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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05264-00

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05264-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Reina Lorena Martin Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05264-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de octubre de 2023

Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-00
Demandante: REINA LORENA MARTÍN GUTIÉRREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la señora Reina Lorena Martin
Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
Decretos 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito remitido el 22 de septiembre de 2023, la señora Reina Lorena
Martin Gutiérrez, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6. Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y
al desconocimiento del precedente judicial vertical».

2. Las referidas garantías constitucionales son consideradas vulneradas
como resultado de la sentencia dictada el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6. En esta decisión judicial se
confirmó la providencia de primera instancia proferida el 26 de octubre de 2022
por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que
denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el número de radicado 15001-33-33-004-2022-00052-
00/01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

1.2. Pretensiones

3. En virtud de lo anterior, la señora Martin Gutiérrez solicitó lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No.
15001333300420220005201, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la
sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda […]1.

1.3. Hechos

La Sala resume los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas
procesales aportadas al proceso.

4. La señora Reina Lorena Martin Gutiérrez se desempeña como docente en
una entidad territorial certificada en educación del Departamento de Boyacá,
después del año 1990.

5. Manifestó que el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación
Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las
cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora
pública desde el año 2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante Fomag).

6. Indicó que el 4 de agosto de 2021, promovió una solicitud ante la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionada con la no
consignación de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el
tiempo adecuado. Además, también pidió el pago de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1 Transcripción original del texto que puede contener errores.

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7. El 26 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá mediante
acto administrativo negó el reconocimiento y la consecuente sanción por mora,
debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías.

8. Inconforme con la anterior decisión, la señora Martin Gutiérrez interpuso
una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. En dicho medio de control solicitó la nulidad del acto administrativo
reseñado en el numeral anterior y solicitó, a título de restablecimiento que se
condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

9. En providencia del 26 de octubre de 2022, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja profirió sentencia de primera
instancia. En esta providencia, se negaron las pretensiones de la demanda.

10. Para respaldar su decisión, el juzgado llevó a cabo un análisis detallado
del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competencia
en el reconocimiento y pago de las cesantías para los docentes. Asimismo,
examinó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, así como la indemnización
contemplada en la Ley 52 de 1975.

11. En contra de la anterior decisión, la señora Martin Gutiérrez presentó
recurso de apelación2. Este fue desatado por Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión N.º 6, el cual, en sentencia del 26 de mayo de 2023, decidió
confirmar el fallo de primer grado.

12. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que
las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago
de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, no es aplicable a la demandante. Esto se debe a que el
régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica
sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses,
considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las
sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen.

13. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU-098 de
2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular. Esto se debe
a que los hechos y supuestos aplicables al presente caso difieren de los que se
presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas
posteriores aplicables en el caso actual son distintas a las consideradas en la
sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera
directa a esta situación.

2 Como fundamento del recurso, el accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante

jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del
presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de
1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos
de Colombia.

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14. Por otro lado, indicó que no existe precedente emitido por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50
de 1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes
vinculados al Fomag. Así, señaló que, si bien existía un pronunciamiento del 19
de enero de 2023 emitido por el órgano de cierre de esta jurisdicción accediendo
a pretensiones similares a las allí analizadas, lo cierto es que, dicha decisión no
configuraba un precedente de obligatorio cumplimiento, en razón a que realizaba
un estudio respecto de las SU-573.

15. Finalmente, indicó que la indemnización por el pago tardío de los intereses
a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo
reconocimiento pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez
que la citada norma es aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no
goza la demandante, la cual es docente del orden territorial.

1.4. Sustento de la vulneración

16. La señora Reina Lorena Martin Gutiérrez mencionó que en el debate
planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de
la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia
constitucional.

17. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 23 de marzo de 2023, en la
cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional, con
fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los
derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen
aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la
consignación del auxilio de cesantías.

18. Arguyo que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el
Fomag, los docentes no tienen garantía de la prestación lo que está
transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo
demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

19. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al
derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando
estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste
relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó
de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección
inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto
eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no
pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

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20. Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la
situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha
reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista
de regulación al no estar afiliados al Fomag. Igualmente, adujo que se
desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

21. En ese orden, la señora Martin Gutiérrez refirió que la providencia
enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la
Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles,
mientras que, frente al segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura
restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta
que consagra la situación más favorable al trabajador.

22. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen
general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer
la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector
oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-
486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018.

23. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas
sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del
precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre
la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y ha llegado
a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

24. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en
el numeral anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 Exp. T- 17 de Dra. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
6.736.200 octubre de ORTIZ DELGADO 098/2018 DE LA CORTE
2018 CONSTITUCIONAL
2 Exp. T- 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
5904426 y 2019 ORTIZ DELGADO 332/2019 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL
3 Exp. T- 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
7.182.312 y de 2020 GUERRERO PÉREZ 041/2020 DE LA CORTE
otros CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS FIRMANTES
EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE
1 08001-23-33- 6 de agosto Dra. SANDRA LISETH SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL
000-2013- de 2020 IBARRA CONSEJO DE ESTADO

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

00666-01
(0833-16)
2 76001-23-31- 24 de enero Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000- de 2019 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
200900867-
01, No.
Interno: 4854-
2014
3 11001-03-15- 17 de junio Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2018- de 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
04617-01 LUQUE
4 11001-03-15- 28 de junio DR. ROBERTO DRA. NUBIA MARGOTH PEÑA
000-2018- de 2019 AUGUSTO SERRATO GARZÓN – DR. HERNANDO
04679-01 VALDÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
5 11001-03-15- 29 de julio de Dr. NICOLAS YEPES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
000-2019- 2019 CORRALES NAVAS – Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ
03499-01 LUQUE
6 08001-23-33- 2 de Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- diciembre de FRANCISCO SUÁREZ DR. GABRIEL VALBUENA
00173-01 2019 VARGAS HERNÁNDEZ
(1688-16)
7 08001-23-33- 10 de junio Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- de 2020 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
8 08001-23-31- 22 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- octubre de HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00254-01 2020 HERNÁNDEZ
(4960-2017)
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2014- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00132-01 de 2020 HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 17 de junio Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000 2014 de 2021 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00815 01 HERNÁNDEZ VARGAS
(4979–2017)
11 08001-23-33- 17 de junio Dr. CÉSAR Dra. SANDRA LISSET IBARRA
000-2015- de 2021 PALOMINO CORTÉS VÉLEZ – Dr. CARMELO PERDOMO
00331-01 CUÉTER
12 19001-23-33- 4 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00445- de 2021 HERNÁNDEZ
02(0483-20)
13 08001-23-33- 25 de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2014- noviembre IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
01127-01 de 2021
(1002-2021)
14 40001-23-40- 25 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2017- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
00134-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2208-2020)
15 080001-23-40- 11 de Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2015- noviembre HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA
90008-01 de 2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
16 080001-23-40- 11 de Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2014- noviembre VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
90022-01 de 2021 HERNÁNDEZ VARGAS
(5154-2016)

6
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Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

17 080001-23-33- 20 de enero Dr. GABRIEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 VALBUENA Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
00931-01 HERNÁNDEZ VARGAS
(1001-2021)
18 080001-23-33- 3 de marzo Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL
000-2015- de 2022 HERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS – Dr.
00075-01 GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
(2660-2020)
19 76001-23-33- 28 de abril Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2013- de 2022 PERDOMO CUÉTER Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01
(2224-2020)
20 080001-23-40- 9 de mayo Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2017- de 2022 FRANCISCO SUÁREZ Dr. GABRIEL VALBUENA
00795-01 VARGAS HERNÁNDEZ
(2659-2020)
21 47-001-23-33- 19 de mayo Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- de 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00359-01
(4004-2021)
22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS –
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
23 08001-23-33- 22 de agosto Dr. CÉSAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- de 2022 PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
00509-01 CUÉTER
(2140-2020)
24 08001-23-33- 22 de Dr. CESAR Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
000-2015- septiembre PALOMINO CORTÉS – Dr. CARMELO PERDOMO
90124-01 de 2022 CUÉTER
(2394-2020)
25 76001-23-31- 19 de enero Dr. WILLIAM Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
000-2012- de 2023 HERNÁNDEZ GÓMEZ VARGAS – DR. GABRIEL
00212-02 VALBUENA HERNÁNDEZ
(4470-2021)
26 47001-23-33- 26 de enero Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ –
000-2018- de 2023 FRANCISCO GÓMEZ DR. GABRIEL VALBUENA
0231-01 HERNÁNDEZ

25. Frente a su contenido, la parte actora se limitó a citar textualmente
apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990
y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado.

26. Por último, el apoderado de la señora Reina Lorena Martin Gutiérrez trajo
a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país,
en las que se ha decidido en el sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO
No. RADICADO F. JUZGADO JUEZ
EXPEDIENTE DECISIÓN
1 66001 3333 001 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CRISTINA ISABEL
2022 0002000 CTO DE PEREIRA SANCHEZ BRITO
2 05001 3333 019 21/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL PATRICIA CÓRDOBA
2022 0009700 DEL CTO DE VALLEJO
MEDELLÍN
3 70001 3333 002 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL LISSETE MAIRELY
2022 0007200 DEL CTO DE NOVA SANTOS
SINCELEJO

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Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

4 27001 3333 002 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL YUDY YINETH
2022 0014700 DEL CTO DE QUIBDÓ MORENO CORREA
5 76001 3333 002 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL JUAN MIGUEL
2022 0006600 CTO MARTINEZ
DE GUADALAJARA LONDOÑO
DE
BUGA
6 76111 3333 003 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL LEIDY JOHANNA
2022 0006600 CTO URIBE MOLINA
DE GUADALAJARA
DE
BUGA
7 68001 3333 002 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL ARLEY MENDEZ DE
2022 0006500 CTO LA ROSA
DE BUCARAMANGA
8 68001 3333 009 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL JAIRO GARCIA
2022 00010900 CTO SUAREZ
DE BUCARAMANGA
9 27001 3333 005 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL EMILSON
2022 0012200 CTO MARMOLEJO
DE QUIBDÓ GARCIA
10 11001 3342 051 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL NORBERTO
2022 0009800 CTO DE BOGOTÁ MENDIVELSO
PINZON

1.5. Trámite de la acción de tutela

27. Mediante auto del 26 de septiembre de 20233, el magistrado ponente de
esta providencia admitió la tutela de referencia. En consecuencia, ordenó notificar
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión N.º 6. A su vez, dispuso la vinculación como terceros con interés del
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja [autoridad de
primera instancia], al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio [Autoridades demandadas en el proceso ordinario] y a la
Fiduprevisora SA [Entidad vocera y administradora de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme al contrato de fiducia
mercantil suscrito con el Gobierno Nacional].

28. Igualmente, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, con el fin de que, si lo considera necesario, interviniera en el presente
trámite.

29. Por otro lado, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le
solicitó al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6 y al Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja para que proporcionaran
una copia íntegra digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
designado con el radicado 15001-33-33-004-2022-00052-00/01, en el cual la
señora Reina Lorena Martin Gutiérrez actuaba como demandante.

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Notificado el 29 de septiembre de 2023.

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Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fiduprevisora S.A.

30. Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo
anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el
proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse
que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

31. Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión
contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado
las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las
actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los
procedimientos legales correspondientes. De hecho, los jueces involucrados en
el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo
hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo
en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la accionante por parte del fondo.

32. Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no
está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte
involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de
responsabilidad en los hechos objeto de la demanda.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

33. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha
cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Reina Lorena Martin
Gutiérrez y el asunto versa sobre una controversia estrictamente económica que
no representa un interés general, por lo que el debate carece de relevancia
constitucional.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Boyacá

34. La autoridad judicial presentó un informe en el que solicitó que se
desestimaran las pretensiones de la presente acción de tutela. En su argumento,
destacó que la decisión en cuestión no está viciada de ningún defecto que pueda
dar lugar a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora
Martin Gutiérrez.

35. Enfatizó que la Corte Constitucional4 ha establecido que la acción de tutela
es un recurso excepcional contra decisiones judiciales, sujeto a requisitos

4 Sentencia C-590 de 2005 y T-064 de 2016.

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generales y, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad. No
obstante, consideró que, en el caso actual, la solicitud de amparo presentada no
es procedente.

36. Señaló que, las pretensiones de la demandante carecen de fundamento,
ya que la decisión en cuestión ya ha sido debatida en el contexto legal y
jurisprudencial aplicable. Lo que busca es reabrir un debate que ya ha sido
resuelto por el juez natural, argumentando la aplicación de criterios
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en
situaciones que son diferentes a las de su caso.

37. Indicó que los hechos presentados en la acción tutelan se centran en la no
aplicación de ciertos pronunciamientos que, según la accionante, respaldan la
aplicación de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, estos argumentos ya fueron
analizados en detalle en la sentencia que resolvió el recurso de apelación,
concluyendo que la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
establecida en la Ley 50 de 1990 no es aplicable a la actora debido a las
particularidades administrativas del régimen especial aplicable a los docentes en
la Ley 91 de 1989. Además, precisó que no es procedente aplicar disposiciones
normativas de diferentes regímenes en virtud del principio de inescindibilidad de
la norma.

1.6.4. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

38. La autoridad judicial de primera instancia señaló que el proceso se llevó a
cabo de acuerdo con las etapas previstas en el ordenamiento procesal y que se
garantizó el debido proceso en todo momento.

39. Destacó que no se cumplen los requisitos establecidos en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para la imposición de la sanción por la
consignación tardía de las cesantías anualizadas a favor de la demandante.

40. Subrayó la ausencia de una sentencia de unificación en lo que respecta a
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas a favor de
los docentes. Por lo tanto, consideró que no ha incurrido en el desconocimiento
del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, que establece la necesidad de aplicar de
manera coherente la jurisprudencia.

41. Finalmente, remitió el expediente electrónico correspondiente al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado
15001-33-33-004-2022-00052-00/01, en el cual la señora Reina Lorena Martin
Gutiérrez actuaba como demandante.

1.6.5. Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación

42. El ente territorial presento un informe en el que solicitó que se
desestimaran las pretensiones de la presente acción de tutela. En su argumento,

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alegó que no se ha encontrado ningún hecho que constituya una violación de
derechos que justifique la intervención del juez constitucional para poner fin a la
conculcación de derechos. Además, afirmó que no existen fundamentos fácticos
ni jurídicos que respalden la demanda presentada por la señora Reina Lorena
Martín Gutiérrez.

43. Hizo referencia al hecho de que el Consejo de Estado aún no ha dictado
una sentencia de unificación que resuelva el fondo de la solicitud presentada en
la acción de tutela. Esta se centra en determinar si los docentes oficiales tienen
derecho al pago de la sanción moratoria por la presunta consignación
extemporánea de las cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, así como a la indemnización por el pago inoportuno de los
intereses sobre las cesantías, de conformidad con la Ley 52 de 1975.

44. Señaló que la sanción moratoria, conforme al artículo 99 de la Ley 50 de
1990, no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, debido a que
estos servidores están amparados por un régimen jurídico especial en lo que
respecta al reconocimiento y pago de cesantías, que no contempla la
mencionada sanción. Esto es particularmente relevante, dado que el
procedimiento, tal como está definido en la normativa especial, se cumplió en su
totalidad. La liquidación para el año 2021 se llevó a cabo dentro de los primeros
20 días hábiles de enero y se remitió al fondo en formato electrónico el 4 de
febrero de 2021, así como en formato físico al día siguiente. Además, los recursos
comenzaron a ser aprovisionados a partir del mes de enero de 2021.

1.6.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a pesar de haber
sido notificada de manera adecuada, optó por guardar silencio5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

45. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la señora Reina Lorena Martin Gutiérrez contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
Decreto 1069 de 2015 [modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021], así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esa corporación.

2.2. Cuestión Previa

46. En cuanto a la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Sala advierte que esta
solicitud será denegada. Esto se debe a que dicha entidad fue vinculada en
calidad de tercero debido a su interés en la decisión que se tome en esta acción

5 Índice 8 Samai.

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de tutela, ya que podrían verse afectados por la misma. En consecuencia, es
necesario asegurar una adecuada confrontación de argumentos. Por lo tanto, no
procede su desvinculación del presente proceso constitucional.

2.3. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación

47. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley
2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o
por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.

48. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

49. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala observa que la señora
Reina Lorena Martin Gutiérrez, quien figura como la parte accionante en esta
acción de tutela, también desempeñó el papel de demandante en el proceso
ordinario relacionado con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo el número de radicado 15001-33-33-004-2022-00052-00/01. En
consecuencia, ostenta la condición de titular de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y
desconocimiento del precedente judicial vertical».

50. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Boyacá está legitimado en la
causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada
en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

51. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la señora
Reina Lorena Martin Gutiérrez, las respectivas pretensiones elevadas, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos a
resolver en el caso son los siguientes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

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52. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6 vulneró los
derechos fundamentales invocados por la señora Reina Lorena Martin
Gutiérrez, al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia
proferida el 26 de mayo de 2023 en la que se confirmó lo resuelto por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, en
providencia del 26 de octubre de 2022 que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?

53. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.

55. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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se establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.

56. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) Inmediatez,
iii) Subsidiariedad,
iv) Relevancia constitucional,
v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

57. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá:

I) Que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión

10 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del

05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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II) Que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

58. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

59. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el
término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200512. En esta
providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es
procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad,
dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,
en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes13.
(Subrayado fuera de texto).

60. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado
significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se
cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202214 y SU-573 de

12
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la
acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión
a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b)
que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una
decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto,
bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías
superiores.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
14 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en

primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

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201915 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de
determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.

61. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201416, adoptó de manera
expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590
de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

62. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad
señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el
principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la
acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.

63. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 17
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

64. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se
refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) Que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia.

15
Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un
derecho fundamental. En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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65. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.7. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional en el caso en concreto

66. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la señora
Reina Lorena Martin Gutiérrez cuestiona la sentencia del 26 de mayo de 2023
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N.º 6. Esta
decisión confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con el
reconocimiento de intereses por el pago tardío de sus cesantías.

67. En relación con este punto, es fundamental recordar que la parte
demandante acusa al Tribunal Administrativo de Boyacá de haber incurrido en un
defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial aplicable a la situación específica. Los argumentos que
sustentan estas alegaciones se basan en lo siguiente:

• Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su
sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo
que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías y la respectiva indemnización, en
consonancia con el artículo 53 de la Carta Política.

• Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir,
alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de
aplicación del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990.

68. Es importante resaltar que esta Sala reconoce la relevancia constitucional
a toda pretensión que, en el contexto de un proceso de tutela, esté vinculada a
una controversia en relación con la protección de un derecho o garantía de rango
fundamental. Esto incluye las prestaciones sociales, entre las que se encuentran
las cesantías, siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos
pertinentes. Sin embargo, en el caso concreto, la cuestión en discusión no versa
sobre la prestación social en sí, sino sobre la sanción impuesta por su pago fuera
del plazo establecido.

69. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló
que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda
temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se

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advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador»18.

70. De acuerdo con el precedente establecido por la Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho inalienable para
el trabajador, y su falta de pago implica una violación de garantías
constitucionales de carácter fundamental, como el derecho al mínimo vital y a la
seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no se aplica el mismo
principio a la cuantía relacionada con la penalidad por la sanción moratoria
cuando el empleador no realiza el depósito de las cesantías en el plazo
estipulado. Esto se debe a que dicho monto tiene un carácter eminentemente
sancionatorio y legal, lo que excluye la intervención del juez constitucional.

71. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte
Constitucional y, en consecuencia, declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por
esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se
controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían
negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías19.

72. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto
de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización
de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag. Para el efecto,
mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso o siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

73. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en
esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia
constitucional para ser estudiados a través de este tipo de acciones
constitucionales, en todo caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado

18 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
19 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío
Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al Fomag
no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías.

74. Lo anterior permite reforzar la postura de esta Sala de que el presente
asunto carece de relevancia constitucional porque la controversia planteada por
el actor se refiere a un tema que fue resuelto en sede de unificación por la sección
especializada.

2.8. Conclusión

75. Se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
puesto que no supera el examen del requisito general de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por los motivos expuestos en
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Reina Lorena Martin Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Reina Lorena Martín Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05264-00

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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