Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05018-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05018-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05018-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de octubre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00
Accionantes: Procaribe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05018 00
Demandantes: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL
CARIBE – PROCARIBE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR - SALA DE
DECISIÓN No. 4
Tesis: No incurre en violación de derechos fundamentales el
fallo que declara la indebida escogencia y la caducidad
de la acción de reparación directa, si efectuó un análisis
suficiente, acorde con la normativa y la jurisprudencia
aplicables.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Cooperativa
Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe), actuando por
intermedio de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar -
Sala de Decisión No. 4.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe)
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, que
estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de noviembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de
Decisión No. 4, que revocó el fallo del 19 de diciembre de 2016, dictado
por el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena y, en su lugar, declaró
probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la
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Accionantes: Procaribe
acción, y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa
(actio in rem verso) promovida contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en
liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de Bolívar, proceso
que se tramitó bajo el radicado 13001-33-33-005-2010-00060-01.
1.2. Procaribe manifiesta que interpuso demanda de reparación directa
(actio in rem verso) contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la
Fiduprevisora S.A. y el departamento de Bolívar, con el fin de obtener el
pago de los servicios prestados por el talento humano capacitado que le
suministró a la primera de las entidades accionadas, sin que hubiera
contrato de por medio, por un valor total de $ 1.048’193.205.
Señala que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Juzgado
9º Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. No obstante, tanto Procaribe como el departamento de
Bolívar apelaron esa decisión y, a través del proveído del 30 de noviembre
de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4 la
revocó y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de indebida
escogencia y caducidad de la acción, y denegó las pretensiones, al
considerar que la demanda cuestionaba la legalidad de los actos
administrativos que le denegaron las acreencias en el proceso liquidatorio,
controversia que debía proponerse a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad respectivo.
1.3. Frente a esta decisión, la demandante explicó que, antes del proceso
de liquidación y sin que mediara contrato estatal, prestó servicios a la
E.S.E. Hospital San Pablo, por lo que, al no recibir la contraprestación
correspondiente, ésta se enriqueció de manera injustificada,
presentándose correlativamente una disminución patrimonial para la
cooperativa demandante, quien se encontraba en imposibilidad de
reclamar el pago por otra vía o acción, resultando entonces procedente la
actio in rem verso.
En tal sentido argumentó que las consideraciones de las resoluciones 051
del 19 de mayo y 217 del 29 de septiembre de 2008, mediante las cuales
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el liquidador le denegó las acreencias, reconocen la existencia de hechos
cumplidos, pues señalan que: “la ESE HOSPITAL SAN PABLO DE
CARTAGENA desarrollaba su objeto social con violación a normas de orden
público, es decir los hechos cumplidos se produjeron por una inadecuada
labor administrativa en la planeación de procesos contractuales y en la
adquisición de obligaciones”.
1.3.1. La parte actora alega que la anterior decisión incurrió en defecto
fáctico porque no tuvo en cuenta que los hechos, las pretensiones y los
fundamentos de derecho de la demanda de reparación directa, así como
los alegatos de conclusión, se fundamentaron en la configuración de un
enriquecimiento sin causa por hechos cumplidos, y no en la ilegalidad de
ningún acto administrativo. De hecho, el libelo indicó que la negativa de
pago por parte de la E.S.E. estaba ajustada a derecho, por razones de
forma.
1.3.2. Por otra parte, adujo que la decisión controvertida incurrió en
defecto sustantivo porque el artículo 137 del CPACA, que establece las
causales de nulidad de los actos administrativos, no es aplicable al asunto,
si se tiene en cuenta que en la demanda ordinaria no se atacaron las
resoluciones mediante las cuales el liquidador de la E.S.E. Hospital San
Pablo le denegó las acreencias presentadas. Por el contrario, reitera,
únicamente se alegó que los servicios que prestó de buena no fueron
objeto de retribución económica, lo que le ha generado una alteración
patrimonial configurativa de un enriquecimiento sin justa causa1.
Agrega que el tribunal desconoció el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), que establece la acción de reparación directa, la
cual ha sido definida por el Consejo de Estado como el medio a través del
cual deben formularse las pretensiones de la actio in rem verso.
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Al respecto, invocó: “Consejo de Estado en sentencia de fecha 20 de mayo de dos mil trece (2013) Radicación
No. 25000-23-26-000-2000-01771-02 (27278) Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón”, y “Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa – sección Tercera (subsección B). Consejera ponente: Marta
Nubia Velásquez Rico (E). Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Radicación
número: 08001-23-33-000-2016-0889-01(62117)”.
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1.3.3. Sostuvo que la providencia atacada incurrió en desconocimiento
del precedente del Consejo de Estado, que ha sostenido que la actio in
rem verso procede para reclamar el pago de bienes o servicios prestados
a entidades del sector salud, cuando estas reconozcan la existencia de
una obligación sin soporte contractual, siempre y cuando se encuentre
probado el detrimento patrimonial injustificado. En este punto, invocó el
fallo del 22 de julio de 2009, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, consejero ponente: Enrique Gil Botero, radicado: 85001-23-31-
000-2003-00035-01(35026).
1.3.4. Por último, arguyó que la decisión controvertida incurrió en un
error inducido por parte del departamento de Bolívar, que propuso las
excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción de manera
extemporánea, esto es, en el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, y no en la contestación de la demanda, que radicó en
el año 2010. Con tal conducta, el departamento indujo al tribunal a no
tener en cuenta los hechos 12 y siguientes de la demanda, que indican
que Procaribe se había allanado a las glosas que le fueron impuestas por
el liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo, omisión que lo llevó a
concluir equivocadamente que en el libelo se cuestionaba la legalidad de
los actos que le denegaron las acreencias.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de
Decisión No. 4, ponente de la sentencia objeto de tutela, alegó que en
este caso se configura la falta de legitimación en la causa por activa, pues
“la sociedad Procaribe S.A.”2 se encuentra disuelta y en liquidación desde
el 20 de abril de 2017, fecha en la cual fue inscrita la anotación en el
registro mercantil, tal como se desprende del certificado de existencia y
representación obrante en el expediente. Por lo tanto, a partir de esa
fecha las facultades de su representante legal se restringen a actos
tendientes a la liquidación, lo que invalida el poder otorgado para
interponer la presente acción constitucional.
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La Sala entiende que el tribunal accionado se refiere a la cooperativa Procaribe, demandante en esta tutela.
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Considera que la tutela no cumple con el presupuesto de relevancia
constitucional pues lo que busca la demandante es acceder a una tercera
instancia. Además, si bien la solicitud de amparo pone de presente el
supuesto interés de sus trabajadores, quienes prestaron servicios a la
E.S.E. Hospital San Pablo, lo cierto es que la decisión judicial cuestionada
se refirió a las acreencias presentadas por Procaribe en el proceso
liquidatorio, discusión que difiere del pago de los salarios, prestaciones
sociales y aportes a la seguridad social de aquellos.
Por la misma razón, considera evidente que la discusión planteada es de
naturaleza netamente legal y económica.
Finalmente, reiteró los fundamentos de la decisión cuestionada y alegó
que esta no incurrió en los defectos alegados porque verificó en su
integridad los hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones de la
demanda.
2.2. El Juzgado 9º Administrativo de Cartagena, la E.S.E. Hospital San
Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Bolívar
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. La Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe (Procaribe)
interpuso demanda de reparación directa (actio in rem verso) contra la
E.S.E. Hospital San Pablo - en liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el
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departamento de Bolívar, con el fin de obtener el pago de los servicios
prestados por el talento humano capacitado que le suministró a la primera
de las entidades accionadas, sin que hubiera contrato de por medio, por un
valor total de $1.048’193.205.
3.2.2. Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Juzgado 9º
Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
3.2.3. Tanto Procaribe como el departamento de Bolívar apelaron la
anterior decisión y, a través del proveído del 30 de noviembre de 2022,
el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 4 la revocó y,
en su lugar, declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y
caducidad de la acción, y denegó las pretensiones de la demanda bajo el
entendido de que el daño alegado tenía origen en las resoluciones 051 del
19 de mayo y 217 del 29 de septiembre de 2008, por medio de las cuales
el liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo glosó las facturas presentadas
por la actora, y, de hecho, el libelo controvertía los fundamentos de esos
actos administrativos. Por lo tanto, consideró que la acción procedente
era la de nulidad y restablecimiento del derecho, que debió interponerse
dentro del plazo de caducidad correspondiente.
3.2.4. Procaribe interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales por la anterior providencia.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Cuestiones previas
3.3.1.1. El magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela alegó que
en este caso se configura la falta de legitimación en la causa por activa
porque “la sociedad Procaribe S.A.” se encuentra disuelta y en liquidación
desde el 20 de abril de 2017, fecha a partir de la cual las facultades del
representante legal se restringen a los actos tendientes a la liquidación,
lo que invalida el poder otorgado para interponer la presente acción
constitucional.
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Sobre el particular, es pertinente distinguir entre la capacidad para ser
parte y la legitimación en la causa. (i) La primera es la posibilidad de que
un sujeto de derechos sea demandante o demandado, facultad que el
artículo 53 del Código General del Proceso (CGP) reconoce en cabeza de
las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas que entran en
proceso de liquidación, la representación es ejercida por el liquidador
(artículo 54 ibídem), y la capacidad para ser parte se extingue solo con la
aprobación de la cuenta final de su liquidación3. (ii) La segunda es la
facultad jurídica para pretender determinada declaración o condena (por
activa), o para controvertir la pretensión (por pasiva)4. Entonces, la
legitimación en la causa no es lo mismo que la capacidad jurídica para
integrar una de las partes, sino que determina quién está autorizado para
obtener una decisión de fondo, esto es, quién tiene un interés
jurídicamente relevante en la discusión.
Ahora, en materia de tutela, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991
establece que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o
de los particulares en los casos que señale este Decreto”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que, si bien es cierto que las
personas jurídicas en proceso de liquidación no pueden continuar
ejecutando su objeto social y solo pueden adelantar asuntos tendientes a
su liquidación, eso no implica que no estén facultadas para comparecer a
juicio en defensa de sus intereses.
Por lo tanto, no le asiste razón al interviniente al alegar la falta de
legitimación en la causa por activa, pues la cooperativa Procaribe, aun
cuando se encuentre actualmente disuelta y en estado de liquidación, sí
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2009, radicado 08001-23-31-000-2004-
02214-01 (16319), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de marzo de 2019, radicado 05001-23-33-000-2015-
02178-01(24273), consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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está habilitada para solicitar mediante la acción de tutela, por intermedio
de su representante legal5 o del apoderado que este designe, la protección
de los derechos fundamentales que considera vulnerados por la sentencia
del 30 de noviembre de 2022.
3.3.1.2. Por otro lado, se observa que, mediante memorial6 allegado el
27 de septiembre de 2023, Procaribe solicitó que se corrigiera el auto del
19 del mismo mes y año que admitió la solicitud de amparo, en el sentido
de ordenar la vinculación de los trabajadores de la cooperativa, lo cual
habría pedido en el escrito de tutela, con fundamento en el interés que
les asiste en la decisión, pues de ésta depende el pago de sus salarios,
prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.
Al respecto, la Sala advierte que la demanda de reparación directa fue
interpuesta por la Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe
(Procaribe), persona jurídica de derecho privado, con la finalidad de
reclamar sus propios derechos, derivados de la falta de pago de los
servicios que prestó a la E.S.E. Hospital San Pablo, según afirma, sin que
mediara la existencia de un contrato.
Por lo tanto, es claro que los derechos de los trabajadores que la
cooperativa envió a prestar los servicios al hospital no estuvieron en
discusión en la actio in rem verso ni lo están en esta acción de tutela, y
por tanto, no dependen, como lo pretende hacer ver Procaribe, de las
resultas de este asunto, sino exclusivamente de la relación laboral de ellos
con la demandante. En consecuencia, no procede la vinculación solicitada.
3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
5
Quien, conforme con el certificado de existencia y representación legal allegado al plenario es el señor Víctor
Puello Salas.
6
Visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305018001
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fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos
generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia
de la acción de tutela formulada por Procaribe con ocasión del fallo de
noviembre 30 de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar
• Sala de Decisión No. 4, que revocó la decisión de diciembre 19 de 2016,
dictada por el Juzgado 9º Administrativo de Cartagena y, en su lugar,
declaró probadas las excepciones de indebida escogencia y caducidad de
la acción, y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa
(actio in rem verso) promovida contra la E.S.E. Hospital San Pablo - en
liquidación, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de Bolívar, proceso
que se tramitó bajo el radicado 13001-33-33-005-2010-00060-01.
3.3.2.1. Sobre el requisito general de relevancia constitucional
La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales con
ocasión de la sentencia de segunda instancia que declaró probadas las
excepciones de indebida escogencia y caducidad de la acción, por lo que
se abstuvo de resolver sobre las pretensiones planteadas.
Para la Sala, tal decisión, especialmente en caso de ser contraria a
derecho, tendría sin duda la virtualidad de afectar el derecho de acceso a
la administración de justicia, garantía que hace parte del núcleo esencial
del derecho fundamental al debido proceso, pues implica que, en
definitiva, no habrá en este caso un pronunciamiento de fondo que
resuelva sobre las pretensiones de la demanda. En tal medida, la decisión
adoptada equivaldría a un fallo inhibitorio
Acorde con lo anterior, la Sala encuentra acreditado en el presente asunto
el requisito de relevancia constitucional, pues la decisión controvertida
frustra por completo el derecho de la actora de acceder a la administración
de justicia en relación con el asunto planteado, y con ello su derecho al
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debido proceso. En la misma línea, observa la Sala que, pese a la
implicación económica de las pretensiones no decididas, no resultaría
acertado considerar que el reclamo de la demandante se agota en este
solo aspecto, pues, como se ha señalado, la implicación de la decisión
discutida es mucho mayor, en cuanto impide de manera absoluta el
derecho de obtener una resolución judicial sobre un tema que le afecta,
esto es, el acceso a la justicia como elemento estructural del debido
proceso constitucional.
De otro lado, tampoco sería correcto concluir que la actora solo pretende
reabrir una controversia ya clausurada o acceder a una tercera instancia
no prevista en la ley, pues los temas sobre los cuales se funda su reclamo,
esto es, la declaratoria de las excepciones de indebida escogencia y
caducidad de la acción, no hicieron parte de lo debatido durante el recién
concluido proceso ordinario, sino que surgieron apenas durante el trámite
y decisión de la segunda instancia, en circunstancias que, aunque válidas
desde el punto de vista procesal, implicaron que Procaribe no tuviera
ninguna otra oportunidad para controvertir tal decisión.
En consecuencia, se procederá con el estudio de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
3.3.2.2. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales
Previa verificación de las piezas documentales que componen este asunto
constitucional, la Sala destaca que esta solicitud de amparo cumple con
los demás requisitos generales de procedibilidad7, por estas razones:
i) En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que
la accionante agotó el recurso de apelación contra la sentencia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación
directa en primera instancia.
7
Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron
sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),
postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio
de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-15- 2009-01328-01.
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Además, si bien podría advertirse que, por tratarse de una sentencia que
no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sería procedente invocar la
falta de subsidiariedad ante la posibilidad de intentar el recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que la Corte Constitucional ha
reconocido la procedencia de tal recurso, con la consiguiente
improcedencia de la tutela, cuando el derecho presuntamente vulnerado
es únicamente el del debido proceso, pero no cuando el asunto involucra
otros derechos fundamentales sustanciales, como son en este caso la
igualdad, la defensa y el acceso a la administración de justicia.
ii) En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito de
inmediatez, pues, de acuerdo con la información registrada en el sistema
de consulta de procesos de la Rama Judicial8, la sentencia de la acción de
reparación directa en segunda instancia se notificó por edicto el 7 de junio
de 2023, y de acuerdo con el aplicativo SAMAI9, la acción de tutela de la
referencia se presentó el 13 de septiembre del presente año, es decir,
antes de cumplirse los seis (6) meses que ha definido la jurisprudencia
para controvertir providencias judiciales en sede constitucional.
iii) Por otra parte, se advierte que en el asunto de la referencia no se
discute una irregularidad procesal, y que los accionantes identificaron
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados.
iv) Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en desarrollo
de una acción de tutela, sino dentro del proceso de reparación directa
tramitado bajo el radicado 13001-33-33-005-2010-00060-01.
Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala está habilitada
para proceder al estudio del fondo del asunto.
8
Visible en el enlace:
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
9
Visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202305018001
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3.3.2. El fondo del asunto
3.3.2.1. Procaribe alega que la sentencia del 30 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión N°
4, incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta que la demanda y
los alegatos de conclusión se fundamentaron únicamente en la
configuración de un enriquecimiento sin causa por hechos cumplidos, y
no en la ilegalidad de ningún acto administrativo.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
corporación, el defecto fáctico se configura “[…] cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan
fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso. Según esta corporación, el fundamento de la
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que
cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste
debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con
base en criterios objetivos y racionales […].”10
La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las
que es posible que se configure el defecto fáctico11. La primera de ellas
corresponde a una dimensión negativa que surge cuando el juez niega
o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa12,
situación que se presenta cuando (i) no decreta, ignora o hace una
valoración defectuosa de la prueba13 o (ii) sin una razón válida, da por no
probado un hecho que emerge claramente, y una dimensión positiva,
que se produce cuando (i) el juez aprecia pruebas que fueron
determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no
ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron
10
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
11
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
12
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
13
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
12
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indebidamente o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista
material probatorio que fundamente su decisión14.
Para que se concrete la existencia de este defecto, el error debe ser
ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en instancia revisora
de la evaluación fáctica de la autoridad judicial que ordinariamente conoce
de un asunto, ya que con ello invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.
En el caso de autos, la actora se limitó a exponer que los argumentos que
esgrimió a lo largo del proceso ordinario no tenían que ver con la nulidad
de los actos administrativos que le denegaron las acreencias en el proceso
de liquidación de la E.S.E. Hospital San Pablo, sino con la configuración
de un enriquecimiento sin causa. Es decir que en realidad no planteó
ningún debate específico en torno a la falta de decreto o valoración de
algún medio de prueba, o a la indebida valoración de determinadas
pruebas por parte del tribunal demandado.
En consecuencia, la Sala encuentra que la demandante no aportó
elementos de juicio que permitan concluir que la sentencia que se discute
incurrió en el defecto fáctico alegado, lo que conduce a la negación del
amparo, de momento, con respecto a este posible defecto.
3.3.2.2. Por otro lado, la actora alega que la decisión controvertida
incurrió en defecto sustantivo porque (i) el artículo 137 del CPACA, que
establece las causales de nulidad de los actos administrativos, no es
aplicable al asunto, toda vez que en la demanda ordinaria no se atacaron
las decisiones del liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo, y (ii) porque
desconoció el artículo 86 del CCA, que consagraba la acción de reparación
directa, que es el medio idóneo, definido por el Consejo de Estado, para
ventilar las pretensiones de la actio in rem verso.
14
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras.
13
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Esta corporación15 ha señalado que el defecto sustantivo puede
presentarse por: (i) falta de aplicación, que ocurre cuando el juzgador
ignora la existencia de la norma que rige el asunto o, a pesar de que la
conoce, no la aplica a la solución del caso, (ii) aplicación indebida, que se
presenta cuando un precepto se hace valer a pesar de no ser pertinente
para resolver el asunto objeto de decisión, y (iii) interpretación errónea,
que se configura cuando el precepto que se aplica sí es el que regula el
asunto, pero el juzgador lo entiende equivocadamente, es decir, le asigna
un sentido que no le corresponde.
En el sub lite, la sentencia del 30 de noviembre de 2022 dijo lo siguiente
al determinar cuál era la acción procedente para ventilar las pretensiones
formuladas por Procaribe:
“5.4.1. Acción procedente - se determina de acuerdo con la
fuente o el origen del daño.
(…) De manera reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sostenido que la fuente o el origen del daño es lo que está llamado a
determinar la acción procedente para desatar la controversia,
circunstancia que, de plano, excluye que esa elección se encuentre
reservada al arbitrio o capricho del demandante.
En ese orden, es necesario establecer cuál es el origen del daño cuya
indemnización se pretende, para determinar el medio de control
procedente, pues si el daño proviene de una decisión de la
administración que crea, modifica o extingue una situación particular
y concreta, el demandante deberá acudir a la jurisdicción contenciosa
a través de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 CCA), para
obtener la reparación solicitada, pues resulta necesario retirarlo o
extinguirlo del ordenamiento para dejarlo sin efectos dada la
presunción de legalidad de la cual goza, pues de no hacerlo su
legalidad seguirá intacta; si por el contrario, el daño es producto de
un hecho, omisión, operación administrativa, la ocupación temporal o
permanente de un bien por parte de la administración, actos
administrativos sobre los cuales no se discute su legalidad o que
fueron declarados nulos, o incluso, del enriquecimiento sin causa, el
mecanismo correspondiente será el de reparación directa (art. 86
ibidem).
(…)
5.5.2.1 Improcedencia e indebida escogencia del medio de
control de reparación directa – actio in rem verso.
15
Sentencia de tutela del 15 de febrero de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02685-00, magistrado
ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14
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(…) de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la
accionante es posible constatar que el hecho alegado como dañoso,
realmente consiste en la expedición de los actos administrativos Nos.
051, 217 y 305 de 2008, que glosaron las facturas por concepto de
servicios prestados, dentro del proceso liquidatorio de la ESE y
negaron su pago. Así mismo, la intención de la actora es controvertir
las consideraciones tenidas en cuenta por el agente liquidador para
rechazar las mismas, pues así se desprende de los folios 12 – 16 de
la demanda, en donde se insistió:
(…)
De conformidad con los motivos antes expuestos, se reitera que el
origen del daño alegado son las decisiones administrativas contenidas
en las resoluciones Nos. 051, 217 y 305 de 2008, mediante las cuales
se rechazaron las facturas Nos. 004, 006, 016, 017, 021, 022., 023,
024, 040, 041 y 042, por conceptos de servicios prestados, que tenían
sustento en los contratos No. 018 del 25 de agosto de 2004, No. 01
del 02 de febrero de 2005 y el celebrado el 09 de febrero de 2006;
sino también las facturas Nos. 025, 026, 029, 033, 035, 038 y 039,
cuyo pago había sido reconocido y ordenado previamente por la
administración, a través de las Resoluciones Nos. 224 de 2005, 046,
126 y 127 de 2006.
Dada la existencia de una decisión expresa, definitiva y en firme de la
administración, que modificó y extinguió los derechos al pago de los
servicios prestados por PROCARIBE en favor de la ESE demandada
(que no ha sido revocada ni anulada y respecto de la cual se advierten
inconformidades), correspondía a la demandante, demandar su
nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho para obtener la
reparación de los perjuicios causados con su expedición, pues no es
dable, como lo pretende hacer ver, utilizar la actio in rem verso para
dicho fin, debido a que su naturaleza es subsidiaria, tal como quedó
sentado en el numeral 5.4.2 de esta providencia. Así las cosas, no es
posible ordenar a través de la actio in rem verso, el pago de los
servicios presuntamente prestados por Procaribe a la entidad,
mientras que exista un acto administrativo cobijado por la presunción
de legalidad, el cual niega los mismos y es pasible de control
jurisdiccional” (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con el aparte citado, la Sala advierte que, contrario a lo
alegado por la actora, la sentencia atacada no aplicó ni exigió la aplicación
de ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del
CPACA ni, valga agregar, del artículo 84 del CCA, que era el aplicable a la
acción de nulidad. La providencia acusada simplemente determinó que en
este caso la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del
derecho porque el derecho reclamado había sido denegado por actos
administrativos cobijados por presunción de legalidad y que, de hecho,
los argumentos de la demanda ordinaria se dirigían contra éstos.
15
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Los anteriores razonamientos tampoco configuran una falta de aplicación
del artículo 86 del CCA. Por el contrario, la providencia analizó el alcance
de esa disposición para señalar los casos en los que es procedente la
acción de reparación directa, entre los que se encuentran aquellos en los
que se alega un enriquecimiento sin causa, situación que, en criterio del
tribunal, no se presentó en el sub lite, pues según entendió válidamente,
en ejercicio de su autonomía judicial, el origen del daño radicaba en actos
administrativos protegidos por la presunción de legalidad, la cual debe
desvirtuarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
3.3.2.3. Luego, la demandante señaló que la providencia incurrió en
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, que ha
sostenido que la actio in rem verso procede para reclamar el pago de
bienes o servicios prestados a entidades del sector salud. Al respecto,
invocó la sentencia del 22 de julio de 2009, proferida por la Sección
Tercera de esta corporación, bajo el radicado 85001-23-31-000-2003-
00035-01(35026), con ponencia del consejero Enrique Gil Botero.
La Corte Constitucional ha definido como precedente judicial “la sentencia
o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su
pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento
de emitir un fallo”. Al respecto, estableció como criterios para concluir
cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial
aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”16.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la
sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva
jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y
16
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014.
16
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unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados. A
estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que
se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del
precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico
que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema
jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el objeto del litigio.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia
cuestionada se identifique con aquél en su objeto y en los hechos. No
habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada
difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
En tal sentido esta Sala17, en sentencia del 19 de noviembre de 2021,
sostuvo que la acción de tutela contra providencia judicial en la que se
alega el desconocimiento del precedente exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifique: (i) la providencia desconocida,
(ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio
decidendi de la sentencia invocada, las cuales (iii) deben ser aplicables al
caso a resolver, y (iv) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben
ser análogos o similares.
En el caso sub examine, la demandante se limitó a identificar la sentencia
del 22 de julio de 2009 y a esbozar que ésta consideró procedente la actio
in rem verso en un escenario específico. Empero, no identificó el problema
jurídico que allí se resolvió ni comparó los hechos estudiados en ambos
casos, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio
decidendi le fueran aplicables a su asunto particular.
Por tanto, la Sala estima que la actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima necesaria para analizar si se configuró el
desconocimiento del precedente alegado, el que, por tal razón, se
considerará no probado.
17
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
17
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3.3.2.4. Finalmente, la actora sostiene que la decisión controvertida
incurrió en un error inducido por el departamento de Bolívar, entidad
que (i) propuso las excepciones de indebida escogencia y caducidad de la
acción de manera extemporánea, esto es, en el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, y no en la contestación de la
demanda, y que (ii) con tal conducta, indujo al tribunal a no tener en
cuenta los hechos 12 y siguientes de la demanda, que indicaban que
Procaribe se había allanado a las glosas impuestas a sus facturas por el
liquidador de la E.S.E. Hospital San Pablo, lo que lo llevó a concluir
equivocadamente que en el libelo se cuestionaba la legalidad de los actos
que le denegaron las acreencias.
Para abordar este asunto es necesario tener en cuenta que el error
inducido se presenta cuando la autoridad judicial es engañada por
terceros y ello la conduce a adoptar una decisión judicial que afecta los
derechos fundamentales de las partes18. Entonces, se trata de una
situación externa al funcionario judicial, proveniente de la manipulación
urdida por otras personas, que, por ejemplo, conduce a que aquél admita
como cierto un hecho que no lo es y en consecuencia profiera una decisión
equivocada.
En tal sentido, para que se configure este defecto, debe no tratarse de
una actuación dolosa o culposa del juez, sino por el contrario, ser claro
que éste ha actuado con diligencia.
Ahora bien, en cuanto al primer punto, la Sala advierte que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 164 del CCA, el tribunal
estaba facultado para decidir en la sentencia sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que encontrara probada. De hecho, tal
disposición establece que el silencio del juez de primera instancia no
impide que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo
que encuentre probadas, hayan sido propuestas o no, lo que ciertamente
incluiría las invocadas en forma extemporánea por la parte contraria.
18
Cfr. Entre otras las sentencias T-031 de 2016 y T-863 de 2013.
18
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Siendo así, aun cuando el departamento de Bolívar no hubiere alegado en
la contestación de la demanda, sino más adelante, las excepciones de
indebida escogencia y caducidad de la acción, el tribunal demandado
estaba plenamente facultado por la ley para declararlas probadas en la
decisión de segunda instancia.
Por último, la Sala considera que el hecho de que el departamento de
Bolívar hubiere propuesto medios exceptivos en el recurso de apelación
no puede considerarse como una manipulación ni un engaño a la
autoridad judicial, sino simplemente como la formulación y empleo de los
argumentos que, en criterio de la entonces demandada, más favorecerían
sus intereses. Por lo tanto, es claro que lo que al respecto pretende la
actora es simplemente controvertir el razonamiento y la decisión a la que
sobre el particular llegó el tribunal accionado, finalidad para la cual no es
procedente este mecanismo excepcional de protección.
3.4. Conclusión
En razón a todo lo expuesto, al no haberse probado ninguno de los
defectos endilgados por Procaribe frente a la sentencia de noviembre 30
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de
Decisión No. 4, esta Sala denegará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la Cooperativa Multiactiva
de Profesionales del Caribe (Procaribe) contra la sentencia del 30 de
noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar -
Sala de Decisión No. 4, de acuerdo con las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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