Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04795-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04795-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04795-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04795-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
11 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Daños
causados en la comisión de delitos de lesa humanidad / Caducidad / Defecto
procedimental / Desconocimiento del precedente / Se revoca la decisión de primera
instancia que concedió el amparo y, en su lugar, se declara la improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de impugnación presentado por la Nación – Ministerio de
Defensa contra la sentencia del 1º de febrero de 2024 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación. El fallo impugnado concedió el
amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y dejó sin efectos el auto
del 15 de febrero de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera, dentro del proceso de reparación directa 70001-33-33-003-2019-00443-
00/01, adelantado por los accionantes contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Armada Nacional y Policía Nacional. El auto accionado confirmó la decisión de
declarar la probada la caducidad de la acción de reparación directa.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 1º de septiembre de 20231, mediante apoderado judicial, los señores Edith
Margarita Oviedo de Paternina, Frinia Esther Oviedo Pacheco, Ramón Segundo
Oviedo Pacheco, Anís María Oviedo Pacheco, Enith del Socorro Oviedo Pacheco,
Wilman Antonio Oviedo Pacheco, Sergio Andrés Martínez Mariota, Neiris Sofía
Oviedo Bermúdez, Libardo Tomás Martínez Oviedo y Gerardina Martínez Meriño
interpusieron acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia
y reparación integral vulnerados, en su concepto, por el tribunal accionado al
confirmar la caducidad de la acción de reparación directa.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<1. Se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso Efectivo a
la Administración de Justicia, Derecho a la Igualdad, precedente, y Derecho a la
Reparación Integral de los accionantes.
2. Se deje sin efecto la providencia de fecha 23 de febrero del 2023 proferida por el
TRIBINAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE.
3. Se ordene al TRIBINAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE que en términos
perentorios expida una nueva providencia en la cual se declare no prosperada la
excepción de caducidad y se continúe con el trámite del proceso>>.
B. Hechos
3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
1 Cabe resaltar que, en el trámite de primera instancia, la tutela fue inadmitida mediante auto del 13 de
septiembre de 2023; previa subsanación, la solicitud de amparo se admitió el 6 de octubre de 2023. Sumado a
lo anterior, el 9 de noviembre de 2023 el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó impedimento, por lo
que ese mismo día se efectuó un sorteo de conjuez para decidir el asunto, dada la falta de quorum decisorio.
El 20 de noviembre de 2023 se designó al conjuez y el 5 de diciembre siguiente se declaró fundado el
impedimento.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
3.1.- El municipio de Ovejas (Sucre) se encuentra en la región de los Montes de
María, bajo la jurisdicción de la I Brigada de Infantería de Marina de la Armada
Nacional.
3.2.- Desde finales de 1996 se presentaron amenazas de incursiones, masacres y
atentados por parte de grupos paramilitares, lo que generó miedo y zozobra en esa
población. Por ello, a partir de 1999 los habitantes solicitaron a la Defensoría del
Pueblo, a la Personería Municipal de Ovejas y a la Presidencia de la República que
tomaran medidas de protección. La Fuerza Pública se enteró de esas solicitudes,
pero no adoptó medidas para evitar vejámenes contra la población.
3.3.- El 16 de octubre de 2000 un grupo paramilitar perteneciente a las
Autodefensas Unidas de Colombia incursionó en el corregimiento de Macayepo,
Bolívar, aledaño al municipio de Ovejas y perpetró una masacre contra diecisiete
(17) personas.
3.4.- Mediante oficio No. 022450 del 18 de octubre de 2000, el defensor del Pueblo
Seccional Sucre informó los hechos al comandante de la I Brigada de Infantería de
Marina y le requirió que tomara medidas de seguridad en la zona.
3.5.- Mediante oficio del 21 de octubre de 2000, el referido comandante manifestó
no haber recibido información concreta y detallada sobre la presencia, ubicaciones
e intenciones de grupos al margen de la ley y que los casos graves relacionados
habían sucedido en otros departamentos del país. Ese mismo día, el capitán de
fragata le informó al capitán de navío y al comandante de la I Brigada de Infantería
de Marina respecto de las últimas labores de inteligencia, según las cuales un grupo
paramilitar con cerca de ochenta (80) integrantes al mando de alias <<Cadena>>
solía descansar en las fincas El Palmar y Las Melenas, ubicadas en el municipio de
San Onofre, Sucre.
3.6.- Mediante oficio No. 0521 del 22 de octubre de 2000, el comandante de la
Estación de Policía de San Onofre le comunicó al teniente coronel Rodolfo Bautista
Palomino Pérez acerca de la complacencia de oficiales con la presencia de grupos
paramilitares en la zona.
3.7.- Entre finales de 2000 y el 17 de enero de 2001, la Fuerza Pública no realizó
ninguna operación de control y registro en la zona.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
3.8.- En la noche del 16 de enero de 2001, una patrulla de policía presenció el
desplazamiento de tres camiones que transportaban hombres armados y vestidos
con camuflados que se dirigían al sur del municipio de San Onofre. La situación fue
informada al comandante de la estación de policía del municipio, quien lo reportó al
capitán del Batallón de Infantería No. 33; este a su vez lo informó al oficial de
Inteligencia y al teniente coronel del Batallón No. 03, que a su vez lo comunicó al
comandante de la I Brigada de Infantería de Marina. Este último, según las
investigaciones disciplinarias, solamente expidió una orden de alerta y verificación
de la información, pero no tomó medidas ejecutivas que atendieran a la gravedad
de los hechos y la situación de riesgo.
3.9.- En la madrugada del 17 de enero de 2001 un grupo paramilitar compuesto por
cerca de ochenta (80) personas de las Autodefensas Unidas de Colombia incursionó
en el corregimiento de Chengue del municipio de Ovejas y perpetró una masacre
contra veintinueve (29) habitantes, entre los cuales se encontraban los señores
Juan Carlos Martínez Oviedo y Elkin David Martínez Oviedo. Los accionantes
alegan que lo anterior se trató de un caso de ejecuciones extrajudiciales contra sus
familiares.
3.10.- El 9 de febrero de 2001 uno de los integrantes del grupo paramilitar que
participó en la masacre se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la
Nación para declarar sobre la autoría de los hechos y afirmó que el grupo paramilitar
que cometió la masacre era el mismo que se transportó en los camiones reportados
la noche anterior. También declaró que el sargento segundo de Infantería de Marina,
Euclides Rafael Bossa Mendoza se entrevistó con el comandante del grupo
paramilitar, alias <<Cadena>> el 16 de enero de 2001 en la finca El Palmar, y le
entregó armas y municiones a cambio de dinero. Otros desmovilizados de los
grupos paramilitares sostuvieron que entre 1995 y 2005 existió una alianza con la
Fuerza Pública para perpetrar todo tipo de vejámenes contra la población civil por
considerarla colaboradora o simpatizante de las guerrillas.
3.11.- La masacre de Chengue fue declarada delito de lesa humanidad por la
Fiscalía 46 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
3.12.- En su momento, los accionantes no presentaron demanda de reparación
directa contra el Estado porque temían ser objeto de represalias y dado que para la
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
época de los hechos la zona se mantuvo en disputa entre los grupos paramilitares
y las guerrillas, lo cual generó graves violaciones a los derechos humanos.
3.13.- El 15 de marzo de 2019 los accionantes convocaron a la Nación – Ministerio
de Defensa – Armada y Policía Nacional para surtir una conciliación prejudicial. La
audiencia se celebró el 7 de mayo de 2019 y fue declarada fallida.
3.14.- El 12 de diciembre de 2019 los accionantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y
Policía Nacional por los hechos y omisiones narrados, la cual fue tramitada bajo el
radicado 70001-33-33-003-2019-00443-00/01.
3.15.- Mediante auto del 26 de marzo de 2021 el Juzgado Tercero Administrativo de
Sincelejo declaró probada la caducidad de la acción. El juzgado aplicó la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación2 y consideró que los demandantes conocieron el daño desde el
momento en que este ocurrió, es decir, el 17 de enero de 2001, por lo que el término
para demandar feneció el 18 de enero de 2003. Además, no se acreditó ninguna
circunstancia extraordinaria que impidiera a los accionantes acudir a la
administración de justicia y, por el contrario, es razonable inferir que desde entonces
conocieron la participación del Estado en los hechos.
3.16.- Los accionantes apelaron la anterior decisión3.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, radicado No. 85001-
33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
3 Señalaron que la decisión apelada desconoció la normativa internacional en materia de graves violaciones a
los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, acceso a la administración de justicia y derecho a una
reparación integral. En particular, invoca el conjunto actualizado de principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, el pacto internacional de derechos civiles y
políticos, la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
del poder, entre otros, que hacen parte del ius cogens aceptado por el Estado colombiano. A su juicio, esa
normativa internacional restringe la caducidad de las acciones de reparación a favor de las víctimas con ocasión
de delitos atroces, como el puesto de presente, y es aplicable al caso, dado que en Colombia existe un vacío
normativo en la materia.
Igualmente invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los Estados están obligados a suministrar a las víctimas
mecanismos eficaces, adecuados y accesibles para obtener una reparación integral, lo que implica la
inaplicación o supresión de cualquier norma contraria a ese fin (caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile); así
como la inaplicación del término de caducidad o prescripción de las acciones judiciales que procuran una
reparación por daños causados en la perpetración de delitos de lesa humanidad (caso Órdenes Guerra y otros
vs. Chile).
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
3.17.- Mediante providencia del 15 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Tercera confirmó el auto de primera instancia bajo los mismos criterios
esgrimidos por el a quo ordinario. Advirtió que existen sanciones disciplinarias
contra algunos integrantes de la Fuerza Pública con ocasión de los hechos narrados
y, en gracia de discusión, señaló que incluso si se contabilizara el término de
caducidad desde que quedaron en firme esas sanciones, en todo caso la acción
habría caducado.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes alegan que el tribunal accionado vulneró sus derechos
fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) un desconocimiento
del precedente que sustentaron conjuntamente, así:
4.1.- Afirman que el tribunal accionado debió aplicar la jurisprudencia vigente al
momento de interponerse la demanda, pues los cambios en las posturas judiciales
no pueden aplicarse de forma retroactiva, en detrimento de las garantías procesales
de los usuarios de la administración de justicia. Por lo tanto, reprochan la aplicación
de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y citaron jurisprudencia de
esta Corporación que cuestiona, justamente, la aplicación en el tiempo de esa
providencia4.
En ese sentido, en el auto apelado no se realizó un control de convencionalidad, lo cual era determinante para
la decisión que se adoptó. De lo contrario habría tenido que concluirse que en el caso de estudio no era
procedente declarar probada la caducidad de la acción, pues los hechos involucran la comisión de delitos de
lesa humanidad.
También alegan que el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la mencionada Corte Interamericana de
Derechos Humanos han observado el principio pro homine, según el cual ante casos de graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario debe interpretarse el derecho en el
sentido más favorable a la persona. En la jurisprudencia nacional anterior a la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 justamente se inaplicó el término de caducidad, por lo que en este caso debió fallarse de esa
forma. Lo contrario constituye una restricción temporal a la reparación de las víctimas y un desconocimiento al
ordenamiento internacional y al acceso a la justicia.
Por último, cuestiona que en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se desbordó la potestad
unificadora del Consejo de Estado, pues en esta no se tuvo en cuenta la coherencia del sistema jurídico nacional
con el derecho internacional de derechos humanos, lo cual repercute en el acceso a la administración de justicia
y la reparación de los daños causados por delitos de lesa humanidad.
4 Referencian estas sentencias del Consejo de Estado: (i) sentencia del 30 de abril de 2021 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B (radicado 11001-03-15-000-2020-04068-01); (ii) sentencia del 7 de julio de 2022
proferida por la Sección Segunda, Subsección A (radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01); (iii) sentencia (no
se indica la fecha) de la Sala Especial de Decisión 6 radicado (2016-03181-00); (iv) sentencia del 30 de marzo
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
4.2.- En ese sentido, al momento de presentarse la demanda ordinaria (12 de
diciembre de 2019) el precedente del Consejo de Estado permitía inaplicar el
término de caducidad de la acción de reparación directa en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad en virtud de la regla ius cogens que existe en ese sentido
y que armoniza con la Convención Americana de Derechos Humanos y la
Constitución Política5.
4.3.- Así las cosas, echan de menos una integración del derecho nacional con las
reglas internacionales que no pueden ser desconocidas en favor de las prácticas
internas. Entre otros, se refieren a la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, al documento de la ONU sobre Principios
y Directrices Básicos para la Reparación, al Conjunto actualizado de principios para
la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4.4.- Igualmente, invocan el precedente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos previsto en la sentencia del 29 de noviembre de 2018, Caso Órdenes
Guerra y otros vs. Chile. En virtud de esa sentencia, alegan la imprescriptibilidad de
las acciones judiciales de reparación patrimonial por daños causados ante la
comisión de delitos de lesa humanidad. Sostienen que esa sentencia es vinculante
y constituye una interpretación autorizada de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por lo que debe ser acatada por las autoridades judiciales del
país y tenida en cuenta para ejercer el control de convencionalidad6.
4.5.- En virtud de lo anterior, sostienen que el artículo 164 del CPACA no es
aplicable en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pues el derecho
de 2023 proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado (radicado 11001-03-15-000
2022-06423-01).
5 Al respecto, referencia las siguientes sentencias de esta Corporación que inaplicaron el término de caducidad
de la acción de reparación directa en casos de daños relacionados con delitos de lesa humanidad: (i) sentencia
del 7 de septiembre de 2015 proferida por la Sección Tercera, Subsección C (no se indica radicado); (ii)
sentencia del 30 de marzo de 2017 proferida por la Sección Tercera, Subsección B (radicado 25000-23-41-000-
2014-01449-01); (iii) sentencia del 10 de noviembre de 2016 proferida por la Sección Tercera, Subsección C
(19001-23 31-000-2010-00115-01).
6 En cuanto al deber de ejercer el control de convencionalidad, refieren (i) la sentencia del 21 de noviembre de
2013 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación (radicado 0500123-31-000-1998-02368-01); (ii) la
sentencia T-352 de 2016 de la Corte Constitucional.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
internacional vela por la imprescriptibilidad de la reparación a favor las víctimas, lo
cual ha sido confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4.6.- Reprochan también que se desconoció que las víctimas son la parte débil en
la relación con el Estado, con lo cual se atentó contra el principio de igualdad, y
resaltan que el Estado tiene el deber de indemnizar los daños que produce, los
cuales están acreditados en el proceso.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera (accionado) se opuso a la
prosperidad de la acción de tutela, pues la providencia cuestionada no desconoció
las garantías de los accionantes. Por el contrario, se fundamentó en la
jurisprudencia aplicable proferida por esta Corporación y por la Corte Constitucional,
así como en las pruebas allegadas al proceso y que demuestran la configuración de
la caducidad.
6.- La Policía Nacional (tercero con interés) alegó que la solicitud de amparo es
improcedente porque no superó los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. En
todo caso, señaló que la sentencia objeto de reproche se fundamentó en la
normativa y jurisprudencia pertinente, y resaltó la importancia que tiene la caducidad
para garantizar la seguridad jurídica, lo cual no puede ser inadvertido en sede de
tutela. Afirmó que en la sentencia SU-312 de 2020 la Corte Constitucional acogió
los argumentos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por
esta Corporación
7.- El Ministerio de Defensa (tercero con interés) solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción. Sostuvo que la sentencia objeto de reproche se
encuentra ajustada a derecho, a las pruebas allegadas y debidamente valoradas,
así como a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por esta
Corporación, por lo que no se amerita la intervención del juez constitucional.
E. Sentencia impugnada
8.- Mediante sentencia del 1º de febrero de 2024 la Sección Segunda, Subsección
A de esta Corporación concedió el amparo y dejó sin efectos la providencia
accionada. La primera instancia constitucional consideró que el tribunal accionado
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
incurrió en un desconocimiento del precedente, pues al momento de interponer la
demanda ordinaria la postura mayoritaria de la Sección Tercera de esta Corporación
permitía inaplicar el término de caducidad de la reparación directa en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad, en virtud del control de
convencionalidad.
8.1.- Al respecto, consideró que el tribunal aplicó <<con radicalidad>> la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, sin detenerse en las circunstancias
particulares del caso y en la inexistencia de una postura unificada cuando se formuló
la demanda.
8.2.- Por último, agregó que <<la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por
lo que se entiende que opera a futuro o «ex nunc», de ahí que el Tribunal
Administrativo de Sucre estaba en la obligación de ponderar los derechos a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, de cara a
las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías
constitucionales>>.
F. Impugnación
9.- El Ministerio de Defensa Nacional impugna la anterior decisión. Alega que el
tribunal tenía la obligación de aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, proferida para acabar con la incertidumbre que reinaba en torno a la
aplicación de la caducidad en los supuestos señalados.
9.1.- Cuestiona la afirmación del juez de tutela de primera instancia, según la cual
la posición mayoritaria del Consejo de Estado en 2019 permitía la inaplicación del
término de caducidad. Por el contrario, alega que en ese momento existían dos
posturas en la materia, lo cual, precisamente, justificó que se profiriera una
sentencia de unificación.
9.2.- Para sustentar lo anterior refirió sentencias proferidas por esta Corporación
antes de que se unificara la postura jurisprudencial y en las cuales se adoptó la tesis
contraria a la alegada por los accionantes y se consideró el término de caducidad
de la reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad. Añadió que no se
configura una vulneración al derecho a la igualdad cuando se profieren sentencias
de unificación, pues estas presuponen una disparidad de criterios.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
9.3.- Resalta que las subreglas fijadas por la sentencia de unificación fueron
aplicadas al caso concreto en la cual se profirió, por lo que ahora no podía alegarse
que solo procedían para casos futuros. Al respecto, destacó el carácter vinculante
de la sentencia de unificación y que la misma ratificó una norma legal vigente que
procura garantizar la seguridad jurídica.
9.4.- Por otro lado, sostuvo que las consideraciones de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 fueron acogidas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-312 de 2020, así como en fallos posteriores de esta Corporación.
9.5.- Además, señala que la aplicación de la sentencia de unificación no implica un
obstáculo para que las víctimas obtengan una reparación, sino que dispone la
aplicación de una norma legal que puede ser flexibilizada ante la acreditación de
circunstancias materiales que impiden acceder a la administración de justicia.
II. CONSIDERACIONES
10.- Se revocará la decisión de primera instancia que concedió el amparo y se
acogerá la posición mayoritaria de la Sala: se declarará la improcedencia de la
acción de tutela, porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional
frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de
tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la apelación y fueron
resueltos en la decisión de segunda instancia proferida en el proceso ordinario7.
G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, los cargos formulados
en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar
11.- Contrario a lo dispuesto por el juez constitucional de primera instancia, la Sala
considera que el tribunal accionado sí tuvo en cuenta las circunstancias del caso
alegadas en la demanda y aplicó la jurisprudencia pertinente.
11.1.- En efecto, en la sentencia accionada se señaló que, según se desprende de
los hechos de la demanda, los señores Juan Carlos Martínez Oviedo y Elkin David
Martínez Oviedo fueron asesinados el 17 de enero de 2001, por lo que el término
7 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque los accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales, entre otros, al
debido proceso, y explicaron los vicios que consideró configurados en la decisión atacada.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
de caducidad de la acción transcurrió desde el día siguiente y hasta el 18 de enero
de 2003.
11.2.- También advirtió que, dada la narración fáctica de la demanda ordinaria, para
ese momento ya se conocían o se podían conocer las omisiones atribuibles al
Estado. Frente al particular, se transcribieron acápites de la demanda, según la cual
el 16 de enero de 2001 se observaron los camiones que transportaban a las
personas armadas y que esa situación <<le fue informada al Teniente JAIME
HUMBERTO GUTIÉRREZ>>, quien a su vez lo reportó al capitán Víctor Manuel
Salcedo y este lo comunicó a otros oficiales.
11.3.- Igualmente, en la demanda se pusieron de presente otros hechos anteriores,
que daban cuenta de las supuestas omisiones y permiten inferir que los actores
estaban al tanto de la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado: (i) en oficio
del 15 de marzo de 2000 el personero municipal de Ovejas advirtió a la Defensoría
del Pueblo Seccional Sucre frente a la posible incursión de un grupo paramilitar en
la zona; (ii) el 3 de abril del 2000 se informó esa situación al comandante de la
Primera Brigada de Infantería de Marina que operaba en la zona; (iii) el 12 de abril
de 2000 un grupo de docentes de la zona denunció ante la misma personería
municipal la existencia de amenazas en su contra, lo cual fue informado al día
siguiente al defensor del Pueblo Seccional de Sucre y al comandante de la brigada
referida; (iv) el 11 de agosto de 2000 el defensor del Pueblo requirió de nuevo al
comandante para que tomara medidas de seguridad en la zona, dado que se
registraron desplazamientos forzados en corregimientos vecinos; (v) el 4 de
septiembre de 2000 el defensor del Pueblo requirió de nuevo al comandante de la
brigada, para que se tomaran medidas de seguridad; (vi) el 6 de octubre de 2000
los habitantes de corregimientos vecinos remitieron una carta a la Presidencia de la
República en la que expresaron su preocupación ante las amenazas de los grupos
paramilitares y solicitaron medidas de protección, etc.
11.4.- Inclusive, en gracia de discusión, el tribunal advirtió que la Procuraduría
General de la Nación condenó disciplinariamente a algunos militares con ocasión
de los hechos narrados, pues faltaron a sus deberes legales y constitucionales e,
incluso, facilitaron la comisión de las agresiones por parte de grupos armados
ilegales.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
11.5.- El fallo disciplinario quedó en firme el 14 de septiembre de 2004, por lo que,
si se tuviera en cuenta esa fecha para imputar la posible responsabilidad del Estado
y se iniciara el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa
a partir de ese momento, esta se hubiese extendido hasta el 15 de septiembre de
2006.
11.6.- En ese sentido, se considera que el tribunal no desconoció la situación fáctica
y las circunstancias puestas de presente en la demanda ordinaria y consideró
distintas opciones para contabilizar la caducidad de la acción, sin que ninguna de
ellas permitiera tener por oportuna la demanda presentada.
12.- Ahora bien, los accionantes alegan que, en todo caso, se transgredieron sus
derechos fundamentales, pues las autoridades judiciales desconocieron los tratados
internacionales que establecen que los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles y que las acciones civiles, administrativas o de otra índole
relacionadas a la comisión de esos delitos también lo son.
12.1.- La Sala advierte que no le asiste razón a los accionantes respecto de la
imposibilidad de aplicación de la caducidad al medio de control de reparación directa
con ocasión de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pues en la
sentencia del 29 de enero de 2020 se dispuso:
<<Las premisas establecidas por el legislador en materia de responsabilidad
patrimonial del Estado comparten la misma finalidad de la imprescriptibilidad
de la acción penal frente a los delitos de lesa humanidad y los crímenes de
guerra, pues en los dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el
término pertinente no resulta exigible hasta tanto no se cuente con elementos
para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.
En el primer evento –el penal- esta situación se predica de los autores y
partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la acción y, en el segundo
–en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, dicho supuesto versa
sobre los particulares que ejerzan funciones administrativas y las entidades
que estén llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en el que se
aplica el término de caducidad solo desde el momento en que el
afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron implicados en los
hechos>> (resaltado fuera de texto).
12
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
12.2.- En ese sentido, se unificó la jurisprudencia respecto la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado de la siguiente
manera:
<< i) En tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido
por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que
tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley>>.
12.3.- De acuerdo con lo anterior, cabe aclarar que lo que se hizo en la sentencia
de unificación fue dar aplicación a una disposición legal que señala el término para
interponer la demanda de reparación directa. Según lo consagra de manera expresa
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el término es de dos años contados a partir
de la ocurrencia del hecho y dicha disposición legal se considera exceptuada solo
en los casos en los cuales la persona no ha tenido conocimiento del mismo. La
sentencia de unificación no creó un requisito o un término nuevo; simplemente
precisó que, en estos casos, los jueces no podían dejar de aplicar dicha disposición
como consecuencia de normas legales que consagran la imprescriptibilidad de la
acción penal contra los responsables.
12.4.- Por esa razón, no se vulneran derechos fundamentales de los accionantes
por el hecho de que se aplique la sentencia de unificación a los casos que estaban
pendientes de solución cuando esta fue proferida, pues esta, se reitera, se
fundamenta en la aplicación de una norma legal previa e imperativa.
12.5.- Cabe agregar que, en relación con la aplicación de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-
312 del 13 de agosto de 2020 estimó que (i) la aplicación del término legal de
caducidad para este medio de control tratándose de daños originados en delitos de
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos
constitucionales; (ii) unificó su jurisprudencia en el sentido de aplicar la caducidad
de dos años del artículo 164 del CPACA para estos casos y (iii) encontró plausibles
13
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
las reglas establecidas en la sentencia de unificación de esta Corporación del 29 de
enero de 2020.
12.6.- Así las cosas, se reitera, la autoridad judicial accionada dio aplicación
adecuada a la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, en este caso los accionantes no demostraron una imposibilidad
material de acudir ante la autoridad judicial para reclamar los perjuicios causados
por la muerte de su familiar, sino que alegaron que lo puedan hacer en cualquier
tiempo, lo que claramente no está permitido por la ley.
12.7.- Por otra parte, si bien los accionantes afirman que en su momento no
presentaron demanda de reparación directa contra el Estado porque temían ser
objeto de represalias y dado que para la época de los hechos la zona se mantuvo
en disputa entre los grupos paramilitares y las guerrillas, lo cierto es que de la
información suministrada en el proceso de Justicia y Paz se pudo evidenciar que
esa situación se presentó entre 2000 y 2005, y la demanda se interpuso el 12 de
diciembre de 2019, sin que justificaran las razones por las cuales solo hasta esa
fecha encontraron dadas las condiciones para hacerlo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 1º de febrero
de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación que concedió
el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes. En su lugar,
DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04795-01
Accionantes: Edith Margarita Oviedo Paternina y otros
Se revoca
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.