Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04960-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04960-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04960-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
27 de junio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04960 01
Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04960 01
Accionante: JESÚS ANTONIO ULLOA ALVARADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 25 de abril de 2024 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la providencia
proferida el 21 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso ejecutivo
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04960 01
Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
identificado con el radicado nro. 11001 33 42 053 2017 00295 00/01, y
para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales del señor
JESÚS ANTONIO ULLOA ALVARADO al debido proceso por vía de
hecho al presentarse indebida (sic) error presumir que no se hizo
parte dentro del proceso de liquidación de CAJANAL, cuando al
respecto NO existe ninguna duda que efectivamente y en forma
oportuna acudió infructuosamente al mismo por lo cual además se
constituye defecto sustantivo y probatorio en el auto del 21 de julio
de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda - Subsección “A”, con la consecuente violación del
derecho al acceso a la administración de justicia del accionante.
2. Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito se
ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “A”, para que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, revoque la providencia
del 21 de julio de 2023 y en su lugar, se ordene continuar con el
trámite que corresponda consecuente con el auto por medio del cual
se libró mandamiento de pago en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PESIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP a favor del señor JESÚS ANTONIO ULLOA ALVARADO, por
concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia proferida
por el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del circuito
Judicial de Bogotá D.C. de fecha 28 de septiembre de 2009,
confirmada por la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A de fecha 19 de
agosto de 2010, debidamente ejecutoriada con fecha 6 de octubre
de 2010, cumplida en forma parcial el día 25 de julio de 2012, fecha
en la cual se pagaron las mesadas atrasadas y la indexación, pero
no lo correspondiente a los intereses moratorios los cuales fueron
causados desde esta fecha, hasta cuando se efectúe el pago total de
la misma, de conformidad con lo establecido en el inciso 5 del
artículo 177 l C.C.A. (Decreto 01 de 1984), por cuanto de ninguna
manera se configuró el fenómeno de la caducidad, mucho menos por
culpa o responsabilidad de la pensionada (sic) […]”. (Mayúsculas
originales del escrito de tutela).
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, por sentencia proferida el 28 de septiembre
de 2009 por el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá2, confirmada el 19 de agosto de 2010 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se
condenó a la hoy liquidada Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL
E.I.C.E.) a reliquidarle y pagarle la pensión de jubilación incluyendo la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicios. Agregó que la precitada decisión quedó ejecutoriada el 6 de
octubre de 2010.
Señaló que mediante el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 se ordenó
la supresión de CAJANAL E.I.C.E. y, en consecuencia, se dio apertura al
proceso de liquidación. Por esa razón, indicó que “(…) estando dentro del
término legal establecido mediante convocatoria pública se citó a todos
los acreedores a hacerse parte dentro del proceso liquidatorio, por lo cual
el señor JESÚS ANTONIO ULLOA ALVARADO, estando dentro del término
legal radicó el formulario único de reclamaciones el día 23 de septiembre
de 2009, bajo el radicado nro. 12936 haciéndonos parte dentro del
proceso liquidatorio de CAJANAL E.I.C.E. (…)”3.
Manifestó que por medio de la Resolución nro. UGM 35225 del 27 de
febrero de 2012, CAJANAL E.I.C.E. en liquidación ordenó dar
cumplimiento a los precitados fallos judiciales, en el sentido de reliquidar
su pensión de jubilación, así como efectuar las operaciones aritméticas a
que hubiere lugar, según lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo.
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Anteriormente, Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión del Circuito de
Bogotá.
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Anotó que, en julio de 2012, CAJANAL E.I.C.E. en liquidación reportó al
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – Consorcio FOPEP, la
novedad de inclusión en nómina de la precitada resolución, cancelando a
su favor la suma de $20.461.175 por concepto de pago de diferencias de
mesadas atrasadas e indexación.
Sostuvo que en el anterior pago no se incluyó lo correspondiente a los
intereses moratorios, conforme lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 177
del Código Contencioso Administrativo.
Aseveró que “(…) los términos de prescripción y de caducidad de las
obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación
administrativa, esto es, desde el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de
2013, fecha en la cual se extinguió de la vida jurídica en forma definitiva
la mencionada entidad, según el Decreto 877 del 30 de abril de 2013;
como consecuencia del efecto procesal de fuero de atracción, al no
poderse iniciar proceso ejecutivo alguno contra la entidad (…)”4.
Relató que el 13 de junio de 2017 presentó demanda ejecutiva ante el
Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y que, por
auto proferido el 18 de mayo de 2021 se libró mandamiento de pago en
contra de la UGPP por los intereses causados entre el 7 de octubre de
2010 y julio de 2012.
Expuso que, inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso
recurso de apelación alegando que, por medio de la Resolución nro. UGM
35225 del 27 de febrero de 2012 había cumplido con lo ordenado en la
sentencia proferida el 28 de septiembre de 2009 por el Juzgado Cincuenta
y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, confirmada el 19 de agosto
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de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, mediante providencia del 21 de julio de 2023, al
resolver el mencionado recurso de apelación, declaró probada la
excepción de caducidad de la acción ejecutiva y, en consecuencia, dio por
terminado el proceso.
Alegó que “(…) el ad quem incurrió inicialmente en un defecto sustancial
y probatorio, al considerar que la acción ejecutiva caducó,
fundamentándose en lo preceptuado en el numeral 11 del artículo 136 del
C.C.A. y artículo 164 del CPACA, sin observar que el proceso de liquidación
de la extinta Caja Nacional de Previsión social CAJANAL E.I.C.E. (…), inició
mediante el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 y se prorrogó hasta el
11 de junio de 2013, fecha en la cual se extinguió su vida jurídica de
forma definitiva, según el Decreto 877 del 30 de abril de 2013, por lo que
durante ese periodo existió el fenómeno jurídico del fuero de atracción, y
por lo tanto, la misma entidad mediante procedimientos erráticos impidió
que el crédito reclamado entrara a la masa liquidatoria, y solo se limitó a
cumplir parcialmente el 25 de julio de 2012, fecha en la cual se canceló
el capital y la indexación, desconociendo en forma clara el pago de los
intereses moratorios (…)”5.
Frente a la “inoperancia” de la caducidad de la acción ejecutiva, citó
apartes de las providencias proferidas (i) el 25 de agosto de 2015 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso
identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 01327 01; (ii) el
29 de marzo de 2016 por la Subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación en el proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
000 2015 01601 01; (iii) el 8 de agosto de 2019 por la Sección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado
nro. 25000 23 42 000 2015 05762 01; y (iv) el 26 de abril de 2018, en el
proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2016 01765
01.
Adujo que “(…) es de conocimiento público que la entidad CAJANAL
E.I.C.E. inició su proceso liquidatorio desde el día 11 de junio de 2009, en
virtud de lo ordenado por el Decreto 2196 de 2009 y en consecuencia,
desde esa fecha, se suspendió el pago de los intereses moratorios de los
fallos judiciales mientras durara el mencionado proceso, por eso
legalmente solo fue posible exigirlos a partir del 11 de junio de 2013,
cuando se culminó el mismo y se declaró la extinción de la vida y se
declaró la sucesión procesal a cargo de la UGPP, y en consecuencia, solo
a partir de esta fecha fue posible reclamar nuevamente el pago de tales
acreencias y lógicamente el reclamo ante las instancias judiciales o sea la
acción ejecutiva que ahora se pretende negar, configurando con ello una
vulneración al acceso a la administración de justicia (…)”6.
Resaltó que CAJANAL E.I.C.E., al cancelar únicamente los valores
correspondientes a la diferencia de las mesadas atrasadas e indexación
de las mismas, desprotegió el pago total de su crédito debido a que hizo
un pago parcial de la obligación contenida en el título ejecutivo
proveniente de una sentencia debidamente ejecutoriada.
Solicitó que se revoque la providencia proferida el 21 de julio de 2023 por
la autoridad judicial accionada, comoquiera que, según afirmó, desplegó
en forma continua y permanente todas las diligencias administrativas
dentro del proceso de liquidación de la entidad y, además, las posibles
legalmente, tendientes al pago de sus intereses.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
Finalmente, arguyó que “(…) la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca constituye una vía de hecho y, por lo tanto, se están
vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia dando respaldo a un tratamiento injusto de
los créditos en delas (sic) deudas del Estado trasladando cargas
desproporcionadas en contra de los pensionados, interpretando de
manera favorable la actitud de la administración que argumenta
procedimientos propios del desorden jurídico provocado por la misma
administración dentro del proceso liquidatorio que como en el presente
caso hizo caso omiso a la petición de la administrada (sic), desacatando
la orden judicial, después decide pagar parcialmente la obligación (…)
desconociendo los intereses moratorios y ahora con respaldo del ad quem
afirmando que la negligencia de la administrada (sic) al no reclamar ni
hacerse parte dentro del proceso liquidatorio, aunado con la inexistencia
normativa sobre la caducidad en el caso específico, hizo que el tiempo
transcurrido dentro de la liquidación de la Entidad no interrumpiera de
manera alguna la caducidad (…)”7.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 12 de septiembre de 20238 a través de
correo electrónico remitido a la Secretaría General de esta Corporación y
correspondió por reparto a la Sección Cuarta, que, por auto del 14 de
septiembre de 20239, la admitió y dispuso notificar10 al Tribunal
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
8
Ibidem.
9
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
10
Esta orden se cumplió el 18 de septiembre de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
04960 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04960 01
Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, como
parte accionada, así como al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá11, como tercero interesado en el resultado del proceso.
3.2. La titular del Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de
Bogotá allegó escrito12 en el que indicó que “(…) el fundamento de la
presente acción de tutela se centra en la decisión del ad quem, que en
sede de apelación del auto que libró el mandamiento de parcial de pago
y encontró probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva (…)”.
3.3. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe13
en el que manifestó que los argumentos presentados por la parte actora
están orientados a atacar el criterio interpretativo del juez, lo que torna
la acción de tutela improcedente.
3.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia dictada el 26
de octubre de 202314, negó las pretensiones de la acción de tutela al
considerar que no se configuró la ocurrencia de los defectos fáctico,
sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial en la providencia
acusada.
Adicionalmente, en el pie de página nro. 3 de la providencia se anotó lo
siguiente: “(…) En el proceso de la referencia no se ordenó vincular a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, dado que de acuerdo con los
documentos obrantes en el expediente no se advirtió que hubiera sido
notificada del mandamiento de pago (…)”.
11
Ibidem.
12
Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
13
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
3.5. Inconforme con la decisión anterior, el accionante la impugnó15
argumentando que “(…) por absoluta imposibilidad legal y de la decisión
de pago parcial tomada por la UGPP el día 25 de Julio de 2.012, fecha en
la cual se abstuvo de pagar los intereses aquí reclamados, no ha ocurrido
el fenómeno de la caducidad de la acción, por efectos de la suspensión
total de términos, tanto para la interrupción de los términos de
prescripción como para la caducidad producida por la liquidación en que
estuvo CAJANAL, que para el presente caso operó desde el 7 de octubre
de 2.010 (día de la ejecutoria del fallo) y el 12 de Junio de 2.013 (…)”.
3.6. Por auto del 14 de noviembre de 202316, la Sección Cuarta concedió
la impugnación presentada y por acta de reparto del 27 de noviembre de
202317 fue asignada a esta Sección.
3.7. Por auto del 19 de enero de 202418, la Sección Primera de esta
Corporación advirtió que en el trámite de primera instancia de la acción
no se vinculó a la UGPP, entidad que tiene interés en el asunto como parte
pasiva del proceso ejecutivo cuya decisión se censura, resaltando que
podría estar configurada la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del
artículo 133 del Código General del Proceso. Por esa razón, se dispuso
poner en conocimiento de la UGPP lo anterior, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 137 ejusdem.
3.8. Por escrito radicado el 30 de enero de 202419, el subdirector de
defensa judicial y apoderado de la UGPP solicitó “(…) decretar la NULIDAD
de todo lo actuado en el presente caso, toda vez que no se notificó a esta
15
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 01.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 01.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 01.
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
entidad de la admisión de la presente acción constitucional, vulnerándose
así nuestro derecho de contradicción, legítima defensa y debido proceso,
por lo que es necesario retrotraer el proceso hasta la admisión de la
presente acción, para que se surta la notificación del auto admisorio de la
tutela, y se permita a la UGPP defenderse (…)”.
3.9. Por auto proferido el 16 de febrero de 202420, notificado el 28 de
febrero de 202421, esta Sección declaró la nulidad de lo actuado en el
trámite tutelar a partir del auto del 15 de septiembre de 2023 que admitió
la solicitud de amparo.
3.10. De conformidad con lo dispuesto en la precitada providencia, por
auto del 13 de marzo de 202422 la Sección Cuarta admitió la acción de
tutela y dispuso notificar23 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, como parte accionada, así como
vincular24 al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá y a la
UGPP, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá, para que allegara copia digital del expediente del
proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33 42 053 2017
00295 00/01, el cual fue remitido25.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 01.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 01.
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Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
23
Esta orden se cumplió el 15 de marzo de 2024. Visto en el índice 30 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
04960 00.
24
Ibidem.
25
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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3.11. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió
informe26 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo.
Adujo que “(…) no es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho,
cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un determinado
criterio jurídico o en una razonable interpretación de las normas que son
aplicables al caso, por cuanto tal situación afectaría de manera grave los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto
su verdadero sentido y alcance (…)”.
Resaltó que la acción de tutela no se puede convertir en una instancia
adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son
propias de los procesos ordinarios.
3.12. La subdirectora encargada de defensa judicial y apoderada de la
UGPP allegó escrito27 en el que solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela y, en consecuencia, se niegue el amparo de los
derechos fundamentales invocados por el accionante al no configurarse
vulneración alguna.
Sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque lo pretendido por
la parte actora es sustituir una decisión judicial proferida por el juez
natural de la causa, quien, con base en la normatividad y la jurisprudencia
vigente para la época de los hechos, determinó revocar la decisión de
primera instancia y no librar mandamiento de pago ante la configuración
del fenómeno de la caducidad de la acción, tornándose en inexigible la
obligación pretendida.
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Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
Advirtió que “(…) esta acción constitucional en el presente caso no puede
ser usada para un fin netamente económico cuyo fin es que se deje sin
efectos la sentencia del ad quem, se dicte un nuevo fallo y se ordene
reconocer unos intereses de mora en favor de la parte accionante,
vulnerando por tanto lo decidido por el Juez natural, autoridad que es la
competente para realizar un estudio a fondo de la normatividad a fin de
indicar si se cumplen o no los requisitos para ser acreedor a dicha
prestación (…)”.
3.13. La titular del Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito
de Bogotá rindió informe28 en el que solicitó su desvinculación del trámite
tutelar comoquiera que “(…) no existe acción u omisión que se endilgue a
este Despacho que sustente el petitum del accionante, en la medida que
el interés del actor es atacar en sede de tutela la decisión de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sección Segunda, Subsección A, del 21 de julio de 2023, que declaró la
caducidad de la acción, tal y como él mismo lo informa (…)”.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de abril de
202429, negó las pretensiones de la acción de tutela al considerar que no
se advierte la ocurrencia de los defectos fácticos, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial invocados por el accionante.
Señaló que los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial estaban superados y, en cuanto a la relevancia
constitucional, estimó que “(…) el caso comporta relevancia
constitucional, porque se aduce la vulneración de derechos fundamentales
28
Visto en los índices 34 y 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
29
Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
12
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04960 01
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que tienen como presunta causa la providencia que resolvió el recurso de
apelación contra el auto del 18 de mayo de 2021, al no tener en cuenta
para computar la caducidad que los términos para iniciar procesos
ejecutivos en contra de CAJANAL se suspendieron con ocasión de su
proceso liquidatorio (…)”.
Expuso que, la autoridad judicial accionada, al realizar el cómputo de
caducidad de la acción en el caso concreto, dio aplicación de manera
legítima a un criterio de interpretación normativa expuesto por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual,
en aplicación del parágrafo segundo del artículo 22 del Decreto 2196 de
2009, corresponde al agente liquidador representar jurídicamente a la
entidad en los procesos judiciales en curso o que se iniciaran en el lapso
de la liquidación.
Sostuvo que “(…) [no] se encuentra materializado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, dado que en la actualidad no se
ha proferido providencia de unificación al respecto y tampoco existe una
línea pacífica del órgano de cierre en relación con el cómputo de la
caducidad de la acción ejecutiva donde el titular de la obligación es la
extinta CAJANAL, en consecuencia, se concluye que era facultad del juez
natural de la causa que en ejercicio de la independencia y autonomía
propia de la labor de administrar justicia asumiera razonadamente la tesis
de interpretación normativa frente al problema jurídico (…)”.
Anotó que “(…) respecto de las providencias que referenció el accionante
en el escrito de tutela para fundamentar la inoperancia de la caducidad,
se debe precisar que: (i) las dos primeras son decisiones judiciales que
se profirieron con anterioridad a las providencias que sentaron la postura
de la Subsección A y B de la Sección Segunda de esta corporación, cuando
aún existía una posición pacífica; (ii) respecto de la providencia dictada el
22 de marzo de 2018, por la Subsección A magistrado Rafael Francisco
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Suárez Vargas, si bien se citaron fragmentos, no se identificó con
precisión el número de radicación del proceso para realizar el estudio de
la misma; y (iii) frente a la “sentencia del 26 de abril de 2018, radicado
76001233300020160176501 (…)”, se precisa que en esa fecha se dictó
un auto mediante el cual la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó el auto del 27 de julio de 2017, con el cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rechazó la demanda al haberse
configurado la caducidad en la acción, esto dado que consideró que no
operaba la suspensión de los términos de caducidad y prescripción,
postura que resultaría contraria a la fundamentación del actor (…)”.
Precisó que, frente al defecto fáctico, el accionante no justificó los motivos
por los cuales considera que se configuró dicha vía de hecho, ni identificó
las pruebas que se dejaron de valorar o que fueron mal analizadas por
parte del tribunal accionado.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo
impugnó30 manifestando lo siguiente:
Relató nuevamente la situación fáctica expuesta en el escrito de tutela y
reiteró que “(…) los término (sic) de prescripción y de caducidad de las
obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación
administrativa, esto es, desde el 12 de Junio de 2009 y el 11 de junio de
2013, fecha en la cual se extinguió de la vida jurídica en forma definitiva
la mencionada entidad, según el Decreto 877 del 30 de abril de 2013;
30
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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como consecuencia del efecto procesal de fuero de atracción, al no
poderse iniciar proceso ejecutivo alguno contra la Entidad (…)”.
Alegó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta el término de
liquidación de CAJANAL, por lo que llegó a la conclusión que se había
configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Advirtió que “(…) [el] ad quem determina que se configuró el fenómeno
jurídico de la caducidad de la acción ejecutiva fundamentándose
únicamente en lo preceptuado en el numeral 11 del artículo 136 del
CPACA, sin valorar bajo las reglas de la sana crítica y de favorabilidad
aplicable al trabajador, a quien se le pretenden acarrear las consecuencias
del proceso de liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión Social
CAJANAL E.I.C.E. (dentro del cual se hizo parte en forma oportuna el
señor JESUS ANTONIO ULLOA ALVARADO, entidad condenada dentro de
los fallos judiciales que constituyen el Título Ejecutivo, se inició mediante
el Decreto 2196 del 12 de junio de 2009 y se prorrogó hasta el 11 de
junio de 2013, fecha en la cual se extinguió de forma definitiva la vida
jurídica, según el Decreto 877 del 30 de abril de 2013, por lo que durante
ese período, existió el fenómeno jurídico del fuero de atracción, y por lo
tanto, la misma entidad mediante procedimientos erráticos impidió que el
crédito reclamado entrara a la masa liquidatoria, y solo se limitó a cumplir
parcialmente el 25 de julio de 2012, fecha en la cual solo canceló el capital
y la indexación, desconociendo en forma clara el pago de los intereses
moratorios, lo cual también ocasionó que dentro del término de ejecutoria
(6 de Octubre de 2010 y hasta Julio de 2.012) existiera además de la
suspensión de términos la imposibilidad legal para acudir ante la
Administración de Justicia para reclamar las sumas reconocidos
judicialmente (…)”.
Adujo que “(…) el término de caducidad de la acción ejecutiva derivada
de sentencias judiciales en vigencia del Decreto 01 de 1984, es de 5 años
15
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contados a partir de la exigibilidad de la obligación, es decir, que en total
serán 5 años más 18 meses, contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia presentada base de recaudo (…)”.
Agregó que “(…) teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los términos
legales aplicables para la configuración de la caducidad dentro del
presente caso (…) deben contabilizarse a partir del 6 de Octubre de 2010
fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que se exhibe como título
ejecutivo, esto es como desde el 12 de Junio de 2009 ya se había iniciado
el proceso liquidatorio de la Entidad, entonces los términos se debe
contabilizar a partir del día 13 de Junio de 2013, fecha de terminación del
proceso liquidatorio de CAJANAL EICE, por lo que el tiempo para los
dieciocho (18) meses del término de exigibilidad culminaron el día 6 de
Enero de 2015 (…). Pues además solo supo que no le pagarían sus
intereses moratorios hasta el día 25 de Julio de 2012 cuando le pagaron
en forma parcial y desde esa fecha, los cinco (5) años para la
configuración de la caducidad se presentó el día 6 de Enero de 2020. Es
decir, que como la demanda ejecutiva fue presentada mediante radicado
2017-00295-00 del día 13 de Junio de 2017, entonces se concluye que
en el presente caso NO se configuró tal fenómeno jurídico (…)”.
5.2. Por auto del 16 de mayo de 202431, la Sección Cuarta concedió la
impugnación.
5.3. Por escrito radicado el 22 de mayo de 2024, la subdirectora
encargada de defensa judicial y apoderada de la UGPP allegó escrito32 en
el que solicitó que se confirme el fallo de tutela proferido el 25 de abril de
2024 por la Sección Cuarta de esta Corporación.
31
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
32
Visto en los índices 51, 52 y 53 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
16
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5.4. Por conocimiento previo, la impugnación fue asignada a esta Sección
e ingresó al despacho para su conocimiento y trámite el 28 de mayo de
202433.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199134, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201535, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 36, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201937 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente38:
33
Visto en los índices 16 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 01.
34
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
35
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
36
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
37
“Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913”.
38
Lo que se desprende del proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33
42 053 2017 00295 00/01. Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
17
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
6.2.1. El señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda ejecutiva en contra de la UGPP, con el fin
de que se librara mandamiento de pago a su favor, por las siguientes
sumas de dinero:
“[…] 1) Por la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MLC
($24.763.821) por concepto de intereses moratorios derivados de la
Sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Descongestión de Bogotá de fecha 28 de septiembre de
2009, confirmada por la Sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A
de fecha 19 de agosto de 2010, debidamente ejecutoriada con fecha
6 de octubre de 2010, los cuales fueron causados el 7 de octubre de
2010 hasta cuando se efectuó el pago total de la misma, de
conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo 177 del
C.C.A. (Decreto 01 de 1984) […]”.
6.2.2. Por auto proferido el 27 de septiembre de 2017, el Juzgado
Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá dispuso lo
siguiente:
“[…] 1. LIBRAR mandamiento de pago a favor del señor JESÚS
ANTONIO ULLOA ALVARADO y en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP (ANTES CAJANAL), para que en el término de
cinco (5) días pague a la parte ejecutante la suma de OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DIESCISÉIS CENTAVOS
M/CTE ($8.476.686,16), por concepto de intereses moratorios
[…]”.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión el hoy accionante interpuso
recurso de apelación, alegando que “(…) la obligación por concepto de
intereses moratorios que se reclama a la fecha de la presentación de la
demanda corresponde a la suma de VEINTICUATRO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS
MLC ($24.763.821) (…)”.
6.2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en auto del 12 de marzo de 2020 revocó la providencia del
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
27 de septiembre de 2017 y, en su lugar, ordenó al Juzgado Cincuenta y
Tres Administrativo del Circuito de Bogotá que librara mandamiento de
pago “en la forma solicitada o en forma legal”.
6.2.5. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá,
en auto dictado el 18 de mayo de 2021, obedeció y cumplió lo ordenado
por el tribunal y libró mandamiento de pago a favor del señor Jesús
Antonio Ulloa Alvarado, en contra de la UGPP, por la suma de ocho
millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos veinticinco mil pesos
con trece centavos ($8.487.525.13) “(…) por concepto de intereses
moratorios causados entre el 7 de octubre de 2010 (día siguiente a la
ejecutoria de las sentencias título base de recaudo) hasta (julio de 2012)
inclusión en nómina del valor ordenado en la Resolución Nro. UGM 035225
de 27 de febrero de 2012 (…)”.
6.2.6. Inconforme con la decisión anterior, el señor Ulloa Alvarado
presentó recurso de apelación solicitando “(…) modificar parcialmente el
Mandamiento de pago librado mediante Auto de fecha 18 de mayo de
2021, en el sentido de ordenar la actualización de las sumas que resultan
por la causación de los intereses moratorios desde el día del pago parcial
de la obligación hasta el pago total de lo adeudado (…)”.
6.2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en auto proferido el 21 de julio de 2023, al resolver el
recurso de apelación promovido por el hoy accionante, dispuso lo
siguiente:
“[…] PRIMERO. Declarar probada la excepción de caducidad de la
acción ejecutiva en el proceso promovido por el señor Jesús Antonio
Ulloa Alvarado en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social y en consecuencia dar por terminado el proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
19
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
En el asunto bajo examen, el a quo indicó que los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial estaban
cumplidos y, en cuanto a la relevancia constitucional, manifestó que “(…)
el caso comporta relevancia constitucional, porque se aduce la
vulneración de derechos fundamentales que tienen como presunta causa
la providencia que resolvió el recurso de apelación contra el auto del 18
de mayo de 2021, al no tener en cuenta para computar la caducidad que
los términos para iniciar procesos ejecutivos en contra de CAJANAL se
suspendieron con ocasión de su proceso liquidatorio (…)”39.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima necesario determinar si en
este evento se cumple el citado requisito, y para ello, se detendrá en (i)
los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional40
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
39
Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
40
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
20
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”41.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades42:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia43. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
41
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
42
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
43
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 44 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
44
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
22
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probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora
cuestiona la providencia proferida el 21 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la
acción ejecutiva y, en consecuencia, se dio por terminado el proceso.
Lo anterior, con el fin de controvertir la interpretación normativa hecha
por la autoridad judicial accionada y reabrir el debate resuelto por el juez
natural de la causa, ya que el reproche planteado por el accionante
consiste en afirmar que “(…) el ad quem incurrió inicialmente en un
defecto sustancial y probatorio, al considerar que la acción ejecutiva
caducó, fundamentándose en lo preceptuado en el numeral 11 del artículo
136 del C.C.A. y artículo 164 del CPACA, sin observar (…) el proceso de
liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión social CAJANAL
E.I.C.E. (…)”45.
45
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Como sustento de lo anterior, indicó que “ (…) la entidad CAJANAL E.I.C.E.
inició su proceso liquidatorio desde el día 11 de junio de 2009, en virtud
de lo ordenado por el Decreto 2196 de 2009 y en consecuencia, desde
esa fecha, se suspendió el pago de los intereses moratorios de los fallos
judiciales mientras durara el mencionado proceso, por eso legalmente
solo fue posible exigirlos a partir del 11 de junio de 2013, cuando se
culminó el mismo y se declaró la extinción de la vida y se declaró la
sucesión procesal a cargo de la UGPP, y en consecuencia, solo a partir de
esta fecha fue posible reclamar nuevamente el pago de tales acreencias
y lógicamente el reclamo ante las instancias judiciales o sea la acción
ejecutiva que ahora se pretende negar (…)”46.
Adicionalmente, la parte actora en el escrito de impugnación aseveró que
“(…) el término de caducidad de la acción ejecutiva derivada de sentencias
judiciales en vigencia del Decreto 01 de 1984, es de 5 años contados a
partir de la exigibilidad de la obligación, es decir, que en total serán 5
años más 18 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia
presentada base de recaudo (…)”, por lo que agregó que “(…) teniendo
en cuenta lo anterior, es claro que los términos legales aplicables para la
configuración de la caducidad dentro del presente caso (…) deben
contabilizarse a partir del 6 de Octubre de 2010 fecha en que quedó
ejecutoriada la sentencia que se exhibe como título ejecutivo, esto es
como desde el 12 de Junio de 2009 ya se había iniciado el proceso
liquidatorio de la Entidad, entonces los términos se debe contabilizar a
partir del día 13 de Junio de 2013, fecha de terminación del proceso
liquidatorio de CAJANAL EICE, por lo que el tiempo para los dieciocho (18)
meses del término de exigibilidad culminaron el día 6 de Enero de 2.015
(…) y desde esa fecha, los cinco (5) años para la configuración de la
caducidad se presentó el día 6 de Enero de 2020. Es decir, que como la
demanda ejecutiva fue presentada mediante radicado 2017-00295-00 del
46
Ibidem.
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día 13 de Junio de 2.017, entonces se concluye que en el presente caso
NO se configuró tal fenómeno jurídico (…)”47.
Al respecto, la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada
expuso lo siguiente48:
“[…] El numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, y hoy
de igual manera en el literal k) del numeral 2º del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011, establece que el término para solicitar la
ejecución de títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales
proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, será
de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación
en ellos contenida.
(…)
En consecuencia, este Despacho encuentra posible y jurídicamente
viable contabilizar el término de caducidad de cinco (05) años, a
partir de la ejecutoria de las sentencias que se allegan con la
demanda como título de recaudo ejecutivo.
Así pues, la postura del despacho sustanciador es del conteo de
término de caducidad es de cinco años a partir de la fecha de
ejecutoria de las sentencias que se postulan como títulos ejecutivos;
toda vez que La Ley 153 de 1887 establece y ordena que cuando
una norma legal es clara, no hay que buscar interpretaciones so
pretexto de indagar sobre el espíritu del legislador, por lo que debe
aplicarse en su sentido natural y obvio. Luego, si el C.C.A., establece
que el término de caducidad de la acción ejecutiva es de cinco (5)
años, por ende, no puede adicionarse a ese conteo seis (6) meses,
dieciocho (18) o, diez (10) meses más.
(…)
Caso Concreto
Visto el caso concreto encuentra la Sala que las sentencias que
conforman el título ejecutivo en el presente asunto fueron proferidas
en vigencia del Código Contencioso Administrativo, por lo que el
trámite de esta acción deberá acoger esa normativa.
Para el caso que ocupa la atención de la Sala, la sentencia objeto de
cobro fue proferida en primera instancia por el Juzgado Décimo
47
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
48
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04960 00.
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Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá el
28 de septiembre de 2009 y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
A, en sentencia del 19 de agosto de 2010, la cual quedo ejecutoriada
el 6 de octubre de 2010.
Ahora bien, atendiendo el criterio del Despacho ponente la demanda
fue radicada por fuera del término establecido para la acción
ejecutiva de cinco (05) años que para el presente caso se venció el
6 de octubre de 2015 y la demanda fue radicada el 13 de junio de
2017.
Por lo anteriormente expuesto corresponde a este Tribunal declarar
probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva […]”. (Se
destaca).
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ejecutivo para controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa,
respecto a la forma como se debe computar el término de caducidad de
la acción ejecutiva, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
Ahora, respecto a las sentencias proferidas por la Sección Segunda de
esta Corporación que la parte actora citó en el escrito de tutela, es preciso
indicar que el accionante no cumplió con la carga de determinar la regla
jurisprudencial que fue desconocida y que era aplicable a su caso, así
como tampoco identificó los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentaban cada caso y que guardaban identidad fáctica con el suyo.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas.
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Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
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hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, se revocará el fallo proferido el 25 de abril de 2024 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la petición de amparo
por considerar que no estaban configurados los defectos invocados por la
parte accionante, para en su lugar, declararla improcedente, porque no
se cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 25 de abril de 2024
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la solicitud de
amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Jesús Antonio Ulloa Alvarado, por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional, por las razones señalas en
la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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Accionante: Jesús Antonio Ulloa Alvarado
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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