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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07199-01

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07199-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR la coadyuvancia de los señores Otto Abel Luna Solar, Julieth Jehudith García Torres, Anatayde Tejada Tejada, Juan Carlos Tejada Jiménez, Jania Jiménez Peralta, Omaida Hurtado Baldrich, María Matilde Tinoco Mendoza, Luz Mary Castro Altamiranda, Bernardo Gustavo Barrios Salgado y Laura Cabarcas García. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida 25 de enero de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe-Procaribe, 6 Identificado con número de radicado: 13001-33-33-005-2010-00060-00/01. 9 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01 Solicitante: Procaribe Acción de tutela – Segunda instancia contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible. CUARTO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07199-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

12 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07199-01

Solicitante: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DEL CARIBE

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
TEMERIDAD EN TUTELA-Rechazo de solicitudes de tutela idénticas y presentadas por la misma persona ante
varias autoridades judiciales. TUTELA-No se cumple una carga probatoria suficiente.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte solicitante contra el fallo del
25 de enero de 2024, proferido por el Consejo de Estado-Sección Primera que
declaró improcedente el amparo.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 28 de noviembre de 2023, la Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe-
Procaribe, a través de apoderado, formuló acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la de defensa y al mínimo vital que alega
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar al proferir la sentencia del 30 de
noviembre de 2022 dentro del medio de control de reparación directa1 que promovió
contra el E.S.E. Hospital San Pablo en Liquidación, la Fiduprevisora y el
departamento de Bolívar.

1
Identificado con número de radicado: 13001-33-33-005-2010-00060-00/01.

1

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud del amparo, se solicita dejar sin efectos el fallo reprochado y en su lugar,
se profiera una nueva sentencia en la que se valoren los hechos de la demanda y
las pruebas relacionadas con la existencia de un hecho cumplido.

2. Hechos relevantes

La solicitante interpuso demanda de reparación directa (actio in rem verso) contra la
E.S.E. Hospital San Pablo en liquidación, la Fiduprevisora SA y el departamento de
Bolívar para reclamar los perjuicios derivados porque no le fueron pagado los saldos
adeudados con ocasión de los servicios prestados a su favor, cuya reclamación y
pago fueron rechazados dentro del proceso liquidatario, pues los contratos
celebrados entre la ESE Procaribe y el Hospital estaban respaldados por un CDP
que se expidió con posterioridad a la suscripción de los contratos y excedía el tope
presupuestal que lo soporta.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Noveno Administrativo de
Cartagena que, en sentencia del 19 de diciembre de 2016, accedió parcialmente a
las pretensiones. Ambas partes apelaron esa decisión. El Tribunal Administrativo de
Bolívar profirió fallo del 30 de noviembre de 2022 y negó las pretensiones de la
demanda. Estimó que hubo una indebida escogencia de la acción y declaró probada
la excepción de caducidad.

Fundamentos de la solicitud

La solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues incurrió en:

(i) Defecto fáctico: dado que no valoró la Resolución n° 217 de 29 de septiembre
de 2008, la cual acredita que en el caso se configuró un hecho cumplido.

(ii) Defecto sustantivo: ya que se desconoce que el medio de control de
reparación directa es el oportuno para reclamar los perjuicios cuando se invoquen
hechos cumplidos.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

(iii) Desconocimiento del precedente: pues alega que no se tuvo en cuenta la
jurisprudencia que ha dispuesto que la acción de enriquecimiento sin causa es
procedente por conducto de la reparación directa. Agrega que se desconoce el fallo
proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, rad. n°
66001-23-31-000-2007-00299-01 en el que se establece que es procedente reclamar
el pago de bienes o servicios prestados a entidades a pesar de que no exista un
soporte contractual, siempre y cuando se acredite el enriquecimiento sin causa.

3. Trámite procesal

El 30 de noviembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
a la autoridad judicial accionada, así como a la sociedad Fiduprevisora S.A., en su
condición de administrador del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E.
Hospital San Pablo en Liquidación, al departamento de Bolívar y al Juez Noveno
Administrativo del Circuito de Cartagena, en calidad de terceros con interés.

En el escrito de contestación el Tribunal Administrativo de Bolívar al oponerse al
amparo, adujo que la tutela es improcedente porque el asunto no es de relevancia
constitucional, pues se pretende usar como una instancia adicional del proceso
ordinario. Sostuvo que Procaribe es una sociedad que se encuentra disuelta y en
liquidación, por lo cual no está legitimada en la causa por activa. Así mismo, señaló
que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa que le correspondía.

Indicó que existe cosa juzgada y temeridad porque la accionante interpuso otra
acción de tutela por los mismos hechos que correspondió por reparto al consejero
Oswaldo Giraldo López bajo el radicado 2023-05018-00 que fue resuelta mediante
sentencia del 20 de octubre de 2023. Por último, aportó copia digital del expediente
ordinario.

Mediante sentencia del 25 de enero de 2024, el Consejo de Estado-Sección Primera
declaró improcedente la solicitud de amparo. Estimó que entre esta acción y el
proceso de tutela Rad. n° 11001-03-15-000-2023-05018-00 existe identidad de
partes, de objeto y de causa, sin embrago, advirtió que no se ha configurado la cosa
juzgada, pues el proceso de la otra tutela se encuentra en trámite de impugnación.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

Por lo anterior, concluyó que la actuación es temeraria, pero se abstuvo de imponer
las sanciones, ya que no se acreditó la mala fe.

La parte solicitante impugnó. Señaló su inconformidad con la decisión del A quo,
pues a su juicio no existe una identidad de fundamentos jurídicos entre los procesos
de tutela que interpuso. Esgrimió que los defectos alegados en las dos acciones se
justifican de manera distinta y tienen un respaldo jurisprudencial diferente. Señaló
que en caso de considerarse idénticas, el juez de primera instancia debió ordenar la
acumulación a la otra solicitud. Por lo anterior, solicitó que se acumulen las acciones
y se declarare la procedencia de las peticiones.

El 8 de febrero de 2024, la parte actora reiteró su petición de acumulación. El 5, 6,
8, 10, 11 y 13 de marzo siguiente, los señores Otto Abel Luna Solar, Julieth Jehudith
García Torres, Anatayde Tejada Tejada, Juan Carlos Tejada Jiménez, Jania Jiménez
Peralta, Omaida Hurtado Baldrich, María Matilde Tinoco Mendoza, Luz Mary Castro
Altamiranda, Bernardo Gustavo Barrios Salgado y Laura Cabarcas García,
presentaron memoriales en los que solicitaron coadyuvar a la parte accionante.

CONSIDERACIONES

4. Cuestión previa

La solicitante presentó memorial por el cual solicitó la acumulación de este proceso
al Rad. n°. 11001-03-15-000-2023-05018-00. El artículo 2.2.3.1.3.3. del Decreto
1834 de 2015, dispone que la acumulación procede hasta antes de dictar sentencia,
para fallarlos en la misma providencia. Como en ese caso ya se dictó sentencia de
primera instancia, la Sala no procederá a la petición de acumulación.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 25 de enero
de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, que declaró
improcedente el amparo.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 CN y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es
competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°.
80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Temeridad

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone que cuando, de manera injustificada,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varias autoridades judiciales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes.

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

Según la jurisprudencia constitucional, la temeridad se configura cuando: (i) se
presenta una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela de manera
simultánea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas
partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud; (ii) que el caso no sea
uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuación
temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia y
(iii) que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a
una anterior con la que guarda identidad «a partir de un desarrollo argumentativo
diferente» el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen
las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud5.

Caso concreto

La providencia judicial bajo estudio revocó la decisión de primera instancia y en su
lugar, negó las pretensiones por indebida escogencia de la acción y declaró probada
la excepción de caducidad. Estimó que el daño alegado tenía origen en las
resoluciones 051 del 19 de mayo y 217 del 29 de septiembre de 2008, por las cuales
el liquidador del E.S.E. Hospital San Pablo rechazó las facturas presentadas por los
servicios prestados. Por lo anterior, estimó que la acción procedente era la de nulidad
y restablecimiento del derecho la cual debió interponerse dentro del plazo de
caducidad correspondiente.

La Sala estima que los argumentos presentados por la parte solicitante no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que advierte la
inconformidad del accionante con las razones del tribunal según las cuales el medio
de control oportuno para interponer la demanda era el de nulidad y restablecimiento
del derecho y no el de reparación directa. Se advierte que revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, estos provienen de una interpretación razonable
de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial
aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la

5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-027 del 5 de febrero de 2021 [fundamento jurídico 2.1.2].

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Esta Sala también estima, al igual que el juez de primera instancia, que la acción de
tutela Rad. n°. 11001-03-15-000-2023-05018-00 comparte los mismos supuestos
fácticos y jurídicos que se persiguen en esta misma acción, pues alega la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y de defensa vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar
al proferir la sentencia del 30 de noviembre de 2022, dentro del medio de control de
reparación directa6 que promovió contra el E.S.E. Hospital San Pablo en Liquidación,
la Fiduprevisora y el departamento de Bolívar, además, endilga los mismos defectos.
Por ello, se evidencia que en las solicitudes de amparo hay identidad de partes, de
objeto y de causa y no hay justificación para que el solicitante presentara varias
acciones de tutela para controvertir una misma providencia. En consecuencia, la
solicitud de tutela también es improcedente por temeraria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR la coadyuvancia de los señores Otto Abel Luna Solar, Julieth
Jehudith García Torres, Anatayde Tejada Tejada, Juan Carlos Tejada Jiménez, Jania
Jiménez Peralta, Omaida Hurtado Baldrich, María Matilde Tinoco Mendoza, Luz Mary
Castro Altamiranda, Bernardo Gustavo Barrios Salgado y Laura Cabarcas García.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida 25 de enero de 2024 por el Consejo
de Estado-Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de tutela
interpuesta por la Cooperativa Multiactiva de Profesionales del Caribe-Procaribe,

6
Identificado con número de radicado: 13001-33-33-005-2010-00060-00/01.

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07199-01
Solicitante: Procaribe
Acción de tutela – Segunda instancia

contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, conforme la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

CUARTO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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