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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2008-00529-01

Fecha
28 de febrero de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2008-00529-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2008-00529-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad - Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Síntesis del caso: El demandante principal fue privado de la libertad con ocasión del
proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de
enriquecimiento ilícito de particulares. Dicha actuación finalizó con sentencia condenatoria
en su contra

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 28 de febrero de 2013
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 11 de julio de 2008, Manuel Francisco Becerra Barney, con su grupo
familiar, presentó demanda2, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama

1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación
de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
2 Mediante Auto de 19 de septiembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca admitió la adición de

demanda presentada por la parte actora, mediante la cual allegó nuevas pruebas. Folio 368 del cuaderno No. 1
del tribunal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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Judicial, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión
del proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión
del delito de enriquecimiento ilícito de particulares3.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión, que se reiteró
respecto de cada uno de los perjuicios solicitados (se trascribe):

“ 3.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial -
Administración Judicial, son administrativamente responsables de las
acciones y omisiones que ocasionaron perjuicios materiales al señor MANUEL
FRANCISCO BECERRA BARNEY, como consecuencia de la violación del
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no
habérsele realizado una audiencia oral, en la que se le permitiera
comparecer en persona o por medio de su representante legal y donde
pudiera presentar las pruebas que estime pertinentes e interrogar a los
testigos, errores judiciales que ocasionara una sentencia de prisión de siete (7)
años, multa de trescientos (300) millones de pesos y una pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas de siete (7) años, contados a
partir de cuando cumplió la privación de la libertad, penas estas que fueron
cumplidas por la parte demandante”4.

3. Por lo anterior, solicitaron que se condenara a la parte demandada a
pagar los siguientes montos:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Manuel Francisco Becerra
Víctima directa 2.000 SMLMV5
Barney
Juan Guillermo Becerra 2.000 SMLMV
Perjuicios Hijo
Jaramillo
morales
Carolina Becerra Jaramillo Hija 2.000 SMLMV
Manuel Camilo Becerra 2.000 SMLMV
Hijo
Jaramillo
Manuel Francisco Becerra
Víctima directa
Barney 600 SMLMV
Juan Guillermo Becerra
Daño a la vida Hijo 200 SMLMV
Jaramillo
de relación
Carolina Becerra Jaramillo Hija 200 SMLMV
Manuel Camilo Becerra
Hijo 200 SMLMV
Jaramillo

Lucro cesante:
$2.178.862.521,9
Perjuicios Manuel Francisco Becerra
Víctima directa
materiales Barney
Daño emergente:
$265.000.000

4. Finalmente, pidieron que se diera cumplimiento a lo previsto por los
artículos 176 y siguientes del C.C.A.

3 Folios 279 al 318 del cuaderno No. 1 del tribunal.
4 Folio 283 del cuaderno No. 1 del tribunal. Además, en el hecho No. 5.6 de la demanda se indicó que, en el fallo
de segunda instancia del proceso penal se aumentó “la pena de 70 meses a 7 años (84 meses) a pesar de ser
apelante único, violentando de manera clara y categórica el principio de la reformatio empejus (…)”.
5 La expresión “SMLMV” se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 31 de enero de 1996, la Fiscalía regional de Bogotá ordenó la
captura con fines de indagatoria de Manuel Francisco Becerra Barney,
quien se había desempeñado, entre otros, como Contralor de la República,
por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

7. 2) El 12 de febrero de 1996 se resolvió su situación jurídica, con medida
de aseguramiento de detención preventiva.

8. 3) El 22 de agosto de 1997, el Juzgado regional de Cali profirió
sentencia condenatoria, que le impuso la pena principal de 70 meses de
prisión. En contra de esa decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación.

9. 4) El 24 de julio de 1998, la Sala de decisión del Tribunal Nacional
modificó el fallo de primera instancia y aumentó la penal principal de 70
meses a 7 de años de prisión. Además, incrementó el tiempo de la pena
accesoria.

10. 5) El 2 de octubre de 2001, la Corte Suprema de Justicia resolvió no
casar la sentencia de segunda instancia.

11. 6) El 30 de mayo de 2002, el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante fallo de tutela, amparó el derecho fundamental al debido
proceso del aquí demandante por la vulneración del principio de non
reformatio in pejus, debido a que se aumentó la pena en la sentencia de
segunda instancia, aun cuando se trataba de apelante único. En
consecuencia, declaró que, para todos los efectos legales, la pena
impuesta era la señalada en el fallo de primera instancia.

12. 7) La anterior decisión fue acatada por el Juzgado de primera
instancia, sin embargo, para ese momento, Manuel Francisco Becerra
Barney ya había cumplido la totalidad de la pena fijada en la providencia
objeto de debate.

13. 8) El 26 de julio de 2006, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
emitió dictamen en el que señaló que, en el proceso penal adelantado en
contra del demandante, el Estado Colombiano violó el artículo 14 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos porque fue “condenado en
primera y segunda instancia por tribunales compuestos por jueces sin rostro, sin las
garantías debidas de audiencia pública y contradicción, en particular, sin
permitirle estar presente y defenderse en el juicio (…), y sin posibilidad de interrogar
al testigo de cargo”.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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14. 9) En consecuencia, el comité concluyó que el Estado Colombiano
estaba obligado a proporcionarle “un recurso efectivo y una compensación
adecuada”.

15. 10) El 8 de noviembre de 2007, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca declaró improcedente la acción de cumplimiento presentada por
el aquí demandante, con el fin de hacer efectiva la orden mencionada
porque, a su juicio, el medio judicial adecuado era la reparación directa o
la nulidad y restablecimiento del derecho.

16. 11) El 18 de febrero de 2008, el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, declaró la
prescripción de la acción de cobro coactivo en el proceso iniciado en
contra Manuel Francisco Becerra, con ocasión de la multa que le había sido
impuesta en el proceso penal.

1.2. Posición de la parte demandada

17. El 12 de marzo de 2009, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito
de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas y propuso las excepciones de falta de legitimación pasiva en la
causa, indebida escogencia de la acción y caducidad 6. Lo anterior, toda
vez que el Consejo de Ministros fue quien emitió concepto desfavorable, en
relación con el dictamen proferido por el Comité de Derechos Humanos.
Además, afirmó que la acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho porque el objeto del debate era el
mencionado concepto. Finalmente, sostuvo que la demanda no fue
presentada en oportunidad, dado que la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia fue proferida el 2 de octubre de 2011 y la demanda se radicó
luego de vencido el término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral
8, del C.C.A.

18. El mismo día, la Rama Judicial presentó escrito de contestación a la
demanda, en el que también solicitó que se negaran las pretensiones de la
parte actora 7. En ese sentido, afirmó que no estaba probada la ilegalidad
de las providencias proferidas dentro del proceso penal adelantado en
contra de Manuel Francisco Becerra, toda vez que, “no [existía] acto
jurisdiccional que [afirmara] lo contrario”. Por otra parte, el demandante no
explicó cuáles fueron las omisiones o deficientes actuaciones de los
funcionarios judiciales, sino que solamente se apoyó en el dictamen del
Comité de Derechos Humanos. De hecho, dicho dictamen no era
considerado una sentencia, sino una observación o concepto que debía
aplicarse de buena fe, pero no podía considerarse obligatorio.

6 Folios 371 al 375 del cuaderno No. 1 del tribunal.
7 Folios 391 al 416 del cuaderno No. 1 del tribunal.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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19. Finalmente, formuló las excepciones de inepta demanda, culpa
exclusiva de la víctima, caducidad, cosa juzgada y falta de legitimación
pasiva en la causa, porque el llamado a responder era el Gobierno
Nacional, dado que el Comité de Ministros fue quien emitió concepto
desfavorable frente a lo dispuesto en el dictamen del Comité de Derechos
Humanos.

1.3. Sentencia de primera instancia

20. El 28 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
profirió Sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de
la demanda8. Como fundamento de la decisión señaló que estaba
probado el daño alegado, consistente en la privación de la libertad de
Manuel Francisco Becerra Barney durante 70 meses y su inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

21. También estaba acreditado que el entonces procesado fue
condenado en el marco de lo que se denominó “justicia regional o jueces sin
rostro”, no obstante, el ocultamiento de identidad de los jueces fue una
medida prevista por la ley procesal penal vigente al momento de los hechos,
declarada exequible por la Corte Constitucional y que pretendía garantizar
la integridad personal de los operadores judiciales. De manera que, el hecho
de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyera que se le
debía brindar una “compensación adecuada” a la víctima directa no
demostraba, por sí solo, un error judicial o un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.

22. Además, la ausencia de audiencia pública de juzgamiento no impidió
que el entonces procesado ejerciera su derecho de defensa porque tuvo
diferentes formas de controvertir las pruebas. Por lo tanto, el único error
consistió en la vulneración del principio de non reformatio in pejus, cuando
el Tribunal Nacional aumentó la pena siendo que el condenado era
apelante único, el cual fue corregido oportunamente por el juez de tutela.
En todo caso, si se considerara que ese es el daño alegado, la acción estaría
caducada.

1.4. Recurso de apelación

23. El 16 de diciembre de 2013, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda9. En

8 Folios 553 al 577 del cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 578 al 585 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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su escrito sostuvo que, el tribunal no tuvo en cuenta el valor que tienen en
nuestro sistema jurídico las decisiones proferidas por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, y el hecho de que el error judicial del cual se predicaba
la responsabilidad del Estado estaba determinado por una “decisión
internacional".

24. Insistió en que, el proceso judicial denominado “ justicia sin rostro” fue
contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la
Convención Americana de Derechos Humanos, porque la ausencia de
audiencia pública le vulneró al entonces procesado sus derechos de
defensa, contradicción y debido proceso. Por lo anterior, el juez estaba
obligado a ejercer el control de convencionalidad, con el fin de hacer
efectivo el contenido de esos tratados.

25. En todo caso, señaló que la privación de la libertad de Manuel
Francisco Becerra fue injusta porque el Tribunal Nacional y la Corte Suprema
de Justicia vulneraron el principio de non reformatio in pejus. Si bien el
Consejo Superior de la Judicatura dejó sin efectos el aumento de la pena,
el aquí demandante ya había estado detenido por mucho más de los 70
meses que le habían sido impuestos en la sentencia de primera instancia. Y
como decidió acudir a los organismos internacionales ante la “falta de
garantías”, debía contarse la caducidad desde ese momento.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; 2.3. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

26. Una lectura de los hechos y pretensiones de la demanda demuestra
que lo solicitado por la parte actora es la indemnización de los perjuicios
que le fueron causados por la violación de sus derechos de defensa y
contradicción, así como por la vulneración de la prohibición de reforma en
perjuicio, con ocasión del proceso penal que se adelantó en contra de
Manuel Francisco Becerra Barney, dentro del cual fue privado de la libertad.
De otro lado, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial sostienen
que no se debe declarar su responsabilidad patrimonial en este caso
porque, entre otros, no están llamadas a responder por el presunto daño
alegado.

27. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto únicamente
respecto del primer hecho alegado como generador del daño, porque
están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la
presentación de la demanda dentro del término legal. En efecto, la presunta

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Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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vulneración de los derechos de defensa y contradicción de Manuel
Francisco Becerra Barney se hicieron visibles el 11 de julio de 2006, con el
dictamen proferido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el
que se determinó que el Estado Colombiano había vulnerado el artículo 14
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el caso del entonces procesado,
razón por la cual debía proporcionarle “un recurso efectivo y una
compensación adecuada”10. En consecuencia, como la demanda se radicó
el 11 de julio de 200811, se concluye que se presentó dentro del término de
2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

28. Sin embargo, no se estudiarán las pretensiones relacionadas con el
presunto error judicial por la vulneración de la prohibición de reforma en
perjuicio, toda vez que, la decisión de tutela que dejó sin efectos el aumento
de la pena fue proferida el 30 de mayo de 200212. La Sala contabilizará el
término de caducidad desde esa fecha porque no obra en el expediente
la providencia del juzgado penal que dio cumplimiento a dicha
providencia13, y no hay ningún otro medio de prueba, ni información en el
sistema de gestión de la Rama Judicial, que permita determinar la fecha de
esa decisión.

29. En todo caso, el cumplimiento de la acción constitucional no se pudo
extender por mucho tiempo, habida cuenta de la naturaleza misma de la
acción de tutela. Además, teniendo en cuenta que, en el presente asunto,
se consolidó el término de caducidad por un tiempo considerable, toda vez
que, la demanda se radicó el 11 de julio de 2008, es decir, más de 6 años
después de proferida la decisión, se concluye que, respecto a las
pretensiones relacionadas con el presunto error judicial por la vulneración
de la prohibición de reforma en perjuicio, se radicó la demanda de manera
extemporánea. Además, en este supuesto, no resulta relevante la fecha de
expedición del dictamen del Comité de Derechos Humanos, porque el error
alegado se manifestó desde que el Consejo Seccional de la Judicatura
restableció el derecho tutelado y ajustó la tasación de la pena14.

10 Folios 228 al 231 del cuaderno No. 1 del tribunal).
11 De conformidad con el sello visible a folio 318 del cuaderno No. 1 del tribunal.
12 Folios 189 al 197 del cuaderno No. 1 del tribunal.
13 Según los hechos de la demanda, fue el juzgado de primera instancia quien dio cumplimiento a la decisión de

tutela. Además, en esa providencia de 30 de mayo de 2002 se señaló lo siguiente: “Mediante proveído del 3 de
diciembre de 2001, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria resolvió despachar favorablemente la tutela deprecada
por el actor y ordenó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que profiriera nueva sentencia
de casación en la que diera plena aplicación al principio de prohibición de la reformatio in pejus. Decisión que
fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Como se indicó, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 19 de marzo de 2002, dijo que: “… no puede
hacer aquello que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, en contra de la Constitución Política y de la Ley, quieren que haga”. (…) Así
las cosas, es nuestra obligación determinar los efectos del fallo de tutela para lograr su efectividad y restablecer
el derecho que se declaró violado. (…) En consecuencia, se deberá declarar que para todos los efectos legales,
la pena privativa de la libertad impuesta al señor MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY es la señalada en la
sentencia de primera instancia de fecha 22 de agosto de 1997 proferida por el extinto Juzgado Regional de Cali,
esto es, la de setenta (70) meses de prisión, en lugar de los ochenta y cuatro (84) meses señalados por el Tribunal
Nacional”.
14 En gracia de discusión, si se considerara que no operó la caducidad de la acción, en la demanda se indicó que,

por la vulneración de la prohibición de reforma en perjuicio, el entonces procesado cumplió un tiempo superior a
la condena finalmente impuesta, que fue de 70 meses de prisión. Sin embargo, con las pruebas que obran en el
expediente, no es posible determinar cuál fue el período de detención que efectivamente cumplió Manuel

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30. Así las cosas, la Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda porque no se acreditó
la existencia de un daño antijurídico que de lugar a declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

2.2. Análisis sustantivo

31. De las copias del proceso penal adelantado en contra de Manuel
Francisco Becerra Barney por el delito de enriquecimiento ilícito de
particulares, se advierte lo siguiente:

32. 1) El 22 de agosto de 1997, el Juzgado regional de Cali condenó al aquí
demandante a la pena principal de 70 meses de prisión, por el delito de
enriquecimiento ilícito de particulares, porque encontró probado que
recibió la suma de $300.000.000 por parte de Guillermo Pallomari González,
antiguo contador del cartel de Cali, con el propósito de invertirlos en varios
departamentos para apoyar la campaña presidencial de Ernesto Samper 15.

33. 2) El 24 de julio de 1998, el Tribunal Nacional, al resolver el recurso de
apelación interpuesto por el entonces condenado en contra de la
sentencia de primera instancia, modificó la pena impuesta y le impuso 84
meses de prisión16. Esta decisión fue confirmada el 2 de octubre de 2001 por
la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal17.

34. 3) El 3 de diciembre de 2001, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura, mediante fallo de tutela, amparó la
garantía constitucional de la prohibición de reforma en perjuicio de Manuel
Francisco Becerra, que consideró vulnerada por el Tribunal Nacional y la
Corte Suprema de Justicia, al incrementar la pena de prisión impuesta al
aquí demandante en la primera instancia, de 70 a 84 meses, y ordenó a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema que profiriera nueva
sentencia. Dicho fallo de tutela fue confirmado en segunda instancia 18.

35. 4) Como la Corte señaló que no podía dar cumplimiento a lo dispuesto
por el Consejo Superior de la Judicatura, la víctima directa promovió
incidente de desacato. El 30 de mayo de 2002, el Consejo Seccional de la
Judicatura indicó que, la única forma de “armonizar” las sentencias de
primera y segunda instancia del proceso penal era declarando que surtían
efectos jurídicos respecto de la responsabilidad penal, pero que la pena de

Francisco Becerra y que excedió del tiempo fijado como pena, porque solo está acreditado que estuvo privado
de la libertad por un período de 70 meses. En consecuencia, ni siquiera estaría probado el daño alegado.
15 Folios 2 al 91 del cuaderno No. 1 del tribunal.
16 Folios 93 al 185 del cuaderno No. 1 del tribunal.
17 Folios 198 al 227 del cuaderno No. 1 del tribunal.
18 Según los hechos señalados en la providencia proferida el 30 de mayo de 2002 por la Sala Jurisdiccional

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Folios 189 al 197 del cuaderno No. 1 del
tribunal.

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prisión a tener en cuenta era la señalada en el fallo de primera instancia, es
decir, 70 meses19.

36. 5) El 11 de julio de 2006, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
determinó lo siguiente:

“El Comité recuerda que, para satisfacer los derechos de la defensa
garantizados en el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, todo juicio penal debe
proporcionar al acusado el derecho a una audiencia oral, en la que se le
permita comparecer en persona o a través de representante legal y donde
pueda presentar las pruebas que estime pertinentes e interrogar a los testigos.
Teniendo en cuenta que el autor no tuvo tal audiencia durante los
procedimientos que culminaron en el fallo condenatorio y la imposición de la
pena, el Comité concluye que existió una violación del derecho del autor a
un juicio justo, de conformidad con el artículo 14 del Pacto. (…) el Estado
Parte está obligado a proporcionar al autor un recurso efectivo y una
compensación adecuada”20.

37. 6) Mediante Resoluciones No. 3 y 2 de 2006 y 2007, respectivamente, el
Comité de Ministros creado por la Ley 288 de 1996 emitió concepto
desfavorable respecto a lo dispuesto en el dictamen proferido por el Comité
de Derechos Humanos de la ONU 21.

38. Como puede observarse, el proceso penal adelantado en contra de
Manuel Francisco Becerra finalizó con sentencia condenatoria, la cual se
encuentra en firme y fue expedida de acuerdo con la normativa vigente
para la época de los hechos. En efecto, la Sala encuentra que, las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de dicha
actuación no tienen el nombre, ni la firma de los funcionarios que las
profirieron, lo que demuestra que se expidieron en el marco de la extinta
justicia regional, también llamada justicia sin rostro 22.

39. De acuerdo con el artículo 158 del Decreto 2700 de 1991, “ en los delitos
de competencia de los jueces regionales, los servidores públicos distintos del fiscal
que [intervenían] en la actuación [podían] ocultar su identidad conforme lo
establezca el reglamento, cuando [existieran] graves peligros contra su integridad
personal”. Lo mismo sucedía con los testigos, quienes, de acuerdo con el
artículo 293, mantenían reserva de identidad cuando las circunstancias lo

19 Folios 189 al 197 del cuaderno No. 1 del tribunal.
20 Folios 228 al 231 del cuaderno No. 1 del tribunal.
21 Folios 2 al 12 del cuaderno No. 3 del tribunal. Según el artículo 2 de la Ley 288 de 1996, “Para los efectos de la

presente Ley solamente se podrán celebrar conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios respecto de
aquellos casos de violaciones de derechos humanos en relación con los cuales se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya
respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y
se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios. // 2. Que exista concepto previo favorable
al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos humanos proferido por un Comité constituido
por: a) El Ministro del Interior; b) El Ministro de Relaciones Exteriores; c) El Ministro de Justicia y del Derecho; d) El
Ministro de Defensa Nacional.”
22 Decreto 2700 de 1991. Artículo 158. Protección de la identidad de los funcionarios. “(…) Las providencias que

dicte el Tribunal Nacional, los jueces regionales o los fiscales delegados ante estos deberán ser suscritas por ellos.
No obstante, se agregarán al expediente en copia autenticada en la que no aparecerán sus firmas.”

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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aconsejaran23. Por otra parte, dicha normativa disponía un trámite especial
para el juzgamiento, en el que, una vez vencido el período probatorio, se
corría traslado a las partes para que alegaran de conclusión y luego el juez
dictaba sentencia24.

40. Esas disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-053 de 1993, en el entendido que, “el
sentido y propósitos de estas normas únicamente pueden comprenderse a
cabalidad si se tienen en cuenta las graves circunstancias de orden público en
medio de las cuales han sido expedidas (…) no cabe duda a esta Corte en el
sentido de que reglas como las de protección de la identidad de los servidores
públicos que intervienen ante los jueces regionales o de los testigos que declaran
dentro de esos procesos adquieren el carácter de indispensables para asegurar
que los delitos van a ser investigados y castigados en bien de la comunidad”.

41. Posteriormente, con la Ley 504 de 1999 se mantuvo, entre otras
disposiciones, la figura del testimonio reservado en el ordenamiento jurídico,
cuya constitucionalidad fue revisada por la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-392 de 2000. La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 17
de dicha normativa, que permitía la reserva de la identidad del testigo, en
los procesos de conocimiento de la justicia especializada. Sin embargo, el
artículo 42 transitorio de la misma ley, que fue declarado exequible casi en
su totalidad, preveía que “[e]n los procesos en los que se hubieren recibido
testimonios con reserva de identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad
del testigo y estas pruebas se someterán a los principios generales de valoración
probatoria establecidas en el Código de Procedimiento Penal”.

42. Es decir, aun cuando la Corte advirtió que la reserva de identidad
violaba el debido proceso, porque “las condiciones personales del testigo
como órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio
del derecho de contradicción”, dejó vigente una norma que disponía que los
testimonios así practicados continuarían siendo reservados, pero que se
valorarían de acuerdo con los principios generales del derecho probatorio.

43. Así las cosas, la Subsección advierte que no se configuró un daño
antijurídico que de lugar a declarar la responsabilidad de las entidades

23 Decreto 2700 de 1991. Artículo 293. Reserva de la identidad del testigo. “Cuando se trate de procesos del
conocimiento de los jueces regionales y las circunstancias lo aconsejen, para seguridad de los testigos se autorizará
que estos coloquen la huella digital en su declaración en lugar de su firma. En estos casos el Ministerio Público
certificará que dicha huella corresponde a la persona que declaró. En el texto del acta se omitirá la referencia al
nombre de la persona y se hará formar parte del expediente con la constancia sobre el levantamiento de su
identificación y su destino. En acta separada se señalará la identidad del declarante incluyendo todos los
elementos que pueden servir al juez o al fiscal para valorar la credibilidad del testimonio, y en la cual se colocará
la huella digital del exponente con su firma y la del agente del Ministerio Público. Excepcionalmente la reserva
podrá extenderse a apartes de la declaración que permitieran la identificación del testigo, para gar antizar su
protección, con autorización del fiscal”.
24 Decreto 2700 de 1991. Articulo 457. Trámite especial para juzgamiento de delitos de competencia de los jueces

regionales. “Vencido el término de traslado para preparación de la audiencia, el juez dentro de los tres días
siguientes decretará las pruebas que hayan sido solicitadas y las que considere necesarias para el esclarecimiento
de los hechos. Las pruebas se practicarán en un término que no podrá exceder de veinte días hábiles. Vencido el
término probatorio mediante auto de sustanciación que debe notificarse, el proceso se dejará en secretaría a
disposición de los sujetos procesales por el término de ocho días, para que presenten sus alegatos de
conclusión. Dentro de los diez días hábiles siguientes el juez dictará sentencia (…)”.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
Actor: Manuel Francisco Becerra Barney y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma sentencia apelada
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demandadas, toda vez que, la ausencia de audiencia pública y la reserva
de identidad de los testigos fueron medidas previstas por el Código de
Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, que, incluso, por
un espacio prolongado de tiempo, fueron mantenidas en el ordenamiento
jurídico por la Corte Constitucional.

44. Además, si bien se cuenta con el dictamen del Comité de Derechos
Humanos, lo cierto es que, para el cumplimiento de lo ordenado, se
adelantó el trámite pertinente dispuesto en la Ley 288 de 1996, según el cual,
para la indemnización de perjuicios por disposición de órganos
internacionales de derechos humanos, debe existir concepto previo
favorable del Comité del Gobierno Nacional conformado por los Ministros
de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y de Defensa 25, concepto que fue
resuelto desfavorablemente en este caso.

45. De hecho, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, “si
bien el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano de
protección de tales derechos que hace parte del Sistema Universal de Derechos
Humanos y tiene entre sus funciones pronunciarse sobre las quejas individuales,
amén de proferir dictámenes a fin de que los Estados Partes adopten medidas
orientadas a asegurar la salvaguarda efectiva de los referidos derechos en el
ámbito de su legislación interna y sus normas constitucionales, es palmario que esos
dictámenes no tienen la virtud de solucionar con carácter vinculante y definitivo
las violaciones denunciadas por los quejosos, de manera que no corresponden a
una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento derive responsabilidad
del Estado”26.

46. Así, la Sala observa que el proceso penal adelantado en contra de
Manuel Francisco Becerra finalizó con sentencia condenatoria, la cual se
encuentra en firme. Si bien el Comité de Derechos Humanos concluyó que
debía otorgársele un “recurso efectivo y una compensación adecuada” por la
vulneración del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, lo cierto es que no dejó sin efectos la sentencia proferida en contra
del demandante. Lo anterior, toda vez que, se insiste, “se trata de un
organismo que no tiene naturaleza jurisdiccional y que básicamente pretende
vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados al suscribir el
tratado y difundir la interpretación de los derechos protegidos por él”27.

25 Ley 288 de 1996. Artículo 2. “Para los efectos de la presente Ley solamente se podrán celebrar conciliaciones o
incidentes de liquidación de perjuicios respecto de aquellos casos de violaciones de derechos humanos en
relación con los cuales se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya
respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y
se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios.
2. Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos
humanos proferido por un Comité constituido por:
a) El Ministro del Interior;
b) El Ministro de Relaciones Exteriores;
c) El Ministro de Justicia y del Derecho;
d) El Ministro de Defensa Nacional”.
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 14 de agosto de 2012, expediente No. 33925.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-385 de 2005.

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Radicación: 76001-23-31-000-2008-00529-01 (50.456)
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
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Decisión: Confirma sentencia apelada
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47. Por lo que, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU
no basta, por sí solo, para tener por acreditado el daño alegado. El
demandante debió señalar de qué manera se afectaron sus derechos de
defensa y contradicción, cuáles testimonios no se pudieron valorar y por qué
ello incidió en los resultados del proceso penal, habida cuenta de que, en
todo caso, las demás pruebas que sirvieron de fundamento para proferir la
sentencia condenatoria pudieron ser controvertidas.

48. En consecuencia, como no se probó la existencia de un daño
antijurídico que diera lugar a declarar la responsabilidad del Estado, y el
proceso penal finalizó con sentencia condenatoria, en firme, la actuación
adelantada en contra de Manuel Francisco Becerra Barney y la
consecuente privación de su libertad, se trataron de una carga que estaba
en la obligación jurídica de soportar, razón por la cual se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Costas

49. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta
providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Decisión: Confirma sentencia apelada
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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