Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03916-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Declara improcedente: se declara improcedente el mecanismo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03916-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03916-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: CARLOS FELIPE CHAUX MOSQUERA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
DECLARA IMPROCEDENTE – se declara improcedente el mecanismo
de amparo porque no cumple con el requisito general atinente a la
subsidiariedad
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderado judicial,
por los ciudadanos Carlos Felipe Chaux Mosquera Astrid Ximena León, Ramón
Betancourt y Cristian Amórtegui contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los ciudadanos Carlos Felipe Chaux Mosquera, Astrid Ximena León, Ramón
Betancourt y Cristian Amórtegui, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, a la defensa, al
acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada, a la igualdad y a la no
discriminación […]»1, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 4 de mayo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la acción
popular con radicado número 19001-33-33-007-2021-00184-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente2:
2.1. Comentaron que, el señor César Ayala Navia y otras personas presentaron
acción popular contra el municipio de Popayán y otros, tendiente a que se protegiera
el derecho colectivo al espacio público, en la que solicitaron como pretensiones, las
siguientes:
1
El día 21 de julio de 2023.
2
Folios 2 a 5 del expediente de tutela de la referencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
«[…] PRIMERO: Declarar la vocación de vía pública a la carretera que
comunica la Parcelación Altos de Canta Claro con el Supermercado el Vecino
en el sector de Río Blanco.
SEGUNDO: Reestablecer el Derecho Colectivo establecido en el Artículo 4
Literal D de la Ley 472 de 1998, correspondiente al goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público que se materializan en el
Derecho a la libre locomoción de la ciudadanía de Popayán sobre la vía pública
que comunica la Parcelación Altos de Canta Claro con el Supermercado el
Vecino en el sector de Río Blanco, ordenando el retiro de la reja de color azul
instalada en el sector sobre la vía pública […]».
2.2. Refirieron que, dentro del escrito de demanda se explicó que la parcelación “Altos
de Canta Claro”, se conecta con la vía Panamericana por medio de una vía rural
con vocación de uso público que inicia en el sector conocido como supermercado
“El Vecino” y atraviesa la vereda “Río Blanco”, hasta una reja negra que es uno de
los ingresos a la parcelación.
2.3. Relataron que el anterior proceso le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
(7) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que, vinculó como terceros
intervinientes, a los señores Héctor Mauricio Montilla Cardona, César Ayala Navia,
Mauricio Montilla y Walter Humberto Ortega Burbano, quienes manifestaron que:
«[…] la entrada en controversia no es el único punto de acceso a la parcelación
Altos de Canta Claro, porque desde hace más de 12 años, es decir desde el año
2008, la parcelación tiene un único acceso por la entrada a “mamá lombriz”, que es
diferente y opuesto al referenciado en la acción popular; mismo que cuenta con
garita para vigilante y cámaras de seguridad […]».
2.4. Adujeron que, algunos vecinos de “Altos de Cantaclaro”, ahora quieren imponer
otro ingreso, «[…] en contravía de la propiedad privada y desconociendo que el
tramo de la supuesta vía que comunica a la parcela vecina es un lote denominado
1D, el cual fue englobado al lote 1B y hace parte de un lote de mayor extensión, el
cual de manera abusiva perturbaron, trazando vía para comunicarse con la
parcelación vecina y así tener otro acceso; y que el englobe de los lotes 1B y 1D
consta en escritura pública y fue registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos,
como lo demuestra el certificado de tradición, sin que exista actualmente limitación
a su derecho de dominio […]».
2.5. Mencionaron que el vinculado Walter Humberto Ortega Burbano señaló que no
era cierto que se esté limitando el derecho a la libre locomoción, por cuanto el
acceso a las parcelaciones del sector Canta Claro, es por la parte de “Mama
lombriz”, la cual tiene un tránsito normal; «[…] y que las vías de la Parcelación
Rincón de Río Blanco, ubicada dentro del a Vereda Altos de Río Blanco, son
privadas, tal y como consta en la escritura pública Nro. 1039, por cuanto sus
propietarios no han hecho entrega formal de las mismas y, en consecuencia, no se
está obstruyendo vía pública, como lo manifiesta el extremo accionante […]».
2.6. Anotaron que el Juzgado Séptimo (7) Administrativo del Circuito de Popayán,
mediante sentencia de primera instancia de 31 de marzo de 2022, denegó las
pretensiones de la demanda, por considerar que ni el Municipio de Popayán, ni los
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
señores Héctor Mauricio Montilla y Walter Humberto Ortega, habían desconocido el
derecho colectivo invocado como violado.
2.7. Explicaron que contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso
de apelación, para lo cual adujeron que: «[…] se había inducido al error al despacho
de primera instancia, y que, en tal sentido, sí existían pruebas que determinaban el
carácter de uso público de la vía objeto de debate […]».
2.8. Anotaron que, de la segunda instancia del proceso en comento le correspondió
conocer al Tribunal Administrativo del Cauca que, mediante providencia de 4 de
mayo de 2023, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accedió a
las pretensiones de la demanda, al considerar que sí se acreditaba la afectación del
derecho colectivo al espacio público.
2.9. Señalaron que el Tribunal Administrativo del Cauca al proferir la providencia
de 4 de mayo de 2023, incurrió en una notable vía de hecho, en tanto que:
«[…] NO procedió a realizar una inspección judicial en el lugar de los
hechos para efectos de verificar lo dicho por el demandante, como
tampoco ordeno la comparecencia de un perito que permitiera verificar lo
antes dicho, por el contrario, procedió a superponer imágenes que a
todas luces requieren la práctica de un dictamen topográfico para efectos
de verificar las coordenadas en el lugar de los hechos.
[…]
De igual manera, con ocasión a la acción popular interpuesta, NO se notificó
a los habitantes y propietarios de las vías internas, zonas comunes y
zonas verdes de la parcelación Rincón de Rio blanco, para efectos de que
intervinieran en la referida acción y asumieran la defensa de sus derechos
si a bien lo consideraban entre ellos los ahora accionantes CARLOS
FELIPE CHAUX, en calidad de urbanizador de la Parcelación Rincón de Rio
Blanco y propietario de 1ha 7149m2 de terreno destinados a vías internas,
zonas comunes y zonas verdes, para garantizar la circulación y esparcimiento
de los propietarios de la Parcelación Rincón de Río Blanco, de ASTRID
XIMENA LEON y CRISTIAN AMÓRTEGUI, en calidad de propietarios de
terrenos dentro de la Parcelación Rincón de Río Blanco y de RAMON
BETANCOURT presiente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Altos de
Río Blanco y propietario de terreno ubicado dentro de la misma, vulnerando
en consecuencia el derecho de defensa, el derecho de contradicción y el
derecho de acceso a la administración de justicia, todos ellos en
concordancia con el derecho al debido proceso que les asiste a los
citados.
[…]
Asimismo, el citado fallo se fundó en el plano de la incertidumbre, en tanto
que la misma administración municipal indicó mediante pruebas que
dicho asunto estaba sometido a debate en sede administrativa, siendo
además necesario acudir a la justicia ordinaria para determinar el derecho a la
servidumbre que es la que efectivamente pretende sea reconocida el señor
CESAR AYALA NAVIA, en favor de la parcelación de la cual el hace parte, lo
cual a todas luces es improcedente a través de la acción de grupo como se
señalara más adelante […]». (Negrillas por fuera de texto)
2.10. Argumentaron que la sentencia cuestionada vulneró sus derechos
iusfundamentales, por cuanto:
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
«[…] En el caso bajo análisis, existe una vulneración del debido proceso en dos
sentidos, en primer lugar, al no garantizar el acceso a la administración de
justicia de los ahora accionantes CARLOS FELIPE CHAUX, ASTRID XIMENA
LEON, RAMON BETANCOURT, y CRISTIAN AMORTEGUI, propietarios de
varios bienes inmuebles de la parcelación de rio Blanco sobre la cual se
pretende abrir una vía pública, en tanto NO fueron notificados, ni
vinculados, en consecuencia, a la acción popular impetrada por el señor
CESAR AYALA NAVIA.
[…]
Estas personas, como pudo apreciarse en los hechos del presente
asunto, NO fueron citadas como accionados, ni se les vinculó de oficio a
la actuación. A pesar de ello, la sentencia, generosa en relación con los
hechos y pretensiones de la demanda, las alcanzó de un modo particular.
En tal sentido, la vinculación al proceso de acción popular de estos
terceros intervinientes es, desde el inicio de la actuación, ineludible. Ello
significa, para decirlo todo, que la facultad oficiosa del juez popular de
vincular al proceso a otros posibles responsables de la violación,
constituye, para estos puntuales efectos, una verdadera obligación.
[…]
En resumen, el juez popular debe tener en cuenta los límites de la congruencia
flexible fijados por la jurisprudencia, así como el respeto irrestricto a los
derechos de defensa y contradicción de los sujetos que, no habiendo hecho
parte de la actuación, pueden resultar afectados por la aplicación irreflexiva de
aquella facultad […]». (Negrillas de la Sala)
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones3:
[…] PRIMERA: Que se protejan los DEBIDO PROCESO, DERECHO DE
DEFENSA, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DERECHO y el DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, DERECHO A LA
IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION, de los señores CARLOS FELIPE
CHAUX, ASTRID XIMENA LEON, RAMON BETANCOURT, y CRISTIAN
AMORTEGUI, vulnerados con la providencia judicial emitida el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, del día cuatro (04) de mayo de dos mil
veintitrés (2023), dentro de la acción popular con radicado bajo el número
19001-33-33-007-2021-00184-01, siendo accionante el señor CÉSAR AYALA
NAVIA, y accionado el MUNICIPIO DE POPAYÁN Y OTROS.
SEGUNDA: Que a como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, que profiera un nuevo fallo en el
que se tengan en cuenta a las familias residentes en la parcelación Rincón de
Río Blanco y la Vereda Altos de Rio Blanco, al igual que el propietario de las
vías privadas de la parcelación Rincón de Río Blanco, garantizando el derecho
al debido proceso de las mismas, y el derecho a la propiedad privada y su
intervención dentro de la acción popular interpuesta por el señor CESAR
AYALA NAVIA, sin que haya lugar a emitir fallos sin pruebas debidamente
recaudadas y aportadas por las partes, tales como dictámenes periciales de tipo
topográfico, inspección en el lugar de los hechos, y otro tipo de pruebas
documentales y testimoniales.
TERCERA: Que se suspenda la decisión emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, del día cuatro (04) de mayo de dos mil
3
Folios 5 a 6 de la causa constitucional.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
veintitrés (2023), y que de acuerdo a oficios emitidos por la Alcaldía Municipal
de radicados 20231200327441, del 17 de julio del presente y 20231200327461,
de la misma fecha, se dará cumplimiento el día 21 de julio de 2023 con visita de
inspección para retiro de la reja y el 24 de julio de 2023, a las 8:30 am, fecha
estimada para el retiro de la reja […]. […]». (Negrillas de la Sala de Decisión)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto calendado el 24 de julio de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia, en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca. En la misma providencia, se vinculó
como terceros con interés directo en las resultas del proceso, al Juzgado Séptimo
(7) Administrativo del Circuito de Popayán, al Municipio de Popayán, a la
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Popayán y a los señores César Ayala Navia,
Mauricio Montilla y Walter Humberto Ortega Burbano, con la finalidad de que
ejercieran su derecho de contradicción y defensa.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a la Corporación judicial accionada y a las demás partes
vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Séptimo (7) Administrativo del Circuito de Popayán, por conducto
de la autoridad que preside dicha oficina judicial4, allegó contestación oportuna en la
que esgrimió que, en el caso de autos, la acción de tutela impetrada resultaba a todas
luces improcedente al no verse satisfechos la totalidad de los requisitos genéricos de
procedibilidad necesarios y/o exigibles.
5.2. Acotó, para finalizar, que:
«[…] Sobre la situación fáctica expuesta en la acción popular, se precisa que
mediante sentencia N° 060 de 31 de marzo de 2022, este Despacho negó las
pretensiones de la demanda conforme al análisis acervo probatorio
recaudado dentro del asunto, decisión que fue notificada en debida forma.
La parte actora interpuso recurso de apelación concedido por este Juzgado el
4 de mayo de 2022 con auto interlocutorio N° 636 y durante el trámite de
segunda instancia el Honorable Tribunal Administrativo del Cauca, revocó la
decisión el 4 de mayo de 2023. Conforme a lo anterior, puede verificarse en
el trámite del proceso que ésta instancia realizó las actuaciones
correspondientes sin desconocer derecho fundamental alguno […]».
(Negrillas por fuera del texto original)
5.3. La Defensoría Regional del Valle del Cauca, por conducto de su respectivo
apoderado judicial, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la
acción constitucional impetrada; en razón a que aseguró que dicha entidad no había
cercenado derecho fundamental alguno, en el caso sub examine.
4
Doctora Yenny López Alegría.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
5.4. Adujo, en su intervención, que:
«[…] Conforme a nuestras funciones es claro que no hemos vulnerado los
derechos fundamentales materia de solicitud amparo y tampoco se encuentra
demostrado el nexo causal necesario entre la vulneración de sus derechos
fundamentales y la acción u omisión por parte de la Defensoría del Pueblo, ni
tampoco se han aportado elementos materiales probatorios que permitan
valorar la vulneración directa de derechos fundamentales por parte nuestra
entidad; lo que nos lleva a plantear ante el señor Magistrado, respetuosamente,
que declare improcedente el presente mecanismo de amparo constitucional en
el caso de autos […]».
5.5. Agregó, para finalizar, que lo pretendido por la parte actora era utilizar la presente
acción de amparo como una tercera instancia del juicio de acción popular, poniendo
en entredicho los principios relativos a la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la
autonomía funcional del operador judicial.
5.6. El señor Cesar Ayala Navia, mediante escrito de 15 de agosto de 2023, rindió
informe en el que señaló pese a la orden judicial proferida por el juez de la acción
popular de retirar «la reja objeto de la acción popular, se advierte que hoy 15 de agosto
de 2023, se observa que la reja materia de controversia fue re instalada junto con una
cadena, pese a que el 24 de julio de 2023 había sido retirada en la diligencia de
cumplimiento del fallo de la acción popular».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la presente
acción de tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20176 y en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019, que asigna a esta Sección Primera el conocimiento de las acciones de
tutela.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Ahora bien y, de acuerdo a la situación fáctica planteada, la Sala de Decisión debe
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales y
excepcionales de procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia censurada del 4 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de acción popular
5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
con radicado número 19001-33-33-007-2021-00184-01, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, al haber incurrido,
presuntamente, en una «vía de hecho judicial».
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
fallos de tutela. Requisitos generales y excepcionales de procedibilidad;
procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. En sentencia de 31 de julio de 20127, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales, siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución9.
7
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
9
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión10» que se encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. Los señores Carlos Felipe Chaux Mosquera, Astrid Ximena León, Ramón
Betancourt y Cristian Amórtegui, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, a la defensa, al
acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada, a la igualdad y a la no
discriminación […]»11, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 4 de mayo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del proceso de
acción popular con radicado núm. 19001-33-33-007-2021-00184-01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de la subsidiariedad.
VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general atinente a la subsidiariedad
18. Resulta oportuno señalar que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario,
excepcional y residual, por lo que tal mecanismo de protección de derechos
fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa dispuestos por el legislador. Este carácter excepcional y residual está
previsto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que expresamente prescribe:
«la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
11
El día 21 de julio de 2023.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
19. En virtud de lo anterior, el actor se encuentra en el deber de utilizar los medios
de defensa previstos el ordenamiento jurídico para proteger los derechos
fundamentales que estima vulnerados por la decisión judicial objeto de tutela. Este
deber incluye la obligación de incoar, dentro del término, los medios de defensa
ordinarios. Así que la parte accionante deberá interponer la acción, los recursos o
promover los incidentes, establecidos en la normatividad, en tiempo, so pena de
que la acción constitucional de tutela devenga en improcedente.
20. Como corolario de lo anterior, se destaca que la acción de tutela deviene en
improcedente, por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad: i) cuando
se usa para revivir etapas procesales o para subsanar omisiones de las partes en
el proceso ordinario; ii) cuando la entidad accionante cuenta con otros medios
judiciales para exponer los cuestionamientos que sustentan la solicitud de amparo,
y iii) cuando asunto se encuentre en trámite, salvo la inminente ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo procederá como mecanismo
transitorio.
21. En el caso sub examine, los actores cuestionan, en síntesis, que no fueron
vinculados al proceso de acción popular núm. 19001-33-33-007-2021-00184-01 y la
omisión de realizar una inspección judicial, ya que de haberse llevado a cabo la citada
diligencia la autoridad judicial accionada hubiese advertido la necesidad de vincularlos
al proceso.
22. Eneste punto, la Sala debe resaltar que en aquellos casos en los que se
controvierte la omisión de integrar en debida forma el contradictorio, las normas
procesales permiten promover el incidente de nulidad, en el que se puede alegar la
causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso12.
23. En efecto, el numeral 8 del artículo 133 del CGP dispone:
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o
en parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago,
el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado
en la forma establecida en este código […]”. (Resaltado fuera de texto original).
12
En adelante CGP.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
24. Así también, el presunto afectado puede vincularse al proceso judicial y solicitar en
cualquier estado de este, e inclusive después de haberse dictado sentencia de
instancia, la nulidad de lo actuado.
25. Enefecto, el artículo 134 del CGP, establece la oportunidad y trámite de las
nulidades, esto es_:
“[…] ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE.
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se
dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en
legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá
también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de
la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte
en las anteriores oportunidades.
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con
posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya
terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal.
El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las
pruebas que fueren necesarias.
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo
beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se
hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio […]”.
(Resaltado fuera del texto original).
26. Ahora, cabe la pena precisar que tratándose de acciones populares, la Ley 472 de
5 de agosto de 1998, no regula lo concerniente a los incidentes de nulidad, por lo que
resulta aplicable lo dispuesto en si artículo 44 que señala que en los procesos
contentivos de las acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil13 y del Código Contencioso Administrativo14 dependiendo de la
jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en los aspectos.
27. A su vez, el artículo 208 del CPACA establece que “[…] serán causales de nulidad
en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se
tramitarán como incidente […]”. En igual medida, el artículo 306 ibidem, señala que
“[…] en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.
28. Ahora bien, retornando al caso objeto de estudio, encuentra la Sala que la presente
acción de tutela busca que el juez constitucional analice la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los actores por no haber
sido vinculados al proceso de acción popular en calidad de demandados.
13
Hoy CGP.
14
Hoy CPACA.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
29. Para
sustentar el interés jurídico de haber sido vinculados en calidad de
demandados dentro del proceso de acción popular núm. 19001-33-33-007-2021-
00184-01, los actores adujeron lo siguiente:
“[…] 7.- Es de señalar de igual manera, que con ocasión a la acción popular
interpuesta no se notificó a los habitantes y propietarios de las vías internas, zonas
comunes y zonas verdes de la parcelación Rincón de Rio blanco, para efectos de
que intervinieran en la referida acción y asumieran la defensa de sus derechos si
a bien lo consideraban entre ellos los ahora accionantes CARLOS FELIPE
CHAUX, en calidad de urbanizador de la Parcelación Rincón de Rio Blanco y
propietario de 1ha 7149m2 de terreno destinados a vías internas, zonas comunes
y zonas verdes, para garantizar la circulación y esparcimiento de los propietarios
de la Parcelación Rincón de Río Blanco, conforme lo describe la escritura pública
1039 de 1997, adscrita en la Notaria Segunda del Círculo de Popayán, predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-118159, numero predial
190010001000000030618000000000, de acuerdo a certificado predial; de
ASTRID XIMENA LEON y CRISTIAN AMÓRTEGUI, en calidad de propietarios
de terrenos dentro de la Parcelación Rincón de Río Blanco y de RAMON
BETANCOURT presiente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Altos de
Río Blanco y propietario de terreno ubicado dentro de la misma, vulnerando en
consecuencia el derecho de defensa, el derecho de contradicción y el derecho de
acceso a la administración de justicia, todos ellos en concordancia con el derecho
al debido proceso que les asiste a los citados […]”.
30. Bajo este entendido, al ser lo controvertido en sede de tutela la supuesta indebida
integración del contradictorio, en criterio de la Sala lo pertinente es que los aquí
accionantes se vinculen al proceso de acción popular de la referencia y soliciten al
juez natural, en caso de que así lo estimen, la declaratoria de nulidad del fallo de
acción popular que es controvertido mediante este mecanismo constitucional.
31. Sobre el particular, la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el mismo
sentido, esto es, en sentencia de 25 de noviembre de 202115, en la que se dijo:
“[…] En este punto, la Sala destaca que tal yerro aludido no tiene la potestad
de vulnerar los derechos fundamentales invocados, en la medida que, si bien
la Sección Tercera omitió notificar a los correos electrónicos del señor
GARCÍA SÁNCHEZ y de su apoderada la sentencia de segunda instancia, tal
como lo reconoció en la contestación de la presente acción constitucional, el
actor tuvo conocimiento de la decisión, tan es así que promovió la presente
acción constitucional; además, verificadas las pruebas allegadas se advierte
que la autoridad judicial accionada notificó la providencia de 19 de marzo de
2021 por estado electrónico del 15 de abril de 2021, de conformidad con lo
previsto en el artículo 203 del CPACA.
Con todo, es del caso advertir que, si el actor persiste en dicha inconformidad,
cuenta con otro mecanismo de defensa dentro del proceso ordinario como lo
es el incidente de nulidad, tal como se expuso en líneas anteriores, en el que
puede alegar la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 […]”. (Resaltado fuera del texto original)
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, expediente identificado con el
número único de radicación 2021-05693-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03916-00
Accionantes: Carlos Felipe Chaux Mosquera y otros.
32. En vista de lo anterior, como quiera que los accionantes cuentan con un recurso
judicial, a través del cual pueden solicitar las inconformidades expuestas en la
presente acción de tutela, se advierte que no se cumple el requisito general de la
subsidiariedad. Aunado a ello, no se aprecia que en el caso sub examine se
encuentre acreditada la configuración de un perjuicio irremediable.
33. Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por
incumplimiento del requisito general atinente a la subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme,
REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
conforme lo establece el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado (E)
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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