Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04537-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04537-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04537-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
15 de febrero de 2024
Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04537-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04537-01
Demandante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTROS
Temas: Tutela por presunta moral judicial y vulneración del derecho
de acceso a la administración de justicia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de impugnación presentado por la parte
actora contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, en ese fallo se declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La sociedad Canteras de Florencia Ltda., a través de su representante legal
interpuso acción de tutela contra la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Presidencia del Consejo de Estado y el Presidente de
la República al considerar que vulneraron sus derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, por existencia de mora judicial y «ante
la ineficacia, ineficiencia e inoperancia de la justicia».
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia:
Se ORDENE al Honorable Consejo Superior de la Judicatura que tome las
medidas necesarias por medio de acuerdos expedidos por esta entidad con base
en sus funciones constitucionales y legales para que la justicia colombiana
pueda salir de la alta congestión judicial, del alto volumen de trabajo y del
incumplimiento de los términos establecidos en el CPACA lo que ha generado
desde hace más de dos décadas dificultades en el acceso a la pronta y oportuna
administración de justicia, donde la eficacia, eficiencia, justa, pronta y oportuna
administración de justicia no se puede alcanzar en lo ancho y largo del país
donde quiera que existe un despacho judicial, que el consejo superior de la
judicatura no continúe esperando que el ejecutivo adicione los billones de pesos
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otros
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que ellos creen que son necesarios para solucionar esta crisis de la justicia,
exploren, implemente y apliquen otros mecanismos para solucionar las
dificultades en el acceso a la administración de justicia por la alta carga laboral
o cumulo de procesos existentes.
Se ORDENE a la Comisión de Disciplina Judicial que se encargue de vigilar
todos los despachos judiciales incluidas las altas cortes, en los cuales cursan
procesos a nivel nacional y dentro de los mismos se han incumplido con los
términos establecidos en el CPACA generando un difícil acceso a la
administración de justicia, que se encargue también de vigilar que el Consejo
Superior de la Judicatura tome las acciones y decisiones necesarias para
superar la alta congestión judicial, el alto volumen de trabajo y el incumplimiento
de los términos establecidos en el CPACA lo que ha generado desde hace más
de unas décadas dificultades en el acceso a la pronta y oportuna administración
de justicia en todo el país.
Se ORDENE, al Jefe de estado presidente de la Republica Dr. Gustavo Petro
Urrego se estudie la posibilidad de declarar una emergencia en la justicia
colombiana y se proceda a diseñar un plan estratégico dentro del consejo de
ministros para que se pueda cumplir con los términos establecidos para dictar
sentencia lo más pronto posible, por haberse vulnerado los términos del artículo
181 del CPACA en muchos de los procesos judiciales que cursan en las
diferentes entidades los cuales hasta el día de hoy están generando una
dificultad para el acceso a la administración de justicia de todas las personas
naturales o jurídicas que acuden a estas entidades en busca de acceso a la
justicia, se busque la manera de destinar los dineros necesarios para solucionar
la crisis que atraviesa la justicia colombiana desde hace más de dos décadas,
implementado las medidas necesarias para superar la crisis existente la cual
genera una mora judicial injustificada y una impunidad en muchas áreas de la
justicia de país.
Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN “C” MAGISTRADO Dr. FERNANDO IREGUI
CAMELO se pronuncie sobre la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento de derechos con radicado No 25000233600020230022900.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará en la presente sentencia1:
La sociedad actora inició una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de Minería, con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución 000977 del 27 de mayo de 2015 a través de la
cual se rechazó y archivó la solicitud de minería tradicional NJN - 15181 y la
Resolución 002276 del 25 de septiembre de 2015, en la que se resolvió el recurso
de reposición contra la primera decisión.
La demanda se presentó el 17 de junio de 2016, bajo el radicado 11001-03-26-
000-2016-00096-00 y su conocimiento correspondió por reparto al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, proceso que surtió las etapas procesales
pertinentes e ingresó para proferir fallo el 11 de noviembre de 2023.
1
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente digital que reposa en SAMAI.
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De otra parte, la compañía actora, el 2 de mayo del 2023 inició otro medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de
Minería, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 210-4087 del 3 de
septiembre del 2021 «Por medio de la cual se rechaza y se archiva la propuesta de
contrato de concesión No. RJ4- 16271» y la Resolución 210-4990 del 9 de mayo de
2022, que resolvió su reposición.
El expediente se identificó con el radicado 25000-23-36-000-2023-00229-00 y le
fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C. A través de auto del 25 de septiembre de 2023, la demanda fue
admitida por el magistrado sustanciador.
El apoderado de la Sociedad Canteras de Florencia Ltda. ha presentado varias
solicitudes de impulso procesal al interior de los dos medios de control, que han
sido atendidas por los despachos sustanciadores2.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró que la administración de justicia dada su tardanza
en resolver las demandas que ha presentado vulneró los derechos fundamentales
que invocó y perjudicó su desempeño empresarial, en la medida que no ha podido
ejercer la explotación de minerales. Manifestó que han pasado más de 7 años
entre que se inició la primera de las demandas y la fecha de presentación de esta
acción de tutela sin que se profiera fallo de única instancia, lo que evidencia un
quebrantamiento de las normas que rigen los procesos en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Además, arguyó que para lograr que el proceso llegara a la etapa de fallo ha
debido presentar diversos escritos de impulso procesal. Ahora, en lo que atañe al
segundo de los procesos que inició contra la Agencia Nacional de Minería, destacó
que pese a que ha radicado memoriales requiriendo que se resuelva sobre su
admisión, a la fecha de presentación de esta acción han transcurrido más de 3
meses sin que se haya proferido un pronunciamiento al respecto.
Afirmó, en términos generales, que los trámites que han seguido sus demandas
no cumplen con la oportunidad que señala la normativa nacional, desconociendo
las leyes 270 de 1996, 1285 de 2009 y 446 de 1998, que indican que el
incumplimiento de los términos para proferir las decisiones acarrea una falta
disciplinaria susceptible de sanciones.
Destacó que no puede existir una adecuada solución a las controversias
planteadas debido a la mora en la pronta administración de justicia, al cúmulo de
expedientes que tienen la mayoría de los despachos judiciales en el país, no solo
2
Entre otras en autos del 9 de junio de 2023, en el que se le in formó que en la actualidad la
Sección Tercera esta fallando aquellos procesos que ingresaron para tal fin en el 2022, por lo que
deberá aguardar el turno correspondiente.
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
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en la Sección Tercera del Consejo de Estado sino en toda la justicia colombiana
que no atienden los términos procesales.
Adujo que incluso la propia Corte Constitucional ha permitido durante años la
demora reprochable de los jueces de la república, bajo el concepto de que el
cúmulo de trabajo que tienen es suficiente para justificar la mora judicial que vienen
aumentando año tras año y que por la aplicación del artículo 18 de la Ley 446 de
1998, se debe respetar el turno de entrada de los procesos al despacho para dictar
sentencia pero no ocurre lo mismo con los términos establecidos en la Ley 1437
de 2011 para dirimir las controversias, cuestión que es totalmente contradictoria.
En razón a lo anterior, insistió en que las autoridades accionadas deben adelantar
planes tendientes a mitigar los impactos que la tardía administración de justicia
genera para los usuarios del sistema judicial.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La magistrada ponente de primera instancia inadmitió la tutela de la referencia,
con el fin de que se indicara con la mayor claridad posible las entidades, los
hechos, las pretensiones y las razones que justificaran la presentación de la acción
de tutela.
Además, en dicha oportunidad se requirió el certificado de existencia y
representación en aras de determinar la legitimación en la causa por activa del
señor Ángelo Andrés Ucros Ospino.
En cumplimiento del requerimiento se aportaron documentos y un escrito más
claro de lo pretendido con esta acción constitucional, igualmente el certificado de
existencia y representación que daban cuenta de que el representante legal
corresponde a quien radicó el escrito de tutela.
En razón a ello, se admitió la acción constitucional y se ordenó su notificación, en
calidad de demandados a la Presidencia de la República, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
De igual manera, se ordenó la vinculación como terceros con interés del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y la Sección Primera, Subsección
A, y del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Finalmente, se dispuso la publicación del asunto en la página web del Consejo de
Estado para que quienes lo consideraran pertinente pudieran intervenir en el
asunto.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El titular del despacho informó que el 25 de noviembre de 2022 le fue asignado
por reparto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-34-006-2022-00581-00, a través del cual la sociedad Canteras de
Florencia Ltda. pretendía que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. 210-
4087 del 3 de septiembre de 2021 y 210-4990 del 9 de mayo de 2022, por medio
de las cuales se rechaza y archiva la propuesta de contrato de concesión minera
No. Rj4-16271 y se resolvió el recurso de reposición interpuesto, respectivamente.
Sin embargo, con auto del 23 de marzo de 2023, remitió el asunto por competencia
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decisión que se notificó al día
siguiente y se materializó con Oficio 097-2023J6A del 29 de marzo siguiente. En
virtud de ello, solicitó su desvinculación ya que del recuento del actor no se advierte
alguna irregularidad de su parte.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
La autoridad judicial indicó que le fue asignado el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 25000-23-41-000-2023-00441-00 el 30 de marzo de
2023. Informó que mediante auto de 20 de abril de 2023, proferido por los
integrantes de la Sala de decisión de la Subsección A de la Sección Primera de
esta Corporación, i) se declaró su falta de competencia para conocer del asunto y
ii) se ordenó remitir la demanda a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
Adujo que al cambiar de sección el número de radicado varió y se convirtió en el
medio de control de controversias contractuales 25000-23-36-000-2023-00229-00,
lo que permite concluir que el asunto asignado a su conocimiento finalizó con el
auto de 20 de abril de 2023, lo que configura su falta de legitimación en la causa
por pasiva en la tutela de la referencia.
1.6.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El magistrado conductor del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 2016-00096-00 informó que no todo tipo de dilación en la adopción de las
controversias judiciales puede ser atribuida al juez de conocimiento. Destacó que
para la Corte Constitucional la mora judicial puede darse por la sobrecarga y el
represamiento de trabajo, que impide el cumplimiento de los términos procesales,
en cuyo caso está completamente justificada y no vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
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Manifestó que para que la mora judicial sea injustificada deben reunirse varios
supuestos según la línea trazada por la jurisprudencia constitucional, a saber: «(i)
si es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo
es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».
Refirió que de los requisitos anotados el accionante solo mencionó el primero de
ellos, esto es, el desconocimiento del término establecido para proferir sentencia
de única instancia, sin realizar mayor argumentación que permitiera concluir que
existe negligencia o un actuar arbitrario por parte del juez ordinario.
Continuó su argumentación realizando un recuento de todas las actuaciones
procesales surtidas, que indican que dicha autoridad judicial ha garantizado el
debido proceso y el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
Finalmente, destacó que la parte accionante ha presentado otras acciones de
tutela, con hechos y pretensiones similares a la presente, por medio de las cuales
ha pretendido dar impulso al proceso, bajo el argumento de que se ha incurrido en
mora judicial injustificada. Manifestó que tales procesos cursan en esta
Corporación, bajos los siguientes radicados: (i) 11001-03-15-000-2021-02233-
00/01, (ii) 11001- 03-15-000-2022-03698-00/01, (iii) 11001-03-15-000-2022-
06167-00/01, (iv) 11001-0315-000-2023-01312-00, (v) 11001-03-15-000-2023-
02025-00/01, y (vi) 11001-03-15-000-2023-02986-00/01.
1.6.4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
A través de su delegada para asuntos jurídicos solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, debido a que las pretensiones elevadas consisten en que se den
órdenes al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, aspecto que no le compete en aplicación de la separación de
poderes de las ramas del Estado.
Igualmente, afirmó que ocurre lo mismo respecto de las solicitudes dirigidas a la
Sala de Disciplina Judicial quien en el marco de su autonomía no recibe
instrucciones de la presidencia, en razón a ello, requirió su desvinculación del
trámite de la referencia.
De otra parte, arguyó que se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, debido a que «la Rama Ejecutiva ya asignó un presupuesto propio a favor
del funcionamiento autónomo de la Rama Judicial, por ende, resulta inocuo establecer
una falta de recursos en la actualidad para afrontar los diferentes procesos judiciales tal y
como establece el accionante».
Afirmó que la Ley 2299 del 10 de julio de 2023, titulada «Por La Cual Se Adiciona Y
Efectúan Unas Modificaciones Al Presupuesto General De La Nación De La Vigencia
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Fiscal De 20233» contempló modificaciones en el presupuesto asignado a la Rama
Judicial, en su artículo 2, Sección 2701, donde se efectuó una asignación
presupuestal adicional de COP$540.000.000, lo que logra evidenciar que se ha
atendido la situación de la Rama Judicial en cuanto a recursos, lo que conlleva una
carencia de objeto, por la asignación adicional de fondos a la Rama Judicial, que
a su vez denota la preocupación y el compromiso del Gobierno para fortalecer el
sistema de justicia.
Insistió, en que en virtud de esta asignación presupuestal adicional, no existe
motivo que permita invocar la tutela respecto del DAPRE, pues se ha respondido
a la necesidad de recursos de la Rama Judicial y la adecuación presupuestaria
resalta la importancia de llevar a cabo un proceso de gestión responsable y
equitativa de los recursos públicos, en aras de garantizar el correcto
funcionamiento de las instituciones del Estado y el acceso a la justicia para todos
los ciudadanos.
1.6.5. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C
El magistrado ponente del proceso nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 25000-23-36-000-2023-00229-00, resumió las
actuaciones previas a que el proceso ingresara a su despacho judicial e indicó que
con auto del 25 de septiembre de 2023, se admitió la demanda presentada por la
sociedad accionante contra la Agencia Nacional de Minería -ANM, previa la
realización de un estudio y análisis detallado y preciso de los presupuestos
procesales indispensables para su admisión en primera instancia.
En virtud de lo anterior, se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado ya que cumplió con la admisión de la demanda conforme a los turnos
establecidos en el plan de trabajo del trimestre atendiendo al orden de ingreso al
despacho. Informó que dicha organización tiene previsto que los asuntos que
ingresan en un trimestre, deben ser resueltos en el trimestre siguiente, sin perjuicio
de los procesos y trámites que gozan de prelación por disposición legal.
Por último, se refirió a la mora judicial y su configuración para advertir que no
cualquier dilación es injustificada, como sustento transcribió in extenso apartes de
una sentencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
1.6.6. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico - UDAE
Esta dependencia advirtió que las funciones del Consejo Superior de la Judicatura
son netamente administrativas y se encuentran sujetas al marco normativo
señalado en la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y las demás que regulen
3
Se transcribe con posibles errores
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sobre la materia. Por lo tanto, no le corresponde realizar seguimiento a las
diferentes solicitudes que se presentan ante los jueces de la república ni proferir
decisiones jurisdiccionales sobre impartirle trámite de los procesos como lo
pretende el accionante, toda vez que esto corresponde de forma exclusiva al juez
director del proceso.
Por lo anterior, no es dable atribuirle alguna responsabilidad al Consejo Superior
de la Judicatura, por la presunta tardanza del Consejo de Estado, Sección Tercera
o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en impartirle trámite a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11001-03-26-000-2016-00096-
00 o 25000-23-36-000-2023-00229-00, respectivamente.
1.6.7. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
A través de su presidente manifestó que en atención a las pretensiones que la
involucran lo pretendido por la actora es evidenciar un actuar negligente del
magistrado que adelanta su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho lo
que torna la solicitud de amparo improcedente, ante la existencia de un medio
idóneo y eficaz para activar la Jurisdicción Disciplinaria, este es: la queja, en
atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007.
En el mismo sentido, informó que las demás pretensiones del actor escapan de su
competencia por lo que reiteró que si lo que pretende es interponer una queja
disciplinaria contra el magistrado Fernando Iregui Camelo, de acuerdo con la
competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial otorgada por la
Constitución Política, y el numeral 3 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, la
puede remitir mediante cualquiera de los canales dispuestos por esta Corporación,
para lo cual recordó las direcciones electrónicas.
Finalmente, informó que revisado el sistema de consulta jurídica del Sistema
Judicial Siglo XXI, no existe ningún trámite disciplinario iniciado por el señor Ucros
Ospino por lo que solicitó su desvinculación, o en su defecto, declarar la
improcedencia de la tutela.
1.6.8. Intervenciones de Canteras de Florencia Ltda.
El representante legal de la sociedad, remitió un link de acceso a la sentencia T-
945A/08 y refirió que dicha providencia se refiere a «la mora judicial injustificada o
justificada y los parámetros para que se puedan alterar los turnos para dictar
sentencia en los diferentes despachos judiciales, entre ellos el Honorable consejo
de Estado expediente Radicado No 2016-00096-00, el cual se encuentra al
despacho desde el 26 de abril de 2023 y en el cual se ha presentado el
incumplimiento de los términos judiciales para dictar sentencia los cuales están
establecidos en el Artículo 181 del CPACA los cuales no se han cumplido por parte
del magistrado ponente».
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Mediante correo electrónico adjuntó copia del escrito de prelación de fallo que
radicó ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Con memorial posterior, solicitó como pretensión adicional que se ordenara alterar
los turnos para dictar sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 2016-00096-00.
1.7. Fallo impugnado4
La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda. al encontrar que las
pretensiones escapan de la órbita de competencia del juez constitucional.
En primera medida, se pronunció sobre las solicitudes de desvinculación
presentadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura,
en el sentido de negarlas, debido a que la vulneración alegada por la sociedad
demandante se fundamenta en la competencia de estas por la acción u omisión
en el marco de sus funciones con el fin de superar los problemas estructurales de
mora judicial que padece la Rama Judicial.
De igual forma, negó las peticiones sobre falta de legitimación en la causa del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, quienes
fueron vinculadas al trámite constitucional en calidad de terceros interesados, al
invocarse la presunta moral judicial en todo el trámite de los medios de control
iniciados por la accionante y en los que éstos participaron.
Respecto de la contestación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, en la que enlistó otras acciones de tutela que en su sentir se adelantan ante
esta Corporación incurriendo en temeridad, el fallo de primera instancia realizó un
cuadro comparativo entre las pretensiones, partes y hechos de los procesos
referidos.
Dicha estructura le permitió concluir la inexistencia de la figura por cuanto no existe
identidad de partes, ni de pretensiones, comoquiera que el presente asunto está
dirigido contra otras autoridades -Presidencia de la República, Consejo Superior
de la Judicatura y Comisión Nacional de Disciplina Judicial-, y con el propósito de
que se adopten medidas generales para conjurar la mora judicial que, afirma la
actora, es estructural en la Rama Judicial.
Al descender al caso concreto, el a quo constitucional consideró que las
pretensiones elevadas consistentes en ordenar: i) al Consejo Superior de la
Judicatura adoptar medidas para aliviar la congestión judicial por medio de
acuerdos para que la justicia pueda salir de la alta congestión judicial, ii) a la
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Índice 35 SAMAI.
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Comisión Nacional de Disciplina Judicial vigilar a los despachos judiciales incluidas
las altas cortes, en los que se haya incumplido los términos establecidos en la Ley
1437 de 2011 y iii) al presidente de la República estudiar la posibilidad de declarar
un estado de emergencia económica, social y ecológica para que se puedan
cumplir con los términos establecidos para dictar sentencia, proponen un debate
general que no tienen la entidad por si solas de quebrantar derechos
fundamentales ya que no se enmarcan en situaciones concretas y específicas que
permitan realizar un estudio detallado.
La providencia de primera instancia se refirió al escrito adicional que presentó la
parte actora en el que solicitó la alteración en los turnos para fallo, frente a la que
indicó que en el expediente no se encuentra acreditado que en el trámite del
proceso judicial se haya hecho esta solicitud, más allá de presentar memoriales
encaminados a impulsar el proceso, por lo que la acción de tutela se torna
improcedente.
Además, destacó que en auto de 9 de junio de 2023 de la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, le informó a la demandante que el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra al despacho para dictar
sentencia en concordancia con la asignación de turnos, sin que de ello se
desprenda un análisis frente a la alteración del orden para proferir las sentencias.
1.8. Impugnación
La sociedad accionante reiteró sus pretensiones dirigidas a que se adopten las
medidas que permitan eliminar la congestión judicial que se presenta en el país,
excepto las relacionadas con la Presidencia de la República, entidad respecto de
la cual indicó que, si cumplía con su deber, al aportar los recursos económicos
para el funcionamiento de la administración de justicia.
Insistió en que el Consejo Superior de la Judicatura debe tomar acciones
contundentes para que se cumplan los términos legales en la toma de decisiones
judiciales, tardanza que no es atribuible a una falla presupuestal porque la
presidencia asigna y entrega el dinero al sector justicia.
Advirtió que la acción de la referencia puede ser el punto de partida para que se
logre el efectivo cumplimiento de las leyes y demás disposiciones existentes sobre
los términos procesales con su aplicación inmediata, para que los colombianos
puedan tener una pronta solución de sus controversias y los propios jueces no
estén sobrecargados laboralmente, por lo que la llamada a que ello se concrete es
la Rama Judicial.
Luego, hizo especial énfasis en la posibilidad de alterar los turnos para que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C profiera la decisión en su
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Arguyó que «los magistrados
como que no se detuvieron a leer la sentencia T945A/08 de la honorable corte
constitucional de Colombia la cual los faculta para intervenir y ordenar que se altere el
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
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turno dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con Radicado 2016-
00096-00». Indicó que radicó una solicitud de alteración de turnos el 28 de
septiembre del 2023.
Solicitó que se practicaran las siguientes pruebas antes de dictar el fallo de
segunda instancia:
«En lo relacionado al expediente de nulidad y restablecimiento de derechos en
el Consejo de Estado Radicado No 2016-00096-00, CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, se soliciten
"i) Estadística de los procesos que allí se ventilan ... con especial referencia
separada a los que hayan sido objeto de solicitud de prelación de fallo, con
información de su razón, fecha de solicitud, respuesta dada al peticionario y
fecha de la misma, y datos generales de cada expediente (número y fecha de
radicación, partes, acción impetrada, magistrado ponente).
ii) Estadística de todos los procesos durante el año 2022 y primero, segundo y
tercer trimestre de 2023, que fueron modificados en su orden de entrada en
atención a la naturaleza del asunto o a solicitud del agente del Ministerio Público
por su importancia jurídica y trascendencia social, conforme a lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 446 de 1998, con información de fechas de radicación,
modificación, decisión tomada y datos generales de cada expediente.
iii) Estadística de todos los procesos, en su orden de entrada, que actualmente
se encuentran en trámite procesal de instancia previo a fecha para elaborar
proyecto de sentencia, con información de datos generales de cada expediente.
iv) Estadística de todos los procesos, en su orden de entrada, que actualmente
se encuentran para fallar, con información de la fecha desde cuándo se
encuentra para elaborar proyecto de sentencia, fecha calculada para fallo y datos
generales de cada expediente.
v) Informe sobre el orden de ubicación del expediente No 2016-00096-00
Canteras de Florencia Ltda. contra Agencia nacional de Minería, con información
de la fecha desde cuándo se encuentra para elaborar proyecto de sentencia,
fecha calculada para fallo, número de expedientes que le anteceden en el turno5»
Resaltó que con la impugnación se puede evitar que la alta congestión judicial por
el incumplimiento de los términos judiciales, continúe generando una violación al
debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia por no
tener una pronta y oportuna solución de los procesos judiciales en especial la etapa
de la sentencia. Específicamente, buscar impedir que el magistrado «Jaime Enrique
Rodríguez Navas del Honorable Consejo de Estado continúe violando el debido proceso
por el incumplimiento del término otorgado para dictar sentencia por el artículo 181 del
CPACA y se continúe dificultando el acceso a la administración justicia, violando el debido
proceso y generando una mora judicial injustificada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derechos con radicado No 2016-00096-00 y los procesos que le
anteceden en el turno u orden de entrada al despacho».
Se refirió a que la respuesta negativa a las solicitudes de impulso procesal y la no
prelación de fallo, afecta en manera crítica su situación económica desconociendo
su derecho al mínimo vital. Informó que fue retirado del régimen de salud en
Colsanitas por la empresa accionante y tampoco puede pagar su afiliación al
5
Se transcribe con posibles errores ortográficos.
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régimen de salud como independiente por las deudas que tiene la Canteras de
Florencia Ltda.
Manifestó que se vulneran sus derechos fundamentales a la vida, la igualdad, al
mínimo vital, el debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
cuanto las autoridades judiciales no le han dado el trato considerado y oportuno
que merece el proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con radicado No
2016-00096-00 en el Consejo de Estado.
Finalmente, aportó unas capturas de pantalla en las que se puede inferir la
molestia de una persona por el no pago de los alimentos a un menor.
1.8.1. Escrito de ampliación de impugnación
Con memorial allegado a la Secretaría General del Consejo de Estado, el
representante legal de la sociedad actora allegó la respuesta suministrada por la
secretaría de la Sección Tercera de esta corporación en la que se relacionan tres
archivos que contienen:
1.- Estadística de los procesos que se encuentran en trámite,
2.- Estadística de los procesos que se encuentran para fallo, y
3.- Estadística de los procesos vigentes
De otra parte, informó que se dio respuesta a la solicitud de prelación de fallo
recientemente presentada en los mismos términos que se realizó hace más de 5
meses, lo que deja entrever «las dificultades que tenemos para tener acceso a la
administración de justicia evidenciando que (…) el despacho se encuentra en los mismos
trámites para dictar sentencia con más de nueve año de atraso cosa que viola el principio
fundamental al debido proceso con conexidad al de acceso a la administración de justicia
e incumplen lo ordenado para la descongestión judicial».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la
acción de tutela presentada por Canteras de Florencia Ltda. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta los argumentos presentados en el escrito de impugnación y
su posterior adición, esta Sala debe determinar si confirma, modifica o revoca el
fallo de primera instancia. Para tales efectos, se resolverá el siguiente problema
jurídico:
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• ¿El Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la sociedad Canteras de Florencia Ltda. al no adoptar las medidas
tendientes a eliminar la congestión judicial que presenta el país y al no dar
prelación a dictar el fallo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00, respectivamente?.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
las generalidades de la acción de tutela; (ii) mora judicial justificada; y (iii) el caso
concreto.
2.3.1. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable6.
2.3.2. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos7.
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»8.
Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:
6
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
8
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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«… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de
un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para
su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente.
Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es
imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique
el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803
de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia,
esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra
justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o
(iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el
contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido
diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones».
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial9, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez.
Que de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
2.4. Caso concreto
Al analizar los escritos de impugnación y complementación presentados por la
sociedad accionante, la Sala advierte que las razones de su inconformidad con el
fallo de primera instancia radican en que: i) el Consejo Superior de la Judicatura
no adopte las medidas que permitan eliminar la mora judicial que aqueja a la
administración de justicia y ii) el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C no dicte la sentencia que ponga fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.
En tal medida la Sala dividirá el estudio de la impugnación en los siguientes
acápites:
2.4.1. De los cargos contra el Consejo Superior de la Judicatura
En el sub lite la parte actora consideró que el Consejo Superior de la Judicatura
debe adoptar las medidas tendientes a erradicar la mora judicial existente en todos
los despachos judiciales del país, con el objeto de cumplir totalmente las
disposiciones constitucionales y legales frente a los términos procesales, pues de
9
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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continuar con la congestión se quebranta sus derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
En efecto, el artículo 228 de la Constitución Política indica que la administración
de justicia es una función pública que está ligada a varias garantías
constitucionales, como el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa
entre otros. Sin embargo, las pretensiones de la sociedad actora desbordan la
finalidad de la acción de tutela porque involucran la adopción de medidas de
descongestión para los despachos judiciales, desconociendo que este no es un
mecanismo concebido para provocar órdenes que impacten el presupuesto de una
entidad pública, como en este caso, la Rama Judicial.
Aunado a lo anterior, la implementación de correctivos para mitigar la congestión
judicial atiende a un trámite administrativo previo que tiene como fundamento
estudios técnicos basados en los registros estadísticos y promedios de los
despachos judiciales del país, luego, no es posible que el juez de tutela asuma las
funciones y facultades encomendadas al Consejo Superior de la Judicatura, para
dar solución al caso particular de la accionante.
Lo anterior, resulta evidente pues se puede concluir que lo pretendido por la parte
actora, es justamente una sentencia oportuna en los asuntos que radicó ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, desconociendo que la
implementación de las medidas para superar la mora judicial, contrario a lo que
señaló en su escrito de impugnación, sí acarrea análisis técnicos, estadísticos,
financieros y presupuestales que validen la necesidad de su implementación
En síntesis, para la Sala, las pretensiones superan el campo de acción del juez
constitucional y la naturaleza misma de la acción al pretender la elaboración y
ejecución de medidas de descongestión judicial, en razón a ello se confirmará la
improcedencia dictada en primera instancia sobre este aspecto.
2.4.2. De la presunta mora judicial
Ahora bien, la accionante adujo en su impugnación que existe una dilación del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el trámite del proceso
11001-03-26-000-2016-00096-00 por ella interpuesto, en procura de la nulidad de
las resoluciones que le impidieron ejercer su actividad de explotación minera.
Para la Sala, Canteras de Florencia Ltda. pretende alterar los turnos que la
autoridad judicial accionada tiene establecidos para proferir fallo y que atienden al
estricto orden cronológico en el que ingresaron al despacho para tal fin, por lo que
aduce la configuración de una presunta mora judicial injustificada que, en su sentir,
desconoce la sentencia T-945A/08 que avala la posibilidad de darle prelación a su
controversia de orden legal.
Tal como se mencionó en los acápites precedentes relativos a la mora judicial,
“atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
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términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”10, por ello,
se ha considerado que en los eventos en los que “la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.
En efecto, si bien la Corte Constitucional ha indicado que, la dilación injustificada
que configura la violación de derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de
los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en
el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar, lo cierto es que ello no se configura en el caso concreto debido
a que la presunta tardanza del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C en el trámite de la nulidad y restablecimiento del derecho ha
obedecido al normal desarrollo de sus etapas procesales y al cúmulo de
expedientes sobre responsabilidad del Estado de los que conoce dicha Sección.
Ahora bien, el representante legal de la empresa actora indicó que se debe acatar
la sentencia T- 945A/08 en la que se indicó que se puede inaplicar
excepcionalmente el orden de fallo en turno cuando se presenten casos especiales
que, por sus características, no dan espera, eventos en lo que se pueden incluir
aquellos que involucran la privación de un derecho fundamental, «los más graves
o los que causan más considerable alarma social».
No obstante, en la presente acción de tutela no se advirtió una circunstancia de tal
magnitud que haga necesaria la intervención del juez constitucional en dicho
sentido, máxime cuando la solicitud es iniciada por una persona jurídica frente a la
que no se puede alegar la configuración de la vulneración del derecho al mínimo
vital u otros derechos personalísimos que hagan obligatoria la intromisión en un
asunto que es propio del juez de instancia.
Se resalta que la actora ha presentado múltiples solicitudes de prelación e impulso
procesal, que han sido resueltas por el magistrado ponente del proceso ordinario
y en las cuales le explica de manera detallada las razones por las cuales no puede
acceder a la alteración de los turnos y de manera precisa da a conocer el estado
laboral del despacho, que le impide proferir su sentencia de manera inmediata.
Aunque el representante legal señala la presunta vulneración de garantías
fundamentales como la vida, la seguridad social y el mínimo vital se recuerda que
la acción de tutela de la referencia no fue presentada en nombre propio y que esos
derechos no se pueden predicar de personas jurídicas como la que representa.
Por otra parte, pese a que solicitó como pruebas en segunda instancia las
estadísticas del despacho que conoce de su proceso, las mismas solo refuerzan
el cúmulo de trabajo a su cargo, más de 528 procesos para fallo, de manera que
10 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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no incurrió en una mora judicial injustificada toda vez que, de conformidad con lo
expuesto se han cumplido las etapas del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin que se advierta alguna desidia de su parte.
Por lo expuesto se revocará la orden del a quo constitucional, que declaró la
improcedencia de la acción en lo que refiere a la mora judicial, para en su lugar,
negar el amparo deprecado por las razones expuestas.
2.5. Conclusión
Por los motivos aquí expuestos, la Sala revocará la decisión de primer grado en lo
que respecta a la mora judicial, para en su lugar, negar la vulneración del derecho
de acceso a la administración de justicia y confirmará, la decisión de
improcedencia en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda, en lo que atañe
a las pretensiones sobre la adopción de medidas de descongestión.
SEGUNDO: REVOCAR la improcedencia respecto de los argumentos sobre la
existencia de mora judicial, para en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo del
derecho de acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
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