Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06167-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 11001-03-15-000-2022-06167-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06167-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06167-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., diciembre doce (12) de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – No se configura un retraso
injustificado / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – La entidad
estatal accionada dio respuesta al accionante y le remitió los documentos solicitados.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda., de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2022, el señor Ángelo Andrés
Ucros Ospino, en calidad de representante legal de la sociedad Canteras de
Florencia Ltda., instauró demanda de tutela en contra de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Minería – ANM,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso. El accionante elevó las siguientes
pretensiones (transcripción literal, incluidos posibles errores):
Se AMPAREN, mis derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso dentro de la demanda de nulidad y
restablecimientos de derechos del proceso de la referencia y a la moralidad
administrativa vulnerado por la agencia nacional de minería.
Se ampare y ordene a la Agencia Nacional de Minería expedir copia autentica
del documento de reevaluación técnica ya que el entregado en el proceso
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
pericial estaba sin firma, además aclarar si ya existía otra evaluación técnica
anterior a esta ya que la entregada se llama reevaluación técnica.
Se ORDENE, al Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera, Subsección C proceda a RESOLVER las
solicitudes procesales, se fije fecha de audiencia de pruebas en aras de llevar
a cabo la contradicción del dictamen pericial y una vez surtida la de
contradicción del dictamen se fije fecha en un plazo prudencial de audiencia
de alegatos, a proferir las decisiones que en derecho correspondan, a dar
curso al proceso con celeridad los cuales son fundamento de la Jurisdicción
Administrativa y los derechos garantizados constitucionalmente que son de
obligatorio cumplimiento y de aplicación inmediata.
2. Hechos relevantes y fundamentos de la demanda
El 17 de junio de 2016, la empresa accionante presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Agencia Nacional de Minería, cuyo conocimiento correspondió a la Sección
Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, proceso identificado con el
número de radicación 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57367), la cual fue
admitida el 9 de diciembre del mismo año, por lo que han transcurrido 5 años y 11
meses “sin que a la fecha se haya producido una decisión de fondo en el proceso”.
El 3 de octubre de 2022, fue posesionada la perito encargada de realizar la
experticia que fue decretada en la audiencia inicial, quien, el 19 de octubre
siguiente, la remitió.
El 28 de octubre de 2022, el abogado de la parte demandante solicitó se efectuara
el traslado del dictamen pericial rendido por la auxiliar de la justicia y requirió para
que se fijara fecha de audiencia de pruebas en aras de llevar a cabo la
contradicción al dictamen pericial.
Se indica que el 3 de noviembre de 2022, el expediente ingresó al despacho “y a
la fecha no se fija fecha de audiencia”.
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
3.1. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, a la ANM y se comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
3.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por conducto del
magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, informó que se habían realizado
todas las actuaciones pertinentes de conformidad con las particularidades del
caso, como fue el decreto de dos dictámenes periciales, uno contable y otro
minero energético; sin embargo, el nombramiento del auxiliar de la justicia para el
primer dictamen se afectó en la medida en que se extendió dado que varias
instituciones no aceptaron la designación, hasta que “el demandante adjuntó
memorial electrónico con solicitud de desistimiento del dictamen pericial contable,
requerido en la demanda y decretado en audiencia inicial, lo anterior fue tramitado
el once (11) de julio de dos mil veintidós (2022)”.
Finalmente, indicó que (transcripción literal):
(…) el accionante requirió a este Despacho para que diera impulso procesal y
fijara fecha de audiencia de alegatos finales, en memorial electrónico del
quince (15) de julio de esta anualidad, señaló que existen otros procesos que
ya tienen fecha de audiencia y otros que están para fallo siendo más recientes
que el sub lite.
Todas esas solicitudes y memoriales fueron presentados directamente por el
representante legal de Canteras de Florencia Ltda., por lo que el Despacho
mediante auto del 27 de julio de 2022, le informó que debía actuar por medio
de su apoderado conforme lo dispone el artículo 160 del CPACA.
Por auto del 30 de agosto de 2002, el despacho aceptó la revocación del
poder y reconoció personería a su nuevo apoderado. Seguidamente, por auto
del 6 de septiembre de 2022, el despacho no accedió a la incorporación de
nuevas pruebas allegada por la parte demandante, aceptó el desistimiento de
la prueba pericial solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante,
puso a disposición de la Secretaría de la Sección el presente expediente y
requirió al nuevo apoderado para que aportara original o copia de la
comunicación enviada a la sociedad demandante con la que informó acerca
de la renuncia presentada.
El 23 de septiembre de 202, el despacho fijó fecha para posesión de perito.
En la audiencia realizada el 3 de octubre de 2022, aceptó la renuncia
presentada por el apoderado de la parte demandante, reconoce personería al
nuevo apoderado y posesionó al perito.
El perito designado y posesionado, el 19 de octubre de 2022 presentó el
informe concerniente a la pericia, que conforme a lo dispuesto en el artículo
231 del CGP, debe permanecer en la secretaría por 10 días, y subió al
despacho el 3 de noviembre de 2022. Por auto del 28 de noviembre de 2022,
el despacho fijó fecha para realizar la audiencia de que trata el artículo 181
del CPACA.
3.3. La ANM expresó que, en lo que respecta a la petición de aclaración y se
emitiera copia auténtica del informe técnico del 18 de septiembre de 2014,
proferido en el marco de la solicitud de formalización minera identificada con placa
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
No. NJN.15181, la actuación fue realizada en el proceso judicial que cursa en el
Consejo de Estado y que se identifica con radicado No.
11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376).
En ese sentido, adujo que en virtud de lo solicitado por la accionante, no era
procedente conceder el amparo constitucional perseguido, toda vez que la entidad
ya dio respuesta a la solicitud referida, lo cual se efectuó mediante ANM No.
20222110345281 del 30 de noviembre de 2022 notificado electrónicamente el 29
de noviembre de 2022 a la dirección indicada por el ahora accionante en su escrito
de petición, la cual fue angeloucros@hotmail.com.
Adicionalmente, expresó que se configuraba una carencia actual de objeto, en la
medida en que (transcripción literal):
(…) esta autoridad ya dio respuesta al derecho de petición interpuesto por el
ahora accionante y dicha respuesta fue debidamente notificada. Así, resulta
improcedente amparar los derechos fundamentales alegados por el
accionante toda vez que como se demostró, no se acreditó el cumplimiento de
los requisitos jurisprudencialmente desarrollados, necesarios para proceder al
amparo constitucional preferente y sumario. Lo anterior, como consecuencia a
la no configuración de un daño o menoscabo a los derechos fundamentales
del ahora accionante.
3.4. Por su parte, la ANDJE guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
En primer lugar, la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un
mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos
fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u
omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
En el presente asunto, la sociedad Canteras de Florencia Ltda. solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los que considera vulnerados porque el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, no ha convocado a la audiencia de
pruebas, a fin de realizar la contradicción del dictamen pericial y una vez
culminado dicho trámite “se fije fecha en un plazo prudencial de audiencia de
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
alegatos, a proferir las decisiones que en derecho correspondan, a dar curso al
proceso con celeridad los cuales son fundamento de la Jurisdicción Administrativa
y los derechos garantizados constitucionalmente que son de obligatorio
cumplimiento y de aplicación inmediata”, ya que han transcurrido 6 años y 5
meses sin que se haya producido una decisión de fondo.
Respecto de la mora judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-052 de 2018,
precisó:
La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que
impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos.
(…)
Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho [de acceso a la
administración de justicia], se encuentra incluida la solución célere de los
asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha
determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de
justicia y la procedencia de la acción de tutela frente a la protección del
adecuado acceso a la administración de justicia en casos donde exista mora
judicial.
Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre
otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se
configura la mora judicial injustificada: ‘(i) se presenta un incumplimiento de
los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad
judicial’1.
(…)
En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra
justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la
jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: ‘(i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia
que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando
se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley’2.
En línea con lo anterior, se ha considerado que el juez de tutela, en cada caso,
debe analizar si la conducta de los funcionarios o corporación judicial es
1
Original de la cita: “Concepto desarrollado por Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007, citado
en la Sentencia T-230 de 2013”.
2
Original de la cita: “Ibídem”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
injustificada y negligente, pues no toda dilación en un pronunciamiento es
constitutiva de mora judicial y tampoco conllevaría, per se, a una afectación a los
derechos fundamentales de los asociados3.
Esto, teniendo en cuenta que existen situaciones que podrían justificar el retardo,
como sería la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el
volumen de trabajo o los estándares de funcionamiento que no están referidos a
los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los
procesos del tipo por el que se demanda la mora4.
En el caso bajo estudio, se puede establecer que, si bien han transcurrido varios
años desde que inició el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no es
menos cierto que, como lo señaló el magistrado ponente del proceso ordinario, en
su desarrollo han existido circunstancias que han dilatado el proceso, como fueron
la designación de los peritos -contable y minero energético- a fin de que rindieran
las experticias decretadas en la audiencia inicial.
Asimismo, del historial de actuaciones del aplicativo SAMAI del proceso ordinario,
la Sala puede corroborar las dificultades que se presentaron en el nombramiento
de los mencionados auxiliares de la justicia. Así, por ejemplo, frente al perito
contable el trámite inició el 8 de noviembre de 2021, cuando el despacho designó
a la Facultad de Contaduría de la Universidad Externado de Colombia para que
designara un profesional idóneo para rendir la experticia solicitada; no obstante,
como se indicó en la providencia de 27 de julio de 2022 (transcripción literal):
La facultad de Contaduría de la mencionada institución informó, en oficio
remitido electrónicamente el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021)5, que dicha unidad académica no presta los servicios de elaboración y
práctica de experticias técnicas o dictámenes periciales, ni cuenta con el
personal para este propósito.
Por lo anterior, este Despacho mediante auto del dos (2) de marzo de dos mil
veintidós (2022)[6], ordenó designar a la Universidad Nacional de Colombia
para que el Decano de la facultad de Contaduría Pública eligiera a un
profesional de esta área con el fin de que presentará el dictamen, en los
precisos términos en que fue decretada la prueba.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicado
2021-06075-00, C.P. Milton Chaves García.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
julio de 2019, expediente 54.047.
5
Original de cita “Visible en el índice 153 del aplicativo SAMAI”.
6
Índice 156, SAMAI.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
La Universidad Nacional de Colombia, mediante oficio remitido
electrónicamente el seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022)7, informó que
dicha universidad no cuenta con Facultad de Contaduría Pública en la Sede
Medellín, por lo tanto, no pueden servir como peritos dentro del proceso que
se adelante en este Despacho, al carecer de personal idóneo y capacitado
para apoyar a la administración de justicia para el caso específico, por lo que
solicitó ser relevados del cargo.
Ante la imposibilidad de designar el perito contable por la institución educativa,
este Despacho designó a la Pontificia Universidad Javeriana para que el
decano de la facultad de Contaduría Pública elija a un profesional de esta área
con el fin de que presente el dictamen, lo anterior fue dictado en auto del
diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)8.
El demandante, al margen de su representante judicial, presentó varias
solicitudes, entre ellas: (i) allegó documentos para ser tenidos en cuenta en el
proceso; (ii) adjuntó paz y salvo de su abogado sin alguna solicitud formal al
respecto; (iii) desistió de una prueba pericial; y (iv) tramitó varios
requerimientos de impulso procesal para que se fije fecha de audiencia de
alegatos finales.
Igualmente, se observa que, en auto de 6 de septiembre de 20229, entre otros
asuntos, se resolvió “ACEPTAR EL DESISTIMIENTO de la prueba pericial
solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante, conforme a los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia”10.
Incluso, en relación con el dictamen pericial minero energético, el 3 de octubre de
202211, se celebró una audiencia de posesión de la perito, dado que la parte
demandante había sufragado los gastos de la experticia, para lo que se constituyó
un depósito judicial12; la auxiliar de la justicia, el 19 de octubre siguiente, presentó
la experticia encomendada13.
Por lo anterior, en proveído de 28 de noviembre de 202214, se puso en
conocimiento de las partes el dictamen rendido por la perito, por lo que el
7
Original de cita “Visible en el índice 165 del aplicativo SAMAI”.
8
Original de cita “Visible en el índice 176 del aplicativo SAMAI”.
9
Índice 218, SAMAI
10
Como sustento de la antedicho decisión se consideró que “En lo referente al desistimiento de la
prueba pericial contable, requerida por la sociedad actora, como el artículo 175 del CGP dispone
que “las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado”, el Despacho
accederá a la solicitud de desistimiento requerido, por constatar, que la prueba no ha sido
practicada, en la medida que, a la fecha la Pontificia Universidad Javeriana no emitió respuesta
alguna de la designación pericial, y que quien formuló la solicitud de desistimiento fue la misma
parte que la solicitó”.
11
Índice 237, SAMAI.
12
A índice 225 de SAMAI, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informa que, el día 9 de
septiembre se realizó la respectiva constitución del depósito por valor de 1’300.000 y se adjunta
soporte de constitución del depósito.
13
Índice 239, SAMAI.
14
Índice 246, SAMAI.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
despacho sustanciador fijó “como fecha, para la realización de la audiencia de
pruebas, el veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023) a las nueve
(9) de la mañana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 181 del CPACA” (se
destaca).
Así las cosas, la Subsección estima que los argumentos esbozados por el
accionante no están llamados a prosperar en la medida que, como se señaló en
precedencia, no se evidencia una mora judicial injustificada o negligente, pues se
comprobó que se han adelantado las actuaciones tendientes a adelantar el
proceso, sin que se pueda atribuir a la autoridad judicial accionada la tardanza en
las diligencias de los dictámenes, tanto así que la misma parte demandante, hoy
tutelante, fue quien desistió del dictamen pericial contable que solicitó en su
demanda y decretada en la audiencia inicial.
En segundo lugar y en relación con la Agencia Nacional de Minería, sobre el
amparo para la expedición de una “copia autentica del documento de reevaluación
técnica ya que el entregado en el proceso pericial estaba sin firma, además aclarar
si ya existía otra evaluación técnica anterior a esta ya que la entregada se llama
reevaluación técnica”.
La Sala encuentra que la ANM, junto con la contestación de la demanda de tutela,
anexó una “constancia de notificación” al accionante del 30 de noviembre de
202215, en la que se indicó lo siguiente (transcripción literal):
En atención al oficio del asunto, el cual fue recibido por la Agencia Nacional de
Minería el día 28 de noviembre de 2022, por correo dirigido a
notificacionesjudiciales-anm@anm.gov.co; de la Secretaria General del
Consejo de Estado, en virtud de la tutela radicada 110010315000202206167
00; procedo a pronunciarme en torno al mismo, de acuerdo a las funciones
asignadas por medio de la Resolución 223 del 29 de abril de 2021, de la
siguiente manera:
Una vez revisado el expediente contentivo de la ya archivada solicitud de
formalización de minería tradicional identificada con la placa No. NJN-15181;
se evidencia que no existe otra evaluación técnica anterior a la fechada a 18
de septiembre de 2014 (folios 895 a 898 respaldo); documento este que me
permito aportar en copia autentica.
Al respecto resulta oportuno aclarar que el formato de dicha evaluación
técnica se denomina “PROCESO: EVALUACIÓN TÉCNICA DE
SOLICITUDES MINERAS SOLICITUD DE FORMALIZACION DE MINERIA
15
Índice 9, SAMAI. En el documento “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO
_PRUEBASYANEXOSCAN(.pdf)” y en el que se anexa el informe mencionado y la constancia de
envío el correo del representante legal de la sociedad accionante.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
TRADICIONAL DECRETO 0933 DE 2013”, y se encuentra debidamente
firmado por el profesional que la elaboró; no obstante, y en razón a que por el
paso del tiempo y la manipulación del expediente este documento perdió su
calidad y nitidez; en la primera oportunidad se consideró pertinente aportar
este documento en digital extrayéndolo de la carpeta digital denominada
“GESTOR DOCUMENTAL” donde los profesionales de to-das las áreas deben
incorporar los productos que elaboran, con el fin de realizar un seguimiento
interno de sus labores; y donde en nuestro caso particular el profesional
técnico que evalúo la solicitud de formalización de minería tradicional
NJN-15181 el 18 de septiembre de 2014; denomino su documento como
reevaluación técnica; sin que esto signifique que existe otra evaluación; por
cuanto como ya se mencionó; esta situación se verifico frente al expediente
No. NJN-15181.
En ese sentido, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando
no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y,
por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no
surtiría ningún efecto, la Corte Constitucional ha definido tal situación como
“carencia actual de objeto”.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de
objeto se puede configurar por tres situaciones: i) hecho superado, ii) daño
consumado o iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Frente a estas
figuras se ha sostenido16:
3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño
o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese
la vulneración o impedir que se materialice el peligro17. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la
Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es
improcedente cuando se ha consumado la vulneración18 pues, esta acción fue
concebida como preventiva mas no indemnizatoria.
3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante19. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
16
Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1º de febrero de 2019, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
17
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).
18
Decreto 2591 de 1991, artículo 6: ‘La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción
u omisión violatoria del derecho’”.
19
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras”.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
accionada los ha garantizado20.
3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente21. Se presenta en aquellos
casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del
escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y
que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva
situación hizo innecesario conceder el derecho.
3.2. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha señalado que:
‘(i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la
acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre
durante el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el
trámite de revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas
circunstancias- se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección
que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 199122), o por la
necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la
misma situación o que requieran de especial protección constitucional; y (ii) no
es perentorio en los casos de hecho superado o acaecimiento de una situación
sobreviniente, salvo cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión
debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión
en concreto, ni impartir orden alguna), ‘para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar
su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera’, tal como lo prescribe el artículo 24
del Decreto 2591 de 199123’24.
En ese orden de ideas y en relación con este particular, la Sala declarará la
carencia actual de objeto, al haberse superado la situación que dio lugar a esta
actuación contra de la Agencia Nacional de Minería.
20
Original de la cita: “Decreto 2591 de 1991, artículo 26: ‘[s]i, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes’”.
21
Original de la cita: “La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera
modalidad de carencia actual de objeto cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por
ejemplo las sentencias T-988 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos), entre otras”.
22
Original de la cita: “El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 25, regula la hipótesis excepcional de
procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de la acción de la tutela”.
23
Original de la cita: “El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: ARTÍCULO 24.
PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere
de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente
de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión”.
24
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-205A de 2018 (MP Antonio José Lizarazo
Ocampo)”.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06167-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia, en relación con la pretensión en contra de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto frente a la pretensión en
contra de la Agencia Nacional de Minería, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.