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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06423-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06423-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06423 01
Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Contabilización del término de
caducidad del medio de control de reparación directa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia
del 3 de febrero de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
que declaró improcedente el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

Los señores Luis Meriño Mercado y otros1 a través de apoderado, promueven acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Tercero
Administrativo de Sincelejo, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al

1 Luis Meriño Mercado, Alfonso Alejandro Meriño Mercado, Duvis Mariela Mariño Montes, Marco Antonio Meriño

Montes, Martha Cecilia Meriño Montes, Adís Zenith Meriño Montes, Lucy del Socorro Meriño Montes, Nubia
Estella Meriño Montes, Oswaldo Fidel Altamiranda Meriño, Liliana Patricia Altamiranda Meriño, Olga Marina
Meriño Salgado, Elenith Consuelo Meriño Salgado, Tulia Inés Meriño Salgado, Luis Alberto Meriño Salgado , Efre
Antonio Meriño Salgado, Dairo Enrique Meriño Salgado , Piedad Ester Meriño Salgado, Kety Mariela Meriño
Salgado, Fradis Esther Meriño Salgado, Sonia María Meriño Salgado, Cándida Rosa Meriño Salgado, Carlos
Arturo Meriño Salgago, Carmen Etilvia Meriño Salgado, Yomaira del Carmen Meriño Ávila, Bernadis Meriño Caro,
Ketty María Meriño Caro, Deisy Sofia Meriño Caro, Alfonso Meriño Caro, Arnedys María Meriño Caro, Danilsa
Isabel Meriño Caro, Ana Zenith Meriño Caro, Emilse Cecilia Meriño Pérez, Albeiro Segundo Meriño Yepes, Ana
Milena Meriño Yepes, Wilfrido Meriño Yepes, Maribel Meriño Yepes, Aludid del Socorro Meriño Yepes, Rodrigo
Meriño Yepes, Roberto Carlos Meriño Yepes, Albertina María Meriño Yepes, Ramiro Enrique Meriño Yepes, Ivet
María Meriño Montes, Wilmer Manuel Mercado Pérez y Miguel Andrés Villadiego Meriño.

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, derecho a la igualdad y derecho a la reparación integral de
los accionantes.

2. Se deje sin efecto la providencia de fecha 18 de mayo del 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre y la providencia de fecha 17 de julio del 2020
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo.

3. Se ordene al Tribunal Administrativo de Sucre que en términos perentorios expida
una nueva providencia en la cual se declare no prosperada la excepción de caducidad
y se continúe con el trámite del proceso. (transcripción literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) Desde el año 1980 los corregimientos de Chengue, Salitral, Don Gabriel, Tesoro
que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Ovejas (Sucre), se encuentran
afectados por la presencia de grupos armados al margen de la ley.

ii) El municipio de Ovejas (Sucre) así como los Montes de María, se encuentran bajo
la jurisdicción de la I Brigada de la Infantería de Marina de la Armada Nacional,
quienes operan con diversos batallones y comandos, así como de efectivos
policiales.

iii) A finales del año 1996 y en periodos subsiguientes la zozobra se adueñó de sus
pobladores con ocasión de «los anuncios realizados por los grupos paramilitares de
incursionar en la zona para perpetrar masacres y otros atentados terroristas contra la
población civil, por considerarlo simpatizantes o colaboradores de la guerrilla».

iv) En el año 1999 los habitantes de dichas poblaciones presentaron ante la
Defensoría del Pueblo Nacional, Personería Municipal de Ovejas y Presidencia de la
República, solicitud de medidas de protección, en virtud de dichas amenazas.

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v) El 16 de octubre de 2000, un grupo paramilitar perteneciente a «las Autodefensas
Unidas de Colombia al mando de Alias “CADENA” incursionó en el corregimiento de
Macayepo Bolívar, el cual queda aledaño al corregimiento de Chegue, Salitral Don
Gabriel, La Ceiba y masacraron a diecisiete de sus habitantes».

vi) El 28 de octubre de 2000, a través de Oficio 022450 la Seccional Sucre de la
Defensoría del Pueblo, solicitó al comandante de la Primera Brigada de Infantería de
Marina con sede en la ciudad de Corozal, tomar las medidas de seguridad
necesarias con el fin de hacer cesar los actos violentos en Macayepo y sus zonas
aledañas.

vii) «Mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2000, el comandante de la Primera
Brigada de Infantería de Marina RODRIGO QUIÑONEZ CÁRDENAS, entre otras cosas, le
manifiesta al Defensor del Pueblo, que en sus unidades nunca se han recibido en
ningún momento una información concreta y detallada, sobre la presencia, ubicación
e intenciones sobre los grupos al margen de la ley con el fin de neutralizarlos en
forma efectiva».

viii) Entre finales del mes de diciembre del año 2000 y hasta el 17 de enero de 2001,
«la fuerza pública no realizó ninguna operación de control y registro en la zona, es
decir, no hizo presencia, dejando a sus pobladores totalmente desprotegidos al
asecho de los ilegales».

ix) El 17 de enero de 2001, a las 4:00 a.m. «un comando armado compuesto
aproximadamente de ochenta (80) hombres pertenecientes a las Autodefensas
Unidas de Colombia –denominadas Héroes de los Montes de María incursionaron en
el corregimiento de CHENGUE jurisdicción del municipio de Ovejas Sucre, y asesinaron
o masacraron a los señores CESAR SEGUNDO MERIÑO MERCADO RAMÓN ANDRÉS MERIÑO
MERCADO» y a otras personas.

x) La ejecución extrajudicial de que fueron víctimas de los señores CESAR SEGUNDO
MERIÑO MERCADO y RAMÓN ANDRÉS MERIÑO MERCADO produjo a sus familiares un
«intenso dolor, aflicción, tristeza, congoja y zozobra, teniendo cuenta el fuerte afecto

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familiar que los unía, como quiera de que se trata de familias que convivían en el
mismo corregimiento de Chengue, se visitaban mutuamente, se distinguían por ser
muy unidas y se prestan socorro mutuo, etc.».

xi) El 9 de febrero 2001, un miembro del grupo paramilitar que cometió la masacre en
Chengue de nombre Elkin Valdiris Tirado de manera voluntaria se presentó a la
Fiscalía General de la nación para formular una confesión sobre la autoría intelectual
y material de la masacre, quien a través de sus distintas declaraciones afirmó que el
grupo de autodefensa que cometió la masacre fue el mismo que se transportaba en
los camiones que se desplazaron por el municipio de San Onofre la noche de los
hechos.

xii) De acuerdo a declaraciones de otros desmovilizados de la autodefensas José
Feliciano Yepes Álvarez, Jairo Antonio Castillo Peralta, Uber Enrique Banquez
Martínez, Pedro Alex Conde Anaya y Francisco Enrique Villalba Hernández,
manifestaron que el en departamento de Sucre, entre los años 1995 y 2005 se
registró una alianza entre los grupos de autodefensas y paramilitares y la Fuerza
Pública para «efectuar toda clase de atentados (masacres, homicidios,
desapariciones forzadas, violencia de género, amenazas, desplazamientos forzados,
etc,) contra la población civil, por considerarla colaboradora o simpatizantes de las
organizaciones guerrilleras».

xiii) El 15 de marzo de 2011, la masacre de Chengue fue declarada delito de lesa
humanidad por la Fiscalía 43 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en virtud
de la trascendencia y gravedad de los hechos.

xiv) El 12 de abril de 2019, a través de apoderado el señor Luis Meriño Mercado y su
grupo familiar interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y
Policía Nacional, con el propósito de que se declararan patrimonialmente
responsables por los perjuicios materiales e inmateriales con ocasión de la muerte
del señor César Segundo Meriño Mercado, ocurrida el día 17 de enero de 2001 en el
corregimiento El Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).

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xv) El 17 de julio de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo declaró
probada la excepción de caducidad.

xvi) El 18 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la
providencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

i) El derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos
humanos e infracción al derecho internacional es un derecho de rango supra legal
para cuya concreción el estado Colombiano no está llamado a desconocerlo o
incumplirlo so pretexto de la invocación de disposiciones de su derecho interno
como es el artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad de la acción de
reparación, o de prácticas judiciales internas como la regla del conocimiento del
daño o participación de agentes del Estado en los hechos establecidas en la
sentencia de unificación de fecha 29 de enero del 2020. Como respuesta las
cruentas violaciones de los derechos humanos se han suscrito distintos
instrumentos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos2 para
combatir la impunidad y restablecer los derechos de las víctimas. Estos mandatos
supralegales son de obligatorio acatamiento por todas las autoridades judiciales en
todos sus órdenes, dado su carácter de normas del ius cogens, frente a lo cual los
estados no podrán oponer su derecho interno.

ii) La Corte Constitucional en sentencia T-352 de 2006 y el Consejo de Estado,3 han
sostenido que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental de las
víctimas del conflicto armado, porque a) busca reestablecer la dignidad de las
víctimas a quienes se les han vulnerado los derechos constitucionales y b) por
tratarse de un derecho complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que

2 i) El artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

ii) el documento de la ONU sobre Principios y Directrices Básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104)
aprobado por la Subcomisión en 1997, iii) La directriz (Principios que conforman para la adopción de medidas
eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución
2004/72167, expedida por la Comisión de Derechos Humanos), iv) Corte Interamericana de Derechos Humanos
caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile sentencia de 29 de noviembre de 2018,
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia i) del 27 de septiembre del 2013, expediente radicado número

19939, ii) del 31 julio de 2019, expediente radicado número 25000 23 36 000 2018 00109 01.

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se traduce en pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación,
medidas de satisfacción y no repetición.

iii) Destacó que el consejero de Estado Ramiro Pazos Guerrero en el salvamento de
voto presentado contra la sentencia de unificación del 29 de enero del 2020, señaló
que el ejercicio de los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y reparación
de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos deben prevalecer frente
a la regla procesal de caducidad, a fin de garantizarlos.

iv) La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y
otros vs. Chile en sentencia de 29 de noviembre de 2018, manifestó que las
acciones judiciales de reparación del daño causado por crímenes internacionales no
deben estar sujetas a prescripción, razón por la cual, a su juicio es un precedente de
obligatorio acatamiento.

v) El tema de la inoperancia del término de caducidad cuando se juzga la
responsabilidad del Estado frente a delitos de lesa humanidad ya ha sido abordado
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en profusa jurisprudencia desde hace
mucho tiempo atrás, y constituyen antecedentes que deben mantenerse vigentes en
el tiempo, pese a lo decido en la sentencia de unificación de fecha 29 de enero del
año 2020, como quiera que dichas líneas jurisprudenciales se encuentran conforme
a las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas de la
Convención Americana de Derechos humanos y la jurisprudencia de la corte
interamericana de los Derechos Humanos.

vi) Los cambios jurisprudenciales no pueden ser retroactivos cuando atentan contra
las garantías procesales de los usuarios de la administración de justicia, por lo que
en el presente caso la demanda fue presentada el 12 de abril del año 2019, es decir,
antes de ser expedida la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y para esa fecha el criterio jurisprudencial
que venía imperando bajo el cual se apoyaron los demandantes para sustentar sus
pretensiones era el de la inoperancia de la caducidad cuando se juzga la

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responsabilidad del estado por actos de lesa humanidad o de graves violaciones de
los derechos humanos.

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia, admitida por auto del 19de diciembre de 2022 de la
Sección Cuarta de esta corporación, ordenó notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y al titular del Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y, como terceros interesados, a la
Nación -Ministerio de Defensa Nacional, -Armada Nacional y a la Policía Nacional, a
Lina María Altamiranda Meriño, Wilmar Manuel Meriño Pérez y Ubaldo Enrique
Meriño Mercado, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre,4 Rufo Arturo Carvajal
Argoty, ponente de la providencia objeto de estudio solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela o, en su defecto, negarla, al efecto señaló que no se cumplen
los requisitos generales y específicos de procedibilidad de este mecanismo
excepcional contra decisiones judiciales.

Añadió que la decisión proferida corresponde íntegramente a la aplicación del
precedente jurisprudencial dispuesto por el Consejo de Estado, por lo que no puede
reprocharse lo decidido por la vía del amparo invocando vulneración de precedente
alguno.

1.5.2. La coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de
Defensa,5 Diana Marcela Cañón Parada, al hacer referencia a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, señaló que la petición de amparo no
tiene vocación de prosperidad, ya que los fundamentos de derecho esbozados en el
auto de 18 de mayo de 2022 que confirmó la decisión de encontrar probada la
excepción de caducidad dentro del proceso 70001 33 33 003 2019 00122 01, en

4 Expediente digital de tutela.
5 Expediente digital de tutela.

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delitos de lesa humanidad -a excepción de la desaparición forzada-, se encuentra
ajustada a los parámetros de convencionalidad y derechos humanos sin que se
encuentre que haya vulnerado derecho fundamental alguno y menos la
jurisprudencia, por el contrario se encuentra demostrado el cumplimiento del deber
funcional de los jueces de aplicación de los precedentes jurisprudenciales en su
providencias.

1.5.3. La Armada Nacional, la Policía Nacional, los señores Lina María
Altamiranda Meriño, Wilmar Manuel Meriño Pérez y Ubaldo Enrique Meriño
Mercado,6 a pesar de haber sido notificados del presente trámite con el fin de que
rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 3 de febrero de 2023
declaró improcedente el amparo deprecado.

Al efecto, estudió el material probatorio obrante en el expediente y con base en ellos
consideró que el caso objeto de estudio no era un asunto que se encontraba
comprendido dentro de aquellos que la jurisprudencia constitucional ha identificado
como de clara relevancia constitucional, toda vez que en la solicitud de la acción de
tutela, como en el respectivo recurso de apelación interpuesto contra el auto de
primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo, el 17 de julio de 2020, los actores reiteraron los argumentos jurídicos,
utilizando el mecanismo de amparo como una tercera instancia. En ese orden de
ideas, evidenció que los actores plantearon una afectación de derechos
fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo,
el cual ya fue expuesto dentro del medio de control de reparación directa y fue
decidido por el juez natural de la causa.

1.7. Impugnación

i) Reiteró que el Tribunal Administrativo de Sucre aplicó de forma rígida el
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero

6 Expediente digital de tutela.

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de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado sin tener en cuenta los
argumentos expuestos en el recurso de apelación y de que se trataba de un caso
calificado como de lesa humanidad regido por las normas internacionales de los
derechos humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos que
integran en bloque de constitucionalidad y por lo tanto su aplicación es de inmediato
y obligatorio cumplimiento dada su prevalencia respecto de las normatividad interna.

ii) Si bien es cierto que algunos de los argumentos que se esbozaron en la acción de
tutelan guardan identidad con los invocados en el recurso de apelación, también lo
es que dicha situación no constituye argumento válido para denegar el amparo
solicitado, por cuanto la jurisprudencia constitucional establece como causal de
procedencia de la acción de tutela, que los argumentos que sustentan el amparo
solicitado hayan sido objeto de debate dentro del proceso ordinario, pues resulta
totalmente contrario a la realidad jurídica que para que sea procedente la acción de
tutela, los argumentos tengan que versar sobre hechos o fundamentos nuevos o
distintos a los debatidos en el proceso ordinario o contencioso.

2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta
contra el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,7 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el municipio accionante, la Sala aclara que solo

7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

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realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Sucre, órgano de cierre en el presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, si el Tribunal Administrativo de Sucre quebrantó los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral de los accionantes, al proferir la sentencia del 18 de
mayo de 2022, dictada dentro del proceso de reparación directa con radicado 70001
33 33 003 2019 00122 01, que confirmó la decisión tomada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Sincelejo, que declaró configurada la excepción de caducidad.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
«cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,

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actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas
en la sentencia C-590 de 2005,8 en la que se hace distinción entre causales
genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la
interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen
verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su
interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii)
que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se
trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos
vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido
posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,9 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

8 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).

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proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,10 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso
concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual, contrario a lo expuesto por el juez a quo de
tutela, el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez
que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral y además, fueron desarrollados los argumentos para respaldar
dicho cargo, así como los defectos que, en su criterio, se configuran en la decisión
objeto de litis.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra la providencia por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en auto del 17 de
julio de 2020por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo, de modo que la
parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al
juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 18 de mayo de 2022 y notificada por correo
electrónico el 1.° de junio de igual anualidad, mientras que la acción de tutela de la

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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referencia fue radicada el 1.° de diciembre de 2022,11 es decir, dentro de los 6 meses
siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para
acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de reparación directa.

2.4.3. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020,12 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado.

Por su parte, la Sala de decisión de la Sección Tercera procedió a determinar si la
imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra, daba lugar a interferir en el cómputo del término de caducidad
para demandar en reparación directa frente a tales conductas.

Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna, en materia de
imprescriptibilidad penal y aplicación de la caducidad en los procesos de reparación
directa, advirtió que la primera opera mientras no haya sujetos individualizados y se
mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que, en
materia de reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos antijurídicos y
se advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

11https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202201335

001100103
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020. Expediente radicado

núm. 85001 33 33 002 2014 00144 01.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06423 01
Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra, se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso, en virtud de lo cual el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló dicha Sección i) que, en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) que este plazo -salvo en el
caso de la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa-, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción,
las que una vez superadas, permiten empezar a correr el plazo de ley.

Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura el Tribunal
Administrativo del Magdalena al analizar el ejercicio oportuno de la acción, trajo a
colación la sentencia de unificación ya citada del 29 de enero de 2020, expediente
61.033, en la que la corporación concluyó que la caducidad en este tipo de eventos
sí operaba, y que si el interesado estaba en condiciones de inferir el hecho dañoso y
no acudió oportunamente a esta jurisdicción, el juez debe declarar que el derecho de
acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al
resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia.

2.5. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se
puede establecer lo siguiente:

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

2.5.1. El 12 de abril de 2019, a través de apoderado el señor Luis Meriño Mercado y
su grupo familiar interpusieron demandó en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional y Policía Nacional, con el propósito de que se declararan patrimonialmente
responsables por los perjuicios materiales e inmateriales con ocasión de la muerte
del señor César Segundo Meriño Mercado, ocurrida el día 17 de enero de 2001 en el
corregimiento el Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).

2.5.2. El 17 de julio de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo declaró
probada la excepción de caducidad, sobre el particular consideró:

Revisada la demanda, se observa que las pretensiones de los actores van dirigidas a
obtener la declaratoria de una responsabilidad administrativa y patrimonial de las
entidades demandadas y la condena por perjuicios materiales e inmateriales, con
ocasión a su calidad de victimas por el desplazamiento forzado ocurrido en el
corregimiento del Chengue del municipio de Ovejas- Sucre, el día 17 de enero de
2001, tal como lo afirman los demandantes en su libelo.

En este escenario, si tomamos el cómputo excepcional como lo establece la sentencia
citada ut supra (sic) [SU-254 de 2013] de la Corte Constitucional, el inicio del conteo
del término de caducidad comenzaría el 24 de mayo de 2013, por lo que cuando se
presentó la demanda, esto es el 12 de abril de 2019, ya se había configurado el
término de 2 años, circunstancia que general que el ejercicio del medio de control sea
inoportuno y por consiguiente se consolide la caducidad; entendiéndose que la
radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, no tendía efecto frente a lo
dispuesto en la Sentencia SU-254 de 2013, pues el término de caducidad debe
contabilizarse desde el día 24 de mayo de 2013, el cual venció el día 24 de mayo de
2015.

Por otra parte, si se tiene en cuenta el reciente criterio de unificación del Consejo de
Estado plasmado en la Sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del 29 de
enero de 2020, podemos afirmar también que, se ha configurado la caducidad en el
presente medio de control, comoquiera que los hechos que originaron el
desplazamiento forzado sucedieron el día 17 de enero de 2001, en el corregimiento
Chengue del municipio de Ovejas -Sucre y los familiares de las víctimas directas,
desde ese mismo momento conocían la omisión por parte del Estado de brindarle
protección a su comunidad pudiendo acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa
para resarcir los daños ocasionados, pues contaban con elementos de juicio para
inferir que con la actuación omitida por parte del Estado se ocasionó el perjuicio que
hoy se reclama.

Máxime cuando la parte accionante no prueba la imposibilidad de haber conocido con
anterioridad la fecha de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, pues no
se alega en la demanda una circunstancia especial que hubiera impedido el ejercicio
oportuno de la presente actuación.

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

2.5.3. El 18 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la
providencia proferida por el juez a quo.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte en el sub lite la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral. con la expedición de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre del 18 de mayo de 2022, que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa adelantado como consecuencia del asesinato del señor César
Segundo Meriño Mercado, ocurrida el día 17 de enero de 2001 en el corregimiento El
Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).

Alegan los tutelantes que el Tribunal Administrativo de Sucre, omitió tener en cuenta
que i) los hechos en los que se funda la solicitud de reparación directa están
relacionados con delitos de lesa humanidad, como lo fue la masacre de Chengue
declarado como tal por la Fiscalía 46 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, ii) dadas las circunstancias en que el hecho
victimizante -hechos admitidos por ex militantes de las AUC-, debió acudir a las
normas del derecho internacional humanitario y hacer el respectivo control de
convencionalidad,13 y v) además, desatendió la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, que tratan los temas de responsabilidad del Estado ante
la comisión de delitos de lesa humanidad.

Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura el Tribunal
Administrativo de Sucre, al analizar el ejercicio oportuno de la acción trajo a colación
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033, en la que la
corporación concluyó que la caducidad, en los eventos acabados de mencionar sí
operaba, y si el interesado estaba en condiciones de inferir el hecho dañoso y no
acudió a esta jurisdicción, el juez debía declarar que el derecho de acción no se
ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al resolver las
excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y

otros vs Chile.

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Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo que las pretensiones se relacionan con
la reparación de los perjuicios por el asesinato del señor César Segundo Meriño
Mercado, ocurrida el día 17 de enero de 2001 en el corregimiento el Chengue,
municipio de Ovejas (Sucre), el Tribunal accionado procedió a analizar el caso
concreto para establecer el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa y, para ello, luego concluir que debía aplicar la regla general de caducidad
establecida en dos años, por cuanto los demandantes al tener conocimiento desde el
18 de enero de 2001 del daño derivado de la muerte de su familiar por la presunta
acción u omisión del Estado, tenían hasta el 18 de enero de 2003 para interponer la
demanda, y esta se presentó el 12 de abril de 2019.

Con relación a este punto, la Sala de decisión evidencia la configuración del
desconocimiento del precedente jurisprudencial, según pasa a sustentarse:

Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 18 de mayo de 2022
objeto de censura, la jurisprudencia tenía establecido un criterio en torno a la
caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que
resultara viable solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado,
contenido en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto, puede concluirse prima facie
que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación de aplicarla dado su
carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en la
Sentencia C-836 de 2001.

En el sub examine debe tomarse en cuenta además que para el año 2019,14 cuando
se procedió a accionar al Estado para efectos de obtener la reparación por
responsabilidad patrimonial de la administración, el criterio mayoritario de la Sección
Tercera del Consejo de Estado apuntaba a que no era procedente aplicar el
fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa

14 La demanda fue presentada por intermedio de apoderado el 15 de abril de 2019.

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos, en
atención a su naturaleza imprescriptible. De igual forma, estudiaron para el caso
específico del desplazamiento forzado, la incidencia de la sentencia de unificación de
la Corte Constitucional SU-254 de 2013 y sus efectos respecto de la caducidad de
dicho medio de control.15

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del
17 de septiembre de 2013;16 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015;17 iii) auto del
11 de abril de 2016;18 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;19 y v) sentencia del
31 de julio de 2019,20 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la
Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad.

En el caso que se analiza, se advierte, además, que el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la providencia de primera instancia, proferida el
17 de julio de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo que rechazó
la demanda por caducidad del medio de control reparación directa, se dirigió a
reforzar los argumentos y pruebas que, en su sentir, daban cuenta de que los hechos
que fundamentan la demanda están relacionados con delitos de lesa humanidad
cometidos por grupo al margen de la ley -AUC-,21 por lo que las particularidades de la
situación, dada la masacre perpetuada en el municipio de Chengue declarada como
delito de lesa humanidad por la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, i) 6 de diciembre de 2018, expediente radicado núm. 2500

23 36 000 2017 00860 01, ii) 18 de noviembre de 2021, expediente radicado núm. 05001 23 33 000 2019 03150
01.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, expediente radicado

núm. 25000 23 26 000 2012 00537 01.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente

radicado núm. 85001 23 31 000 2010 00178 01.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, expediente radicado núm.

50001 23 31 000 2000 20274 01. En esta decisión se resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres
expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad
patrimonial del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las
FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros
de la fuerza pública que en dicha Toma se configuró una falla en el servicio significándole la condena indudable a
la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado

núm. 05001 23 33 000 2016 00587-01.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado

núm. 25000 23 36 000 2018 00109 01.
21 Sentencia del 18 de mayo de 2022, Tribunal Administrativo de Sucre, pág. 23: «Los términos de caducidad en

temas de lesa humanidad (aceptando por cierto que el fallecimiento del señor CÉSAR SEGUNDO MERIÑO,
ocurrida el día 17 de enero de 2001 en el Corregimiento de El Chengue, municipio de Ovejas-Sucre constituye
grave atentado contra la humanidad -asunto de lesa humanidad-) […]».

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Humanos y Derecho Internacional Humanitario,22 hacían necesario el agotamiento de
la etapa probatoria con la finalidad de concretar el punto de partida para el cómputo
del término de caducidad.

Pese a ello, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Sucre no hizo hincapié en
los argumentos de la demanda como tampoco en los del recurso de apelación, sino
que aplicó, con radicalidad, la sentencia de unificación y obvió analizar las
circunstancias particulares del caso, esto es, que para el momento en que se
surtieron estas actuaciones no existía un criterio unificado de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que apuntara a aplicar la figura jurídica de la caducidad en estos
eventos.

En consecuencia, para la Sala resulta procedente acceder al amparo invocado por la
configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial», al no
encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso, en consonancia con los
argumentos expuestos tanto en la demanda como en el recurso de apelación, ya que
solamente aplicó la sentencia de unificación.

Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que
se entiende que opera a futuro o «ex nunc», de ahí que el Tribunal Administrativo de
Sucre estaba en la obligación de ponderar los derechos a la igualdad y de acceso a
la administración de justicia de los accionantes, de cara a las circunstancias del caso
concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías constitucionales, entre estas,
la reparación patrimonial, cuando resultare diáfano el daño antijurídico causado por
el Estado.

Finalmente, se advierte que si bien en oportunidad anterior esta Sala de decisión al
analizar un caso con circunstancias fácticas similares al presente negó las

22 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/masacre-de-chengue-declarada-delito-de-lesa-humanidad/:

La masacre de Chengue, perpetrada por autodefensas el 7 de enero de 2001, fue declarada delito de lesa
humanidad por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH.
De acuerdo con la decisión del funcionario judicial, esos hechos en los que fueron ultimadas no menos de 31
personas hicieron parte de un ataque sistemático contra la población civil de esa región, en desarrollo de la
denominada operación ‘Rastrillo’, que también contempló las masacres de Macayepo y El Salao.

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pretensiones de la demanda -sentencia de tutela del 15 de abril de 2021-,23 ahora
rectifica su posición para acoger el criterio expuesto en esta providencia.

3. Conclusión

Con fundamento en los anteriores argumentos la Sala amparará los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral de los accionantes, en consecuencia, dejará sin
efectos la providencia censurada y ordenará al Tribunal Administrativo de Sucre,
proferir una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de los señores Luis
Meriño Mercado, Alfonso Alejandro Meriño Mercado, Duvis Mariela Mariño Montes,
Marco Antonio Meriño Montes, Martha Cecilia Meriño Montes, Adís Zenith Meriño
Montes, Lucy del Socorro Meriño Montes, Nubia Estella Meriño Montes, Oswaldo
Fidel Altamiranda Meriño, Liliana Patricia Altamiranda Meriño, Olga Marina Meriño
Salgado, Elenith Consuelo Meriño Salgado, Tulia Inés Meriño Salgado, Luis Alberto
Meriño Salgado , Efre Antonio Meriño Salgado, Dairo Enrique Meriño Salgado ,
Piedad Ester Meriño Salgado, Kety Mariela Meriño Salgado, Fradis Esther Meriño
Salgado, Sonia María Meriño Salgado, Cándida Rosa Meriño Salgado, Carlos Arturo
Meriño Salgago, Carmen Etilvia Meriño Salgado, Yomaira del Carmen Meriño Ávila,
Bernadis Meriño Caro, Ketty María Meriño Caro, Deisy Sofia Meriño Caro, Alfonso
Meriño Caro, Arnedys María Meriño Caro, Danilsa Isabel Meriño Caro, Ana Zenith

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de abril de 2021, expediente radicado

núm. 11001 03 15 000 2021 05214 00.

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

Meriño Caro, Emilse Cecilia Meriño Pérez, Albeiro Segundo Meriño Yepes, Ana
Milena Meriño Yepes, Wilfrido Meriño Yepes, Maribel Meriño Yepes, Aludid del
Socorro Meriño Yepes, Rodrigo Meriño Yepes, Roberto Carlos Meriño Yepes,
Albertina María Meriño Yepes, Ramiro Enrique Meriño Yepes, Ivet María Meriño
Montes, Wilmer Manuel Mercado Pérez y Miguel Andrés Villadiego Meriño, conforme
a los argumentos expuestos en las consideraciones que anteceden.

Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 18 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de reparación directa con
radicado número 70001 33 33 003 2019 00122 01.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre, que en el término de veinte
días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una
nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.

Cuarto: Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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Demandantes: Luis Meriño Mercado y otros

Consejero de Estado (E)
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

CRG

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