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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05239-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05239-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación por no encontrarse superado el requisito general de subsidiariedad respecto del defecto de violación directa de la Constitución; y la exigencia de relevancia constitucional con relación a los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación al derecho a la igualdad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05239-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de febrero de 2024

Demandantes: Jacqueline Barrera Orozco y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-01
Demandantes: JACQUELINE BARRERA OROZCO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma declaratoria de
improcedencia improcedente – defectos de violación directa de
la Constitución, desconocimiento del precedente, violación del
derecho a la igualdad y fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de impugnación presentado por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia el 10 de noviembre de 2023 por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese fallo se
declaró improcedente la solicitud de amparo por no encontrarse superado el
requisito general de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 22 de septiembre de 2023, las señoras Jacqueline
Barrera Orozco, Yuly Tatiana Barrera Orozco y Rosalba Barrera Orozco, así como
los señores Diego Fernando Ordoñez Barrera, Vitelio Barrera Benavides y Luis
Fernando Ordoñez Peña, actuando por intermedio de apoderado judicial,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Los
peticionarios consideraron que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

2. Desde el punto de vista de los accionantes, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se la adjudican a la sentencia del 14 de febrero de 2023
dictada por la autoridad judicial accionada en la que resolvió revocar la decisión
proferida por el Juzgado 9º Administrativo del Circuito Judicial de Huila; y en su

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Demandantes: Jacqueline Barrera Orozco y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-01

lugar, negar las pretensiones de la demanda presentada por los peticionarios en
ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la
Nación – Rama Judicial de los perjuicios ocasionados en virtud de la presunta
privación injusta de la libertad de la que fue víctima la señora Jacqueline Barrera
Orozco1.

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron:

PRIMERO: SE AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, NO REFORMATIO IN PEJUS, IGUALDAD Y PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA de los accionantes JACQUELINE BARRERA OROZCO, YULY
TATIANA ORDOÑEZ BARRERA, DIEGO FERNANDO ORDOÑEZ
BARRERA, VITELIO BARRERA BENAVIDES, ROSALBA BARRERA
OROZCO Y LUIS FERNANDO ORDOÑEZ PEÑA, los cuales han sido violados
por el accionado Tribunal Administrativo del Huila, con los defectos fáctico y
sustantivo que adolece la sentencia de fecha 14 de febrero del año 2023,
expedida dentro del proceso de reparación directa con radicación No. 41001-
33-33-005-2013-00468-01, además por el desconocimiento del precedente
judicial tal como viene de explicarse en líneas atrás.

SEGUNDO: COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DEPRECADO SE DEJE
SIN EFECTO LA MENTADA SENTENCIA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE
2023 dictada por el tribunal accionado dentro del proceso de reparación
directa 41001333300520130046801, la cual fuere notificada el día 22 de
marzo del año 2023.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENESE al accionado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, QUE DICTE UNA SENTENCIA DE
REEMPLAZO A TRAVÉS DE LA CUAL SE GARANTICEN Y RESPETEN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, NO REFORMATIO
IN PEJUS, IGUALDAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, AL IGUAL QUE SE
GARANTICEN LOS PRINCIPIOS COMO SEGURIDAD JURÍDICA Y
LEGITIMA CONFIANZA que tienen íntima relación con los mentados derechos
fundamentales.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La señora Jacqueline Barrera Orozco y su núcleo familiar2, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, demandaron a la Nación – Rama Judicial –
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declararan administrativa y
patrimonialmente responsables por los perjuicios que les fueron causados con
ocasión de la privación injusta de la libertad que aquella soportó por los delitos de
homicidio, lesiones personales e incendio con fines terroristas3.

1
Rad. 41001-33-33-005-2013-00468-00/01.
2
Conformado por Yuli Tatiana Ordoñez Barrera, Diego Fernando Ordoñez Barrera, Vitelio Barrera
Benavidez, Mariela Orozco de Barrera, Rosalba Barrera Orozco y Luis Fernando Ordoñez Peña.
3
La señora Jacqueline Barrera Orozco fue privada de la libertad del 27 de junio de 2007 al 17 de
enero de 2008 por la presunta comisión de los delitos antes mencionados debido a la ocurrencia del
incendio de una casa de habitación que en tiempo anterior se le remató a la imputada, sin evidencia
de fallas en el sistema eléctrico o en las redes de suministro de gas natural ni la presencia de
elementos de ignición o conflagración (velas, veladoras), etc y evidencia de olor a combustible junto

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5. En primera instancia, el asunto correspondió al Juzgado 9º Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva, que en sentencia del 23 de marzo de 2018 negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa, por encontrar configurado el
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, ya que su conducta
fue la que dio lugar a la investigación penal en su contra y a la privación de la
libertad, rompiendo así el nexo causal necesario para atribuirle el deber de reparar
los perjuicios causados al Estado.

6. En contra de la anterior decisión, los accionantes presentaron recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Huila, que en
sentencia del 14 de febrero de 2023 revocó la decisión de declarar configurado el
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y confirmó la de negar
las pretensiones de la demanda, luego de no encontrar acreditada la antijuridicidad
del daño alegado por la demandante.

7. Como fundamento de su decisión, el juez de segundo grado precisó que al
momento de la imposición de la medida de aseguramiento en contra de la señora
Barrera Orozco, existían al menos 2 indicios graves en su contra, lo que permitió a
la fiscalía inferir razonablemente su participación o autoría en el punible y, por ende,
ordenar su detención preventiva.

8. Al respecto, el tribunal administrativo accionado encontró que el fundamento
de la decisión de imposición de la medida de aseguramiento contra la accionante,
fue el informe de bomberos sobre la ocurrencia del incendio de una casa de
habitación que en tiempo anterior se le remató a la imputada, sin evidencia de fallas
en el sistema eléctrico o en las redes de suministro de gas natural ni la presencia
de elementos de ignición o conflagración (velas, veladoras, etc) y evidencia de olor
a combustible junto con un residuo plástico quemado.

9. A lo anterior, se agregó la valoración de unos testimonios que hicieron
referencia a las amenazas proferidas contra las personas que actuaron en el remate
del predio de aquella y no le restituyeron el mobiliario que había en su interior, de
lo cual coligió la existencia de una idea criminosa que señalaba a la imputada como
su autora y, por ende, ameritaba la medida de aseguramiento.

10. En virtud de lo anterior, la autoridad judicial accionada encontró que la
medida de aseguramiento impuesta contra la accionante cumplió con las exigencias
legales vigentes para la época de los hechos, puesto que según lo expresa el
artículo 356 de la Ley 600 de 2000, la existencia de al menos 2 indicios graves es
causal para imponer la medida de aseguramiento, por lo cual la fiscalía con las
pruebas recolectadas infirió razonablemente la posible autoría de la señora
Jacqueline por los delitos ya mencionados.

11. Además, el tribunal administrativo accionado consideró que la medida de
aseguramiento fue razonable en torno a los hechos investigados, no solo porque

con un residuo plástico quemado; y fue dejada en libertad, por cuanto fue absuelta de los punibles
de los que fue acusada en aplicación del principio constitucional de in dubio pro reo.

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se trató del incendio de una vivienda con sus moradores al interior, y que dio lugar
al deceso de una de ellas, y la lesión de la otra, implicando una conducta grave del
presunto autor de la misma que ameritaba su internamiento en establecimiento
carcelario.

12. Esta decisión fue notificada a las partes, el 22 de marzo de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

13. Los tutelantes alegaron que las autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Esto, por cuanto
incurrieron en los siguientes defectos:

1.4.1. Defecto fáctico

14. La autoridad judicial accionada realizó una valoración probatoria
«manifiestamente arbitraria y defectuosa», dado que las pruebas que empleó para
concluir que no estaba acreditada la antijuridicidad del daño, en realidad daban
cuenta de la privación injusta de la libertad de la señora Barrera Orozco.

15. Indicaron que el errado análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial
accionada la condujo a hacer aseveraciones propias del juicio penal, tendientes a
volver a calificar la conducta pre-procesal de la demandante; y que la decisión de
no encontrar acreditada la antijuridicidad del daño se fundamentó en pruebas que
incluso habían sido desestimadas en el proceso penal por su carencia de
congruencia.

16. Sostuvieron que el estudio valorativo de procedencia de la medida de
aseguramiento en contra de la demanda se fundamentó en la supuesta conducta
pre-procesal de la señora Barrera Orozco. Insistió en que la sentencia absolutoria
no fue valorada adecuadamente, porque allí se estableció que el testimonio –sin
indicar cuál–, que daba cuenta de las supuestas amenazas proferidas por la
demandante en contra de la occisa había sido desestimado por contener serias
contradicciones.

1.4.2. Defecto sustantivo

17. Mencionaron que en la providencia reprochada existen serías
contradicciones entre el fundamento y la decisión adoptada en aquella. Esto, en
tanto que, si bien en las consideraciones se tuvo como probado el daño causado a
la señora Jacqueline Barrera Orozco y a su familia, lo cierto es que luego se
negaron las pretensiones de la demanda, por considerar que aquel no fue
antijurídico.

1.4.3. Violación directa de la Constitución

18. La autoridad judicial accionada desconoció el principio constitucional de la
non reformatio in pejus, consagrado en el artículo 31 superior, en su criterio, el juez

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de segunda instancia se extralimitó porque la antijuridicidad del año ya había sido
definida por el juez de primer grado y no fue objeto del recurso de apelación.

1.4.4. Desconocimiento del precedente judicial

19. Los peticionarios consideraron que la autoridad judicial accionada
desconoció la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 52001-23-
31-000-1996-07495-01, que indicaba que la resolución de los casos de privación
injusta de la libertad se debe analizar bajo el régimen objetivo de responsabilidad.

20. En ese orden, indicó que, en el caso concreto, debió aplicarse el régimen de
responsabilidad objetivo, de manera que para obtener sentencia favorable a sus
intereses sólo le correspondía demostrar la vinculación y detención de la señora
Barrera, su posterior absolución y los perjuicios que le fueron causados.

21. Precisó que, pese a que el hecho de que la Corte Constitucional en sentencia
SU-072 de 2018, se hubiera apartado del criterio fijado por el Consejo de Estado
en sentencia del 17 de octubre de 2013 en relación con 2 de los 4 supuestos de
hecho para la procedencia de la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad,
no implicaba que ésta última providencia hubiera perdido su vigencia, motivo por el
que solicitó la aplicación de la decisión del 2013 proferida por la Sección Tercera
de esta Corporación.

22. Por otro lado, la parte accionante indicó que el tribunal administrativo
accionado desconoció que en otras oportunidades que contienen similitud fáctica y
jurídica al de la señora Barrera Orozco, ha aplicado el régimen objetivo de
responsabilidad y accedido a las pretensiones de la demanda; sin embargo, en el
caso concreto, la decisión fue distinta. Para el efecto, citó las siguientes
providencias:

• Sentencia del 5 de septiembre de 2017. Rad. 41001333300120120012501.
• Sentencia del 12 de julio de 2019. Rad. 41001333370520150021501.

1.5. Trámite de la acción de tutela

23. En auto del 27 de septiembre de 2023, la magistrada ponente de la decisión
de primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal
Administrativo del Huila.

24. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) la Rama
Judicial y de la Fiscalía General de la Nación4; y ii) de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

25. Finalmente, requirió al Juzgado 9º Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva, para que remitiera el expediente contentivo del medio de control de
reparación directa rad. 41001-33-33-005-2013-00468-00/01.

4
Demandadas dentro del proceso ordinario.

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1.6. Intervenciones e informes

26. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila

27. El magistrado ponente de la decisión presentó informe en el que solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela, por los siguientes argumentos.

28. En primer lugar, señaló que no se encuentra superado el requisito general
de inmediatez, en tanto que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados deviene de la sentencia del 14 de febrero de 2023 que fue notificada el
22 de marzo del mismo año, por lo cual, en su sentir han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la decisión y con ello se excedió el término razonable
o prudencial que ha indicado la Corte Constitucional para pedir la protección de sus
garantías.

29. En segundo lugar, indicó que no se satisfizo el requisito de relevancia
constitucional necesario para que proceda la tutela contra una decisión judicial,
pues se limitó a señalar lo que considera como defectos de la sentencia, justificando
que los argumentos dados en ella no coinciden con sus apreciaciones y lo
categorizó como una vulneración a sus derechos fundamentales, sin indicar con
claridad, precisión y de manera expresa porqué la cuestión debatida es una
cuestión de relevancia constitucional que amerite la intervención del juez de tutela.

30. En tercer lugar, indicó que para acreditar que la privación de la demandante
fue injusta y por tanto generadora de un daño, el tribunal analizó la motivación de
las órdenes de captura que causaron su privación de la libertad del 27 de junio de
2007 al 17 de enero de 2008, resaltando que si bien la sola privación de la libertad
significó una afectación en su vida y la de su familia, este solo hecho no constituye
la acreditación del daño antijurídico, pues es la carga que debe afrontar toda
persona que se encuentra privada de la libertad cuando se satisfacen los requisitos
constitucionales y legales para obtener ese resultado.

31. En cuarto lugar, el magistrado ponente de la decisión reprochada indicó que
no existe un precedente unificador de carácter vinculante en los términos de los
artículos 10, 102 y 270 del CPACA que justifique la aplicación de un régimen
objetivo de la responsabilidad para el asunto.

32. Finalmente, la autoridad judicial accionada indicó que los demandantes
contaron con todas las garantías en el proceso sin que ello signifique que debía
accederse a sus pretensiones, pues no acreditaron la existencia de un daño
antijurídico que fuera imputable al Estado.

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1.6.2. La Fiscalía General de la Nación

33. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se despachen
desfavorablemente las pretensiones invocadas, por cuanto no se cumplen las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

34. En este punto, el tercero con interés indicó que la parte accionante no logró
identificar los yerros en los que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada en la providencia controvertida. Además, manifestó que los accionantes
solo pretenden obtener beneficios que no le corresponden ni legal ni jurídicamente
para invalidar la decisión de segunda instancia.

35. Por otro lado, la entidad vinculada señaló que no encuentra superado el
requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, en tanto que «en el escrito de
la presente acción de tutela, se advierte que la parte tutelante no da cuenta de por
qué a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la
controversia objeto de esta acción, no hizo uso de estos para controvertir el fallo
del Tribunal Administrativo del Huila».

36. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación señaló que no existió la
vulneración al debido proceso que alegan los demandantes y que lo que se
evidencia es su intención de retrotraer en el tiempo las etapas de un proceso que
ya surtió su trámite.

37. El Juzgado 9º Administrativo del Circuito Judicial de Neiva se limitó a allegar
el expediente del proceso ordinario.

38. Finalmente, la Rama Judicial y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

39. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 10 de noviembre de 20235, declaró improcedente la acción de tutela por cuanto
no se encontró configurado el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional.

40. En efecto, consideró que lo pretendido por la parte actora es revivir la
discusión del proceso ordinario, relacionado con la valoración de las pruebas que
obraban en el expediente ordinario y el desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado.

41. Además, expuso que el argumento del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda es el
mismo en el que soportó las pretensiones de la solicitud de amparo, como si se

5
La providencia de primera instancia se notificó el 17 de noviembre de 2023.

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tratara de una tercera instancia o una instancia adicional a las que se surtieron de
conformidad con el procedimiento previsto por el legislador.

42. En ese orden, sostuvo que el solo hecho de que la parte actora se encuentre
inconforme con el raciocinio empleado por la autoridad judicial accionada no es un
hecho que concierne al juez constitucional, pues por la forma en la que se
presentaron los argumentos queda claro que la demanda se contrae a un
desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada y una reiteración
de los cargos del recurso de apelación, circunstancia que no justifica la intervención
del juez de tutela, porque lo pretendido es revivir un debate que ya se clausuró.

43. Por otro lado, la Subsección advirtió que no era de recibo el argumento
esbozado por la parte demandante sobre la vigencia y aplicación de la sentencia
del 17 de octubre de 2013, porque si bien en aquel momento se sostuvo dicha
postura jurisprudencial, lo cierto es que luego de la SU-072 de 2018, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional han coincidido en
señalar que corresponde al juez de la causa, atendiendo a las particularidades del
caso concreto, determinar si aplica uno u otro régimen de responsabilidad.

44. Finalmente, el juez de tutela de primera instancia precisó que la autoridad
judicial accionada no efectuó una nueva valoración de la conducta pre-procesal de
la señora Barrera Orozco, sino que se limitó a realizar el estudio de la
responsabilidad extracontractual del Estado bajo los parámetros de la legalidad o
no de la medida de aseguramiento, de conformidad con lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Penal vigente al momento de la restricción de la libertad.

1.8. Impugnación

45. La parte accionante presentó escrito de impugnación6 en el que solicitó
revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos
fundamentales, bajo los siguientes argumentos:

46. En primer lugar, insistieron que el Tribunal Administrativo del Huila en la
sentencia del 14 de febrero de 2023 incurrió en el defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas, bajo los mismos argumentos planteados en el escrito de
tutela. Además, advirtió que al invocar dicho yerro no pretende una tercera instancia
ni se está tratando de revivir un proceso.

47. En segundo lugar, la parte accionante indicó que la autoridad judicial
accionada incurrió en una violación directa de la Constitución, por la no aplicación
del principio de la non reformatio in pejus, en tanto que en la providencia reprochada
estudió la antijuridicidad del daño, lo cual ya había sido objeto de análisis por parte
del juez de primer grado y no fue objeto del recurso de apelación, razón por la que
no era procedente pronunciarse sobre ello.

6
El escrito de impugnación fue presentado 23 de noviembre de 2023.

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48. En ese orden, consideró que el Tribunal Administrativo del Huila debió
limitarse a los reproches planteados en el asunto objeto de apelación, es decir,
adentrarse en el debido estudio de la causal eximente consistente en la culpa
exclusiva de la víctima conforme a los planteamientos de la parte apelante, sin ir
más allá de ellos o sin haber estudiado la antijuridicidad del daño.

49. En tercer lugar, los accionantes indicaron nuevamente que el tribunal
administrativo accionado incurrió en un desconocimiento del precedente, por los
mismos argumentos expuestos en el escrito inicial.

50. Mediante auto del 30 de noviembre de 2023, el magistrado ponente de
primera instancia concedió el recurso de impugnación presentado contra la decisión
del 10 de noviembre de 2023.

1.9. Trámite de segunda instancia

51. Mediante auto del 19 de diciembre de 2023, el magistrado ponente de esta
decisión requirió al apoderado judicial de los tutelantes para que informara si la
señora Mariela Orozco de Barrera, quien fungió como demandante en el proceso
ordinario, falleció antes de la presentación de esta acción constitucional, tiene
herederos determinados o indeterminados y en caso afirmativo, que indicara sus
nombres y las direcciones físicas y electrónicas en las que aquellos podían ser
notificados.

52. El 16 de enero de 204, el apoderado de la parte accionante informó que los
únicos herederos de la señora Mariela Orozco de Barrera, son los también
accionantes Jacqueline Barrera Orozco y Rosalba Barrera Orozco, al igual que para
cualquier situación legal el cónyuge supérstite de aquella, es decir, el señor Vitelio
Barrera Benavides.

53. Asimismo, el apoderado judicial de la parte actora indicó que los herederos
requeridos son parte activa en esta causa y que se encuentran representados por
aquel, de acuerdo al poder allegado junto con el escrito inicial de tutela.

54. Mediante escrito enviado el 31 de enero de 2024, el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el
presente mecanismo constitucional, con fundamento en la causal contemplada en
el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

55. Expuso que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad
nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encuentra vinculada
como tercero con interés en esta oportunidad.

56. Mediante auto del 1º de febrero de 2024, el despacho ponente de esta
decisión ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado para que procediera
a realizar el correspondiente sorteo de conjuez principal y uno suplente (este último
para que actuara en caso de que existiera empate en la sala o el principal no pueda

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actuar) a efectos de conformar el quórum requerido para resolver el impedimento
del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

57. En virtud de lo anterior, resultó designado como conjuez principal, el doctor
Juan Camilo Morales Trujillo y suplente, el doctor Humberto Antonio Sierra Porto.

58. Finalmente, mediante auto del 15 de febrero de 2024, la sala conformada
por el ponente, el doctor Luis Álberto Álvarez Parra y el conjuez Juan Camilo
Morales Trujillo declararon infundado el impedimento manifestado por el doctor
Omar Joaquín Barreto Suárez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

59. Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por los
accionantes contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de noviembre
de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019.

2.2. Cuestión previa – límite de la impugnación

60. La sala al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela y en
sede de impugnación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso de la
parte accionante, circunscribe el debate a los siguientes yerros:

• Por violación directa de la Constitución, dado que la autoridad judicial accionada
desconoció el principio constitucional de la no reformatio in pejus consagrado en el
artículo 31 superior. Esto, por cuanto se extralimitó al estudiar la antijuridicidad del
daño, lo cual ya había sido objeto de estudio por parte del juez de primer grado y
no fue objeto del recurso de apelación.

• Por desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que el tribunal
administrativo accionado desconoció la sentencia de unificación del 17 de octubre
de 2013 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación que establecía que
en los eventos de privación injusta de la libertad, se debe fallar de conformidad con
el régimen objetivo de responsabilidad; y del derecho a la igualdad, por cuanto la
autoridad judicial accionada desconoció que en otros casos similares fallados por
la misma autoridad que guardan similitud fáctica y jurídica, decidió declarar la
responsabilidad del Estado bajo la óptica del régimen objetivo de responsabilidad.

• Defecto fáctico por indebida valoración probatoria de las pruebas –sin especificar
cuáles– que utilizó el Tribunal Administrativo del Huila para concluir que no estaba
acreditada la antijuridicidad del daño y que en realidad daban cuenta de la privación
injusta de la libertad de la señora Barrera Orozco.

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Demandantes: Jacqueline Barrera Orozco y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-01

61. En consecuencia, de encontrar superados los requisitos generales de
procedibilidad, esta sección procederá a pronunciarse en segunda instancia sobre
los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente.

2.3. Legitimación en la causa

62. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

63. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la sala advierte que las
señoras Jacqueline Barrera Orozco, Yuly Tatiana Barrera Orozco y Rosalba Barrera
Orozco, así como los señores Diego Fernando Ordoñez Barrera, Vitelio Barrera
Benavides y Luis Fernando Ordoñez Peña se encuentran legitimados en la causa
por activa. Esto porque figuran como demandantes en el proceso de reparación
directa en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas.

64. Ahora, la sala encuentra que el apoderado judicial de los accionantes informó
que las señoras Jacqueline Barrera Orozco y Rosalba Barrera, así como el señor
Vitelio Barrera Benavides son herederos de la señora Mariela Orozco de Barrera
(quien figuró como demandante dentro del proceso ordinario) y que ya se
encuentran representados por él para efectos del presente trámite constitucional.

65. En ese orden de ideas, la sala encuentra que a las señoras Jacqueline
Barrera Orozco y Rosalba Barrera, así como el señor Vitelio Barrera Benavides
como herederas de la señora Mariela Orozco de Barrera, también les asiste un
interés en las resultas de esta acción constitucional. Máxime, cuando fungieron
como demandantes en el proceso ordinario y aquí obran como accionantes, para
lo cual como lo advierte el abogado Diego Armando Perea Sarria ya le había
concedido poder para actuar en su representación en las resultas de este proceso.

66. Por otro lado, esta colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del
Huila está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió
la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problemas jurídicos

67. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación, 10 de noviembre de 2023.

68. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la sala
analizará lo siguiente:

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69. ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, al proferir la sentencia del 14 de febrero de 2023 en
la que negó las pretensiones de las demandas de reparación directa presentadas
por los accionantes, y con ello, incurrir en los defectos de violación directa de la
Constitución, fáctico y desconocimiento del precedente judicial, así como omitir que
en anteriores oportunidades aquel tribunal declaró administrativa y
patrimonialmente responsable al Estado por hechos análogos a los estudiados allí?

70. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad;
y (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

71. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.

72. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al

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73. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

74. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la
acción no se intente reabrir el debate de instancia.

75. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

76. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Subsidiariedad

77. Al respecto, la sala pasará a estudiar el presente requisito en relación a los
cargos endilgados por la parte accionante contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, el 14 de febrero de 2023.

margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv)
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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78. Análisis del requisito general de subsidiariedad respecto del cargo de
violación directa de la Constitución

79. En primer lugar, la sección evidencia que la parte accionante invoca el
defecto de violación directa de la Constitución, por desconocimiento del principio
de la non reformatio in pejus. En su sentir, la autoridad judicial accionada se
extralimitó al decidir sobre la antijuridicidad del daño, aspecto que ya había sido
resuelto por el juez de primer grado y que no fue objeto del recurso de apelación,
razón por la que le estaba vedado pronunciarse sobre aquel.

80. Con relación al cargo expuesto, la sala considera que aquel no supera el
requisito general de subsidiariedad, conforme pasa a exponerse.

81. El legislador estipuló en el artículo 248 del CPACA el recurso extraordinario
de revisión como un mecanismo de defensa para que, sentencias que no han hecho
tránsito a cosa juzgada, puedan ser analizadas nuevamente y solo de manera
excepcional, invalidas. Para el efecto, es necesario que ocurra alguna de las
causales taxativamente consagradas por la ley, la irregularidad se hubiere originado
en la misma providencia y que está misma no pueda ser imputable a la parte
afectada.

82. En esos términos, esta acción fue concebida como una excepción al principio
de cosa juzgada «en la medida que busca restablecer la justicia material al anular
una sentencia ilegitima y ordenar emitir un nuevo fallo acorde con el ordenamiento
jurídico»13

83. Ahora bien, dentro de las causales que dispuso el legislador, llama la
atención que se estableció «la nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación»14. Al respecto, este
tribunal de cierre ha considerado:

El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insanable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad de la
sentencia:
9.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.
9.2. Dictarse una sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
9.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de
más o menos jueces de los requeridos legalmente.
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación;
(ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda

13
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
14
Cfr. Artículo 250 numeral 5 CPACA.

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o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso. (Negrillas fuera del texto original)15.

84. Se resalta que, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que la
causal de nulidad en la sentencia se configura cuando, entre otras, se acredita
alguna de las causales de nulidad del proceso16, hay falta de congruencia en la
sentencia, o se ha quebrantado el principio de la non reformatio in pejus17.

85. En el caso concreto, la sala encuentra que el reproche propuesto por la parte
accionante versa en el hecho de que la autoridad judicial accionada en la sentencia
objeto de análisis se excedió por cuanto se pronunció sobre un aspecto que no fue
planteado en el recurso de apelación, esto es, la antijuridicidad del daño. En ese
orden de ideas, en su sentir se desconoció el principio de la non reformatio in pejus,
al pronunciarse sobre un aspecto que ya había sido definido por el juez de primer
grado y que se reitera, no fue apelado.

86. Por lo anterior, esta sección considera que con relación al cargo de violación
directa de la Constitución por desconocimiento del principio de la non reformatio in
pejus, esta acción de tutela se torna en improcedente al no haberse acreditado el
agotamiento de los recursos extraordinarios diseñados por el ordenamiento jurídico
en contra de la sentencia del 14 de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del
Huila.

87. Valga señalar que la Corte Constitucional en sentencia SU-026 de 2021
expuso que el recurso extraordinario de revisión constituye un medio de defensa
idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen
un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado:

Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración
del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra
ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho:

A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía
la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen
el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento
del juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el
extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de abril de 2015. Rad 11001-03-15-000-2008-00320-00.
16
Cfr. Artículo 133 del CGP.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Octava Especial de
Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; Sala Especial de Decisión No. 19, sentencia del 16 de marzo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00, C.P. William Hernández Gómez. Ver también:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 7 de diciembre de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2014-00507-00, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2021, radicación:
68001-33-31-006- 2010-00296-01, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa,
dos pronunciamientos judiciales concurrentes.

88. En ese orden de ideas, si la intención de la parte accionante es debatir que
la autoridad judicial accionada desconoció el principio de la non reformatio in pejus
se debía acudir de manera preferente al recurso extraordinario de revisión para
alcanzar la validez de los derechos que se alegan afectados. Ello, a fin de que la
acción de tutela no llegue a reemplazar aquellos recursos previstos por el legislador
para el efecto.

89. Finalmente, tampoco se advierte la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. De los
elementos de convicción que obran en el expediente no es posible señalar que se
encuentra una situación de debilidad manifiesta que imprima la necesidad de
adoptar ordenes urgentes para la protección de derechos fundamentales.

90. En ese orden de ideas, la sala considera que con relación al defecto de
violación directa de la Constitución por desconocimiento del principio de la non
reformatio in pejus, la acción de tutela se torna en improcedente por los motivos
antes expuestos.

91. En tercer y último lugar, respecto a los defectos, fáctico, desconocimiento del
precedente y vulneración del derecho a la igualdad, la sala encuentra superado el
requisito de subsidiariedad, por tratarse de una sentencia de segunda instancia que
resolvió el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra la
providencia de primer grado que decidió negar las pretensiones de la demanda de
reparación directa presentada por los accionantes, es evidente el agotamiento de
los recursos ordinarios.

92. Asimismo, con relación a aquellos defectos, no procede los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las
inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales
establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.

2.6.2. Relevancia constitucional

93. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los
antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros:

i) defecto fáctico por la indebida valoración probatoria de los medios de
convicción que, presuntamente, acreditaban la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto la accionante y no como lo indicó la autoridad
judicial que no se encontraba acreditado el daño antijuridico; y
ii) desconocimiento del precedente judicial establecido en la sentencia de
unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 17 de
octubre de 2013, rad. 52001-23-31-000-1996-07495-01, en la que se
indicó que la resolución de los casos de privación injusta de la libertad se

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debe analizar bajo el régimen objetivo de responsabilidad.

Junto con este defecto, la parte accionante considera que se vulneró su
derecho a la igualdad, en tanto que la autoridad judicial accionada
desconoció que aquella en otras oportunidades precisamente accedió a
las pretensiones de la demanda de reparación directa18. Esto, en
aplicación del régimen objetivo de la responsabilidad y de conformidad
con lo previsto en la sentencia del 17 de octubre de 2013. Esto, deja
entrever que el yerro aludido es invocado para efectos de reforzar la
aplicación de la regla jurisprudencial indicada en la providencia de
unificación aquí señalada.

94. Por esto, la sala procederá a pronunciarse sobre el cumplimiento del
presente requisito general de procedibilidad respecto a los yerros antes
mencionados.

95. En primer lugar, esta sección evidencia que los accionantes reprocharon que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico porque realizó una
valoración probatoria «manifiestamente arbitraria y defectuosa», dado que las
pruebas que utilizó para concluir que no estaba acreditada la antijuridicidad del
daño, en realidad daban cuenta de la privación injusta de la libertad de la señora
Jacqueline Barrera Orozco.

96. Al respecto, la sala encuentra que la parte accionante no cumplió con la
primera exigencia para superar la relevancia constitucional, esto es la carga
argumentativa mínima exigida para justificar la configuración del defecto fáctico.
Esto, porque no indicó cuáles fueron en concreto los elementos probatorios
indebidamente valorados pues de manera genérica indicó que la autoridad judicial
accionada estudió de manera arbitraria y defectuosa los elementos probatorios que
obraban en el plenario que daban cuenta de la privación injusta de la libertad de la
señora Jacqueline Barrera Orozco; y mucho menos señaló la incidencia en la
decisión que adoptó la autoridad judicial accionada19.

97. Así las cosas, se evidencia que los accionantes no presentaron argumentos
tendientes a demostrar las razones por la cuales este asunto debe trascender las
instancias ya agotadas para llegar a la órbita del juez constitucional, pues no explicó
con claridad y de manera suficiente cómo la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales.

98. En ese orden de ideas, al no existir una argumentación mínima en la que se
pueda apreciar que este caso tiene una trascendencia en el plano constitucional,

18
Sentencias del 5 de septiembre de 2017. Rad. 41001333300120120012501; y del 12 de diciembre
de 2019. Rad. 41001333370520150021501.
19
En este sentido esta Sección en diferentes oportunidades ha considerado que al no identificar las
pruebas que presuntamente fueron omitidas o se apreciaron de manera errada por la autoridad
cuestionada, impide realizar algún pronunciamiento bajo la luz de este yerro por falta de carga
argumentativa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 4 de noviembre de 2021. Rads. 11001-03-15-000-2021-06754-01 y 11001-03-15-
000-2021-06468-00.

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advierto que no se cumple con la exigencia bajo estudio.

99. En segundo lugar, la sala nota que la parte accionante considera que la
autoridad judicial accionada desconoció la sentencia de unificación proferida por la
Sección Tercera de esta Corporación el 17 de octubre de 2013, en la que se fijó
como regla que en los casos de privación injusta de la libertad serían fallados
conforme al régimen de responsabilidad objetiva.

100. En este punto, la sala advierte que, pese a que la parte accionante indicó la
sentencia de unificación que considera como desconocida, lo cierto es que
pretende con ello, reabrir el análisis nuevamente en torno al régimen de
responsabilidad a aplicar en los eventos de privación injusta de la libertad a través
de este mecanismo constitucional. Sin embargo, tal estudio le corresponde realizar
al juez de la reparación, el cual como se indicó en los antecedentes de esta
providencia, llegó a la conclusión que atendiendo a las reglas previstas en la
sentencia SU-072 de 2018, no era procedente acceder a las pretensiones de la
demanda. Esto, con el fin de obtener que se declare administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la
Nación de los daños y perjuicios ocasionados por la presunta privación injusta de
la libertad de la que fue objeto la señora Jacqueline Barrera Orozco por los delitos
de homicidio, lesiones personales e incendio con fines terroristas.

101. Sobre el punto, esta sección reitera que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre Constitucional esgrimidos
por los actores dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de los accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas
se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia20.

102. Finalmente, frente a la presunta violación al derecho a la igualdad, la sección
evidencia que aquel se encuentra íntimamente relacionado con el cambio de
postura, pues en su sentir en las providencias aducidas como desconocidas, se
adoptó una posición jurídica diferente a la de unificación, señalada en la sentencia
SU-072 de 2018 y que como viene de decirse ha venido siendo acogido por la sala
especializada en la materia del Consejo de Estado, así como por los jueces y
tribunales administrativos del país.

103. Así las cosas, la sala considera que frente a este yerro tampoco se encuentra
superado el requisito general de relevancia constitucional, pues más allá de
plantear un debate en el plano de igualdad, lo que pretende la accionante con ello
es la aplicación del régimen de responsabilidad objetivo, asunto que como viene de

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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decirse es de la órbita de los jueces naturales de la causa, razón por la que no es
procedente su estudio a través de este mecanismo de amparo.

104. Por los motivos aquí expuestos, la sala coincide con el juez de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo respecto a los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente y vulneración al derecho a la igualdad, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

2.7. Conclusión

105. Con base en lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto: i) no se encuentra
superado el requisito general de subsidiariedad respecto del defecto de violación
directa de la Constitución; y ii) no está superada la exigencia de relevancia
constitucional con relación a los defectos, fáctico, desconocimiento del precedente
y violación al derecho a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación por no encontrarse
superado el requisito general de subsidiariedad respecto del defecto de violación
directa de la Constitución; y la exigencia de relevancia constitucional con relación a
los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación al derecho a la
igualdad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Jacqueline Barrera Orozco y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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