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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03698-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03698-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de la Universidad Externado de Colombia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Canteras de Florencia Ltda. Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00 SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Canteras de Florencia Ltda. TERCERO: En consecuencia, se ORDENA que, en el término de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado profiera un auto en el que acepte la revocatoria del mandato que el representante legal de la sociedad radicó y se pronuncie respecto del nuevo poder que allegó. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03698-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

25 de agosto de 2022

Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03698-00
Demandante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
“C”

Temas: Tutela de fondo – ampara debido proceso y acceso a la
administración de justicia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la demanda presentada por Canteras de Florencia Ltda., en
ejercicio del instrumento de amparo consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 6 de julio de 2022 en el correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la compañía Canteras de Florencia Ltda.,
actuando a través de su representante legal, presentó acción de tutela contra la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. La compañía accionante consideró vulneradas dichas garantías
constitucionales, dado que, a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo y
pese a los diversos impulsos procesales que se han elevado, la autoridad judicial
accionada no se ha pronunciado respecto de la revocatoria del poder, situación que
no le ha permitido presentar un nuevo apoderado, a efectos de que se fije fecha de
audiencia de alegatos finales y juzgamiento, y que el proceso siga su curso.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

3. Lo anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que instauró la sociedad actora contra la Agencia Nacional de Minería, que
se identificó con el radicado N.º 11001-03-26-000-2016-00096-00.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Se AMPRAREN, mis derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso dentro de la demanda de nulidad y restablecimientos
de derechos del proceso de la referencia y a la moralidad administrativa
vulnerado por la agencia nacional de minería cuando se me solicito un dinero
para realizar el trámite del expediente pero como no se accedió a la entrega del
saldo solicitado se negó el trámite inventando una superposición con un
expediente que ya estaba ejecutoriada las decisiones tomadas dentro del mismo
y el cual fue anexado al trámite de legalización de minería tradicional NJN-15181
como prueba.

Se ORDENE, al Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera, Subsección C proceda a RESOLVER las
solicitudes procesales, fijar fecha de audiencia de alegatos, a proferir las
decisiones que en derecho correspondan, a dar curso al proceso con celeridad
los cuales son fundamento de la Jurisdicción Administrativa y los derechos
garantizados constitucionalmente que son de obligatorio cumplimiento y de
aplicación inmediata”. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. La sociedad Canteras de Florencia Ltda. instauró el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de Minería, que se
identificó con el radicado N.º 11001-03-26-000-2016-00096-00.

6. El 10 de marzo de 2022, el representante legal de la compañía radicó solicitud
de revocatoria del poder que había sido otorgado al abogado Francisco Javier
Bejarano Valdez.

7. El 22 de julio de 2022, el magistrado que tiene a cargo el proceso en cuestión,
profirió un auto en el que instó a la parte actora para que actuara a través de su
apoderado legalmente constituido, con fundamento en el artículo 160 de la Ley 1437
de 2011.

8. El 28 de julio de 2022, el señor Bejarano Valdez informó al despacho sobre su
renuncia al poder que le fue otorgado por la compañía tutelante y manifestó que “(…)
entre el señor Ángelo Andrés Ucros Ospino [representante legal de Canteras de Florencia
Ltda] no tenemos acreencias económicas por concepto de honorarios, por tal motivo, se
expide el presente PAZ Y SALVO”.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

9. El 19 de agosto de 2022, la sociedad accionante aportó el poder especial que
confirió al señor Albeiro Rafael Campo Redondo, facultándolo para “(…) presentar
memorial solicitando el desistimiento de la prueba pericial contable solicitada al momento de
presentar la demanda, solicitar que todos los correos electrónicos con sus documentos,
encabezados, anexos y demás enviados por el representante legal de la empresa canteras
de Florencia sean tenidos como pruebas válidas dentro del proceso ya que nos encontramos
en la etapa probatoria y sean validadas al momento de realizar la audiencia de alegatos y,
además solicitar que se dé por terminado la etapa de pruebas y se fije fecha de audiencia de
alegatos”. (Sic a toda la cita).

1.4. Sustento de la vulneración

10. La compañía Canteras de Florencia Ltda. aseguró que la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
presunta omisión en pronunciarse respecto de la revocatoria del poder que presentó,
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
instauró contra la Agencia Nacional de Minería.

11. En su criterio, ello ha impedido que el proceso siga su curso, a efectos de que
se fije fecha para la audiencia de alegatos y juicio, situación que los “(…) mantiene en
un limbo jurídico que ha durado ya 6 años y 20 días desde que se presentó la demanda”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

12. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la magistrada ponente, mediante auto del 19
de julio de 2022 la admitió y ordenó la notificación de la parte accionante y de los
Magistrados de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
como autoridades accionadas.

13. Asimismo, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Minería, de la
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira y de la Facultad de Derecho Minero Energético
de la Universidad Externado de Colombia, la primera como autoridad demandada y
las demás como entidades vinculadas al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, respecto del cual se alega la presunta mora judicial, así
como al abogado Francisco Javier Bejarano Valdez1, que inicialmente fungió como
apoderado de la parte actora.

1
El abogado Bejarano Valdez fue notificado al correo es javierbejarano1220@gmail.com, que
suministró la compañía accionante.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

14. Finalmente, se ofició al operador jurídico tutelado para que allegara la copia
del auto que fija fecha para la audiencia de alegatos, en el marco del proceso de
radicado N.º 11001-03-26-000-2016-00096-00 o, de no ser posible ello, que
informara de manera detallada las razones por las que a la fecha de radicación de la
tutela no se ha citado a tal diligencia.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”

15. El magistrado que tiene a cargo el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho informó que se han realizado las actuaciones correspondientes, de
conformidad con las particularidades del caso, de la siguiente manera:

“(…) después de admitida la demanda, surtido el trámite de notificación y
resueltos los memoriales y solicitudes que se presentaron, llevó a cabo la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dentro del proceso
de la referencia el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021), y en esa
diligencia decretó la práctica de dos dictámenes periciales, uno a cargo de perito
contable y otro, por perito especialista en derecho minero energético, este ultimo
(sic) de manera oficiosa.

En auto del ocho (8) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el Despacho
designó a las facultades de Derecho Minero Energético y de Contaduría de la
Universidad Externado de Colombia para que sus decanos seleccionaran y
designaran los profesionales idóneos, que realizarán los dictámenes periciales.

La facultad de Contaduría de la mencionada institución informó, en oficio remitido
electrónicamente el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), que
dicha unidad académica no presta los servicios de elaboración y práctica de
experticias técnicas o dictámenes periciales, ni cuenta con el personal para este
propósito.

Por lo anterior, este Despacho mediante auto del dos (2) de marzo de dos mil
veintidós (2022), ordenó designar a la Universidad Nacional de Colombia para
que el Decano de la facultad de Contaduría Pública eligiera a un profesional de
esta área con el fin de que presentara el dictamen, en los precisos términos en
que fue decretada la prueba.

La Universidad Nacional de Colombia, mediante oficio remitido electrónicamente
el seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), informó que dicha universidad no
cuenta con Facultad de Contaduría Pública en la Sede Medellín, por lo tanto, no
pueden servir como peritos dentro del proceso que se adelante en este
Despacho, al carecer de personal idóneo y capacitado para apoyar a la
administración de justicia para el caso específico, por lo que solicitó ser relevados
del cargo.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

Ante la imposibilidad de designar el perito contable por la institución educativa,
este Despacho designó a la Pontificia Universidad Javeriana para que el decano
de la facultad de Contaduría Pública elija a un profesional de esta área con el fin
de que presente el dictamen, lo anterior fue dictado en auto del diecisiete (17) de
junio de dos mil veintidós (2022).

Para esa misma fecha, el demandante solicitó impulso procesal para fijar
audiencia de alegatos de conclusión, y allegó el pago ante la Cámara y Comercio
de la Guajira del formulario de Registro Único Empresarial y Social RUES de la
sociedad accionante, Canteras de Florencia Ltda., al igual que sus estados
financieros para ser anexados en el expediente, en memorial del veintitrés (23)
de junio de dos mil veintidós (2022).

El representante legal de la sociedad demandante allegó nuevo memorial
electrónico el seis (6) de julio de la presente anualidad, adjuntó paz y salvo del
apoderado Francisco Bejarano Valdez, que manifestó no tener acreencias
económicas con el mencionado representante legal.

Seguidamente, el demandante adjuntó memorial electrónico con solicitud de
desistimiento del dictamen pericial contable, requerido en la demanda y
decretado en audiencia inicial, lo anterior fue tramitado el once (11) de julio de
dos mil veintidós (2022).

Como última solicitud, el accionante requirió a este Despacho para que dé
impulso procesal y fije fecha de audiencia de alegatos finales, en memorial
electrónico del quince (15) de julio de esta anualidad, señaló que existen otros
procesos que ya tienen fecha de audiencia y otros que están para fallo siendo
más recientes que el sub lite.

Todas esas solicitudes y memoriales fueron presentados directamente por el
representante legal de Canteras de Florencia Ltda., por lo que el Despacho
mediante auto del 27 de julio de 2022, le informó que debía actuar por medio de
su apoderado conforme lo dispone el artículo 160 del CPACA”.

16. En esos términos, advirtió que el despacho ha dado impulso al proceso y que
la prueba pericial que está pendiente por practicar es la solicitada por Canteras de
Florencia Ltda., compañía que, si bien pretende desistir de ella, no lo hizo por
intermedio de su apoderado judicial como lo exige la norma aplicable al caso,
situación que dificulta el impulso del proceso.

1.6.2. Universidad Externado de Colombia

17. El apoderado judicial solicitó la desvinculación del ente universitario, con
fundamento en que la única relación que tienen con el proceso judicial que dio lugar
a la radicación del mecanismo es que respondieron de manera oportuna los oficios
emanados por el Consejo de Estado en los que se les requirió para la postulación de
un perito. En ese orden, indicó que la institución no tiene competencia para promover
o solucionar la actuación que se clama.

1.6.3. Los demás vinculados al proceso en calidad de terceros con interés, pese a
que fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Canteras de Florencia Ltda., de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

19. La Universidad Externado de Colombia solicitó su desvinculación al trámite
constitucional de la referencia con fundamento en que no tiene competencia para
promover o solucionar la actuación que se reclama.

20. En efecto, de las contestaciones allegadas, la Sala advierte que la
participación de la Universidad Externado de Colombia se limitó a explicar que “(…)
dicha unidad académica no presta los servicios de elaboración y práctica de experticias
técnicas o dictámenes periciales, ni cuenta con el personal para este propósito”. En ese
orden de ideas, se accederá a dicha solicitud atendiendo a que la intervención en el
proceso ordinario que provocó la radicación de esta acción constitucional, se limitó a
un asunto que no atañe a lo pretendido en esta tutela.

2.3. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala resolver el siguiente interrogante:

• ¿Si el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C” vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de Canteras de Florencia Ltda., ante la presunta omisión de
pronunciarse respecto de la revocatoria del poder que presentó, a efectos de
que el proceso siga su curso y se fije fecha para “la audiencia de alegatos y
juicio”, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado N.º 11001-03-26-000-2016-00096-00?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

22. Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela y; (ii) análisis del caso concreto.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
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2.5. Generalidades de la acción de tutela

23. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

24. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

25. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

26. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que
podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.6. Caso concreto

27. Del escrito de tutela se desprende que la parte actora solicitó que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” se pronuncie respecto de la revocatoria
del poder que radicó, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el radicado N.º 11001-03-26-000-2016-00096-00.

28. Del informe que rindió la autoridad judicial accionada, la Sala encuentra que el
magistrado que tiene a cargo el proceso en cuestión reconoció que la parte actora
“(…) adjuntó paz y salvo del apoderado Francisco Bejarano Valdez, que manifestó no tener
acreencias económicas con el mencionado representante legal (…) sin alguna solicitud
formal al respecto”.

29. Asimismo, afirmó que, mediante auto del 27 de julio de 2022, el despacho
ponente instó a la parte demandante para que actuara a través de su apoderado
legalmente constituido, con fundamento en el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011,
en virtud del cual las personas que comparezcan al proceso deberán hacerlo por
conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su
intervención directa.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

30. Al consultar el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, la Sala encontró que, en
efecto, el 10 de marzo de 20222, el representante legal de la compañía actora radicó
una solicitud de revocatoria del poder, memorial que acompañó con el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de La Guajira,
veamos:

31. Tal como lo manifestó la autoridad judicial accionada en el auto del 27 de julio
de 2022, esta Sección de la Corporación reconoce que, para actuar ante la
jurisdicción contenciosa administrativa es necesario que la persona natural o jurídica
participe en el proceso a través de apoderado judicial. Ello, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 73 del Código General del Proceso3.

32. No obstante, el artículo 76 del mismo estatuto procesal establece que la
terminación del poder se concreta con la radicación del escrito en virtud del cual se
revoque o se designe otro apoderado:

“Artículo 76. Terminación del poder. El poder termina con la radicación en
secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado,
a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones
determinadas dentro del proceso.

2
Ello, atendiendo a que el memorial se radicó por fuera del horario laboral, razón por la que debe
entenderse recibido a las 8:00 a.m. del día siguiente hábil.
3
ARTÍCULO 73. DERECHO DE POSTULACIÓN. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán
hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su
intervención directa.

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El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le
haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios
mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la
actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez
tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código
para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la
regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral.

Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado
fallecido.

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado
el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada
al poderdante en tal sentido.

La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al
mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser
revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió
como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado
por quien corresponda”. (Subrayas fuera del texto original).

33. De la lectura del citado artículo, la Sala observa que la terminación del poder
puede darse, bien porque se radique un memorial i) de revocatoria, ii) la designación
de un nuevo abogado o; iii) la renuncia del mandato. A partir de esos tres escenarios,
es dable concluir que, en esos casos, la parte actora está facultada para acudir ante
el juez natural de la causa para poner de presente la revocatoria del poder, tal como
ocurrió en este caso, situación frente a la cual el operador jurídico deberá proferir un
auto en el que lo admita. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que:

“(…) por más técnica que parezca la intervención del apoderado actuante, lo
esencial para el implicado en el juicio no es la técnica empleada, sino que el
designado sepa proyectar la posición que el involucrado desea asumir y
proyectar en el juicio (…).

(…) la posibilidad de revocar el poder en cualquier momento procesal denota que
el legislador está dando cumplimiento a su deber constitucional de garantizar a
todas las personas vinculadas en un proceso la posibilidad de estar presentes en
el mismo, sin perjuicio del ejercicio del derecho de postulación, de manera tal que
su interés, como titular del derecho fundamental a la defensa, prevalezca sobre la
intervención del letrado, desde el inicio hasta la terminación de la litis –artículo 2º
C.P.-.

Concretamente, en razón de que, a la postre, así exista un contrato que rija las
relaciones entre apoderado y poderdante, por razón del ejercicio del derecho a la
postulación lo que interesa, desde una perspectiva constitucional, es que el
justiciable conserve el núcleo fundamental de su derecho a la participación en
juicio, por activa o pasiva”.

34. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión advierte que, el hecho de que a
la fecha la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado no haya

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
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aceptado la revocatoria del poder que radicó la compañía tutelante en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la radicación de este
mecanismo, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, toda vez que cuando ello se presenta en el curso de un
proceso, lo único que debe proferir el operador jurídico es un auto en el que acepte la
terminación del mandato, al margen de la regulación de honorarios que se deba
adelantar.

35. Lo anterior, teniendo en cuenta que el citado estatuto procesal dispone que,
para resolver tal cuestión, la autoridad judicial solo debe proferir un auto en el que
acepte la revocatoria y requiera a la parte actora para que presente un nuevo poder
que acredite la representación judicial en dicho trámite, en caso de que ello no
hubiere sido aportado, decisión que no admite recursos.

36. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión, investida con las facultades de
juez constitucional evidencia un exceso ritual manifiesto del operador accionado,
toda vez que exigió requisitos que no contempla la norma en cuestión para dar por
terminado el poder que se alega. Ello, sobre la base de considerar que, pese a que
la compañía tutelante radicó desde el 10 de marzo de este año un memorial en el
que revocó el mandato que había conferido para ser representado judicialmente en el
proceso que cursa ante ese despacho, aún no ha sido aceptado.

2.7. Conclusión

37. De acuerdo con los argumentos expuestos, esta Sección de la Corporación
concluye que el operador jurídico tutelado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la compañía Canteras
de Florencia Ltda., por lo cual se ordenará a la Subsección “C” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que, en el término de 5 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera el auto en el que acepte la revocatoria del
mandato que el representante legal de la sociedad radicó y se pronuncie respecto del
nuevo poder que allegó.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación de la Universidad Externado
de Colombia.

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03698-00

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de Canteras de Florencia Ltda.

TERCERO: En consecuencia, se ORDENA que, en el término de 5 días hábiles,
contados a partir de la notificación de esta providencia, la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado profiera un auto en el que acepte la
revocatoria del mandato que el representante legal de la sociedad radicó y se
pronuncie respecto del nuevo poder que allegó.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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