Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03868-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03868-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03868-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de noviembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01
Accionante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
Accionados: JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
TUNJA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ –
SALA DE DECISIÓN NRO. 3
Tesis: Vulnera el derecho fundamental al buen nombre e incurre
en violación directa de la Constitución la providencia
judicial que impuso una sanción por desacato, sin tener
en cuenta que la orden de tutela no era posible cumplirla.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Clelia Andrea Anaya Benavides promovió acción de tutela en
contra del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y
patrimonio, vulnerados por el JUZGADO ONCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN NO 3, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO TUNJA, modular los efectos del fallo del 11
de mayo de 2022, en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de
2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida
que se cumplió con la orden al expedir la Resolución 04102019-
730824-del 11 de agosto de 2020, con fundamento en la Resolución
No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la
indemnización al señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA
y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en
atención a que no acreditó un criterio de priorización.
Y, en consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las
sanciones impuestas en los autos de fechas:
• Auto del 15 de septiembre de 2022, impuestas al doctor
ENRIQUE ARDILA FRANCO en calidad de reparaciones para ese
momento consistente en multa equivalente a dos (02) salarios
mínimos legales mensuales, y al doctor RAMÓN ALBERTO
RODRÍGUEZ en calidad de director general de la UARIV para ese
momento, con multa equivalente a un (01) salario mínimo legal
mensual, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN NO 3
en auto del 22 de septiembre de 2022.
• Auto del 14 de febrero de 2023 en contra de la suscrita en calidad
de directora de reparaciones para ese momento consistente en
multa equivalente a dos (02) salarios mínimos legales
mensuales, y a la doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad
de directora general de la UARIV, con multa equivalente a un
(01) salario mínimo legal mensual, decisión CONFIRMADA por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN NO 3 en auto del 22 de febrero de 2023.
• Auto del 31 de mayo de 2023 en contra de la suscrita en calidad
de directora de reparaciones para ese momento consistente en
multa equivalente a cinco (05) salarios mínimos legales
mensuales, y a la doctora PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad
de directora general de la UARIV, con multa equivalente a tres
(03) salarios mínimos legales mensuales, decisión CONFIRMADA
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN NO 3 en auto del 07 de junio de 2023.
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TERCERO: ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN NO 3,
que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la
sanción de multa, que las mismas se han levantado con ocasión a la
acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial
de tutela.
CUARTO: CONMINAR al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN NO 3, a
que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que
imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva
del incidente de desacato […]”. [Mayúsculas, negrillas y subrayado
del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que, mediante fallo de tutela del 11 de mayo de
2022, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación
administrativa del señor Jhon Sebastián Hernández García.
Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, se ordenó a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV que “(…)
dentro de los cincos (5) días contados a partir de la notificación del fallo
respectivo, emita pronunciamiento a través del cual establezca un término
en el que se efectuará de manera material el desembolso de la
indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante la
Resolución nro. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020, atendiendo
su actual situación socioeconómica con base en los hechos narrados en la
acción de tutela, conforme se pueda constatar de la información aportada
o que allegue el interesado y según verificación de las bases de datos o
sistemas actualizados con que cuenta el Estado para tal efecto (…)”2.
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Manifestó que, por escrito radicado el 13 de mayo de 2022, la UARIV
comunicó el resultado de no favorabilidad del método técnico de
priorización aplicado al señor Jhon Sebastián Hernández García, toda vez
que no se acreditó criterio alguno de priorización que permitiera el ingreso
a la lista de pago para la vigencia fiscal correspondiente.
Señaló que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, por auto
proferido el 15 de septiembre de 2022 sancionó al señor Enrique Ardila
Franco, en calidad de director de reparaciones para ese momento, con
una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y al
señor Ramón Alberto Rodríguez, en calidad de director general de la
UARIV en ese entonces, con una multa de un (1) salario mínimo mensual
legal vigente, porque no se había dado cumplimiento al fallo de tutela.
Indicó que, por auto del 22 de septiembre de 2022, la Sala de Decisión
nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sede de consulta,
confirmó las precitadas sanciones.
Adujo que el 29 de septiembre de 2022, el 11 de octubre de 2022, el 23
de febrero de 2023 y el 8 de junio de 2023, la UARIV presentó ante el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja solicitud de inaplicación
de las sanciones impuestas reiterando que, de acuerdo con la Resolución
nro. 04102019-730824 del 11 de agosto de 2020 y los resultados del
método técnico de priorización de los años 2021 y 2022, se concluyó que
para el señor Jhon Sebastián Hernández García no era procedente
materializar la entrega de la indemnización en esas vigencias teniendo en
cuenta (i) el puntaje total obtenido en la última aplicación del método
técnico de priorización del año 2022 fue de 38.1844, y que el puntaje
mínimo para acceder a la medida indemnizatoria para ese año era de
46.6053, (ii) la aplicación del método técnico de priorización, (iii) la
imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, (iv) la improcedencia del
desacato ante la imposibilidad de cumplir el fallo, (v) el debido proceso
administrativo de la UARIV, entre otros.
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Expuso que, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, tras
abrir nuevo incidente de desacato, mediante auto proferido el 14 de
febrero de 2023, la sancionó en calidad de directora de reparaciones para
ese momento, con una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, junto con la señora Patricia Tobón Yagarí, en calidad de
directora general de la UARIV, quien fue sancionada con una multa
equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, bajo la
consideración que aún no se había dado cumplimiento al fallo de tutela.
Agregó que dichas sanciones fueron confirmadas, en sede de consulta,
por auto proferido el 22 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3.
Anotó que el precitado juzgado, por auto proferido el 31 de mayo de 2023
le impuso una segunda sanción, en calidad de directora de reparaciones
para ese momento, consistente en una multa equivalente a cinco (5)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, junto con la señora Patricia
Tobón Yagarí, quien también fue sancionada por segunda vez con una
multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Precisó que la anterior decisión fue confirmada, en sede de consulta, por
auto del 7 de junio de 2023 proferido por la Sala de Decisión nro. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, y que, mediante auto del 20 de junio
de 2023, el Juzgado Once Administrativo del circuito de Tunja obedeció y
cumplió lo dispuesto por el citado tribunal.
En el acápite denominado “De las acciones desplegadas por la Unidad para
las Víctimas para acreditar las gestiones realizadas para el cumplimiento
al fallo de tutela del 11 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado Once
Administrativo Oral del circuito de Tunja”, explicó que la UARIV, dando
aplicación al procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución nro.
1049 de 2019, decidió por medio de la Resolución nro. 04102019-730824
del 11 de agosto de 2020 reconocer al señor Jhon Sebastián Hernández
García la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado y aplicarle el método técnico de
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priorización con el fin de disponer el orden de la entrega de la
indemnización.
La accionante informó que el 31 de julio de 2022, la UARIV aplicó para el
caso del señor Hernández García el método técnico de priorización, con el
propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados a dicha unidad en el año 2022, el orden de
entrega de la indemnización reconocida a su favor; sin embargo,
conforme al resultado de la aplicación del precitado método, se concluyó
que no era procedente hacer la entrega de la indemnización ya reconocida
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, debido a que el
puntaje mínimo definido en el año 2022 para acceder a la indemnización
administrativa era de 46,6053 y el puntaje obtenido por el señor
Hernández García fue de 38,1844.
Manifestó que “(…) de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, a la Unidad
para las Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago, pues para el
caso del señor Jhon Sebastián Hernández García, el resultado de la
aplicación del método técnico de priorización si bien determinó un orden,
este no se ubicó dentro del universo de víctimas que accederán a la
indemnización administrativa conforme a la disponibilidad presupuestal
asignada a la entidad para el año 2022 (…)”3.
Afirmó que la UARIV procederá a aplicarle nuevamente el método técnico
de priorización al señor Hernández García en el mes de septiembre de
2023, y le informará su resultado. Aclaró que, si dicho resultado le
permite acceder a la entrega de la indemnización administrativa en el año
2023, será citado para tal efecto, pero, si conforme al resultado de la
aplicación del método no resulta viable el acceso a la medida
indemnizatoria, le informará las razones por las cuales no fue priorizado
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y la necesidad de aplicar nuevamente el método para el año siguiente, sin
que se fije un turno de pago.
Alegó que las providencias cuestionadas incurren en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU – 034
de 2018 de la Corte Constitucional, que señala las reglas jurisprudenciales
para que los jueces de tutela modulen el cumplimiento del fallo, en
especial los que se relacionan con el pago de indemnización
administrativa.
Argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado
al proceso, comoquiera que “(…) al momento de valorar los escritos
emitidos por la Unidad para las Víctimas, como también la resolución que
resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y el oficio de no
favorabilidad de la actora (sic) de la acción constitucional de la referencia,
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón
valedera da por no probado el hecho del incumplimiento de la sentencia,
y adicional no tiene en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas
oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en la
Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la
entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto
armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas (…)”4.
Resaltó que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento
presentado a las autoridades judiciales accionadas, en el cual se indicó el
resultado de la aplicación del método técnico de priorización y la
imposibilidad de asignar una fecha cierta de pago.
Aseveró que se configura el defecto de violación directa de la Constitución
porque las decisiones atacadas vulneran los derechos fundamentales de
la accionante, al desconocer el procedimiento de reconocimiento de la
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indemnización administrativa previsto en la Resolución nro. 01049 de
2019.
Anotó que “(…) la imposibilidad por parte de la Unidad de Víctimas en
cuanto a establecer un término en el que se efectuará de manera material
el desembolso de la indemnización administrativa, se encuentra en una
condición excepcional que valide su incumplimiento material. Lo anterior
teniendo que, como lo señala el marco normativo, la entrega de las
medidas de reparación, atención y asistencia, deben cumplir los principios
de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, por cuanto no es
viable jurídicamente, ni materialmente indemnizar a todas las víctimas al
mismo tiempo (…)”5.
Adujo que el juez de tutela de primera instancia, que tiene a su cargo el
seguimiento del cumplimiento del fallo, debe sopesar los informes
allegados por la entidad y evaluar que el no pago inmediato de la
indemnización, no obedece a una actitud negligente del funcionario
público, sino al contexto de un estado de cosas inconstitucionales por la
violación masiva de derechos en el marco del conflicto armado.
Arguyó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen
nombre y patrimonio, pues a pesar de que la UARIV ha presentado
reiterados informes sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de
tutela no ha sido posible obtener el levantamiento de la sanción.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
3.1. La tutela fue radicada el 18 de julio de 20236 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que,
por auto del 26 de julio de 20237 la admitió y dispuso notificar8 a los
magistrados que integran la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal
Administrativo de Boyacá y al Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Tunja, como partes accionadas, así como vincular a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV9, al señor Jhon Sebastián Hernández García10 y a la
señora Patricia Tobón Yagarí11, como terceros interesados en el resultado
del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Tunja que allegara copia digital o el hipervínculo del expediente de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 15001 33 33 011 2022
00122 00, el cual fue remitido12.
3.2. La titular del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja rindió
informe13 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, o se nieguen las pretensiones de amparo, porque no se
presenta vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados
por la accionante.
Señaló que las providencias cuestionadas, por medio de las que se
impusieron sanciones por desacato, “(…) están orientadas a que se logre
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Esta orden se cumplió el 1 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
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Esta orden se cumplió el 1 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
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Esta orden se cumplió el 3 de agosto de 2023. Visto en el índice 11 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
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Ibidem.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
la ejecución real de las medidas de amparo, toda vez la entidad accionada
y los incidentados solamente han excusado su actuar omisivo en la
presunta imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia, sin indicar las
razones de fondo para ello, más allá de reiterar los argumentos ya
analizados en las sentencias proferidas en ambas instancias dentro de la
acción de tutela y desconociendo circunstancias que se le han puesto de
presente en el trámite incidental, como que ha sido insistente la
manifestación del actor sobre su carencia de recursos económicos y que
se encuentra privado de la libertad (…)”.
Indicó que, frente a lo que la accionante denomina la configuración del
defecto sustantivo, no explicó en qué medida las providencias
cuestionadas se basaron en normas inexistentes o inaplicables, o son
contradictorias en cuanto a los fundamentos y la decisión.
En relación con el desconocimiento del precedente, precisó que, si bien
se hizo mención a la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional,
la parte actora no expuso con claridad de qué forma el despacho se había
apartado de tal decisión.
Sobre el defecto fáctico aseveró que no se materializó, comoquiera que
“(…) la información allegada por la UARIV ha sido debidamente valorada
y tenida en cuenta, siendo diferente, que no se le haya dado el alcance
que pretende la entidad, que no es otro que probar el cumplimiento de la
sentencia (…)”.
En cuanto a la imposibilidad de cumplir el fallo de tutela alegado por la
accionante, anotó que esa tesis no se analizó en las providencias
cuestionadas a partir de los criterios de la sentencia SU-034 de 2018 de
la Corte Constitucional, toda vez que la orden de amparo objeto de debate
no va dirigida a que se le realice el pago de la indemnización
administrativa reconocida en favor del señor Jhon Sebastián Hernández
García, sino a que se le informe la fecha en que se efectuará el pago.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
3.3. El magistrado titular del despacho nro. 6 del Tribunal Administrativo
de Boyacá allegó informe14 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, o que se nieguen las pretensiones.
Manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
procedibilidad consistente en que “no se trate de una tutela contra una
decisión de tutela”. Al respecto, adujo que “(…) si bien, la accionante
afirma inicialmente que el debate se centra en las decisiones proferidas
en sede desacato, los argumentos de la acción de tutela están
relacionados directa e inescindiblemente con las órdenes proferidas en la
sentencia de tutela de 11 de mayo de 2022, confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá”.
Afirmó que tampoco se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, en la medida en que la parte actora busca debatir en una
tercera instancia las razones por las cuales no está de acuerdo con las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia en la acción de
tutela identificada con el radicado 15001 33 33 011 2022 00122 00/01, y
con los autos que decidieron los incidentes de desacatos.
3.4. El señor Jhon Sebastián Hernández García presentó escrito15 en el
que señaló que es víctima directa de desplazamiento forzado y de
reclutamiento ilegal de menores, y expuso las razones por las cuales
promovió acción de tutela en contra de la UARIV. Indicó que “(…) la
mayoría de víctimas reciben desembolso cuando el juez ordena y en mi
caso el desacato lleva más de un año (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de agosto
de 202316, dispuso lo siguiente:
“[…] 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
de la señora Clelia Andrea Anaya Benavides para cuestionar los
autos del 15 de septiembre de 2022 y del 22 de septiembre de 2022,
y los del 14 de febrero, 22 de febrero de 2023, 31 de mayo y 7 de
junio de 2023, en lo que concerniente a la decisión de sanción contra
Patricia Tobón Yagarí.
2. Declarar improcedente la acción de tutela en lo demás […]”.
[Negrillas originales de la providencia].
Para ello analizó, por una parte, la legitimación en la causa por activa de
la accionante para cuestionar las sanciones por desacato impuestas en su
contra y frente a los señores Enrique Ardila Franco y Ramón Alberto
Rodríguez, así como de la señora Patricia Tobón Yagarí, y por otra, el
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional de las
providencias cuestionadas.
Frente a lo primero, expuso que, a la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides no le asiste legitimación en la causa para cuestionar los autos
del 15 de septiembre de 2022 y del 22 de septiembre de 2022, en la
medida en que no fue sancionada en dichas providencias, y que, en lo
concerniente a los autos del 14 de febrero de 2023, 22 de febrero de
2023, 31 de mayo de 2023 y 7 de junio de 2023, solo está legitimada
para cuestionar la sanción en su contra.
En cuanto al cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, manifestó que en el asunto objeto de estudio no está
superado, en la medida que la accionante acude a este mecanismo
constitucional para insistir en los mismos argumentos que la UARIV
planteó en la acción de tutela en la que se profirió la orden de amparo y
en los incidentes de desacato en que resultó sancionada.
16
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Al respecto, adujo que “(…) la parte actora reitera los mismos argumentos
dirigidos a señalar que existió imposibilidad de cumplir la orden de tutela
del 30 de junio de 2022, en el expediente con radicado número 15001-
33-33-011-2022-00122-01, entre otras razones, porque, a pesar de que
mediante Resolución 0412019-730824 del 11 de agosto de 2020 se
reconoció a favor de Jhon Sebastián Hernández la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado, el 31 de julio de 2022, la Unidad aplicó
nuevamente el método técnico de priorización, cuyo resultado fue que no
era procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya
reconocida porque el puntaje mínimo definido para acceder a la
indemnización fue 46.6053 para el año 2022 y el del señor Hernández
García fue 38.1844 (…)”.
En cuanto al desconocimiento de la sentencia SU-034 de 2018, indicó que
es un alegato nuevo que debió ser propuesto ante el juez que conoció de
la demanda de tutela y que resolvió las múltiples solicitudes de desacato,
pues, es a quien corresponde, eventualmente, determinar si procede o no
modular la orden de amparo concedida, bajo especiales y específicas
circunstancias.
Arguyó que “(…) la parte actora pasó absolutamente por alto demostrar
que dio cumplimiento al fallo de tutela del 30 de junio de 2022, mediante
el que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número tres,
confirmó el fallo del 11 de mayo de 2022, que dispuso concretamente:
«(…) emitiera pronunciamiento en el que estableciera el término en el que
se efectuaría de manera material el desembolso de la indemnización
administrativa que se reconoció mediante la Resolución 04102019-
730824 del 11 de Agosto de 2020 (…)», de manera que, tampoco se
ajustan las circunstancias específicas del caso concreto para considerar
inaplicar la sanción por desacato (…)”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
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Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó17
manifestando lo siguiente:
Señaló que el 31 de julio de 2022, la UARIV aplicó nuevamente al señor
Jhon Sebastián Hernández García el método técnico de priorización (pues
ya se había aplicado en la vigencia del año 2021), con el propósito de
determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales
asignados a dicha unidad para el año 2022, la orden de entrega de la
indemnización reconocida a su favor. Sin embargo, explicó que, conforme
al resultado de la aplicación del precitado método, se concluyó que no era
procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya
reconocida por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, puesto
que el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización
administrativa fue de 46.6053 para el año 2022 y el puntaje obtenido por
el señor Hernández García fue de 38.1844.
Alegó que, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019, a la UARIV le
es imposible otorgar un término en el que se efectuará de manera
material el desembolso de la indemnización administrativa, pues para el
caso del señor Hernández García, teniendo en cuenta el resultado de la
aplicación del método técnico de priorización, no se ubicó dentro del
universo de víctimas que accederían a la indemnización administrativa
conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el
año 2022.
Agregó que se le impuso una sanción sin tener en cuenta los argumentos
expuestos frente a la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden, pues
“(…) pese a conocer el debido proceso administrativo que se lleva a cabo
para el reconocimiento de la indemnización y la complejidad que conlleva
la ejecución inmediata de las órdenes de pago en el caso objeto de
estudio, se pretende que los funcionarios de la entidad desconozcan el
17
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
14
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procedimiento administrativo y se proceda a informar al actor una fecha
para efectuar de manera material el desembolso de la indemnización
administrativa, tal y como lo refiere el juzgado y el Tribunal(…)”.
Por auto del 28 de septiembre de 2023 se concedió la impugnación18 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 10 de octubre
de 202319.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199120, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201521, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202122, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201923 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
18
Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 01.
20
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
21
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
22
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:
6.2.1. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, en fallo de
tutela proferido el 11 de mayo de 202225 resolvió:
“[…] PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso y a la reparación administrativa del señor JHON
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, en relación con el proceso de
verificación de priorización para el pago de la indemnización
administrativa reconocida por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV, conforme
las consideraciones precedentes.
SEGUNDO.- ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS que dentro de los
cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo respectivo,
emita pronunciamiento a través del cual establezca un término en el
que se efectuará de manera material el desembolso de la
indemnización administrativa que se reconoció a su favor mediante
la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020,
atendiendo su actual situación socioeconómica con base en los
hechos narrados en la acción de tutela, conforme se pueda constatar
de la información aportada o que allegue el interesado y según
verificación de las bases de datos o sistemas actualizados con que
cuenta el Estado para tal efecto.
La anterior decisión, deberá ser puesta en conocimiento del
accionante por parte de la UARIV dentro del mismo término de cinco
(5) días, a través del Director y/o Oficina Jurídica de la Cárcel y
Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad “El Barne”, donde se
encuentra recluido en la actualidad el actor (Patio No. 13), y cuya
constancia deberá allegarse copia al Juzgado una vez se realice la
respectiva diligencia de notificación, como parte fundamental para
acreditar el cumplimiento de la presente decisión judicial.
TERCERO.- EXHORTAR al DIRECTOR TÉCNICO DE
REPARACIÓN de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, para que (i) en el
próximo estudio de “método técnico de priorización” que se efectúe
en el caso del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA se
discriminen cada uno de los fundamentos y/o soportes que dan lugar
a los resultados que ponderen los factores de componente
demográfico, estabilización económica, característica del hecho
victimizante y avance en ruta de reparación, y se pongan en su
conocimiento para que pueda ejercer en debida forma sus garantías
fundamentales a la defensa y debido proceso y (ii) en lo sucesivo,
24
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
25
Documento denominado “11_SENTENCIATUTELAPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA”
del expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el
radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
03868 00.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
realice el proceso de priorización para la entrega de las medidas de
indemnización en los términos y bajo las condiciones señaladas en
la Resolución 01049 de 2019, su correspondiente anexo y la
Jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, en el sentido que
al momento de dar a conocer sus resultados a las personas que se
les ha reconocido el aludido derecho, poniendo en su conocimiento
los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las
personas accederán a la indemnización administrativa a que haya
lugar.
CUARTO. - NEGAR las demás pretensiones incoadas por el actor en
la acción de tutela […]”. [Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia].
6.2.2. La precitada decisión fue impugnada por las partes y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3, en sentencia de
segunda instancia proferida el 30 de junio de 202226 la confirmó.
6.2.3. Por auto del 1 de noviembre de 202227, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja dispuso:
“[…] PRIMERO-. VINCULAR a la señora CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES, en su calidad de actual Directora de Reparaciones
de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las
Víctimas-UARIV, como responsable directa del cumplimiento de
los fallos de tutela proferidos en el sub judice, a quien se le
REQUIERE para que acredite el cumplimiento de las órdenes de
amparo proferidas a través de los fallos de fecha 11 de mayo y 30
de junio de 2022, respectivamente, mediante los cuales se
ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y
reparación administrativa del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁDEZ
SÁNCHEZ, y se pronuncie frente a lo manifestado por el accionante
en los escritos de insistencia de desacato presentados el 10, 14 y 25
de octubre de los cursantes.
[…]
SEGUNDO. - REQUERIR por segunda vez a la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES, en su calidad de actual Directora
de Reparaciones de la Unidad para Atención y Reparación
Integral a las Víctimas-UARIV, para que en el término de DOS
26
Documento denominado “38_RECEPCIONMEMORIAL_5_150013333011202200” del
expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado
nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
27
Documento denominado “95_AUTOVINCULAOTROSUJETOPROCESAL_AUTOVINCU”
del expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el
radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
03868 00.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
(2) DÍAS contados a partir del recibo de la comunicación
respectiva:
2.1. Certifique y/o allegue los documentos que acrediten quiénes
fungen en la actualidad como DIRECTOR DE REPARACIÓN y
DIRECTOR GENERAL de la UARIV, quienes en lo sucesivo se
encargarán del cumplimiento de la orden impartida en los fallos de
tutela dictados el 11 de mayo de 2022 por este juzgado y confirmada
por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2022,
respectivamente.
2.2. Proceda a informar quién es en la actualidad quién es el
encargado de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo
de tutela de 11 de mayo de 2022, confirmado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2022 mediante el cual se
ampararon los derechos fundamentales del actor JHON
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, así mismo, que comunique
quién es el superior jerárquico de dicha autoridad para efectos de
requerirlo y, de ser el caso, vincularlo al trámite sancionatorio de
persistir con la falta de ejecución a las órdenes judiciales impartidas
en el sub judice.
TERCERO. - ADVERTIR a la funcionaria vinculada que de no
acreditarse las gestiones adelantadas para el cumplimiento del fallo
respectivo, transcurridas CUARENTA Y OCHO (48) HORAS
después del término anterior, se dispondrá sobre la apertura de
proceso en su contra y que podrán ser objeto de sanción por
desacato, además de la remisión de las diligencias respectivas a las
autoridades penales y disciplinarias competentes encargadas de
investigar la posible comisión de conductas derivadas de la
desatención y omisión en el cumplimiento de orden judicial
ejecutoriada […]”. [Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia].
6.2.4. Por oficio nro. 2022-0668070-1 del 3 de noviembre de 202228, la
jefe encargada de la oficina asesora jurídica de la UARIV dio respuesta al
requerimiento manifestando que:
“[…] persiste una imposibilidad jurídica frente a la orden de “cinco
(5) días contados a partir de la notificación del fallo respectivo, emita
pronunciamiento a través del cual establezca un término en el que
se efectuará de manera material el desembolso de la indemnización
administrativa que se reconoció a su favor” la cual se reconoció a
favor de la accionante en la Resolución No 04102019-730824 del 11
de agosto de 2020; dicha imposibilidad radica en que el marco
normativo impide dar un trato diferencial a la (sic) accionante sin
tener en cuenta a víctimas que sufren situaciones más gravosas e,
28
Documento denominado
“105_RECIBEMEMORIALESONLINE_RESPUESTA_DESACATO_6” del expediente de la
acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado nro. 15001 33 33
011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
incluso, las demás víctimas que se encuentran en las mismas
condiciones que el señor JHON SEBASTIAN HERNANDEZ GARCIA, lo
cual no comporta una actitud evasiva ni negligente […]”.
[…]
[…] la aplicación del método se realizará anualmente, respecto de la
totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de
indemnización administrativa a su favor.
Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el
desembolso de la medida de indemnización en la respectiva
vigencia, la Unidad para las Víctimas procederá a aplicarles el
método cada año hasta que, de acuerdo con el resultado, sea
priorizado para el desembolso de la indemnización administrativa.
En ningún caso, el puntaje obtenido en una vigencia será acumulado
para el siguiente año […]”.
6.2.5. Por auto del 1 de febrero de 202329, el Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Tunja dio apertura al incidente de desacato en contra de la
señora Clelia Andrea Anaya Benavides, en calidad de directora de
reparaciones de la UARIV, y la requirió para que acreditara “(…) el correcto
cumplimiento de las órdenes impartidas mediante la sentencia de tutela
proferida el 11 de mayo de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá el 30 de junio de 2022 (…) en el sentido de allegar los soportes
documentales correspondientes, en donde se acredite la gestión
administrativa relacionada con la emisión del pronunciamiento a través del
cual debía establecerse un término en el que se efectuará de manera
material el desembolso de la indemnización administrativa que se
reconoció a favor del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA
mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de 2020
(…)”.
6.2.6. Por oficio nro. 2023-0157655-1 del 2 de febrero de 202330, la jefe
de la oficina asesora jurídica de la UARIV solicitó al Juzgado Once
29
Documento denominado “123_AUTOORDENATRAMITEINCIDENTAL_AUTOABRE” del
expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado
nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
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30
Documento denominado
“128_RECIBEMEMORIALESONLINE_RESPUESTADESACATO_69” del expediente de la
acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado nro. 15001 33 33
19
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Administrativo del Circuito de Tunja que (i) declarara el cumplimiento de
la orden judicial, y (ii) se abstuviera de imponer nueva sanción. Para ello
expuso lo siguiente:
“[…] nos encontramos ante una orden judicial que resulta imposible
de cumplir en los términos señalados en la orden, pues la Unidad se
encuentra justificada para abstenerse de establecer un término en
el que se efectuará de manera material el desembolso de la
indemnización administrativa.
[…]
Una vez aplicado el Método Técnico de priorización el pasado 31 de
julio de 2022, se realizó la evaluación de las variables: (…)
Como resultado de lo anterior se encontró que la accionante acumuló
un puntaje de 38.1844 sobre 46.6053, que es puntaje mínimo para
acceder a la medida indemnizatoria, por lo que NO es procedente
materializar la entrega de la medida indemnizatoria en esta vigencia
presupuestal. No obstante, de conformidad con el anexo a la
resolución 1049 de 2019, el Método Técnico de Priorización se
realizará cada año hasta que de acuerdo con el resultado sea
priorizado para el desembolso de la indemnización administrativa.
En ningún caso, el puntaje obtenido en una vigencia será acumulado
para el siguiente año. Es decir, la accionante será sujeta
nuevamente al Método Técnico de Priorización que se realizará el 31
de julio de 2023.
[…]
En virtud de lo establecido en la Resolución 1049 de 2019, la Unidad
para las Víctimas únicamente entrega la indemnización por vía
administrativa a personas que, por un lado, se les haya reconocido
el derecho a la medida a través de acto administrativo y hayan
acreditado alguna situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución
1049 de 2019 y, por otro, aquellas que teniendo acto administrativo
de reconocimiento del derecho a la indemnización se les aplicó el
Método Técnico de Priorización y obtuvieron un resultado favorable
en atención al presupuesto con el que cuenta la Unidad.
[…]
En ese orden de ideas, es fundamental precisar que en la aplicación
del Método Técnico no se genera ningún listado, ni orden de entrega,
puesto que, generar dichos criterios resultaría inoficioso,
entendiendo que el método técnico se realiza anualmente y no
acumula los puntajes, por ende, la información que se extraiga en
la aplicación del método, resulta improductiva para el Método
Técnico del año siguiente. En este sentido, para establecer un
011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
término en el que se efectuará de manera material el desembolso
de la indemnización administrativa al señor JHON SEBASTIAN
HERNANDEZ GARCIA, se tendría que, ANULAR toda la aplicación del
Método Técnico de priorización realizado el 2022, a todas las
personas que fueron sujetas del mismo, y realizar uno nuevo.
Actuación que, definitivamente generaría una afectación al interés
público, pues posiblemente perjudicaría a las personas que, si
resultaron favorecidas en la aplicación del método, pues recuérdese
que año a año se obtiene diferente información y los puntajes no
son acumulables […]”.
6.2.7. Por auto del 14 de febrero de 202331, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja dispuso:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que las señoras CLELIA ANDREA
ANAYA BENAVIDES en su calidad de actual DIRECTORA DE
REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS- UARIV y
PATRICIA TOBÓN YAGARÍ quien actualmente se desempeña en
condición de DIRECTORA GENERAL de la UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS- UARIV como
y superior jerárquico de la primera de las mencionadas, incurrieron
en desacato a las órdenes contenidas en sentencia proferida por este
Despacho el 11 de mayo de 2022, confirmada por el H. Tribunal
Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2022, respectivamente,
dentro de la acción de tutela de la referencia, conforme a las
motivaciones precedentes.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración:
2.1. IMPONER a la funcionaria CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES en su calidad de actual DIRECTORA DE REPARACIÓN
DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS- UARIV, SANCIÓN consistente
EN MULTA EQUIVALENTE A DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES por desacato, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
6.2.8. Por auto proferido el 22 de febrero de 202332, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión nro. 3, al resolver el
grado jurisdiccional de consulta, confirmó el auto del 14 de febrero de
2023 proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja.
31
Documento denominado “134_FALLOINCIDENTEDESACATO_AUTOSANCI” del
expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado
nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
32
Documento denominado “143_RECIBEMEMORIALESONLINE_1500133330112022001”
del expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el
radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
6.2.9. Mediante escrito radicado el 3 de marzo de 202333, el señor Jhon
Sebastián Hernández García solicitó al Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja que “(…) estudie la viabilidad de dar progresividad a lo
consignado en términos de detención y arresto de los artículos 52 y 27
del Decreto 2591 de 1991 a las accionadas que fungen como responsables
del incumplimiento a las órdenes de tutela y fallos de la misma. Lo
anterior, ya que, de manera sistemática, caprichosa, arbitraria, omiten
las órdenes que ha dado su señoría en varias ocasiones (…)”.
6.2.10. Por auto proferido el 24 de marzo de 202334, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja requirió a la señora Clelia Andrea
Anaya Benavides, en calidad de directora de reparaciones de la UARIV,
para que “(…) proceda a emitir un pronunciamiento a través del cual
establezca un término en el que se efectuará de manera material el
desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su
favor mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de
2020 (…) la cual deberá ser puesta en conocimiento del señor JHON
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA (…)”.
6.2.11. Por oficio radicado el 28 de marzo de 2023 ante el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja, la representante judicial de la UARIV
reiteró que se han adelantado “(…) todas las gestiones necesarias para
cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren
o pongan en riesgo los derechos fundamentales del señor JHON
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA, no obstante, y teniendo en cuenta que
el resultado del método técnico del 2022 fue no favorable, el fallo es de
imposible cumplimiento en lo que respecta a establecer el término en el
que se efectuará el desembolso material de la indemnización
33
Documento denominado “148_RECIBEMEMORIALESONLINE_J11202200122l” del
expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado
nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
34
Documento denominado “154_AUTOREQUIERE_AUTOREQUI” del expediente de la
acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado nro. 15001 33 33
011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
22
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 03868 01
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
administrativa que le fue reconocida a través de Resolución No.
04102019-730824 de 11 de agosto de 2020 (…)”35.
6.2.12. Por auto proferido el 17 de mayo de 202336, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja dio apertura a un nuevo incidente de
desacato en contra de la señora Clelia Andrea Anaya Benavides, en
calidad de directora de reparaciones de la UARIV, y la requirió para que
acreditara “(…) el correcto cumplimiento de las órdenes impartidas
mediante la sentencia de tutela proferida el 11 de mayo de 2022,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de
2022 (…)”.
6.2.13. Por auto del 31 de mayo de 202337, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja dispuso:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que las señoras CLELIA ANDREA
ANAYA BENAVIDES en su calidad de DIRECTORA DE REPARACIÓN
DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS- UARIV y PATRICIA TOBÓN
YAGARÍ quien actualmente se desempeña en condición de
DIRECTORA GENERAL de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV como y superior
jerárquico de la primera de las mencionadas, incurrieron por
segunda vez en desacato a las órdenes contenidas en sentencia
proferida por este Despacho el 11 de mayo de 2022, confirmada por
el H. Tribunal Administrativo de Boyacá el 30 de junio de 2022,
respectivamente, dentro de la acción de tutela de la referencia,
conforme a lo motivado en la parte considerativa.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración:
2.1. IMPONER a la funcionaria CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES en su calidad de DIRECTORA DE REPARACIÓN DE LA
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS- UARIV, SANCIÓN consistente EN
35
Visto en el auto del 21 de abril de 2023 proferido por el Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Tunja. Documento denominado
“159_AUTOVINCULAOTROSUJETOPROCESAL_AUTOREQUI” del expediente de la acción
de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado nro. 15001 33 33 011
2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
36
Documento denominado “164_AUTOORDENATRAMITEINCIDENTAL_AUTOABRE” del
expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado
nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
37
Documento denominado “168_FALLOINCIDENTEDESACATO_AUTOSANCI” del
expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado
nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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MULTA EQUIVALENTE A CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES por desacato, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
[Mayúsculas y negrillas originales de la providencia].
6.2.14. Por auto proferido el 7 de junio de 202338, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Tercera de Decisión nro. 3, al resolver el
grado jurisdiccional de consulta, confirmó el auto del 31 de mayo de 2023
proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja.
6.2.15. Por oficio nro. 2023-0831650-1 del 8 de junio de 202339, la jefe
de la oficina asesora jurídica de la UARIV solicitó al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja que declare la imposibilidad de
cumplir la orden de tutela, manifestando que:
“[…] la Entidad ha realizado, dentro del marco de sus competencias,
las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y
constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo los
derechos fundamentales del señor JHON SEBASTIÁN HERNÁNDEZ
GARCÍA, no obstante, es pertinente REITERAR que teniendo en
cuenta que el resultado del método técnico del 2022 fue no favorable
respecto de los dos hechos victimizantes, DESPLAZAMIENTO
FORZADO, el fallo es de imposible cumplimiento en lo que respecta
a “(…) establezca un término en el que se efectuará de manera
material el desembolso de la indemnización administrativa que se
reconoció a su favor mediante la Resolución nro. 04102019-730824
del 11 de agosto de 2020 (…)”, por cuanto además va en contravía
de las disposiciones legales determinadas mediante la Resolución
1049 de 2019 del proceso indemnizatorio […]”. [se resalta].
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los reparos de la impugnación, y comoquiera que el
a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
requisito general de relevancia constitucional frente a los autos proferidos
el 14 de febrero de 202340, el 22 de febrero de 202341, el 31 de mayo de
38
Documento denominado “176_RECIBEMEMORIALESONLINE_1500133330112022001”
del expediente de la acción de tutela y el incidente de desacato identificado con el
radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
03868 00.
39
Aportado por la accionante. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
40
Proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja.
41
Proferido por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
24
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202342 y el 7 de junio de 202343, la Sala considera pertinente analizar (i)
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y, de evidenciarse que estos se encuentran
superados, descenderá a (ii) los requisitos o causales especiales de
procedibilidad invocados en el caso concreto.
6.3.1 Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la
relevancia constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional44 para que esté cumplido es necesario que se reúnan los
siguientes tres criterios: (i) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales; (ii) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela
será improcedente por no superar la relevancia constitucional45.
(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 46 e
igualmente la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 indicó
que este elemento “supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Este criterio fue
42
Proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja.
43
Proferido por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
44
Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia
SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
45
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 03 15 000 2022 02850 01.
46
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
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reiterado en las sentencias SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215
de 2022.
Siguiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para superar
el primer elemento que compone a la relevancia, no basta con la mera
enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone que la parte
actora en el escrito de tutela (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales; (2) exponga los motivos por los que considera la
providencia judicial está vulnerando tales derechos fundamentales y (3)
compruebe que la transgresión suponga un atentado contra el núcleo
esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de
tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar
que hay amenaza o vulneración de los derechos fundamentales,
comparados con el núcleo esencial del mismo.
En el asunto bajo examen, la parte actora alegó la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio, con fundamento en que las decisiones
proferidas el 14 de febrero de 2023 y el 31 de mayo de 2023 por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, confirmadas en los
autos dictados el 22 de febrero de 2023 y el 7 de junio de 2023 por la
Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, no tuvieron
en cuenta que la orden de amparo era de imposible cumplimiento.
Lo primero que advierte la Sala, es que “el patrimonio” no es un derecho
de carácter fundamental susceptible de ser protegido a través de la acción
de tutela, por lo que el examen del requisito de relevancia constitucional
se abordará respecto de aquellos derechos que tienen la naturaleza de
fundamentales, es decir, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
buen nombre.
En cuanto al debido proceso y la tutela judicial efectiva, la Sala considera
que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la
parte actora no explicó las razones por las que la providencia atacada
afecta el contenido o núcleo esencial de dichos derechos. Al efecto, la
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Corte Constitucional en la sentencia SU-103 de 2022 sostuvo que “para
acreditar el requisito de relevancia constitucional no es suficiente alegar
una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del
debido proceso con fundamento en una simple relación de los hechos del
caso con aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable,
una restricción desproporcionada sobre algunos de sus elementos”.
Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial del debido proceso está integrado por las siguientes garantías:
(i) el derecho a la jurisdicción; (ii) el derecho al juez natural; (iii) el
derecho a la defensa; (iv) el derecho a un proceso público; (v) el derecho
a la independencia del juez y (vi) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez47.
En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia, la Corte Constitucional ha
explicado que tiene un contenido múltiple del cual se pueden identificar
tres categorías, la primera, aquellas que tienen que ver con el acceso
efectivo de la persona al sistema judicial, la segunda, las garantías
previstas para el desarrollo del proceso, la tercera, lo relacionado con la
ejecución material del fallo48.
La primera categoría comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar
con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones; y (iii) a que la oferta de justicia permita el acceso
a ella en todo el territorio nacional. La segunda incluye el derecho a (iv)
que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por
un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades
de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las
decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii)
que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo
47
Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014.
48
Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 2011.
27
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de controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para
facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos
recursos. La última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener
respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla
lo previsto en ésta.
Teniendo en cuenta el contenido o núcleo esencial del derecho al debido
proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia, se observa
que, la parte actora en el escrito de tutela no expuso ningún argumento,
ni se advierte de los hechos señalados que prima facie las precitadas
garantías puedan resultar comprometidas, por lo que el requisito general
de relevancia constitucional no está superado frente a estos dos derechos.
Situación distinta ocurre con el derecho al buen nombre, previsto por el
artículo 15 de la Constitución Política, toda vez que, el núcleo esencial de
este derecho está dirigido “a proteger la reputación o el concepto que de
un sujeto tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e
injuriosas, o la propagación de informaciones falsas o erróneas que
distorsionen dicho concepto”49. Además, la Corte Constitucional ha
explicado que el derecho al buen nombre se diferencia del derecho a la
honra en que el primero “se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto
por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su
desempeño dentro de la sociedad” 50, mientras que el derecho a la honra
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia
personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella 51.
De esta manera, si la parte actora argumenta en la acción de tutela que
no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Jhon Sebastián
Hernández García, pero las providencias judiciales atacadas sostienen que
sí, ello involucra prima facie el derecho al buen nombre, dado que, el
supuesto para que la aquí accionante se la haya sancionado por desacato
se fundamenta en que no ha dado cumplimiento a la orden del fallo de
49
Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 2020.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
28
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides
tutela, lo que está relacionado con la conducta que desempeña dentro de
la sociedad.
Por consiguiente, el primer criterio de la relevancia está cumplido, toda
vez que el debate propuesto por la parte actora gira en torno al contenido
del derecho fundamental al buen nombre.
(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional, implica que
la discusión planteada no se limite a la determinación de aspectos legales
o de evidente naturaleza o contenido económico52.
En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez
que la discusión planteada por la parte actora no gira en torno a un
aspecto netamente legal o económico, sino que, como quedó visto, el
debate compromete el contenido y alcance del derecho fundamental al
buen nombre.
(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, lo que conlleva a que en la
solicitud de amparo no sea procedente discutir asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial53.
En este caso, el tercer elemento también se comprueba, comoquiera que
la parte actora no está utilizando la acción de tutela como una instancia
adicional para controvertir el análisis probatorio o la interpretación de las
normas que hicieron los jueces naturales de la causa, sino que su
inconformidad radica en que no había lugar a sancionarla por desacato,
ante la imposibilidad material para cumplir lo ordenado en el fallo de
tutela.
52
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
53
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
29
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Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está
superado por cuanto están cumplidos los tres elementos que la
componen.
Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, la Sala advierte lo siguiente:
(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
controvertir las decisiones proferidas en los trámites incidentales; (ii) la
acción de tutela se presentó dentro de un término razonable54 habida
cuenta que las providencias que resolvieron el grado jurisdiccional de
consulta fueron proferidas por el tribunal accionado el 22 de febrero de
2023 y el 7 de junio de 2023, y la tutela fue radicada el 18 de julio de
2023; (iii) la accionante manifestó en qué irregularidades incurrieron los
autos cuestionados; (iv) no se trata de una providencia contentiva de una
sentencia de tutela y (v) la situación que se afirma generó la vulneración
de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada.
Adicionalmente, cuando la acción de tutela se presenta contra
providencias proferidas en un trámite incidental, la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-034 de 2018, indicó que, además del cumplimiento de
los requisitos generales, deberá verificarse que “(…) i) La decisión dictada
en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la
acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso– (…)
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
54
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
30
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que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio (…)”.
En este evento, estos requisitos adicionales también están superados,
dado que la acción de tutela se presentó una vez finalizados los trámites
incidentales y los argumentos de la parte actora no están encaminados a
presentar cuestionamientos distintos a los señalados en el expediente o a
solicitar nuevas pruebas, sino que su inconformidad radica en que no
había lugar a sancionarla por desacato, dado que la orden de tutela era
de imposible cumplimiento.
En este punto, la Sala advierte que en el escrito de tutela, la parte actora
alegó que las providencias atacadas incurrieron en desconocimiento del
precedente de la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional; sin embargo, no cumplió con la carga de identificar cuál
fue la regla jurisprudencial desatendida y que resultaba aplicable al caso,
lo que supone identificar los problemas jurídicos resueltos, junto con las
pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho en los dos casos,
lo que le impide al juez constitucional descender en el examen de este
reparo. Lo mismo ocurre en cuanto al defecto fáctico, dado que la
accionante no identificó, ni en el escrito de tutela, ni en la impugnación,
las pruebas que dejaron de ser valoradas en los trámites incidentales.
En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia
judicial que se profiere en un trámite incidental, hay lugar a descender al
estudio del defecto por violación directa de la Constitución, lo que se
fundamenta en que los autos cuestionados vulneran los derechos
fundamentales al desconocer el procedimiento para el reconocimiento de
la indemnización administrativa, dado que no era posible el cumplimiento
de la orden de amparo, por lo que podría estar comprometido el artículo
15 de la Constitución Política, que establece el derecho al buen nombre,
en tanto que las providencias cuestionadas sancionaron por desacato a la
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aquí accionante al considerar que no había dado cumplimiento a la orden
de amparo.
6.3.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad
invocados en el caso concreto
En este caso, lo alegado por la parte actora es que las providencias
atacadas incurrieron en el defecto de violación directa de la
Constitución. Esta causal de procedibilidad se fundamenta en el principio
de supremacía constitucional previsto en el artículo cuarto Superior, en
virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas
jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa,
cuya fuerza normativa impone a todos los operadores judiciales el deber
de velar por su cumplimiento y prevalencia55.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el
actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, al punto en que de ellos se derivan mandatos y
previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en
determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados56.
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el
juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una
norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma
de rango inferior a la constitucional, al margen de los dictados de la
Constitución57.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del
55
Corte Constitucional. Sentencia SU-024 de 2018.
56
Corte Constitucional. Sentencia SU-1073 de 2012.
57
Corte Constitucional. Sentencia T-704 de 2012. En este mismo sentido pueden verse
las sentencias T-967 de 2014, T-310 de 2009 y T-555 de 2009.
32
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amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que
realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará
sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política58.
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el
desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la
infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías
fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo
de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela.
Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar
esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
En el asunto bajo examen, la accionante controvierte los autos proferidos
el 14 de febrero de 2023 y el 31 de mayo de 2023 por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja que la sancionaron con multa de dos
y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente,
por desacato de orden judicial, así como los dictados el 22 de febrero de
2023 y el 7 de junio de 2023 por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal
Administrativo de Boyacá que, al resolver el grado jurisdiccional de
consulta, confirmaron dichas sanciones. Como argumento, aduce que no
era posible el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela.
Para fundamentar lo anterior, indicó que el 31 de julio de 2022 la UARIV
aplicó el método técnico de priorización al señor Jhon Sebastián
Hernández García con el fin de determinar, de manera proporcional a los
recursos presupuestales asignados a dicha unidad para el año 2022, el
orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor; sin embargo,
el resultado de la aplicación de dicho método arrojó que no era procedente
la entrega de la indemnización.
Agregó que teniendo en cuenta el procedimiento administrativo
establecido en la Resolución 1049 de 2019, a la UARIV le es imposible
58
Corte Constitucional. Sentencia T-088 de 2018.
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otorgar una fecha de pago de la precitada indemnización, debido a que,
una vez aplicado el método técnico de priorización al caso del señor
Hernández García, no se ubicó dentro del universo de víctimas que
accederían a la indemnización administrativa conforme a la disponibilidad
presupuestal asignada a la entidad para el año 2022. Por lo anterior,
aseguró que, se procederá a aplicarle nuevamente el método en la
presente vigencia de 2023.
La Sala, para determinar si se incurrió en el defecto de violación directa
de la Constitución, estima pertinente referirse a las actuaciones más
relevantes surtidas en los trámites incidentales de desacato, de la
siguiente manera:
(i) Se recuerda que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja,
en sentencia proferida el 11 de mayo de 2022 dispuso “(…) ORDENAR a
la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS que dentro de los cinco (5) días contados a partir de la
notificación del fallo respectivo, emita pronunciamiento a través del cual
establezca un término en el que se efectuará de manera material el
desembolso de la indemnización administrativa que se reconoció a su
favor mediante la Resolución No. 04102019-730824 del 11 de Agosto de
2020, atendiendo su actual situación socioeconómica con base en los
hechos narrados en la acción de tutela, conforme se pueda constatar de
la información aportada o que allegue el interesado y según verificación
de las bases de datos o sistemas actualizados con que cuenta el Estado
para tal efecto (…)”. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3, mediante sentencia
proferida el 30 de junio de 2022.
(ii) El 21 de julio de 2022, el señor Jhon Sebastián Hernández García
solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá que iniciara incidente de
desacato por el incumplimiento de la orden judicial proferida el 30 de junio
de 2022 y, posteriormente, el 25 de octubre de 2022, solicitó al Juzgado
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Once Administrativo del Circuito de Tunja que vinculara al trámite
incidental a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides.
(iii) Por auto del 14 de febrero de 2023, el Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Tunja declaró que la señora Anaya Benavides había
incurrido en desacato a la orden de amparo impartida por dicho despacho,
y dispuso sancionarla con multa equivalente a dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes, al estimar que:
“[…] el actuar de la incidentada ha sido negligente, como quiera que
el señor JHON SEBASTIÁN SERNA (sic) GARCÍA presentó la acción
de tutela desde hace más de nueve (9) meses y a la fecha la
accionada, en los términos del fallo confirmado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá (…) no le ha informado y notificado la
fecha exacta o aproximada de pago de la indemnización
administrativa reconocida, en detrimento de sus garantías
fundamentales al debido proceso y a la indemnización
administrativa, en consecuencia (…), sigue siendo renuente a
ejecutar lo determinado en la resolución judicial y en este nuevo
trámite, vuelva a traer a colación los mismos argumentos que fueron
objeto de análisis por el Despacho previo a la apertura del presente
incidente (…); sin que sea de recibo el argumento relativo a la
imposibilidad jurídica de cumplimiento, la cual como ya se mencionó
no corresponde a una carga injusta ni desproporcionada, sin
embargo, persiste el incumplimiento sistemático a la orden de tutela
[…]”.
(iv) Por auto del 22 de febrero de 2023, la Sala de Decisión nro. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la anterior decisión bajo la
siguiente consideración:
“[…] En lo tocante a la responsabilidad subjetiva de la señora CLELIA
ANDREA ANAYA BENAVIDES, directora de reparación […] de la
Unidad para las Víctimas – UARIV, al hacer la lectura minuciosa de
las contestaciones que militan en el plenario, se encuentra que todas
ellas expresan repetidamente los argumentos ya desatados dentro
del devenir del proceso, pues se limitan a solicitar que se declare la
imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo específicamente
frente a la indemnización administrativa en lo que refiere a la
entrega material del desembolso, dado que la Unidad debe ceñirse
a su procedimiento legal, y que el accionante no se encuentra en
criterio de priorización acreditado de conformidad a lo establecido
en el artículo 4 de la Resolución nro. 1049 del 15 de marzo de 2019
y 1 de la Resolución 582 de 2021 […].
[…]
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A este respecto, la Sala comparte la apreciación del a quo, que
determinó el incumplimiento palmario a la orden de tutela, pues las
incidentadas no se ocuparon en demostrar las medidas tendientes a
dar observancia a lo ordenado, contrario a ello, ostentan con su
postura, la intención de desacatar la orden de tutela apeadas (sic)
en el aserto que es ésta de imposible cumplimiento […]”.
(v) Por auto proferido el 31 de mayo de 2023, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Tunja declaró que la señora Clelia Andrea
Anaya Benavides había incurrido por segunda vez en desacato a la orden
de amparo impartida por dicho despacho y la sancionó con una multa
equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al
respecto, consideró que:
“[…] al persistir la inactividad de la señora CLELIA ANDREA ANAYA
BENAVIDES, en su calidad de directora de la dirección de Gestión de
Reparaciones se consolida como una actuación negligente en atención
a que la orden impartida por este despacho se produjo hace más de
doce (12) meses sin que la UARIV y en especial la funcionaria en
cuestión mientras ocupó el citado empleo, haya ejecutado trabajo
alguno tendiente a materializar el pago de la respectiva indemnización
a favor del beneficiario, además, que no se advierte en el plenario
ninguna justificación para excusar su pasividad en el cumplimiento
del fallo de tutela […]”.
(vi) Por auto proferido el 7 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3 confirmó la precitada decisión al
estimar que:
“[…] la entidad no tiene ninguna intención en dar observancia a lo
ordenado, y así fijar un término al menos tentativo en el cual se va a
efectuar el desembolso de la indemnización, pues en su parecer, ha
realizado dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones
necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, y
solamente está sometida a los resultados que arroje el método
técnico de priorización […].
Bajo este panorama la Sala ratifica las conclusiones del a quo, que
determinó el incumplimiento notorio a la orden de tutela […]”.
En ese contexto, la Sala advierte que los autos proferidos el 14 de febrero
de 2023 y el 31 de mayo de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja, confirmados el 22 de febrero de 2023 y el 7 de junio
de 2023 por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, incurrieron en violación directa de la Constitución del artículo 15
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Superior; lo anterior, porque en las consideraciones planteadas en dichas
providencias, se manifiesta que la aquí accionante no ha garantizado la
protección de los derechos fundamentales del señor Jhon Sebastián
Hernández García.
No obstante, para la Sala es claro que la orden de amparo no era de
posible cumplimiento en los términos en que se profirió, comoquiera que,
tal como explicó la UARIV59 en las respuestas presentadas a los
requerimientos efectuados por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja en los trámites incidentales, no es posible para la
entidad informarle al señor Jhon Sebastián Hernández García la fecha en
la que se hará el pago de la indemnización administrativa, pues dicha
situación está sujeta al método técnico de priorización60, el cual se aplica
anualmente de manera proporcional a los recursos asignados a la unidad
en la respectiva vigencia fiscal.
Para el caso del señor Hernández García, el resultado del precitado
método aplicado en el año 2022 fue no favorable debido a que el puntaje
mínimo definido en dicha vigencia para acceder a la indemnización
administrativa era de 46,6053 y el puntaje obtenido por el señor
Hernández García fue de 38,1844, por lo que no había lugar a priorizarlo.
En ese sentido, la aquí accionante no podía dar cumplimiento a la orden
de amparo, razón por la cual no era procedente imponerle las sanciones
por desacato.
59
Oficio identificado como COD LEX:6805296 del 28 de julio de 2022, oficio nro. 2022-
0668070-1 del 3 de noviembre de 2022, oficio nro. 2023-0157655-1 del 2 de febrero de
2023 y oficio nro. 2023-0831650-1 del 8 de junio de 2023.
60
“(…) es un proceso técnico que permite a la Unidad para las Víctimas analizar criterios
y lineamientos que debe adoptar, mediante el análisis objetivo de variables
demográficas; socioeconómicas; de caracterización del hecho victimizante; y de avance
en la ruta de reparación, con el propósito de establecer el orden más apropiado para
otorgar la indemnización administrativa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
anual. Este proceso técnico será aplicado cada año, para aquellas víctimas que hayan
recibido respuesta de fondo afirmativa sobre el derecho a recibir la medida de
indemnización administrativa (…)”. Visto en Documento denominado
“47_RECEPCIONMEMORIAL_RV_CONTESTACION_REQ” del expediente de la acción de
tutela y el incidente de desacato identificado con el radicado nro. 15001 33 33 011 2022
00122 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 03868 00.
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Así las cosas, los autos proferidos el 14 de febrero de 2023 y el 31 de
mayo de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja,
confirmados el 22 de febrero de 2023 y el 7 de junio de 2023 por la Sala
de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrieron en
el defecto de violación directa de la Constitución, debido a que infringieron
el artículo 15 de la Constitución Política, que establece el derecho al buen
nombre, toda vez sancionaron por desacato a la aquí accionante con
fundamento en que no había cumplido la orden del fallo de tutela, sin
tener en cuenta que dicha orden era de imposible cumplimiento.
En consecuencia, la Sala revocará el numeral segundo del fallo de tutela
proferido el 31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que declaró improcedente la acción de tutela, y en su lugar,
amparará el derecho fundamental al buen nombre de la accionante.
Así mismo, se dejarán sin efectos los autos proferidos el 14 de febrero de
2023 y el 31 de mayo de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja, así como los dictados el 22 de febrero de 2023 y el 7
de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo Boyacá, Sala Tercera de
Decisión nro. 3, en los trámites incidentales por desacato de la acción de
tutela identificada con el radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00
y, en consecuencia, se ordenará al Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja que, en el término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
Por último, se advierte que en sentencia proferida el 12 de octubre de
2023 la Sección Primera de la Corporación dejó sin efectos los autos que
también son objeto de esta acción de tutela; no obstante, en esa
oportunidad, la accionante fue la señora María Patricia Tobón Yagarí,
mientras que, la presente acción de tutela la promovió la señora Clelia
Andrea Anaya Benavides. En ese sentido, es pertinente precisar que, se
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dejarán sin efectos los precitados autos respecto de la sanción que se le
impuso a la aquí accionante61.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo del fallo de tutela proferido el
31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al buen nombre de la
señora Clelia Andrea Anaya Benavides, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 14 de febrero
de 2023 y el 31 de mayo de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Tunja, así como los dictados el 22 de febrero de 2023 y el 7
de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo Boyacá, Sala Tercera de
Decisión nro. 3, en los trámites incidentales por desacato de la acción de
tutela identificada con el radicado nro. 15001 33 33 011 2022 00122 00
frente a la sanción impuesta a la señora Clelia Andrea Anaya Benavides.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Tunja que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en
cuenta las consideraciones aquí expuestas.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
61
del 12 de octubre de 2023. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Expediente radicación
11001 03 15 000 2023 03870 00.
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SEXTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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