente registrada en el sistema de información
operativo de antecedentes.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o,
en su defecto, declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la actora.
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I.5.2.- El señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓÑEZ refirió que la
UARIV mediante dilaciones injustificadas, excusándose en el método
técnico de priorización, ha omitido dar una fecha exacta del pago de
la indemnización administrativa ya reconocida, pese a que sí lo ha
hecho en otras oportunidades, de tal forma que, a su juicio, debe
continuarse con el trámite de la sanción con el fin de que se dé
cumplimiento al fallo de tutela y cese la vulneración de sus derechos
fundamentales.
I.5.3.- El JUZGADO y el TRIBUNAL, pese a haber sido notificados
en debida forma del presente trámite constitucional, guardaron
silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
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Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL E INTERPOL solicitó su desvinculación de la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
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razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
E INTERPOL es la entidad encargada de administrar el Sistema de
Información Operativo de Antecedentes – SIOPER, en el cual reposa
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la orden de arresto impuesta a la actora dentro de la sanción por
desacato objeto de cuestionamiento, le asiste interés como tercera
en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala
denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
constate una vulneración o una amenaza a los derechos
fundamentales del sancionado”5.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20186, esa Corporación señaló:
5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
6 M.P. Alberto Rojas Ríos.
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«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se dejen sin efecto las providencias 24 de mayo y 5 de junio
de 2023, proferidas por el JUZGADO; y 25 de mayo de 2023
proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cuales fue sancionada,
en calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, por
incumplimiento de la orden impartida mediante sentencia de 30 de
marzo de 2023 y se denegó la solicitud de levantamiento de la
sanción, dentro del incidente de desacato identificado con el número
único de radicación 2023-00038-02.
La controversia tiene origen en el hecho de que a la UARIV no le es
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posible materializar la entrega de la medida de indemnización
reconocida al señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓÑEZ,
comoquiera que luego de aplicar el Método Técnico de Priorización el
citad señor no alcanzó el puntaje requerido para el efecto, de tal
forma que se encuentra en imposibilidad de dar cumplimiento al fallo
de tutela.
Por lo anterior, a juicio de la parte actora, las providencias acusadas
incurrieron en los defectos: i) sustantivo por desconocimiento
del precedente, al pasar por alto la sentencia SU-034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las
reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera
instancia modulen el cumplimiento del fallo; ii) fáctico, por
valoración indebida del material probatorio que daba cuenta del
procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa; y,
iii) violación directa de la Constitución, al desconocer
abiertamente los principios constitucionales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema
judicial y la buena fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está
imposibilitada para dar cumplimiento a la orden emitida en sede de
tutela.
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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de
ser así, ii) determinar si el JUZGADO y el TRIBUNAL vulneraron los
derechos fundamentales invocados dentro del incidente de desacato
identificado con el número único de radicación 2023-00038-02.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de
procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión
cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la
parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los
incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
además de que se alega la configuración de alguna causal específica.
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra
ejecutoriada
En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó con
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la providencia de 25 de mayo de 2023 que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta, proferida por el TRIBUNAL, por lo que
este requisito se encuentra cumplido.
(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo
planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en
tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó
nuevas pruebas.
La actora alega que no le resulta posible materializar la entrega de
la medida de indemnización reconocida al señor EVER MARINO
RENGIFO ORDÓÑEZ, comoquiera que luego de aplicar el Método
Técnico de Priorización, el citado señor no alcanzó el puntaje
requerido para el efecto, de tal forma que se encontraba en
imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela.
Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite
incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos
para la procedencia de la acción de tutela.
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de
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la acción de tutela contra providencias judiciales y se alega la
configuración de al menos una de las causales específicas
(defectos)
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales
y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-
590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.
Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de
relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en
que incurrieron las providencias que confirmaron las sanciones y
denegaron la solicitud de levantamiento de las mismas, incurriendo
en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, fáctico y violación directa de la Constitución; la parte actora
identifica los hechos y derechos que estima lesionados; contra la
decisión cuestionada no proceden recursos; la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable7; y la solicitud no se dirige contra
una sentencia de tutela.
7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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En este orden, verificado el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad, la Sala procederá al estudio de fondo de las
providencias proferidas por el JUZGADO el 24 de mayo y 5 de junio
de 2023; y por el TRIBUNAL el 25 de mayo de 2023, dentro del
incidente de desacato identificado con el número único de radicación
2023-00038-02, con el fin de determinar si incurrieron en los
defectos invocados por la actora.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las
decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras
jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de
unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de
la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 8 y el 270 de la Ley 1437 de
8
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
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18 de enero de 20119; así como su respaldo jurisprudencial las
sentencias C-836 de 9 de agosto de 200110; C-816 de 1o. de
noviembre de 201111; C-179 de 13 de abril de 201612; y T-102 de
25 de febrero de 201413.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”14 (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso
determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y
a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del
9
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo
de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o
sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo
eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de
la Ley 1285 de 2009”.
10
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).
11
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
12
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
13
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
14
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por
la Corte Constitucional15, según el cual la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial
está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los
funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por
la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el
mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo
de 200816, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).
15
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Sin embargo, la misma Corte ha precisado que salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria17, la regla del respeto del
precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no
puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,
o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación
concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de
supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente
judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en
pronunciamientos anteriores de la Sala18, a saber: i) la disanalogía o
falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y
el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se
debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de
precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que
sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente; y v) la
17
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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consideración de que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser
contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que “en los eventos referidos, el juez
que se separa del precedente asume una especial carga de
argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,
razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio
de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse
a este, -al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento
injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración
del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales19.
Del defecto fáctico
19
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.
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En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201320, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
20
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Violación directa de la Constitución
En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es
menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-
024 de 5 de abril de 201821, manifestó que:
“[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales […]” (Resaltado fuera de texto).
21
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se
estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen
de los dictados de la Constitución”22.
En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución 23. En el
segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo
4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales
con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción
22
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.
23
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.
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de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas
y aquellas.
La solución del caso concreto
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario
hacer un recuento del trámite surtido dentro del incidente de
desacato identificado con el número de radicación 2023-00038-02,
objeto de estudio:
• El señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓÑEZ, al estimar que
la UARIV no dio cumplimiento al fallo de tutela de 30 de marzo
de 2023, por medio del cual el TRIBUNAL ordenó que se
indicara fecha exacta en la que se efectuaría el pago de la
indemnización administrativa reconocida mediante Resolución
núm. 04102019-727740 de 31 de julio de 2020, promovió
incidente de desacato, al cual le fue asignado el número único
de radicación 2023-00038-00.
• El JUZGADO, mediante auto de 11 de mayo de 2023 dio
apertura formal al incidente de desacato y a través de proveído
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de 24 de mayo de la presente anualidad le impuso sanción de
un (1) día de arresto y un (1) SMLMV a la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES, en calidad de Directora
Técnica de Reparaciones de la UARIV, decisión que fue
confirmada por el TRIBUNAL, en providencia de 25 de mayo
de 2023.
El TRIBUNAL confirmó la sanción bajo los siguientes
argumentos:
“[…] De acuerdo con lo señalado, la conducta desplegada por la
funcionaria de la UARIV resulta cuestionable comoquiera que está
llamada a respetar la Constitución Política, la ley y las sentencias
judiciales, entre otras, lo cual no aconteció en el caso bajo estudio,
porque a pesar de los requerimientos hechos hasta la fecha no ha
sido posible que al núcleo familiar del señor Ever Marino Rengifo
Ordoñez le haya sido dada la fecha aproximada pero cierta-
entiéndase vigencia fiscal- en la que se desembolsará la
indemnización reconocida; sin que sea de recibo el argumento
reiterado de la entidad, que pregona la imposibilidad de cumplir con
lo ordenado en la medida que se debe agotar la ruta metodológica
prevista en la Resolución 1049 de 2019.
[…]
Acorde con lo expuesto, esta Corporación considera acertada la
sanción impuesta en auto del 24 de mayo de 2023 por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Armenia. […]”.
• Mediante oficio radicado el 31 de mayo de 2023, la apoderada
de la UARIV solicitó inaplicación de la sanción impuesta a la
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actora, argumentando que se encuentra legalmente justificada
para abstenerse de indicar fecha en la que se efectuará el pago
de la indemnización administrativa, en atención al principio de
sostenibilidad financiera y al acatamiento de lo que determine
la aplicación del Método Técnico de Priorización.
La solicitud se sustentó de la siguiente forma:
“[…] En ese orden de ideas, la Unidad no desconoce los derechos del
accionante, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser
indemnizado, sin embargo, la Unidad ha manifestado en varias
escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un
mismo momento, por lo que a través del procedimiento se adoptó́
un sistema mixto que permite tanto la atención inmediata de
aquellas víctimas que se encuentran en extrema vulnerabilidad como
la atención de otras víctimas que no se encuentran en tales
situaciones, pero son titulares del derecho a la reparación
económica.
Sentado lo anterior, respecto del caso particular del referente al
señor EVER MARINO RENGIFO ORDOÑEZ, la Unidad para las Víctimas
le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución No.
04102019-727740 -del 31 de julio de 2020 en la que decidió (i)
reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO y (ii) aplicar el “Método
Técnico de Priorización” con el fin de disponer el orden de la entrega
de la indemnización.
[…]
Por lo anterior, es muy importante indicar al despacho que no es
posible brindar fecha aproximada pero cierta de pago de la
indemnización, teniendo en cuenta los preceptos de la Resolución
1049 de 2019 y que en tal sentido El señor EVER MARINO RENGIFO
ORDOÑEZ no acreditó alguna situación de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidades, es preciso indicar que el procedimiento
establecido por esta Unidad, Su Señoría, busca la garantía y
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
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proceso y a la reparación integral; es menester que considere que
es jurídicamente razonable la espera que pedimos a las víctimas en
cada proceso particular, pues el Estado sigue adelantando acciones
positivas en aras de conseguir indemnizar a todos aquellos que
tengan derecho a la medida, pero con la comprensión de que, como
ya ha sido manifestado por la Corte, “(s)i bien los derechos
fundamentales de las víctimas deben ser garantizados de manera
oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a
millones de personas y no cuenta con los recursos suficientes, es
factible plantear estrategias de reparación en plazos razonables y
atendiendo a criterios de priorización. Lo anterior no desconoce los
derechos de las víctimas sino por el contrario asegura que, en cierto
periodo de tiempo, y no de manera inmediata, todas serán
reparadas”.
[…]
Así las cosas, surge para la Entidad la imposibilidad de emitir una
fecha cierta de pago, toda vez que debe ser respetuosa del
procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del
debido proceso administrativo. Cabe mencionar su señoría que de no
respetarse el debido proceso, se estaría vulnerando el principio de
igualdad, por lo que no comporta una actitud evasiva ni negligente
por parte de la unidad para las víctimas, toda vez que, si no presenta
un criterio de priorización de los establecidos en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019, deberá someterse al resultado del Método
Técnico de Priorización que se realiza cada año.
[…]
A raíz de las consideraciones expuestas, es pertinente indicar que el
juez de tutela, al momento de decidir la acción constitucional en
materia de indemnizaciones administrativas, debe atender los
principios generales de progresividad y sostenibilidad fiscal, en un
contexto de igualdad material a través del establecimiento de
criterios de priorización y con un procedimiento administrativo
avalado por la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, lo que
refuerza la tesis de improcedencia de la acción de tutela para obtener
una fecha exacta de pago, en la medida que no se pueden
indemnizar a todas las víctimas en un solo momento, y en virtud del
principio de subsidiariedad, pues el procedimiento contemplado en
la Resolución 01049 de 2019 resulta idóneo como mecanismo
principal de atención a este tipo de solicitudes y que organiza los
pagos de forma igualitaria según el orden de radicación y de acuerdo
a unos criterios objetivos de priorización […]”.
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• El JUZGADO, a través de auto de 5 de junio de 2023, negó la
solicitud de inaplicación de la sanción impuesta mediante
providencia de 24 de mayo y confirmada el 25 siguiente por el
TRIBUNAL dentro del incidente de desacato identificado con
el núm. 2023-00038-02, bajo el siguiente argumento:
“[…] Así las cosas, el Despacho evidencia, que la entidad accionada,
sigue sin cumplir con lo ordenado en la Sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que
data del 30 de marzo de 2023, arguyendo razones de carácter
administrativo para excusar su omisión, situación que como ya se
había indicado, no es óbice para solicitar que se deniegue la
imposición de sanción en el trámite del incidente de desacato,
memórese que el cumplimiento del fallo es de carácter obligatorio
puesto que hace parte de la garantía constitucional, y es deber de
esta jueza procurar mediante todos los medios dispuestos por la Ley
su acatamiento.
Claramente se advierte que la entidad no ha cumplido con lo
ordenado, pues ésta manifiesta la imposibilidad jurídica de acatar lo
ordenado por el Tribunal Administrativo del Quindío, y en cada una
de sus respuestas, ha solicitado al despacho que se declare la
imposibilidad jurídica de cumplir la sentencia en atención a la falta
de acreditación de criterio de priorización respecto a las condiciones
del accionante.
Si bien como se citó, aun cuando la sanción impuesta es confirmada
por el superior jerárquico en virtud de la consulta, para que el
levantamiento de dicha sanción se produzca, la accionada debe
acreditar el cumplimiento del fallo de tutela, pues su finalidad es
persuadir el cumplimiento de la orden, en este caso, la entidad no
ha logrado demostrar el cumplimiento de lo ordenado, por el
contrario, se ratifica en su no cumplimiento y pretende que dichos
argumentos sean suficientes para levantar la medida impuesta,
situación que no es procedente y en consecuencia, no hay lugar a
dejar sin efecto la sanción impuesta, por cuanto no es posible
advertir el cumplimiento de lo ordenado […]”.
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En el asunto bajo examen, la actora alega que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la
Constitución al haberla sancionado dentro del mencionado incidente
de desacato por incumplimiento de la orden de tutela emitida el 30
de marzo de 2023 por el TRIBUNAL.
A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera
necesario hacer mención al derecho que le asiste a las víctimas a ser
reparadas integralmente y los límites constitucionales previstos para
la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013, se refirió a
los derechos de las víctimas, a la verdad, justicia y reparación
integral y analizó la reparación integral a las víctimas de
desplazamiento forzado conforme a la sentencia T-025 de 2004, en
la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional
en materia de atención a la población desplazada.
En relación con la indemnización administrativa, la mencionada
sentencia concluyó que, por regla general, la acción de tutela no tenía
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una naturaleza indemnizatoria, pero resulta procedente para otorgar
protección a la población víctima de desplazamiento en condición de
extrema vulnerabilidad.
Al examinar la constitucionalidad de las medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas, previstas en la Ley
1448 de 2011 y en los Decretos 4634 de 2011 y 4635 de 2011, la
Corte, en la sentencia C-753 de 2013, sostuvo que la misión
institucional del sistema de reparación precisaba de la capacidad
suficiente para responder a las exigencias relacionadas con la
reparación a las víctimas, lo que exige contar con la disponibilidad
de recursos para que la política de reparación sea viable en el tiempo
y para todo el universo de víctimas. De este modo, resaltó la
mencionada sentencia que es importante que las medidas de
atención se acojan a los principios de continuidad y progresividad,
pero sin que el derecho a la reparación esté supeditado a la
sostenibilidad fiscal; y que dada la necesidad de que la política de
reparación sea viable y proporcional al número de víctimas y al daño
sufrido por ellas, es menester considerar mecanismos para
garantizar las indemnizaciones administrativas que esté
adecuadamente financiado, o, de lo contrario, no cumpliría el
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propósito para el que fue diseñado ni tendría ninguna eficacia en
términos de justicia material.
En ese orden, la citada sentencia concluyó que las disposiciones
normativas que establecen plazos y límites en términos del
presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio
de responsabilidad fiscal, en detrimento del derecho de las víctimas
a la indemnización, por cuanto dicho principio “es un criterio
orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado
que no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales”.
Es decir que, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e
instrumentos de priorización, así como el agotamiento del
procedimiento previsto por la ley para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto,
con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.
Así lo ha dejado en claro en los distintos Autos de Seguimiento a la
sentencia T-025 de 2004, entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el que
exhortó a los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir
temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización
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administrativa y sanciones por desacato, dado el número de tutelas
que desbordaban la capacidad de la entidad competente para
atenderla.
Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que
se estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los
presuntos desacatos de la UARIV a órdenes de reconocimiento de
indemnización administrativa, sentencia que será analizada por la
Sala al abordar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, planteado por la actora.
Del anterior recuento es dable concluir que, en el marco del derecho
a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela
deben tener en consideración las medidas adoptadas por el Ejecutivo
con la finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la
imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.
Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de
las víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas expidió la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019,
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“Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de
priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de
2018, y se dictan otras disposiciones”, en la cual estableció las fases
del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método
técnico de priorización para su desembolso. Este último consiste en:
“Artículo 16. El método de priorización es un proceso técnico
que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la
Subdirección de Reparación Individual para determinar la
priorización anual del desembolso de la indemnización
administrativa”.
El artículo 17 de la Resolución en comento indica que el método se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago.
El citado texto reza:
“Artículo 17. El método tiene como objetivo generar unas
listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso
de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de
manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el
Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector” (Resaltado fuera
del texto original).
Retomando el caso bajo de estudio, la Sala destaca que en múltiples
ocasiones la incidentada ha manifestado al JUZGADO que se dio
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cumplimiento a la orden de tutela mediante la Resolución núm.
04102019-727740 de 31 de julio de 2020, en la que se reconoció
una indemnización administrativa a favor del señor EVER MARINO
RENGIFO y se le puso en conocimiento que el pago de la misma se
realizaría conforme al procedimiento previsto para el efecto en la
Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019 de la Dirección General
de la UARIV, para lo cual era necesario esperar a que la entidad
procediera a la aplicación del método de priorización que solo tiene
lugar anualmente.
Es así como, en escrito dirigido al JUZGADO el 31 de mayo de 2023,
la UARIV solicitó reconsideración del cumplimiento del fallo e
inaplicación de la sanción impuesta, para lo cual expuso que
conforme a la Resolución núm. 1049 de 2019, aplicaría el Método
Técnico de Priorización en el año 2023, comoquiera que para el año
2022 el señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓNEZ no resultó
favorecido en la aplicación de este.
Por lo anterior, destacó que se encontraba en imposibilidad jurídica
de informar al señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓÑEZ fecha o
plazo para la entrega de la indemnización administrativa, de tal
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forma que no buscaba asumir una conducta evasiva o dilatoria y
muestra de ello eran las gestiones administrativas realizadas por la
entidad para darle cumplimiento a la sentencia de tutela, siempre
atendiendo lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, que regula el
reconocimiento de las medidas de asistencia y reparación en estos
casos.
Ello, evidencia que la UARIV explicó detenidamente las medidas que
adoptó para darle cumplimiento al fallo de tutela y el método que
dispuso esa entidad, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte
Constitucional, para asignar los turnos de pago; y en relación con la
fecha exacta de pago, que las autoridades judiciales accionadas le
reprocharon a lo largo del trámite incidental, la entidad expuso que
la misma se obtendría a partir de la aplicación del método de
priorización, el cual corresponde a un proceso técnico que determina
los criterios para proceder al desembolso, proceso que se aplica
de manera global y anualmente a todas las víctimas que
obtuvieron reconocimiento de indemnización administrativa.
En respuesta, el Juzgado resolvió desfavorablemente las peticiones
elevadas por la UARIV.
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Significa lo anterior que, pese a que la UARIV procedió a aplicar el
método de priorización previsto en la Resolución 01049 de 2009, el
señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓNEZ no resultó favorecido,
razón por la que no fue posible realizar el desembolso de la
medida de indemnización en la vigencia del año 2022. No
obstante, en el mismo comunicado se indicó que la Unidad procederá
a aplicarle el método cada año hasta que de acuerdo con el resultado,
sea priorizado para el desembolso de su indemnización
administrativa.
En este contexto, para la Sala, una apreciación de las pruebas
aportadas al trámite incidental, de cara a la situación de la entidad,
hubiese permitido arribar a la conclusión de que, en el caso
particular, no se configuró el elemento subjetivo de la
responsabilidad para la imposición de la multa por desacato a la
señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, toda vez que aunque
la UARIV no pudo señalar una fecha exacta para el desembolso de la
indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar
la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le
asiste al señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓÑEZ, sino a la
complejidad del trámite que aquí se ha destacado.
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En efecto, dentro del trámite incidental a través de sendos escritos
de oposición y de solicitud de levantamiento de la sanción, la actora
informó respecto de la imposibilidad jurídica de dar una fecha y plazo
para la entrega de la medida indemnizatoria, de manera que tal
evidencia no puede ser desconocida en perjuicio de sus derechos
fundamentales aquí invocados.
Sumado a lo anterior, la incidentada demostró que la UARIV
comunicó al señor EVER MARINO RENGIFO ORDÓÑEZ que se
procedió a aplicar el Método Técnico de Priorización y como resultado
de ello no fue procedente materializar la entrega de la medida
indemnizatoria en el período fiscal vigente, por falta de disponibilidad
presupuestal.
En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribaron las
autoridades judiciales accionadas, lo que se evidencia es una
actividad constante de parte de la incidentada de lograr persuadir al
juez de tutela de abstenerse de aplicar una sanción y valorar las
gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un
incumplimiento deliberado del fallo.
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Son estas las razones que conducen a la Sala a declarar que las
providencias de 24 de mayo y 5 de junio de 2023; y 25 de mayo de
2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del incidente de desacato 2023-00038-02,
incurrieron en el defecto fáctico endilgado por la actora.
Ahora, la Sala considera necesario referirse a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y de esta Corporación relacionada con la
inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente
de desacato.
La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una
sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
amparo.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de
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2003, indicó
«[…] la imposición de una sanción dentro del incidente
puede implicar que al accionado se persuada o no del
cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que
se inicie el incidente de desacato y el accionado,
reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez
de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la
sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción
no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando […]». (Negrillas de la
Sala)
La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-
512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la
Corte sostuvo:
«[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de
desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena
de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la
sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada24; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma25, sino que
24
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González
Cuervo
25
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
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ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar
la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados26.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de
desacato el accionado se persuade a cumplir la orden de
tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la
sanción.
(…)
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento
de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo
para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a
que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]»27. (Negrillas de la Sala)
Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de
201528, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los
siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
26
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia
C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
27
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García
González.
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el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”. (negrillas se destaca)
Así las cosas, cuando se dé cumplimiento íntegro a la orden impartida
por el juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto
carece de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de
consulta.
Del levantamiento de la sanción por desacato y la
jurisprudencia de la Corte
La sentencia de la Corte que la actora invoca como desconocida
indicó:
«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por
la accionante, la Sala constata que la jurisprudencia
constitucional ha avalado de manera reiterada la
aplicación de criterios e instrumentos de priorización y
el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del
conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación
integral de las víctimas conforme a los principios de igualdad,
gradualidad y progresividad.
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En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[29] esta
Corte ha reconocido que la salvaguarda de los derechos de que
son titulares las víctimas, específicamente en su faceta de
acceso a la indemnización por vía administrativa, está
vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una efectiva
ejecución de la política de reparación integral, la cual está
sujeta a una regulación que, para avanzar en el sentido de ser
plenamente operativa, incluye, entre otras cosas, la debida
identificación y caracterización de las víctimas –en lo cual ellas
toman parte activa–, la incorporación de un enfoque diferencial
en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la
apropiada distribución de los recursos reservados por el Estado
para tal fin, atendiendo al particular estado de vulnerabilidad
de los destinatarios de tales medidas.
Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –
como ocurre con el creciente recurso a la acción de tutela para
obtener una orden de pago directa e inmediata al margen de
los turnos– genera efectos adversos para el correcto
funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se
cuentan la afectación del derecho a la igualdad de otras
víctimas que aguardan por ser indemnizadas y el paralelismo
de actuaciones que duplica la tarea de las autoridades
encargadas y auspicia el bloqueo institucional[30].
Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para
la Sala es claro que el precedente a que se ha hecho alusión
exigía que el Juez Civil del Circuito de Los Patios y la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
asumieran una postura omnicomprensiva del contexto –
estado de cosas inconstitucional en materia de atención
a víctimas de desplazamiento forzado– y tomaran en
consideración los informes rendidos por la UARIV
(incluso aquellos allegados con posterioridad a la
imposición de las sanciones por desacato en cada uno de
los expedientes), para reconocer la imposibilidad de
efectuar los pagos en el escaso plazo concedido en las
sentencias, valorar las gestiones adelantadas por la
[29] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria
Stella Ortiz Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro
Linares Cantillo, T-130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado, T-293 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria
Sáchica Méndez, T-112 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo, T-863 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-640 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez, entre otras.
[30] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
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entidad para satisfacer las órdenes de tutela y descartar
así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los
fallos de tutela que dispusieron el pago de las
indemnizaciones administrativas.
(…)
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad
con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes de
tutela, pone de manifiesto el prudente acatamiento a las
reglas legales y jurisprudenciales que imponen al Estado
la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto
–así no se concretara el pago inmediato de la
indemnización administrativa–, habida cuenta de que en
ningún momento se cuestionó el derecho que les asistía
a los tres peticionarios a reclamar la medida de
reparación a que se alude, los tiempos inicialmente previstos
para su entrega en dos de los casos no se aprecian
desproporcionados atendiendo a la masividad de solicitudes, y
en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la
imposibilidad jurídica de pagar la indemnización sin haber
previamente identificado y caracterizado el hogar del
peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de
acción adoptada por la UARIV (consistente en la
asignación de un turno para la entrega efectiva de la
indemnización) está inserta en una estructura general
de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a
víctimas de desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de
la Sala).
En la sentencia transcrita, la Corte examinaba si las decisiones de los
jueces constitucionales de denegar el levantamiento de la sanción
por desacato a las órdenes de reconocimiento de indemnización a las
víctimas, estuvieron ajustadas a derecho y concluyó que una lectura
ponderada del contexto de la situación no habría sido indiferente al
hecho de que la obligación de reparar integralmente a las víctimas
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del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo
constitucional que incluye el agotamiento de un procedimiento
y la aplicación de unos criterios de priorización, así como al
respeto por unos principios de rango superior -especialmente- el
derecho a la igualdad de que son titulares todas las personas que
aspiran a acceder a la indemnización administrativa.
Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar
que los jueces accionados no acogieron las pautas que la
jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de aplicación de
criterios de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto
por la ley dentro del esquema para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto
armado.
En efecto, si al momento de resolver el trámite incidental de desacato
o pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la sanción,
los jueces hubiesen tomado en cuenta el aspecto de la
responsabilidad subjetiva en el contexto señalado, habrían arribado
a una decisión diferente.
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Es preciso traer a colación la providencia de 16 de julio de 2020, en
la que esta Sala, en un caso de similares presupuestos, indicó:
“[…] La Sala observa que con la expedición de la Resolución
núm. 04102019-27405 de 25 de julio de 2019, en efecto, la
UARIV dio cumplimiento a la orden contenida en la sentencia
de tutela de 19 de octubre de 2018, consistente en iniciar los
trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa a favor del actor.
Cabe señalar que la mencionada resolución reconoció el derecho
a la medida de indemnización administrativa solicitada por el
accionante, para lo cual dispuso:
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de
HOMICIDIO de la señora LUDIVIA NARVÁEZ ÁLVAREZ, quien
se identificó con cédula de ciudadanía Nº 57291529,
conforme a las razones expuestas en el presente acto
administrativo, a los siguientes beneficiarios:
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar el Método Técnico de
Priorización, con el fin de determinar el orden de
asignación de turno para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa, de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, de
conformidad con las razones señaladas en el presente acto
administrativo, a las siguientes personas:
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el período de que dispone
la Unidad para las Víctimas para hacer efectivo el pago de la
medida en razón al resultado de la aplicación del Método
Técnico de Priorización.
ARTÍCULO CUARTO. La entrega de la medida de
indemnización administrativa queda condicionada a que, en
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el momento del desembolso, el estado en el Registro Único
de Víctimas sea de inclusión […]”.
De la lectura de la citada resolución se advierte que, además de
otorgarle al actor la medida de indemnización administrativa
solicitada, dispuso la aplicación del método técnico de
priorización con el fin de ubicar el orden de asignación de
turno para el desembolso, trámite establecido para el
efecto.
Así las cosas, al verificar la sentencia de tutela que se alega
desatendida, la Sala encuentra que en efecto la UARIV dio
cumplimiento a la misma al iniciar los trámites necesarios para
el reconocimiento de la indemnización administrativa del actor.
(…)
En el caso bajo examen, no podía ser de otra manera, por cuanto
sabido es que para el pago de tales indemnizaciones las
entidades del estado tienen procedimientos y turnos que
deben observarse, pues de lo contrario se vulneraría el
derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás
están a la espera de tales desembolsos.
Precisamente, en la resolución a través de la cual se le reconoció
al actor la indemnización en comento fue clara en señalar que el
turno para el pago de la misma se sometería al Método Técnico
de Priorización, procedimiento con el que cuenta la
entidad para establecer el turno de los respectivos
desembolsos por dicho concepto.
En efecto, a través de la Resolución núm. 1049 de 15 de
marzo de 2019, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, entre otros, adoptó “el
procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa”, para lo cual
creó el método técnico de priorización, en aras de darle
un trato prioritario a aquellas víctimas que estén
enfrentando una situación de vulnerabilidad debido a
factores como la edad y la discapacidad que les impide
darse su propio sustento, valoración que le corresponde
efectuar a la UARIV, con fundamento en la información
que reposa en dicha entidad, al momento de asignar los
turnos para el desembolso de la indemnización. De ahí que
el Despacho Judicial accionado haya exhortado y no
ordenado a la entidad dicho desembolso, en la providencia
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objeto de tutela, como al parecer lo entendió el actor
[…]»31. (Resaltado fuera del texto original).
Sumado a lo anterior, en un asunto con similar situación fáctica a la
presente, la Sala32 amparó los derechos fundamentales de los allí
accionantes al no haberse accedido a la solicitud de levantamiento
de la sanción por desacato en razón a la imposibilidad jurídica de
darse fecha o plazo para el pago de la indemnización administrativa
reconocida.
Es por esta razón que la Sala estima que la decisión de no levantar
la sanción impuesta a la señora CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES configuró un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial sobre los criterios de priorización que deben
tener en cuenta los jueces constitucionales en los casos en que se
ordena a la UARIV el reconocimiento y pago de indemnizaciones
administrativas.
Finalmente, en cuanto a la alegada violación directa de la
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16
de julio de 2020, número único de radicación 20001-23-33-000-2020-00031-01 (AC), CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11
de febrero de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.
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Constitución, la Sala resalta que comoquiera que el argumento
relacionado con dicha inconformidad fue analizado al estudiar el
contexto de las indemnizaciones administrativas a cargo de la
UARIV, la Sala se remite a lo allí indicado, en el sentido de reiterar
que es necesario que los jueces constitucionales acojan las pautas
señaladas por la Corte Constitucional, en el momento de ordenar el
reconocimiento y pago de dichas indemnizaciones a favor de las
víctimas del conflicto armado.
En este punto, es del caso resaltar que la Sala ordenará el
levantamiento de la sanción en lo que respecta únicamente al caso
particular, toda vez que en el presente asunto al señor EVER
MARINO RENGIFO mediante la Resolución núm. 04102019-727740
de 31 de julio de 2020 le fue reconocida una indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado
y, además, está demostrado que la UARIV aplicó el método técnico
de priorización para lo cual el beneficiario no obtuvo el puntaje
necesario para que se le diera una fecha clara y concreta de pago de
la indemnización administrativa.
Así las cosas, toda vez que en el caso sub examine la UARIV ha
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realizado las gestiones tendientes para el cumplimiento de la
sentencia de tutela de 30 de marzo de 2023, esto es, ha aplicado el
método de priorización el cual seguirá siendo aplicado anualmente
hasta que el beneficiario logre obtener el puntaje requerido para el
efecto, situación que, además, ha sido puesta en conocimiento del
señor EVER MARINO RENGIFO, la Sala considera que resulta
procedente el levantamiento de la sanción, pues no se configuró el
elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la
multa por desacato.
En efecto, si bien es cierto que la UARIV no ha dado fecha exacta
para el desembolso de la indemnización, también lo es que ello no
ha sido producto de una actitud negligente o desinteresada en
cumplir con lo ordenado, sino de la complejidad que conlleva la
materialización de la entrega de la mencionada indemnización, de tal
forma que al estar demostrada la actividad constante de la entidad
para el acatamiento de la orden, lo procedente es acceder al
levantamiento de la sanción en el caso particular.
En ese orden de ideas, la Sala amparará los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
actora y dejará sin efecto las providencias de 24 de mayo y 5 de
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junio de 2023; y 25 de mayo de la presente anualidad,
proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, por
medio de las cuales, de una parte, fue sancionada por incumplimiento
de la orden impartida en sentencia de 30 de marzo de 2023 y, de
otra, se negó la solicitud de levantamiento de la sanción, dentro del
incidente de desacato identificado con el número único de radicación
2023-00038-02, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que continúe
aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de
que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la
indemnización administrativa reconocida al señor EVER MARINO
RENGIFO por el hecho victimizante de desplazamiento forzado
mediante la Resolución núm. 04102019-727740 de 31 de julio de
2020, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de
30 de marzo de 2023 y se logre la reparación integral a las víctimas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora
CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES. En consecuencia, DEJAR
SIN EFECTOS las providencias proferidas por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
ARMENIA de 24 de mayo y 5 de junio de 2023; y por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO el 25 de mayo de
2023.
TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE
REPARACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
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PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS
VÍCTIMAS - UARIV para que continúe aplicando anualmente el
método técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno
para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa
reconocida al señor EVER MARINO RENGIFO por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm.
04102019-727740 de 31 de julio de 2020, con el objeto de dar
cumplimiento a la sentencia de tutela de 30 de marzo de 2023 y se
logre la reparación integral a las víctimas.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de octubre de 2023.
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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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