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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04754-00

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04754-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la actora, los cuales fueron vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el auto de 1° de agosto de 2023 por la citada Corporación, dentro del incidente de desacato adelantado en el 39 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00 Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 110013335022202100281-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: INSTAR a la Dirección Técnica de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas - UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida al señor José Fermín Rocha Caballero por el hecho victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm. 04102019-1029400 de 19 de abril de 2021, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 27 de octubre de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se logre la reparación integral a las víctimas. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 40 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04754-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa
Demandados: Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1

Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Defecto fáctico/alcance

La causal de violación directa de la Constitución/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) buen nombre, iii)
acceso a la administración de justicia; y iv) libertad personal

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Juzgado
Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, i)
el Tribunal, al proferir el auto de 1.° de agosto de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir
el auto de 28 de junio de 2023, en el incidente de desacato adelantado en el
proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013335022202100281-00: vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al buen nombre y a la libertad
personal.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Sostuvo que, para el 13 de agosto de 2021, el señor José Fermín Rocha
Caballero presentó solicitud de petición ante la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que solicitó información sobre
la fecha en la cual podía recibir las cartas cheque, al haber diligenciado el
formulario y la actualización de datos.

4. Manifestó que, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
no dio respuesta a la petición elevada por el señor José Fermín Rocha Caballero,
por lo que no tuvo conocimiento de la fecha en que se realizaría el desembolso del
monto de la indemnización por desplazamiento forzado.

5.Indicó que, el señor José Fermín Rocha Caballero presentó acción de tutela
contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, pretendiendo lo siguiente:

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

“[…] Ordenar UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REAPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VPICTIMAS. Contestar el DERECHO DE PETICIÓN de fondo.

Ordenar a UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS contestar el derecho de petición manifestando una fecha en la cual
serán emitidas y entregadas mis cartas cheque […]”.

6. El Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá profirió
sentencia de primera instancia el 22 de septiembre de 2021, resolviendo declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.

7. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 27 de octubre de 2021,
resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela del 22 de septiembre de 2021, proferido
por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá, de acuerdo a lo expuesto en la parte resolutiva.

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor José Fermín
Rocha Caballero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia

TERCERO: ORDENAR al Director General de la Unidad para la Atención y
Reparación a las Victimas para que dentro del término improrrogable de cuarenta y
ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la presente providencia,
otorgue una respuesta de fondo a la petición presentada por el señor José Fermín
Rocha Caballero del 13 de agosto de 2021 con radicado No. 2021-711-1864635-2
en relación con la información que requiere el peticionario sobre la fecha en que se
tiene estimado realizar el pago de la indemnización administrativa que se le
reconoció en su calidad de víctima de desplazamiento forzado […]”.

8. El actor presentó escrito de incidente de desacato toda vez que, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas – UARIV
incumplió lo dispuesto por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de segunda instancia el 27 de
octubre de 2021.

9. El Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
mediante providencia de 28 de junio de 2023, resolvió lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

“[…] Primero: IMPONER a la doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa,
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 52.778.973 en calidad de Directora de
Reparaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS –UARIV-, por el desacato del fallo de tutela
impartido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de octubre de 2021,
la sanción de arresto de cinco (05) días, conforme a las razones vertidas en la
presente providencia.

Segundo: REQUERIR nuevamente a la doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa,
Directora de Reparaciones de la UARIV, para que cumpla de inmediato lo ordenado
en el fallo de tutela.

Tercero: ADVERTIR a la doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa, funcionaria
sancionada y responsable del cumplimiento del fallo de tutela en mención, así como
a su superior jerárquico, doctora Patricia Tobón Yagarí, que la presente
determinación, no enerva la posibilidad jurídico-procesal, de volver a imponer las
sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, si se persiste en el
incumplimiento objeto de censura.

Cuarto: Con fundamento en lo expuesto en la parte motiva y tan pronto se notifique
la presente determinación a las partes en litigio (artículo 5 del Decreto 306 de 1992),
REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se
surta el grado jurisdiccional de la consulta.

Quinto: Bajo la hipótesis de que la sanción por desacato sea confirmada luego de
surtido el grado jurisdiccional de la consulta, se deberán agotar las actuaciones
precisadas en la parte motiva de esta providencia para el efectivo cumplimiento de
la sanción impuesta […]”.

10.La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al resolver el grado de consulta a través de la providencia de 1° de
agosto de 2023 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 28 de junio de 2023, proferido por el
Juzgado Veintidós (22) de Oralidad Circuito Judicial de Bogotá, por medio del cual
impuso sanción a la Doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa como Directora de
reparaciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en virtud del incidente de desacato iniciado en su contra, de
conformidad a los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: Devolver de inmediato expediente al juzgado de origen para lo de su
competencia […]”.

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:

“[…] El juez que conoce el incidente de desacato, en principio, no puede modificar el
contenido sustancial de la orden proferida en la sentencia de tutela objeto del
desacato o redefinir los alcances de la protección concedida, salvo que dicha orden

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para
proteger el derecho fundamental amparado. Por esta razón, solo en ocasiones
excepcionales y con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, el
juez que resuelve el incidente de desacato podrá proferir órdenes adicionales a las
originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden original, garantizando
siempre el principio de la cosa juzgada. En suma, la labor del juez constitucional y
su margen de acción en el trámite de un incidente de desacato estará siempre
delimitada por lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo correspondiente. Por esta
razón, se encuentra obligado a verificar en el incidente de desacato “(1) a quién
estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el
alcance de la misma”. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la
cumplió de forma oportuna y completa. Así, de existir un incumplimiento “deberá
identificar las razones por las cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas
necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad
subjetiva de la persona obligada” hipótesis en la cual procederá la imposición del
arresto y la multa […]”.

[…]

[…] Evaluado el trámite suscitado en primera instancia, tal como quedó plasmado en
el acápite de antecedentes de esta providencia, la Sala recapitula que la decisión
emitida por el juez constitucional en la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021,
en la que dispuso: i) revocar el fallo de tutela del 22 de septiembre de 2021, proferida
por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Oralidad de Circuito Judicial de
Bogotá; ii) tutelar el derecho fundamental de petición del señor José Fermín Rocha
Caballero; iii) ordenar al Director General de la Unidad para la Atención y Reparación
a las Víctimas para que en 48 horas siguientes otorgue respuesta a la petición
presentada por el señor José Fermín Rocha Caballero de 13 de agosto de 2021, con
radicado 2021-711-1864635-2 en relación a la información que requiere el
peticionario sobre la fecha de pago de indemnización en su calidad de desplazado
forzado.

Pese a la orden emitida, han trascurrido más de 1 año y 9 meses de haberse emitido
la orden judicial y a pesar de los múltiples requerimientos por parte del juez, la parte
accionada no ha dado respuesta clara, expresa y de fondo frente a la información
solicitada por el señor José Fermín Rocha Caballero, relacionada con una fecha
estimada para la entrega de la indemnización administrativa que se le reconoció a
través de la Resolución No. 04102019- 1029400 del 19 de abril de 2021, como
víctima de desplazamiento forzado, que implica una continua vulneración de los
derechos fundamentales a la petición sin justificación alguna.

En cuanto a la sanción que se impuso a la doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa,
en calidad de Directora de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Víctimas UARIV, como sujeto sancionable como
sujeto sancionable por ser el superior jerárquico encargado de dar respuesta a la
petición elevada, como advirtió en su momento en la contestación a los
requerimientos y al incidente de desacato adelantado, siendo la funcionaria que está
llamada a responder, a quien ya se le notificó de la sanción impuesta bajo la medida
de saneamiento del auto del 7 de julio de 2023.

Por lo anterior, será del caso confirmar la providencia consultada, como quiera que
se vislumbra el elemento subjetivo de la sanción por desacato, el cual hace
referencia al comportamiento de las personas obligadas de dar cumplimiento a la
citada providencia de tutela […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y libertad, vulnerados por el JUZGADO
VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD – SECCIÓN SEGUNDA DE
BOGOTÁ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD – SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y/o TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO- SALA SEGUNDA DE DECISIÓN -
DESVINCULACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, en atención a que en la
actualidad no ostento el cargo de directora técnica de Reparaciones de la Unidad
para las Víctimas, de conformidad con lo enunciado en párrafos anteriores, fungió
como Directora Técnica Encargada de la Dirección de Reparaciones hasta el
primero (01) de agosto de 2023; y consecuencia INAPLICAR la sanción impuesta
en auto de fecha 28 de junio de 2023 confirmada en sede de consulta en auto del
01 de agosto de 2023.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD – SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la
sanción de multa y arresto, que las mismas se han levantado con ocasión a la
acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de la tutela
[…]”.

13. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un i) defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en un ii) defecto fáctico; y
en la iii) causal de violación directa de la Constitución.

Actuación

14.El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de septiembre de 2023; i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez Veintidós
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá; y iii) vinculó, como terceros con
interés, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

a las Víctimas y a José Fermín Rocha Caballero, concediéndoles el término de tres
(3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

15. El Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá señaló
que:

“[…] En razón a lo expuesto, respetuosamente solicito al Consejo de Estado,
declarar improcedente la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que no
satisface los requisitos para la prosperidad del amparo y, en consecuencia,
exonerar de responsabilidad al Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, por razón de los hechos que sirven de fundamento a la presente
acción […]”.

16. Los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y José Fermín Rocha Caballero
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la
acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo
1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen
reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la providencia de 1° de agosto de 2023, en el incidente de desacato
adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único
de radicación 110013335022202100281-00, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, en un defecto fáctico y en la causal de
violación directa de la Constitución, lo que trajo como consecuencia que se le
impusiera una sanción al no haber dado cumplimiento a la orden establecida en la
sentencia de 27 de octubre de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de
desacato; iv) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso
concreto; v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; vi) el
defecto fáctico; vi) la causal de violación directa de la Constitución; vii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al buen nombre; x) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad, xi) análisis del caso concreto,
y finalmente las xii) conclusiones de la Sala.

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

21.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello2, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

22.Esta Sección3 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

23.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

24.Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”4.

25.Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

26.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos
parámetros.

27.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.

Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato

29.La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.° de
octubre de 20157, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de tutela

4Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de

Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

30.Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela, la
Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”8.

31.Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 034
de 3 de mayo de 20189, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la acción
de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites incidentales de
desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió que el actor alegara la
configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales.

32.De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad,
la tutela solo podría interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez
esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “[…] la
instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.

33.Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Referencia

Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:

Expediente T-6.017.539.

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indicó que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite
incidental, y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en
el curso del desacato.

34.En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró
el derecho al debido proceso.

35.Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la modificación
de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental consideró que
el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el
alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela
primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.

36.En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración
de un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que
su trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no
puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

37.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

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38.En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:

38.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
la actora al i) debido proceso, al ii) acceso a la administración de justicia, al iii) buen
nombre; y a la iv) libertad.

38.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales indicados supra, y además, ii) la actora cumplió
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, en un defecto fáctico; y en la causal de
violación directa de la Constitución.

38.3. Cumplió con el requisito general de inmediatez10.

38.4. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos
invocados supra;

38.5. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

38.6. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

38.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

10 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada las providencias de
28 de junio de 2023 y 1° de agosto de 2023 proferidas por el Juzgado Veintidós Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá y por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

39. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

40. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189611 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200113; C-816 de
201114; C-179 de 201615; y T-102 de 201416.

41. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”17 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

42. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional18, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus

11 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
12 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
13 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
17 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
18 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

43. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional,
cuya doctrina es obligatoria19, la regla del respeto del precedente no es absoluta,
debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la
dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver
una situación concreta.

44. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los
cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala20, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas
como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que
debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia
resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en
los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

45. En efecto, la Sala21 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial22”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso

19 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
21 ibídem.
22 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161
de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta
la decisión de apartarse.

46. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Defecto fáctico

47. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad23 por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia24 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria
o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las
que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y,
c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas
resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que
las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”25 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente

23 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
24 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre

el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
25 Corte Constitucional.

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recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”26[…]“.27

48. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

49. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”28

La causal de violación directa de la Constitución

50. En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene
que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica
cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la
omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad
judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y,
por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un

26 Ibídem.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”29.

51. En ese orden de ideas, la causal de violación directa de la Constitución, se
estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

52. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

53. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la

29 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

30 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

54.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

55.Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha entendido el derecho de acceso a
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre

56.Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.

31 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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57. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha entendido que el derecho al buen
nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a
las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una
persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona
realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real
dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia
muestra como crédito una persona […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad
personal

58. Visto el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y
medidas de seguridad imprescriptibles […]”.

59. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha entendido que el derecho a la
libertad personal es “[…] la posibilidad de encontrarse en situación material de
autodeterminarse y ejercer las otras libertades y derechos reconocidos
expresamente o inherentes al ser humano […]”.

Análisis del caso concreto

60. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado

32 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-475 de 11 de octubre de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Veintidós Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, i)
el Tribunal, al proferir el auto de 1.° de agosto de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir
el auto de 28 de junio de 2023, en el incidente de desacato adelantado en el
proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013335022202100281-00: vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al buen nombre y a la libertad personal.

61. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

62. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

63.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

63.1. Copia de la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1° de agosto de 2023.

Solución del caso concreto

Análisis de la posible configuración del defecto fáctico

64. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

“[…] Como también en se incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio allegado al proceso, ya que el JUZGADO DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA, como también el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER al momento de

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valorar los escritos emitidos por la Unidad para las Víctimas, como también la
resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria del actor de
la acción constitucional de la referencia, valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del
incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones manifestadas
en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en
la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la entrega
de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un
marco de igualdad entre las demás víctimas […]”.

65.La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al resolver el grado de consulta a través de la providencia de 1° de
agosto de 2023 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 28 de junio de 2023, proferido por el
Juzgado Veintidós (22) de Oralidad Circuito Judicial de Bogotá, por medio del cual
impuso sanción a la Doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa como Directora de
reparaciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en virtud del incidente de desacato iniciado en su contra, de
conformidad a los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: Devolver de inmediato expediente al juzgado de origen para lo de su
competencia […]”.

66. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:

“[…] El juez que conoce el incidente de desacato, en principio, no puede modificar el
contenido sustancial de la orden proferida en la sentencia de tutela objeto del
desacato o redefinir los alcances de la protección concedida, salvo que dicha orden
sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para
proteger el derecho fundamental amparado. Por esta razón, solo en ocasiones
excepcionales y con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, el
juez que resuelve el incidente de desacato podrá proferir órdenes adicionales a las
originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden original, garantizando
siempre el principio de la cosa juzgada. En suma, la labor del juez constitucional y
su margen de acción en el trámite de un incidente de desacato estará siempre
delimitada por lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo correspondiente. Por esta
razón, se encuentra obligado a verificar en el incidente de desacato “(1) a quién
estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el
alcance de la misma”. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la
cumplió de forma oportuna y completa. Así, de existir un incumplimiento “deberá
identificar las razones por las cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas
necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad
subjetiva de la persona obligada” hipótesis en la cual procederá la imposición del
arresto y la multa […]”.

[…]

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[…] Evaluado el trámite suscitado en primera instancia, tal como quedó plasmado en
el acápite de antecedentes de esta providencia, la Sala recapitula que la decisión
emitida por el juez constitucional en la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021,
en la que dispuso: i) revocar el fallo de tutela del 22 de septiembre de 2021, proferida
por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Oralidad de Circuito Judicial de
Bogotá; ii) tutelar el derecho fundamental de petición del señor José Fermín Rocha
Caballero; iii) ordenar al Director General de la Unidad para la Atención y Reparación
a las Víctimas para que en 48 horas siguientes otorgue respuesta a la petición
presentada por el señor José Fermín Rocha Caballero de 13 de agosto de 2021, con
radicado 2021-711-1864635-2 en relación a la información que requiere el
peticionario sobre la fecha de pago de indemnización en su calidad de desplazado
forzado.

Pese a la orden emitida, han trascurrido más de 1 año y 9 meses de haberse emitido
la orden judicial y a pesar de los múltiples requerimientos por parte del juez, la parte
accionada no ha dado respuesta clara, expresa y de fondo frente a la información
solicitada por el señor José Fermín Rocha Caballero, relacionada con una fecha
estimada para la entrega de la indemnización administrativa que se le reconoció a
través de la Resolución No. 04102019- 1029400 del 19 de abril de 2021, como
víctima de desplazamiento forzado, que implica una continua vulneración de los
derechos fundamentales a la petición sin justificación alguna.

En cuanto a la sanción que se impuso a la doctora Andrea Nathalia Romero Figueroa,
en calidad de Directora de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Víctimas UARIV, como sujeto sancionable como
sujeto sancionable por ser el superior jerárquico encargado de dar respuesta a la
petición elevada, como advirtió en su momento en la contestación a los
requerimientos y al incidente de desacato adelantado, siendo la funcionaria que está
llamada a responder, a quien ya se le notificó de la sanción impuesta bajo la medida
de saneamiento del auto del 7 de julio de 2023.

Por lo anterior, será del caso confirmar la providencia consultada, como quiera que
se vislumbra el elemento subjetivo de la sanción por desacato, el cual hace
referencia al comportamiento de las personas obligadas de dar cumplimiento a la
citada providencia de tutela […]”.

67.A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera necesario
hacer mención al derecho que le asiste a las víctimas a ser reparadas
integralmente y los límites constitucionales establecidos para la aplicación del
principio de sostenibilidad fiscal.

68.La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013, se refirió a los
derechos de las víctimas, a la verdad, justicia y reparación integral y analizó la
reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado conforme a la
sentencia T-025 de 2004, en la cual se declaró la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en materia de atención a la población desplazada.

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69.En relación con la indemnización administrativa, la mencionada sentencia
concluyó que, por regla general, la acción de tutela no tenía una naturaleza
indemnizatoria, pero resulta procedente para otorgar protección a la población
víctima de desplazamiento en condición de extrema vulnerabilidad.

70.Al examinar la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 201134
y en los Decretos 4634 de 9 de diciembre de 201135 y 4635 de 9 de diciembre de
201136, la Corte Constitucional, en la sentencia C-753 de 2013, sostuvo que la
misión institucional del sistema de reparación precisaba de la capacidad suficiente
para responder a las exigencias relacionadas con la reparación a las víctimas, lo
que exige contar con la disponibilidad de recursos para que la política de reparación
sea viable en el tiempo y para todo el universo de víctimas. De este modo, resaltó
la mencionada sentencia que es importante que las medidas de atención se acojan
a los principios de continuidad y progresividad, pero sin que el derecho a la
reparación esté supeditado a la sostenibilidad fiscal; y que dada la necesidad de
que la política de reparación sea viable y proporcional al número de víctimas y al
daño sufrido por ellas, es menester considerar mecanismos para garantizar las
indemnizaciones administrativas que esté adecuadamente financiado, o, de lo
contrario, no cumpliría el propósito para el que fue diseñado ni tendría ninguna
eficacia en términos de justicia material.

71.En ese orden de ideas, la citada sentencia concluyó que las disposiciones
normativas que establecen plazos y límites en términos del presupuesto nacional
no suponían una extralimitación del principio de responsabilidad fiscal, en
detrimento del derecho de las víctimas a la indemnización, por cuanto dicho
principio “[…] es un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los
fines del Estado que no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales
[…]”.

34 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”.
35 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las
víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano”.
36 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

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72.Es decir que, para la Corte Constitucional, es viable la aplicación de criterios e
instrumentos de priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto
por la ley para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos
en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral
de las víctimas, conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.
Así lo ha dejado en claro en los distintos Autos de Seguimiento a la sentencia T-
025 de 2004, entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces de la
República a que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de
reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el
número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad competente para
atenderla.

73.Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se
estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos
de la UARIV a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa,
sentencia que será analizada por la Sala al abordar el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, planteado por la actora.

74.Del anterior recuento es dable concluir que, en el marco del derecho a la
reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de indemnizaciones
administrativas que imparten los jueces de tutela deben tener en consideración las
medidas adoptadas por el Ejecutivo con la finalidad de indemnizar al universo de
víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.

75.Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas expidió la
Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019, “[…] Por la cual se adopta el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se
crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y
01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones […]”, en la cual estableció las fases
del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método técnico de
priorización para su desembolso. Este último consiste en:

“[…] Artículo 16. El método de priorización es un proceso técnico que
determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirección de

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Reparación Individual para determinar la priorización anual del desembolso
de la indemnización administrativa […]”.

76.El artículo 17 de la Resolución en comento indica que el método se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago. El citado texto indica:

“[…] Artículo 17. El método tiene como objetivo generar unas listas ordinales
que indicarán la priorización para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación
de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados
en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de
Gasto de Mediano Plazo del Sector […]”. (Resaltado fuera del texto original).

77.La Sala debe indicar que, en múltiples ocasiones la incidentada ha manifestado
al Juzgado que se dio cumplimiento a la orden de tutela mediante la Resolución
núm. 04102019-1029400 de 19 de abril de 2021, en la que se reconoció una
indemnización administrativa a favor del señor José Fermín Rocha Caballero y se
le puso en conocimiento que el pago de la misma se realizaría conforme al
procedimiento previsto para el efecto en la Resolución núm. 01049 de 15 de marzo
de 2019 de la Dirección General de la UARIV, para lo cual era necesario esperar a
que la entidad procediera a la aplicación del método de priorización que solo tiene
lugar anualmente.

78.Es así como, en escrito dirigido al Juzgado el 29 de junio de 2023, la UARIV
solicitó reconsideración del cumplimiento de la sentencia e inaplicación de la
sanción impuesta, para lo cual expuso que conforme a la Resolución núm. 1049
de 2019, aplicaría el Método Técnico de Priorización en el año 2023, comoquiera
que para el año 2022 el señor José Fermín Rocha Caballero no resultó favorecido
en la aplicación de este.

79.Por lo anterior, destacó que se encontraba en imposibilidad jurídica de informar
al señor José Fermín Rocha Caballero fecha o plazo para la entrega de la
indemnización administrativa, de tal forma que no buscaba asumir una conducta
evasiva o dilatoria y muestra de ello eran las gestiones administrativas realizadas
por la entidad para darle cumplimiento a la sentencia de tutela, siempre atendiendo
lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, que regula el reconocimiento de las medidas
de asistencia y reparación en estos casos.

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80.Ello, evidencia que la UARIV explicó detenidamente las medidas que adoptó
para darle cumplimiento a la sentencia de tutela y el método que dispuso esa
entidad, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, para asignar
los turnos de pago; y en relación con la fecha exacta de pago, que las autoridades
judiciales accionadas le reprocharon a lo largo del trámite incidental, la entidad
expuso que la misma se obtendría a partir de la aplicación del método de
priorización, el cual corresponde a un proceso técnico que determina los criterios
para proceder al desembolso, proceso que se aplica de manera global y
anualmente a todas las víctimas que obtuvieron reconocimiento de indemnización
administrativa.

81.Significa lo anterior que, tal como lo anunció en el escrito de solicitud de
levantamiento de la sanción, la UARIV aplicó el método de priorización al señor
José Fermín Rocha Caballero previsto en la Resolución núm. 01049 de 2009,
resultado del cual no fue posible realizar el desembolso de la medida de
indemnización en la vigencia 2022, por falta de disponibilidad presupuestal. No
obstante, en el mismo comunicado se indicó que la Unidad procederá a aplicarle
el método cada año hasta que de acuerdo con el resultado, sea priorizado para el
desembolso de su indemnización administrativa.

82.En este contexto, para la Sala, una apreciación de las pruebas aportadas al
trámite incidental, de cara a la situación de la entidad, hubiese permitido arribar a
la conclusión de que, en el caso particular, no se configuró el elemento subjetivo de
la responsabilidad para la imposición de la multa por desacato a la actora, toda vez
que, aunque la UARIV no pudo señalar una fecha exacta para el desembolso de la
indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar la orden judicial
o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste al señor José Fermín Rocha
Caballero, sino a la complejidad del trámite que aquí se ha destacado.

83.En efecto, dentro del trámite incidental a través de sendos escritos de oposición
y de solicitud de levantamiento de la sanción, la actora informó respecto de la
imposibilidad jurídica de dar una fecha y plazo para la entrega de la medida
indemnizatoria, de manera que tal evidencia no puede ser desconocida en perjuicio

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de sus derechos fundamentales aquí invocados.

84.En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribó la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que se
evidencia es una actividad constante de parte de la incidentada de lograr persuadir
al juez de tutela de abstenerse de aplicar una sanción y valorar las gestiones
adelantadas para descartar la hipótesis de un incumplimiento deliberado de la
sentencia de tutela, por lo que dicha autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico.

Análisis de la posible configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial

85. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente
judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 201837, que
señala expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de
primera instancia modulen el cumplimiento de la sentencia, en especial, los que se
relacionan con el pago de indemnización administrativa. En ese orden de ideas,
señaló que:

“[…] Al respecto debe indicarse, que el objeto y finalidad de la sanción que se puede
imponer en el trámite incidental de desacato no es la sanción per se, pues su función
es completamente persuasiva para obtener el cumplimiento de las órdenes de tutela;
esta pretende, incluso ya impuesta, que el accionado cumpla la orden judicial que
está encaminada al amparo de determinado derecho fundamental. Así, en el presente
asunto, además de haber cumplido la orden, también se logró salvaguardar el
derecho fundamental reclamado y objeto de protección constitucional que, se reitera,
es la finalidad del incidente de desacato y la respectiva sanción.

La Corte Constitucional, en reiterado precedente38, ha definido con claridad que el
propósito de la sanción en el marco del incidente de desacato no es la imposición de
la sanción en sí misma, sino la sanción como una forma para alcanzar el cumplimiento
de la orden de tutela por parte del sancionado, “[e]n tal sentido, en caso de que se
empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la imposición de una
sanción, deberá proceder a acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en
que se haya adelantado todo el procedimiento y se haya decidido sancionar al

37 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
38 Revisar sentencias C-243 de 1996, C-092 de 1997, T-421 de 2003, T-368 de 2005, T- 171 de 2009; T-652
de 2010, T-482 de 2013; entre otras.

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responsable, éste podrá evitar que se le imponga la multa o el arresto cumpliendo el
fallo.”39(Subrayado fuera del texto).

Resulta redundante enfatizar más en un asunto que ha mantenido un criterio unánime
y reiterado por parte de los tres órganos de cierre de cada jurisdicción y esto es que,
la sanción por desacato no cumple una función sancionatoria per se, sino se trata de
una función persuasiva y coercitiva, pues si la imposición de la sanción fuera un fin
en sí misma, se perdería de vista la necesidad de amparo de las garantías
constitucionales que originaron la misma, por lo cual la sanción debe propender por
alcanzar la efectividad material de los derechos tutelados […]”.
[…]

“[…] (vi) En la Sentencia SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, señala
expresamente las reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera
instancia, module el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el
pago de indemnización administrativa. Sobre el particular el citado fallo señala:

“(…) La Sala evidenció que las providencias acusadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, en la medida en que hicieron caso
omiso de que, a raíz de la complejidad que implicaba la ejecución inmediata de las
órdenes de tutela –por estar inmersas en un estado de cosas inconstitucional–, era
preciso atender la jurisprudencia conforme a la cual el juez está revestido de
singulares atribuciones para modular las órdenes impartidas en sentencia –en este
caso, las órdenes de pago de la indemnización administrativa–, considerando los
elementos del contexto y los informes allegados por la entidad obligada.
Específicamente, se advirtió que en el marco de lo que esta Corte ha denominado
órdenes complejas, el precedente habilitaba al juez para que modulara la orden de
pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar) con el propósito de
hacer posible el cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte de la
obligada, contrastado con la problemática estructural asociada al estado de cosas
inconstitucional en materia de víctimas de Desplazamiento Forzado. Asimismo, se
constató que la pretermisión del estudio sobre la responsabilidad subjetiva conllevó
un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del incidente de
desacato. Se pasó por alto que el no pago inmediato de las medidas de reparación
reconocidas a los solicitantes no era imputable a la negligencia de las funcionarias
sino a la situación coyuntural ocasionada por la violación masiva de derechos en el
marco del conflicto, y dicha omisión condujo a una desnaturalización de las sanciones
de arresto y multa como mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda
dispensada en los fallos de tutela. Ello, por cuanto se estableció que, al momento de
resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración
si concurren factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el
cumplimiento de una orden de tutela por parte de su destinatario. Entre los factores
objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la imposibilidad fáctica o
jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida,
(iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las
órdenes, (v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado
para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para
la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como
(i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento
a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son enunciativos, pues, en el
ejercicio de la función de verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras
circunstancias que le permitan evaluar la conducta del obligado en relación con las

39 Sentencia T-482 de 2013.

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medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela. No obstante, lo anterior, se
precisó que la alternativa de acción adoptada por la UARIV (consistente en la
asignación de un turno para la entrega efectiva de la indemnización) está inserta en
una estructura general de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a víctimas de Desplazamiento
Forzado. Se subrayó que la Corte Constitucional no puede promover ni aceptar el uso
estratégico del incidente de desacato, de modo que se convierta en un mecanismo
que les permita a los accionados dilatar el cumplimiento de las órdenes de tutela en
procesos que no estén dentro de un escenario como el que aquí se observa, esto es,
un estado de cosas inconstitucional. (…)”

Sobre el particular, es claro que el Juez de tutela de primera instancia, que tiene a su
cargo el seguimiento del cumplimiento del fallo, debe sopesar los informes allegados
por la entidad y evaluar que el no pago inmediato de la indemnización, no obedece a
una actitud negligente del funcionario público sino al contexto de un estado de cosas
inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto
armado […]”.

86.Ahora bien, la Sala centrará su análisis en la sentencia SU-034 de 201840, con el
fin de establecer si la autoridad judicial accionada se apartó de dicho precedente
judicial.

SU-034 de 3 de mayo de 201841

87.La Corte Constitucional revisó la acción de tutela que presentó Paula Gaviria
Betancur, en calidad de Directora General de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contra el Juzgado Civil del Circuito
de Los Patios (Norte de Santander) y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, al considerar que sus derechos fundamentales habían sido
vulnerados con las decisiones de negar el levantamiento de unas sanciones que le
habían sido impuestas durante el trámite de unos incidentes de desacato.

88.En dicha oportunidad, la Corte Constitucional amparó los derechos
fundamentales a la libertad y al debido proceso de la actora, al considerar que las
autoridades judiciales accionadas habían desconocido la finalidad del incidente de
desacato, a saber, conminar al obligado a cumplir la orden de tutela y no castigar
con una sanción:

“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si

40 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
41 Ibidem.

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bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada42;
de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma43, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención
cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella,
la reivindicación de los derechos quebrantados44.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción:

“[L]a imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar
la sentencia.

“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar
ser sancionado acatando.” […]”. (Subraya del texto original)

89.De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la Corte Constitucional ha
considerado que la finalidad o propósito del incidente de desacato no es sancionar
a quien incumple la sentencia de tutela, sino el cumplimiento mismo de la orden que
el juez constitucional dispuso para el caso concreto.

90.La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del incidente de
desacato no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe
considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva
sentencia. Por tanto, pese a que el incidente de desacato puede concluir con la
imposición de una sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo.

91.Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 2003, indicó

“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede implicar que al

42 Cita del texto original: “Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio
González Cuervo”.
43 Cita del texto original: “Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005,
M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.:
Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González
Cuervo”.
44 Cita del texto original: “Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional
en la sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz”

32

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
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accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en
caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo
que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la
sanción, deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar
por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a
cumplir podrá evitar ser sancionado acatando […]”. (Negrillas de la Sala)

92.La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-512-11, T-010-12,
T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la Corte sostuvo:

“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura
que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido
es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental
es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su
auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de
tutela pendiente de ser ejecutada45; de suerte que no se persigue
reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma46, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su
conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuyo
objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella,
la reivindicación de los derechos quebrantados47.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado
se persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o
aplicación de la sanción.

(…)

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones
con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el
desacato es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce
la doctrina desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que
el propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado como
medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante
sentencia, mas no sancionar por sancionar […]»48. (Negrillas de la Sala)

93.Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de 201549, se
refirió a la finalidad del incidente de desacato en los siguientes términos:

45 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
46 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
47 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092
de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
48 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre
de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García González.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04754-00
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“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada mediante el auto
de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente núm. 2012-00364, para, en su
lugar, retomar el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y
carácter persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr el
cumplimiento efectivo del fallo que ampara los derechos fundamentales,
como claramente lo ha dilucidado la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la misma y ha
procedido a cumplir la orden tutelar correspondiente, aun cuando esto se
produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución del Grado
Jurisdiccional de Consulta […]”. (negrillas se destaca)

94.Así las cosas, cuando se dé cumplimiento íntegro a la orden impartida por el
juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece de objeto, aunque
haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.

Del levantamiento de la sanción por desacato y la jurisprudencia de la Corte

95.La sentencia de la Corte que la actora invoca como desconocida indicó:

«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por la accionante,
la Sala constata que la jurisprudencia constitucional ha avalado de
manera reiterada la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa
por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar
la adecuada reparación integral de las víctimas conforme a los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad.

En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[50] esta Corte ha
reconocido que la salvaguarda de los derechos de que son titulares las
víctimas, específicamente en su faceta de acceso a la indemnización por vía
administrativa, está vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una
efectiva ejecución de la política de reparación integral, la cual está sujeta a
una regulación que, para avanzar en el sentido de ser plenamente operativa,
incluye, entre otras cosas, la debida identificación y caracterización de las
víctimas –en lo cual ellas toman parte activa–, la incorporación de un enfoque
diferencial en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la apropiada
distribución de los recursos reservados por el Estado para tal fin, atendiendo
al particular estado de vulnerabilidad de los destinatarios de tales medidas.

[50] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro Linares
Cantillo, T-130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado,
T-293 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez, T-
112 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-863 de
2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-640 de 2014,
M.P.: Mauricio González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –como ocurre
con el creciente recurso a la acción de tutela para obtener una orden de pago
directa e inmediata al margen de los turnos– genera efectos adversos para el
correcto funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se cuentan
la afectación del derecho a la igualdad de otras víctimas que aguardan por
ser indemnizadas y el paralelismo de actuaciones que duplica la tarea de las
autoridades encargadas y auspicia el bloqueo institucional[51].

Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para la Sala es claro
que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el Juez Civil del
Circuito de Los Patios y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta asumieran una postura omnicomprensiva del contexto
–estado de cosas inconstitucional en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado– y tomaran en consideración los informes
rendidos por la UARIV (incluso aquellos allegados con posterioridad a
la imposición de las sanciones por desacato en cada uno de los
expedientes), para reconocer la imposibilidad de efectuar los pagos en
el escaso plazo concedido en las sentencias, valorar las gestiones
adelantadas por la entidad para satisfacer las órdenes de tutela y
descartar así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los fallos
de tutela que dispusieron el pago de las indemnizaciones administrativas.
(…)
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad con el propósito
de dar cumplimiento a las órdenes de tutela, pone de manifiesto el
prudente acatamiento a las reglas legales y jurisprudenciales que
imponen al Estado la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto –así no se
concretara el pago inmediato de la indemnización administrativa–,
habida cuenta de que en ningún momento se cuestionó el derecho que
les asistía a los tres peticionarios a reclamar la medida de reparación a
que se alude, los tiempos inicialmente previstos para su entrega en dos de
los casos no se aprecian desproporcionados atendiendo a la masividad de
solicitudes, y en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la imposibilidad jurídica
de pagar la indemnización sin haber previamente identificado y caracterizado
el hogar del peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de acción
adoptada por la UARIV (consistente en la asignación de un turno para la
entrega efectiva de la indemnización) está inserta en una estructura
general de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de la Sala).

96.En la sentencia transcrita, la Corte examinaba si las decisiones de los jueces
constitucionales de denegar el levantamiento de la sanción por desacato a las
órdenes de reconocimiento de indemnización a las víctimas, estuvieron ajustadas
a derecho y concluyó que una lectura ponderada del contexto de la situación no
habría sido indiferente al hecho de que la obligación de reparar integralmente a las
víctimas del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo constitucional

[51] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

que incluye el agotamiento de un procedimiento y la aplicación de unos criterios de
priorización, así como al respeto por unos principios de rango superior -
especialmente- el derecho a la igualdad de que son titulares todas las personas
que aspiran a acceder a la indemnización administrativa.

97.Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no acogió las pautas que la jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de
aplicación de criterios de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto
por la ley dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa
por los hechos sufridos en el contexto del conflicto armado.

98.Es preciso traer a colación la providencia de 16 de julio de 2020, en la que esta
Sala, en un caso de similares presupuestos, indicó:

“[…] La Sala observa que con la expedición de la Resolución núm. 04102019-
27405 de 25 de julio de 2019, en efecto, la UARIV dio cumplimiento a la orden
contenida en la sentencia de tutela de 19 de octubre de 2018, consistente en
iniciar los trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa a favor del actor.

Cabe señalar que la mencionada resolución reconoció el derecho a la medida
de indemnización administrativa solicitada por el accionante, para lo cual
dispuso:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO de
la señora LUDIVIA NARVÁEZ ÁLVAREZ, quien se identificó con cédula de
ciudadanía Nº 57291529, conforme a las razones expuestas en el presente
acto administrativo, a los siguientes beneficiarios:

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar el Método Técnico de Priorización, con
el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de
la medida de indemnización administrativa, de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, de conformidad con
las razones señaladas en el presente acto administrativo, a las siguientes
personas:

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el período de que dispone la Unidad
para las Víctimas para hacer efectivo el pago de la medida en razón al
resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización.

ARTÍCULO CUARTO. La entrega de la medida de indemnización
administrativa queda condicionada a que, en el momento del desembolso,
el estado en el Registro Único de Víctimas sea de inclusión […]”.

De la lectura de la citada resolución se advierte que, además de otorgarle al
actor la medida de indemnización administrativa solicitada, dispuso la
aplicación del método técnico de priorización con el fin de ubicar el orden
de asignación de turno para el desembolso, trámite establecido para el
efecto.

Así las cosas, al verificar la sentencia de tutela que se alega desatendida, la
Sala encuentra que en efecto la UARIV dio cumplimiento a la misma al iniciar
los trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa del actor.
(…)

En el caso bajo examen, no podía ser de otra manera, por cuanto sabido es
que para el pago de tales indemnizaciones las entidades del estado tienen
procedimientos y turnos que deben observarse, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás
están a la espera de tales desembolsos.

Precisamente, en la resolución a través de la cual se le reconoció al actor la
indemnización en comento fue clara en señalar que el turno para el pago de la
misma se sometería al Método Técnico de Priorización, procedimiento con
el que cuenta la entidad para establecer el turno de los respectivos
desembolsos por dicho concepto.

En efecto, a través de la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otros,
adoptó “el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por
vía administrativa”, para lo cual creó el método técnico de priorización, en aras
de darle un trato prioritario a aquellas víctimas que estén enfrentando una
situación de vulnerabilidad debido a factores como la edad y la discapacidad
que les impide darse su propio sustento, valoración que le corresponde efectuar
a la UARIV, con fundamento en la información que reposa en dicha entidad, al
momento de asignar los turnos para el desembolso de la indemnización. De ahí
que el Despacho Judicial accionado haya exhortado y no ordenado a la entidad
dicho desembolso, en la providencia objeto de tutela, como al parecer lo
entendió el actor […]»52. (Resaltado fuera del texto original).

99.Sumado a lo anterior, en un asunto con similar situación fáctica a la presente,
la Sala53 amparó los derechos fundamentales de los allí actores al no haberse

52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de julio
de 2020, número único de radicación 20001-23-33-000-2020-00031-01 (AC), CP NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.
53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

accedido a la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato en razón a la
imposibilidad jurídica de darse fecha o plazo para el pago de la indemnización
administrativa reconocida.

100.Es por esta razón que la Sala estima que la decisión de no levantar la sanción
impuesta a la actora configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial sobre los criterios de priorización que deben tener en cuenta
los jueces constitucionales en los casos en que se ordena a la UARIV el
reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas.

101.De conformidad con lo expuesto supra, la Sala considera que la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el
derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia de
la actora, al no aplicar el criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-034 de 2018, frente a la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue
impuesta a la actora, desconociendo que la finalidad del incidente de desacato no
es sancionar a la autoridad respectiva, sino el cumplimiento de lo dispuesto por el
juez de tutela.

102.Finalmente, en cuanto a la causal de violación directa de la Constitución, la
Sala resalta que comoquiera que el argumento relacionado con dicha
inconformidad fue analizado al estudiar el contexto de las indemnizaciones
administrativas a cargo de la UARIV, la Sala se remite a lo allí indicado, en el
sentido de reiterar que es necesario que los jueces constitucionales acojan las
pautas señaladas por la Corte Constitucional, en el momento de ordenar el
reconocimiento y pago de dichas indemnizaciones a favor de las víctimas del
conflicto armado.

103. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo de los derechos
fundamentales de la actora al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por encontrarse configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y el defecto fáctico; y ii) se dejará sin efectos el auto de 1° de
agosto de 2023 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el incidente de desacato adelantado en el

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013335022202100281-00.

104.Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que continúe aplicando
anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se establezca el
turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida
al señor José Fermín Rocha Caballero por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado mediante la Resolución núm. 04102019-1029400 de 19 de abril de 2021,
con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 27 de octubre de
2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y se logre la reparación integral a las víctimas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Conclusiones de la Sala

105. En suma, para la Sala, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico, toda vez que al
proferir el auto de 1° de agosto de 2023, en el incidente de desacato adelantado
en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013335022202100281-00, trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia invocados por la actora, los cuales fueron vulnerados
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el auto de 1° de agosto de
2023 por la citada Corporación, dentro del incidente de desacato adelantado en el

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013335022202100281-00, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: INSTAR a la Dirección Técnica de Reparaciones de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas -
UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización
con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la
indemnización administrativa reconocida al señor José Fermín Rocha Caballero
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm.
04102019-1029400 de 19 de abril de 2021, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela de 27 de octubre de 2021, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se logre la
reparación integral a las víctimas.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

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Actora: Andrea Nathalia Romero Figueroa

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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