Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04406-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04406-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04406-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
2 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04406-00
Demandante: Manuel Francisco Becerra Barney
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04406-00
Demandante MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales de altas
Corporaciones. Requisitos generales de procedencia: la relevancia
constitucional. Acción de reparación directa por condena penal en el
marco de la justicia regional o justicia sin rostro. Inexistencia de un
daño antijurídico.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado decidirá, en primera instancia, la acción
de tutela interpuesta por el señor Manuel Francisco Becerra Barney, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de agosto de 2023, por conducto de apoderado judicial, el señor Manuel
Francisco Becerra Barney interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido
proceso y a la dignidad humana, con la sentencia del 28 de febrero de 2023,
proferida en el proceso de reparación directa 76001-23-31-000-2008-00529-00-
01(50.456).
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Declárese la nulidad de la sentencia de segunda instancia, proferida el 28 de febrero de
2023 por la Subsección B - Sección Tercera - de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado; consejero ponente: Alberto Montaña Plata, dentro del proceso de
reparación directa (Decreto 01 de 1984), promovido por el Sr. Manuel Francisco Becerra
Barney, en contra de la Nación – Fiscalía General Nación y otros, radicación No. 76001-
23-31-000-2008-00529-01 (50.456), por motivo de haber vulnerado los derechos
fundamentales del accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordénese a la Subsección B - Sección Tercera - de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir sentencia de
reemplazo en donde se reconozca la responsabilidad administrativa del Estado por
motivo de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el Sr. Becerra Barney, tras
haber sido sometido a la denominada “justicia sin rostro”, con abierta vulneración a las
garantías judiciales reconocidas en el bloque de constitucionalidad y en aplicación directa
del control de convencionalidad.
3. Tómense las demás medidas que la Honorable corporación considere pertinentes para
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.» 1.
1 Páginas 15 y 16 del escrito de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Demandante: Manuel Francisco Becerra Barney
2. Hechos
En el expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 11 de julio de 2008, el señor Manuel Francisco Becerra Barney y otros
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial para que se les declarara responsables por la
presunta privación injusta de la libertad en el marco del proceso penal
adelantado en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
En las pretensiones de la demanda de reparación directa, el señor Becerra
Barney indicó que la privación de la libertad derivó de la vulneración de su
derecho al debido proceso «al no habérsele realizado una audiencia oral, en la que
se le permitiera comparecer en persona o por medio de su representante legal y donde
pudiera presentar las pruebas que estime pertinentes e interrogar a los testigos».
Adicional a lo anterior, por violación al principio de no reforma en peor.
Relativo a los hechos que rodearon la privación de la libertad, en la demanda
se indica que, el 31 de enero de 1996 el ente investigador profirió orden de
captura con fines de indagatoria contra el señor Becerra Barney, quien se
desempeñó como Contralor General de la República, por el delito de
enriquecimiento ilícito de particulares.
El 12 de febrero de 1996, se resolvió la situación jurídica del capturado y se le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Posteriormente, el
Juzgado Regional de Cali profirió sentencia condenatoria y le impuso la pena
principal de 70 meses de prisión.
La decisión fue apelada por el señor Becerra Barney. El conocimiento del
asunto correspondió al Tribunal Nacional quien, en sentencia del 24 de junio
de 1998, confirmó la decisión de condena, pero aumentó la pena principal y la
accesoria.
Además, se tiene como antecedente relevante que el Consejo Superior de la
Judicatura, en providencia de tutela del 3 de diciembre de 2001, amparó los
derechos fundamentales del señor Manuel Francisco Becerra Barney debido
a que el juez penal ad quem aumentó la pena a pesar de que se trataba de un
apelante único (no reforma en peor). Por lo anterior, el juez de tutela declaró
en el curso del incidente de desacato que para todos los efectos la sanción era
la de la primera instancia.
2.2. El 11 de julio de 2006, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió
dictamen en el que señaló que el Estado Colombiano violó el artículo 14 del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dentro del proceso
penal seguido en contra del señor Becerra Barney por el delito de
enriquecimiento ilícito, dado que fue condenado, en primera y segunda
instancia, por tribunales compuestos por jueces sin rostro.
2.3. El Comité de Ministros creado por la Ley 288 de 19962 emitió concepto
desfavorable sobre el dictamen proferido por el Comité de Derechos Humanos
el 11 de julio de 2006.
2.4. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca bajo el radicado 76001-23-31-000-2008-
00529-00.
2 «Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de
Derechos Humanos.»
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En sentencia del 28 de febrero de 2013, se negaron las pretensiones de la
demanda de reparación directa. El Tribunal consideró que si bien es cierto que
el demandante fue condenado en el proceso penal en el marco de la
denominada justicia sin rostro, también lo es que esta medida fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en las sentencias C-053 de 1993 y C-093
de 1993.
Como consecuencia de lo anterior declaró que, el dictamen del Comité de
Derechos Humanos de la ONU en el que se recomendó al Estado brindar una
compensación adecuada a la víctima directa no demostraba por sí solo un
error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Por último, indicó que el único error que se cometió consistió en la vulneración
del principio de non reformatio in pejus, cuando el Tribunal Nacional aumentó
la pena, pero aquel fue corregido por el juez constitucional que conoció de la
acción de tutela que interpuso el hoy tutelante.
2.5. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en cuenta
las decisiones proferidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, insistió en que la denominada «justicia sin rostro» desconoció las
obligaciones suscritas por el Estado colombiano en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos
Humanos relativa a la garantía al debido proceso de los usuarios del servicio
de justicia.
Por lo anterior, consideró que el juez estaba obligado a ejercer el control de
convencionalidad con el fin de hacer efectivo el contenido de esos tratados.
A su vez, consideró que hubo una privación injusta de la libertad por cuanto se
vulneró el principio de non reformatio in pejus y en virtud de esa determinación
el condenado permaneció privado de su libertad por un lapso superior al
indicado en la sentencia penal de primera instancia.
2.6. En sentencia del 28 de febrero de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, Sección Tercera confirmó la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Como fundamento de su decisión expuso que (i) la pretensión por error judicial
derivada de la violación al principio de no reforma en perjuicio fue
extemporánea, por lo que correspondía declarar la caducidad de la acción al
respecto3; y (ii) en relación con la vulneración del derecho al debido proceso
del señor Becerra Barney en el proceso penal y la recomendación del Comité
de Derechos Humanos de brindarle una compensación adecuada, consideró
que no se acreditó el daño antijurídico que diera lugar a declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas.
Esto, debido a que «la ausencia de audiencia pública y la reserva de identidad de los
testigos fueron medidas previstas por el Código de Procedimiento Penal vigente para la
época de los hechos, que, incluso, por un espacio prolongado de tiempo, fueron
mantenidas por el ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional».
3 Al respecto en la sentencia, se lee: «…la decisión de tutela que dejó sin efectos el aumento de la pena fue
proferida el 30 de mayo de 2002. La Sala contabilizará el término de caducidad desde esa fecha porque no
obra en el expediente la providencia del juzgado penal que dio cumplimiento a dicha providencia, y no hay
ningún otro medio de prueba, ni información en el sistema de gestión de la Rama Judicial, que permita
determinar la fecha de esa decisión. (…) en el presente asunto, se consolidó el término de caducidad por
un tiempo considerable, toda vez que, la demanda se radicó el 11 de julio de 2008, es decir, más de 6 años
después de proferida la decisión (…)».
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3. Fundamentos de la acción
La parte accionante considera que las providencias del 28 de febrero de 2013 y 28
de febrero de 2023 vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la justicia,
a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana. Insistió que en las
providencias cuestionadas se desconoció que fue víctima de una privación injusta
de la libertad porque fue condenado en un proceso penal que no atendió a las
formalidades propias del juicio. En otras palabras, adujo que se le privó de la
posibilidad de tener un juicio justo.
En línea con lo anterior, destacó que los jueces de instancia del proceso de
reparación directa incurrieron en defecto sustantivo porque omitieron la aplicación
del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad en el asunto en
concreto.
A su juicio, esta exigencia no se supera, como lo entiende la accionada, con la
manifestación de que al momento en que se surtió el proceso penal el marco jurídico
fue declarado “momentáneamente” constitucional en las sentencias C-053 de 1993
y C-093 de 1993.
En su opinión no es aceptable que se desconozcan 25 años de desarrollo
constitucional para limitar el análisis de la responsabilidad del Estado a ese
específico espacio de tiempo cuando se adelantó el proceso penal. Para concluir
este argumento se refirió al concepto de Constitución Viviente desarrollado en la
sentencia C-774 de 2001.
Destacó que, si el daño antijurídico alegado se hubiera analizado al amparo del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto, se hubiera llegado a la ineludible
conclusión de que la aplicación de la justicia sin rostro vulneró el derecho
fundamental del señor Becerra Barney a un debido proceso. Por ejemplo, el
procesado no conoció a su juez natural ni se le permitió interrogar y contrainterrogar
testigos.
Sobre esto último recordó que en la sentencia C-392 del 2000 la Corte
Constitucional reconoció que era inconstitucional el testimonio reservado de la
justicia sin rostro porque las condiciones personales del declarante también son
objeto de contradicción.
En palabras del accionante:
«Si el A-quo y el A-quem hubiesen considerado el sentido estricto del bloque de
constitucionalidad, la norma jurídica derivada no podría orientar cosa distinta que, un juicio
penal que no garantice los estándares mínimos en materia de derechos humanos, como lo fue
la “justicia sin rostro”, constituye una afrenta al Estado Social de Derecho, al derecho de
defensa y contradicción, y en razón a esa fuerza constitucional no puede por ningún motivo
considerarse bajo la connotación de juicio “justo”.
(…)
Acoger el control de convencionalidad, en el análisis de la responsabilidad del Estado (año
2023), como debe ser, implica concluir que “la justicia sin rostro” es una afrenta al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y que, por tal motivo, todas las pruebas recaudadas
y practicadas en el proceso adelantado en contra del Sr. Becerra Barney fueron obtenidas
vulnerando sus derechos fundamentales».
Adujo que la autoridad accionada no ejerció el control de convencionalidad de
“manera amplia y retrospectiva”, aunque era su obligación y a pesar de que era
evidente que el daño antijurídico alegado comprendía el desconocimiento del
artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a las
garantías judiciales y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
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Manifestó que hubo un desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado4 y de la Corte Constitucional5 en donde se aplicó el bloque de
constitucionalidad y el control de convencionalidad.
En el escrito de tutela se hizo énfasis en la providencia del 27 de julio de 2023 (exp.
5471-2019), en el que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado aplicó el control de convencionalidad, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el concepto de dinamismo constitucional,
señalando que «esta corporación fue vehemente en aplicar el control de convencionalidad y la
fuerza vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho,
hizo énfasis en la teoría de la constitución viviente y el dinamismo de su doctrina para aplicar la
convencionalidad, rescatando la aplicación del artículo 23 de la Convención, frente a la competencia
de la Procuraduría General de la Nación relativa al ejercicio del poder disciplinario respecto de los
servidores públicos elegidos democráticamente.» (Destaca la Sala)
Finalmente, señaló que las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección B vulneraron los artículos 1, 2, 5, 9, 13, 90, 93 y 94 de la Constitución
Política; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los
artículos 2, 8 y 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 23 de junio de 2023, el Despacho (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Manuel Francisco Becerra Barney contra la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado; (ii) vinculó en calidad
de terceros con interés a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación,
a los señores Manuel Camilo Becerra Jaramillo y Elver Arango Correa y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y (iii) requirió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que aportara el expediente digitalizado
del medio de control de reparación directa 76001-23-31-000-2008-00529-00 y
para que notificara a las personas que participaron como demandantes en ese
proceso.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B manifestó que
acogería lo decidido por el juez de tutela en la correspondiente sentencia.
4.3. La Fiscalía General de la Nación precisó que la tutela es improcedente por
cuanto no se agotó el requisito de la subsidiariedad habida cuenta de que el
accionante no justificó de manera detallada por qué no agotó el recurso
extraordinario de revisión, aunque resultaba idóneo para buscar la protección
de sus derechos fundamentales. Tampoco demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.
4 «El máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha desarrollado la figura del control
de convencionalidad, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia de 25 de mayo de 2011 (exp.
15838), sentencia de 25 de mayo de 2011 (exp. 18747), sentencia de 8 de junio de 2011 (exp. 19772),
sentencia de 31 de agosto de 2011 (exp. 19195), sentencia de 1° de febrero de 2012 (exp. 21274), sentencia
de 18 de julio de 2012 (19345), sentencia de 22 de octubre de 2012 (exp. 24070), sentencia de 19 de
noviembre de 2012 (exp. 25506), sentencia de 27 de febrero de 2013 (exp. 24734), sentencia de 20 de junio
de 2013 (exp. 23603), sentencia de 24 de octubre de 2013 (exp. 25981), sentencia de 12 de febrero de 2014
(exp. 40802), sentencia de 12 de febrero de 2014 (exp. 26013), sentencia de 12 de febrero de 2014 (exp.
25813), sentencia de 3 de marzo de 2014 (exp. 47868), sentencia de 26 de marzo de 2014 (exp. 29129),
sentencia de 8 de abril de 2014 (exp. 28330), sentencia de 8 de abril de 2014 (exp. 28318), sentencia de 14
de mayo de 2014 (28618), sentencia de 9 de julio de 2014 (exp. 30823), sentencia de 9 de julio de 2014
(exp. 28318), sentencia de 12 de julio de 2014 (exp. 28433), sentencia de 28 de agosto de 2014 (exp.
26251), sentencia de 20 de octubre de 2014 (exp. 31250), sentencia de 12 de noviembre de 2014 (exp.
28505). Auto de 24 de septiembre de 2012 (exp. 44050), Auto de Sala Plena de Sección Tercera de 6 de
diciembre de 2012 (exp. 45679), Auto de 17 de septiembre de 2013 (exp. 45092), Auto de Sala Plena de
Sección de 17 de octubre de 2013 (exp. 45679), Auto de 26 de septiembre de 2013 (exp. 42402).
5 Sentencias: C-225 de 1995, T-477 de 1995, C-578 de 1995, C-135 de 1996, C-358 de 1997, C-191 de 1998,
C-400 de 1998, C-582 de 1999, C-708 de 1999, T-568 de 1999, C-567 de 2000, C-774 de 2001, SU-058 de
2003, C-592 de 2005, C-291 de 2007, C-488 de 2009, C-018 de 2005, SU-555 de 2014, C-269 de 2014 y,
entre otras, C-146 de 2021.»
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Adujo que el accionante no sustentó las causales específicas de procedibilidad
para que la acción de tutela sea procedente, por lo cual, dentro del caso en
estudio no se logra identificar la afectación de derechos fundamentales ni la
causal especial de procedibilidad en la cual incurrió la providencia
controvertida.
4.4. En oficio del 10 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de
Estado requirió al secretario del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
para que allegara la copia del expediente digital y notificara a los señores
Manuel Camilo Becerra Jaramillo y Elver Arango Correa del auto admisorio de
la demanda de tutela.
4.5. En oficio del 20 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de
Estado requirió al abogado Ernesto Zambrano para que remitiera la dirección
física y/o electrónica de los señores Manuel Camilo Becerra Jaramillo y Elver
Arango Correa, a fin de notificarles el auto admisorio de la tutela.
Posteriormente, el abogado cumplió con el requerimiento y aportó la
información solicitada.
4.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Rama Judicial y los señores
Manuel Camilo Becerra Jaramillo y Elver Arango Correa guardaron silencio a
pesar de haber sido notificados en debida forma en el curso de la tutela6.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
6 Samai índices 8 y 22
7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, de manera preliminar le corresponde a la Sala
determinar si la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Francisco Becerra
Barney supera el examen general de procedibilidad, concretamente el requisito de
la relevancia constitucional.
En el evento de superar el anterior análisis, se establecerá si al proferir la sentencia
del 28 de febrero de 2023 en el proceso de reparación directa 76001-23-31-000-
2008-00529-00, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en
los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y por violación directa
de la constitución.
4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
7
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Demandante: Manuel Francisco Becerra Barney
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales».11 Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural12.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
11 Ibidem.
12 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus
pretensiones.
4.2. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la tutela en estudio se torna
improcedente porque la acción de tutela en este caso se emplea como una
instancia adicional.
Al comparar los argumentos de la acción de tutela (Supra 3), con los del recurso
de apelación13 que interpuso la parte demandante contra la sentencia del 28
de febrero de 2013, evidencia la Sala que la mayoría de los argumentos son
coincidentes:
Apelación sentencia 28 de febrero de 2013. Escrito de tutela en el proceso
Reparación directa nro. 2008-00529-000/01 constitucional nro. 2023-04406-00
«Con fundamento en el esbozado contexto, debe «Bajo este prisma, el desarrollo del cuerpo de
mencionarse que la decisión de primera instancia constitucionalidad le otorgado al Pacto
impartida por el A-quo no tuvo en cuenta el grado Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de importancia que merece y ostenta, dentro de (PIDCP) el carácter de ser una norma
nuestro sistema jurídico, las decisiones emitidas constitucional, con prevalencia en el orden
por el Comité Internacional de Derechos interno. De manera que, el artículo 14 del pacto
Humanos, situación que representa el punto de es un parámetro indiscutible de
partida con el que se permite concluir el constitucionalidad que debió ser valorado y
axiomático error judicial de que fue víctima mi aplicado, con ese rigor, por parte de la
poderdante. En términos generales, el Tribunal Subsección B (Sección Tercera), al caso de
del Valle del Cauca le da prevalencia jerárquica responsabilidad estatal objeto de controversia.
al Decreto 2700 de 1991 por el cual se instituyó
la - justicia sin rostro sobre el Pacto Internacional Así pues, de haberse considerado el sentido
de Derechos Civiles y Políticos, rompiendo con estricto del bloque de constitucionalidad, era
ello la pirámide Kelseniana, precisamente, por el tautológico inferir que “la justicia sin rostro”
ostensible desconocimiento del bloque de vulneró de manera flagrante los derechos
constitucionalidad. humanos del Sr. Becerra Barney, puesto que
dicha justicia no permitió un juicio con las
En últimas, la decisión recurrida no asumió el garantías mínimas del debido proceso, esto tras
deber de realizar el control de convencionalidad, no garantizar la posibilidad al accionante de
con relación al procedimiento penal que conllevó conocer a su juez natural, dentro de una
al fallo condenatorio de mi poderdante, incluso, audiencia pública, que permitiera interrogar y
desconoce por completo el concepto de control contra interrogar a los testigos del cargo, siendo
de convencionalidad, así como el bloque de éstas, pautas esenciales para la materialización
constitucionalidad, pues los conceptos del derecho de defensa y contradicción.
susodichos ni siquiera son mencionados en la
sentencia recurrida. De lo dicho se predica la privación “injusta” de
la libertad que fue víctima el Sr. Becerra Barney,
Adicional a lo esbozado, el A-quo no tuvo en porque la estructura del proceso fue, y es,
cuenta que el error judicial está plenamente inconstitucional, a la luz del bloque de
especificado en una decisión internacional que constitucionalidad. El PIDCP fue incorporado en
determinó una violación al Pacto Internacional de el orden interno por medio de la Ley 74 de 1968,
Derechos Civiles y Políticos, es decir, normas e ingresó al bloque por motivo de la cláusula de
que hacen parte del bloque de apertura del artículo 93 constitucional. En ese
constitucionalidad. No es de recibo por el suscrito sentido, Colombia le otorgó competencia al
el fundamento de la primera instancia cuando Comité de Derechos Humanos, de manera que
considera que la justicia sin rostro, contenida en en ejercicio de esas funciones el Comité,
el Decreto 2700 de 1991, estaba en perfecto mediante el correspondiente dictamen, fue claro
lineamiento con los derechos de contradicción y en poner en evidencia la flagrante vulneración
de defensa. Darle validez a dicha interpretación del artículo 14 del Pacto, esto, durante el
sería una lamentable desatino que pondría en proceso penal adelantado en contra del
duda el criterio argumentativo de un organismo demandante. Al margen de la discusión sobre
13 Página 28 y siguientes (folio 578 y ss.) Cuaderno 2 del expediente de reparación directa 76001-23-31-000-
2008-00529-01.
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Apelación sentencia 28 de febrero de 2013. Escrito de tutela en el proceso
Reparación directa nro. 2008-00529-000/01 constitucional nro. 2023-04406-00
internacional, que considero mediante un análisis bajo que parámetros ingresa al sistema jurídico
particular que la justicia sin rostro contrariaba el dicho dictamen, que para el suscrito ingresa de
Pacto Internacional de Derecho Humanos, manera automática en virtud de la teoría
precisamente el artículo 14 del mencionado monista con prevalencia del DIDH (Hans
catálogo, norma que integra el bloque de Kelsen), lo verdaderamente cierto es que existe
constitucionalidad. una contravención directa a una norma del
bloque de constitucionalidad, esta es, el artículo
El error judicial se manifiesta en el sometimiento 14 del PIDCP.
que fue víctima mi poderdante a un juicio sin el
lleno de las garantías constitucionales, sin Si el A-quo y el A-quem hubiesen considerado
audiencia pública, en donde pudiera el sentido estricto del bloque de
contrainterrogar directamente a los testigos, y sin constitucionalidad, la norma jurídica derivada
el debido respeto por el derecho de defensa, no podría orientar cosa distinta que, un juicio
igualdad en el juzgamiento y contradicción. penal que no garantice los estándares mínimos
en materia de derechos humanos, como lo fue
En ese orden de ideas, es evidente la ocurrencia la “justicia sin rostro”, constituye una afrenta al
de sendos errores judiciales en el proceso penal Estado Social de Derecho, al derecho de
adelantado al Dr. Becerra Barney, pues la justicia defensa y contradicción, y en razón a esa fuerza
sin rostro vulneró de manera clara y concreta las constitucional no puede por ningún motivo
garantías y derechos de defensa del procesado, considerarse bajo la connotación de juicio
al ser una justicia violatoria de principio de rango “justo”. Es todo lo contrario. Por lo tanto, bajo la
constitucional solventados además en pactos y sindéresis de un silogismo deductivo, esta
convenios internacionales sobre derechos premisa mayor, aplicada a la premisa de que el
humanos. Así las cosas, la aseveración que Sr. Manuel Francisco Becerra Barney fue
argumenta el A-quo de ausencia de error (…) de sometido a una “justicia sin rostro”, que no le
la administración judicial no guarda relación con permitió conocer a su juez natural, en la debida
la realidad jurídica y probatoria del presente audiencia pública, así como tampoco interrogar
contencioso. y contra interrogar a los testigos del cargo; se
arriba, inevitablemente, a la conclusión de que,
Por todo lo anterior, el tribunal de primera el Sr. Becerra Barney fue sometido a una
instancia (…) debió acceder a las pretensiones privación “injusta” de la libertad, prohijándose
de la demanda, pues el dictamen del Comité de así, el principal elemento de la responsabilidad
Derechos Humanos (…) configura con meridiana del Estado, un “daño antijurídico”. En definitiva,
claridad la existencia de un daño antijurídico la violación al sentido estricto del bloque de
(…).». constitucionalidad, como se detallará también
más adelante, acarrea una vulneración a los
derechos fundamentales de acceso a la justicia,
igualdad, debido proceso y dignidad humana
del accionante».
4.3. Conforme lo expuesto, se reitera, las inconformidades que se plantean en este
proceso constitucional son en esencia las mismas expuestas por el actor en el
curso del proceso de reparación directa y se resumen así: (i) la decisión de
negar las pretensiones de la demanda contenciosa desconoce que la condena
penal impuesta al hoy accionante derivó de un juicio sin el lleno de las
garantías constitucionales y convencionales; (ii) la implementación de la
denominada justicia sin rostro viola las obligaciones internacionales sobre
protección de DD HH ratificadas por el Estado Colombiano las cuales se
introducen al ordenamiento constitucional en virtud del artículo 93 de la Carta
Política; (iii) el dictamen del Comité Internacional de Derechos Humanos en el
caso del señor Becerra Barney acredita el daño antijurídico por error judicial y
justifica la decisión de condena; y (iv) los jueces de instancia debieron aplicar
el control de constitucionalidad y de convencionalidad para determinar la
antijuridicidad del daño consistente en la privación injusta de la libertad del
aquí accionante.
4.4. Estos cargos ya fueron decididos por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de febrero de 2023.
Relativo a la existencia del daño y de su antijuridicidad, se indicó que la
imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, así como
las posteriores sentencias condenatorias estuvieron amparadas en el marco
jurídico vigente y aplicable para el momento en que se surtió la acción penal.
Es más, la autoridad judicial accionada destacó que el fundamento jurídico de
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las decisiones penales se apoyó en las sentencias emitidas por la Corte
Constitucional en las que, en su momento, se avaló la denominada justicia
regional o jueces sin rostro, como se desprende del siguiente aparte de la
providencia:
«38. Como puede observarse, el proceso penal adelantado en contra de Manuel Francisco
Becerra finalizó con sentencia condenatoria, la cual se encuentra en firme y fue expedida de
acuerdo con la normativa vigente para la época de los hechos. En efecto, la Sala encuentra
que, las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de dicha actuación no
tienen el nombre, ni la firma de los funcionarios que las profirieron, lo que demuestra que se
expidieron en el marco de la extinta justicia regional, también llamada justicia sin rostro 14.
39. De acuerdo con el artículo 158 del Decreto 2700 de 1991, “en los delitos de competencia
de los jueces regionales, los servidores públicos distintos del fiscal que [intervenían] en la
actuación [podían] ocultar su identidad conforme lo establezca el reglamento, cuando
[existieran] graves peligros contra su integridad personal”. Lo mismo sucedía con los testigos,
quienes, de acuerdo con el artículo 293, mantenían reserva de identidad cuando las
circunstancias lo aconsejaran15. Por otra parte, dicha normativa disponía un trámite especial
para el juzgamiento, en el que, una vez vencido el período probatorio, se corría traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y luego el juez dictaba sentencia 16.
40. Esas disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-053 de 1993, en el entendido que, “el sentido y propósitos de estas normas
únicamente pueden comprenderse a cabalidad si se tienen en cuenta las graves
circunstancias de orden público en medio de las cuales han sido expedidas (…) no cabe duda
a esta Corte en el sentido de que reglas como las de protección de la identidad de los
servidores públicos que intervienen ante los jueces regionales o de los testigos que declaran
dentro de esos procesos adquieren el carácter de indispensables para asegurar que los delitos
van a ser investigados y castigados en bien de la comunidad”.
41. Posteriormente, con la Ley 504 de 1999 se mantuvo, entre otras disposiciones, la figura
del testimonio reservado en el ordenamiento jurídico, cuya constitucionalidad fue revisada por
la Corte Constitucional, en la Sentencia C-392 de 2000. La Corte declaró la inexequibilidad del
artículo 17 de dicha normativa, que permitía la reserva de la identidad del testigo, en los
procesos de conocimiento de la justicia especializada. Sin embargo, el artículo 42 transitorio
de la misma ley, que fue declarado exequible casi en su totalidad, preveía que “[e]n los
procesos en los que se hubieren recibido testimonios con reserva de identidad, se mantendrá
la reserva sobre la identidad del testigo y estas pruebas se someterán a los principios
generales de valoración probatoria establecidas en el Código de Procedimiento Penal”.
42. Es decir, aun cuando la Corte advirtió que la reserva de identidad violaba el debido
proceso, porque “las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden
ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción”, dejó vigente una
norma que disponía que los testimonios así practicados continuarían siendo reservados, pero
que se valorarían de acuerdo con los principios generales del derecho probatorio.
43. Así las cosas, la Subsección advierte que no se configuró un daño antijurídico que dé lugar
a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, toda vez que, la ausencia de
audiencia pública y la reserva de identidad de los testigos fueron medidas previstas por el
14 «2 Decreto 2700 de 1991. Artículo 158. Protección de la identidad de los funcionarios. “(…) Las providencias
que dicte el Tribunal Nacional, los jueces regionales o los fiscales delegados ante estos deberán ser
suscritas por ellos. No obstante, se agregarán al expediente en copia autenticada en la que no aparecerán
sus firmas.”»
15 «Decreto 2700 de 1991. Artículo 293. Reserva de la identidad del testigo. “Cuando se trate de procesos del
conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos se
autorizará que estos coloquen la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el
Ministerio Público certificará que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta se
omitirá la referencia al nombre de la persona y se hará formar parte del expediente con la constancia sobre
el levantamiento de su identificación y su destino. En acta separada se señalará la identidad del declarante
incluyendo todos los elementos que pueden servir al juez o al fiscal para valorar la credibilidad del testimonio,
y en la cual se colocará la huella digital del exponente con su firma y la del agente del Ministerio Público.
Excepcionalmente la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitieran la identificación
del testigo, para garantizar su protección, con autorización del fiscal.»
16 «Decreto 2700 de 1991. Artículo 457. Trámite especial para juzgamiento de delitos de competencia de los
jueces regionales. “Vencido el término de traslado para preparación de la audiencia, el juez dentro de los
tres días siguientes decretará las pruebas que hayan sido solicitadas y las que considere necesarias para
el esclarecimiento de los hechos. Las pruebas se practicarán en un término que no podrá exceder de veinte
días hábiles. Vencido el término probatorio mediante auto de sustanciación que debe notificarse, el proceso
se dejará en secretaría a disposición de los sujetos procesales por el término de ocho días, para que
presenten sus alegatos de conclusión. Dentro de los diez días hábiles siguientes el juez dictará sentencia
(…)”.»
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Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, que, incluso, por un
espacio prolongado de tiempo, fueron mantenidas en el ordenamiento jurídico por la Corte
Constitucional.»
La autoridad judicial accionada también se pronunció sobre la obligatoriedad
del dictamen del Comité de Derechos Humanos por la alegada vulneración al
Pacto Internacional de Derechos y su aptitud para erigirse como prueba del
daño antijurídico cuya indemnización se pretendía en la demanda de
reparación directa. De la sentencia se extracta el siguiente aparte:
«(…) si bien se cuenta con el dictamen del Comité de Derechos Humanos, lo cierto es que,
para el cumplimiento de lo ordenado, se adelantó el trámite pertinente dispuesto en la Ley 288
de 1996, según el cual, para la indemnización de perjuicios por disposición de órganos
internacionales de derechos humanos, debe existir concepto previo favorable del Comité del
Gobierno Nacional conformado por los Ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y
de Defensa17, concepto que fue resuelto desfavorablemente en este caso.
45. De hecho, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, “si bien el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano de protección de tales derechos
que hace parte del Sistema Universal de Derechos Humanos y tiene entre sus funciones
pronunciarse sobre las quejas individuales, amén de proferir dictámenes a fin de que los
Estados Partes adopten medidas orientadas a asegurar la salvaguarda efectiva de los
referidos derechos en el ámbito de su legislación interna y sus normas constitucionales, es
palmario que esos dictámenes no tienen la virtud de solucionar con carácter vinculante y
definitivo las violaciones denunciadas por los quejosos, de manera que no corresponden a
una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento derive responsabilidad del
Estado”18.
46. Así, la Sala observa que el proceso penal adelantado en contra de Manuel Francisco
Becerra finalizó con sentencia condenatoria, la cual se encuentra en firme. Si bien el Comité
de Derechos Humanos concluyó que debía otorgársele un “recurso efectivo y una
compensación adecuada” por la vulneración del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, lo cierto es que no dejó sin efectos la sentencia proferida en
contra del demandante. Lo anterior, toda vez que, se insiste, “se trata de un organismo que
no tiene naturaleza jurisdiccional y que básicamente pretende vigilar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los Estados al suscribir el tratado y difundir la interpretación de los
derechos protegidos por él”19.
47. Por lo que, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no basta, por sí solo,
para tener por acreditado el daño alegado. El demandante debió señalar de qué manera se
afectaron sus derechos de defensa y contradicción, cuáles testimonios no se pudieron valorar
y por qué ello incidió en los resultados del proceso penal, habida cuenta de que, en todo caso,
las demás pruebas que sirvieron de fundamento para proferir la sentencia condenatoria
pudieron ser controvertidas.»
4.5. En la sentencia, la autoridad judicial explicó al actor por qué el dictamen
proferido por el Comité de Derechos Humanos (órgano no jurisdiccional) no
era suficiente para acreditar el daño antijurídico en el caso particular y cuáles
fueron las deficiencias probatorias que explicaban la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa. En particular manifestó
que, a más del mencionado dictamen, la parte demandante no señaló cómo
fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso en su faceta
17 «Ley 288 de 1996. Artículo 2. “Para los efectos de la presente Ley solamente se podrán celebrar
conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios respecto de aquellos casos de violaciones de
derechos humanos en relación con los cuales se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que exista una
decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto
de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y se
establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios. 2. Que exista concepto previo favorable
al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos humanos proferido por un Comité
constituido por: a) El Ministro del Interior; b) El Ministro de Relaciones Exteriores; c) El Ministro de Justicia y
del Derecho; d) El Ministro de Defensa Nacional.»
18 «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 14 de agosto de 2012, expediente No.
33925».
19 «Corte Constitucional, Sentencia T-385 de 2005.»
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de contradicción ni cuáles fueron los testimonios que no debieron valorarse ni
la influencia de estas cuestiones en la decisión de condena.
En este punto es pertinente indicar que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-378 de 201420 manifestó que la recomendación del Comité de Derechos
Humanos relativa a que se brinde un recurso efectivo y una compensación
adecuada, como sucedió en el caso del señor Becerra Barney, tiene el
siguiente alcance:
«En esta misma sentencia la Corte se pronunció sobre la autoridad competente para
materializar el dictamen en relación con “proporcionar al actor un recurso efectivo, incluida una
indemnización”, en los siguientes términos: “La primera recomendación que plantea el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es proporcionarle al accionante un recurso
efectivo que incluya la indemnización de los perjuicios ocasionados por las amenazas y el
atentado del que fue víctima // Lo anterior se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico
en el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia a través del
ejercicio de las acciones judiciales establecidas por el legislador para determinar la verdad
sobre lo ocurrido y obtener la sanción de los responsables y la reparación material de los
daños que se hayan sufrido. También guarda relación con el derecho a un recurso judicial que
sea idóneo y efectivo para materializar los derechos ante las instancias judiciales»
Así pues, como deriva de la sentencia acusada, el actor ha tenido acceso a la
administración de justicia a través de los acciones judiciales idóneas para
procurar la satisfacción de sus pretensiones, pero ello no implica que pueda
prescindir de la acreditación en cada de los presupuestos legales establecidos
para tal fin.
Además de lo anterior, la accionada expuso que la privación de la libertad de
la que fue objeto el señor Becerra Barney se justificó en el marco jurídico
vigente en el momento en que se le procesó y el cual, incluso, fue declarado
conforme a la Constitución en la sentencia del C-053 de 199321, determinación
que mantuvo sus efectos por un lapso considerable. Como consecuencia de
ello, advirtió que no se acredita un error judicial o defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia dado que la decisión de privar de la libertad al
hoy accionante fue legal y constitucional22.
Aunque la sentencia acusada no se mencionó de manera expresa el concepto
de control de constitucionalidad sí se invocó, entre otras, la sentencia C-053
de 1993 en la que la Corte Constitucional analizó la compatibilidad entre la
Carta Política y los artículos 158 (protección de la identidad de funcionarios) y 293
(reserva de la identidad del testigo) del Decreto 2700 de 1991. En ese momento
encontró que las disposiciones normativas no vulneraban los derechos al
debido proceso y a la igualdad por lo que declaró su exequibilidad. Así las
20 En similar sentido, puede verse la Sentencia T-385 de 2005.
21 Con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo. En la sentencia de constitucionalidad se
lee: «No cabe duda a esta Corte en el sentido de que reglas como las de protección de la identidad de los
servidores públicos que intervienen ante los jueces regionales o de los testigos que declaran dentro de esos
procesos adquieren el carácter de indispensables para asegurar que los delitos van a ser investigados y
castigados en bien de la comunidad.
Ello, además de conveniente al logro de los fines constitucionales, en especial por cuanto concierne a la
realización del valor de la justicia y a la integridad de todas las personas residentes en Colombia en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (Preámbulo y artículos 2º y 228 C.N.), encuentra
fundamento específico en disposición expresa de la Carta (artículo 250, numeral 4º) a cuyo tenor la Fiscalía
General de la Nación tendrá a su cargo la función de "velar por la protección de las víctimas, testigos e
intervinientes en el proceso". (…)
En cambio, la prevalencia del interés de la sociedad y los fines superiores de la justicia exigen que, con base
en las duras experiencias dejadas por la acción del crimen organizado, se establezcan instrumentos que
permitan administrarla sin temores ni obligada complicidad con el delito.»
22 En similar sentido se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado en otros casos relativos a
la responsabilidad del Estado derivados del marco jurídico de los jueces sin rostro. Al respecto, se pueden
consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 14 de julio de 2023. Proceso nro. 25000-23-26-000-2005-01209-01 (46240), con ponencia de
la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección C. Sentencia del 29 de marzo de 2019, dentro del
proceso 05001-23-31-000-2003-02550-01(39380). M.P. Guillermo Sánchez Luque.
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cosas, la lectura de la providencia accionada descarta la omisión de un control
de constitucionalidad, pues a ese respecto la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado atendió a una sentencia de constitucionalidad
emitida por quien ostenta la competencia primigenia a efectos de determinar
la conformidad de las normas con la Constitución.
También es del caso recordar que en la misma sentencia C-053 de 1993, la
Corte Constitucional analizó las disposiciones normativas demandadas a la luz
del artículo 8°del Pacto de San José de Costa Rica por vía del bloque de
constitucionalidad (artículo 93 Constitución) y declaró que no había
incompatibilidad23.
4.6. Así las cosas, una vez establecido por el juez natural de la causa -para este
caso el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo- el alcance
del mencionado documento a efecto de acreditar el daño antijurídico no se
advierte por qué el juez constitucional debe irrumpir en la esfera de autonomía
del juez natural de la causa, para revaluar la valoración de las pruebas y los
fundamentos jurídicos de la sentencia. Esto, en la medida que no se advierte
prima facie una afectación de las garantías fundamentales de la parte actora
de conformidad con la providencia reprochada.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional se ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. «(…) la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales y no a
problemas de carácter legal»24.
4.7. Teniendo en cuenta lo dicho, es claro que el asunto quedó resuelto en el
proceso de reparación directa y, por tanto, que la acción de tutela es asumida
por el accionante como una instancia adicional para exponer sus desacuerdos
la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada en relación con la
acreditación del daño antijurídico, pero esta circunstancia en sí misma, no
justifica la intervención del juez de tutela, en la medida que no actúa como una
instancia adicional para volver a realizar ese estudio, pues ello desconocería
el principio de autonomía e independencia judicial y el derecho fundamental al
juez natural.
Por eso no hay un real cuestionamiento iusfundamental, en relación con la
providencia judicial atacada sino, una inconformidad del actor con la decisión
adoptada por el juez de la causa que resultó desfavorable a sus intereses.
Se recuerda que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales sólo se justifica cuando el juez incurre en un defecto que impacta los
derechos fundamentales de quien la invoca, sin que sea admisible que se
limite a exponer una cuestión de mera legalidad o de desacuerdo con el
contenido de la providencia, pues tales asuntos corresponden a la órbita
23 Al respecto en la mencionada sentencia se indicó: «Respecto al cargo de violación del artículo 93 de la Carta
por un posible desconocimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en efecto, (...) los
tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y
que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Pero, en lo que
atañe a la observancia de tales normas, debe también procederse de acuerdo con un análisis sistemático y
armónico de su contenido. (...) cuando está de por medio la justicia, como en el caso que nos ocupa, puede
obviarse excepcionalmente el carácter "público" del proceso penal. Además, conviene recordar que la norma
constitucional, según lo dicho, faculta a la ley -que lo puede ser tanto en sentido formal como en sentido
material- para definir las excepciones al principio general de publicidad». En consecuencia, concluyó «Las
normas que aquí se consideran constituyen la ley para los indicados efectos y, por ende, podían consagrar
excepciones sin quebrantar los cánones superiores. No existe, en consecuencia, incompatibilidad alguna
entre los artículos acusados y la Constitución Nacional, ni tampoco entre ellas y el Tratado Internacional en
referencia» (Destaca la Sala)
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
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exclusiva del juez natural de la causa y una intrusión que no esté legitimada
en la posible vulneración de uno o varios derechos fundamentales iría en
contravía de los principios de independencia y autonomía judicial.
Es más, tratándose de una acción de tutela contra providencias judiciales de
altas Corporaciones, el análisis del requisito de relevancia constitucional se
torna más exigente y la procedibilidad de este mecanismo judicial es aún más
restrictiva, pues se trata, en este caso, del Tribunal de cierre en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y en esa línea se robustece el elemento de
especialidad del juez respecto de la causa que conoce y los principios de
independencia y autonomía.
Es por ello por lo que, la jurisprudencia constitucional25 exige que, para el
análisis de fondo de la acción de tutela en estos eventos, se haya identificado
en la providencia cuestionada “una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención de juez constitucional”, escenario que no se identifica en el caso
concreto
4.8. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente judicial, el actor
enlistó más de 20 sentencias de la Corte Constitucional y 29 del Consejo de
Estado, sin embargo, no cumplió con el deber de exponer la identidad jurídica
y fáctica entre el caso particular y aquellas providencias. Esta omisión impide
tenerlas como precedente vinculante y exigible en el caso particular.
Frente a las sentencias de la Corte Constitucional tan sólo manifestó que en
ellas se desarrolló el concepto y alcance del control de constitucionalidad y de
convencionalidad, mientras que las del Consejo de Estado, en su mayoría, se
limitó a enlistarlas sin exponer explicación adicional.
Comoquiera que el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido
resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Es su pertinencia la que exige que sea considerado por
el juez al momento de decidir el nuevo caso, para tal fin se requiere que se
exponga la similitud fáctica y jurídica entre los casos objeto de comparación.
Recuérdese que, la Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del
precedente judicial implica que, «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el
caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye
la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación» . (Destaca la Sala)
En todo caso, es dable advertir que la verificación de las sentencias de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que se mencionaron en el escrito de
tutela da cuenta de que en su mayoría refieren a casos de responsabilidad
extracontractual del Estado por daños derivados de actos del conflicto armado
como enfrentamientos, tomas guerrilleras y ejecuciones extrajudiciales, pero
no presentan un escenario fáctico similar al que en esta oportunidad se
analiza.
En lo que respecta a la sentencia del 27 de julio de 2023, cuyos apartes
relativos al control de convencionalidad fueron relacionados en la acción de
tutela, tampoco cumple con el requisito de identidad fáctica en tanto se trata
de una sentencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en un asunto de naturaleza
disciplinaria.
25 Corte Constitucional, sentencias SU917 de 2010, SU050 de 2017, SU573 de 2017 y SU072 de 2018.
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5. Conclusión
La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor
Manuel Francisco Becerra Barney, porque no supera el presupuesto general de
relevancia constitucional, porque la acción de tutela se toma como una instancia
adicional para procurar una decisión favorable a las pretensiones de la demanda de
reparación directa, pero no evidencia un real escenario de vulneración de derechos
fundamentales
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por señor
Manuel Francisco Becerra Barney de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Ausente con excusa) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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