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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04537-00

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04537-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda., quien actúa por conducto de su representante legal, contra la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04537-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

19 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04537-00
Demandante: Canteras de Florencia Ltda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04537-00
Demandante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra autoridades administrativas y judicial.
Implementación de medidas efectivas para contrarrestar la
congestión judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela1
promovida por la sociedad Canteras de Florencia Ltda., quien actúa por intermedio
de su representante legal, contra la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de eficacia, transparencia y
“pronta resolución”, supuestamente vulnerados por la falta de medidas efectivas
que contrarresten la congestión judicial y permitan superar la mora judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora relató que en junio de 2016, por intermedio de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió demanda contra la Agencia Nacional de Minería, con el fin de que se
declare la nulidad de la Resolución No. 000977 de 27 de mayo de 2015, por medio
de la cual se rechazó y archivó una solicitud de minería tradicional, así como de la
Resolución No. 002276 de 25 de septiembre de 2015 que resolvió un recurso de
reposición, dentro del expediente de legalización minero No. NJN-15181.

Refirió que la demanda correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C” (radicado No. 11001-03-26-000-2016-00096-00), e
ingresó al despacho para proferir sentencia de primera instancia el 26 de abril de
2023, sin que a la fecha de interposición de la presente acción cuente con decisión
que resuelva el fondo del asunto, pese a que se superó el término establecido en
el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Expuso que para llegar a la etapa procesal
en la que se encuentra el caso, ha tenido que presentar varias acciones de tutela,
por la mora en la administración de justicia.

1 Presentada el 25 de agosto de 2023.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda

Manifestó que los despachos judiciales no cumplen con los términos procesales
por el cúmulo de trabajo que se tiene por la aplicación del artículo 18 de la Ley 446
de 1998, según la cual se debe respetar el turno de entrada de los procesos para
dictar sentencia, pero no el consagrado en la Ley 1437 de 2011 que, a su juicio,
genera una tardanza injustificada en el cumplimiento de los plazos y que ha
conllevado que la empresa no pueda realizar sus actividades de exploración y
explotación minera, desencadenando en la falta de ingresos que permiten pagar
los salarios.

Señaló que el 25 de noviembre de 2022 presentó demanda, también en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Agencia
Nacional de Minería, en la que se pretende dirimir lo relativo al contrato de
concesión minero artesanal No. RJ4-16271, que correspondió en primer lugar, al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá, quien declaró su falta de
competencia y remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera que, a su vez, envío el proceso a la Sección Tercera, Subsección
“C”, de la misma corporación, donde fue repartido el 19 de mayo de 2023, sin que
se haya admitido.

Por último, consideró que desde la presentación de la demanda se han surtido tres
repartos que generan retrasos en el acceso a la administración de justicia y
vulneran el debido proceso, sin que exista un motivo razonable que justifique la
demora en la actuación procesal. Agregó que la congestión judicial no va a
desaparecer mientras las autoridades competentes no cumplan con sus funciones,
ni con los términos judiciales, amparándose en una mora judicial justificada.

2. Fundamentos de la acción

La sociedad accionante promovió acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de eficacia, transparencia y “pronta resolución”,
supuestamente vulnerados al no adoptar medidas efectivas que permitan superar
la mora judicial para el cumplimiento de los términos para dictar sentencia
establecidos en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, como ocurre en el proceso
promovido contra la Agencia Nacional de Minería (exp. No. 11001-03-26-000-
2016-00096-00), que se encuentra al despacho para fallo desde el 26 de abril de
2023.

De manera concreta, manifestó que la tardanza en la resolución de manera
oportuna es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones de cada
autoridad. En específico, en relación con el Consejo Superior de la Judicatura
indicó que “por no tomar las medidas necesarias para superar las dificultades de acceso
a la administración de justicia y la alta congestión judicial que por años se viene
arrastrando en todas las esferas de la justicia colombiana perjudicando a los que
acudimos a solicitar la administración de justicia de una forma pronta, oportuna, eficaz,
eficiente y justa que son los fines esenciales de la administración de justicia”.

Respecto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostuvo que “debe velar por
el cumplimiento de las funciones de los encargados de administrar la justicia entre estos
el consejo superior de la judicatura y que estos cumplan con los términos judiciales
establecidos en la ley y que se tomen las decisiones necesarias para superar la alta
congestión judicial o el alto volumen de trabajo que tienen los diferentes despachos
judiciales del país generando una mora judicial justificada según las diferentes
sentencias”.

Finalmente, trajo a consideración jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa
al debido proceso y la mora judicial injustificada, y citó una decisión de la Corte
Suprema de Justicia relativa a los requisitos de la acción constitucional y las

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda

facultades del juez de tutela para inmiscuirse en asuntos que son competencia de
otros funcionarios judiciales.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes2:
“Se AMPAREN, los derechos fundamentales de las personas naturales o jurídicas que
como yo o como la compañía canteras de Florencia Ltda. hemos recurrido a la
administración de justicia, pero la violación al debido proceso, por el incumplimiento de
los términos establecidos en el CPACA dificultan y retrasan el acceso a la
administración de justicia y este retraso nos ha generado una violación a nuestros
derechos del trabajo y al mínimo vital.

Se ORDENE al Honorable Consejo Superior de la Judicatura que tome las medidas
necesarias por medio de acuerdos expedidos por esta entidad con base en sus
funciones constitucionales y legales para que la justicia colombiana pueda salir de la
alta congestión judicial, del alto volumen de trabajo y del incumplimiento de los
términos establecidos en el CPACA para que por medio de esos acuerdos se logre
superar la crisis que se ha generado desde hace más de dos décadas dificultades en el
acceso a la pronta y oportuna administración de justicia, donde la eficacia, eficiencia,
justa, pronta y oportuna administración de justicia no se puede alcanzar en lo ancho y
largo del país donde quiera que existe un despacho judicial, para que el consejo
superior de la judicatura no continúe esperando que el ejecutivo adicione los billones de
pesos que son necesarios para solucionar esta crisis de la justicia, exploren,
implemente[n] y apliquen otros mecanismos para solucionar las dificultades en el
acceso a la administración de justicia por la alta carga laboral o cúmulo de procesos
existentes.

Se ORDENE a la Comisión [Nacional] de Disciplina Judicial que se encargue de vigilar
todos los despachos judiciales incluidas las altas cortes, en los cuales cursan procesos
a nivel nacional y dentro de los mismos se han incumplido con los términos
establecidos en el CPACA generando un difícil acceso a la administración de justicia,
se le ordene también encargarse de vigilar que el Consejo Superior de la Judicatura
cuando tome las acciones y decisiones necesarias para superar la alta congestión
judicial, el alto volumen de trabajo y el incumplimiento de los términos establecidos en
el CPACA, lo que ha generado desde hace más de unas décadas dificultades en el
acceso a la pronta y oportuna administración de justicia en todo el país.

Se ORDENE, al Jefe de estado presidente de la Republica Dr. Gustavo Petro Urrego
se estudie la posibilidad de declarar una emergencia en la justicia colombiana y se
proceda a diseñar un plan estratégico dentro del consejo de ministros para que se
pueda cumplir con los términos establecidos para dictar sentencia lo más pronto
posible, por haberse vulnerado los términos del artículo 181 del CPACA en muchos de
los procesos judiciales que cursan en las diferentes entidades de la rama judicial, se
busque la manera de destinar los dineros necesarios para solucionar la crisis que
atraviesa la justicia colombiana desde hace más de dos décadas, implementado las
medidas necesarias para superar la crisis existente la cual genera una mora judicial
injustificada y una impunidad en muchas áreas de la justicia de país”.

4. Pruebas relevantes

A través de correo electrónico de 26 de septiembre de 2023, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, aportó copia del auto de 9 de junio de
2023, en el que se expuso que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 11001-03-26-000-2016-00096-00 se encuentra en
turno para proferir sentencia.

Mediante correo electrónico de 27 de septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, aportó copia
del auto de 25 de septiembre de 2023, a través del cual se admitió el medio de
2 En una primera oportunidad la demandante incluyó una pretensión encaminada a ordenar proveer sobre la

admisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-36-000-2023-00229-
00. Sin embargo, con ocasión al requerimiento efectuado por el despacho de la Consejera Ponente, precisó
que los demandados son la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y retiró la
pretensión encaminada a estudiar la tardanza en el trámite judicial del proceso antes referido.
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control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 25000-23-
36-000-2023-00229-00 y remitió el enlace del expediente digital.

Por correo electrónico de 2 de octubre de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial allegó constancia secretarial en la que se indica que el representante legal
de la sociedad actora no figura como parte en procesos disciplinarios relacionados
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-
36-000-2023-00229-00.

5. Trámite procesal

Por medio de auto de 29 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora requirió a la parte actora con el fin de que indicara con claridad y
precisión: (i) las autoridades judiciales demandadas; (ii) los hechos; (iii) las
pretensiones objeto de tutela y (iv) las razones en que sustenta la vulneración a
los derechos fundamentales invocados.

A través de memorial presentado el 4 de septiembre de 2023, la demandante
atendió el requerimiento efectuado en el sentido de precisar las autoridades
demandadas, los hechos, pretensiones y fundamentos de la acción de tutela. Por
correo electrónico de 5 de septiembre del mismo año, el representante legal de la
sociedad actora allegó copia del certificado de existencia y representación legal.

Por auto de 20 de septiembre de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a las autoridades demandadas, así como al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “C”, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “C” y Sección Primera, Subsección “A” y al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Bogotá, como terceros interesados en el resultado
del proceso, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 101895 al 101906
de 22 de septiembre de 2023, con el fin de notificar a las partes3.

6. Oposición

6.1. Autoridades demandadas

6.1.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

Por medio de escrito presentado el 27 de septiembre de 2023, la apoderada
judicial de la entidad, se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la
presente acción, para lo cual solicitó declarar la solicitud de amparo improcedente
respecto de su representado. De manera subsidiaria, pidió negar las pretensiones
de la demanda.

3 Notificación que surtió a los siguientes correos electrónicos: angeloucros@hotmail.com;
angeloucros@gmail.com; scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
sancionadoscndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co;
presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co;
correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co;
sancionadoscndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co; notifjrodriguez@consejodeestado.gov.co;
sjaimesv@consejodeestado.gov.co; aangarital@consejodeestado.gov.co; ktorresb@consejodeestado.gov.co;
notifgsanchez@consejodeestado.gov.co; notifnyepes@consejodeestado.gov.co;
ncardenasa@consejodeestado.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; contacto@presidencia.gov.co;
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; jadmin06bta@notificacionesrj.gov.co ;
admin06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs03sbctadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
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Indicó que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es
la responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la vulneración
alegada, ni se encuentra facultada para intervenir en las decisiones judiciales.

Puso a consideración las funciones del departamento para argumentar la falta de
competencia, e indicó que no puede intervenir en decisiones judiciales. Citó
jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la autonomía e
independencia judicial como pilar esencial para la sostenibilidad de un Estado
Social de Derecho, para precisar que la Rama Ejecutiva no puede ejercer
interferencia en la Rama Judicial.

Consideró que el pronunciamiento sobre los reclamos de la actora corresponde a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien es la encargada de ejercer la
acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales. Expuso que en
la actualidad la Rama Ejecutiva asignó un presupuesto a favor del financiamiento
de la Rama Judicial, otorgado por el Gobierno Nacional por medio de la Ley 2299
de 2023, sin que se pueda establecer la falta de recursos para afrontar los
procesos en los términos planteados por la accionante, por el contrario, demuestra
un compromiso en garantizar el acceso a la administración de justicia de los
ciudadanos y deja sin fundamento la pretensión encaminada a ordenar la
destinación de presupuesto a la Rama Judicial para afrontar los procesos
judiciales, como quiera que, se expidió la ley de presupuesto bajo los parámetros
legales.

Expresó que en virtud de la asignación adicional de fondos a la Rama Judicial no
existe motivo para invocar la solicitud de amparo, dado que se ha respondido a la
necesidad de recursos derivada de un proceso de gestión responsable y equitativo
de los recursos públicos, que garantiza el adecuado funcionamiento de las
instituciones del Estado. Agregó que la accionante no aclara cómo la Presidencia
amenaza sus garantías constitucionales puesto que no hizo alusión a que se
hubiera iniciado un proceso en donde se viera involucrada, o que participara en
algún procedimiento administrativo, por ello, manifestó que por sustracción de
materia no podría vulnerar el derecho fundamental al debido proceso.

Para finalizar, explicó que la inexistencia de una omisión por parte de esa entidad,
conlleva el incumplimiento de los requisitos esenciales para que se configure la
vulneración de los derechos fundamentales invocados al debido proceso y de
acceso a la administración de judicial.

6.1.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico

Mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2023, la directora de la unidad
se pronunció en el sentido de indicar que su competencia recae en reglamentar,
planear, programar y ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial, sin que le sea
atribuible la tardanza de las autoridades judiciales en el trámite de los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Señaló que la investigación disciplinaria por mora judicial debe adelantarse ante el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través del mecanismo de
vigilancia judicial administrativa y no por medio de la acción de tutela. En ese
contexto, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, ante la
inexistencia de un nexo causal entre los fundamentos fácticos del escrito de tutela,
la presunta vulneración y el actuar de esa entidad.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de
subsidiariedad, por no ser el mecanismo idóneo para impulsar procesos.

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6.1.3. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La presidenta de la corporación rindió informe por medio de escrito electrónico
allegado el 2 de octubre de 2023, en el que indicó que la acción de tutela se torna
improcedente, por cuanto el medio idóneo para activar la “jurisdicción disciplinaria”
es la queja contenida en el artículo 67 de la Ley 1123 de 2007.

Sostuvo que el 2 de octubre de 2023 se recibió constancia secretarial en la que se
informó “(...) a la fecha, no se encontraron registros de procesos en los cuales figure
como parte el señor ANGELO ANDRES UCROS OSPINO, en representación de
CANTERAS DE FLORENCIA LTDA., relacionado con medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000233600020230022900”. Agregó que realizó la
búsqueda en la página web de la Rama Judicial sin encontrar registro de procesos
disciplinarios en los que se registre como quejoso el representante legal de la
demandante, en contra de alguna autoridad judicial.

Finalmente, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva por la falta
de intervención en el proceso judicial del que se advierte la falta de trámite y se
refirió a los canales digitales dispuestos por la corporación para efectos de recibir
una queja formal.

6.2. Intervenciones

6.2.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “C”

A través de memorial de 27 de septiembre de 2023, el magistrado a cargo del
trámite judicial identificado con el radicado No. 25000-23-36-000-2023-00229-00,
hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso para concluir que
el mismo fue repartido hasta el 2 de mayo de 2023 e ingresó al despacho para
proveer sobre su admisión el 19 del mismo mes y año. Indicó que el proceso fue
radicado el 25 de noviembre de 2022 ante los juzgados administrativos de Bogotá
y por auto 23 de marzo de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer del aludido
proceso y dispuso la remisión del mismo al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Sostuvo que el asunto fue repartido a la Sección Primera, Subsección “A” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien por su parte declaró la falta de
competencia para conocer del caso y ordenó la remisión de este con destino a la
Sección Tercera de la misma corporación. Señaló que dadas las distintas
actuaciones procesales que se surtieron en el asunto, por auto de 25 de
septiembre de 2023 se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la demandante contra la Agencia Nacional de Minería, por
lo que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, aclarando
que, en ningún caso, incurrió en dilaciones injustificadas.

Puso a consideración jurisprudencia de la Corte Constitucional para advertir que
no toda mora judicial necesariamente es injustificada y para ser catalogada como
tal se deben establecer ciertos elementos. Precisó que la tardanza no existe solo
por el transcurso del tiempo, sino que se debe probar la negligencia de la
autoridad y la existencia de un perjuicio irremediable, sin que en el asunto se
configure la misma. Para culminar, agregó que la pretensión sobre la admisión de
la demanda no le atañe al juez constitucional.

6.2.2. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”

A través de memorial de 26 de septiembre de 2023, el magistrado a cargo del
trámite judicial identificado con radicado No. 11001-03-26-000-2016-00096-00
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manifestó que la actora expuso sus inconformidades por la falta de adopción de
mecanismos encaminados a solucionar la congestión judicial, lo que desconoce lo
establecido en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que la jurisprudencia ha reconocido que la mora judicial puede darse por
negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de proferir las
providencias, o justificada cuando se trata de sobrecarga y represamiento de
trabajo que impide el cumplimiento de términos procesales. Agregó que para
calificar la mora como injustificada se debe valorar (i) el incumplimiento de los
términos; (ii) la falta de motivo razonable que justifique la demora y (iii) que la
tardanza sea imputable a la omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de
sus funciones.

Indicó que en el caso concreto la accionante solo fundamentó la vulneración en el
desconocimiento del término consagrado en el artículo 181 de la Ley 1437 de
2011, argumentando que la congestión judicial y el volumen de trabajo no son
suficientes para justificar la tardanza en los plazos establecidos. Agregó que la
demandante aduce que el retardo es imputable a la inactividad del Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Presidencia de la República, por no adoptar las medidas necesarias para la
solución de dicha problemática.

En relación con las actuaciones que se han surtido en el trámite procesal del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, hizo un recuento de las
actuaciones dictadas, señaló que ha garantizado el debido proceso y acceso a la
administración de justicia y que ingresó al despacho para fallo el 26 de abril de
2023. Sin embargo, con posterioridad, por auto de 9 de junio de 2023 explicó a las
partes que el proceso se encontraba en turno para dictar sentencia conforme al
orden de ingresos al despacho en el que informó a la demandante que:
“actualmente se están registrando, para discusión en Sala de Subsección, los proyectos
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que ingresaron para fallo en el
segundo trimestre del año dos mil veintidós (2022), excepto los asuntos en los que la
Subsección haya decretado pruebas de oficio. Por lo tanto, dado que el proceso de la
referencia ingresó para fallo el veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023), la
decisión de fondo correspondiente se dictará respetando el turno respectivo”.

Para terminar, manifestó que la accionante ha promovido seis acciones de tutela
identificadas con los siguientes radicados: (i) 11001-03-15-000-2021-02233-00; (ii)
11001-03-15-000-2022-03698; (iii) 11001-03-15-000-2022-06167-00; (iv) 11001-
03-15-000-2023-01312-00; (v) 11001-03-15-000-2023-02025-00 y (vi) 11001-03-
15-000-2023-02986-00 con hechos y pretensiones similares al asunto para dar
impulso al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado No. 11001-03-26-000-2016-00096-00, bajo el argumento del retardo
injustificado en la actuación, solicitudes de amparo que en su mayoría han sido
negadas.

6.2.3. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”

A través de escrito de 25 de septiembre de 2023, el magistrado a cargo del trámite
judicial informó que el proceso identificado con el No. 25000-23-41-000-2023-
00441-00 finalizó con auto de 20 de abril de 2023, por medio del cual se declaró la
falta de competencia para conocer del asunto y ordenó su remisión a la Sección
Tercera de la misma corporación judicial. Advirtió que, al expediente en mención le
fue asignado el radicado No. 25000-23-36-000-2023-00229-00, y que el escrito de
tutela no se endilgó alguna conducta en relación con alguna actuación procesal,
razón por la cual carece de legitimación en la causa por pasiva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04537-00
Demandante: Canteras de Florencia Ltda

6.2.4. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá

Por medio de memorial allegado el 25 de septiembre de 2023, la titular del
despacho rindió informe en el que indicó que el 25 de noviembre de 2022 le fue
repartido el expediente No. 11001-33-34-006-2022-00581-00, promovido por la
demandante con la pretensión de nulidad de los actos administrativos que
rechazaron y archivaron la propuesta de contrato de concesión minera No. RJ4-
16271, en el que se declaró la falta de competencia para conocer del asunto y
ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
situación que se materializó por medio de oficio 097-2023J6AD de 29 de marzo de
2023.

7. Escrito adicional presentado por la parte actora

A través de escrito de 29 de septiembre de 2023, el representante legal de la
sociedad demandante solicitó estudiar la posibilidad de alterar el turno para dictar
sentencia dentro del expediente con radicado No. 11001-03-26-000-2016-00096-
00 y que con ocasión a ello se le dé impulso procesal al trámite de elaboración del
proyecto de fallo, teniendo en cuenta los términos señalados en la Ley 1437 de
2011 -CPACA-.

Por otra parte, manifestó que la sociedad entró en proceso de disolución y
liquidación y que se encuentra pendiente de la providencia para presentar el acta
de liquidación. Añadió que la empresa no está desarrollando su objeto social por
no contar con el título minero para la exploración y explotación de minerales, razón
por la cual no ha percibido ingresos que le permitan sufragar obligaciones como el
pago de los salarios del gerente y subgerente de la compañía, seguridad social,
servicios públicos, entre otros.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

De la legitimación en la causa por pasiva

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura
argumentaron la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
consideran que no son las responsables de materializar las pretensiones de la
demandante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20224 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

4 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Al respecto, la Sala advierte que se negarán dichas solicitudes debido a que la
vulneración alegada por la sociedad demandante se fundamenta en la
competencia de estas por la acción u omisión en el marco de sus funciones, como
lo es adoptar, a su juicio, medidas efectivas para el cumplimiento de los términos
judiciales, la vigilancia judicial y la declaratoria del estado de emergencia
económica, social o ecológica, al punto que las pretensiones del asunto bajo
examen están encaminadas a dar órdenes específicas a las autoridades
demandadas con el fin de superar los problemas estructurales de mora judicial
que padece la Rama Judicial.

Así mismo, atendiendo que en el relato de la acción de tutela se refiere al retardo
en las actuaciones surtidas en los procesos judiciales promovidos por la parte
actora contra la Agencia Nacional de Minería, tampoco es procedente la
desvinculación del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, ni
la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, quienes
fueron vinculadas al trámite constitucional en calidad de terceros interesados.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Presidencia de la República –
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Consejo
Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -
autoridades demandadas en la acción de tutela-, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de eficacia, transparencia y “pronta resolución”, por la falta de
adopción de medidas efectivas que contrarresten la congestión judicial y permitan
superar la mora judicial.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el numeral 1º del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial,
a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, en los siguientes términos:

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

En esa línea, la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 20185, dispuso que
“las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el

5 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional
como vía preferente o instancia judicial adicional de protección”. En la misma
providencia, indicó que el solo hecho de que existan otros medios de defensa
judicial, no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente,
ya que bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la misma
puede llegar a tener algunas excepciones, como lo son:

“(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio”.

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional. Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. El asunto bajo examen

La sociedad Canteras de Florencia Ltda., por intermedio de su representante legal,
interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, así como
los principios de eficacia, transparencia y “pronta resolución”. En consecuencia,
solicitó que se ordene (i) al Consejo Superior de la Judicatura, adoptar medidas
para aliviar la congestión judicial por medio de acuerdos para que la justicia pueda
salir de la alta congestión judicial; (ii) al Presidente de la República estudiar la
posibilidad de declarar un estado de emergencia económica, social y ecológica en
la justicia colombiana para que se pueda cumplir con los términos establecidos
para dictar sentencia, diseñar un plan estratégico para acelerar la emisión de
sentencias y destinar recursos para resolver la crisis judicial, y (iii) a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, vigilar los despachos judiciales incluidas las altas
cortes, en los que se haya incumplido los términos establecidos en la Ley 1437 de
2011 -CPACA-.

De acuerdo con el relato fáctico y los informes rendidos en este trámite
constitucional, está probado que la parte actora, por conducto de apoderado
judicial, ha acudido al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Agencia Nacional de Minería, a través del cual ha presentado
sendas demandas que se identifican con los radicados No. 11001-03-26-000-
2016-000-96-00 y 25000-23-36-000-2023-00229-00, en los que se discute la
legalidad de los actos administrativos que rechazaron y archivaron una solicitud de
minería artesanal, así como lo relativo al contrato de concesión minero artesanal
No. RJ4-16271, respectivamente.

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5.2. Análisis de temeridad o duplicidad de acciones en el caso concreto

5.2.1. Conforme con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
“cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes
(…)”.

En armonía con aquel precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de
protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República,
así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas”6.

La Corte Constitucional ha definido la temeridad que deriva de lo establecido en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 como “el resultado de un ejercicio abusivo
del derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a
satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en
desmedro de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso
efectivo de la jurisdicción”7.

También ha señalado que hay temeridad “al emplear irrazonablemente el
mecanismo constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que
el asunto ya fue decidido previamente”8. En ese orden, ha señalado los siguientes
elementos que corresponde verificar al juez de tutela para evidenciar la
configuración de la temeridad: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de
demandante; (iii) identidad de sujeto accionado y (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción.

5.2.2. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, puso de
presente que la sociedad demandante ha presentado seis acciones de tutela de
manera previa, por lo que se hace necesario verificar si la parte actora ha incurrido
en una actuación temeraria con la presentación de una nueva solicitud.

En ese contexto, se advierte que el representante legal de la sociedad
demandante ha formulado distintas acciones de tutela encaminadas a obtener el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia por la falta de trámite en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidos contra la Agencia Nacional de Minería
(expedientes Nos. 11001-03-26-000-2016-00096-00 y 25-000-23-36-000-2023-
00229-00), como se pasa a exponer:

Acción de tutela Demandados Pretensiones
Se ordene la suspensión de
los efectos de los actos
Consejo de Estado – Sección administrativos expedidos
Tercera, Agencia Nacional de por la Agencia Nacional de
11001-03-15-000-2021- Minería, Corporación Autónoma Minería dentro de la
02233-009 Regional de La Guajira y Alcaldía solicitud de legalización de
Municipal de Fonseca – La minería tradicional NJN-
Guajira 15181. Así mismo, se
ordene la suspensión del
trámite del proceso

6 Sentencia T-644 de 2014. M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez.
7 Sentencia SU-377 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
8 Sentencia T-147 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 Sentencias de primera y segunda instancia de 11 de junio de 2021 y 13 de agosto de 2021.

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sancionatorio ambiental que
cursa ante la Corporación
Autónoma Regional de La
Guajira.
Se ordene a la autoridad
judicial resolver las
11001-03-15-000-2022- Consejo de Estado – Sección solicitudes procesales
03698-0010 Tercera – Subsección “C” encaminadas a fijar fecha
de audiencia y a dar curso
al proceso.
Se ordene a la Agencia
Nacional de Minería expedir
copia auténtica del
Consejo de Estado – Sección documento de revaluación
11001-03-15-000-2022-
Tercera – Subsección “C” y técnica entregado en el
06167-0011
Agencia Nacional de Minería proceso judicial por falta de
firma, y a la autoridad
resolver las solicitudes
presentadas.
Se ordene a la autoridad
11001-03-15-000-2023- Consejo de Estado – Sección
judicial correr traslado para
01312-0012 Tercera – Subsección “C”
alegar de conclusión.
Se ordene resolver las
Consejo de Estado -
solicitudes procesales o
Subsecciones “A” y “C” de la
impulsos donde se remite
11001-03-15-000-2023- Sección Tercera y Tribunal
renuncia al poder especial y
02025-0013 Administrativo de Cundinamarca,
se designa nueva
Subsección “A” de la Sección
apoderada y admitir la
Primera
demanda presentada.
11001-03-15-000-2023-
02986-0014 Se ordene a la autoridad
judicial dictar sentencia por
Consejo de Estado – Sección
Promovida por la accionista haberse superado los
Tercera – Subsección “C”
de la demandante, la señora términos del artículo 181 de
Elda Patricia Rodríguez la Ley 1437 de 2011.
Beleño.

De conformidad con lo expuesto, la Sala evidencia que la parte actora no ha
incurrido en temeridad por cuanto no existe identidad de partes, ni de
pretensiones, comoquiera que el presente asunto está dirigido contra otras
autoridades -Presidencia de la República, Consejo Superior de la Judicatura y
Comisión Nacional de Disciplina Judicial-, y con el propósito de que se adopten
medidas generales para conjurar la mora judicial que, afirma la actora, es
estructural en la Rama Judicial.

Por ende, se continuará con el estudio del asunto para determinar, inicialmente, si
es procedente efectuar el estudio de fondo de las pretensiones propuestas por la
parte actora.

5.3. La acción de tutela promovida por la parte actora, a partir de las
pretensiones formuladas, es improcedente

5.3.1. La sociedad demandante pretende que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura adoptar medidas para aliviar la congestión judicial por medio de
acuerdos para que la justicia pueda salir de la alta congestión judicial. A su vez,
ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vigilar a los despachos
judiciales incluidas las altas cortes, en los que se haya incumplido los términos
establecidos en la Ley 1437 de 2011 -CPACA-. Y finalmente, que se ordene al
Presidente de la República estudiar la posibilidad de declarar un estado de

10 Sentencias de primera y segunda instancia de 25 de agosto de 2022 y 26 de octubre de 2022.
11 Sentencias de primera y segunda instancia de 12 de diciembre de 2022 y 9 de marzo de 2023.
12 Sentencia de 24 de abril de 2023.
13 Sentencias de primera y segunda instancia de 17 de mayo de 2023 y 13 de julio de 2023.
14 Sentencias de primera y segunda instancia de 28 de julio de 2023 y 5 de octubre de 2023.

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emergencia económica, social y ecológica para que se pueda cumplir con los
términos establecidos para dictar sentencia.

En virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de
tutela tiene como finalidad la protección inmediata de derechos fundamentales, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, este
mecanismo constitucional puede ser promovido por cualquier persona que
considere vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales. Por su parte, la
Corte Constitucional15 ha señalado que el juez de tutela tiene un rol fundamental en
los fines esenciales del Estado que recae en garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, de las pretensiones formuladas en la demanda de tutela se
tiene que la parte actora propone un debate general frente a situaciones que no
involucran por sí solas una presunta vulneración de derechos fundamentales, en la
medida en que en el escrito de tutela no se detallan situaciones concretas y
específicas que permitan arribar a esa conclusión. Por el contrario, de la lectura de
la solicitud se deduce que lo pretendido se enmarca en cuestionar aspectos
estructurales que no denotan una supuesta afectación de carácter iusfundamental.

Bajo ese contexto, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la solicitud de
amparo debe guardar una relación directa con la vulneración y/o amenaza de los
derechos fundamentales, lo que no se advierte en el asunto bajo examen en el
que las pretensiones que se formulan escapan de la órbita de competencia del
juez constitucional.

5.3.2. Por último, a través de escrito allegado el 1° de octubre de 2023, el
representante legal de la sociedad demandante solicitó “ordenar la alteración de
turno para dictar sentencia dentro del expediente de nulidad y restablecimiento de
derechos identificado con radicado No 11001032600020160009600”.

Al respecto, la Sala precisa que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 establece
para las autoridades judiciales la obligación de proferir sentencia en el orden
estricto en que haya ingresado el expediente al despacho, sin que el mismo pueda
ser alterado. Sin embargo, la normativa en comento contempla como excepción
los casos de sentencia anticipada o prelación legal, así como aquellos que por su
naturaleza lo ameriten o cuando medie solicitud del agente del Ministerio Público.

Adicionalmente, la Corte Constitucional16 ha considerado la posibilidad de
alteración del turno, de manera excepcional, cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional, cuando se supera el plazo razonable y ante la
posible configuración de un perjuicio irremediable, para lo cual ha sostenido que
“(...) aunque el incumplimiento de los términos judiciales derive de causas ajenas a
la actuación diligente del funcionario judicial, la jurisprudencia constitucional, en
atención a las circunstancias particulares de la persona que solicita el amparo, ha
considerado posible que se adopten dos tipos de remedios constitucionales. Por
un lado, “ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir el fallo,
cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y
tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado”. Y, por el otro, “en aquellos casos en que se está
ante la posible materialización de un [perjuicio irremediable], se puede
ordenar un amparo transitorio en relación con los derechos fundamentales
comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma
definitiva en torno a la controversia planteada”.

15 Sentencia SU-150 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16 Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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En ese orden de ideas, en el expediente no se encuentra acreditado que en el
trámite del proceso judicial se haya pedido la alteración del turno, más allá de
presentar memoriales encaminados a impulsar el proceso, por lo que la acción de
tutela no es el mecanismo dispuesto para tal efecto, dado su carácter residual y
subsidiario, esto sumado a que, en auto de 9 de junio de 2023 de la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, se le informó a la demandante
que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra al
despacho para dictar sentencia en concordancia con la asignación de turnos, sin
que de ello se desprenda una valoración referente a la alteración del turno.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda, quien actúa por
intermedio de su representante legal.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
sociedad Canteras de Florencia Ltda., quien actúa por conducto de su
representante legal, contra la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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