Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04960-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04960-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04960-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04960-00
Demandante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04960-00
Demandante JESÚS ANTONIO ULLOA ALVARADO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico, sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial. Caducidad de la acción
ejecutiva, cuando la ejecutada es una entidad del orden nacional que
se encuentra en proceso de liquidación
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia1 la acción de tutela
instaurada por el señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de septiembre de 20232, el señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado, por conducto
de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que esa
autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia al proferir el auto del 21 de julio de 2023 que
revocó el mandamiento de pago y declaró la caducidad de la acción dentro del
proceso ejecutivo Nro. 11001-33-42-053-2017-00295-02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones3:
“Que se TUTELEN los derechos fundamentales del señor JESUS ANTONIO ULLOA
ALVARADO al debido proceso por vía de hecho al presentarse indebida error presumir que
no se hizo parte dentro del proceso de liquidación de CAJANAL, cuando al respecto NO existe
ninguna duda que efectivamente y en forma oportuna acudió infructuosamente al mismo por
lo cual además se constituye defecto sustantivo y probatorio en el Auto del 21 de Julio de
2.023 proferido por el Tribunal Administrativo de – Sección Segunda – Subsección “A”, con la
consecuente violación del derecho al acceso a la administración de justicia del accionante.
Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito se ORDENE al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, para que dentro de las
1 En el trámite de la segunda instancia, por auto del 16 de febrero de 2024 el magistrado Oswaldo Giraldo
López declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio dentro del proceso de la referencia y
ordenó remitir el expediente al despacho de conocimiento en primera instancia para que se notificara de la
acción de tutela a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social UGPP.
2 La acción de tutela se interpuso a través de correo electrónico.
3 Samai, índice 2.
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48 horas siguientes a la notificación del Fallo de Tutela, revoque la providencia del 21 de julio
de 2.023 y en su lugar, se ordene continuar con el trámite que corresponda consecuente con
el Auto por medio del cual se libró mandamiento de pago en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a favor del señor JESUS ANTONIO
ULLOA ALVARADO, por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia proferida
por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. de
fecha 28 de Septiembre de 2.009, confirmada por la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A de fecha 19 de Agosto
de 2.010, debidamente ejecutoriada con fecha 06 de Octubre de 2.010, cumplida en forma
parcial el día 25 de Julio de 2.012, fecha en la cual se pagaron las mesadas atrasadas y la
indexación, pero no lo correspondiente a los intereses moratorios los cuales fueron causados
desde esta fecha, hasta cuando se efectúe el pago total de la misma, de conformidad con lo
establecido en el inciso 5° del artículo 177 I C. C. A. (Decreto 01 de 1984), por cuanto de
ninguna manera se configuró el fenómeno de la Caducidad, mucho menos por culpa o
responsabilidad de la pensionada”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado laboró al servicio del Estado. Al haber
acreditado los requisitos la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal le
reconoció pensión de jubilación, pero omitió incluir la totalidad de los factores
salariales devengados durante su último año de servicio, razón por la cual,
demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.2. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2009, el Juzgado Décimo
Administrativo de Bogotá dictó el fallo de primera instancia, que fue
confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia del 19 de agosto de 2010, en la que ordenó a la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal reliquidar y pagar la pensión tomando como base la
totalidad de los factores salariales.
2.3. A través del Decreto Nro. 2196 de 2009, Gobierno Nacional ordenó la
supresión y liquidación de CAJANAL.
2.4. En Resolución Nro. UGM 035225 del 27 de febrero de 2012 la entidad
condenada dio cumplimiento al fallo judicial, ordenando la reliquidación de la
pensión. Para el mes de julio de esa anualidad se reportó la novedad de
inclusión en nómina cancelando a favor del demandante la suma de
$20.461.175, por concepto de pago de diferencia de mesadas atrasadas e
indexación, omitiendo el pago de los intereses moratorios.
Debido a lo anterior, el actor radicó ante el agente liquidador solicitud de pago
de las mesadas atrasadas, su indexación y reconocimiento de intereses
moratorios ordenados en la Resolución Nro. UGM 035225 del 27 de febrero
de 2012.
2.5. Con posterioridad, el señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado promovió proceso
ejecutivo que fue identificado con el radicado Nro. 11001-33-42-053-2017-00295-
00, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá.
En la demanda se solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP (que asumió las obligaciones de la
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liquidada Cajanal), por la suma de $24.763.821 por concepto de intereses
moratorios.
2.6. Mediante auto del 27 de septiembre de 2017, el Juzgado 53 Administrativo del
Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago en favor del señor Ulloa
Alvarado, en la suma de $8.476.688,16, por concepto de intereses moratorios.
Esta decisión fue objeto de apelación por la parte demandante.
En providencia del 12 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, revocó la providencia del 27
de septiembre de 2017 y, en su lugar, ordenó librar mandamiento de pago de
conformidad con las pautas establecidas en esa providencia.
2.7. Con auto del 18 de mayo de 2021, el Juzgado 53 Administrativo del Circuito
de Bogotá dio cumplimiento al auto del 12 de marzo de 2020 y, en
consecuencia, libró mandamiento de pago en favor del demandante, por la
suma de $8.487.525,13, por concepto de intereses moratorios. Decisión que
fue apelada por el señor Jesús Antonio Ulloa.
2.8. En auto del 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A revocó la decisión del juzgado de librar el
mandamiento de pago, por estimar que había operado el fenómeno de la
caducidad de la acción ejecutiva.
3. Fundamentos de la acción
El accionante indicó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente en la providencia del 21 de julio
de 2023, al considerar que la acción ejecutiva caducó de acuerdo con lo
preceptuado en el numeral 11 del artículo 136 del CCA y el artículo 164 del CPACA.
Señaló que, para realizar el cómputo de caducidad de la acción debe considerarse
que el Decreto 877 del 30 de abril de 2013 prorrogó hasta el 11 de junio de 2013 el
plazo dispuesto para la liquidación de CAJANAL. En consecuencia, “…durante ese
periodo, existió el fenómeno jurídico del fuero de atracción, y por lo tanto, la misma Entidad mediante
procedimientos erráticos impidió que el crédito reclamado entrara a la masa liquidatoria, y solo se
limitó a cumplir parcialmente el 25 de Julio de 2.012, fecha en la cual solo canceló el capital y la
indexación, desconociendo en forma clara el pago de los intereses moratorios […]”.
Sostuvo que al cancelar parcialmente los valores reconocidos en la sentencia
favorable, Cajanal en liquidación desprotegió su pago, por lo que, ahora no es
admisible que se defienda alegando aplicar las reglas de la suspensión de la
caducidad, cuando en su momento argumentó fuerza mayor o caso fortuito para
escudar el desorden jurídico provocado en el proceso liquidatorio.
Como respaldo a la tesis de cómputo de caducidad defendida (inoperancia de la
caducidad en la acción ejecutiva), relacionó las siguientes providencias del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda:
(i) Subsección A, providencia del 25 de agosto de 2015, dentro del expediente Nro.
25000-23-42-000-2015-01327-01.
(ii) Subsección B, providencia del 29 de marzo de 2016, dentro del expediente Nro.
25000-23-42-000-2015-01601-01.
(iii) Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2018, dictada por el magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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(iv) Subsección B, sentencia del 26 de abril de 2018, dictada por la magistrada Sandra
Lisset Ibarra Vélez dentro del expediente Nro. 76001-23-33-000-2016-01765-01.
Finalmente, realizó un recuento de los antecedentes de la situación presentada con
la liquidación de CAJANAL, y solicitó la revocatoria del auto del 21 de julio de 2023
al considerar que el demandante desplegó todos los trámites administrativos dentro
del proceso liquidatorio.
4. Trámite impartido
4.1. En un inicio, por auto del 14 de septiembre de 2023 el despacho ponente
admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Jesús Antonio Ulloa
Alvarado contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.
En la misma providencia se ordenó vincular en calidad de tercero al Juzgado
Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá4; se reconoció al abogado Luis
Alfredo Rojas León como apoderado judicial de la parte demandante; y
dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. Luego de surtido el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 26
de octubre de 2023la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la demanda de tutela.
4.3. La anterior decisión fue impugnada por accionante, y por auto del 14 de
noviembre de 2023 se concedió tal recurso.
4.4. Encontrándose en trámite de segunda instancia la tutela de la referencia, el 16
de febrero de 2024 el magistrado Oswaldo Giraldo López (integrante de la
Sección Primera de esta Corporación) declaró la nulidad de todo lo actuado, a
partir del auto admisorio de la demanda, y ordenó devolver el expediente al
despacho ponente de primera instancia para que se vinculara al trámite y
notificara de la acción de tutela a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, al
considerar que:
“…le asiste interés en las resultas de la misma, por cuanto una eventual decisión favorable a
la parte actora afectaría sus intereses como parte pasiva en el proceso ejecutivo cuya decisión
es censurada en este mecanismo constitucional y, se reitera, el hecho de no poder
establecerse en principio si le fue o no notificado el mandamiento ejecutivo librado en su
momento en el proceso judicial, no le afecta su calidad de sujeto procesal en el mismo.”.
4.5. En cumplimiento de lo anterior, mediante auto de 13 de marzo de 2024: (i) se
admitió a acción de tutela interpuesta por el señor Jesús Antonio Ulloa
Alvarado contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A; (ii) se ordenó vincular en calidad de tercero al
Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
UGPP; (iii) se reconoció al abogado Luis Alfredo Rojas León como apoderado
judicial de la parte demandante; y (iv) se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.
4 En el proceso de la referencia no se ordenó vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, dado que de acuerdo con los
documentos obrantes en el expediente no se advirtió que hubiera sido notificada del mandamiento de pago.
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5. Intervenciones
5.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP5, señaló que el
estrado judicial hoy accionado no incurrió en ninguna vía de hecho, pues la
decisión judicial cuestionada se dictó conforme a derecho.
Mencionó que, respecto del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 19 de agosto 2010, operó
el fenómeno de la caducidad respecto del cobro de los intereses del artículo
177 del CCA, por no haber ejercido la acción dentro de los 6 años y 6 meses
a partir de la ejecutoria del fallo, conforme lo señala el inciso 4 del mencionado
artículo, razón por la cual no es procedente su cumplimiento ante la UGPP.
Precisó que la providencia del 21 de julio de 2023 se encuentra ajustada a
derecho pues el accionante tenía la oportunidad procesal para exigir vía
ejecutiva el pago de los intereses del artículo 177, sin embargo, sólo ejerció
esta acción hasta el 13 de junio de 2017, configurándose la caducidad.
Señaló que, lo pretendido por el accionante es sustituir la decisión judicial
proferida por el juez natural, utilizando la acción de tutela como una tercera
instancia. Adicionalmente dijo que, no se cumplen los presupuestos generales
de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, tampoco se configuró
el defecto por desconocimiento del precedente, ni los demás defectos
invocados, reiteró que la decisión cuestionada ya fue revisada por el juez
natural y mencionó que esta acción constitucional no es la vía adecuada para
reclamar prestaciones económicas.
Concluyó que la decisión del tribunal es correcta en relación con la declaratoria
de la caducidad de la acción ejecutiva, por lo que no existe vulneración de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia ni al debido
proceso y, en consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la acción.
5.2. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda6, indicó que tanto en el proceso declarativo como
en el ejecutivo se surtieron las etapas procesales con garantía del debido
proceso y en aplicación de la normatividad vigente.
Señaló el trámite dado al proceso ejecutivo mientras se encontró en el juzgado,
y solicitó su desvinculación del proceso constitucional pues las pretensiones
formuladas por el actor se dirigen a discutir una providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
Finalmente, adjuntó copia del expediente digital y el enlace de este.
5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A7, manifestó que el accionante pretende atacar el criterio
imperativo del juez, lo cual vicia la acción de tutela de improcedente. Advirtió
que el accionante busca convertir este amparo en una instancia adicional para
que las partes reabran las discusiones jurídicas que fueron propias del proceso
ordinario.
5 Samai, índice 31 y 33.
6 Samai, índice 34 y 36.
7 Samai, índice 32.
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Adujo que los jueces son autónomos e independientes para argumentar las
decisiones judiciales y en sus providencias gozan de la potestad de valorar las
pruebas allegadas al proceso de acuerdo con las reglas de la sana crítica y
según los parámetros de la lógica y la experiencia, todo esto como fundamento
del Estado Social de Derecho. Citó una sentencia de la Corte Constitucional
para mencionar que no se puede pretender que el juez de tutela reviva los
términos señalados en las normas. Concluyó que no existe vulneración alguna
de derecho fundamental que amerite la protección del juez constitucional, por
lo que debe declararse improcedente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional,
tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y dada
su excepcionalidad, es que la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales9 y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen
todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción no será procedente.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional11 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor porque
están en juego no solo la autonomía judicial, sino también los principios de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
9 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela.
10 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso, de allí que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si la providencia del 21 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que revocó la decisión de librar
mandamiento de pago por estimar que había operado el fenómeno de la caducidad
de la acción, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente, al no tener en cuenta para hacer el cómputo de la caducidad, que los
términos para iniciar procesos ejecutivos en contra de CAJANAL se suspendieron
con ocasión de su proceso liquidatorio.
Con miras a solucionar el problema jurídico planteado, se hará una breve referencia
a: (i) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación sobre la suspensión del término de caducidad de la acción ejecutiva
durante el proceso de liquidación de Cajanal, (iii) la providencia cuestionada, y (iv)
finalmente, se adoptará la decisión que corresponda en el caso concreto.
4. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional
Lo primero es indicar que en el caso concreto se cumplieron los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque:
(i) La solicitud de amparo se presentó en un término razonable, dado que fue radicada
el 12 de septiembre de 2023 y el auto acusado se notificó el 4 de septiembre de la
misma anualidad12.
(ii) En el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y de los defectos de
los que la parte actora considera que adolece la providencia.
(iii) El auto acusado fue proferido en el trámite de la segunda instancia, y contra aquel no
procede recurso ordinario o extraordinario que permita la protección de los derechos
que se estiman desconocidos.
(iv) El caso comporta relevancia constitucional, porque se aduce la vulneración de
derechos fundamentales que tienen como presunta causa la providencia que resolvió
el recurso de apelación contra el auto del 18 de mayo de 2021, al no tener en cuenta
para computar la caducidad que los términos para iniciar procesos ejecutivos en
contra de CAJANAL se suspendieron con ocasión de su proceso liquidatorio. Se
advierte que las razones que le asistieron al juez de primer grado para tomar su
decisión difieren de las del Tribunal, pues el juzgado en el proceso ejecutivo libró el
mandamiento de pago, el cual fue apelado por el demandante al considerar que el
monto establecido no correspondía a la imputación de pagos del artículo 1653 del
Código Civil, mientras que el Tribunal al resolver el recurso de apelación revocó tal
decisión al considerar que el fenómeno de la caducidad había operado en esa acción,
motivo por el cual, no se advierte una reiteración de argumentos.
12 Samai, índice 18. Expediente Nro. 11001-33-42-053-2017-00295-02.
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Demandante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
(v) Finalmente, se advierte que la providencia cuestionada no corresponde a una
decisión dictada en trámite de tutela.
5. Jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado relativa a
la suspensión de los términos de caducidad de la acción ejecutiva
durante la liquidación de CAJANAL
La Sección Segunda del Consejo de Estado en su calidad de órgano de cierre en
asuntos laborales administrativos, había establecido de manera pacífica que los
términos de prescripción y caducidad de la acción ejecutiva se suspendieron
durante el lapso de liquidación de CAJANAL. El fundamento de esta tesis derivó de
la interpretación de las normas que ordenaron la liquidación de la entidad y de otras
normas que, por remisión normativa, consideró que eran aplicables para definir
estos asuntos. Así pues, el fundamento normativo de esta tesis está en el Decreto
2196 de 200913, el artículo 14 de la Ley 550 de 199914 y el artículo 6° del Decreto
254 del 200015.
Para mayor ilustración, la Sala transcribirá la argumentación expuesta por cada una
de las Subsecciones de la Sección Segunda con miras a respaldar la postura antes
mencionada.
Así pues, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en
providencia del 16 de febrero de 2017, en la que decidió el recurso de apelación
contra providencia que rechazó una demanda ejecutiva contra la UGPP por haber
operado la caducidad, indicó:
“Lo explicado en líneas anteriores permite colegir que no operó el fenómeno de la caducidad
de la acción ejecutiva como quiera que la formulación de la demanda se hizo el 11 de
septiembre de 2013, es decir, tuvo lugar dentro del término de los cinco (5) años previsto en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en atención a
que:
• El término de caducidad de la acción ejecutiva, por las obligaciones a cargo de la entidad liquidada,
fue suspendido por espacio de cuatro (4) años, entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de
2013 (Decreto 2196 de 2009 y Ley 550 de 1999).
• El cobro que se pretende se impuso en condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en sentencia, exigible desde el 5 de diciembre de 2006.
• El interesado reclamó el cumplimiento de la sentencia ante la entidad en liquidación, razón por la
cual se expidieron actos administrativos de reconocimiento pensional, sobre el cual se discute un
pago parcial por parte del demandante.
Terminada la suspensión de los términos de caducidad con la conclusión del trámite
liquidatorio, se reanudó el cómputo de los cinco (5) años con que contaba el demandante para
formular la demanda ejecutiva respecto de las obligaciones reconocidas en la sentencia
condenatoria”16
La Subsección B de la Sección Segunda defendía la misma tesis. Así, por ejemplo,
en providencia del 28 de marzo de 201917, en el que conoció en apelación asunto
relativo a la caducidad de la acción ejecutiva en proceso contra la UGPP, expuso:
13 “Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se
designa un liquidador y se dictan otras disposiciones.”
14 “Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración
de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.”
15 "Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional".
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Providencia
del 16 de febrero de 2017. Proceso Nro. 25000-23-25-000-2004-03995-01(2154-15). C.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Proceso Nro.
25000-23-42-000-2017-01443-01(0740-18). C.P. César Palomino Cortés
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“2.3. Proceso Liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-
Mediante el Decreto 2196 de 200918, el Gobierno Nacional suprimió la Caja Nacional de
Previsión Social y ordenó la liquidación de la entidad, obedeciendo a un plan de
reestructuración institucional, con el propósito de prestar eficientemente el servicio público de
seguridad social. Uno de los pilares de la norma referida es el Decreto 254 de 2000 modificado
por la Ley 1105 de 2006, que en su artículo 1 consagró que: “(…) en lo no previsto en el
presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico
del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de la entidad (…)”, es decir, el Decreto 663 de 1993 19.
Para tales efectos, y de manera precedente, se expidió la Ley 550 de 1999 aplicable a todas
aquellas entidades de carácter público, privado o de economía mixta que ejerzan una actividad
financiera o de ahorro y crédito, disponiendo en el inciso 2 del artículo 14 que: “(…) Durante
la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad
de las acciones respecto de los créditos contra el empresario. (…)”.
Así pues, al hacer una remisión normativa al artículo 1 del Decreto 254 de 2000, los términos
de caducidad y prescripción de las obligaciones a cargo de la Caja Nacional de Previsión
Social quedaron suspendidos durante el proceso de liquidación de la entidad, que finalizó el
11 de junio de 2013, y es a partir de esta fecha que se entiende reanudado el conteo de los 5
años de caducidad de las acciones ejecutivas contra quien entre a asumir las
responsabilidades u obligaciones de la misma, en este caso, la UGPP 20.”
Sin embargo, la postura de esta Subsección fue modificada, en providencia del 12
de septiembre de 2019 (Exp. 0043-2016)21, en la que la autoridad al estudiar en
apelación la decisión de caducidad de la acción ejecutiva contra la UGPP recogió
de manera expresa su tesis con fundamento en los siguientes argumentos:
“La Sala pone de presente que si bien el demandante en el curso de apelación esgrimió
algunos autos proferidos por el Consejo de Estado, en los cuales se dijo que el término de
prescripción y caducidad de las obligaciones a Cargo de CAJANAL EICE -en liquidación- se
entendería suspendido durante el proceso liquidatorio de la entidad, en virtud de una remisión
normativa a la Ley 550 de 1999 y al Decreto 254 de 2000; esta Sala rectificará la posición
asumida mediante providencia del 28 de marzo de 2019, puesto que se considera que no era
necesario hacer tal remisión normativa para resolver el caso concreto, ya que el Decreto 2196
de 2009 y el Decreto 254 de 2000 prevén que los procesos de CAJANAL que se estuvieren
tramitando y los que se llegaren a interponer, serían atendidos por el Liquidador, protegiendo
la garantía de defensa del Estado.
En efecto, la remisión normativa está llamada a realizarse cuando la Ley sobre determinado
tema es incompleta, y se requiere que sea llenada con otros preceptos jurídicos. En aquellos
casos en los cuales se esté estudiando la caducidad de la acción ejecutiva contra CAJANAL
EICE no es necesario hacer tal remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (…) previó que el
representante legal de la entidad referida era quien tenía la dirección de los procesos
judiciales, por lo tanto no era necesaria la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción de las acciones contra la entidad; a contrario sensu, el legislador anticipó que
sería el Liquidador quien se encargaría de la defensa técnica de la institución, hasta que ésta
estuviera a cargo de la U.G.P.P.(…).
Sumado a esto, no se puede hacer una remisión normativa como se hizo en las providencias
enunciadas en el recurso de alzada, porque el precepto jurídico para explicar la suspensión
de los términos judiciales es el contenido de la Ley 550 de 1999, y esto solo ha sido
contemplado para la reactivación empresarial y reestructuración de los entes territoriales,
18 Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se
designa un liquidador y se dictan otras disposiciones.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2016, Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, Auto Interlocutorio de 25 de agosto de 2015,
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. (E).
21 La demanda ejecutiva perseguía, como en el caso concreto, que se librara mandamiento de pago en contra
de la UGPP por la suma adeudada por concepto de intereses moratorios derivados del pago tardío de la
sentencia declarativa que ordenó reajustar la pensión del demandante con inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios.
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estatuto que no sería aplicable a las entidades de orden nacional como es el caso de
CAJANAL EICE, lo que riñe con el principio de legalidad y descentralización.”
Esta providencia fue objeto de acción de tutela por parte del demandante en el
proceso ejecutivo, el señor Hernando Narváez Muñoz, correspondiéndole la
radicación Nro. 11001-03-15-000-2019-04576-00/01. En primera instancia del
proceso constitucional la Sección Primera accedió al amparo del derecho
fundamental al debido proceso del actor y dejó sin efectos la providencia. Sin
embargo, esta decisión fue revocada en impugnación por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de tutela del 19 de marzo de
202022.
El juez de tutela de segunda instancia expuso que la providencia acusada estuvo
debidamente fundamentada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del
artículo 136 del Decreto 01 de 1984. Sumado a ello la autoridad judicial accionada
dio razonadamente los motivos por los cuales se apartaba del criterio mayoritario
frente a la interpretación normativa relativo al cómputo de caducidad de la acción
ejecutiva en procesos en los que se persigue el pago de obligaciones a cargo de la
extinta CAJANAL, por lo que concluyó que la decisión no comporta una vía de hecho
sino la expresión legítima de la autonomía e independencia de los jueces. Esta
acción no fue seleccionada para eventual revisión por la Corte Constitucional.
6. Providencia objeto de acción de tutela
A efectos de determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente alegados, se estima
conveniente relacionar la motivación expuesta en el auto del 21 de julio de 2023
para declarar la caducidad de la acción23:
“[…]
“El numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, y hoy de igual manera en el literal k)
del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece que el término para solicitar
la ejecución de títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales
contractuales estatales, será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la
obligación en ellos contenida.
Existe una posición en el Consejo de Estado que estima que la caducidad de la acción debe
contabilizarse en armonía con los artículos ya enunciados, el Inciso 2º del artículo 192 del
CCA y el inciso 2.º del artículo 299 del C.P.A.C.A.; arribando a la siguiente tesis:
“En conclusión, la oportunidad para formular la demanda cuando se pretende la ejecución de una
sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es de 5 años contados a
partir de la exigibilidad de la obligación contenida en la providencia judicial de condena, en los siguientes
términos:
1. 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si fue dictada de conformidad con el CCA o
Decreto 01 de 1984.
2. 10 meses siguientes a la misma ejecutoria, si se trata de sentencia dictada en procesos regidos por
el CPACA o Ley 1437 de 2011, en la cual se condene al pago de sumas dinerarias.
3. 30 días siguientes a su comunicación, cuando la condena no implique el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero en procesos regidos por el CPACA o Ley 1437 de 2011 – art. 192 inciso
1.º ib.1”
Lo anterior, significa que el demandante cuenta con un plazo de dieciocho (18) meses más
cinco (5) años para ejercer la acción ejecutiva en el caso que se encuentre bajo los mandatos
22 Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 Samai, índice 2.
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del CCA. Sin embargo, es preciso manifestar que el magistrado ponente no comparte esa
argumentación, por las siguientes razones:
• El término contenido en el artículo 177 del CCA, de dieciocho (18) meses debe
entenderse para efectos de la inembargabilidad de los recursos incorporados en el
presupuesto de las entidades, no se trata entonces, de inejecutabilidad. En efecto, de
conformidad con las disposiciones que reglan las obligaciones en el ordenamiento
jurídico, estas son ejecutables a partir del día siguiente a su exigibilidad (ejecutoria o
firmeza de la providencia judicial o acto administrativo o cumplimiento de la condición,
según el caso).
• Este término impide que los jueces emitan órdenes de embargo en contra de los recursos
incorporados en el presupuesto de las entidades deudoras, mientras no hubiere vencido
ese término de gracia de los dieciocho (18) meses previstos en el C.C.A.
• Desde las premisas básicas del derecho procesal, las providencias judiciales se hacen
exigibles desde su ejecutoria; por tanto, el acreedor se encuentra en posibilidad de incoar
la acción ejecutiva desde la fecha de la ejecutoria de las sentencias que le reconocen sus
derechos económicos. En consecuencia, este Despacho encuentra posible y jurídicamente viable contabilizar el
término de caducidad de cinco (05) años, a partir de la ejecutoria de las sentencias que se
allegan con la demanda como título de recaudo ejecutivo. Así pues, la postura del despacho sustanciador es del conteo de término de caducidad es de
cinco años a partir de la fecha de ejecutoria de las sentencias que se postulan como títulos
ejecutivos; toda vez que la Ley 153 de 1887 establece y ordena que cuando una norma legal
es clara, no hay que buscar interpretaciones so pretexto de indagar sobre el espíritu del
legislador, por lo que debe aplicarse en su sentido natural y obvio. Luego, si el C.C.A.,
establece que el término de caducidad de la acción ejecutiva es de cinco (5) años, por ende
no puede adicionarse a ese conteo seis (6) meses, dieciocho (18) o, diez (10) meses más. La Subsección C de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en providencia del 10 de
noviembre de 2016, expediente 56950, determinó: […]
“Una interpretación sistemática y lógica del artículo 164 del C. C. A. y de los artículos 85 y 509 del C. P. C., lleva a la Sala a sostener la afirmativa por las siguientes dos razones: La primera, porque en todos
los casos el juez tiene el deber de declararla probada de oficio, lo que en últimas se traduce en que en
manera alguna el proceso ejecutivo puede continuar si la caducidad ha operado; y, la segunda, porque
si el juez no la advierte pero el ejecutado sí, la posibilidad de que este la aduzca, más que satisfacer un
interés individual, lo que hace es proteger el interés general que envuelve la defensa de las normas de
orden público ya que las que regulan la caducidad tienen esta naturaleza.
“Ahora, según lo dispone el No. 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo ‘La acción
ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5)
años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho […]”
[…] Visto el caso concreto encuentra la Sala que las sentencias que conforman el título
ejecutivo en el presente asunto fueron proferidas en vigencia del Código Contencioso
Administrativo, por lo que el trámite de esta acción deberá acoger esa normativa. Para el caso que ocupa la atención de la Sala, la sentencia objeto de cobro fue proferida en
primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial
de Bogotá el 28 de septiembre de 2009 y confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, en sentencia del 19 de agosto de 2010,
la cual quedo ejecutoriada el 6 de octubre de 2010.
Ahora bien, atendiendo el criterio del Despacho ponente la demanda fue radicada por fuera
del término establecido para la acción ejecutiva de cinco (05) años que para el presente caso
se venció el 6 de octubre de 2015 y la demanda fue radicada el 13 de junio de 2017. Por lo anteriormente expuesto corresponde a este Tribunal declarar probada la excepción de
caducidad de la acción ejecutiva. […]” (Énfasis propio)
De lo expuesto se advierte que el fundamento de la autoridad judicial accionada
para adoptar la decisión de declarar la caducidad de la acción obedeció a que acogió
la tesis asumida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
según la cual, no era necesaria la suspensión de los términos de caducidad y
prescripción de las acciones contra Cajanal, mientras duró el trámite de liquidación.
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7. Análisis del caso concreto
De acuerdo con lo indicado en el acápite 5 de esta providencia, se tiene que en la
actualidad no hay uniformidad de criterios en la Sección Segunda en relación con la
suspensión de la prescripción y la caducidad durante el lapso de liquidación de
Cajanal; y esta Sección como juez de tutela ha resuelto algunos casos de similares
contornos24. Esta nueva tesis defendida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado sin lugar a duda influye en el análisis de la configuración de
los defectos alegados en el caso concreto.
En ese orden, la Sala considera que no se advierte la ocurrencia de los defectos
fáctico25, sustantivo26 y de desconocimiento del precedente judicial27 en la
providencia acusada. Esto porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A al realizar el cómputo de caducidad de la acción
en el caso concreto dio aplicación de manera legítima a un criterio de interpretación
normativa defendido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, según el cual, en aplicación del parágrafo segundo del artículo 22 del
Decreto 2196 de 2009, corresponde al agente liquidador representar jurídicamente
a la entidad en los procesos judiciales en curso o que se iniciaran en el lapso de la
liquidación, por lo que no había lugar a entender suspendidos los términos de
caducidad en los procesos ejecutivos. Criterio según el cual, el Tribunal realizó el
conteo de los términos para establecer la existencia de caducidad en la acción.
De otra parte tampoco se encuentra materializado el defecto por desconocimiento
del precedente judicial, dado que en la actualidad no se ha proferido providencia de
unificación al respecto y tampoco existe una línea pacífica del órgano de cierre en
relación con el cómputo de la caducidad de la acción ejecutiva donde el titular de la
obligación es la extinta CAJANAL, en consecuencia, se concluye que era facultad
del juez natural de la causa que en ejercicio de la independencia y autonomía propia
de la labor de administrar justicia asumiera razonadamente la tesis de interpretación
normativa frente al problema jurídico, como en efecto se hizo en el caso objeto de
análisis.
24 Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, Exp. Nro. 11001-03-15-000-2018-00044-01. Este criterio
también se reiteró en sentencias de 23 de agosto de 2018, Exp. Nro. 11001-03-15-000-2018-01733-00; de
15 de noviembre de 2018, Exp. Nro. 11001-03-15-000-2018-00630-01, y en la sentencia del 15 de marzo
de 2024, dictada dentro del expediente Nro. 11001-003-15-000-2023-06511-01, estas últimas tres
providencias con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto.
25 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en
una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
26 El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que
integran el ordenamiento jurídico, siempre y cuando tenga una incidencia directa en la decisión y lesione
derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce
cuando (i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico, por ejemplo si toma una decisión con
base en normas inexistentes o inconstitucionales; (ii) la norma aplicada requería una interpretación
sistemática con otras normas, pero no se estudió así; (iii) se empleó una norma constitucional, pero
inaplicable al caso concreto; (iv) la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y
la decisión; (v) se aplica una norma cuya interpretación desconoce sentencias con efectos erga omnes; (vi)
la normas no son interpretadas con enfoque constitucional.
27 El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente
para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado
por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Para la Sala es posible plantear la transgresión del
precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad
fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales
decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se
cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente
vinculante); (iv) que el juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).
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Adicionalmente, respecto de las providencias que referenció el accionante en el
escrito de tutela para fundamentar la inoperancia de la caducidad, se debe precisar
que: (i) las dos primeras28 son decisiones judiciales que se profirieron con
anterioridad a las providencias que sentaron la postura de la Subsección A y B de
la Sección Segunda de esta corporación, cuando aún existía una posición pacífica;
(ii) respecto de la providencia dictada el 22 de marzo de 2018, por la Subsección A
magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, si bien se citaron fragmentos, no se
identificó con precisión el número de radicación del proceso para realizar el estudio
de la misma; y (iii) frente a la “sentencia del 26 de abril de 2018, radicado
76001233300020160176501 (4072-2017) Magistrada Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez”, se precisa que en esa fecha se dictó un auto mediante el cual la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó el auto del 27 de julio de
2017, con el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda
al haberse configurado la caducidad en la acción, esto dado que consideró que no
operaba la suspensión de los términos de caducidad y prescripción, postura que
resultaría contraria a la fundamentación del actor.
Finalmente, aunque la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico, no
justificó suficientemente los motivos por los que considera que se presenta la
referida vía de hecho, no identificó las pruebas que se dejaron de valorar o que
fueron mal valoradas, ni mencionó los argumentos que fundamentaron su
configuración.
8. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, la providencia objeto de análisis no
materializa los defectos invocados por la parte demandante, por lo que se negarán
las pretensiones formuladas en la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Jesús
Antonio Ulloa Alvarado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia
del 25 de agosto de 2015, dentro del expediente Nro. 25000-23-42-000-2015-01327-01; Subsección B,
providencia del 29 de marzo de 2016, dentro del expediente Nro. 25000-23-42-000-2015-01601-01.
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Demandante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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