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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04406-01

Fecha
2 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04406-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 2 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones referidas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 27 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. 28 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018. 12 Sentencia de segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01 Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04406-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

2 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., dos (02) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01
Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 2 de
noviembre de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 18 de agosto de 20231 el señor Manuel Francisco Becerra Barney, a través de
apoderado judicial2, interpuso acción de tutela3 en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al
debido proceso y a la dignidad humana que consideró vulnerados por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado al proferir la sentencia del 28 de
febrero de 2023 que confirmó la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 28 de febrero de 2013 al interior del proceso de reparación directa
identificado con el radicado 76001-23-31-000-2008-00529-00/01.

1.1. Hechos

1.1.1. El señor Manuel Francisco Becerra Barney fue privado de la libertad con
ocasión de un proceso penal adelantado en su contra por el delito de
enriquecimiento ilícito4.

1.1.2. Cumplidas las etapas del procedimiento penal correspondiente, mediante
sentencia del 22 de agosto de 1997 el Juzgado Regional de Cali impuso pena

1
Índice 1, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
2
Obra a folios 18-19 del certificado 95CB87BF3995A9E2 FB85E9C7FFFDE2AC DAF542D29C208D4A
820EBA217EA07B35, índice 2, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
3
Obra a folios 1-17 del certificado 95CB87BF3995A9E2 FB85E9C7FFFDE2AC DAF542D29C208D4A 820EBA217EA07B35,
índice 2, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
4
Información tomada de la sentencia del 28 de febrero de 2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, al interior del proceso de reparación directa identificado con el radicado 76001-23-31-000-2008-00529-00/01. Obra
en el certificado 4550DE1060881885 7221FCC60EBCFB79 67E9FEA4FEF8C9DF 877D09B738A33230, índice 45,
expediente digital proceso de reparación directa (rad. 76001233100020080052901).

2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01
Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

principal de 70 meses de prisión (6 años, 10 meses)5. En contra de esa decisión, la
parte actora interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Nacional
a través de sentencia del 24 de julio de 1998, en la que se modificó la pena principal
de prisión a 7 años6. Finalmente, el 2 de octubre de 2001 la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia impugnada7.

1.1.3. El 30 de mayo de 2002 el Consejo Superior de la Judicatura, mediante fallo
de tutela8, amparó el derecho fundamental al debido proceso del aquí demandante
por la vulneración del principio de non reformatio in pejus, debido al aumento de la
pena en segunda instancia, aun cuando se trataba de apelante único. En
consecuencia, declaró que, para todos los efectos legales, la pena impuesta era la
señalada en el fallo de primera instancia.

1.1.4. El 11 de julio de 2006 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió
dictamen9 en el que señaló que el Estado colombiano violó el artículo 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dentro del proceso penal seguido
en contra del señor Becerra Barney, dado que fue condenado, en primera y segunda
instancia, por tribunales compuestos por jueces sin rostro.

1.1.5. El 11 de julio de 200810 Manuel Francisco Becerra Barney y otros11
presentaron demanda de reparación directa12 contra la Nación, Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial para que se les declarara responsables por la presunta
privación injusta de la libertad del accionante en el marco del proceso penal referido.
Los demandantes alegaron que se presentó una vulneración del derecho al debido
proceso del acá tutelante al no habérsele realizado una audiencia oral, en la que se
le permitiera comparecer en persona o por medio de su representante legal y en la
que pudiera presentar las pruebas pertinentes e interrogar a los testigos.

5
Obra a folios 4-92, archivo 01.CUADERNO 1, del certificado 3EEC74E640378A94 11D7F8C80DC650EB
C38036E2162BD585 FDCE8A12DDA08835, expediente digital de tutela de primera instancia (11001031500020230440600),
índice 20.
6
Folios 95-187, Ibídem.
7
Folios 200-227, Ibídem.
8
Folios 191-199, Ibídem.
9
Obra a folios 35-40, certificado 95CB87BF3995A9E2 FB85E9C7FFFDE2AC DAF542D29C208D4A 820EBA217EA07B35,
índice 2, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 1001031500020230440600).
10
Obra a folio 327, archivo 01.CUADERNO 1, del certificado 3EEC74E640378A94 11D7F8C80DC650EB
C38036E2162BD585 FDCE8A12DDA08835, expediente digital de tutela de primera instancia (11001031500020230440600),
índice 20.
11
En el proceso de reparación directa (rad. 76001-23-31-000-2008-00529-00) se relacionan como demandantes a: Manuel
Francisco Becerra Barney, Juan Guillermo Becerra Jaramillo, Carolina Becerra Jaramillo y Manuel Camilo Becerra Jaramillo.
12
Obra a folios 287-326, archivo 01.CUADERNO 1, del certificado 3EEC74E640378A94 11D7F8C80DC650EB
C38036E2162BD585 FDCE8A12DDA08835, expediente digital de tutela de primera instancia (11001031500020230440600),
índice 20.

3
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01
Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

1.1.6. El 28 de febrero de 2013 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó
las pretensiones de la demanda13 al considerar que, a pesar de que el actor fue
condenado por los denominados “jueces sin rostro”, esta medida fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en las sentencias C-053 de 1993 y C-093 de
1993, con lo cual, la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU
de brindar una compensación adecuada a la víctima directa, no demostraba un error
judicial o un funcionamiento defectuoso de la administración de justicia.

1.1.7. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante14. La alzada fue
resuelta por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que, a través
de la sentencia del 28 de febrero de 202315, confirmó la providencia recurrida, al
advertir que no se acreditó el daño antijurídico que diera lugar a declarar la
responsabilidad de las entidades demandadas.

En concreto explicó que la ausencia de audiencia pública y la reserva de identidad
de los testigos fueron medidas previstas por el Código de Procedimiento Penal
vigente para la época de los hechos, las que incluso, por un espacio prolongado,
fueron mantenidas en el ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La parte accionante consideró que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido
proceso y a la dignidad humana, al entender que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución. En concreto propuso los argumentos que se
exponen a continuación.

Se desconoció el sentido estricto del bloque de constitucionalidad. Explicó que la
justicia sin rostro desconoce flagrantemente el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el que fue incorporado en el orden interno
por medio de la Ley 74 de 1968 e ingresó al bloque de constitucionalidad con el
artículo 93 superior.

13
Obra a folios 2-26, archivo 02.CUADERNO 2, del certificado 3EEC74E640378A94 11D7F8C80DC650EB
C38036E2162BD585 FDCE8A12DDA08835, expediente digital de tutela de primera instancia (11001031500020230440600),
índice 20.
14
Folios 28-39, Ibídem.
15
Obra en el certificado 4550DE1060881885 7221FCC60EBCFB79 67E9FEA4FEF8C9DF 877D09B738A33230, índice 45,
expediente ordinario de reparación directa (rad. 76001233100020080052901).

4
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Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Se desconoció la figura del control de convencionalidad. La Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció la aplicación de una norma
fundamental que hace parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH). Agregó que la justicia sin rostro no fue sometida al control de
convencionalidad, por lo que, en materia de responsabilidad del Estado, se debió
aplicar dicho control retrospectivamente, en garantía de la prevalencia de los
derechos humanos y en virtud del principio de interpretación conforme.

Desconocimiento del precedente judicial. Afirmó que la autoridad judicial accionada
dejó de aplicar la doctrina constitucional del bloque de constitucionalidad y
convencionalidad que hace parte del precedente judicial reconocido por la Corte
Constitucional, así como por el Consejo de Estado.

Violación directa de la Constitución. Advirtió que la providencia atacada vulneró los
artículos 1, 2, 5, 9, 13, 90, 93 y 94 de la Constitución Política; el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 2, 8 y 10 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Declárese la nulidad de la sentencia de segunda instancia, proferida el 28 de febrero de 2023
por la Subsección B - Sección Tercera - de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado; consejero ponente: Alberto Montaña Plata, dentro del proceso de reparación directa
(Decreto 01 de 1984), promovido por el Sr. Manuel Francisco Becerra Barney, en contra de la
Nación – Fiscalía General Nación y otros, radicación No. 76001-23-31-000-2008-00529-01
(50.456), por motivo de haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordénese a la Subsección B - Sección Tercera - de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir sentencia de reemplazo en donde
se reconozca la responsabilidad administrativa del Estado por motivo de la privación injusta de
la libertad de que fue víctima el Sr. Becerra Barney, tras haber sido sometido a la denominada
“justicia sin rostro”, con abierta vulneración a las garantías judiciales reconocidas en el bloque
de constitucionalidad y en aplicación directa del control de convencionalidad.

3. Tómense las demás medidas que la Honorable corporación considere pertinentes para
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.”16.

16
Obra en folios 15-16 del certificado 95CB87BF3995A9E2 FB85E9C7FFFDE2AC DAF542D29C208D4A
820EBA217EA07B35, índice 2, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).

5
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 25 de agosto de 202317 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en calidad de
demandado y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Nación – Rama
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Manuel Camilo Becerra
Jaramillo y Elver Arango Correa, en calidad de terceros con interés. También a los
demás participantes.

2.1. Contestaciones

2.1.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B18 manifestó que la
providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación directa contienen
los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la decisión
que en derecho corresponda.

2.1.2. La Fiscalía General de la Nación19 argumentó que la tutela resulta
improcedente por cuanto (i) el apoderado de los accionantes no justificó por qué el
recurso extraordinario de revisión no era idóneo para amparar sus derechos
fundamentales; (ii) la parte actora no logró identificar el tipo de error en el que
presuntamente incurrió la providencia controvertida; y (iii) a partir de lo anterior
concluyó que no hay afectación a los derechos fundamentales.

3. Fallo de tutela de primera instancia

El 2 de noviembre de 202320 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia del amparo al pretenderse reabrir un debate clausurado sin contar
con una carga argumentativa que permita realizar un pronunciamiento de fondo.
Explicó que la acción de tutela se tomó como una instancia adicional para procurar
una decisión favorable a las pretensiones de la demanda de reparación directa, pero
no evidencia un real escenario de vulneración de derechos fundamentales.

17
Obra en el certificado 4CA6CA1F9366B76F EF9AEAD2E051FDBB 8ACFD851C05D3537 83A8613948C1DC19, índice 5,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
18
Obra en el certificado 0C92616B29E3DB3A ADC5986AEE19A93C 9F76E3FB8E7055FF 54006F91785A4C54, índice 10,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
19
Obra en el certificado F1AF74CCD936B0FB 4431F2307D2B9CFE 0E0250AE50F12979 C3BDBD49C78A6B7F, índice 15,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
20
Obra en el certificado 635F1F0E62614489 A2B1A39CFF9BE3C9 A7DBC5BA7BFA2F47 A62C4F336037C67D, índice 25,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

En relación con el cargo por desconocimiento del precedente judicial, señaló que el
actor enlistó más de 20 sentencias de la Corte Constitucional y 29 del Consejo de
Estado, sin embargo, no cumplió con el deber de exponer la identidad jurídica y
fáctica entre el caso particular y aquellas providencias.

En atención a lo expuesto, no encontró una afectación de las garantías
fundamentales de la parte actora, de conformidad con la providencia reprochada.

4. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera instancia,
la parte accionante presentó escrito de impugnación21, en el que afirmó que la
acción de tutela incoada no constituye una instancia adicional que haga
improcedente este mecanismo de protección debido a que, la no aplicación de la
figura de convencionalidad en un proceso de reparación directa, en donde hay una
evidente tensión entre normas de derechos humanos y el derecho interno, es una
afrenta al derecho de igualdad y acceso a la justicia del accionante, máxime cuando
el precedente del Consejo de Estado ha sido vehemente en orientar la aplicación
oficiosa de dicha figura.

Agregó que el debate se centra en que actualmente la “justicia sin rostro” es
inconstitucional, por cuanto ha habido una “modificación al referente o parámetro de
control”, sobre la base del bloque de constitucionalidad y la aplicación del control de
convencionalidad.

Explicó que este asunto es relevante porque pone en evidencia que el control de
convencionalidad debe ser aplicado de manera oficiosa por los operadores jurídicos
y que, el hecho de existir un análisis previo de constitucionalidad, no nubla la
posibilidad de una nueva revisión cuando exista una modificación al parámetro de
control.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 23 de noviembre de 202322 el a quo concedió la impugnación.

21
Obra en el certificado 83C8EC4E850611E3 25A888D6EE66D8DD DD438BC427434232 F47A12A43672B134, índice 30,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).
22
Obra en el certificado 2FE8CF3761C84362 4172A4EA421AB214 005DFF0B813BD4B1 5B539F6477F93E45, índice 33,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230440600).

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 2 de noviembre de 2023 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

3.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”23.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber24: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

23
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
24
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202225,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
dentro del proceso de reparación directa de radicado 76001-23-31-000-2008-
00529-01, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se
explicará.

3.3. Manuel Francisco Becerra Barney alegó, en esencia, que (i) la implementación
de la denominada justicia sin rostro viola las obligaciones internacionales sobre
protección de derechos humanos ratificadas por el Estado colombiano, las cuales
se introducen al ordenamiento constitucional en virtud del artículo 93 de la Carta
Política; (ii) el dictamen del Comité Internacional de Derechos Humanos en el caso
del señor Becerra Barney acredita el daño antijurídico por error judicial y justifica la
decisión de condena; y (iii) los jueces de instancia debieron aplicar el control de
constitucionalidad y de convencionalidad para determinar la antijuridicidad del daño
consistente en la privación injusta de su libertad.

3.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la providencia del 28 de
febrero de 2023 dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado, se dilucidan las siguientes consideraciones:

“38. Como puede observarse, el proceso penal adelantado en contra de Manuel Francisco
Becerra finalizó con sentencia condenatoria, la cual se encuentra en firme y fue expedida de
acuerdo con la normativa vigente para la época de los hechos. En efecto, la Sala encuentra que,
las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de dicha actuación no tienen el

25
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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nombre, ni la firma de los funcionarios que las profirieron, lo que demuestra que se expidieron
en el marco de la extinta justicia regional, también llamada justicia sin rostro.

39. De acuerdo con el artículo 158 del Decreto 2700 de 1991, ‘en los delitos de competencia de
los jueces regionales, los servidores públicos distintos del fiscal que [intervenían] en la actuación
[podían] ocultar su identidad conforme lo establezca el reglamento, cuando [existieran] graves
peligros contra su integridad personal’. Lo mismo sucedía con los testigos, quienes, de acuerdo
con el artículo 293, mantenían reserva de identidad cuando las circunstancias lo aconsejaran.
Por otra parte, dicha normativa disponía un trámite especial para el juzgamiento, en el que, una
vez vencido el período probatorio, se corría traslado a las partes para que alegaran de conclusión
y luego el juez dictaba sentencia.

40. Esas disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-053 de 1993, en el entendido que, ‘el sentido y propósitos de estas normas únicamente pueden
comprenderse a cabalidad si se tienen en cuenta las graves circunstancias de orden público en
medio de las cuales han sido expedidas (…) no cabe duda a esta Corte en el sentido de que
reglas como las de protección de la identidad de los servidores públicos que intervienen ante los
jueces regionales o de los testigos que declaran dentro de esos procesos adquieren el carácter
de indispensables para asegurar que los delitos van a ser investigados y castigados en bien de
la comunidad’.

41. Posteriormente, con la Ley 504 de 1999 se mantuvo, entre otras disposiciones, la figura del
testimonio reservado en el ordenamiento jurídico, cuya constitucionalidad fue revisada por la
Corte Constitucional, en la Sentencia C-392 de 2000. La Corte declaró la inexequibilidad del
artículo 17 de dicha normativa, que permitía la reserva de la identidad del testigo, en los procesos
de conocimiento de la justicia especializada. Sin embargo, el artículo 42 transitorio de la misma
ley, que fue declarado exequible casi en su totalidad, preveía que ‘[e]n los procesos en los que
se hubieren recibido testimonios con reserva de identidad, se mantendrá la reserva sobre la
identidad del testigo y estas pruebas se someterán a los principios generales de valoración
probatoria establecidas en el Código de Procedimiento Penal’.

42. Es decir, aun cuando la Corte advirtió que la reserva de identidad violaba el debido proceso,
porque ‘las condiciones personales del testigo como órgano de la prueba, pueden ser también
materia de debate en el ejercicio del derecho de contradicción’, dejó vigente una norma que
disponía que los testimonios así practicados continuarían siendo reservados, pero que se
valorarían de acuerdo con los principios generales del derecho probatorio.

43. Así las cosas, la Subsección advierte que no se configuró un daño antijurídico que dé lugar
a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, toda vez que, la ausencia de
audiencia pública y la reserva de identidad de los testigos fueron medidas previstas por el Código
de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, que, incluso, por un espacio
prolongado de tiempo, fueron mantenidas en el ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional.

44. Además, si bien se cuenta con el dictamen del Comité de Derechos Humanos, lo cierto es
que, para el cumplimiento de lo ordenado, se adelantó el trámite pertinente dispuesto en la Ley
288 de 1996, según el cual, para la indemnización de perjuicios por disposición de órganos
internacionales de derechos humanos, debe existir concepto previo favorable del Comité del
Gobierno Nacional conformado por los Ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y de
Defensa, concepto que fue resuelto desfavorablemente en este caso.

45. De hecho, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ‘si bien el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano de protección de tales derechos que
hace parte del Sistema Universal de Derechos Humanos y tiene entre sus funciones pronunciarse
sobre las quejas individuales, amén de proferir dictámenes a fin de que los Estados Partes
adopten medidas orientadas a asegurar la salvaguarda efectiva de los referidos derechos en el
ámbito de su legislación interna y sus normas constitucionales, es palmario que esos dictámenes
no tienen la virtud de solucionar con carácter vinculante y definitivo las violaciones denunciadas
por los quejosos, de manera que no corresponden a una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo
incumplimiento derive responsabilidad del Estado’.

46. Así, la Sala observa que el proceso penal adelantado en contra de Manuel Francisco Becerra
finalizó con sentencia condenatoria, la cual se encuentra en firme. Si bien el Comité de Derechos
Humanos concluyó que debía otorgársele un ‘recurso efectivo y una compensación adecuada’
por la vulneración del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cierto
es que no dejó sin efectos la sentencia proferida en contra del demandante. Lo anterior, toda vez
que, se insiste, ‘se trata de un organismo que no tiene naturaleza jurisdiccional y que

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01
Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

básicamente pretende vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados al
suscribir el tratado y difundir la interpretación de los derechos protegidos por él’.

47. Por lo que, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no basta, por sí solo,
para tener por acreditado el daño alegado. El demandante debió señalar de qué manera se
afectaron sus derechos de defensa y contradicción, cuáles testimonios no se pudieron valorar y
por qué ello incidió en los resultados del proceso penal, habida cuenta de que, en todo caso, las
demás pruebas que sirvieron de fundamento para proferir la sentencia condenatoria pudieron ser
controvertidas.

48. En consecuencia, como no se probó la existencia de un daño antijurídico que diera lugar a
declarar la responsabilidad del Estado, y el proceso penal finalizó con sentencia condenatoria,
en firme, la actuación adelantada en contra de Manuel Francisco Becerra Barney y la
consecuente privación de su libertad, se trataron de una carga que estaba en la obligación
jurídica de soportar, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.”26.

3.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el asunto
ordinario y resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada,
con el objetivo de obtener un reconocimiento económico.

Se advierte que en sede ordinaria el Consejo de Estado explicó que: (i) la imposición
de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, así como las posteriores
sentencias condenatorias estuvieron amparadas en el marco jurídico vigente y
aplicable para el momento en que se surtió el proceso penal; (ii) para cumplir lo
ordenado por el Comité de Derechos Humanos se adelantó el trámite pertinente
dispuesto en la Ley 288 de 1996, según el cual, para reconocer la indemnización
debe existir concepto previo favorable del Gobierno Nacional, el que fue resuelto
desfavorablemente; (iii) los dictámenes del Comité no tienen la virtud de solucionar
con carácter vinculante y definitivo las violaciones denunciadas por los quejosos, de
manera que no corresponden a una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo
incumplimiento derive responsabilidad del Estado; (iv) el Comité no dejó sin efectos
la sentencia proferida en contra del demandante, toda vez que se trata de un
organismo que no tiene naturaleza jurisdiccional y que básicamente pretende vigilar
el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados; y (v) el demandante
debió señalar de qué manera se afectaron sus derechos de defensa y contradicción,
cuáles testimonios no se pudieron valorar y por qué ello incidió en los resultados del
proceso penal.

A partir de las referidas consideraciones, se advierte que través del escrito de tutela
y el recurso de impugnación la parte actora no presenta argumentos con relevancia

26
Folios 9-12, del certificado 4550DE1060881885 7221FCC60EBCFB79 67E9FEA4FEF8C9DF 877D09B738A33230, índice
45, expediente ordinario de reparación directa (rad. 76001233100020080052901).

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01
Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

constitucional que permitan entrar al análisis de fondo del presente asunto, más allá
de su inconformidad con la decisión adoptada por el juez ordinario.

3.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario,
con el fin de que prevalezca la interpretación de la parte tutelante sobre la acogida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, así, el asunto sale de la competencia
del juez constitucional.

3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada27, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario28.

4. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 2 de noviembre de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones referidas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

27
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
28
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04406-01
Accionante: Manuel Francisco Becerra Barney
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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